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La economía liberal en la universidad: E pur è buona

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Corría el año 1844, cuando el Comité Mimerel propuso destituir a los profesores de Economía Política y suspender sus cátedras en Francia. Mimerel era un empresario textil, líder de la patronal de entonces y un intervencionista converso. Defendió la libertad comercial hasta que se dio cuenta de que su negocio era más próspero al amparo del paraguas proteccionista, a golpe de privilegio, y por solidaridad decidió que toda la industria francesa debía ser protegida como medio de aumentar su “riqueza” (al menos la aparente). Una de sus batallas fue la mantenida contra los profesores liberales de su país Jean-Baptiste Say, Blanqui, Rossi y Garnier, quienes defendían el librecambio contra viento y marea.

Como no podía ser menos, uno de los activistas defensores del mantenimiento de las cátedras de Economía Política fue Frédéric Bastiat, en concreto, en su artículo Guerre aux chaires d’économie politique (Guerra a las cátedras de Economía Política). En esta publicación, cargada del sarcasmo acostumbrado, Bastiat ofrece una serie de supuestos argumentos de los proteccionistas para acabar con la enseñanza de la economía en Francia excepto si se adoctrinaba a los universitarios en la “santa” doctrina intervencionista.

Explica Bastiat emulando a sus oponentes cómo los hombres estamos dotados de una tendencia a vivir de los demás y despojar al prójimo de sus bienes y su trabajo, y que los tres principales medios para conseguirlo han sido la guerra, la esclavitud y, finalmente, la protección. Por tanto es una locura acabar con estas tres instituciones, y luchar contra ellas ha traído más mal que bien. Pero de todas ellas, la alternativa de la protección es la mejor, entre otras cosas porque el nombre confunde, esconde lo pernicioso de esa práctica.

Se pregunta (siempre sarcásticamente, como si fuera miembro del Comité Mimerel), para qué sirven los sabios sino para “hacer” ciencia, y en consecuencia, qué impide a los científicos inventar una teoría económica a medida para ellos, los proteccionistas. Y sugiere que los economistas liberales se arrodillen como hizo Galileo, y declaren públicamente que la libertad no vale nada, aunque al levantarse murmuren E pur è buona.

Y, dado que se define la economía como la ciencia que enseña al trabajador a conservar lo que le pertenece, lo mejor sería proscribir y eliminar las cátedras de economía que aún subsistan, para evitar las funestas consecuencias de la libertad comercial.

Leyendo estos párrafos, con la inauguración del curso académico a la vuelta de la esquina, no puedo evitar traer a nuestros días las reflexiones de Bastiat y preguntarme cuál es el estado de nuestra enseñanza universitaria de economía. No será una sorpresa para nadie si digo que está como todo lo demás, hecho un desastre.

Lo que enseñamos en las facultades de economía y administración de empresas son básicamente teorías keynesianas obsoletas y un poco de monetarismo para tener algo que haga de diana. Se enseña la justificación económica de la socialdemocracia, y las maravillas del Estado del Bienestar. Como en los cómics de Astérix hay un pequeño grupito que se resiste, a pesar de ser bastante heterogéneo, y que se centra en explicar por qué las teorías keynesianas son una falacia, por qué la Escuela de Salamanca es tan rica, por qué la Escuela Austriaca de Economía a pesar de ser heterodoxia ofrece mucho más que las demás escuelas a la ciencia económica, y qué explica que la libertad económica es el único camino para salir de la pobreza de manera sólida (no con “tiritas” de quita y pon, como son las medidas estatales).

Pero, en general, y desde los manuales infectos de Economía de Bachillerato, lo que se enseña es lo que defendía el Comité Mimerel, las ideas que denostaba Bastiat y que tanto daño han hecho en el pasado siglo XX. No es de extrañar que ante la crisis actual, la solución keynesiana es la que a muchos estudiantes les parece “la natural”, a pesar de ser al revés, como Juan Ramón Rallo y otros autores se empeñan en seguir demostrando. Ni es sorprendente que en la remodelación de los planes de estudios que se implementará en pocos años, el tufillo político cuente mucho más que la racionalidad. Efectivamente se puede hacer una pseudo-ciencia a medida del político, de cualquier político. Se puede demostrar “científicamente” que el Sol gira alrededor de la Tierra, y no al revés, y que si inyectas dinero en la economía la gente tiene más para gastar y la economía “mejora”. Se ha olvidado eso de que la economía enseña al trabajador a conservar o a hacer lo que quiera con lo que le pertenece, hemos delegado la capacidad de decidir sobre lo individual en unos gobernantes que han dinamitado el sistema educativo para ganar votantes. El precio es la poca calidad del trabajador del mañana, la inmadurez de la población adulta del futuro, y la degradación a que nos conduce esta ciudadanía en actitud permanente de brazos caídos.

Si Bastiat levantara la cabeza…

Y ahora el sueldo de los parlamentarios

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Hace unas semanas, ante la polémica referida a la revisión del sueldo de los funcionarios, argumenté en Libertad Digital que, tal como explica la teoría económica, que dicho sueldo es arbitrario y, por tanto, también lo es su revisión. Las razones se basan en que, como el producto de estos funcionarios no es una demanda del mercado, no existe un precio del mercado para los mismos que pueda permitir valorar su sueldo. Y es que, según la teoría económica, el precio de los recursos productivos queda establecido en función de los precios de los productos para los que se utilizan.

Así, si bien ante una subida generalizada en los precios de mercado (fenómeno impropiamente conocido como inflación), cabe esperar una subida en la valoración de los recursos productivos, incluidos los sueldos, este traslado no tiene lugar para el sueldo de los funcionarios, por lo dicho anteriormente.

Dentro del colectivo de funcionarios, entendidos como empleados a sueldo del Estado, esto es, de nuestros impuestos, ocupan un lugar prominente los parlamentarios. A ellos afecta la nueva polémica, puesto que el presidente del Congreso, don José Bono, les ha propuesto "congelar" sus emolumentos para el próximo año, en solidaridad con una sociedad que comienza a sentir las sacudidas de la crisis económica.

Lo más llamativo a poco que se reflexione sobre este asunto es la existencia, en una sociedad libre, de un colectivo que tiene el poder de fijar su propia retribución, con independencia de las fuerzas del mercado. Ya se ha dicho que la retribución de todos los factores, humanos o no, depende de la valoración que de su producción, de su servicio a la sociedad, hagamos el resto de los ciudadanos.

En el caso de la mayoría de los funcionarios, tal retribución no depende de esto, pero tampoco de ellos mismos, sino de otro organismo con capacidad para aprobar el presupuesto de estos gastos. Y subiendo por esta escalera se llega a los parlamentos nacional y autonómicos, y a los ayuntamientos, donde encontramos a una serie de personajes que sí pueden fijar su propio sueldo. Con independencia de todo. ¿No resulta esto un tanto anómalo en una sociedad que se dice libre?

Y, sin embargo, ahí está la discusión. Los parlamentarios condescienden este año a no subirse el sueldo en solidaridad con los que pagamos forzadamente los impuestos que han de financiar dicha subida.

Evidentemente, si tal recaudación no fuera forzada, estos privilegiados tendrían que hacer como todos, poner sus servicios a disposición de la sociedad y sujetarse a la valoración que los ciudadanos, en el mercado, hiciéramos de su trabajo. Mientras tanto, podrán seguir subiéndose el sueldo a su gusto y voluntad; el resto, mantengámonos en la ilusión de que tenemos los mismos derechos. Entre otros, el de cada cuatro años elegir a nuestros propios privilegiados, los queramos o no.

El mito de la pobreza en Estados Unidos

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los momentos estelares de la estupidez progre española tuvo lugar cuando Miguel Bosé explicó, en un programa de televisión, que el país con más pobres del mundo era Estados Unidos. Semejante mito –absurdo para quien no mire la realidad con anteojeras ideológicas– se sustenta en una estadística que sitúa de forma más o menos estable el número de pobres en Estados Unidos entre los 30 y 40 millones de personas.

Desgraciadamente, con números así la propaganda ya está hecha. No hace falta añadir nada. Cualquier respuesta más interesada en la verdad que en la demagogia ya tiene que ser más elaborada y explicar un buen montón de cosas que quien no se preocupe demasiado salir del prejuicio (y son legión) no escuchará jamás.

Así, esta cifra es criticable por muchas razones. Primero porque, siendo una medida de pobreza absoluta –al contrario que en España–, calculada partiendo del dinero que un hogar de tamaño determinado requiere para cubrir las necesidades de comida, techo y ropa de sus miembros, los datos sugieren que está bastante por encima de una “línea de pobreza” real; casi todos los pobres tienen su televisión en color, cerca de la mitad son propietarios de su casa, el 80% tiene aire acondicionado, tres cuartos tienen coche, el 62% tiene televisión por cable, etc. Existen pobres en Estados Unidos, pero son muchos menos que esa cifra algo fantasiosa citada por Miguel Bosé; alrededor de un 2% de los hogares pobres reconoce que en ocasiones no tienen qué comer.

Hay que tener en cuenta que las medidas de ingresos en Estados Unidos excluyen las ayudas gubernamentales y, claro, los posibles cobros en dinero negro. Además, se hacen antes de impuestos. Eso lleva a sobrevalorar lo que ganan los más ricos, que son quienes más pagan al fisco, y despreciar lo que realmente reciben los más pobres.

Pero, sobre todo, lo que estos estudios no tienen en cuenta es el carácter dinámico de la vida. Un empresario próspero que tenga un año malo caerá durante ese ejercicio por debajo de la línea de pobreza, pese a vivir bien. Quienes empiezan de cero, en trabajos mal pagados, pero van ascendiendo en la escala social y económica siempre empezarán su vida laboral por debajo del umbral de la pobreza, pero pueden acabarla perfectamente entre quienes más dinero ganan. Un rentista, aunque viva en Beverly Hills, puede no tener ingresos y ser considerado “pobre”. También un jubilado que recibe una generosa pensión puede ser considerado pobre.

Si dividimos la población en cinco grupos dependiendo de sus ingresos, y seguimos su trayectoria a lo largo del tiempo, nos daremos cuenta de lo absurdo que es tratar la pobreza como un estado permanente. Sólo el 5% de aquellos situados en el 20% de ingresos más bajos en 1975 estaba en la misma situación en 1991. Los demás habían ascendido; de hecho, el 29% había alcanzado el grupo del 20% con los ingresos más altos.

Aún así sigue habiendo quien, pese a reconocer que los datos de pobreza reales son mucho menores, aborrecen la desigualdad existente en el gigante norteamericano. El grupo más rico supera al más pobre en ingresos por un ratio de 15 a 1. Pero si pasamos de evaluar hogares a individuos y fijarnos en cuánto consumen, ese ratio se reduce a 2.1 a 1. El mercado y la globalización –y la innovación que traen consigo– han abaratado casi todos los productos. La diferencia entre quienes más ganan y quienes menos ganan a veces es mera cuestión de tiempo; yo no me compraré ahora un reproductor Bluray, pero seguro que dentro de unos años dispondré de él a una fracción del precio al que lo compraron los ricos.

Evidentemente, tanto aquí como en Estados Unidos hay pobres de verdad, aunque su número no esté bien estudiado. Según la investigación de la Heritage en los datos del censo, las causas de los bajos ingresos de los hogares realmente pobres son que los padres trabajen poco o nada, que sean monoparentales o que están formados por inmigrantes de muy baja capacitación, incluyendo el desconocimiento del inglés. Nada que la mentalidad victimista de la izquierda de aquí o allí no sepa fomentar.

No hablen de “poder” judicial

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

El poder judicial no existe como tal. A esta altura en la experiencia histórica y desde que se conformó, puede decirse que el modelo liberal de separación de poderes dentro del Estado ha fracasado. En las facultades de Derecho se afirma la independencia del poder judicial con tanta solemnidad como con debilidad se aborda su argumentación.

La actividad de los órganos del Estado moderno y democrático es unívoca y tiende inexorablemente a fortalecerse. La fuente de autoridad se concentra exclusivamente en el poder ejecutivo –que incluye, por supuesto, todo el aparato administrativo por descentralizado que esté–, que es el que ostenta la verdadera capacidad legislativa y el control férreo de los parlamentos. En un Estado cuyos órganos legislativos y judiciales dependen materialmente del inmenso aparato administrativo controlado por el Gobierno y de sus disposiciones y regulaciones, la división de poderes no es constatable, si es que alguna vez pudo serlo.

En España, el presidente Zapatero y el dirigente opositor, Rajoy, han llegado a un acuerdo para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial –CGPJ-y del Tribunal Constitucional. La renovación es exigible sobre la base del pacto de estado alcanzado con la Constitución y de las posteriores leyes orgánicas cuyos principales artesanos fueron los partidos que ambos dirigen hoy. Lo que subyacía tras la controversia entre socialistas y populares era en definir la capacidad de cada uno de sus partidos de influir en la judicatura sin romper el negocio conjunto, el oligopolio para el control del monopolio judicial.

Fuera de este juego de palabras, pero sin desdecirlo, lo cierto es que el sistema judicial es un apéndice del Estado, cuyo vértice está ocupado por los partidos y sus oligarquías. A los partidos, dependientes del erario público e interesados, por tanto, en aprovecharlo al máximo, les motiva enormemente alcanzar el poder y excluir de él al contrario. Tal hecho se resalta en la opinión pública y en las conversaciones de calle criticándolo como fuente de males y de desunión. Pero lo cierto es que lo que une a los partidos es más que lo que los divide.

Los dos partidos –o aunque fueran más, como ocurría en el escenario del "pentapartido" italiano de los años de la Guerra Fría– cuidan celosamente el sistema de nombramiento de los miembros del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y propenden más al acuerdo que a la divergencia y siempre en orden a mantener su partidista influencia. Los beneficios políticos y la inmunidad que aspiran a obtener de los jueces en diversos asuntos, que sólo a ellos les atañe, les lleva a eso. Se comportan de manera congruente con la estructura de incentivos que origina el actual Leviatán.

Tales incentivos, a grandes rasgos y por orden cronológico son:

  1. Incremento del poder de los gobiernos respondiendo a las demandas de los votantes de mayor intervención y a la oferta abusiva de regulaciones y soluciones políticas que los políticos practican. Estos incentivos de incremento del poder ejecutivo se traducen en una administración sobredimensionada y dotada de enormes recursos aunque no de eficiencia.
  2. Ocupación por parte del Gobierno del poder legislativo. La complejidad de las crecientes funciones del Gobierno ocluye los esfuerzos de los parlamentarios, si es que aún se esfuerzan, para mantener su independencia como legisladores. Las leyes, formalmente sancionadas en el parlamento, son elaboradas por los gobiernos de amplias funciones, únicos dotados de la capacidad para ello merced, precisamente, a su gigantismo. Como consecuencia lógica de ello, los parlamentarios son controlados estrictamente por los partidos.
  3. Ocupación, por consiguiente, del poder judicial por los partidos, con primacía del que gobierna. La teoría, falsa pero repetida en las clases de Derecho Político y Constitucional, acerca del CGPJ y del Tribunal Constitucional, consiste en que al ser nombrado por el Parlamento, es decir, por los representantes elegidos por los votantes, la legitimidad democrática está garantizada y parece que con eso, y como si de un fenómeno místico se tratase, también se asegura su independencia. Nada más evidentemente falso que esta afirmación, tras haber considerado el fenómeno de unificación de todos los poderes iniciales del llamado "Estado liberal" bajo el poder ejecutivo.
  4. Quienes pueden acceder al gobierno, es decir, los partidos, ante la posibilidad de ocupar un poder ejecutivo tan amplio y apetecible, se dan a sí mismos un sistema electoral que supone barreras de entrada suficientes como para reservarse el oligopolio. Instalados así, el riesgo de una derrota electoral no les priva de la expectativa futura de ocupar el poder y de la determinación de hacerlo tan invasivamente como lo hace el vencedor, al que acusa de ello si le toca permanecer en la oposición.

Es esa expectativa de triunfo futuro la que estimula a la oposición, hoy, el PP, en 2001 –año del último acuerdo para el nombramiento del CGPJ–, el PSOE, a consensuar con el gobierno unas reglas de dominio del poder judicial que prevén les beneficiará también. En un oligopolio protegido por la fuerza del Estado los actores propenden al acuerdo colusivo. Y este del reparto del poder entre pocos es algo que no arreglaría la mera apertura del sistema electoral para aumentar el número de partidos en lid. El incentivo para sojuzgar a los jueces sería, en ese caso, el mismo y sería prioritario eliminarlo en una hipotética reforma del sistema.

Privatizar Telemadrid

Escrito por Rafa Fernández Tamames en . Publicado en Análisis diario.

Hace menos de dos meses escribí un comentario titulado Soluciones para la televisión pública, donde exponía modelos intermedios para llegar a la privatización de las televisiones públicas. La pasada semana el PP de Madrid anunció que en su próximo congreso una de sus ponencias propondrá privatizar Telemadrid en cuanto la ley lo permita. El primer pero que se le podría poner a este anuncio es que, pese a que el PP de Madrid no crea que deban existir medios de titularidad pública, menciona también de que son necesarios en casos muy especiales, que no enumeran. La ponencia en cuestión se llama Sociedad y Libertad, y será presentada por Lucía Figar.

Estoy encantado con que Lucía y sus compañeros en el PP de Madrid hayan llegado a la conclusión de que no es necesario que existan medios de titularidad pública, pero tan importante es llegar a esa conclusión como saber cuál va a ser el plan de privatización, una vez que la ley lo permita. Si Telemadrid abre ese camino debería dar ejemplo, ya que habrá muchos que no tengan una opinión definida sobre la privatización de las televisiones públicas y tomarán su caso como el modelo a seguir, tanto en lo bueno como en lo malo.

Por lo tanto, no valen apaños; no se puede realizar una privatización destinada a entregar dos televisiones (Telemadrid y La Otra) y una radio (Onda Madrid) a los primeros amigos del poder que se pongan a tiro. El proceso de privatización no sólo debe ser justo, sino también parecerlo. Existen ya de por sí demasiados enemigos de la libertad como para darles excusas para atacar esta reforma tan necesaria.

Aunque el PP gobierne en Madrid, esta medida no podrá ser aplicada en estos momentos, por que como bien ha dicho Figar, la ley del Tercer Canal impide la privatización de cualquier televisión autonómica. Esperamos que esto no sea una excusa y que cuando el PP tenga la posibilidad de modificar esta ley lo haga, y proponga no sólo la privatización de Telemadrid, sino de todos los medios públicos.

Investigación científica e intervención estatal

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

La producción y difusión de ciencia y tecnología dependen del marco institucional adecuado basado en derechos de propiedad, especialización, libre empresa y comercio. Aunque en general ya se acepta que la planificación centralizada del socialismo es letal para el progreso económico, muchos siguen recomendando y defendiendo un sistema científico socialista que en realidad tampoco puede funcionar. Se asume sin apenas discusión que la ciencia necesita y merece intervención pública. Esta idea resulta ser falsa y se basa en argumentos teóricos falaces, aparentemente persuasivos pero que resultan falsos si se analizan críticamente en profundidad y se contrastan con la realidad empírica.

La opinión generalizada respecto a la investigación científica básica es que el Estado debe financiarla (a través de centros de investigación públicos o subvencionando las actividades privadas) porque es un sector estratégico esencial para la competitividad nacional y porque se trata de un bien público (no rivalidad, los beneficiarios adicionales no implican mayores costes; e imposibilidad de exclusión, no se puede excluir a ningún beneficiario), de modo que ninguna empresa privada competitiva la realizaría en cantidad y calidad suficientes porque tendría que asumir todo el coste mientras que otras aprovecharían los resultados.

Se comprueba en la historia que prácticamente todos los avances de la ciencia clásica se produjeron sin ninguna ayuda estatal. Muchas invenciones cruciales han sido resultado de la demanda del mercado: fueron producidas por científicos conectados al mundo comercial (transporte, comunicaciones, vestido, alimentos, armamento, iluminación). Múltiples ejemplos muestran que el mayor poder e intervencionismo estatal está relacionado con menos innovaciones tecnológicas, y a menudo los grandes proyectos científicos estatales terminan en sonoros fracasos. Los datos empíricos muestran que las empresas privadas se encargan de investigar (produciendo tanto ciencia básica como aplicada) en la medida en la que el conocimiento científico es necesario para incrementar la productividad y la competitividad. Además son las empresas, no las naciones, quienes producen y compiten, y es el gasto de la industria privada lo que impulsa el crecimiento económico. Los datos de diversos países muestran que el gasto estatal en ciencia no sólo no estimula el gasto privado sino que incluso tiende a expulsarlo.

No es tan obvio que una empresa pueda fácilmente parasitar el conocimiento científico producido por otras. La ciencia publicada no está disponible gratis: es necesario saber entenderla, asimilarla, aplicarla, seleccionar lo relevante entre la gran cantidad de información disponible. La experiencia científica tiene un coste elevado: una empresa que desee aprovechar la ciencia disponible debe contar con científicos en activo que puedan utilizar lo que ellos mismos y otros han producido. No tiene sentido simplemente copiar lo que hacen otros si no se domina esa materia, si no se sabe escoger e incorporar a un proceso productivo eficiente. Una empresa competitiva puede aprovechar una posición dominante si consigue ser la primera y adelantarse en un determinado ámbito.

Los agentes económicos intentan internalizar los beneficios de su actuación, pero esto no significa que no actúen en absoluto si no lo consiguen de forma completa, si hay beneficiarios que se aprovechan sin pagar por ello. Es posible beneficiar a los demás por generosidad o simplemente como efecto colateral inevitable. Además servir gratuitamente a otros puede incrementar el prestigio de una persona o empresa. En las economías libres abunda el patrocinio privado de muchas actividades.

Los defensores de la ciencia financiada y dirigida por el Estado aseguran que el mundo científico actual es diferente del pasado, que la ciencia actual es muy cara para la financiación privada, y que se ha aprendido a producir ciencia de forma organizada, planificada, centralizada. La ciencia básica ha llegado en muchos ámbitos a una situación problemática: ya se sabe mucho pero es muy caro aprender más (por las energías implicadas o la complejidad de los problemas), y quizás lo fundamental ya se conoce y sólo queda completar los detalles.

A los científicos les gusta investigar y defienden sus preferencias pero suelen ignorar realidades económicas como la subjetividad de las valoraciones y los costes de oportunidad. A menudo se conforman con salarios relativamente modestos (buscan más satisfacer su curiosidad y prestigio intelectual), pero no son pocos y reclaman instrumental muy caro. Pueden ser respaldados por conglomerados empresariales de todos los sectores interesados en recibir contratos estatales que permitan el mantenimiento de su actividad.

Las burocracias estatales son malas directoras del avance científico. Favorecen ciencia oficial establecida, los paradigmas dominantes y los pequeños avances incrementales, no fomentan la variedad y el riesgo que es necesario para alimentar al proceso selectivo de la evolución del conocimiento. La variedad se produce mediante la competencia, no mediante el monopolio, y el Estado es el principal monopolista de la financiación científica. Muchos científicos se convierten en dependientes del favor político, por eso no critican el sistema y se adaptan a vegetar en él.

Los gobernantes utilizan la ciencia para la propaganda política y presentan las enormes cantidades de dinero presupuestadas para la ciencia como si el gasto garantizara el éxito: presumen de lo mucho que se gasta, no de lo mucho que se consigue gastando poco (eficiencia). La ciencia estatal consigue resultados pero de forma ineficiente: no se realiza cálculo económico empresarial porque no hay consumidores que muestren sus preferencias al adquirir el conocimiento ni accionistas pendientes de los resultados de beneficios y pérdidas.

Los gobernantes pueden juzgar que la producción científica de su país es insuficiente, pero esta es una valoración particular que puede resultar arbitraria e incompatible con las auténticas preferencias y capacidades de los ciudadanos. De haber algún tipo de intervención científica por parte del Estado es mejor que sea como consumidor (financiador), pero no como productor. El Gobierno puede influir sobre la cantidad y calidad de científicos incrementando sus salarios, subsidiando la educación y la producción científica y mediante propaganda pública que haga la ciencia más atractiva.

Los innovadores suelen ser individualistas difíciles de dirigir, y muchos descubrimientos se producen por trabajadores independientes que no comparten ideas establecidas que pueden resultar prejuicios que bloquean el avance de lo nuevo y original. Debido a la naturaleza única y objetiva de la realidad las diversas teorías científicas tienden a converger y ser uniformes, pero el acuerdo en ocasiones no es resultado de la aproximación independiente a la misma verdad sino que se produce por presiones de conformidad dentro de grupos de trabajo: los poderosos imponen sus puntos de vista, transmiten sus ideas a los aprendices e intentan desplazar a los críticos. Pensar diferente no es garantía de tener razón, pero tampoco lo es amoldarse sin más a la opinión mayoritaria.

La investigación a gran escala no es necesariamente más eficiente. Los grandes grupos tienen problemas de administración y organización: generan inercias, presiones de conformidad, y dificultades de atribución del éxito. Pretender unificar toda la actividad científica puede ser una pésima idea: puede parecer que la existencia de grupos separados que investigan lo mismo implique que se están desperdiciando recursos, pero en la ciencia es esencial la confirmación independiente de los resultados. Las presuntas sinergias que resultan de la unificación cooperativa no siempre funcionan y la eliminación de la competencia fomenta la pereza y la desidia.

Es difícil encontrar el equilibrio adecuado entre la investigación dirigida a resolver un problema o proporcionar un producto o servicio y la producción y aprovechamiento de resultados no previstos o no intencionados. En algunos trabajos rutinarios en ámbitos conocidos el trabajador sabe lo que el empleador espera de él y el cumplimiento es fácilmente controlable y predecible. Pero esto no se cumple en el ámbito de la creación auténticamente innovadora, y la relación entre el investigador y el financiador puede resultar conflictiva si quien paga impone restricciones o exige resultados inaceptables para el trabajador. En una economía de mercado libre no intervenida los consumidores tienen la última palabra frente a las propuestas de los productores. Pero si a un inventor o creador se le deja completamente libre para hacer lo que quiera, resulta ser el productor quien controla el proceso investigador a expensas de financiadores y consumidores. El balance entre el control gestor y el espíritu innovador puede ser muy difícil.

El sufrimiento como coartada

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Siniestros terribles como el accidente del avión de Spanair en el aeropuerto de Barajas del pasado 20 de agosto despiertan reacciones que van de la natural conmoción a otras más injustificables. Aun partiendo de su naturaleza casual –una conclusión provisional mientras no se esclarezcan las causas– hemos podido comprobar como la mayoría de los medios de comunicación han aprovechado la ocasión para alimentar los numerosos prejuicios y supersticiones contra el capitalismo que se hallan desperdigados en el subconsciente de muchos individuos.

Según una de las insinuaciones vertidas con más éxito, los problemas económicos de la compañía aérea explicarían que hubiera descuidado el mantenimiento o la sustitución del aparato siniestrado. O dicho de otro modo, como la mayoría de las aerolíneas tienen como principal incentivo para transportar pasajeros la obtención de beneficios, pudiera ser que la compañía redujera deliberadamente el coste de sus controles de seguridad para conseguir ese objetivo. Pues bien, incluso si se confirmase una especulación tan gratuita, no podría deducirse que las empresas que se dedican a una actividad conspiran para liquidar la fuente de sus ingresos.

Aparte de la ligereza de los medios de comunicación, se ha repetido una práctica que me causa cada vez más estupor. Se trata de una de las medidas que, de un tiempo a esta parte, los gobiernos u organizaciones satélites adoptan cuando ocurre una tragedia de estas características y que consiste en el envío de un contingente de psicólogos para "ayudar" a los familiares de las víctimas que se acercan al tanatorio, sin que, para empezar, medie una petición de estas personas en ese sentido.

Subyacen, creo, cuestiones muy trascendentes bajo ese aparente gesto de dadivosidad. Por un lado, la idea utópica de que todo sufrimiento subjetivo puede y debe ser suprimido como algo patológico y, por otro, la obscenidad de aprovechar los momentos de máxima pena y sufrimiento de los individuos para intentar moldear sus sentimientos, con la ayuda de los estudiosos –y, por lo tanto, potenciales manipuladores– de la mente humana.

Hasta hace poco la simple ocurrencia de un despliegue de ese tenor hubiera sido tachada de ridícula unánimemente. La intimidad de los familiares en ese trance únicamente se veía alterada por la frecuente destemplanza con la que el personal de los masificados hospitales públicos les comunicaba la noticia fatal de la muerte de una persona allegada. Pero pretender forzar una ayuda emocional no solicitada escapaba de la imaginación del más pintado de los servidores del Estado.

Difuminado de forma general el relativo consuelo que en estas ocasiones las religiones prestaban con la esperanza del reencuentro ultraterrenal con los seres queridos, ahora el nuevo culto oficial del Estado encomienda a sus agentes una especie de cura psicológica rápida de los familiares por la pérdida del ser querido, aparte del ofrecimiento de información que antes asumía el personal administrativo de los tanatorios. Los avances científicos en el campo de la psicología, que han llegado en paralelo a la intromisión en los más íntimos detalles de la vida por parte de los gobernantes, se quieren utilizar para imponer una suerte de felicidad oficial. De ahí a la obligatoria dosis de "soma" del Brave new world (Un mundo feliz) para superar un desagradable bajón emocional solo media un paso.

Desconozco cuáles son las reacciones de las personas a las que se ofrece un psicólogo o una "asistencia psicosocial" en esas circunstancias. El propio impacto de la muerte de un ser irrepetible sobre sus personas cercanas dista mucho de ser uniforme. Ahora y siempre. El amor, el afecto y los sentimientos hacia otras personas varían del mismo modo que sus manifestaciones. Pero aceptar resignadamente que "traten" a un individuo por el desgarro que le puede producir la muerte de un ser querido supone una invasión de su intimidad que invita a ulteriores atropellos de su dignidad como ser humano. Que no nos digan desde el Estado cómo tenemos que reaccionar en tales circunstancias. Que no nos priven de nuestra naturaleza humana para sentir de la manera que queramos.

El dinero, el ocio y la felicidad

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

La moralina anticapitalista suele proclamar que "el dinero no da la felicidad". No por ser más ricos y tener más bienes, nos dicen, lograremos ser más felices. Por tanto, la organización política, social y económica no debe orientarse a la creación de riqueza, sino a alcanzar otros fines de cariz social. No importa que los ricos sean sistemáticamente expoliados por el sistema fiscal, ya que, en realidad, no necesitan todo lo que tienen para ser felices.

El éxito de la letanía anterior (especialmente entre la gente pobre) se debe, en buena medida, a que generar riqueza es un proceso más complicado que autoconvencerse de que no es necesario crearla para ser felices. Dicho de otra manera, en la inmensa mayoría de los casos, se convierte en una justificación de la pasividad y el fracaso de los más pobres.

Además es una frase que resulta difícil de refutar en pocas líneas, ya que todos conocemos casos de gente rica e infeliz y de gente austera y con una vida plena.

Mi propósito no es afirmar que el dinero necesariamente da la felicidad, sino más bien que en la mayoría de los casos facilita lograrla. Para ello comenzaremos dando una definición praxeológica de felicidad.

Todo ser humano actúa deliberadamente para lograr sus fines, esto es, para pasar de una posición menos satisfactoria a otra más satisfactoria. Para lograr estos fines necesita proveerse de unos medios que le permitan reducir la distancia entre la situación actual menos satisfactoria y la situación futura más satisfactoria.

Definiremos el tiempo durante el que el ser humano satisface sus fines como "ocio", mientras que "trabajo" será el tiempo durante el cual el individuo se provee de los medios necesarios para conseguir sus fines. Dicho de otra manera, las acciones realizadas durante el tiempo de ocio se desean por sí mismas (proporcionan utilidad directa), mientras que las realizadas durante el tiempo de trabajo se desean por acercarnos hacia el ocio (utilidad derivada). Si un determinado trabajo fuera improductivo (no nos acercara al ocio) dejaría de ejecutarse de inmediato.

Obviamente, todo el mundo preferiría vivir en un ocio permanente y no trabajar nunca. Sin embargo, si el individuo minimiza su tiempo de trabajo, sólo podrá lograr fines muy simples. El tiempo de ocio presente tiene su coste de oportunidad: renunciar a un ocio futuro más intenso. Por ejemplo, una persona puede disfrutar echado en la cama todo el día, aunque disfrutaría más si pudiese ser astronauta. Sin embargo, ambos fines son en buena medida incompatibles: si se limita a reposar en la cama, no podrá trabajar en alcanzar su puesto de astronauta y viceversa.

Por consiguiente, el ser humano será tanto más feliz cuanto más duradero e intenso sea su ocio. El paradigma de felicidad sería, precisamente, que un individuo sólo llevara a cabo en cada momento aquellos que son sus fines más valorados.

En este sentido, el dinero es un instrumento muy útil para alcanzar esta permanente felicidad, ya que nos permite alcanzar sin necesidad de trabajar los medios que requerimos para lograr esos fines.

Ciertamente, el dinero no es imprescindible para ser feliz, pero aun en el caso en que las máximas aspiraciones de una persona consistieran en fines muy simples y básicos (comer, dormir y mantener relaciones sexuales), el individuo tendría que trabajar para proveerse del sustento necesario para sobrevivir y poder ejecutar esos fines.

El dinero (o más generalmente la riqueza), por tanto, no sería necesario para alcanzar la felicidad sólo en el caso en el fin prioritario del individuo fuera a su vez una actividad que le proporcionara los medios necesarios para alcanzar otros eventuales fines futuros. Pensemos en el cazador que va a cazar porque es su mayor afición y, además, obtiene carne para cenar o en el profesor universitario que va a dar clase porque es su prioridad en ese momento (y con independencia del salario percibido).

En el resto de los casos, el dinero (o la riqueza) es condición necesaria (pero no suficiente) para seguir incrementando nuestra felicidad, ya que evita que tengamos que perder el tiempo en otras actividades que no nos proporcionan directamente utilidad.

Por supuesto, la mentalidad anticapitalista suele relacionar la necesidad de dinero con una suerte de avaricia ilimitada y de atesoramiento de bienes. El ser humano, nos dicen, no es capaz de consumir tanta riqueza como la que tienen las grandes fortunas. Por este motivo, los anticapitalistas vienen justificando la redistribución de la renta y de la riqueza: los bienes que los ricos despilfarran en sus excesos pueden incrementar mucho la felicidad de los pobres más necesitados.

El economista neoclásico Pigou fue el primero en sugerir que los ricos derivaban menos utilidad de un dólar que los pobres, de modo que la redistribución de la renta aumentaba la utilidad social. Más tarde, Kaldor y Hicks sugirieron que tal redistribución era eficiente, ya que el pobre podía compensar al rico y aun así salir ganando.

Sin embargo, ambas consideraciones desconocen el papel que los ricos conceden a su patrimonio. En primer lugar, los ricos en general no tienen la intención de consumir y despilfarrar compulsivamente su riqueza, ya que probablemente con esos hábitos nunca habrían logrado amasarla (y por eso mismo, los "nuevos ricos" sí suelen arruinarse con celeridad). Lo que les permite la riqueza es vivir sin trabajar y dedicar su existencia a aquello que más les satisface. Por ejemplo, Warren Buffett, el hombre más rico del mundo, apenas ha modificado sus hábitos a lo largo de su vida (sigue viviendo en la misma casa y usando el mismo coche que hace 40 años). Poseer grandes cantidades de dinero no equivale a ser una persona vacía, sin principios o aficiones, sino tener la oportunidad de autorrealizarse y focalizar su vida en aquello que más le satisface.

Es más, los ricos pueden conceder ese "privilegio" a las personas que quieren y aprecian. Y eso nos lleva al segundo punto de por qué ninguna cantidad de riqueza tiene por qué ser suficiente. Las grandes dinastías permiten al patriarca transferir su riqueza (y la oportunidad de no tener que trabajar) a sus hijos, nietos o bisnietos y, en muchos casos, sólo ese gesto y esa expectativa ya son fuente de ocio y felicidad para el patriarca.

Cuanto más dinero amase un individuo, no sólo podrá extender esa oportunidad a mayores y más amplias generaciones (no es lo mismo facilitar el ocio a un nieto que a cien), sino que podrá extenderlo con menor incertidumbre.

Se atribuye al Barón de Rothschild la frase de que "estaría contento si pudiera legar a mis descendientes una cuarta parte de mi riqueza". Con este comentario, Rothschild ponía de manifiesto las dificultades de transferir el capital intergeneracionalmente (inflación, nacionalizaciones, impuestos sobre ganancias y sucesiones y la necesidad permanente de ajustarse a las necesidades de los consumidores). Si sólo iba a poder transferir una cuarta parte (siendo optimistas) del pastel, era necesario que el pastel fuera muy grande.

En definitiva, no es cierto que el dinero no dé la felicidad. En la inmensa mayoría de los casos será una condición necesaria (aunque no suficiente) para ser más felices. Y tampoco es cierto que las redistribuciones de la renta generen incrementos en la utilidad social: no se trata sólo de que las comparaciones intersubjetivas de utilidad sean imposibles, sino que existen razones de peso para creer que con las redistribuciones se condena a una menor felicidad a muchas generaciones presentes y futuras.

Problemas con el intervencionismo

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

Continuamente escuchamos a los políticos proponer nuevas medidas para solucionar supuestos problemas existentes en la sociedad. La más de las veces estas medidas consisten en añadir nuevas dosis de intervencionismo en el sistema, a través de nuevas leyes, regulaciones, subsidios, etc.

Esta manera de actuar provoca una tendencia peligrosísima hacia una mayor planificación centralizada de la sociedad (ya dijo Mises que "el intervencionismo aboca forzosamente al socialismo"), en la que políticos y burócratas tratan de manejar los complejísimos asuntos sociales como si de un problema de fácil solución se tratara; éstos pretenden convertirse en los dioses terrenales a los que hay que acudir para resolver cualquier tipo de dificultad, ya sean por los altos precios del petróleo, la bajada de precios de la leche o el mejor desempeño de los competidores.

Sin embargo, en primer lugar, ya deberíamos desconfiar de la identificación de los problemas a resolver, ya que quien lo hace son políticos y burócratas, que tienen unos intereses particulares que no coinciden con los de la mayoría de la gente, tal y como ponen de manifiesto las enseñanzas de la Escuela de la Elección Pública. Así, surgen algunas preguntas que resulta difícil contestar. ¿Por qué escogen tratar de resolver un cierto asunto y no otro? ¿Cómo saben cuál es más urgente e importante? Esos problemas que requieren una solución política, ¿son realmente problemas reales? Y si lo son, ¿atañen al conjunto de la sociedad o solo a un grupo particular, pequeño y con gran influencia sobre el poder político? La Ley de la Memoria Histórica, por ejemplo, ¿qué hueco venía a tapar?

Y en segundo lugar, aun identificando problemas reales cuya resolución sea urgente, lo más probable es que las soluciones intervencionistas fracasen en conseguir los resultados deseados, tal y como enunció Mises en su teoría del intervencionismo y otros autores austriacos han puesto de manifiesto. Una de las mejores ejemplificaciones de esta idea es el inevitable fracaso de los controles de precios, dado que éstos son absolutamente imprescindibles para lograr cierta coordinación entre los planes de consumidores y productores, y una distorsión de éstos genera inexorablemente consecuencias negativas, como pueden ser escaseces artificiales, racionamiento, mercados negros, etc. Por muy buenas intenciones que tengan los planificadores, los controles de precios no podrán funcionar. Similar patrón se podría aplicar a otros tipos de intervenciones, como subsidios al desempleo o los impuestos progresivos como instrumentos para ayudar a los más desfavorecidos.

En conclusión, deberíamos ser cautos con aquellos que van con la arrogante pretensión de que "nosotros, el Gobierno, podemos hacerlo mejor que la sociedad libre", identificando problemas que quizá no son tales, o aplicando medidas que provocarán resultados no deseados por la sociedad, como coartada para impulsar nuevas medidas intervencionistas.

El error neoliberal en la limitación del poder estatal

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

¿Cómo es posible asegurar que mediante la aplicación y restauración de conceptos liberales clásicos, tendentes a limitar y restringir el ámbito de actuación del poder político, no se vuelva a producir el mismo proceso de acrecentamiento y ampliación de la esfera pública, tal y como venimos presenciando a lo largo de estos dos últimos siglos con la incorporación y desarrollo del denominado gobierno representativo?

Como consecuencia de la natural aspiración y tendencia del poder hacia la ampliación y extensión de sus competencias, se ha visto afectado de modo directo el ámbito perteneciente a la esfera privada. En este sentido, la restricción de la libertad individual se pone de manifiesto en la ingente regulación y actividad legislativa referida a la ordenación de la sociedad civil en su conjunto pero, de modo especialmente relevante, en lo en materia económica y comercial. Una intervención estatal cuya plasmación a nivel institucional se pone de manifiesto con el auge y posterior desarrollo del Welfare State en las sociedades occidentales tras la Segunda Guerra Mundial, pero cuyos inicios tienen ya su origen tras la Primera Guerra Mundial y la crisis económica del 29 en Estados Unidos.

El peligro que amenaza a la libertad en este ámbito deriva, fundamentalmente, de la gran capacidad de actuación regulatoria mostrada por el poder legislativo en el particular contexto de los regímenes democráticos. Se trata, en definitiva, del monopolio efectivo por parte del legislador en tanto productor de ley mediante el mecanismo representativo de mayoría parlamentaria.

Frente a la presencia cierta de tal amenaza, se argumenta la existencia de límites constitucionales con el fin de restringir el ámbito de actuación gubernamental. Pero, ¿acaso el Parlamento y, por tanto el mismo legislador, no poseen también la capacidad de modificar tales normas constitucionales, pudiendo así decidir sobre la propia supervivencia de tal fundamental marco limitativo? De ahí, precisamente, que se pueda afirmar que el poder legislativo se ha visto enormemente acrecentado, en tanto que la Constitución, norma básica del sistema, queda a merced del mismo.

Nada tiene que ver, pues, la función legislativa precedente con la actual. En este sentido, cabe señalar aquí que en el Estado constitucional característico del siglo XIX el Parlamento terciaba en la función legislativa con competencia propia ya que, conforme a las leyes liberales clásicas, éste se encontraba integrado por elementos de selección nacional, en tanto que los diputados tenían que ser sujetos de cierto mérito personal, autoridad propia y especial consideración o respetabilidad.

Por ello, se consideraban representantes de todo el pueblo al gozar de una autoridad moral que les permitía adoptar sus decisiones con absoluta libertad, ya que se encontraban exentos de comisiones, obediencias partidarias y consignas. Eran, pues, auténticos representantes, no meros delegados partidistas tal y como hoy sucede. Esta conformación interna propia del Parlamento liberal permitía además la existencia y desarrollo de una auténtica esfera de discusión, deliberación y argumentación que, por otro lado, dificultaba enormemente el logro de consenso en torno a medidas arbitrarias, parciales o excesivamente concretas, por lo que las leyes de esta suerte elaboradas reflejaban una mayor ecuanimidad, abstracción y generalidad, mostrándose así más acordes con la protección de la libertad individual. A este respecto, el proceso legislativo precisaba de una unánime cooperación por parte de diversos órganos constitucionales (Monarca, Congreso y Senado), hasta tal punto que la ausencia de acuerdo paralizaba todo el proceso.

El cambio observado a este respecto es radical, ya que la incorporación progresiva de la dimensión democrática y social a la estructura y práctica política del Estado moderno ha traído como consecuencia la preponderancia y dominio total por parte del legislativo. Una relevante concentración de poder del todo impensable e inaceptable en el anterior dualismo constitucional conformado por la cooperación y complementación existente entre Parlamento y Corona, carente esta última hoy de toda autoridad política propia, junto con el Senado o Cámara Alta, despojado también de sus poderes tradicionales.

La función de la Cámara Alta se limita ahora a un aspecto meramente formal, pues su derecho de voto en el proceso legislativo se reduce tan sólo a un simbólico derecho de veto carente, por otro lado, de toda importancia, ya que tal obstáculo puede ser fácilmente salvado por el Parlamento mediante la aprobación de una nueva resolución por mayoría.

Así pues, resulta evidente el particular proceso de concentración llevado a cabo por la denominada Cámara Baja o Parlamento, que se instaura en la actualidad como único órgano legítimo y exclusivo de producción legislativa. Es más, el problema se ve acrecentado gravemente al observar un fenómeno político paralelo que, por ser ya habitual, no deja de ser menos peligroso. Nos referimos al denominado Gobierno parlamentario: un proceso en el que el aumento de poder por parte del Parlamento se ve ciertamente agravado por la constatación de un principio básico de los regímenes representativos actuales, consistente en el hecho de que el Gobierno depende de la confianza parlamentaria. Es decir, plena identificación y homogeneización entre Gobierno y Parlamento mediante la obtención de la mayoría en la cámara de representantes a través de la victoria electoral.

A tanto ha llegado el poder así acumulado, que no es raro ver calificado al Parlamento de soberano, o lo que es lo mismo, de instancia cuyas insuperables facultades le permiten hacer todo lo que quiera, salvo […] hacer de un hombre una mujer, o viceversa.

Leibholz

Como resultado, la democratización progresiva de nuestra vida política ha supuesto el crecimiento y la concentración del poder legislativo hasta límites insospechados.

El Parlamento, además, ya no es ese órgano representativo en el que los diputados acuerdan leyes y toman decisiones sin otra coacción que la de la conciencia y prestigio propios, seguros de la confianza de sus electores, sino que ahora tal institución se caracteriza por la coacción y el mandato impuesto por el partido político, de modo que los diputados se han convertido ahora en meros delegados de intereses organizativos y sectoriales, en tanto representan a su partido, no al supuesto interés de toda la población.

Aparte de configurarse los partidos como agentes políticos centrales de todo el sistema, hay que señalar también el surgimiento de influyentes grupos de interés, tanto económicos como sectoriales, que en su pugna y competencia por hacer un hueco en la esfera pública tratan de servirse del poder político instaurado con el objetivo de proteger sus intereses y fomentar sus demandas. De este modo, a la democracia de masas y a la de partidos, debemos añadir ahora la que podríamos denominar democracia de asociaciones (corporatismo).

Este particular proceso tiene también como efecto el desbordamiento de lo político, irrumpiendo así cada vez más intensamente en los dominios de la vida social (justicia social), económica (Estado de Bienestar) e individual (regulación administrativa, burocracia, fiscalidad, y legislación, incluso a nivel moral), con la consiguiente y lógica amenaza a las libertades y derechos básicos del individuo.

Surge, pues, un nuevo tipo de "totalitarismo": el tan denostado por los liberales "despotismo democrático" o "tiranía de la mayoría", que finalmente parece haber logrado su tan ansiada conquista al imponerse en la práctica de nuestro sistema político actual.

De este modo, la implantación del Estado liberal ha fracasado estrepitosamente en sus fines y objetivos, pues, de forma correlativa a su instauración se ha producido la emergencia e introducción de una imparable dimensión democrática que, a su vez, ha propiciado el surgimiento y progresivo desarrollo de una dimensión social adyacente. En este sentido, la dimensión democrática y social se complementan y refuerzan mutuamente. Es más, la democracia se configura de hecho como la base fundamental a través de la cual se posibilita el ascenso e introducción de la correlativa dimensión social. De lo cual podemos concluir que para evitar esta última se hace imprescindible eliminar de forma plena la primera. Es decir, la democrática.

¿Cómo conseguir tal objetivo? Esta es, precisamente, la cuestión en la que se centra la visión anarcocapitalista, propia de la perspectiva austriaca. Una nueva vía con la que superar las contradicciones y problemáticas insertas en la perspectiva política liberal, tanto clásica como contemporánea (neoliberalismo).