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Es hora de levantar el embargo

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Han pasado casi cinco décadas desde que el gobierno de Estados Unidos impusiera a Cuba un férreo embargo comercial con el fin de provocar la caída de Castro. Lejos de precipitar el hundimiento del régimen comunista, el embargo ha contribuido a mantenerlo vivo sirviendo de chivo expiatorio de sus fracasos.

El embargo comercial es juzgado, como tantas políticas públicas, más por sus intenciones (y la imagen que proyecta de nosotros) que por sus resultados. El objetivo declarado de la Libertad Act es presionar al Gobierno comunista para que inicie la transición a la democracia. La suspensión del embargo está condicionada a la instauración de un régimen democrático que respete los derechos humanos, luego es indudable que el Gobierno cubano puede poner fin al embargo si tiene la voluntad de hacerlo. El embargo, además, satisface en la gente el reclamo moral de "hacer algo" contra la injusticia (la inacción estatal suele interpretarse como "no hacer nada") y está en sintonía con la actitud tipo "Harry el sucio" que nos gusta exhibir en este tipo de situaciones.

Desde un punto de vista ético el embargo es problemático por varias razones. El Estado obliga a todos los individuos bajo su jurisdicción a boicotear a Cuba, en lugar de permitir que el boicot sea voluntario y cada uno tome su propia decisión. Se arguye que en realidad no se está prohibiendo el "libre comercio con el pueblo cubano" sino el comercio con el Estado cubano, que controla casi toda la economía. Este argumento es descriptivamente cierto pero no resuelve la cuestión a favor del embargo. Para empezar, no comerciamos colectivamente como pueblo, comerciamos individualmente como consumidores y productores, lo que resulta en una gama heterogénea de relaciones comerciales: con respecto a un mismo país, algunas personas comercian con individuos y empresas privadas mientras otros tratan con empresas públicas o fuertemente subsidiadas. En Cuba el sector privado es muy pequeño (el Estado consume el 72% del PIB y emplea al 75% de la población), pero no es inexistente. Un embargo condena a todos por igual, imposibilitando los pocos intercambios voluntarios que pudieran tener lugar.

Por otro lado, la lista de relaciones comerciales corrompidas por la intervención del Estado es interminable. Si la gasolina de nuestro coche proviene de Saudi Aramco estamos financiando la dictadura de Arabia Saudita. Si compramos un ordenador Lenovo estamos financiando al Gobierno chino, principal accionista de esa compañía. En el día a día nos hemos resignado a convivir con esta imperfecta y penosa realidad (aunque a menudo somos libres de evitar este tipo de relaciones si queremos). El comercio con Cuba está lejos de ser puro e inmaculado, pero también lo están muchas otras relaciones comerciales que toleramos o incluso practicamos abiertamente.

El embargo, además, prohíbe a los ciudadanos y residentes estadounidenses viajar a Cuba (aunque sea para alojarse en casas privadas) y pone un tope a las remesas que pueden enviar los cubano-americanos a sus familiares en la isla. Los cubanos en Estados Unidos solo pueden visitar a sus parientes inmediatos una vez cada tres años. Tratar de justificar estas restricciones arguyendo que "el embargo no prohíbe el libre comercio" es aún más difícil.

El comercio (o su ausencia) con un país socialista también repercute en el población civil, aunque sea de un modo más indirecto (e ineficiente) porque casi todo pasa a través del Estado. De hecho, el embargo debe repercutir en la población civil si quiere cumplir su objetivo. La lógica implícita en los embargos comerciales con ánimo reformista es la siguiente: el embargo provoca carestía añadida de bienes y servicios, la sociedad sufre esa carestía y advierte que el Gobierno podría suprimirla si accede a las reformas, la sociedad presiona al Gobierno para que implemente reformas. Por tanto, el embargo solo ejerce presión sobre el Gobierno si la población sufre. Un claro ejemplo de la odiosa máxima de que el fin justifica los medios.

Algunos de sus proponentes replican que el embargo estadounidense no empobrece a los cubanos, porque Cuba puede comerciar con el resto del mundo. Si esto es así, entonces el embargo es inútil, y no hay razón para mantenerlo. Cuesta creer, no obstante, que el coste de oportunidad de no poder acceder a la inversión, a los productos y al turismo de la primera economía del mundo, que además está a dos pasos de la isla, sea insignificante.

Los defensores del embargo cubano deberían apoyar, si son coherentes, un bloqueo internacional de duración indefinida. En rigor deberían incluso oponerse a las excepciones que autorizan la importación de comida y medicamentos, pues alivian la carestía de la población y la presión sobre el Gobierno. Además, cabe preguntarse qué opinarían los cubanos de un embargo internacional que iba a sumirles aún más en la pobreza, y si sus valedores lo impondrían en contra de su voluntad "por su propio bien". Si uno está en contra de estas medidas tan drásticas (que más bien son una reducción al absurdo) debería oponerse también al embargo estadounidense, que es la misma política pero a una escala más reducida.

El embargo sin embargo no es la causa de todos los males de Cuba. Cuba es pobre principalmente porque es comunista. A Castro el embargo le ha servido para decir lo contrario: los males que padece Cuba son por culpa del embargo, y el comunismo funciona a pesar del embargo. Como la propaganda del régimen es la única versión que se tolera en Cuba, muchos cubanos se la han creído, y en lugar de presionar al Gobierno para que aplique reformas se han vuelto más anti-americanos y más castristas.

La suspensión del embargo no es la panacea, pero puede contribuir a la erosión del régimen. El comercio, la inversión y el libre movimiento de personas traerían más bienestar y nuevas ideas a la sociedad cubana. Habría más interacción entre estadounidenses y cubanos, y la interacción ayuda a cambiar mentalidades, que es lo que lleva a la población a exigir cambios. El bienestar genera una demanda de libertad política, mientras que las sanciones son utilizadas por el Gobierno para desviar las miradas y las críticas hacia los enemigos externos. Ahora que Castro ha cedido la jefatura a su hermano Raúl podría ser un buen momento para levantar el embargo, ya que el gobierno norteamericano puede salvar las apariencias más fácilmente. Aunque en realidad, como apunta David Henderson, siempre ha sido un buen momento.

Secesión y libertad: el caso de Kosovo

Escrito por Philipp Bagus en . Publicado en Análisis diario.

Alemania tuvo su mejor época en los siglos XVIII y XIX, cuando estaba formada aún por muchos estados pequeños e independientes. Florecía su cultura: la música, con compositores como Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Brahms, Liszt y los Schumanns; y la literatura, con autores como Schiller y Goethe. La competencia entre los estados ponía la base de un sistema universitario excelente que se convirtió en el modelo para todo el mundo y que ayudaba al progreso de la ciencia. Sólo hasta 1930, Alemania contaba con 27 premios Nobel en química, física y medicina, una cifra mayor a la de ninguna otra nación. Además, económicamente, fue en los estados alemanes donde la revolución industrial se introdujo con más fuerza, después, naturalmente, de Inglaterra.

Todos estos hechos están relacionados con la competencia entre los estados alemanes y la facilidad que existe en estados pequeños de "votar con los pies" cuando el Gobierno se torna más opresivo. Estados pequeños como son hoy Lichtenstein o Mónaco no pueden permitirse el lujo de cerrar las fronteras porque necesitan importar muchos bienes y servicios, ni pueden ser opresivos sin que sus ciudadanos se marchen. Por ello están obligados a adherirse al comercio libre.

El hecho de que hubiera muchos estados independientes en Alemania fomentó mucho la libertad y, con ella, la cultura, la ciencia y la riqueza. Ojalá hoy se independizaran otra vez Sajonia, Baviera, Hamburgo, Bremen, etc., y se corrigiera el error trágico de 1990 de reunir la parte oeste y la parte media de Alemania. Sería un impulso enorme para los alemanes.

La tendencia está clara. Cuanto más pequeños son los estados, más incentivos hay para que sean más liberales. Por eso, la independencia –diga lo que diga el derecho internacional– de un país como Kosovo no me asusta.

En Kosovo el 88 % de la población son étnicamente albaneses kosovares, 8 % serbios y 4 % de otros grupos étnicos. Parece que esos 88% de albaneses kosovares ya no quieren aguantar el mando del Estado serbio.

Criticar esta independencia potencialmente liberalizadora porque pueda estar en contra del derecho internacional me parece problemático. Y criticar la secesión porque podría causar más secesiones, lo que reduciría el tamaño de los estados aumentando los incentivos a liberalizar, me parece un error trágico. Si la crítica al caso de Kosovo se basa últimamente en el deseo de la unidad del estado español, el argumento se reduce a un nacionalismo estatista y miope.

Aunque esta secesión en sí es difícilmente criticable, sus circunstancias sí lo son. Ahora, la defensa de Kosovo es más sencilla debido a la estancia de tropas de la OTAN en su territorio. Esas tropas son financiadas por impuestos, por ejemplo, de alemanes a los que nada importa la independencia del Kosovo. Los albaneses kosovares deberían defenderse ellos solos o con ayuda voluntaria.

Una crítica adicional a una secesión podría ser que, simplemente, se está constituyendo otro estado que también oprimirá a sus súbditos. Esa opresión puede ser más o menos intensa que la opresión por el estado central. Por ejemplo, la opresión aumentará si Hamburgo, en un experimento instructivo y corto, se independizara con un régimen comunista. En este caso es legítimo y heroico formar grupos armados de forma voluntaria para defender a sus pobres habitantes de la opresión comunista, como es igualmente legítimo defender a los súbditos de cualquier opresión de cualquier Estado. Pero lo que no está bien y es tiránico es forzar con impuestos a quienes no quieren financiar la reconquista de Hamburgo por el Estado central. Es trágico que los estatistas nacionalistas que defienden la intervención del estado central en casos similares piensen que son liberales.

Estamos en crisis… ¿y ahora qué?

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

En los últimos meses resulta difícil adquirir algún diario en que no aparezca reproducida la palabra crisis. La inflación está en niveles que no se veían hacía años, las previsiones de crecimiento del PIB cada día son menos halagüeñas, el sector financiero está preocupado por la solvencia de sus deudores, el número de viviendas cuya construcción se ha iniciado decrece si se compara con respecto a años anteriores, el nivel de desempleo aumenta y la subida media salarial parece que se situará por debajo de la inflación.

En efecto, ninguna de las previsiones anteriores resulta esperanzadora, y parece indicado señalar que nos encontramos ante el inicio de una crisis económica que puede ser más o menos pronunciada, y con una duración que nadie parece aventurar con mucha seguridad.

Ante esta situación cabría plantearse la pregunta de qué rumbo tomar. La respuesta será distinta para cada persona, pero lo que está claro es que consumidores, empresarios y administraciones públicas tendrán que prepararse para esta eventualidad, para responder a un entorno de desempleo, inflación y pérdida de rentabilidad de determinadas inversiones.

Como individuos habrá personas que estén preocupados por la posibilidad de que sus salarios reales decrezcan, o que incluso se queden sin trabajo. Es por estas razones por lo que estas personas buscarán reducir su nivel de gastos, para responder a estas contingencias, adquiriendo menos bienes o servicios o buscando aquellos más baratos.

Ante estas nuevas demandas de los consumidores, los empresarios se encuentran frente a un doble reto. De un lado habrá quien descubra nuevas oportunidades de negocios a la hora de satisfacer a clientes que buscan adquirir bienes y servicios más baratos. Otros verán como disminuyen sus ventas por este entorno adverso. En ambos casos, se hace imprescindible adaptar la empresa, de una manera rápida, a este nuevo entorno, lo que implica, por lo general, una reducción de costes, para ofrecer lo que demanda el consumidor, productos más baratos.

Una vez detectados los principales problemas a los que se van a enfrentar tanto los consumidores como los empresarios a la hora de satisfacer las necesidades de los anteriores en un entorno de crisis, los gobernantes deberían actuar en consecuencia. Para ello debería tener en cuenta la existencia de un factor común en ambos, la necesidad de reducir los costes. En este sentido las administraciones públicas son un factor esencial en la formación de costes, ya que su actividad genera un coste común para ambos, los impuestos. Al igual que consumidores y empresarios se tienen que adaptar a un nivel de ingresos inferiores, reduciendo para ello sus costes, la administración pública debería emprender su propio proceso de reforma con el mismo objetivo, reducir costes. Ello le permitiría prepararse para una menor recaudación impositiva fruto de una peor situación económica, y, sobre todo, facilitar la adaptación de consumidores y empresas reduciendo su carga impositiva.

Otra medida que pueden tomar las administraciones públicas es eliminar la existencia de costes indirectos, derivados de legislaciones innecesariamente complicadas o con exigencias no requeridas por el mercado. Estas complejidades legales elevan tanto los costes como los tiempos de respuesta de las empresas, y acaban también afectando a los propios consumidores que ven como los bienes demandados son más caros y tienen características que ellos no han demandado y por las que tienen que pagar un precio adicional.

Por último las administraciones también influyen en el acceso a las fuentes de financiación por parte de empresarios y consumidores. Si los gobernantes realizan una reducción impositiva, sin adaptar sus costes, tendrá que buscar financiación ajena, vía deuda pública. En este caso, individuos, empresas y administraciones públicas competirían en los mercados en búsqueda de financiación, elevándose los costes de la misma.

Si el legislador opta por simplificar su burocracia y normativa, por bajar los impuestos y por acometer su propio proceso de reducción de costes de manera que no se acuda a la deuda pública, sin duda alguna la salida de la crisis estará más cerca para consumidores y empresarios. En caso contrario, si se busca “corregir” la demanda con medidas keynesianas elevando el gasto público, los impuestos e introduciendo nuevas complejidades burocráticas, empresas y consumidores verán como la crisis se acentúa, al tener costes y períodos de adaptación superiores, y una mayor dificultad para acudir a los mercados financieros.

Contra la vivienda de protección oficial

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

El Observatorio de Coyuntura Económica publicó la semana pasada un informe en el que calcula que la vivienda está sobrevalorada en un 40% en España. Este precio inflado por las políticas crediticias del Banco Central tendrá que corregirse en el futuro a través de dos vías: aumentos del alquiler o rebajas de los precios de adquisición de la vivienda.

En cualquier caso, la caída del precio de la vivienda en torno al 20% parece inevitable. Las consecuencias de este desplome van a ir, sin embargo, más allá que una minoración de la riqueza familiar y la quiebra de algunas constructoras, sino que pueden atentar directamente contra la solvencia de numerosos bancos y cajas de ahorros.

Sólo la deuda hipotecaria representa en España más del 75% del PIB. Actualmente, la tasa de morosidad hipotecaria sólo alcanza el 0,8%; no obstante, en EEUU ya se ha situado en el 5,85%. Si ello sucediera en nuestro país (algo nada improbable a la vista de la evolución del paro), la banca se vería obligada a embargar viviendas por importe de 45.000 millones de euros, lo que no sólo añadiría más presión deflacionista a los inmuebles, sino que la banca incurriría en fuertes pérdidas (ya que no recuperaría el valor de sus préstamos ejecutando los colaterales) y, con ella, sus depositantes.

Ante este preocupante escenario, convendría facilitar una transición suave en el que los precios de los inmuebles no se desplomaran. En caso contrario, la contracción crediticia y todo lo que ello implica (recesión, desempleo, morosidad y quiebras bancarias) será mucho más severa de lo necesario.

Una de las medidas más urgentes a la hora de no acelerar la deflación de la vivienda es detener todas las obras de viviendas de protección oficial. Zapatero ha prometido construir 150.000 viviendas anuales, lo que debe ponerse en relación con la oferta privada que se prevé para los próximos ejercicios.

En 2007 los visados de obra nueva residencial cayeron un 24%, desde 911.000 a 690.000, pero si sólo nos fijamos en los segundos semestres de 2006 y 2007, la caída aun fue más brusca: desde 413.000 a 275.000, un 42%. En otras palabras, la construcción de viviendas se ha hundido en el segundo trimestre de 2007, lo que hace prever que para 2008 los nuevos inmuebles iniciados no superarán los 300.000.

Dicho de otro modo, Zapatero pretende incrementar la oferta privada de vivienda en, al menos, un 50% durante los próximos años. En un escenario de deflación de precios de vivienda, el incremento de la oferta de vivienda sólo ejercerá más presión bajista sobre la misma, con el consiguiente riesgo bancario que ello implica.

Pero además, semejante incremento de la vivienda de protección oficial (VPO) sólo logrará distorsionar el mercado de la construcción durante años. La teoría austriaca de los precios describe a la perfección como son los precios de los bienes de consumo los que determinan los costes de producción y no al revés. La caída abrupta de la demanda de vivienda está provocando una congelación y una caída de los precios que hace que numerosas promociones dejen de ser rentables a los costes actuales (suelo, materiales, mano de obra…).

De este modo, la caída de la demanda de vivienda debería generar una caída de demanda de factores productivos, lo que terminaría reduciendo sus precios y, al final del ajuste, restableciendo un margen de rentabilidad entre el precio de venta de la vivienda y sus costes de producción.

Es precisamente cuando este margen vuelva a aparecer y a consolidarse cuando la crisis del mercado inmobiliario habrá tocado a su fin y cuando la construcción de viviendas volverá a iniciarse.

Sin embargo, la VPO impide todo este proceso. Si bien favorece la caída de los precios de venta, al mismo tiempo sostiene la demanda de factores productivos, de modo que su coste no se reduce (o no se reduce tanto como sería necesario). Dado que el sector público no se preocupa de la rentabilidad de la vivienda (margen entre precio de venta y costes) el proceso de construcción pública puede continuar indefinidamente con márgenes negativos.

Si ello sucediera, la construcción privada de vivienda no se reiniciaría, con lo que este sector económico quedaría en manos del Estado. La demagogia antiliberal estaría servida: la empresa privada es incapaz de producir los bienes que la gente necesita, sólo el Estado está cumpliendo con esa tarea.

Las crisis económicas (quiebras y desempleo) son un contexto propicio para que las semillas intervencionistas florezcan: desajustes generalizados que claman por una recta planificación centralizada.

La VPO favorece al mismo tiempo el recrudecimiento de la crisis y los pretextos para estrangular el mercado. De ahí que resulte muy importante detener este despropósito y denunciarlo antes de que las consignas socialistas comiencen a multiplicarse.

William Buckley, creador de un movimiento

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Estos días varios comentaristas estadounidenses se han acordado del historiador de las ideas Lionel Trilling, quien en 1950 dijo que no había una tradición conservadora americana y que la propia de los Estados Unidos era progresista (liberal en el espurio sentido que le dan allí a esta hermosa palabra). El motivo de ese recuerdo no es que haya salido allí una antología del disparate, sino que ha exhalado su último suspiro uno de los recreadores del movimiento conservador estadounidense. A William Buckley Jr. le interrumpió la muerte en su despacho, “como no podía ser de otro modo”, según apunta más de uno de sus amigos, el pasado 27 de febrero.

La afirmación de Trilling, heroica por lo que supone de esfuerzo en torcer la historia de aquél país, seguramente sería vista por quienes la leyeron entonces como un lugar común. El conservadurismo, aunque resurgiendo desde hacía un lustro, era entonces una tradición perdida, abandonada. Uno de los, ahora sí, verdaderos héroes que recogieron el ideal de libertad para transmitirlo a varias generaciones fue Buckley; Bill, como gustaba de hacerse llamar.

La lucha contra el progresismo omnipresente en universidades y medios de comunicación tenía muchos flancos y el cultural no era el último de ellos. Por eso tiene lógica que su primer libro, y el que lo lanzó a la fama (God and Man at Yale, de 1951), en que criticaba a su alma mater por su lejanía sideral del libre mercado y del cristianismo. Pero este y todos los flancos de combate ideológico y moral contra la izquierda tenían que lanzarse desde una publicación a la vez lo suficientemente coherente como para dar forma a un movimiento, pero dentro de ello tan abierta como fuese posible. Buckley lo vio así, sin duda, y fruto de esa idea es la National Review, nacida en 1955, cobijo de liberales, conservadores y anticomunistas. La excepción está constituida por los randianos, dolidos con una feroz crítica de Whittaker Chambers a la obra magna de la novelista de adopción neoyorkina.

En los 60 los esfuerzos, dispersos y abigarrados, de volver a situar en el centro del debate político la libertad, los derechos de la persona y la propiedad, los valores tradicionales y la lucha contra el comunismo fuera y el socialismo en casa, comenzaron a dar sus frutos. Se estaba creando un auténtico movimiento, jamás unívoco, pero por primera vez consciente de sí mismo. Buckley, además de escribir novelas, millares de artículos y libros de no ficción (35 en su prolífica carrera) o dirigir la National Review y presentar un talk show, Firing Line, durante millar y medio de emisiones, hizo de aglutinador en gran medida de las personas que dedicaban sus esfuerzos a las ideas que él compartía. Y puso en marcha algún proyecto, como el Young Americans for Freedom o la American Conservative Union.

No fue un pensador original, aunque sí brillante. No creó escuela, pero sí un movimiento. Tenía talento literario y un reconocido dominio del inglés. Bien es cierto que su anticomunismo fue más poderoso que su apego a la libertad en demasiadas ocasiones, como denunció en su momento Rothbard.

Con todo, creo que debemos estarle agradecidos. Fue un gran empresario de las ideas y en gran medida contribuyó al progreso del liberalismo. En los últimos años no se dejó arrastrar por la marea neoconservadora y denunció el supuesto conservadurismo de George W. Bush, el último presidente que conoció en la Casa Blanca. David Boaz se pregunta, con motivo de su fin, si es también el del movimiento conservador en Estados Unidos. Creo que exagera y que, pese a la crisis que parece vivir en este momento, hay que reconocer que hoy es una fuerza ideológica poderosa, que fija parte de los términos en que se desenvuelve la política. Y en parte se lo debemos a Bill Buckley. Descanse en paz.

El affaire Liechtenstein y la defensa de la libertad

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

La Unión Europea anda revuelta. Frau Merkel ha dado la señal de alarma y todos los gobiernos se apresuran a armarse contra la plaga que apolilla su poder: el fraude fiscal. ¿Quién ha sido el culpable de esta alarma colectiva? Otro Estado: el principado de Liechtenstein.

El origen se remonta a la noticia aparecida en algunos medios que explicaba que el Gobierno alemán ha pagado a un estafador profesional a cambio de información bancaria robada a un Estado vecino: Liechtenstein. Al parecer Frau Merkel no entiende la indignación del principado de ese país. Tanto el príncipe Hans-Adam II, como el heredero, su hijo Alois, se han apresurado a salir en defensa de la libertad de sus 35.000 ciudadanos. Para ambos, robar información es ilegal. Para nuestra legislación también, como dejaba claro la semana pasada Expansión: "La Ley Orgánica del Poder Judicial dice claramente que ‘no surtirán efectos las pruebas obtenidas de forma ilícita, vulnerando derechos y libertades fundamentales’."

La evasión de impuestos en Alemania es importante, como lo es en los demás países involucrados (Francia, Suiza, España, Nueva Zelanda, Italia, Canadá, Reino Unido, Australia y Estados Unidos). La transmisión de la información ha sido inmediata, hay que ponerse manos a la obra y denigrar a quien se atreve a desafiar la injerencia del Gobierno alemán en las instituciones que están fuera de su alcance. No sorprende esa actitud airada de un Gobierno que puede acceder a los datos bancarios de sus ciudadanos (sin autorización previa de un juez) y además, puede hacerlo sin que el incauto súbdito sepa en qué momento le van a fisgar las cuentas. Tampoco sorprende que la gente se lleve sus dineros fuera de Alemania si tenemos en cuenta que, de acuerdo con el informe de la Fundación Heritage, el impuesto sobre la renta tiene un tipo máximo de 45% (más un 5,5% en concepto de "carga solidaria extra" que lo eleva al 47,5%) y que el tipo impositivo efectivo en el impuesto de sociedades puede rondar el 39%. Hay que añadir el IVA que oscila entre el 13 y el 20%. Mientras la recaudación supone un 34,7% del Producto Interior Bruto, el gasto del Gobierno representa un 46,9% del PIB. ¿Cómo no van a querer los ahorradores sacar el dinero ganado honradamente fuera de sus fronteras?

Sin embargo, tanto Frau Merkel como el resto de los dirigentes de los países afectados, han puesto el grito en el cielo reclamando que la Unión Europea tome medidas, cambie sus normas… ¡que haga algo! Y es que la propia Merkel no puede evitar el coladero de gente que decide llevarse sus ahorros antes de que se lo quite el Gobierno.

Como declaró el príncipe heredero, Alois de Liechtenstein, el pasado 19 de febrero en rueda de prensa, la Unión Europea ya tiene sus mecanismos de colaboración para luchar contra el fraude, y su principado ha firmado y cumple esos acuerdos. No solamente eso, es que Liechtenstein dispone de una policía específica para prevenir los delitos financieros desde antes que la propia Alemania. Pero, además, el príncipe heredero plantea cuestiones espinosas que Alemania no ha contestado. Como, por ejemplo, si un Estado "amigo" puede violar las leyes de otro Estado "amigo" (e incluso sus propias leyes) para conseguir datos y si un Estado puede acusar a sus ciudadanos antes de que un juez haya dictado sentencia. Pero, además, deja claro que Alemania no puede saltarse el derecho internacional por más líder europeo que quiera ser. Sobre todo cuando ese liderazgo cuestiona the rule of law de otro Estado.

Este término, mal traducido al castellano, como explica Pedro Schwartz en su libro En busca de Montesquieu, no significa estado de derecho sino soberanía de la ley. La diferencia está en que no basta con que un mandato adopte forma de ley para que impere en un Estado, esa ley ha de cumplir unos requisitos (ser universal, etc.). Las necesidades fiscales de un Gobierno sobredimensionado, por más que estén recogidas en una ley, no pueden imponerse, y menos a otro Estado tan soberano como el primero y con sus propias leyes. Y mucho más, tal y como apunta el príncipe Alois, cuando se trata de uno de los Estados más pequeños de Europa (apenas 160 km2) y las maneras de los mandatarios alemanes son de grandullón de patio del colegio.

Por supuesto que los opositores coetáneos se han unido a las voces de quienes tratan de ensombrecer la imagen de la familia real de Liechtenstein con el único argumento de la falta de vehemencia habitual de Alois, lo que demostraría sin lugar a dudas que ha sido el padre quien le ha instado a excederse y que todo ello pone de manifiesto la dependencia paterna. Estas críticas tan cogidas por los pelos y carentes de sustancia no hacen sino darle más relevancia al papel de las declaraciones en defensa de la libertad del príncipe heredero.

Por otro lado, las declaraciones de los súbditos anónimos contradicen este aluvión de críticas y presentan a una población encantada de tener un cabeza de Estado que defienda su independencia frente a las grandes potencias vecinas y, sobre todo, su libertad.

El empresario percibido (o no) por el pensamiento económico

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Es destacable que el pensamiento económico occidental no haya valorado en sus justos términos hasta hace relativamente poco el papel fundamental del empresario dentro de los procesos de mercado. Los teóricos de la economía analizaron históricamente de manera pormenorizada los tres factores productivos tradicionales (trabajo, tierra y capital) y relegaron, en términos generales, el factor catalizador de los mismos (el emprendedor).

Los clásicos ingleses no supieron distinguir claramente su figura de la del capitalista (en aquellos tiempos normalmente entremezclados). Los clásicos franceses fueron otra cosa. Richard Cantillon, irlandés afrancesado, mercader y banquero, supo ver que la actividad del entrepreneur suponía la realización de pagos ciertos frente a beneficios futuros inciertos. El lionés J. B. Say, fabricante de hilos de algodón gratamente sorprendido por los avances tecnológicos de la industria frente a la agricultura, amplió la visión del sujeto emprendedor. Según Say, si a los factores de producción tradicionales les correspondían sus respectivas retribuciones, a saber, salario (trabajo), renta (tierra) e interés (capital), al empresario debiera corresponderle una suerte de renta completamente distinta de las anteriores en forma de beneficio ya que era el que asumía el riesgo y la organización de la producción (independientemente de que fuera o no capitalista). Turgot completó este panorama con el acertado análisis del coste de oportunidad en las decisiones empresariales.

Estos avances teóricos sobre la figura del empresario sufrieron regresiones posteriores. La visión marxista, muy influida por los clásicos –y pesimistas– ingleses, obsesionada por el capital y la imaginaria plusvalía, fue incapaz de distinguir la función del dueño de los medios de producción (capitalista) de la del empresario propiamente dicho. Los neoclásicos, por su parte, a pesar de su acertada descripción del gestor de negocios, debido a su pretensión matemática por el equilibrio general (estático) y a su teoría de la decisión (maximización), impidieron finalmente la comprensión de la motivación real del emprendedor para actuar.

Esta carencia, nimia a primera vista, tuvo consecuencias devastadoras en la comprensión de la sociedad y de los procesos de mercado. Sólo unos pocos lograron recoger el testigo de Cantillon-Turgot-Say y profundizar felizmente en la figura empresarial.

Así, en los Estados Unidos de la época dorada de desarrollo de finales del siglo XIX, despuntaron en el análisis de la función empresarial dos economistas valiosos: Francis Amasa Walker y John Bates Clark. El primero observó que el empresario con talento se las ingenia para mejorar la productividad unitaria y, por tanto, sus beneficios no eran un sobrecargo al precio sino que se generaban mediante reducción de costes (desplazando, de paso, al empresario ineficiente). El segundo relacionó el beneficio empresarial con la introducción de perfeccionamientos tecnológicos, comerciales u organizativos en el proceso económico.

Por aquellas mismas fechas en Europa surgió la portentosa escuela marginalista austríaca que, a pesar de sus muchas y decisivas aportaciones a la economía (entre otras, dejar tocada argumentalmente la entonces recién estrenada visión marxista de la economía), tanto su fundador como la primera generación de marginalistas no consiguieron mejorar la comprensión de la figura empresarial ya realizada por los clásicos franceses.

Hubo que esperar a los escritos de Hayek en torno al conocimiento y la competencia en las sociedades abiertas (1937 y 1945) y, sobre todo, a la publicación de La acción humana de Mises (1949) para que se produjera un avance definitivo en el análisis de la acción empresarial. A mediados de los setenta, Kirzner enriquecería aún más estas indagaciones.

Otra regresión, y siguiendo la tradición británica, fueron las abras de Keynes, en las que los empresarios no tenían ningún papel relevante. De hecho, al no conceder racionalidad a las actividades del entrepreneur y reducirlas a los supuestos "espíritus animales" que impulsan a ciertas personas a buscar ganancias, se invitaba a los planificadores centrales para manipular a placer la demanda agregada y otros mecanismos de intervención económica.

Tras las revelaciones teóricas de los modernos economistas austríacos supimos que el mercado contiene un vastísimo volumen de información imposible de gestionar centralizadamente y que está en permanente desequilibrio (sintiéndolo mucho por los modelos neoclásicos). Que la fuerza que mueve y coordina el mercado radica precisamente en el sujeto-empresario (actor) que persigue su lucro guiado por las inestimables fuentes de información que son los precios. Que dicho emprendedor, anticipando demandas u oportunidades de negocio inadvertidas por los demás en un entorno de rivalidad dinámica, realiza ajustes, llena los vacíos con conocimiento práctico y aproxima recursos a bienes o servicios demandados con más urgencia por las personas.

La Escuela austríaca, centrada en el individuo y en sus capacidades creativas, nos explica que el empresario no recibe en verdad salario de nadie sino que busca el premio (en forma de beneficio puro) por sus aportaciones inestimables a la sociedad cada vez que acierta a la hora de servir a sus semejantes en un entorno competitivo (el gestor de un monopolio legal no es, propiamente dicho, un empresario).

Comprender esto es de suma importancia. Cuando los gobiernos intervienen artificialmente en el mercado se está generando una serie de falsas informaciones que extravían las vitales decisiones empresariales; las que coordinan los desequilibrios del mercado y permiten el progreso. Su crucial función social deja así de cumplirse en detrimento de todos. Esta es la lección esencial de los grandes teóricos de economía sobre la figura del empresario.

Frenar el secesionismo totalitario vía artículo 155

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Recientemente hemos comprobado la irresponsabilidad estratégica de las grandes potencias occidentales como Alemania, Francia, Italia, Inglaterra o EE.UU. en los asuntos internacionales otorgando validez a la declaración unilateral de independencia de Kosovo respecto de Serbia, pese a ser contraria a la legalidad internacional. Hay que recordar que el apartado 7 de la Declaración de Principios del Derecho Internacional prohíbe recurrir a la autodeterminación para "desmembrar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes". Tampoco debe olvidarse que el secesionismo de la región de Kosovo no ha sido aceptado por Serbia ni ha recibido la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Probablemente sea acertada la predicción de Rusia, al considerar que la decisión de Kosovo en contra de la legalidad internacional sienta un grave precedente que desestabilizará muchas regiones del planeta con minorías secesionistas.

En España, como era de prever, los partidos nacionalistas ya han aprovechado para intentar realizar analogías imposibles con las autonomías derivadas de la Constitución Española de 1978 (CE).

Aunque, salvo honrosas excepciones, no se está nombrando durante la presente campaña electoral, el horizonte temporal del secesionismo siembra enorme incertidumbre sobre el futuro de nuestra nación. Existe un Estatuto de Autonomía que otorga categoría de nación a Cataluña y se ha convocado un referéndum de autodeterminación secesionista en Vascongadas para el próximo 25 de octubre. Ambas acciones intentan llevar a término una política de hechos consumados, como en Kosovo. Pero van en contra del derecho internacional y son claramente inconstitucionales, diga lo que diga el nada independiente y extremadamente politizado Tribunal Constitucional.

Es conocida la estrategia nacionalista de dejar que unos muevan el árbol de la democracia, para que los otros recojan las nueces de la independencia. Y es permanente su acoso a las principales instituciones del país, derivado de la falta de sensatez de muchos políticos, y de las fisuras y deficiencias normativas de la Constitución.

Con la alianza firmada en el Pacto del Tinell entre el partido socialista y los partidos nacionalistas radicales para la formación de mayorías de gobierno en connivencia con los mismos, legislatura tras legislatura, se está desmembrando la estructura territorial de España.

La centrifugación de competencias hacia los gobiernos autonómicos está agrandando el tamaño del Estado y disparando la corrupción local en las diversas regiones de España para que, un día sí y al otro también, los independentistas realicen políticas, actos y hechos concretos, en contra de los derechos y libertades de los ciudadanos no nacionalistas.

Toda persona de bien razonará que es preciso detener la diáspora de personas que huyen hacia territorios en donde puedan vivir normalmente sin el acoso abertzale, catalanista o galleguista. Observará como muchos ciudadanos ven pisoteados sus derechos con inmersiones lingüísticas y educativas, distorsión de la historia común, desigualdad ante la ley, barreras comerciales, y acoso y presión constantes hacia aquellos no sometidos al régimen nacionalista. Y solicitará que es urgente parar el actual proceso de ruptura del modelo de Estado para poder garantizar la convivencia pacífica en el medio y largo plazo en España.

Actualmente la redacción del artículo 155 de la Constitución Española permite al Gobierno "adoptar las medidas necesarias para obligar a una Comunidad Autónoma a cumplir con las obligaciones derivadas de la Constitución u otras leyes". Hasta el momento ningún presidente ha tenido a bien aplicarlo aunque, el próximo mes de octubre, pero el referéndum de autodeterminación independentista, ilegalmente convocado por el lendakari Ibarretxe, podría ser una buena oportunidad para que un Gobierno sensato y valiente mostrara los límites marcados por la Constitución.

Sin embargo, en mi opinión, el artículo 155 también debe ser reformado para ayudar al Gobierno en la toma de decisiones a adoptar en caso de incumplimiento por parte de una Comunidad Autónoma de las obligaciones constitucionales. Al menos, se deberían expresar medidas concretas, sin miedo a que el Estado pueda suspender un Estatuto de Autonomía y deba asumir temporalmente las competencias autonómicas, cuando la legislación y las acciones de los políticos de la Comunidad Autónoma actúen de forma que atente gravemente a los derechos y libertades individuales o el interés general de España.

Serviría de ayuda para adoptar la decisión, citar en el mismo tanto la aplicación por el Gobierno del artículo 116, que legisla los estados de alarma, excepción y sitio, como la convocatoria de un referéndum entre todos los ciudadanos españoles que introduce el artículo 92.

Nuevamente, pese al carácter cainita que nos caracteriza a los españoles y al deseo de eliminar el Estado de algunos lectores anarquistas, tengo a bien exponer un esbozo inicial de cómo estimo debe realizarse una reforma del artículo 155, de modo que pueda ser empleado por el Gobierno frente a derivas secesionistas totalitarias en territorios autónomos, para poder proteger eficientemente los derechos y libertades de los ciudadanos en todas las regiones de España:

Artículo 155 (propuesta)

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente a los derechos y libertades individuales dentro de su territorio, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno deberá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas y, en caso de ser necesario, podrá aplicar el artículo 116.

3. Para la ejecución de las medidas previstas en los apartados anteriores, en caso de ser necesario, el Gobierno también podrá suspender la aplicación del Estatuto de Autonomía y asumir todas las competencias del mismo durante un periodo no superior a cuatro años. La suspensión de la aplicación del Estatuto de Autonomía deberá ser ratificada en referéndum por todos los ciudadanos del país, conforme al artículo 92, antes de transcurrido un año.

4. Transcurrido el tiempo de suspensión del apartado anterior, se aplicará el Estatuto de Autonomía, se restituirán las competencias y se convocarán elecciones autonómicas en la Comunidad Autónoma afectada.

Es difícil pero esencial solventar internamente la problemática secesionista en España sin intervención alguna de la hipócrita comunidad internacional, de la cual nada bueno nos podemos esperar, como han vuelto a demostrar algunas naciones "amigas" de la Unión Europea, permitiendo la secesión de Kosovo respecto de Serbia, aun siendo contraria al derecho internacional y abriendo heridas étnicas que difícilmente cerrarán.

Malos tiempos para las renovables, buenos para el negocio

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

No está siendo un buen año para Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. A los problemas originados por el intento de EDF, la eléctrica francesa de capital público, de controlar a la española, hay que unir los mejorables resultados financieros de Iberdrola Renovables. El resultado bruto de explotación durante 2007 disminuyó un 7,7%, hasta los 777,3 millones de euros, mientras que el beneficio neto de explotación se redujo un 10,9%, hasta los 432,7 millones y el beneficio neto fue de 117,5 millones de euros, lo que supone un descenso del 38% respecto al ejercicio anterior. Desde el uno de enero y hasta final de febrero, los accionistas de Iberdrola Renovables han perdido uno de cada cuatro euros que invirtieron en el capital de la empresa y desde que empezó a cotizar el 12 de diciembre de 2007 a 5,3 euros, la perdida ha sido de 1,2 euros, un 22,64%.

A la hora buscar explicaciones de la disminución del beneficio, los analistas se han centrado en tres razones, los menores precios de la energía en el mercado mayorista español, la escasa producción eólica en nuestro país, en especial durante los últimos tres meses del año, y los efectos del tipo de cambio. En este sentido debemos recordar que Iberdrola tiene una presencia significativa, aunque no mayoritaria, en el volumen del negocio en Estados Unidos y Latinoamérica y el dólar no pasa buenos momentos gracias a las artes del presidente de la FED, Ben Bernanke.

Pese a las cifras, las perspectivas de negocio para el futuro son bastante halagüeñas si nos atenemos a los números presentados por la compañía. En 2007, la potencia instalada total alcanzó los 7.704 megavatios lo que representa un incremento del 74% respecto a 2006. De esta capacidad, 7.362 megavatios corresponden a parques eólicos y 342 megavatios a centrales minihidráulicas. Iberdrola Renovables tiene actualmente una potencia en construcción de 1.373 megavatios y cerró 2007 con una cartera de proyectos de más de 42.000 megavatios.

El sector de las energías renovables es uno de los más mimados por las ansias intervencionistas de los políticos de todo signo y condición. Tanto el PSOE como el PP (puntos 607, 746, 1.135, 1.162, 1.497, 1.504, 1.505, 1.515, de su programa electoral) han optado por apoyar las energías renovables y potenciar su uso durante los próximos cuatro años. ¿Acaso no resulta paradójico que un sector que recibe tanta ayuda institucional no termine aparentemente de despegar?

Las energías renovables son un negocio para estas empresas porque sus resultados no dependen directamente de la producción de energía, y de su venta, sino de la naturaleza de su negocio, que es recompensado independientemente de su eficiencia. Una parte importante de sus ingresos viene de las arcas del Estado y mientras este flujo de dinero que parte del contribuyente y consumidor y termina en las empresas pasando por las administraciones públicas, continúe, este tipo de compañías tendrán un futuro pese a las malas perspectivas técnicas. Y este es un punto importante porque no muchos lo perciben así debido a la propaganda: el dinero de los contribuyentes termina en las cuentas de resultados de empresas como Iberdrola Renovables o Acciona, que han convertido las energías alternativas en una importante fuente de recursos financieros, dinero que los ciudadanos podrían dedicar a otros usos que le sean más útiles, incluido, desde luego, la apuesta por las empresas de energías renovables.

Las empresas implantan sus parques eólicos independientemente de si estos van o no a producir energía y por esta acción son premiados por el Estado que se encarga de controlar y regular desde el emplazamiento de la planta hasta cuánto va a generar y cómo. Las perspectivas son buenas porque el mercado de precios, que no funciona bajo los principios del libre mercado, apunta al alza y porque los partidos políticos con posibilidades de gobernar han apostado por mantener una política que favorece a unos pocos a costa de muchos (los objetivos de energías renovables en el pool solo se pueden obtener ofreciendo generosas subvenciones y precios regulados que supongan ingresos suficientes y condiciones financieras atractivas), todo ello, desde luego, con el disfraz de la sostenibilidad y la protección medioambiental.

Para las empresas de renovables, la ausencia de viento es una circunstancia temporal que no tiene porque estropear demasiado unas cuentas que no dependen necesariamente de una gestión acertada y eficiente. De hecho, no deja de ser contradictorio que los parques eólicos no produzcan energía, no sólo cuando el viento no sopla, sino cuando sopla demasiado. Las energías renovables no responden a los criterios de disponibilidad que debería tener la generación eléctrica para garantizar que la oferta cubra la demanda.

Y es ahí donde las energías renovables, dejando aparte el problema de sus "infladas" tarifas, tienen su punto débil. Si un anticiclón se planta encima de la Península, el viento desaparece y como consecuencia, los aerogeneradores no funcionan, pero la demanda de consumo sigue ahí. Algo similar sucede con la energía solar, que si hay nubes no funciona; o la energía hidráulica, que si hay sequía no se puede turbinar, como sucede actualmente con muchas plantas, en especial en Cataluña.

Es en este contexto donde cabe preguntarse por la fiabilidad del sistema eléctrico español y su apuesta por las energías renovables. Aún obviando los problemas de precios, está claro que no se puede confiar en ellas para garantizar el suministro ya que no garantizan la potencia necesaria de forma continua y basta ver los informes del gestor de la red, REE, para darse cuenta que su principal problema no es otro que su incapacidad para asegurar las necesidades instantáneas. Y es aquí donde entraría el debate nuclear.

La eficiencia y la reducción de la contaminación puede conseguirse a través del I+D de las empresas y por la presión de los usuarios que buscan ahorro y un medio ambiente más limpio, y estas investigaciones y avances no tienen porque ir regidas por donde indique el poder político, sino por donde los procesos sean más útiles para todos, para empresas, para usuarios y sobre todo, para el contribuyente que al fin y al cabo paga los desmanes de unos y los negocios del otros.

El monopolio de la sensibilidad sobre África

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

En el Tercer Mundo hay millones de personas muriéndose de hambre, y en Occidente seguimos haciendo el paripé. Los que se hacen pasar por líderes morales e intelectuales (estrellas del pop/rock, activistas de izquierda, multibillonarios y políticos de todo el espectro) continuan exigiendo más ayuda exterior, más millones de nuestros bolsillos para mandar a los gobiernos de los países africanos. Parecen no darse cuenta de que en más de 50 años, África no ha conseguido ningún progreso gracias a la ayuda exterior. De hecho, los pocos, aunque los esperanzadores progresos que se vislumbran (1 2), son a pesar de nuestra "peligrosa generosidad"; es decir, a pesar de los billones de ayuda gubernamental, que no llegan a los africanos necesitados, sino que se pierden misteriosamente en el camino, entre armamento y cuentas bancarias de dictadores desalmados. Y es que parece más cómodo y lenitivo darles el dinero, pensar qué buenos somos y luego olvidarnos del tema, y de las consecuencias que puede traer. Salvar el mundo puede ser perjudicial, dice Xavier Sala-i-Martin.

La ayuda exterior parece mucho más popular y cómoda que las medidas que realmente podrían aliviar a los países más pobres, esto es, eliminar toda clase de proteccionismo. Parafraseando un versículo bíblico: "engordó Occidente, y tiró coces (engordaste, te cubriste de grasa)".

A pesar de presiones fiscales intolerablemente altas, y quizás en parte incentivados por los fracasos gubernamentales, surgen iniciativas individuales muy interesantes; por poner dos ejemplos que defienden la economía de mercado: Umbele (futuro), fundada por Sala-i-Martin, o Enterprise Africa!, proyecto del Mercatus Center de la Universidad George Mason.

Estas organizaciones privadas demuestran que el ser humano tiene su parte altruista, en contra de lo que enseñan algunos modelos económicos, y de la creencia de que solo el Estado puede encargarse de la caridad (tanto dentro del país como en el exterior). No obstante, no hay que olvidar los casos de fraude de algunas ONG’s, que dañan muchísimo la imagen de las fundaciones honestas, haciendo que los particulares se piensen dos veces si colaborar con ellas o dedicar su dinero para otros usos.

Mientras estos proyectos son una realidad, personas interesadas dedican años de esfuerzo a estudiar in situ problemas que padecen los africanos (como esto) y gran cantidad de misioneros siguen ayudando y trabajando allí; mientras tanto, la izquierda parece tener el monopolio de la sensibilidad hacia los pobres. Su discurso de culpabilización del capitalismo y auto-flagelación de Occidente (ojo, tampoco hay que caer en el error de olvidar lo que Occidente ha hecho en esos países: llevado por el deseo imperialista de controlar el mundo conocido y sus recursos naturales, y de jugar con las fronteras africanas como si jugaran a un juego de mesa; pero no se puede explicar la situación actual de estos países por ese pasado, ya no cuela) sigue siendo el que cuenta con mayor aceptación en los medios.

Sin embargo, los países más pobres necesitan menos recetas socialistas, mucho más mercado y mucho más capitalismo. Y no es un capricho liberal, se trata de que millones de individuos salgan de la pobreza y dejen de morir de hambre. Se trata de que millones de personas puedan llegar a ser propietarios de los frutos de su trabajo y esfuerzo, que cuenten con seguridad jurídica y sean libres para contratar y comerciar con quien dispongan (esto se relata aquí con un caso real).

En Occidente nos podemos quejar de los atropellos que se cometen contra la libertad, de las actividades irresponsables y muy perjudiciales de los bancos centrales, etc., pero deberíamos mirar a lo que pasa en otros lugares, y sentirnos agradecidos de nuestra situación. Puede venir una grave crisis que podría haber sido evitada, y aunque hay que identificar las causas, analizar el tema y difundir las conclusiones (para eso ya está el Observatorio de Coyuntura Económica de este Instituto), estaría bien que abriéramos los ojos a otras realidades, para relativizar los sufrimientos de Occidente, y tener presente que mientras a muchos de nosotros nos sobra lo más necesario, otros mueren de hambre. Esto suena a autoflagelación anti-capitalista y de izquierdas, por eso decía que parecen tener el monopolio de la sensibilidad. Pero en realidad, creo que es un ejercicio sensato: apartar la mirada de nuestro ombligo y nuestros problemas.

Es así como experimentaremos el impulso vital que nos conducirá a una lucha auténtica contra las ideas y políticas, tan perjudiciales para aquellos a los que se pretende ayudar, de nuestro Occidente actual.