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En torno al icono del Che

Pongamos por caso que mañana un extraterrestre visita la Tierra. Pongamos por caso que alguien decide mostrarle una galería de los seres humanos más influyentes de la Historia. Es muy posible que, de entre los hispanos –y digo hispano y no hispanoamericano porque la culpa del desaguisado la tenemos todos–, encabezase la lista Ernesto Guevara de la Serna, esto es, el Che Guevara, un argentino cubanizado que murió joven pero cuyo retrato es el más reproducido del mundo en todo tipo de soportes.

Las razones por las que la dichosa foto de Korda reconvertida en icono se ha extendido por todo el planeta sin importar cultura, clase o condición son bien conocidas. Es irónico, pero al Che, que tanto maldijo del capitalismo, ha sido el propio capitalismo el que ha elevado su imagen a los altares. Es algo connatural al sistema. Si hay demanda, hay oferta. Tan simple que asusta. Lo que no queda del todo claro es por qué un personaje que lo único que hizo por la humanidad fue liquidar a unos cuantos de sus miembros ha conseguido llegar tan lejos.

Muchos dicen que es la propaganda comunista la que ha perpetuado la imagen del Che. No es cierto. Nadie en su sano juicio llevaría una camiseta con la efigie de Lenin o de Pol Pot por muy afectos que le sean a la extrema izquierda. Por no llevar, nadie llevaría puesta una sola prenda con Fidel Castro como motivo, y eso que aún, aunque ajado, mantiene su viejo prestigio entre los intelectuales de medio mundo.

Otros aseguran que la clave reside en el poder de la moda, que no es desdeñable, especialmente en un mundo globalizado donde todos quieren llevar puesto lo que lleva puesto el vecino, y quien dice vecino dice el del país de al lado o el del continente en las antípodas. Un ejemplo es el pañuelo palestino, que hace furor en las gélidas ciudades europeas a pesar de que fue diseñado con otra función bien distinta. Pero el factor de la moda no es suficiente. Las modas son como los pantalones de campana: vienen, se van, se recrean y vuelven a irse. No tienen, además, porque significar nada. De hecho, por lo general, nunca significan nada.

El icono del Che, sin embargo, significa algo, exactamente lo que uno quiera que signifique, y ahí radica su poder. El que para unos fue un revolucionario justiciero, para otros fue un pacifista concienciado con el medio ambiente, y para los de más allá un dechado de virtudes democráticas que reúne todo lo bueno que cabe en el alma humana. Es un símbolo total, moderno y a gusto del consumidor. ¿Quién da más? Por eso nadie lo rechaza de plano, aunque, en rigor, haya muchos motivos para hacerlo. Esa es la verdadera fortaleza de un icono ya transformado en mito. La verdad no importa porque la mitología ni sabe de verdades ni quiere saber de ellas. Es una cuestión de fe más o menos ciega, más o menos estúpida que trasciende con mucho el ámbito de lo político y, no digamos ya, de lo histórico.

La fatal arrogancia del dirigismo financiero

El mundo financiero está intervenido ad nauseam. Por eso quienes atribuyen la actual crisis internacional un exceso de liberalismo derrochan fantasía. En un intento por suplantar al orden espontáneo del libre mercado se ha ido otorgando a lo largo del último siglo el privilegio de gobernar el sistema a toda una casta de funcionarios y políticos, dotándoles de amplios poderes discrecionales para, supuestamente, velar por la salud de las monedas y aminorar las crisis financieras. El mismo hecho de que se nombre a una persona para alguno de estos cargos parece insuflarle una infinita clarividencia a los ojos de la ciudadanía. Los hechos, como vamos a ver, apuntan a una realidad bien distinta.

En marzo de 2007, cuatro meses antes de que se desatara la crisis financiera internacional, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, aseguró en el Congreso de los Estados Unidos que “los problemas en los mercados subprime estaban contenidos”. Es más, se atrevió a afirmar que el aumento de las ejecuciones hipotecarias no tendría un impacto en la economía en general. Aún en mayo el gran monopolista monetario seguía en sus trece. En julio, cuando empezaba a reventar la burbuja que su institución había alentado durante años con la política de “crédito para todos” sin respaldo de ahorro real, Bernanke indicó que las pérdidas del sector hipotecario podría llegar a sumar entre 50.000 y 100.000 millones de dólares. Su nula capacidad predictiva y la de todo el servicio de estudios de la Fed volvía a quedar en evidencia en menos de dos semanas al confirmarse suspensiones de pagos en el sector hipotecario que superaban sus previsiones.

Así llegaron las grandes inyecciones de “liquidez” durante el mes de agosto del pasado año que Bernanke presentó como la necesaria y definitiva solución a todos los males del sistema. Sin embargo, lejos de arreglarse, los problemas financieros se agravaron y desde entonces el ciudadano de a pie ve cómo el poder adquisitivo de su dinero se evapora. Pasado el verano, helicóptero Ben, como ya se le conocía popularmente por su decisión de arrojar todo el crédito que hiciera falta desde la Fed, se desdecía de todos los pronósticos anteriores y anunciaba la llegada de una crisis general. A partir de entonces y hasta finales de año sus empleados se encargaron de cavar una nueva trinchera y en enero de 2008 el presidente la inauguraba asegurando “no barajar la posibilidad de una recesión en EEUU”. A los que no confiamos en lo que cuentan los monopolistas, el anuncio nos hizo pensar que la recesión estaba al caer. Jean-Claude Trichet, por su parte, aseguró por aquellas fechas que el Banco Central Europeo que él preside ya había tomado “las decisiones que hacían falta” y descartaba una crisis inmobiliaria en Europa. Está claro que o bien las escuelas de banqueros centrales son un desastre o bien la honestidad es el valor al que menos atención prestan.

La ineficacia de las anteriores intervenciones sobre el ya de por sí intervenido mercado financiero llevaron durante las pasadas semanas a Bernanke y a Paulson a intentar calmar los mercados rescatando todo tipo de empresas poco después de haber asegurado que había que dejar caer a las instituciones financieras que quebraran. De esta manera los “sabios” dirigentes anulaban los incentivos para adoptar comportamientos prudentes en el futuro. Como era de esperar, quienes hacía unos meses no entendían que los Estados Unidos iban a entrar en una gran crisis, difícilmente iban a poder saber ahora cómo sacar al país del atolladero. En efecto, los rescates de la Reserva Federal y del Tesoro se convirtieron en los siguientes fracasos de los dirigentes del sistema financiero.

A día de hoy, los banqueros centrales siguen gozando inexplicablemente del crédito de muchos. Ahora Bernanke y Paulson intentan convencer al legislador de la necesidad de que una macro agencia estatal compre los activos bancarios de mala calidad con gigantescas emisiones de deuda pública que socializarán las pérdidas y hundirán el valor de la deuda y del dólar. Es más, quienes hace apenas unos días aseguraban que a pesar de la crisis el sistema financiero estadounidense era sólido decían esta semana a los senadores que “podemos estar literalmente a días del completo derrumbe de nuestro sistema financiero”. ¿Todavía hay alguien que crea que los planificadores pueden sustituir al complejo orden espontáneo de un mundo financiero libre?

Nacionalismo liberal vs. intervencionismo secesionista

Es factible que los planteamientos esgrimidos por el llamado nacionalismo liberal levanten suspicacias y resquemores entre muchos liberales. Tal situación es debida a una combinación de dos elementos: por un lado, prejuicio al aproximarse a los fundamentos y conclusiones de la teoría; y por otro, que dicha teoría no ha sido contrastada con la realidad de forma explicativa.

El nacionalismo liberal concibe las naciones como subconjuntos de la sociedad civil. Su entidad es evolutiva, cambia constantemente sin que sea posible domar dichos cambios de forma intencional. Las naciones son comunidades políticas donde no sólo se establecen lazos interpersonales en base a una lengua común, un sustrato cultural similar o identificable, e incluso una raza, sino también por el intenso intercambio comercial entre sus grupos definidos.

Las naciones mutan, se escinden y fusionan. Es imposible hablar de naciones puras determinadas por uno o varios elementos de comunión social. La realidad es otra muy distinta, la espontaneidad prima sobre las apreciaciones que individuos concretos, movidos por sus propios juicios, puedan inferir del orden social en el que se desenvuelven.

Todo esto se hace añicos en el momento en que estructuras de dominación con base territorial irrumpen en el proceso social y de mercado. Una cosa es la organización concreta que cierta comunidad, o parte de esta, adopte en la resolución de cuestiones puestas en común, politizadas y hechas públicas, como pueda ser la persecución de los ilícitos o la definición y defensa de la propiedad. Las estructuras de dominación son otra muy distinta. Lo que hoy llamamos Estado no es únicamente organización política, sino también agresión arbitraria sistemática e institucionalizada. En ese sentido enfocamos nuestra crítica y lo introducimos en la reflexión sobre el nacionalismo liberal.

Los Estados se atribuyen competencias que sobrepasan con creces el interés espontáneo de puesta en común, o discusión política, sobre problemas o conflictos concretos de la comunidad. Cuando un Estado pretende su propia pervivencia apuesta por una sociedad cohesionada en torno a lazos de los que sólo la realidad nacional es capaz. Los Estados pueden surgir sobre una base nacional definida; esto facilita las cosas, aunque padecerá de igual manera los cambios futuros. Del mismo modo, los Estados pueden imponerse sobre realidades nacionales mixtas, o diversas, adoptando un patrón concreto, ya sea en cuanto a instituciones políticas, cultura o lengua, que trata de asignar al todo como herramienta de cohesión social. Es ahí donde comienza el desastre.

España, y esa es mi impresión, como otras muchas grandes naciones (hablo en territorio y población) existía mucho antes de que se constituyera sobre ella un Estado. España surgió de forma espontánea; la extensión del castellano y su conversión en lengua española, por su uso común, no se impuso, fue libre y progresivo (preferimos no remontarnos mucho más en el tiempo, no merece la pena). España, al margen de la monarquía o del Estado moderno, existía como nación en su diversidad; refiriéndonos a épocas tan antiguas, con unas comunicaciones difíciles y una forma de vida muy distinta a la actual, inevitablemente la "pureza nacional" prácticamente se reducía a la comarca, cuando no a la aldea.

Las tendencias actuales de secesión nacionalista no se fundamentan en movimientos libertarios que apuesten por la desaparición del Estado español y la vuelta al proceso libre de formación nacional. El nacionalismo anti-español de nuestros días es profundamente intervencionista, y no hablo ya de medidas económicas concretas, sino en su aspiración por construir realidades nacionales a partir de la imposición coactiva de lengua, cultura o creencias populares. Ese rasgo desprestigia cualquier movimiento nacionalista, sea periférico, o centralista. El Estado (todo él, comunidades autónomas y ayuntamientos incluidos) no es o no debería ser quién para tratar de diseñar lo que es un ejemplo evidente del orden espontáneo y el cambio social indeliberado.

Desmontar el Estado: la lógica de la libertad

Como bien señala Gabriel Calzada, nos encontramos ante una crisis de ideas entre políticos y economistas. Pero donde él se refiere a los actuales problemas financieros, yo voy a centrarme en el campo de la política, aprovechando la celebración de diversos congresos del PP. Asistimos a un momento interesante de revisión de objetivos, estrategias y posicionamientos; lo que sirve de excusa para cuestionar el Estado omnipresente que nos invade (en municipios, comunidades, naciones o uniones económicas) a cambio de una mayor autonomía de la persona y su capacidad de decisión.

El objetivo debería ser una progresiva descarga de la gestión pública de sus actuales responsabilidades en montones de actividades culturales, deportivas o incluso la enseñanza. Con una doble ventaja: nos resultará más barato, y además ganaríamos en calidad de elección. Pero comprendo que hay muy pocos políticos dispuestos a emprender una campaña que diga: "no vamos a construir polideportivos ni piscinas municipales", "queremos reducir los gastos de verbenas y fiestas populares" o "apenas financiaremos la movida cultural", por ejemplo. A cambio, eso sí, tendrían la osadía de prometer que "reduciremos sus impuestos y usted podrá hacer con su dinero lo que le venga en gana".

Entonces, si les parece un objetivo suicida, no queda más remedio que emprender una larga y esforzada empresa de convencimiento. El problema es que los ciudadanos estamos muy mal acostumbrados a que los poderes públicos nos resuelvan las cosas, sin darnos cuenta de que eso tiene un coste mucho mayor que si lo hiciéramos cada uno de nosotros solos (o espontáneamente organizados), y damos por supuesto que el resultado será efectivo, lo que sabemos bien que no siempre ocurre.

Pongamos el ejemplo de esos colosales auditorios que han proliferado hasta en el rincón más recóndito de nuestro país. Cualquier razonamiento lógico, unido a un estudio económico que no es cosa de ofrecer aquí, nos puede demostrar fácilmente que al final cada ciudadano individual apenas hace uso de estas instalaciones. Que existe un gasto descontrolado en subvenciones culturales que apenas aprovechan a nadie más que a los afortunados artistas elegidos a dedo. Y que sería mucho más eficiente que el ayuntamiento en cuestión le diera a cada ciudadano un dinero para que lo gastase en los conciertos y teatros que le venga en gana.

Pero claro, esto no vende mucho en términos de votos. Una razón es que no nos damos cuenta cabal de los impuestos que pagamos. Es curioso cómo ajustamos hasta el último céntimo nuestra declaración de la Renta, mientras domiciliamos sin más la contribución urbana, el impuesto de circulación de vehículos, tasas de basura y de vado, etc. O nos apresuramos a pagar unos desmesurados impuestos de plusvalía de un piso heredado. Sin hablar del IVA o el ya descontrolado precio de los carburantes que cada día reportan millones de euros a los gobiernos.

Todavía percibimos peor la sangría opacamente impositiva que ha supuesto en España, por ejemplo, una desastrosa política de urbanismo, gestión del suelo, o recalificaciones altamente cuestionables. Quiero decir, que hay millones de españoles pagando una sobretasa en la hipoteca de nuestra vivienda, que en realidad no es otra cosa que un impuesto oculto, procedente de los ingresos espurios de ayuntamientos y/o comunidades por la cosa urbanística, que ellos justifican para seguir construyendo polideportivos y auditorios, y que nosotros pagamos borreguilmente.

Sin embargo, como dejó escrito el personaje que da nombre a este instituto, los impuestos ilegítimos no merecerían otra cosa que la rebelión cívica. Juan de Mariana fue un insigne profesor universitario de una escuela tardo-escolástica que floreció en Salamanca, París, Roma, Coimbra o Alcalá de Henares durante nuestro Siglo de Oro. El próximo año se celebra el cuarto centenario de su pequeño Tratadosobrelamonedadevellón donde, entre otras cosas, critica los monopolios, la adulteración monetaria o los impuestos injustos (es decir, los que se cargan sin el conocimiento o el consentimiento del pueblo). Y su argumento descansa en una vieja y sólida tradición liberal: que el ejercicio de la autoridad es algo vicario, temporal y limitado a unas reglas. Los gobiernos reciben su poder del consentimiento del pueblo, por una parte; y deben estar siempre sujetos a las leyes que naturalmente rigen el comportamiento humano, así como al derecho internacional y otros ordenamientos civiles (ellos hablaban de derecho de gentes y derechos positivos).

Este discurso resultó ser altamente subversivo en una Europa que en su falsa modernidad discurría sin darse cuenta hacia absolutismos más o menos camuflados. No deja de resultar una paradoja que sigamos tachando de oscurantismo escolástico a un pensamiento que defendía la libertad individual por encima de cualquier poder civil y que, por tanto, justificaba la rebelión contra una autoridad que no respetase aquellas reglas del consentimiento popular y respeto a la legalidad vigente. Lo que, sin ir más lejos, sería el caso de una imposición injusta. Así lo explicaba Juan de Mariana en su Tratado, al señalar que una alteración monetaria no es otra cosa que un impuesto ilegítimo, por lo que carecería de poder coactivo.

Entiendo que esta "lógica de la libertad" sea difícil de aplicar hoy en día. No es posible operativamente que un ciudadano deje de pagar, por ejemplo, un impuesto de plusvalía disparatado sin que se le eche encima todo el aparato represivo del municipio, autonomía o estado nacional. Es muy delicado llamar a una rebelión fiscal… por ahora. Pero al menos siempre nos queda la posibilidad de argumentar racionalmente contra estos abusos del poder.

Otro lamentable yugo al que nos hemos acostumbrado es a que los gobiernos controlen la educación. Esa falacia de enseñanza pública versus enseñanza privada, o el lamentable sistema de conciertos no es otra cosa que Estado y más Estado, regulación y, en definitiva, falta de libertad. Aquí hemos vuelto a perder la batalla de las ideas: los votantes siguen creyendo borreguilmente que la enseñanza estatal, gratuita y altamente planificada es lo más progresista, moderno y socialmente equitativo. Un disparate. En cambio, defender el cheque escolar, la competencia entre colegios o la libre elección del centro más acorde con nuestras creencias personales resulta conservador y retrógrado. El resultado está en la calle: deterioro en la calidad de los colegios públicos, trampas sin contar en el sistema de los conciertos y un nivel de calidad de enseñanza a la cola de Europa.

Hace falta un partido y unos políticos que defiendan con algún entusiasmo mayor la libertad individual. Que sean capaces de convencer a los ciudadanos de que conviene ir desmontando el Estado, en vez de aumentarlo. Y que además, si ocupan el poder, se pongan manos a la obra. Tampoco es imposible. Tenemos ejemplos recientes de crecimiento económico con rebajas fiscales y desregulación. Pero reconozco que no son estos los signos de los tiempos, aunque algún consuelo sí tenemos: Juan de Mariana pasó una temporada en la cárcel por criticar las manipulaciones monetarias del gobierno de Felipe III, un castigo que hoy nadie afronta por defender ideas similares. El problema de los liberales, como le gusta señalar a Carlos Rodríguez Braun, es que no aspiramos a tomar el poder, como los demás, porque "el poder es el enemigo; no hay que tomarlo, hay que limitarlo".

Acreedores

Son muchos los momentos a lo largo de nuestra vida en que utilizamos monedas y billetes de curso legal. Normalmente los empleamos para liquidar nuestras deudas, y, a su vez, los aceptamos cuando son los demás los que tratan de saldar las suyas. Estamos tan acostumbrados a utilizarlos que rara vez nos damos cuenta de lo que representan. Sabemos que, gracias a distintas normativas, tienen una función liberadora en el pago de deudas, aunque rara vez nos paramos a analizar los billetes en sí.

Para determinar su significado, deberíamos acudir al balance de la entidad que los emite, el banco central. En el balance de situación se refleja la situación patrimonial de una empresa, es decir, sus bienes, derechos y obligaciones. Éste aparece dividido en dos secciones, el activo (los bienes y derechos de los que es titular el banco emisor) y el pasivo (el origen de dicho activo). Analizándolo, podemos observar que los billetes emitidos por el banco central aparecen en el pasivo.

El pasivo, a su vez, puede considerarse de dos clases, el pasivo exigible (lo que la empresa debe a sus diversos acreedores) y el neto patrimonial (los recursos propios de la empresa, dicho de otra manera, lo que han desembolsado sus accionistas más los beneficios no repartidos). Puesto que no somos accionistas del banco central, ser tenedores de sus billetes nos transformaría en acreedores. Esta posición podría quedar más clara si acudimos a la leyenda que figuraba, por ejemplo, en los antiguos billetes de peseta, donde se podía leer “El Banco de España pagará al portador … pesetas”.

No obstante, esta posición acreedora se ve matizada por el hecho de que no puede saldarse. De un lado el banco central reconoce que el tenedor de billetes es un acreedor, pero por otro lado, si acude a él para cobrar la deuda, se encuentra con la ironía de que la legislación del país le impide cobrarla.

Si siguiésemos analizando el balance del banco central podríamos obtener otros datos de interés. Normalmente, cuando se concede un préstamo a una empresa se miran dos factores. El primero de ellos sería la capacidad de generar beneficio del prestatario, para asegurarnos de que puede devolver el préstamo, y el segundo sería su patrimonio neto, a fin de poder ejecutar el préstamo en caso de impago. Si analizamos el activo podemos mirar que la composición patrimonial del banco central es muy peculiar, al componerse en su mayoría de billetes (tanto propios como ajenos), y de préstamos concedidos a otros bancos. Apenas una leve fracción del activo se corresponde con bienes reales (fundamentalmente oro).

Por tanto, si quisiéramos cobrar nuestra deuda contra el banco, la normativa legal no lo impidiese, y éste no desease pagar, nos encontraríamos que a la hora de ejecutar el préstamo obtendríamos fundamentalmente billetes que volverían a ratificar nuestra posición acreedora. Es decir, cobraríamos nuestro pagaré con otro pagaré.

El mecanismo por el que se ha llegado a esta situación ha sido largo y gradual. En primer lugar se concedió el monopolio de emisión de monedas y billetes a un único banco bajo la tutela estatal. Posteriormente se obligó a aceptarlos como medio de pago, y, después, se negó la posibilidad de hacer efectiva la posición acreedora del poseedor del billete. Y finalmente se incrementó el número de billetes garantizados, a su vez, con más billetes, con lo que el banco central pasó a convertirse únicamente en una sofisticadísima imprenta.

Por tanto, llegamos a la poco alentadora conclusión de que un billete no es más que un pagaré, pero con las peculiaridades de que no se puede cobrar, de encontrarse respaldado por más pagarés, y con el que únicamente puedo saldar deudas propias endosándolo a otra persona.

Millón y medio de euros bien vale una identidad catalana

 Hace unas semanas publicaba Expansión un artículo sobre el debate que en la Ciudad Condal había existido por causa del millón de euros con el que el Ayuntamiento de la localidad había subvencionado Vicky, Cristina, Barcelona y el medio millón con el que la Generalitat había contribuido a la película. Según se contaba en el periódico salmón, en una sociedad que está enferma de intervencionismo cultural (al igual que ocurre en el resto de España y Europa) no se ponía en duda que ese dinero sustraído de las cuentas corrientes de los ciudadanos a través de impuestos tenía que ir a parar a manos de algún director y alguna productora. La polémica se centraba tan sólo en si era mejor que ese dinero se hubiera entregado a nuevos "creadores" catalanes o si se había hecho lo correcto por la publicidad que Woody Allen iba a hacer de la urbe de la Sagrada Familia.

En cualquier caso, tras el robo a los ciudadanos el botín fue entregado a Allen y Mediapro (coproductora de la película). Pero claro, nada es gratis y el director tuvo que pagar un precio. En el guión original los protagonistas llegaba a la Ciudad Condal para mejorar sus conocimientos de cocina, pero las administraciones que tan "generosamente" entregaban un dinero que no es suyo sugirieron un cambio. La chica pasó a aterrizar en Barcelona para estudiar "identidad catalana". Dicho y hecho, por obra y gracia de un millón y medio de euros la tal Vicky dejó de lado las cazuelas y se ciñó una barretina. Y mientras tanto, los ciudadanos a campear el temporal de la crisis económica.

Este es un buen ejemplo de para qué sirven las instituciones culturales de las administraciones públicas. Están para premiar a los fieles (en este caso al propietario de Mediapro) y para utilizar el dinero de los ciudadanos en hacer propaganda de la ideología y los intereses de quienes están en el poder. Otra utilidad, vinculada con la anterior, es la creación de una clase parasitaria que vive de las subvenciones públicas o, al menos, tiene en ellas una parte importante de sus ingresos. Sus componentes, que pueden ser tanto millonarios al estilo Allen o Almodóvar como perfectos desconocidos en busca de una futura fama y dinero, no dudan en plegarse a los deseos de los poderosos (ya sea a través de sus obras, ya sea a través de declaraciones públicas de apoyo a unos políticos determinados o contra sus rivales).

Unos y otros, políticos y subvencionados, dicen actuar en nombre de la cultura y por mejorar la imagen del país (o ciudad o región, eso es lo de menos) por el mundo. Pero es mera fachada. Ya lo dejó bien claro Thomas Sowell: "la política es conseguir que tus intereses egoístas parezcan intereses nacionales". Y cuando las administraciones públicas meten su mano en asuntos culturales es todavía más torticero, puesto que pretenden ocultar que en realidad sus objetivos son plenamente políticos. De hecho, el caso de Vicky, Cristina, Barcelona no es una excepción. Resulta especialmente burda la manipulación, pero entra dentro de la norma imperante en cualquier lugar y bajo cualquier Gobierno.

Millón y medio de euros bien vale una identidad catalana, pero también otra cosa muy diferente, si es lo que desea el político de turno.

Política exterior y defensa nacional

Cada parte o región del planeta está gobernada por una organización estatal, y dado que esta situación no parece que vaya a cambiar en un futuro cercano, la cuestión de las relaciones interestatales (políticas exteriores) toma importancia. Concretamente, nos interesaría dar respuesta a la pregunta de si existe algún criterio liberal para valorar una determinada política exterior.

El objetivo liberal es el de reducir al mínimo el grado de coacción ejercido por el Estado sobre las personas concretas, ya sean nacionales o extranjeras. Para cumplir este objetivo, el principal elemento de una política exterior liberal debe ser la neutralidad o no-intervención. Ningún país puede pretender gobernar y dirigir el mundo o una de sus partes. Su soberanía no puede traspasar sus fronteras. Las intervenciones de unos países sobre otros están injustificadas.

Un motivo que aleja claramente al liberalismo del intervencionismo militar es que al apostar por este último, el Gobierno incrementa la posibilidad de entrar en guerra y fomenta la hostilidad de los países intervenidos. Esto es lo que ha provocado el Gobierno estadounidense en mayor o menor medida al aplicar sanciones económicas; al intervenir y tomar partido en conflictos; al estacionar tropas en decenas de países; y, sobre todo, al tratar de vigilar y "hacer un mundo mejor, libre y democrático" para todas las naciones, convirtiéndose así en una especie de super-estado que busca ejercer y detentar el monopolio de la fuerza sobre todas las regiones del planeta. Con su activismo intrusivo interior y exterior, no deja de poner en peligro la vida de sus ciudadanos. Los presidentes de los Estados Unidos harían bien en escuchar y seguir las ideas de Ron Paul, no-intervencionista convencido, al que muchos consideran el "descendiente directo" de los Padres Fundadores (George Washington y Thomas Jefferson apostaban claramente por el no-intervencionismo unido con la libertad para comerciar y el libre intercambio cultural).

Otro efecto nefasto del intervencionismo militar es la violación sistemática y creciente de derechos individuales y la expansión de la organización estatal. Es decir, la tiranía interior. Se supone que la principal función de los estados es protegernos. Sin embargo, observamos continuamente que no sólo son incapaces de prevenir ataques terroristas sino que, además, utilizan las crisis para ampliar e incrementar su poder a expensas de las libertades y propiedades de sus ciudadanos/súbditos. No dudan en explotar las crisis a fin de proporcionar una poderosa justificación para sus irresponsables acciones políticas, legales, militares y fiscales. Toda guerra es la ocasión más propicia para un Estado para aumentar y ampliar la agresión fiscal contra el propio pueblo. La guerra es, sin duda, el alimento del Estado (Randolph Bourne), ya que gracias a ella los estados incrementan su poder absoluto sobre la economía y la sociedad.

Lo cual no significa que la política exterior liberal sea pacifista. El axioma principal de la teoría liberal propugna que nadie puede agredir la vida o propiedades de otra persona. No defiende el derecho a usar la violencia contra un no-agresor, pero sí el derecho a protegerse de una agresión. La política exterior liberal tampoco es aislacionista. El aislacionismo ciertamente es no-intervencionista, pero implica también el proteccionismo económico nacional. Este elemento es evidentemente contrario a lo defendido por los liberales, que apuestan por unir a las personas de los distintos países del planeta mediante el libre comercio.

Pese a que los casos concretos pueden ser difíciles de evaluar por la falta de información y por su complejidad, la evaluación de una política exterior debería basarse y tener en cuenta los siguientes aspectos:

  1. Seguridad. En qué medida las acciones de un gobierno protegen o ponen en peligro la seguridad de sus ciudadanos.
  2. Libertades individuales. La capacidad de los gobiernos de proveer seguridad sin violar los derechos individuales de sus ciudadanos.
  3. Apertura y prosperidad económica. En qué medida los gobiernos favorecen o dificultan con sus acciones la armonía, la cooperación y la amistad entre los ciudadanos del país y la gente de otras naciones. Los gobiernos deberían reducir los impuestos, el gasto militar y fomentar el libre comercio con otras naciones.

Desigualdad; es decir, progreso

De todas las acusaciones contra la sociedad libre, la más común es que crea enormes desigualdades económicas. Se dice con tanta insistencia que se toma como un dato incontrovertible, y las estadísticas al uso refrendan esa idea una y otra vez. Pero, a nada que se analicen mínimamente, los llantos por la desigualdad no tienen ningún sentido. Las comparaciones se hacen en los resultados, pero no en el camino que ha llevado a éstos; la injusticia se da por sentada y se lanza sobre el que defiende la libertad de las personas para producir e intercambiar como en una lapidación.

Cuando se oye a cualquiera de quienes dicen sufrir con las desigualdades económicas, hay un supuesto, entre tantos que manejan y que son falsos, que me parece especialmente interesante. Y es el que pretende que, como en las sociedades anteriores a la generalización del capitalismo, las condiciones de “pobre” y “rico” le acompañan a uno de la cuna a la tumba. Se habla, por ejemplo, de quienes están por debajo del umbral de pobreza o de aquellos que ganan (o generan) el 1 por ciento de la renta, como si fueran siempre, en todo momento, las mismas personas y familias. En una sociedad precapitalista, idéntica condición económica, generalmente, acompañaba a la persona toda la vida, y se adhería a ella como lo hacía su función económica (jornalero, artesano, terrateniente…), e incluso su situación geográfica. Todo ello cambió con la extensión del capitalismo al conjunto de la sociedad: los roles heredados generación tras generación pueden cambiar en el curso de sólo una vida.

Ahora lo vivimos a nuestro alrededor e incluso en nosotros mismos. Pero la acusación de la desigualdad es tan poco agraciada que merma, incluso, la capacidad de raciocinio y observación de quienes la lanzan; incluso sobre su propia vida. Todos sabemos que la renta que podemos generar en nuestros primeros años de carrera profesional suelen superarse pasados cinco, diez, quince años. Y si ahorramos e invertimos juiciosa y consistentemente, nuestra riqueza también irá aumentando con el tiempo. Si nos observan al comienzo de nuestra vida profesional, ¿no estaremos habitualmente en compañía de quienes menos ganan? Si es en plena maduración de nuestra carrera, ¿no es muy posible que nos encontremos en el caso contrario?

Exactamente eso es lo que ocurre. Si se sigue la pista a las mismas personas en dos momentos en el tiempo suficientemente alejados, veremos que lo que se produce, más que una desigualdad de rentas, es una movilidad en el tiempo. Un estudio que comparaba a las mismas personas en 1975 y 1991 (sólo 16 años) en Estados Unidos observaba que 6 de cada 10 de quienes estaban en 1975 en el quintil de quienes menos renta tenían, en 1991 estaban ya en los dos últimos. De media, quienes estaban en el primer quintil al comienzo de la serie habían aumentado su renta al final en más de 25.000 dólares. Por otro lado, sólo 6 de quienes estaban en el último quintil, el de más renta, al comienzo, se mantenían en él al final.

Arthur Laffer y Stephen Moore han expuesto en un reciente artículo en The Wall Street Journal las conclusiones de un estudio análogo, aunque con criterios distintos y períodos fragmentados. Por ejemplo, observan que sólo un tercio de quienes pagaban cero impuestos en 1987 seguían en esa categoría en 1996, mientras que un 25 por ciento había pasado al grupo de quienes llegan a pagar el 10 por ciento de tipo marginal máximo, otro tercio había alcanzado una renta que le forzaba a pagar hasta el 15 por ciento y el 9 por ciento restante alcanzaba el resto de niveles de renta.

Los datos que hay de 1996 a 2005 (un período de sólo diez años) se pueden comparar dividiéndolos en quintiles, y eso hacen: el 29,1 por ciento habían pasado a los tres últimos quintiles. Según los últimos datos del Censo, según recogían estos autores, “únicamente el 3 por ciento de los estadounidenses son pobres ‘crónicamente’, palabra con la que la Oficina del Censo califica a quien está en la pobreza tres o más años”. Que en una sociedad libre no hay privilegiados lo demuestra que “los datos también muestran una movilidad a la baja entre quienes ganan más. Los que estaban en el 1 por ciento máximo en 1996 sufrieron una caída media en sus ingresos después de impuestos del 52 por ciento en los siguientes 10 años”.

Las estadísticas de desigualdad deberían llamarse “estadísticas de progreso”, porque lo que miden en realidad es eso, la diferencia entre lo que gana una persona al comienzo de su carrera y al final. Dentro de estas carreras hay diferencias, claro está, pero lo esencial, lo importante, es que cualquiera de nosotros tiene oportunidades de progresar y ganarse los medios de una vida digna. Y que la mayoría de nosotros, las aprovecha.

Una cura de humildad

Les tenemos tan presentes en nuestras vidas que en el día a día apenas nos fijamos en ellos, sólo cuando son molestos o, en el caso de algunos afortunados, cuando pretenden conseguir algo. Su influencia es descomunal y sin embargo, en muchos casos pasa desapercibida, hasta el punto de que exigimos su acción sin pensar que, más que solución, son causa. Endiosamos a algunos y abominamos de otros, pero en ningún caso les rechazamos en conjunto. Pero alguna vez deberá pasar, alguien pondrá al político donde debe estar.

Nos hemos acostumbrado que dominen nuestra vida. Allá donde miremos, siempre hay un reglamento, una normativa, una ley estúpida que hay que cumplir pese a que el sentido común diga lo contrario, incluso cuando el único perjudicado sea el propio infractor. Leyes como la que obliga a llevar el cinturón de seguridad en el coche ejemplifica bien esta situación. Toda acción alentada y dirigida por un político conlleva necesariamente un ejército de burócratas y funcionarios que deben ser mantenidos por el contribuyente que en último caso somos todos, aunque sólo sea cuando pagamos el IVA en una transacción económica. Cuanto más deciden, cuantas más responsabilidades les cedemos, más nos cuestan; cuanto más poder les otorgamos, más difícil es recuperarlo después.

El político es por lo general, egocéntrico, narcisista y nos hace saber en todo momento que su labor no solo es importante, sino que básicamente es esencial. En el peor de los casos nos enfrentamos a un iluminado que cree tener en su "privilegiado" cerebro la solución final a todos los males de la sociedad; cuanto mayor es la sociedad, más grande es su ego. Asistimos pasmados a un proceso de ingeniería social que se llama construcción europea y donde un grupo de vividores no hacen nada más que parir constituciones y tratados que sistemáticamente terminan siendo rechazados, iniciándose así de nuevo el ritual. Cuántas veces los políticos justifican sus actos y cuántas veces escupen justificaciones "democráticas" para meter con calzador sus ideas y proyectos. No sé si será el siguiente engendro nacido de la burocracia europea, pero en algún momento se aprobará algo que ya será irreversible, queramos o no. Si no lo aprueban los ciudadanos, lo harán los parlamentos nacionales y en último caso, el Parlamento Europeo, que también ha sido elegido democráticamente.

El verdadero opositor a un político no es otro de diferente ideología, sino la sociedad civil. Es ella, a partir de las instituciones y sus individuos quien tiene que dar cuenta y pedir responsabilidades, pero en tanto este proceso siga evolucionando como hasta ahora, eso será cada vez más difícil. Si hay un poder que hoy por hoy puede hacerle frente es el de la prensa, pero hasta esta institución ha caído en las redes de lo público. Licencias, normativas, incluso las propias políticas empresariales invitan a tomar partido por una de las partes y condenar a la otra, alejándose por sistema de principios morales y éticos. Sería beneficioso para todos que en programas de radio y televisión salieran más periodistas, no riendo sus gracias, alabando o criticando sus políticas, sino recordándoles, en directo, su papel de mero gestor de ciertos intereses públicos que por tradición o coacción han caído en sus manos, que en el mejor de los casos su papel es prescindible y que sus ideas para alcanzar la utopía no dejan de ser parecidas a las de un dictador, pero con fecha de caducidad. Alguien necesita una cura de humildad.

La mili fue un invento de la Revolución francesa

Los monarcas europeos vieron con profunda preocupación los sucesos que se iban precipitando durante la Revolución francesa, pero algunos historiadores faltan a la verdad cuando afirman que iniciaron la agresión bélica contra los ejércitos revolucionarios. Las monarquías europeas, pese a haber mostrado un interés por la suerte de Luis XVI y su familia reflejado en una vaporosa declaración en Pillnitz (fruto de las presiones de la alta nobleza francesa exiliada), no deseaban una guerra directa con Francia. A decir verdad, no les desagradó en absoluto ver cómo se debilitaba el poder francés.

El 20 de abril de 1792, por el contrario, la Asamblea legislativa francesa declara la guerra al recién llegado al trono Francisco II, rey de Bohemia y Hungría (y posteriormente emperador de Austria con el nombre de Francisco I). Todos los diputados revolucionarios (fuesen, girondinos, fuldenses, jacobinos o los del valle), pese a sus múltiples diferencias, estaban de acuerdo en una cosa: en atacar alguna monarquía extranjera no muy poderosa para presionar a Luis XVI a tomar partido por la revolución. Se iniciaron, por tanto, las hostilidades bélicas por motivos meramente internos que servirían, además, de propaganda de la causa (la exportación de la revolución para liberar a los pueblos). El 28 de abril las tropas francesas de Rochambeau invadían Bélgica. Si los dirigentes de la Revolución pensaron que sería una intervención corta, se equivocaron. Con dicha agresión, Francia entraría en un conflicto con el resto de Europa de forma casi ininterrumpida durante veintitrés años que sólo cesó con la derrota de Waterloo y la posterior ocupación del país.

Debido a la extensión y prolongación de estas guerras, los dirigentes de la Convención republicana acabaron por declarar que la patria estaba en peligro y reclamaron poderes extraordinarios concentrados en el Comité de Salvación pública. Se decretaron, entre otras muchas medidas coercitivas, una serie de levas masivas (mediante sorteo) en repetidas ocasiones (febrero y agosto de 1793) para dotar de carne fresca a los ejércitos revolucionarios. La población no siempre respondió a estos llamamientos con el ardor patriótico que cabía esperar, pues hubo muchos desertores, desaparecidos, automutilados e, incluso, rebeldes que se sublevaron frente a tales medidas (en Pitou, Bretaña, Normandía y La Vendée). Además, como buena parte de los afectados eran campesinos, los fisiócratas vieron en ello un modo perverso de empobrecer la economía del país.

Habiendo sido abandonado el recurso a las milicias, propias del Antiguo Régimen, las levas supusieron el medio más eficaz para dotar de nuevos reemplazos al ejército republicano, pero fueron un verdadero dolor de cabeza para las autoridades político-militares. Durante el Directorio, el general y diputado Jean-Baptiste Jourdan propondría a la cámara legislativa un modelo de reclutamiento totalmente novedoso hasta entonces: el servicio militar obligatorio y universal (sistema de conscripción) para todos los varones entre los 20 y 25 años por un período de cinco años.

Finalmente se aprobó dicha propuesta con el nombre de Ley Jourdan-Delbrel el 5 de septiembre de 1798. Su artículo primero establecía que "todo francés es un soldado y se debe a la defensa de la patria". Con ello se acabó con el angustioso azar de los sorteos, con el escaqueo mediante pago y con los mercenarios. Se cumplía así el sueño de Maquiavelo y de Rousseau, que detestaban los ejércitos profesionales y veían en los ejércitos compuestos sólo de ciudadanos la forma moralmente más elevada de defender una sociedad.

Con este invento de la Revolución francesa se democratizaron las obligaciones militares y se cimentaron las bases de la Grande Armée de la que Napoleón supo aprovecharse sobradamente. Con su "nación en armas" puesta en marcha organizó el mayor ejército jamás visto antes en Europa e infligió notables derrotas a los sorprendidos ejércitos de los antiguos regímenes. Durante el Imperio del corso más de dos millones y medio de franceses fueron reclutados. Las guerras napoleónicas produjeron enormes daños y se llevaron por delante alrededor de un millón de almas en todos los campos de batalla; más de la mitad eran ciudadanos "libres" franceses.

Las guerras limitadas de los ejércitos relativamente pequeños del Antiguo Régimen dieron paso –con la conscripción y el posterior nacionalismo interventor del Estado moderno– a las guerras ilimitadas que, en lo sucesivo, se desplegarían con toda su crudeza. Se despejaba el camino para la aparición posterior de la guerra total en la historia. El arte de la guerra devino un asunto de la nación entera.

También recibimos otras herencias de la Revolución francesa que marcarían a fuego nuestra Edad Contemporánea, a saber: la asamblea legislativa con poderes omnímodos, control de precios (leyes de Máximum) y posterior legislación contra especuladores, la descristianización y laicidad impuesta a golpe de bayoneta, una peculiar forma de emisión descontrolada de dinero fiat de curso forzoso contra bienes confiscados (los assignats), la politización de la sociedad civil mediante la labor capilar de unos proto-partidos políticos (clubes), la intensa centralización administrativa, la educación pública y laica mediante catecismos de las virtudes republicanas, la ideología igualitaria, la progresividad en materia fiscal, el control de la prensa, la prohibición de asociaciones profesionales y otros cuerpos intermedios entre el individuo y el Estado, la idolatría a la naturaleza y, en fin, el endiosamiento del Estado.

Los totalitarismos contemporáneos tampoco quedaron huérfanos de lecciones que sacar de la Revolución francesa: un comité central llegaría a asumir todos los poderes, se crearon tribunales revolucionarios políticos, se instauró un control absoluto sobre la población mediante unos comités municipales de vigilancia asistidos por guardias de secciones repartidos por todo el país, se suspendieron todo tipo de garantías procesales, se cometieron crímenes de Estado, se aprobó una ley de sospechosos para perseguir a los ideológicamente contrarios a la revolución que permitió asesinar legalmente a millares de personas con la "igualitaria" guillotina, llevar a cabo encarcelamientos preventivos masivos y deportaciones a ultramar. Se perpetró también un genocidio ("populicidio" lo llamarían entonces) en la región de La Vendée aún negado hoy por muchos historiadores.

La Revolución francesa cambió el régimen de gobierno pero no lo limitó; fue cualquier cosa menos una revolución liberal.

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