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Democracia interna en los partidos políticos

La renovación de ideas y personas es imposible en los partidos políticos si su funcionamiento interno no es democrático. En España, los estatutos de los partidos recogen formalmente la democracia interna pero, en la práctica, sus fórmulas de validación de nuevas candidaturas y de participación impiden que los militantes voten libremente los miembros de su comité de dirección, que sólo buscan la perpetuación de cargos.

La ausencia de elección democrática por parte de los afiliados de un partido en cada circunscripción local, regional y nacional de los aspirantes a los diversos puestos provoca que accedan a las candidaturas personalidades menores, que sólo siguen el guión marcado por el comité que los ha colocado y son incapaces de defender un discurso propio.

Ante la carencia de selección entre diferentes propuestas que compitan por captar el voto directo, libre y secreto de los afiliados, se perpetúa el pensamiento único y se dificulta la renovación ideológica dentro de las organizaciones.

Si además se aplican medidas disciplinarias a las corrientes internas no alineadas con el discurso de la dirección, se margina a los librepensadores y no se aplica la limitación de mandatos dentro de los partidos se impide el acceso al ámbito político de profesionales, ajenos o no al régimen imperante, que logren introducir nuevas ideas y ayuden con mayores bríos a la evolución sociocultural de cada nación.

A las anteriores carencias, habría que sumar la necesidad de selección previa, mediante los votos de los militantes, de los candidatos oficiales que deben representar al partido en cada convocatoria electoral, de modo que el elegido resultase de una discusión pública sobre su capacidad de liderazgo, preparación, ideas y valores, así como de la concreción de sus propuestas de solución y defensa de los intereses de los ciudadanos.

Es decir, como mínimo, se echa en falta la instauración de procesos verdaderamente democráticos, como las primarias y los caucus que llevan a cabo con total transparencia democrática el Partido Republicano y el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Allí, los diversos candidatos van enfrentando su discurso estado por estado y, expuestos al análisis pormenorizado de los medios de comunicación, van recibiendo apoyos para alcanzar un número máximo de compromisarios que les permita liderar su partido para concurrir a las elecciones presidenciales.

Si observamos el artículo 6 de la Constitución, pese a que se explicita que "su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos", el cainismo nacional y la falta de apego "real" a la filosofía de la libertad, presentes en la mayoría de dirigentes políticos, boicotean cualquier candidatura opcional, interponiendo trabas estatutarias, como la consecución de un alto número de compromisarios como avales, a modo de barrera que impida la mínima disensión dentro del partido.

Actualmente, los partidos actúan de forma endogámica y huyen de la renovación interna, evitando preguntar "directamente" cuál es la voluntad de los militantes acerca de ideas y proyectos que generen alternativas al régimen político.

En mi modesta opinión, dado que aportan financiación y constituyen los recursos humanos de la organización, deben ser los afiliados y no las castas directivas los que decidan quiénes deben ser promovidos dentro de la organización interna y, en las diferentes elecciones, quiénes deben ser candidatos. Sólo extendiendo la democracia por las principales instituciones de la sociedad se logrará alzar a las personas más capaces a posiciones que impulsen nuestro país hacia mayores cotas de prosperidad, conforme a los principios de la Constitución Española de 1978.

Por ello, si queremos un mejor comportamiento de los partidos políticos, es preciso exigir la obligatoriedad constitucional de democracia interna "efectiva" y aplicar el voto "libre, igual, directo y secreto" a todas sus elecciones de cargos directivos y de candidatos. Y, de modo equivalente, para favorecer la renovación institucional, debería exigirse lo mismo en los sindicatos, en las patronales, en las universidades y en las principales instituciones de la nación que reciban fondos públicos.

Probablemente, sea requisito imprescindible el concurso de notarios públicos para que proporcionen "fe pública" y validen la limpieza de cada proceso de democracia interna a lo largo y ancho de todas las instituciones en España. Y, sin duda, una nueva redacción del artículo 6 debe intentar explicitar con mayor detalle lo anterior, como requisito fundamental previo para concurrir a las elecciones a cargos públicos. A modo de esbozo inicial y para su posterior discusión:

Artículo 6 (propuesta)

  1. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley.
  2. La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos. Se instaurará el voto libre, igual, directo y secreto entre los afiliados, validado por un notario público, para seleccionar a los miembros de los comités de dirección y, también, para elegir los candidatos a las diferentes elecciones. En los procesos de democracia interna deberá ser aceptada cualquier candidatura que acredite ante notario público la recepción de firmas de, al menos, un cinco por ciento de los afiliados.
  3. Los actos, fines y programas de los partidos políticos deberán reconocer y respetar los derechos fundamentales y las libertades públicas establecidas por la Constitución.
  4. La financiación de los partidos políticos deberá ser transparente. Las aportaciones privadas que contribuyan a su financiación serán desgravables en su integridad y, deberán ser fielmente reflejadas en cuentas contables. Anualmente, la financiación será auditada por el Tribunal de Cuentas y, publicada para conocimiento de los ciudadanos.
  5. Los partidos, asociaciones y agrupaciones de carácter político que incumplan alguno de los preceptos establecidos por este artículo serán ilegales y no podrán constituirse. Los que lo hicieren, una vez constituidos, deberán ser disueltos judicialmente por el procedimiento dispuesto en una ley orgánica.

Como habrán comprobado, la anterior propuesta incide sobre algunas fisuras normativas y aboga por un artículo 6 y por una redacción de la ley de partidos que garanticen de modo eficiente la democracia interna, la financiación transparente y la sujeción a la Constitución de los actos, fines y programas de los partidos políticos como condición previa para que puedan participar en los procesos electorales.

La ética de la prostitución

Si algo caracteriza a los políticos es su hipocresía, su mezquindad, su nula capacidad intelectual y, sobre todo, el absoluto desprecio que tienen a la libertad de las personas. Así, los cráneos privilegiados del Ayuntamiento de Madrid (véase Gallardón y Ana Botella) han tenido la brillantísima idea de empapelar todas las estaciones de metro con una campaña publicitaria en contra de la prostitución que nos dice lo siguiente:

Tú dinero hace mucho daño. Porque tú pagas, existe la prostitución.

Todo ello bajo una imagen que muestra un prostíbulo de carretera con el nombre “Club Tráfico de armas” en un caso y “Club Explotación de Mujeres” en otro. En la radio se pueden escuchar cuñas como la siguiente:

Soy un billete de 50 euros, y he visto muchas cosas… mi dueño es un proxeneta, y ahora estoy con muchos compañeros, porque nos van a cambiar por un kalashnikov… Tu dinero hace mucho daño. Porque tú pagas existe la prostitución.

La idea es culpabilizar al cliente insistiendo que su dinero es la causa de la explotación de la mujer y el tráfico de armas. Además de derrochar demagogia, es una memez, qué duda cabe.

Veamos. Si se tuviera que resumir todo el liberalismo en una sola idea ésta seria que cada ser humano es propietario absoluto de sí mismo. Esto significa que cada persona debe ser la única que tome decisiones sobre su vida y sus propiedades, entre ellas su cuerpo.

Las personas, por tanto, pueden mantener relaciones sexuales con quien consideren oportuno siempre que las dos partes estén de acuerdo. Una prostituta es simplemente una persona que intercambia voluntariamente servicios sexuales a cambio de dinero. La palabra clave es “voluntariamente”, es decir, que se cumple lo siguiente:

  1. La cooperación se basa en el contrato, en donde cada parte le entrega voluntariamente una cosa a alguien.
  2. Se basa en la simetría porque las dos personas mantienen una posición de igualdad. No hay niveles ni subordinación.
  3. Cada uno de los participantes persigue sus propios fines.

El tercer punto es importante porque algunos nos intentan convencer de la necesidad de la ilegalización con el argumento de que la prostituta realmente no quiere hacer ese trabajo y está explotada.

Pero la verdad es que la relación entre prostituta y cliente se establece porque ambos creen subjetivamente que saldrán beneficiados con el intercambio. Un intercambio es económicamente posible solamente entre personas cuyas valoraciones de los bienes y de los medios de intercambio difieren en direcciones opuestas. Cuando existe una desigualdad en las valoraciones subjetivas. Cada uno valora el bien que va a adquirir en mayor grado que el bien que ya posee. Por lo tanto, las dos partes ganan porque, de lo contrario, el acuerdo no tendría sentido y no se efectuaría.

La prostituta, como todos nosotros, ejerce la función empresarial. Persigue un fin que ha descubierto que subjetivamentees importante para ella e intenta encontrar el medio que subjetivamente cree más adecuado para lograr ese fin. Y simultáneamente renuncia a otros fines y medios que considera menos importantes según su propia escala valorativa de fines. (Es importante señalar el carácter esencialmente subjetivo que tienen los fines, medios y costes.) Ha valorado los pros y los contras de las distintas opciones que se le presentan y se ha decantado por la más atractiva (económicamente o por otros motivos). ¿Por qué no se merece entonces los mismos derechos que las demás profesiones?

Los servicios que presta la prostituta pueden ser a cambio de dinero y/o de otros bienes y servicios. A muchos lo que realmente les molesta es que haya dinero de por medio. Pero, ¿por qué la legitimidad de un acuerdo va a variar dependiendo de si se efectúa con o sin dinero?

Si el intercambio (practicar sexo a cambio de dinero) no viola los derechos de nadie, ¿con qué derecho alguien puede inmiscuirse y prohibir un acuerdo voluntario y libre entre dos personas?

Ninguna opción moral concreta justifica la prohibición y la ilegalización de la prostitución. En este sentido, la posibilidad de prostituirse es un derecho humano.La prostituta tiene todo el derecho de explotar su cuerpo como quiera.

Un aviso para navegantes, es decir, moralistas, feministas y demás liberticidas: que sea un derecho no quiere decir que se tenga que ejercer. En ningún momento estoy recomendando a la gente que se prostituya. Simplemente estoy diciendo que es una decisión estrictamente personal que no incumbe a terceros.

Una prostituta no es ninguna víctima. Lo es cuando el Estado ilegaliza la prostitución y la deja sin cobertura ni derechos legales. Y de esto precisamente hablaremos en un próximo comentario.

El error monetarista en torno a la Gran Depresión

Es bien sabido que los monetaristas consideran que la Gran Depresión se produjo como consecuencia de la negligente actitud de la Reserva Federal para expandir el crédito en la economía. La Fed no quiso evitar las quiebras bancarias proporcionando tanta liquidez como fuera necesaria para mantenerlos con vida, lo que dio lugar una espiral deflacionista que asoló la economía durante una década.

En el segundo boletín del Observatorio de Coyuntura Económica analizamos cómo Bernanke, un convencido antideflacionista que se cree a pies juntillas las hipótesis de Friedman y Schwartz, pretende evitar que el error de la Gran Depresión vuelva a suceder en EEUU inflando tanto el crédito como sea necesario.

Los monetaristas, sin embargo, parecen ignorar que los bancos centrales no tienen un poder absoluto para expandir el crédito en la economía. La Fed no inyecta capital en los bancos, sólo descuenta los activos bancarios y si los bancos no tienen activos que puedan ser descontados, el banco central no puede expandir el crédito. Punto final.

En el boletín, de hecho, analizamos cómo las reducciones de tipos de interés de intervención de la Fed se han traducido, cada vez, en una menor rebaja de los tipos de interés de mercado. Los bancos siguen sin confiar entre ellos porque en su mayoría sólo poseen activos basura (por ejemplo, hipotecas subprime) que o ya han entrado o van a entrar en impago en el medio plazo. Por consiguiente, los bancos ni pueden utilizar sus activos como colateral en sus operaciones de financiación en el mercado ni se sienten capacitados para seguir prestando dinero a los inversores cuando lo necesitan para consolidar los impagos: los recortes de tipos de la Fed no se están traduciendo en una reactivación del crédito hacia los sectores productivos de la economía.

Como también analizamos en el boletín, el nuevo crédito no está afluyendo hacia las familias y las empresas, sino que los bancos deciden o bien atesorarlo para contingencias futuras, o bien adquirir materias primas o bien invertir en letras del tesoro. De hecho, nunca antes en la historia de EEUU la diferencia relativa entre el rendimiento de las letras del tesoro y el Libor ha sido tan elevada. La razón es simple: los inversores no confían en los pasivos bancarios (depósitos) pero sí en lo pasivos estatales (letras del tesoro), por lo que prefieren obtener un rendimiento mucho menor con tal de reducir el riesgo de impago.

A partir del crack del 29, la mayoría de activos de los bancos se convirtieron como ahora en activos basura. En aquel momento, la causa fue la liquidación de los préstamos a brokers para adquirir acciones a precios inflados (muchas de ellas tenían PER 70) y sobre todo la quiebra del CreditAnstalt austriaco (que dejó sin valor todos los créditos americanos contra la economía alemana); hoy la causa se encuentra en la liquidación de los préstamos para adquirir inmuebles con valores artificialmente elevados.

En estas circunstancias, por mucho que relaje sus estándares el Banco Central, no logrará reemprender la expansión crediticia. Como explica el gran Melchior Palyi en su magnum opus The Twilight of Gold: "Los monetaristas asumen que siempre existe gente solvente dispuesta a endeudarse. ¿Pero es cierto que siempre existen deudores elegibles? ¿Y qué sucede si los bancos y los potenciales deudores utilizan el nuevo crédito para amortizar sus deudas o para mejorar su posición líquida en lugar de para invertir y gastar? Esto es precisamente lo que sucedió durante la Gran Depresión."

El error monetarista consiste en estudiar los fenómenos monetarios únicamente desde el lado del pasivo bancario. Su única preocupación es la cantidad del pasivo dinerario, sin que nunca se hayan planteado la calidad de los activos que respaldan y contra los que se han emitido esos pasivos. Sin embargo, unos malos activos limitan la posibilidad de descontarlos y de prestar contra ellos; como recuerda Palyi, "la teoría cuantitativa del dinero supone una simplificación enorme (…) la cantidad de dinero es el resultado y no la causa del estado de la economía y una expansión artificial del crédito por parte del banco central durante una depresión no significa que la sociedad vaya a ser capaz de hacer uso de ese crédito adicional". O, como reza sintéticamente la famosa máxima económica, "puedes llevar al caballo hasta el río, pero no puedes hacerle beber".

A principios de los años 30 la banca norteamericana quebró de facto, aun cuando no se instó la liquidación de numerosas entidades en situación de insolvencia real. La Gran Depresión posterior no fue consecuencia de la quiebra de los bancos, sino de la deliberada política de Franklin Delano Roosevelt por recapitalizar a los bancos mediante la especulación en bonos.

La banca estadounidense adquirió deuda pública con la esperanza de que, ante rebajas en los tipos de interés, su valor actual se incrementara (reanimando la posición de su activo). Bajo el patrón oro, unos tipos de interés excesivamente bajos se traducían en un atesoramiento de oro y en un incremento de tipos. Por consiguiente, el patrón oro era el gran elemento de riesgo para la banca: si adquirían bonos y los tipos de interés subían, su activo aun se hundiría más.

Este fue el motivo principal por el que FDR confiscó el oro de los norteamericanos y penalizó su tenencia con diez años de cárcel. En ausencia del oro como reserva de valor, los inversores se refugiaron en el segundo activo más líquido: la deuda pública. El abandono del patrón oro propició una brutal especulación en este mercado (diez veces superior a la vivida en la bolsa antes del 29) que elevó el precio de los bonos y fue recapitalizando a los bancos, a costa de las empresas quienes se vieron privadas de los fondos que necesitaban para continuar sus operaciones.

En la actualidad está sucediendo algo análogo. La Reserva Federal pretende recapitalizar a los bancos trocando sus malos activos por deuda pública del Estado. Puede que los bancos no estén quebrando de iure, pero sí lo han hecho de facto, con todas las consecuencias contractivas que ello conlleva.

Esta crisis está siendo la piedra de toque contra la estrecha interpretación monetarista de que el sistema bancario estadounidense podría haberse salvado a partir del 29 con una mayor expansión crediticia por parte de la Fed. Hoy ya no contamos ni con patrón oro ni con una Fed reticente a las rebajas de tipos. Según ellos, por consiguiente, no cabe esperar una contracción crediticia que arrastre al resto de la economía a la parálisis extrema. Lástima que se estén dando de bruces con la realidad.

Kennedy y su diseño de ayuda a Latinoamérica

Nada más llegar al poder, Kennedy anunció un ambicioso proyecto de ayuda a Latinoamérica para empujarla hacia el desarrollo y ver asentarse allí la democracia. Ambos objetivos harían de barrera de contención a la hipnótica (y reciente) revolución castrista que amenazaba con extenderse por el continente como una indeseable mancha de aceite.

Si la doctrina Truman había contado con su plan Marshall para Europa, la doctrina Kennedy contaría entonces con un plan aún mayor para América Latina. Sería un gran proyecto hecho realidad, hijo lejano de la iniciativa imaginada por el presidente del Brasil Kubitschek.

Este plan del gobierno de los Estados Unidos recibió el apoyo del Congreso para destinar durante los años que iban de 1961 a 1970 unos 20.000 millones de dólares (entre subvenciones y préstamos) a proyectos de mejoras sociales y económicas por toda Latinoamérica. Fue bautizado con el grandilocuente nombre de la Alianza para el Progreso. Las relaciones hemisféricas entrarían por fin en una nueva etapa histórica.

Kennedy quiso demostrar que sus palabras iban en serio. Con la aprobación de la Foreign Assistance Act de 1961 se creó una agencia específica –la USAID– para gestionar centralmente toda la ayuda oficial norteamericana ya existente y se contrataron los llamados Peace Corps de técnicos y jóvenes voluntarios estadounidenses deseosos de ayudar al mundo subdesarrollado. Gran parte de los esfuerzos irían a parar a Latinoamérica en coordinación con la Organización de Estados Americanos y el BID. El entusiasmo que suscitó esta Alianza para el Progreso entre los políticos de la zona fue considerable.

Los resultados de los desembolsos masivos de dinero por parte de Estados Unidos hacia Latinoamérica fueron infructuosos, salvo –claro está– para los dirigentes de ambos hemisferios y para las empresas privadas adosadas a ellos. Pasada la década de los sesenta, la renta per cápita de los países receptores de aquellas ayudas resultó ser incluso menor que la de años anteriores. Además, si la intención de Kennedy era también exportar la democracia a sus repúblicas hermanas del sur, la dolorosa realidad mostró que a principios de los años setenta habían proliferado golpes de estado en buena parte de aquellos países.

Los comunistas, cepalistas, chomskistas y demás gente de izquierda criticaron severamente dicha "Alianza" porque suponía una ayuda condicionada y hecha a la medida del vecino imperio. Llevaban razón. Pero se olvidaron señalar el motivo principal del estrepitoso fracaso de este ambicioso programa de ayuda para América Latina, que no era otro que la probada imposibilidad de planificar con éxito el desarrollo de las poblaciones desde la esfera estatal (sea propia o externa) o desde las mastodónticas agencias inter-estatales.

Peter Bauer criticó siempre la ayuda externa por el hecho de atacar sólo los efectos del subdesarrollo, pero no sus verdaderas causas. El proceso sostenido de desarrollo económico de los países subdesarrollados no avanzará, mientras los incentivos, los valores y las instituciones de las poblaciones pobres no cambien, mientras no se supriman los aranceles, las barreras de entrada y las excesivas regulaciones al comercio, mientras no se permita in situ la búsqueda descentralizada del éxito por complacer a los consumidores mediante la libertad económica (no diseñada) que atraiga financiación y más factores de producción de forma natural. No es decisivo qué interés se tome el gestor de la ayuda externa, ni qué monto se alcance o qué carismático sea el político que la lidere.

Hoy siguen existiendo parecidos planes de ayudas al desarrollo por parte de Estados del "primer mundo" y de agencias internacionales del desarrollo. Tienen otros nombres y otros objetivos, pero parten de las mismas ideas estériles del pasado. No dejan de ser, en el mejor de los casos, un cartel de buenas intenciones, tal y como nos recuerda William Easterly.

La ayuda nada tiene que ver con el verdadero desarrollo. Los pobres necesitan más mercados, cuanto más extensos y libres, mejor (lo mismo que los ricos) y les sobran muchos, demasiados, "expertos" y burócratas del desarrollo.

La sensibilidad del clima

Hace unos días participé en una encuesta telefónica, aparentemente para ayudar a la nueva Endesa a diseñar su imagen corporativa en relación al cambio climático. Al menos buena parte de la batería de preguntas a las que respondí durante quince minutos parecían servir a ese objetivo. Precisamente, la consultora McKinsey publicó en febrero los resultados de una encuesta realizada a más de dos mil ejecutivos de grandes empresas de sectores variopintos, entre ellos el energético, con la intención de saber qué opinaban sobre el tema de marras.

Como era previsible, la principal motivación de estos ejecutivos en lo que a la cruzada por el clima se refiere es la reputación corporativa, aunque no sólo esa, ya que nada menos que un 60% de los entrevistados afirmaron que el cambio climático es bastante o muy importante en el diseño de la estrategia global de su empresa: la ecomanía ha estimulado a las compañías a mejorar su imagen, destacando o destapando una preocupación casi obsesiva por el medio ambiente incluso en sectores con poco o nulo interés crematístico en el asunto. Y es que la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático son ahora activos de la empresa al potenciar su imagen de marca y por lo tanto el valor de su portfolio.

Y eso que desde 2001 las temperaturas globales han mostrado una tendencia bajista que ha pillado por sorpresa al propio IPCC. Una muestra pequeña para afirmar que estamos en el comienzo de un "enfriamiento global" pero al menos suficiente, como señala, Christopher Monckton, para destacar que el presunto calentamiento es más lento de lo que el Panel había previsto.

Más aún, Monckton muestra como el IPCC ha ido corrigiendo hacia la baja el peso del CO2 en sus estimaciones de la "sensibilidad" del clima desde 1995. Esta "sensibilidad" es el cambio de la temperatura superficial debido a la energía que es irradiada de vuelta a la superficie de la Tierra y a la baja tropósfera por el efecto invernadero, cuyo principal causante es el satánico CO2. Sin embargo, pese a que el calentamiento debido directamente al incremento del CO2 se ha estimado hacia la baja, por así decir, la sensibilidad del clima no ha dejado de crecer por el efecto multiplicador de la retroalimentación (feedback) positiva estimada. Concretamente, como dice Monckton, "en 1995, la retroalimentación supuso menos de la mitad de todos los forzamientos [radiativos]; en 2007 más de dos tercios". Lo grave de este asunto, que difícilmente trasciende al público, gerente o no de una gran empresa, es que el informe del IPCC no "llama explícitamente la atención del lector y menos aún justifica la magnitud de de esta ‘inflación de la retroalimentación’."

Más gráfico es Warren Meyer:

Un cínico podría describir las miles de páginas del informe del IPCC como el mago que capta su atención con la mano izquierda para esconder lo que hay en la derecha. Y lo que está escondiendo es que… allí no hay nada. La retroalimentación es el punto sobre el que debería pivotar toda la discusión sobre la drástica reducción del carbono y no hay nada sobre lo que discutir.

Entre tanto seguiremos contestando a las encuestas mientras el mago Gore se saca otro Nobel de la chistera.

¿Estamos apagando el fuego con gasolina?

La semana pasada tuve ocasión de ver, en un programa de televisión, las declaraciones de una persona que se había arruinado tras haber sido despedida, ya que no pudo hacer frente al préstamo que había contraído para la adquisición de su vivienda. Desafortunadamente, los casos en que una persona no puede hacer frente a los préstamos a los que se ha comprometido previamente no son infrecuentes, y casi todos conocemos algún caso de personas conocidas que han sido embargadas por falta de pago.

A esta triste situación se puede llegar de muchas maneras, pero generalmente es resultado de una valoración muy optimista que se realizó inicialmente de lo que podía deparar el futuro. Esta valoración no deja de ser un hecho subjetivo, basado en las experiencias, percepciones y conocimientos personales de cada persona. Por ello resulta extremadamente difícil averiguar los motivos por lo que dicho cálculo erró.

Tratar de generalizar a la hora de buscar el motivo por el que existen personas que tienen que afrontar una situación tan trágica resulta un tanto arriesgado. Lo que sí parece claro es que existen determinados periodos temporales en los que más personas se ven abocadas a esta triste situación, normalmente coincidiendo con la denominada parte baja del ciclo económico.

Uno de los motivos por los que se pueden realizar estas estimaciones tan alejadas de la realidad pueden deberse a que determinadas circunstancias induzcan a realizar inversiones poco rentables o a sobreestimar los ingresos que se van a obtener en un futuro. Una de las causas se puede encontrar en el interés que se cobraría por la financiación de dichos proyectos. Así, un entorno como el que llevamos viviendo hace unos años, en que el interés al que prestan el dinero los distintos bancos centrales se encuentra muy bajo, conduce a que los bancos financien los préstamos necesarios para acometer distintas inversiones a un coste muy bajo.

Estos bajos costes financieros animan a distintos emprendedores, inversores y particulares a acometer proyectos que en situaciones normales no se plantearían, dada su baja o nula rentabilidad. No obstante, la bajada estos costes estimulan el abordaje de los mismos. Desafortunadamente, los bajos tipos de interés tienen su contrapartida, el envilecimiento de la moneda. Al existir más dinero en circulación, lógicamente el valor de éste se reduce, por lo que los productos que se pretenden adquirir con ésta, se encarecen, apareciendo la inflación. Por tanto, esa bajada de tipos de interés, que presagiaba una reducción de costes del proyecto, se transforma en lo opuesto, ya que todos los demás costes se incrementan, al haberse mermado el valor de la moneda con la que se va a pagar dichos costes. Además, al valer menos la divisa, los compradores potenciales con los que pudiera contar el emprendedor ven mermada su capacidad de compra, por lo que se disminuyen, a su vez, las posibles ventas.

Por lo tanto, el efecto de las bajadas sin fundamento, de los tipos de interés por parte de los bancos centrales son tres. De un lado incentivan el acometimiento de proyectos de inversión de rentabilidad dudosa. Por otro lado, aumenta los costes a largo plazo del proyecto, al hacer aparecer la inflación. Finalmente, disminuyen los posibles ingresos que se puedan obtener, por haberse visto mermados los ingresos y ahorros que tienen los posibles compradores, precisamente por el envilecimiento de la moneda.

Toda esta situación provoca una gran inestabilidad, ya que existen gran cantidad de proyectos, de mínima rentabilidad, cuya estimación de beneficios es irreal, al estar sobrevalorados los ingresos e infravalorados los costes. Cuando finalmente se le pone fin a la inversión al descubrirse la poca, nula o negativa rentabilidad de la misma, la inestabilidad vuelve a incrementarse, ya que la liquidación de dichas inversiones provoca que se ponga fin a los contratos laborales que existían. Estos despidos traen consigo que los trabajadores, que también habían efectuado sus proyectos de inversión particulares, como la adquisición de su vivienda, se vean sin medios con los que hacer frente a los costes financieros. Como la mayoría de las empresas se ven afectadas por el mismo problema, al haber acometido también proyectos de inversión poco rentables, precisamente inducidas por las mismas causas, la búsqueda de nuevo empleo puede convertirse en una tarea ardua.

La política de tipos de intereses artificialmente bajos está provocando el empobrecimiento de gran parte de la población, al haberlos inducido a engaño al animarlos a ejecutar inversiones dudosas a la par que empobrece sus ingresos y ahorros. Por lo tanto, tratar de “reactivar” la economía bajando los tipos de interés equivale a tratar de apagar el fuego con gasolina, fuego precisamente creado al adoptarse anteriormente dicha política. La salida de la crisis no puede pasar por una expansión monetaria, sino por el aseguramiento el valor de la moneda. De esta forma no se estará engañando a la población dando a entender que tiene una riqueza que no es real.

Chulería ministerial y coacción sindical

Parece que por fin se acabó la huelga de los funcionarios de Justicia. Y finaliza con un acuerdo que aparenta tablas y que, por tanto, las partes afectadas pueden vender como victoria propia. Bueno, no todas. Los peor parados, los miles de ciudadanos que se han visto rehenes de unos sindicalistas sin escrúpulos y la chulería de un ministro prepotente, no puede decir que ha salido victoriosa.

El daño generado por esta situación supera con mucho el cuantificable en dinero. A las docenas de miles de personas que han visto retrasarse los juicios a los que tenían que hacer frente, se suman los no menos de miles de ciudadanos que necesitaban para todo tipo de trámites certificados de los distintos registros dependientes de Justicia. ¿Realmente podrá mirar a la cara un sindicalista a una viuda o a sus hijos y explicarles sin sentir vergüenza que no han podido conseguir el certificado de nacimiento o defunción que necesitaban para el seguro por un aumento salarial? Y no sólo es las dificultades que le crea ante la compañía aseguradora, es la frustración generada en una etapa tan difícil como la inmediatamente posterior a la perdida de un marido o un padre. Y supuestos como este, a montones.

Los culpables de la situación no son otros que el propio ministro y los sindicatos. Uno por su chulería. El mismo Mariano Fernández Bermejo que no duda en gastarse 250.000 euros de los contribuyentes en una reforma de un estupendo ático propiedad del Estado, totalmente innecesario al tener el ministro su residencia particular en las afueras de Madrid, se ha cerrado en banda durante demasiado tiempo ante las peticiones de aumento de sueldo para luego concederlas. Pero sus formas dejaban claro que no lo hacía por no incrementar el gasto público, sino porque a chulo no le gana nadie.

Los sindicatos no son mejores. Han utilizado a los ciudadanos como rehenes. Como todo grupo que intenta obtener ventajas o privilegios del Estado, apelaron al bien común. Para tratar de conseguir una inmerecida simpatía de los ciudadanos, argumentaban que el hecho de que se les suba el sueldo a los funcionarios implica una mejora automática en la calidad de su trabajo. Por supuesto, no han explicado en que consiste tan extraña relación causa-efecto. Tal vez porque no existe. Y si existiera, sería una bien irritante: que los funcionarios saben que pueden trabajar más y mejor, pero no lo hacen porque no quieren, pese a haber aceptado al comenzar a trabajar el sueldo que cobraban.

El argumento de que los funcionarios de las comunidades autónomas donde están transferidas las competencias de Justicia cobran más que los que trabajan para el ministerio del ramo es falaz. A idéntica labor no tiene por qué corresponder igual sueldo. Si querían un sueldo mayor deberían haber opositado a las administraciones autonómicas en vez de a la general del Estado. Pero además es peligro, puesto que puede degenerar en un bucle permanente de chantaje utilizando a los ciudadanos como perpetuos rehenes.

Una vez conseguida una cierta equiparación salarial (no completa, pero próxima a lo exigido por los sindicatos), es suficiente con que los funcionarios de una comunidad autónoma se declaren en huelga para conseguir un aumento y salgan victoriosos de su pulso con el gobierno regional. Volverá a producirse la diferencia anterior a la huelga recién terminada. Y ahí puede venir un nuevo paro indefinido hasta una solución similar a la actual. Estamos ante un mal propio de una administración demasiado grande, con funcionarios blindados en exceso y sindicatos con un poder de coacción sin límites.

La culpa la tiene el pollero

El Gobierno, que prometió antes de las elecciones que, como por ensalmo, el aumento generalizado de los precios remitiría justo después de las elecciones, se enfrenta a un verdadero problema con la inflación. Con la inflación tal como se entiende, como subida de los precios, porque el problema asociado a su verdadero significado, el aumento de medios fiduciarios de pago, es aún mayor. En verdad el problema no es suyo, sino nuestro, de la sociedad, pero dicen que se dice que la mala situación económica es perjudicial para la imagen del Gobierno, y debe de ser verdad, a fuer de los esfuerzos de éste por convertirnos al panglossianismo.

El caso es que los precios suben, y cada vez más rápido: un 4,4 por ciento en febrero y en marzo, de confirmarse el dato preliminar, un 4,6 por ciento. Pero como los precios no se someten a las leyes de la armonía, y suben o bajan en función de las circunstancias de cada bien, loa hay que crecen a un mayor ritmo que los demás. Es el caso de los bienes que compramos más habitualmente, los que entran físicamente, y no sólo de forma figurada, en la cesta de la compra: la leche un 27 por ciento, el pan un 11,6 por ciento, y el pollo, los productos lácteos o las legumbres y hortalizas más de un 10 por ciento. Y eso duele en el bolsillo, especialmente de las personas con menor renta. Y la credibilidad del Gobierno cae a medida que se acorta el salario real por la subida de precios. Este es el momento de hacer algo al respecto, y el Gobierno, este como todos, recurre a su arma más eficaz y más antigua: mentir.

Para ello ha utilizado una de sus agencias: la Comisión Nacional de la Competencia es su nombre, tan orwelliano como aquellos ministerios de la Paz o del Amor. Y le ha ordenado que acuse a los productores de ser ellos responsables de las subidas de precios. Dicho y hecho. El pequeño detalle de que, según la propia Comisión de la risa, no tengan prueba alguna contra el conjunto de patronales agrupadas en la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) no tiene la menor importancia. Las sutilezas propias de la sociedad abierta, como reunir las pruebas antes de formarse una opinión y hacer más tarde una acusación fundada no son propias de este Gobierno ni en general de sus pares.

Acusar a los productores de ser los responsables de la subida de precios es una de esas tonterías que resiste el paso de los siglos. Pero está claro que si estuviera en su mano subir los precios a voluntad, lo harían sin límite. Mas, como explicó Carl Menger en sus Principios de Economía, los oferentes pueden decidir ora el precio ora la cantidad lanzada al mercado, pero no ambas a la vez.

Pero entonces la acusación se hace más compleja, y va por que acaso un solo oferente no sea capaz de subir los precios de un sector. La competencia haría que los consumidores huyesen de él hacia opciones menos onerosas. No, la acusación del Ejecutivo apunta a la colusión entre los oferentes para acordar una estrategia común para subir los precios. Dejemos de lado que esta acusación es contraria al mensaje del propio Gobierno de que la razón del aumento de los precios es por los costes internacionales. Un acuerdo de este tipo es siempre inestable, pues cualquiera de los productores, especialmente si ve amenazado su negocio, tiene la tentación de llevarse una mayor proporción de los beneficios potenciales asociados a unos mayores precios saliendo del acuerdo y rebajando lo que pide por sus productos.

La subida generalizada de los precios, lo que habitualmente se llama inflación, tiene un origen eminentemente monetario y el principal instrumento no está en sus manos, sino en las del BCE. Pero sí hay cosas que puede hacer, como limitar el gasto público, entre otras medidas. Echarle la culpa a los productores no servirá de nada.

El estallido de la burbuja

Coca Cola Light sortea un ático en Madrid a través de mensajes de texto con el teléfono móvil. La marca de ensaladas Florette se ofrece a liquidar su hipoteca si introduce en su página web los códigos de barras de un par de ensaladas César. Francisco Hernando, un conocido promotor inmobiliario, se saca otro sorteo de la manga para librar de la dolorosa hipoteca a diez afortunados compradores de sus promociones en un desangelado prado de Seseña, provincia de Toledo. La vivienda es desde hace demasiado tiempo la obsesión nacional en España. Una obsesión que, más pronto que tarde, nos va a pasar una abultadísima factura que, nos guste o no, vamos a terminar pagando todos.

Y no porque los españoles queramos tener una casa en propiedad, que eso es algo que entra dentro de lo normal, sino por los excesos que se han cometido en el último lustro en torno a este tema. Los españoles piden a los bancos hipotecas por 40 ó 50 años para adquirir pequeños apartamentos en el extrarradio de las ciudades, convencidos de que están haciendo un gran negocio y de que, en apenas unos meses, su propiedad se habrá revalorizado sustancialmente. Persuadidos de las bondades del crédito barato y casi ilimitado incluyen a veces automóviles de lujo y otras bagatelas aprovechando un tipo de interés que, hasta hace no mucho, era ridículamente bajo.

Desde 2002 la bola de nieve no ha hecho sino crecer llegando a límites demenciales. Con el ladrillo como principal activo de inversión no es descabellado decir que, en España, lo único que ha dado dinero en los últimos años han sido los inmuebles. Este sector, que es de los principales en cualquier país, se ha convertido en la columna vertebral de la economía española. Los créditos sistemáticos e indiscriminados han hecho crecer el parque de viviendas hasta el extremo de que urbanizaciones enteras están vacías porque las casas fueron compradas en su momento para invertir, es decir, para esperar y sacar mayor tajada en un mercado que se presumía eternamente alcista.

Tanto dinero ha afluido hacia la construcción y promoción de viviendas que la actividad inmobiliaria concentra una buena parte del empleo nacional; ya en la construcción, ya en la financiación o ya en la venta. Por no hablar del aporte de este sector sobre el PIB que es ya equivalente al del turismo, la mejor y más competitiva arma de la economía española desde hace décadas.

Aunque se haya negado repetidamente su alcance y hasta su mera existencia, lo cierto es que la vivienda en España ha padecido (y aún padece) una burbuja de dimensiones astronómicas. Una burbuja histórica que será recordada durante años y tal vez escriba su última página en la Historia enseñándose en las facultades de Economía.

Al final, fiel a su naturaleza, la burbuja ha terminado por estallar. La construcción se detendrá en seco a lo largo de este año. Las promociones ya no encuentran clientela y los que se las veían felicísimas pensando en las altas rentabilidades de sus inversiones inmobiliarias se quedarán con la casa y un palmo de narices. Lo demás vendrá no mucho después. Reajuste completo de la economía, crecimiento del paro y mil problemas derivados de la morosidad. Lo que se ha dejado de hacer por la fijación con el ladrillo, es decir, el coste-oportunidad que nos ha supuesto es incalculable y, por descontado, imposible de cuantificar. Será, en cierto modo, la consecuencia necesaria e inevitable después de haber vivido peligrosamente y muy por encima de nuestras posibilidades. Una lección que nunca se termina de aprender.

¿Cuántos impuestos pagamos?

Viene un señor que quiere aprender un lenguaje de programación nuevo para implementar un proyecto que tiene en mente y crea una web bien sencilla que provoca un tremendo escándalo entre la progresía y la pobre gente que no sabe en qué país vivimos. Es una calculadora de impuestos online, que evalúa no sólo el impuesto sobre la renta, sino las cuotas a la Seguridad Social y el IVA. Y aún le faltan impuestos, como el de actos jurídicos documentados que pagamos al comprar una casa, el de hidrocarburos, el de bienes inmuebles y otro buen montón de tributos menos cuantiosos pero que aún así pagamos religiosamente. Pero claro, es una estimación, no un estudio preciso.

Sin embargo, pese a sus limitaciones, ya muestra unos resultados curiosos dignos de ser estudiados. Para empezar, que la supuesta progresividad de nuestro sistema impositivo es una filfa. Entre los impuestos indirectos y la cuota a la seguridad social, que tiene un límite máximo, al final si ganas 100.000 euros al año el Estado se lleva, según el simulador, el 51%; mientras que si ganas 50.000 se lleva el 50%. El peso del Estado recae, oh sorpresa inesperada, sobre las clases medias, no sobre los ricos.

Pero quizá lo más notable es estudiar cómo el sistema fiscal incentiva el llamado mileurismo. Y lo hace porque a las empresas les resulta mucho más caro subir el sueldo a un trabajador que cobra poco que a otro que cobra bastante más. Si se lleva uno 14 pagas de 1.000 euros cada una a la buchaca, la empresa paga por ti, en realidad, 22.270 euros. El problema es que si quisiera que te llevaras 500 euros más en cada paga, 7.000 al año, debería pagar por ti 36.680. La diferencia es de 14.410 euros.

En cambio, si quisieran aumentarte otros 500 por paga, les costaría 13.420, unos 1.000 euros menos al año. Y si quisieran llegar ya a los 2.500, sumando 500 más, les costaría 11.000. En decir, que a las empresas les sale más barato subir los sueldos altos que los bajos gracias a la intervención del Estado.

El simulador ha recibido críticas, muchas de ellas acertadas, como considerar que todos consumimos el 80% del sueldo, aunque probablemente, de hacer un estudio más serio, se reduciría aún más la progresividad, porque resulta razonable suponer que quienes más tienen menos porcentaje dedican al consumo. Pero también ha recibido una que resulta sumamente injusta: la consideración de que es la empresa quien paga la "cuota empresarial a la Seguridad Social" y no el trabajador y que, por tanto, esa cuota debería estar fuera de los cálculos de lo que pagamos en impuestos.

Es una crítica absurda. Una empresa estima lo que le cuesta un trabajador en total considerando lo que se lleva el trabajador y todos los impuestos que hay por medio, igual que nosotros estimamos lo que nos cuestan las judías verdes o las revistas en total, no descontando el IVA.

¿Qué significa eso? Pues que si de repente una ley impusiera que, sin cambiar el total lo que pagan las empresas por los trabajadores, la cuota empresarial pasara a estar incluida en la cuota del trabajador y, por tanto, saliese en la nómina, la empresa seguiría pagando exactamente lo mismo por cada trabajador y éste seguiría cobrando exactamente lo mismo, pero al parecer, por algún misterio, algunos lo considerarían ahora como un impuesto que paga el trabajador y no la empresa. Sin embargo, no es más que un cambio contable.

Pero sería un cambio muy importante. La gente sería mucho más consciente de lo que paga al Estado y sería mucho más crítica con el sistema vigente. Pienso que ésta debería ser la primera medida que tomara un Gobierno verdaderamente liberal nada más llegar al poder. Porque lo principal es librar es la batalla de las ideas, y que todos supiéramos cuál es la realidad fiscal sería un triunfo importante, que permitiría crear el caldo de cultivo necesario para avanzar por la senda liberal.