A mediados del otoño pasado, unos sucesos ocurridos en un gigantesco asentamiento irregular de viviendas sobre el terreno de la antigua cañada real galiana, a las afueras de Madrid, saltaron a las portadas de los periódicos y nutrieron de imágenes espectaculares los telediarios. El foco de los medios se centró en el origen de las personas que, en cumplimiento de una orden judicial, iban a ser desalojadas de sus casas con la ayuda de la fuerza pública. A partir de esa inicial coincidencia, sin embargo, sus simpatías se dividieron entre los que atisbaron una intolerable insurrección, al modo de la intifada palestina, y aquellos que dieron pábulo a las historias más truculentas sobre la brutalidad policial ¡Como si los abusos de la policía se cometieran como consecuencia de una orden judicial y con el acompañamiento de las cámaras de televisión!

No es que esos asentamientos "ilegales" no hubieran llamado la atención de los medios de comunicación antes de esos incidentes. Muy al contrario, las crónicas de sucesos ofrecen ocasionales referencias de su existencia, sobre todo en relación al tráfico de drogas que se desarrolla en algunas de estas viviendas y los accidentes provocados por camiones que atraviesan su "avenida" principal hacia la cercana planta industrial de reciclaje de basuras de Valdemingómez.

La reacción de los políticos no se quedó a la zaga. Un inefable ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España pidió disculpas a la dictadura de Marruecos por el hecho de que policías al servicio de su gobierno hubieran intentado cumplir una orden judicial de desalojo y demolición de unas casas levantadas recientemente (¡!). También descargó toda responsabilidad de su Gobierno sobre dos políticos –rivales entre sí– que rigen el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno regional y que pertenecen al principal partido de la oposición. Por su parte, éstos acudieron a la socorrida "complejidad" y al carácter "heredado" del problema mientras –intuyo– esperaban que otros acontecimientos reclamaran la atención del público. No obstante, los próceres municipales recordaron que las viviendas se ubican en terrenos públicos cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Madrid y la presidenta de ésta última objetó que los ayuntamientos tienen la competencia sobre la "disciplina urbanística" en el ámbito de su territorio y el Gobierno central sobre el orden público.

Desde mi perspectiva, todo este enredo constituye un desaguisado más de los causados por las interferencias administrativas sobre los mercados de drogas y suelo y, en definitiva, por la dinamitación del régimen jurídico liberal sobre la propiedad. Calamidad que se propagó como la peste por todos los países occidentales durante todo el pasado siglo XX. Derribado el muro de Berlín, no puede servir de consuelo apuntar a que la situación era peor en los países del "socialismo real".

En cuanto al primero de esos mercados, la penalización de su comercio ha generado unos curiosos mecanismos de distribución al detalle. Junto a auténticos vendedores ambulantes – los conocidos "camellos"– han proliferado otros que establecen en su morada auténticas expendedurías de drogas, dadas las obvias ventajas para su almacenamiento y la relativa seguridad de que gozan los vendedores mientras la policía no pida una orden judicial que permita entrar y registrar su domicilio.

En un contexto de penalización, uno de los canales de distribución de las drogas se fue desplazando hacia los arrabales de la ciudad, donde llaman menos la atención las procesiones de heroinómanos que acuden a saciar su adicción. No puede sorprender que minorías de la sociedad española relativamente poco integradas hayan desviado su ánimo de lucro hacia actividades que reportan las ganancias extraordinarias derivadas de esa penalización.

Por otro lado, en el ámbito inmobiliario existía una cierta tradición entre individuos que formaban parte de la economía sumergida, y otros que emigraron masivamente del campo a las ciudades, de levantar sus viviendas sobre terrenos declarados de propiedad pública en los suburbios. La precariedad que debían asumir al instalar sus casas sobre terrenos gestionados por las administraciones públicas era, ciertamente, relativa. En la escala de preferencias de esas personas primó –y prima– la disposición inmediata de vivienda sobre la inseguridad jurídica que comporta recurrir a la usurpación de terreno para edificarla. También ha de tenerse en cuenta para comprender esas decisiones que las restricciones al derecho de propiedad inmobiliaria y el intervencionismo brutal que introdujo la ley del suelo de 1956 trajeron como consecuencia la limitación de la variedad de la oferta de viviendas para satisfacer los diferentes tipos de demanda.

Esa era la situación a finales del franquismo y los primeros años de la democracia. Pero a lo largo del último decenio, a los tradicionales colonos de esas ciudades alternativas se han sumado muchos inmigrantes de distinta procedencia que no pueden adquirir las viviendas en el mercado libre a través del crédito hipotecario. Pensemos que muchos se encuentran irregularmente dentro del país y muchos tienen grandes dificultades para conseguir trabajos que sirvan de garantía para los bancos.

Durante este periodo el proceso inflacionario desatado por los bancos centrales –en el caso español por el Banco de España y, después de la incorporación a la Unión Monetaria, por el Banco Central Europeo– condujo a una escalada de los precios de todas las viviendas que se ofrecen en el mercado. Bien es cierto que esa burbuja inmobiliaria está a punto de estallar y es posible que se produzca una caída de los precios. Pero esa probabilidad, aparte de ocasionar otros problemas, puede suponer que se añada a los anteriores otro tipo de demandante de vivienda insatisfecho. Típicamente, se trataría de aquellos que, cegados por el abaratamiento artificial del interés del dinero, contrataron préstamos que, pasado el tiempo, no pueden devolver sino con la ejecución de la hipoteca que grava su propiedad. Ya veremos si el concomitante mercado de alquiler mitiga el problema.

Paralelamente, debe tenerse en cuenta que, una vez laminado el funcionamiento del mercado libre, las subvenciones estatales para la adquisición de viviendas de protección oficial no pueden atender todas las necesidades. Observemos el racionamiento de esas viviendas protegidas, las cuales deben venderse, cuando son de promoción privada, a un precio tasado para que sus promotores y compradores obtengan las subvenciones públicas.

Los liberales españoles del siglo XIX creyeron encontrar en los procesos desamortizadores una fórmula para fomentar la propiedad privada, el capitalismo y, por ende, la prosperidad económica. Aunque en muchos casos se confiscara a la Iglesia, a la nobleza y a los Ayuntamientos para favorecer a nuevos privilegiados en subastas amañadas. En la actualidad, la desamortización definitiva de vastas extensiones de terreno que el Estado –arrogándose el título de sucesor de la Mesta– declaró suyas, aunque no se utilicen como tales vías pecuarias ni como caminos, contribuiría a resolver no pocos problemas como los acaecidos en la cañada real galiana a su paso por Madrid. Para ello sería necesario reformar en profundidad toda la legislación estatal y autonómica sobre las vías pecuarias. Acabar con la absurda pretensión de esa legislación de garantizar la continuidad de esos caminos para una trashumancia que desapareció. A este respecto, cabe señalar que, tanto los gobiernos del estado central como los autonómicos han llegado a cambiar el trazado de la tupida red de vías para la trashumancia de ovejas que recorría la España interior recurriendo a pintorescas artimañas administrativas. Con el pretexto de que el desuso había permitido su "usurpación" por calles y edificios, obligaron a los ayuntamientos a permutar esos terrenos por otros municipales donde esas vías continuaran sin interrupciones.

Frente a la concepción civil de que las servidumbres de paso se extinguen por el transcurso del tiempo sin ser usadas, toda una farragosa legislación, la cual –¿no lo adivinan?– también procede del franquismo, ha pretendido imponer una propiedad pública del estado –luego sucedido por las comunidades autónomas– que prescinde de considerar la realidad posesoria de esos terrenos. En los últimos tiempos se ha querido revestir de una pomposa pátina de "corredores ecológicos" que no puede ocultar el intento de recuperar "bienes mostrencos", por cuya ocupación provisional los gobiernos autonómicos obtienen tasas y precios públicos. En último lugar, esas reformas deberían tener en cuenta lo acontecido en los últimos años y aplicar las instituciones clásicas de la prescripción adquisitiva –allá donde se haya producido– para respetar los derechos de propiedad de personas que asentaron sus viviendas en esos terrenos con la suficiente antigüedad. Respecto a las más recientes, tal vez los ayuntamientos debieran considerar la venta del suelo, una vez desafectado, a los que construyeron sobre suelo ajeno.