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Delitos de lesa humanidad y 11-M

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Con antecedentes en el Derecho Internacional consuetudinario que fue perfilándose a finales del siglo XIX y la I Guerra Mundial, el concepto de "crimen de lesa humanidad" o contra la humanidad se manifestó por primera vez de forma consistente en la Carta del Tribunal Militar Internacional que constituyeron las potencias vencedoras de la II Guerra Mundial para perseguir y juzgar a los principales criminales de guerra del Eje en Europa, adoptada en Londres el 8 de agosto de 1945.

Esa Carta, anexa a un acuerdo entre esas cuatro potencias –incluida la no menos criminal Unión Soviética– estableció la lista de delitos y las reglas procesales que regirían el Juicio de Nuremberg contra los veinticuatro jerarcas alemanes capturados al terminar la contienda. Los acusados afrontaron los cargos, previamente identificados como delitos internacionales en la Carta, de crímenes contra la paz, de guerra, contra la humanidad y de conspiración para cometer esos crímenes durante la guerra. En su mayoría fueron condenados, pero hubo notables absoluciones.

La evolución posterior del concepto de delito de lesa humanidad en Derecho Internacional desvinculó la acción criminal de su comisión durante el transcurso de un conflicto bélico, de manera que se atisbó la máxima de que pueden calificarse como delitos de ese tipo hechos que se produzcan al margen de una guerra. Así, por ejemplo, los tribunales que el Consejo de Seguridad de la ONU constituyó para perseguir y juzgar los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y Ruanda impusieron multitud de sentencias (como la dictada por el TIY en el caso contra Kunarac, Kovac y Vukovic) que actualizaron el concepto de crimen de lesa humanidad en ese sentido.

Dentro de esa evolución, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 17 de julio de 1998, ratificado por España en el año 2002, enumeró una lista de delitos, entre ellos el asesinato, los cuales vendrían a constituir un crimen de lesa humanidad (artículo 7) "cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población y con conocimiento de dicho ataque". Sobre toda esta labor codificadora subyace la idea de que determinados crímenes revisten tal gravedad que merecen la consideración de delitos contra el derecho internacional humanitario.

Si bien la constitución de ese tribunal penal internacional permanente ha sido muy discutida, lo cierto es que el Reino de España se vinculó formalmente a ese convenio internacional, que entró en vigor el 1 de julio de 2002, y es un Estado parte. Por otro lado, según otras normas de ese Estatuto, la competencia del tribunal internacional, con sede en La Haya, es supletoria de la que puedan ejercer las jurisdicciones nacionales sobre las personas acusadas de participar en los crímenes graves previstos en el Estatuto.

A la vista de ese marco jurídico, resulta sorprendente que durante la tramitación del primer proceso por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, culminado con la sentencia de 31 de octubre de 2007 de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, nadie planteara la posibilidad de calificar como delitos de lesa humanidad cada uno de los subyacentes 191 asesinatos consumados, los 1851 intentados y los dos abortos que resultaron de los ataques múltiples a los cuatro trenes donde aquellas personas indefensas viajaban aquella mañana aciaga.

Bien es cierto que el tribunal quedó constreñido, hasta cierto punto, por la instrucción previa y las calificaciones que las partes en el proceso introdujeron. El cónyuge de la señora Beni se encargó, durante la lectura parcial de la sentencia, de aclarar que la misma se dictaba sobre esas bases y las pruebas aportadas en el juicio oral. Lógicamente, esa premisa no excluye que los hechos acaecidos pudieran ser completados en otros procedimientos penales que se sigan contra otras personas por su participación en los mismos. Tampoco cabe descartar una revisión fáctica de esa sentencia cuando se resuelvan los recursos de casación ante el Tribunal Supremo.

Sea como fuere, esa omisión calificadora resulta aun más chocante si reparamos en que el relato de hechos probados de esa sentencia parte de que "los ocupantes del piso de Leganés" y algunos de los acusados musulmanes –con independencia de que solo dos de ellos fueron condenados como partícipes en los asesinatos– "son miembros de células o grupos terroristas de tipo yihadista que, por lo que ahora interesa, mediante el uso de la violencia en todas sus manifestaciones, pretenden derrocar los regímenes democráticos y eliminar la cultura de tradición cristiano-occidental sustituyéndolos por un Estado islámico bajo el imperio de la sharia o ley islámica en su interpretación más radical, extrema y minoritaria". Un presupuesto que, sumado a la masacre, habría justificado incluso acusaciones por crímenes de guerra y contra la paz.

Cualesquiera que fueran los participantes en la comisión de esa masacre, sostengo la tesis de que los hechos reúnen las notas principales que el derecho internacional humanitario ha asentado para atribuirles esa calificación:

  1. Los delitos de asesinato señalados fueron cometidos como parte de un ataque contra la población civil.
  2. En este caso el ataque fue sistemático dada la explosión de doce artefactos en cuatro trenes, relativamente alejados entre sí.
  3. Como no podía esperarse menos al atacarse trenes repletos de viajeros, a la hora punta de desplazamiento al trabajo, las víctimas fueron muy numerosas. Esas dos circunstancias permiten llegar a la conclusión de que la intencionalidad de la acción abarcaba la matanza de un grupo de individuos todavía mayor al causado.
  4. Las personas naturales participantes en esas acciones atroces tuvieron necesariamente que tener conocimiento, en distintos momentos, de la naturaleza de dichos ataques.

Un estricto defensor del positivismo jurídico podría argüir que el artículo 607 bis del Código Penal, que introdujo expresamente en derecho interno el delito de lesa humanidad, no entró en vigor hasta el 1 de octubre de 2004. Sin embargo, como se ha indicado más arriba, España ya había ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional que describe claramente ese delito en el momento que se produjeron los atentados. Más aún, la sentencia de la sección tercera de la Audiencia Nacional, de 29 de abril de 2005 condenó al ciudadano argentino Adolfo Scilingo por un delito de lesa humanidad por unos hechos cometidos en Argentina a lo largo de los años 70 del pasado siglo, con el argumento, frente a la objeción de la irretroactividad de las normas penales desfavorables, de que el precepto citado incorporó en nuestro Derecho una norma preexistente de Derecho internacional público imperativo con validez obligatoria frente a todos.

Las incógnitas en el caso del 11-M son muchas y muy inquietantes. Pero, en todo caso llama la atención que la jurisdicción española –auxiliada por las distintas profesiones jurídicas– que se ha mostrado en la sede de la Audiencia Nacional tan voluntariosa para emprender la persecución de delitos de esta naturaleza allende nuestras fronteras, so capa del principio de jurisdicción universal, se convierta en un órgano diletante a la hora apreciar que esos hechos, ocurridos en el territorio de su competencia natural, podrían merecer una calificación especial como delitos de lesa humanidad.

¿Y qué añadiría al caso del 11-M toda esta disertación sobre la naturaleza de los asesinatos perpetrados? Pues que, si partimos de la base de que nos enfrentamos a otros tantos delitos de lesa humanidad, los participantes que hubieran eludido la acción de la justicia hasta ahora no podrían invocar el ridículo plazo de prescripción de veinte años previsto en el Código Penal (artículo 131.1) para la extinción de la responsabilidad penal en lo que les reste de vida. Los delitos contra el derecho internacional humanitario no prescriben. Ahí es nada.

El dinero tiene valor aunque no circule

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Leer a Benjamin Anderson es siempre un placer intelectual de primer orden para quienes nos apasiona la teoría monetaria. Cuando uno cree que ya ha exprimido todo el contenido de alguna de sus páginas de The Value of Money, siempre está a tiempo de releerla y comprobar que se había equivocado en su apreciación.

Rindo este pequeño homenaje al economista estadounidense como disculpa anticipada a fusilar uno de los numerosos ejemplos que contiene su obra. En este caso me servirá para retomar un tema que ya traté en uno de mis artículos anteriores: el valor del dinero emerge de un acuerdo común –explícito o tácito, consciente o inconsciente– por el que ese dinero circula.

Los cuantitativistas y los enemigos del oro suelen argumentar que la elección del patrón monetario es indiferente, ya que el valor del dinero puede derivarse de cualquier bien que circule. Por esto motivo, el dinero fiduciario en papel o incluso en soporte electrónico sería más conveniente que el dinero en forma de oro por los menores costes de creación, conservación y gestión.

La única ventaja que, según ellos, podría poseer el oro sería que sus limitadas existencias suponen un freno para la expansión monetaria y la inflación de los bancos centrales. Sin embargo, incluso este punto podría ser replicado por un banco central independiente o sometido a ciertas restricciones (como la regla de emisión fija de Friedman) o por un banco privado que obtuviera su credibilidad de limitar su stock de dinero fiduciario.

En un artículo anterior ya critiqué la visión según la cual el dinero tenía valor porque circulaba. El dinero es un proceso de mercado que necesariamente ha de surgir sobre mercancías que con anterioridad ya tenían valor; la gente no intercambia sus bienes por nada, sino por bienes líquidos que sirven para atesorar el valor y que se demandan con independencia de su circulación futura.

Esto no significa, claro está, que los bienes líquidos no se vuelvan más valiosos cuando pasan a ser utilizados como medio de intercambio. El intercambio es una parte del proceso productivo y un bien que cumple además con esa finalidad es un bien más útil.

Sin embargo, siguiendo a Anderson, cabe imaginar un supuesto en el que un bien sea utilizado como patrón monetario, pero no como medio de cambio. Dicho de otro modo, ya probamos que el dinero sólo podía circular si antes ya poseía valor, pero además es posible que exista dinero sin que circule.

Supongamos que un banco (público o privado) emite dinero en forma de papel convertible a un tipo de cambio 1 billete=1 onza de oro, con una particularidad: los billetes no son convertibles directamente en oro, sino en plata al tipo de cambio vigente en ese momento entre el oro y la plata. Por ejemplo, si hoy el precio en oro de la plata es 1 onza de oro=10 onzas de plata y yo acudo a convertir mi billete al banco, me entregarán 10 onzas de plata. En cambio, si mañana el tipo se eleva a 1 onza de oro=20 onzas de plata, yo recibiré 20 onzas de plata.

En este supuesto, el valor del oro procedería por completo de su valor como mercancía, y no como medio de cambio, ya que ni siquiera se emplearía como tal. Sin embargo, el valor del billete sí sería completamente dependiente del valor del oro: si el oro subiera de valor, el dinero también aumentaría de valor y viceversa. Pero lo relevante es que tanto la cantidad de billetes (correctamente respaldados) como la de plata serían irrelevantes a la hora de determinar el valor del dinero y por tanto los precios.

La teoría cuantitativa del dinero quiebra una vez más en la medida en que, cuando el valor del oro crece, los precios caerían aunque no disminuyera la cantidad de billetes; y lo mismo cabe decir con respecto a la plata (más plata significaría sólo su precio caería con respecto al oro, que seguiría siendo el estándar de valor).

Es más, no se trata sólo de que la cantidad de billetes no tendría influencia sobre su propio valor (dependiente por completo del valor del oro), sino que el valor del oro (y por tanto del billete) determinaría su cantidad.

Si el oro (y por tanto los billetes) aumentara de valor, los precios del resto de bienes bajarían. Con precios más bajos, sería necesaria una menor cantidad de billetes para atender el tráfico diario de la economía, de modo que la gente los llevaría al banco para convertirlos en oro. En otras palabras, se produciría una contracción monetaria porque el oro –pese a no emplearse como medio de cambio- ha aumentado de valor.

Por supuesto se trata de un sistema monetario muy especial que acarrearía más costes que un simple papel moneda convertible en oro (sobre todo por el riesgo y costes de conversión entre el oro y la plata), pero en cualquier caso un sistema monetario posible, donde el patrón monetario tendría valor pese a no circular.

De nuevo se comprueba como la simpleza matemática de una ecuación es incapaz de describir las complejísimas interrelaciones de una economía completa con presencia de dinero, y también como la pretensión ingenieril de atribuir el valor al dinero por los pactos humanos sobre el mismo supone un error intelectual de primer orden.

El derecho a la vida como vértice de los demás

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

El liberalismo es la filosofía opuesta al principio de que el fin justifica los medios. El liberal juzga si un medio es legítimo o no y no cree que la mejor de las intenciones justifique, por ejemplo, prohibir la expresión de unas ideas, forzar a trabajos forzados o acabar con la vida de otra persona.

Pero esta posición exige definir qué medios son legítimos y cuáles no, y dar cuenta de la corrección del criterio que se elija. Todos convenimos en que tenemos derecho a la vida y en que tenemos derecho a la propiedad, aunque el grado que le otorguemos a esos derechos varía. Una interpretación absoluta de los derechos individuales llevaría a la existencia de una sociedad en que no existiese una vulneración sistemática del derecho del individuo a elegir sobre su vida y su propiedad, es decir, que llevaría a la desaparición del Estado, una institución a la que resulta emocionalmente difícil de decir adiós para muchos. En la medida en que justifican su existencia apelan a un conjunto de fines necesarios que justifican los medios. Por eso hay quien entiende que un minarquista o un liberal clásico no ha llevado su liberalismo hasta sus últimas consecuencias.

Pero, en cualquier caso, sea cual fuere la medida en que se abrace a la idea de que hay un ámbito de los derechos de la persona que hay que proteger, debe explicar qué criterio utiliza, y cuál es el fundamento de este. Es decir: ¿cuál es la fuente última de legitimidad de los derechos individuales? Lord Acton recurrió a la primacía de la conciencia individual. Despreciaba a Locke por ser materialista, ya que éste recalaba en el concepto de propiedad. Rothbard, siguiendo precisamente a Locke y otros autores, acuñó el concepto de auto-propiedad, y lo llevó tan lejos como es posible, investigando siempre sus lindes, no siempre perfectamente definidas. La propiedad sobre uno mismo se toma como un axioma, reforzado además porque sus dos únicas alternativas son el comunismo (todos nos poseemos a todos), que es absurdo, y el esclavismo (uno decide sobre el otro).

Pero se puede construir el mismo edificio sobre otra base. Aceptando simplemente como vértice del edificio de derechos individuales el derecho a la vida. El derecho a la vida es el derecho a vivir, claro está. Pero vivir no es un estado automático de la persona, ni de cualquier ser vivo. Para el hombre vivir supone seguir una serie de comportamientos, ya que sin éstos la vida es imposible (necesita comer y beber y guarecerse de las inclemencias del tiempo, de los peligros, de las enfermedades). Vivir no sólo exige hacer ciertas cosas, sino evitar otros comportamientos que son incompatibles con la vida o que la ponen en riesgo.

Pero, si vivir no es automático, sino que depende del comportamiento individual, el derecho a vivir quedaría vacío (y por tanto no estaría reconocido) si no amparase todas las acciones necesarias para la vida. El derecho a la vida queda vacío si no se reconoce el derecho a comer. Pero hay más, porque la comida, y con ella el resto de bienes necesarios y amenidades de la vida, no es sobreabundante, sino que es escasa. La mayoría de los bienes que necesitamos para vivir son escasos. De modo que tendremos que realizar una serie de comportamientos, que denominamos económicos (producción e intercambio, básicamente), para procurárnoslo. Así, el derecho a la vida no sólo se extiende a los bienes y servicios beneficiosos para ella, sino a los comportamientos necesarios para producirlos y ponernos a nuestra disposición. El derecho a producir viene del derecho a los productos que son positivos para la vida, y el derecho a éstos proviene del que hemos proclamado en primer lugar como base de nuestro sistema ético.

Por esta vía del derecho primigenio, el de la vida, llegamos al que tenemos sobre la propiedad, pues sin ella no puede haber control sobre los recursos que incorporamos con nuestro comportamiento en el proceso productivo y ponemos a nuestro servicio. Y si lo que hacemos no es negar la propiedad sino reconocerla sobre la vida ajena, lo que estaremos haciendo es negar para alguien el derecho sobre su vida. Si le reconocemos el derecho a la propiedad ajena, estaremos negando indirectamente el pleno derecho a la vida del otro, ya que el derecho a la propiedad proviene del que tiene sobre su vida. Una vez asentado el derecho de propiedad, hemos conseguido mostrar la justificación de todos los derechos propios del individuo a partir del derecho a la vida que, en principio, nadie pone en duda.

La enfermedad como derecho

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

"Estar gordo es una elección", dice Karen de Coster en esta entrada de su estupendo blog. La autora explica qué decisiones individuales llevan a los padres a criar niños obesos y a ser, ellos mismos, obesos. Llama la atención que lo que Karen reclama es que se abandonen las excusas que justifican las malas elecciones individuales y resalta que la responsabilidad es de quien elige la pereza y el sedentarismo.

Esta defensa paternalista que denuncia De Coster y que, de paso, justifica la dejación de la responsabilidad de cada cual en las vigilantes manos del Estado, se extiende a otros problemas. Los diferentes tipos de drogadicción y las enfermedades derivadas de malos hábitos alimenticios son los dos ámbitos más relevantes en los que se produce este fenómeno. Pero no son los únicos: las enfermedades cardiovasculares, los hábitos saludables y los accidentes caseros –especialmente los infantiles– se llevan gran parte del presupuesto en campañas del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Detrás de la reclamación de regular el comportamiento individual se esconde la fantasía de que en caso contrario proliferarían los obesos, las anoréxicas, las fumetas, los yonkis, los infartados, los niños beberían lejía… como si la población fuera tonta o incapaz de ser responsable. El objetivo de estas campañas que, en ocasiones, se elevan al grado de ley, no es necesariamente malo en sí mismo, pero la manera de alcanzarlo es más perniciosa de lo que parece.

Como señala Karen de Coster, los medios de comunicación habituales excusan al actor que realiza las elecciones al incluir como causa en última instancia de determinadas "enfermedades" a la pereza y las elecciones equivocadas.

Por otro lado, la lectura de las campañas ministeriales deja claro dos cosas: la campaña forma parte de un plan europeo y el problema de fondo es presupuestario. Párrafos como el que sigue hacen pensar:

Hay que considerar el impacto socioeconómico de la gestión y tratamiento de las lesiones, que en Europa representa más de cuatro veces el presupuesto total de la UE… Con la muerte de un niño se pierden también a los más jóvenes de nuestra sociedad y a aquellos que tienen por delante mayor número de años para contribuir como individuos sanos y capaces, pero más importante todavía es que la muerte de un niño tiene efectos devastadores sobre su familia, destruyendo a veces la unidad familiar.

De los argumentos que expone (presupuestos, recaudación, daño a la familia), los dos primeros son tan lógicos como terribles. Deja claro que el interés de los gobernantes no es tan bondadoso sino que quiere que sus súbditos estén sanos y fuertes para cotizar como Dios manda. El tercero, simplemente, no es de incumbencia del Estado. ¿Por qué razón? Porque no es el cuidador, ni el consuelo de las familias de manera coactiva, obligatoria. No es responsable de evitar accidentes, ni de asegurar la salud de las personas, sus buenos hábitos, la elección de su ocio o de su comida. Es cada cual el que debería ser responsable de lo que hace o deja de hacer.

El problema de las enfermedades "familiares" o sociales es más claro. El consumo de drogas genera un enorme dolor a quien tiene un adicto en su familia, sea un borracho, sea un yonki. La diferencia con el tabaco es que no es causa única y directa de ninguna enfermedad. Puede ser o es una de las causas del cáncer de laringe, por ejemplo, pero la relación no es tan directa y evidente como en el caso de la heroína.

¿Afecta ello a que sea más susceptible de ser legislado el consumo de una o de otra? No, en mi opinión. La razón es que se trata de que el Estado no debe legislar qué hace cada cual con su cuerpo. Y que el dolor que un enfermo causa a la familia tampoco justifica la prohibición. Aunque se suelen dar argumentos utilitaristas, yo creo que incluso si la prohibición por el Estado funcionara debería dejarse en manos del individuo esta responsabilidad.

Ser drogadicto es una elección, ser anoréxica es una elección, ser enfermo es una elección… al menos en parte. Uno sabe que la droga es droga, cualquiera sabe que una raya de coca no es como tomarse un café, de hecho quien empieza a consumir lo hace precisamente por eso. Igual que todos sabemos que quien sale a la intemperie desabrigado se resfría o que si caminas descalzo te saldrán hongos. Hay un tránsito hasta que te conviertes en adicto sin solución. Y en esos momentos, el consumidor elige no poner remedio, la anoréxica elige seguir perdiendo a pesar de que quienes te quieren te dicen que estás en los huesos. Eres débil, por las razones ambientales, psicológicas que sean, pero débil. Por más que escueza.

Y ese es el punto que me gusta del artículo de De Coster. Pone encima de la mesa cómo los mensajes que quitan peso a la decisión individual fomentan la irresponsabilidad, generan personas cobardes ante sus problemas. No se trata de prohibir, sino de que la persona se eduque con fuerza de voluntad, y eso no atañe al Estado, sino a cada cual.

Sé de una anoréxica que preguntó llorando y desesperada a su terapeuta: "¿Qué tengo que hacer para que acabe este infierno?" La respuesta fue clara: "Come. Llorando, enrabietada, odiándote… pero, si quieres curarte, come."

Democracia populista en España

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Yo también estoy preocupado por el cariz populista que está tomando la política en España. El elevado número de manifestaciones que se ha producido en las últimas dos legislaturas ha propiciado una política que se centra en sacar a la calle el mayor número de personas posible y asegurar después que el pueblo español pide un cambio.

No es extraño comprobar que tras ellas, el número de asistentes se convierte en el centro del debate y así, resulta paradójico ver que en la última que concentró a católicos y no católicos en defensa de la familia, los números bailaban entre algo más de 100.000 asistentes y los dos millones. No menos inquietante es la virulencia dialéctica con la que se responde a ciertas ideas, y no porque no defienda la libertad de expresión, sino porque esta brusquedad proviene del partido que detenta el poder y que, con la fuerza de su parte, puede acallar cualquier disidencia, cualquier divergencia a su política. Y es que el socialismo siempre ha diluido al individuo en la sociedad, la sociedad en el Estado y el Estado en el Partido para justificar sus acciones y políticas.

La reacción de buena parte de la cúpula del PSOE al Encuentro de las Familias ha sido desproporcionada, sobre todo si lo comparamos con la que mantiene ante otras manifestaciones mucho más radicales como la de los nacionalismos o la del entorno del terrorismo. Mientras el presidente del PSOE y del Gobierno autonómico andaluz Manuel Chávez llamaba retrógrados a los obispos y cardenales por su modelo de familia cristiana, José Blanco, secretario de Organización, se atrevía a mandar a los obispos a releer la Biblia y a aconsejarlos que pidieran directamente el voto para el PP o de lo contrario: "presentarse a las elecciones o mantenerse al margen de la política".

Todo lo dicho anteriormente encaja perfectamente en una política socialista que es común en mayor o menor medida a todos los partidos, de derechas, de izquierdas y de centro, la de despojar a la sociedad de su capacidad de influir en la alta política y absorber cada vez más competencias y decisiones que deberían recaer en la responsabilidad de cada uno. De esta manera, la Iglesia no debe meterse en política aunque el Estado ataque cada vez más su sistema moral, pero tampoco lo podrán hacer otras organizaciones, sin importar su orientación moral o ideológica, si los perjudicados son aquellos que están en la poltrona o potencialmente puedan estarlo. La democracia se termina convirtiendo en una algo exclusivo de los partidos, como indicaba Blanco a los responsables eclesiásticos, y si alguien quiere dejar claro que no está de acuerdo con una ley o norma, deberá crear un partido, algo no precisamente fácil, y meterse a político y ganar las elecciones o, lo más habitual, votar y callar.

En estas circunstancias es lógico, y peligroso, que la manifestación se convierta en el único sistema relativamente efectivo para cambiar algo en España, pero eso no está al alcance de muchos y sólo con la colaboración de los medios de comunicación de masas se puede organizar algo realmente importante, de ahí que los medios especialmente hostiles con las ideas del Gobierno de turno deban ser acallados o, como ya ocurrió en su momento con Antena 3 Radio, eliminados.

Si la forma ya es preocupante, mucho más lo es el fondo. Lo que últimamente se discute no son las formas de cómo se debe articular una ley que permita una mejor educación pública o una sanidad más eficiente o un sistema territorial más eficaz, facetas ya de por sí bastante intervencionistas, sino qué es lo que se debe enseñar –por ejemplo la asignatura de Ecuación para la Ciudadanía–, o cuál debe ser nuestra posición a cuestiones morales como el aborto y la eutanasia o qué idioma debemos emplear en alguna de nuestras actividades diarias, hasta el punto de que si no compartimos lo que se enuncia en la norma estaremos cayendo no sólo en la ilegalidad, sino en el mismo infierno a los que se van los que osan contradecir el espíritu "democrático".

Tal es el cariz de los acontecimientos que deberíamos preguntarnos qué ganamos votando a cualquiera de los partidos o incluso qué ganamos simplemente votando. ¿Acaso seremos más libres si apostamos por uno o por otro? ¿De verdad tenemos capacidad de cambiar las cosas con nuestro voto si todos los partidos parten de planteamientos parecidos? Es verdad que podemos apostar por el voto útil, es decir el de apostar por aquel que al menos nos deje como estamos, pero eso es una quimera. Los programas se han hecho para incumplirlos, y una vez apoltronados no cuesta mucho romper la palabra dada si peligra el poder del legislador. La gente tiene poca memoria política y demasiada fe en sus equipos de fútbol. Perdón, quise decir en sus partidos políticos. No quisiera ser demasiado pesimista, pero España necesita una revolución, la que elimine el peso de la política en todos los aspectos de la vida de los españoles, la que la desregule, la que le dé más libertad y esa aún no ha llegado después de 30 años de Constitución.

Comentarios contra la proporcionalidad en la defensa

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los grandes temas en los que ha avanzado el liberalismo en el siglo XX ha sido en el campo de la ética política. Murray Rothbard dio una vuelta a todo lo que estaba establecido hasta el momento. La nueva revolución teórica trajo casos como la teoría del castigo y restitución que el autor traslada, en parte, a la defensa. Tanto en el caso del castigo como en el de la defensa, la teoría libertaria más aceptada hoy día es la proporcionalidad. Este es un esbozo de un ensayo mucho más detallado que publicaré sobre este tema donde veremos las contradicciones de la proporcionalidad en la defensa tal y como propuso Juan Morillo en su artículo Sobre la proporcionalidad en la defensa. Aquí sólo nos encargamos de la defensa, no pretendemos abarcar otro tema como el de la pena (castigo y restitución/retribución). Queda claro, pues, que no nos importa en absoluto ahora la pena, sino sólo esbozar rápidamente una teoría sobre la defensa sin paliativos.

Las críticas básicas a la proporcionalidad en la defensa son: a) la subjetividad del valor; b) la inamovilidad de los derechos del hombre que actúa (vida, libertad y propiedad privada); c) el trato de la información asimétrica ante la incertidumbre de la agresión/defensa; d) los derechos del agresor y e) la visión utilitarista con el que algunos teóricos libertarios han tratado la defensa personal.

El primer caso, el de la subjetividad, está excelentemente explicado por Juan Morillo en su artículo y por razones de espacio no lo repetiremos. El segundo punto, la inamovilidad de los derechos del hombre, significa que no hay ninguna jerarquía entre lo que algunos autores, tomado de los clásicos, han llamado derechos inalienables (Randy Barnett, George Smith, etc.), esto es: vida, libertad y propiedad privada. No vamos a entrar en si realmente son inalienables o no, sino que todos gozan de igual importancia y cualquier intento por establecer una jerarquía sólo nace de los juicios de valor de cada uno (ver Teoría e Historia de Ludwig von Mises, página 71 en adelante). Algunos han intentado demostrar que la vida es más importante que el resto de derechos esgrimiendo que, sin ésta, no podrían seguir el resto. Independientemente que el argumento se basa en una concepción no praxeológica, sigue siendo un non sequitur (falacia lógica). Suponiendo que la vida sea el primer derecho, no sigue de aquí que tenga ser el más importante. Si así fuese, la Iglesia no tendría mártires, los hombres bomba de Oriente Medio serían una invención o excusa de los medios de comunicación y Gobierno americano para masacrar países o los soldados no irían a la guerra. Dar prioridad a un derecho respecto al otro, es arbitrario y contingente como vemos. De otra forma, también ha apuntado lo mismo Juan Morillo.

Algunos teóricos no han considerado esta igualdad de derechos cayendo en errores. El primero fue Rothbard cuando en su capítulo dedicado a la defensa personal, en su libro La Ética de la Libertad, muestra el ejemplo de un comerciante que mata a un niño gamberro por robarle un chicle. Sorprendentemente, el autor confunde castigo con defensa y así lo relata: "¿debemos seguir hasta sus últimas consecuencias a los libertarios que afirman que a un tendero le asiste el derecho a matar a un muchacho en castigo por haberse apoderado de un chicle?" (cursivas mías). No es una cuestión que la vida sea más importante que la propiedad (lo que es un mero juicio de valor), es que el castigo está fuera de la órbita de la defensa. La defensa sólo pretende, desde el punto de vista legal libertario, evitar un daño a la vida, libertad o propiedad de una persona. En este caso el agresor a la propiedad ha vulnerado un derecho de una persona, pero de ahí no deriva que el tendero o comerciante lo castigue matándolo.

Cualquier hombre ha de tener la libertad de defender sus derechos básicos sin paliativos o a recuperarlos si le son arrebatados y así lo considera prudente con los medios que mejor le convengan o disponga. Si alguien nos roba, tenemos derecho, inmediatamente, a evitar y/o recuperar nuestra propiedad sin necesidad que una "autoridad" nos lo solucione a posteriori, ya que no tenemos tal garantía. Así que si un ladrón nos roba y huye, tenemos el derecho natural de recuperar nuestra propiedad usando los medios de los que dispongamos ya que el criminal, actuando contra nosotros, pierde absolutamente todos sus privilegios como ser humano igual que podemos defendernos sin límite contra una bestia salvaje si nos ataca.

En realidad ya hay países donde la proporcionalidad en la defensa ha sido eliminada o marginada en una tendencia muy reciente y que parece global. Concretamente, nos referimos al Reino Unido, algunos estados de los Estados Unidos (Colorado, Florida, Luisiana, etc.), Bélgica, Italia y Nueva Zelanda, que lo tiene en revisión. Las nuevas leyes de estos países tienen en común que dan libertad a la víctima a defenderse libremente en sus domicilios. Incluso más, algunos han expandido la defensa sin límite al vehículo privado, es el caso famoso de Luisiana con la ley de 2006 Shoot the Carjacker. Desgraciadamente no tenemos espacio para detallar las características de cada país, pero sólo apuntaré que sorprende que en el Reino Unido la ley especifique que la víctima "puede usar cualquier medio para defender su hogar de un intruso". Recuerda poderosamente la concepción de defensa personal de John Locke en Segundo Tratado Sobre el Gobierno Civil y su "Estado de Guerra" (Cap. 3; pág. 19; párrafo 18). De hecho, toda la oposición a la proporcionalidad en la defensa nace de Locke (salvando algunos defectos, que ahora tampoco podemos apuntar). Como vemos, la ley inglesa no da margen a la proporcionalidad en la defensa.

Como suele ocurrir en estos casos, en todos los países hubo activistas a favor y en contra de las nuevas leyes. En Reino Unido los diarios, por ejemplo, fueron activos defensores en algunos casos y en Estados Unidos, organizaciones como la Fundación Brady alarmó diciendo que tales leyes sólo causarían más asesinatos, muchos de ellos injustos como el caso del comerciante que se divierte matando niños. Nada de eso ha ocurrido hasta ahora, lo que ha provocado la simpatía aún mayor del ciudadano por la defensa sin paliativos.

De forma muy breve trataremos de responder al resto de puntos: imposibilidad de optimizar la información asimétrica ni comprender la incertidumbre, los derechos del agresor y la visión utilitarista (puntos C, D y E respectivamente antes apuntados).

No se puede optimizar la información ni establecer una jerarquía de valores en la incertidumbre ante situaciones que, además, impiden pensar con claridad. Si alguien entra en nuestra casa no sabemos cuán fuerte es, si es un ex–soldado albano-kosovar con experiencia, si va fuertemente armado o no, etc. Muchos soldados han muerto en países extranjeros por considerar inofensivos a niños que ocultaban un arma. También han muerto policías ante delincuentes que no parecían peligrosos, e indefensos hombres bomba se han hecho estallar en un autobús. Dar igualdad de derechos, o diferencias de grado tanto a víctima como agresor es una sinrazón derivada de la visión del arquitecto social, de la élite. Nadie, ni teórico, ni legislador ni gobernante nos puede imponer cómo defendernos y menos aún exigir que controlemos una situación que por su propia naturaleza es incontrolable. Las agresiones físicas, excluyendo la violación, suelen durar pocos segundos, y en estos segundos la vida, libertad o propiedad de un inocente puede estar en peligro. Quien agrede los derechos de un inocente, pierde todos los derechos. La pena puede ser proporcional, pero la defensa no (siempre y cuando no se transforme en castigo o venganza, lo que entraría en otro terreno).

La proporcionalidad en la defensa es una copia o extrapolación poco cuidada de la proporcionalidad en la pena que pierde su validez en el caso de la defensa por sus características especiales. Una élite no nos puede decir, como apunta Paco Capella, que "el agresor muerto ya no puede trabajar para compensar a la víctima [si nos defendemos del ataque de forma ilegítima]". La justicia es un medio para llegar a un fin, no un fin en sí mismo. La única razón de su existencia es que sirva para defender los derechos del hombre libre y honrado, no que le fiscalice y menos aún que le exija, por imperativo legal, cosas que no puede cumplir, como actuar de "forma sensata". La insensatez es la agresión, no la defensa. Los insensatos son minoría en una sociedad (libertaria) que sólo evalúa la responsabilidad individual. La justicia, desde un punto de vista libertario, tampoco puede ser positivista ni utilitarista. El agresor no ha de pagar o compensar a la sociedad o a la víctima como primera exigencia legal si sus derechos peligran antes. Nadie está autorizado a someter al hombre libre (ni juez, ni políticos, ni ninguna élite) con la excusa de hacer una sociedad armónica, que en realidad es inasumible. El socialismo nos ha dado una muestra evidente de lo que ocurre cuando alguien así lo intenta. Si perdemos nuestros derechos en pro del "sistema", la sociedad, justicia del diseñador social, bien común o como queramos llamarlo, perderemos nuestra autonomía, individualismo y seguridad.

Defensa y proporcionalidad

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

No tiene nada de ilógico hablar de proporcionalidad en la defensa: es un concepto perfectamente consistente, no contradictorio y con mucho sentido. El derecho a defenderse de una agresión criminal tiene límites y no queda determinado solamente por lo que la víctima considere oportuno según su inmediata valoración de la situación. Legitimar la defensa proporcionada significa modular de forma inteligente el uso de la fuerza y no implica justificar el crimen ni facilitarle las cosas al agresor. La proporcionalidad no deja a la víctima indefensa o en una posición de inferioridad frente al criminal. Proporcionalidad no es lo mismo que igualdad: el agresor sabe que la víctima tiene derecho a usar más fuerza que él con una constante de proporcionalidad adecuada (obviamente mayor que la unidad). Es perfectamente legítimo utilizar armas en defensa propia, siempre y cuando su uso se adecue a la situación de modo que no causen daños desproporcionados: no es lo mismo inmovilizar, aturdir, herir o matar. No es necesario esperar a que la amenaza inminente, clara y letal se lleve a cabo, ya que entonces no sería defensa y sería demasiado tarde. Si existe una amenaza física clara de muerte, aunque aún no haya habido ningún daño, es perfectamente legítima la defensa a muerte.

El principio de la proporcionalidad es consustancial a la justicia (y a la defensa justa o legítima) e imprescindible para que ésta no sea arbitraria. El criterio de proporcionalidad en la defensa recuerda que de lo que se trata es de repeler la agresión, y nada más, según su potencialidad y gravedad. No es necesario ni adecuado el mismo uso de la fuerza para un hurto menor que para un riesgo vital; no es lo mismo que te ataque alguien muy débil o alguien muy fuerte; no es lo mismo que el agresor se rinda (o huya) en seguida o que el agresor incremente su amenaza y muestre que no va a ceder.

Afirmar que un criminal pierde sus derechos al cometer un delito es muy impreciso: es necesario aclarar qué derechos pierde y en qué medida; no parece muy sensato pretender que se pierden absolutamente todos los derechos (incluso a la vida) por delitos menores (pequeños hurtos). Una teoría ética que simplemente insista en que la propiedad es inviolable en cualquier circunstancia es incompleta: es necesario especificar con la máxima precisión posible (quizás sea poca) qué es legítimo hacer cuando la propiedad está siendo o ha sido agredida, y no vale simplemente afirmar que cualquier cosa.

La proporcionalidad en la defensa no se basa en ninguna ordenación jerárquica de las posesiones de una persona en función de su valor (las valoraciones son subjetivas y dinámicas); lo que implica es una cierta relación de simetría entre las acciones agresoras y las defensivas de modo que se evite la arbitrariedad. No es que unas cosas sean objetivamente más importantes que otras (aunque en general sí lo son, la integridad física o incluso la propia vida no son siempre más valiosos que los objetos impersonales o que otros posibles valores), sino que tienen diferente naturaleza. No se trata de que la persona no pueda decidir qué valora más o menos y que el criminal o los demás lo hagan por él. Mi derecho de propiedad sobre mis posesiones no implica que mis cosas no puedan ser valoradas por los demás, sino que sus valoraciones, sean cuales sean, no les dan derecho a apropiarse de ellas. Lo que importa no son la valoraciones de los demás sino sus acciones y sus consecuencias; no se puede exigir a nadie que no valore algo o que lo valore de determinada manera. Una persona no es más virtuosa por matar a un ladrón si resulta que valora más sus posesiones que la vida del delincuente: es absurdo pretender que mi acción es legítima si mato a un ladrón porque me importa poco su vida.

Una parte esencial de la inteligencia argumentativa consiste en distinguir diferencias relevantes. Los criminales que no respetan el derecho de propiedad ajeno pueden cometer diversos tipos de agresiones, con violencia física o sin ella. Algunos ladrones evitan a los dueños y huyen si son descubiertos; otros agreden directamente a sus víctimas para que les entreguen su riqueza (o para otros crímenes como secuestros o violaciones). No es lo mismo un hurto (se pierden objetos materiales, en general sustituibles) que un ataque físico contra la persona (se pierde la integridad física, quizás no reparable, o incluso la vida, totalmente irreversible). Los criminales son responsables de las situaciones que crean, pero éstas son muy variadas y no parece adecuado responder que todo vale contra cualquier delito. No es ni malicioso, ni simplista, ni irreal investigar las diferencias y cómo tratarlas. Lo que no es muy inteligente es no diferenciarlas y tratarlas a todas igual.

Una víctima se defiende para poner fin a una agresión que se desarrolla en el tiempo y puede cambiar: si el agresor abandona su intento, la defensa ya no tiene sentido; si el agresor agrava su amenaza, se responde con más fuerza. La víctima decide qué nivel de defensa usar siempre que este no sea excesivo: puede renunciar a defenderse (no es una obligación), hacerlo al máximo permitido por su derecho legítimo, pero no puede exceder ese límite porque al hacerlo se convierte en agresor. Es totalmente inadecuado pretender que la víctima puede legítimamente defenderse como le plazca, independientemente de la naturaleza de la agresión, porque luego en la práctica el que se defiende usará su sentido común y no se excederá sino que actuará según sus valoraciones subjetivas. Esto equivale a pretender que las normas objetivas son innecesarias porque la gente sabe cómo comportarse: si un derecho se concede, se ejercerá más que si no se permite (las normas desincentivan las acciones que prohíben). Es peligroso otorgar derechos a usar la fuerza de forma desproporcionada pretendiendo que serán bien empleados, y además la ética intenta minimizar (no maximizar) el uso legítimo de la violencia.

Según sea la agresión el derecho a la defensa en distinto. Las alternativas a este principio son que no existe el derecho a la defensa, que es completamente arbitrario o aleatorio o que es siempre el mismo e independiente de la naturaleza de la agresión, lo que en ocasiones será insuficiente y otras veces excesivo. Si el derecho a la defensa no dependiera de la intensidad de la agresión, se incentivaría al agresor para emplear el máximo posible de fuerza, ya que ello no altera la legalidad de la conducta del defensor.

Es lógico que la legitimidad de la reacción posterior de la víctima dependa de la acción previa del agresor: la defensa implica un ataque previo (o inminente). Como es el criminal el que agrede en cierto modo determina el derecho de defensa al decidir el tipo de agresión, pero esto no le beneficia en absoluto si la proporcionalidad se ajusta para que salga perdiendo. Si las normas son objetivas y universales ambos, agresor y víctima, saben a qué tienen derecho (otra cosa es que su conducta sea legal o no). El agresor comienza la interacción, parece que controla la situación ya que de él depende el nivel del derecho a la defensa de la víctima: pero esto no es ninguna ventaja para él, ya que cuanto más intensa sea su acción ilegítima más rango de actuación concede al defensor; además no sabe si la víctima decidirá excederse y responder de forma desproporcionada (no es lo mismo saber lo que es legítimo que suceda que saber lo que realmente va a suceder). Quejarse de que el agresor determina el derecho de la víctima a defenderse es como protestar porque si no me agreden me están quitando el derecho a defenderme. Una teoría ética que otorgue un derecho de defensa ilimitado a la víctima es muy cómoda intelectualmente para ésta ya que no tiene que pensar cómo adaptarse a la situación: pero es tan simple que resulta inservible.

La proporcionalidad en la defensa no es un consejo a la víctima respecto a cómo responder ante una agresión: es una norma limitadora y legitimadora del uso defensivo de la fuerza mediante la cual se le advierte de que su utilización excesiva lo transforma en agresor. La persona que no se defiende y permite que le roben corre el riesgo de adquirir una reputación de débil que incentive a futuros agresores potenciales. La persona que se defiende de forma desproporcionada puede disuadir a posibles agresores, pero también puede obtener fama de bruto, injusto y poco razonable, de modo que algunos evitarán relaciones productivas con él. Una opción inteligente es disuadir mediante la exhibición de la capacidad defensiva y de la disposición a utilizarla (de forma legítima) para así no tener que usarla.

La defensa ante una agresión tiene el serio problema de intentar averiguar los resultados previsibles de la acción del agresor. Para ello es necesario estimar su capacidad de acción, y sus intenciones si se trata de una acción premeditada, deliberada (no un daño posible por negligencia). En muchas ocasiones esto puede resultar muy difícil. También puede ser muy complicado modular de forma gradual la fuerza disponible por la víctima.

La percepción subjetiva de la amenaza no es suficiente (debe haber algún hecho objetivo) para justificar cualquier defensa, ya que una víctima podría excederse fácilmente y luego simplemente alegar que percibió riesgo extremo para su vida; se premiaría a los hipersensibles que logren demostrar que sufren mucho con cualquier daño por pequeño que parezca para casi todo el mundo.

Una defensa proporcional legítima no requiere que la víctima tenga información plena y perfecta de la situación: simplemente que actúe de forma sensata (no arbitraria, no histérica, no exagerada) según una percepción razonable de la misma en la medida en que esta es posible dadas las circunstancias particulares de cada caso. El conocimiento es imperfecto y limitado pero los hechos objetivos existen y pueden al menos intentar estimarse, la incertidumbre no tiene por qué ser total. Es importante considerar las dificultades de cognición y autocontrol emocional (miedo, pánico) que se producen durante una agresión violenta (especialmente si es rápida y por sorpresa), pero no saberlo todo no es lo mismo que no saber nada.

Muchas legislaciones estatistas son liberticidas en el sentido de estar sesgadas contra la víctima, pero la solución no es corregir ese error con el error contrario. En un sociedad libre, los criminales se pensarían mucho el actuar sobre la propiedad de los demás, pero no porque deban temer por su vida, sino porque el sistema policial y judicial va a descubrirlos, capturarlos y obligarlos a compensar a la víctima, por lo cual el crimen no les merecerá la pena. Un sistema de justicia eficiente puede llegar a compensar ser robado: el ladrón es capturado y se le obliga a compensar satisfactoriamente a la víctima para que ésta no salga perdiendo; no es tan importante defenderse de un hurto. Los daños causados por una defensa ilegítima pueden ser mucho mayores que los costes que supondría la captura y condena del criminal: el agresor muerto ya no puede trabajar para compensar a la víctima.

Apoyo internacional a Colombia

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Por su claridad, por su serenidad y por su contundencia frente al dictador Hugo Chávez, el discurso pronunciado por el presidente Álvaro Uribe Vélez desde la localidad de Calamar (Colombia) debe ser apoyado internacionalmente por las principales instituciones de la Unión Europea, de Canadá, de México y de los Estados Unidos de América y por todas aquellas naciones democráticas que defienden los derechos civiles frente al aplastamiento revolucionario de la libertad de los ciudadanos.

El apoyo internacional debería ser decidido y planteado seriamente para afianzar las democracias del Centro y del Sur de América mediante el fomento de su desarrollo socio económico por medio del libre comercio y de la firme colaboración entre las principales democracias del mundo.

Deben ser ayudados especialmente los países que, como Colombia, responden con democracia y con políticas de protección y defensa de los derechos y libertades de sus ciudadanos frente a una situación difícil de narcoterrorismo en sus selvas que sólo puede ser erradicada mediante una política lenta pero efectiva basada en los tres pilares del Gobierno Uribe, es decir, coincidentes con los tres deberes mínimos del Estado enunciados por Adam Smith en su famoso libro La Riqueza de las Naciones:

  1. Seguridad a los ciudadanos por medio de la acción decidida de la Policía y del Ejército protegiendo las poblaciones y sus principales infraestructuras.
  2. Administración de Justicia con la acción decidida de la Fiscalía, de la Procuraduría y de los Jueces.
  3. Realización de Infraestructuras que posibiliten y extiendan el desarrollo socio económico a todas las ciudades y departamentos.

El enfrentamiento entre el presidente Álvaro Uribe y el dictador Hugo Chávez es preferible que se produzca ahora y no dentro de varios años, cuando la financiación de acólitos socialistas pudiese haber incendiado aún más la región andina con nuevos países controlados por la revolución socialista bolivariana.

Sin embargo, el endurecimiento de las relaciones puede desembocar en un cierto desajuste económico en Colombia, ya que las importaciones desde Venezuela durante el año 2006 fueron de sólo 984 millones de dólares pero sus exportaciones fueron de 2.760 millones, convirtiéndose este país en el destino del 80% del comercio exterior de Colombia basado en alimentos, materias plásticas, productos químicos y automóviles. Por eso es muy importante el apoyo rápido y decidido a Colombia, la democracia más fuerte y pujante de la región andina, para detener el expansionismo liberticida de Chávez.

Si Europa y Estados Unidos desean de verdad ayudar enérgicamente al sostenimiento de la democracia en Colombia, deberían compensar con libre comercio los 4000 millones de dólares previstos para el año 2007 en exportaciones de las empresas colombianas hacia la cada vez menos productiva Venezuela, mermada económicamente por la planificación socialista implantada por Hugo Chávez y sólo compensada parcialmente por el elevado precio actual del barril de crudo situado ya cerca de los 100 dólares por barril.

Es un peligro real para las libertades en Colombia el más que probable apoyo financiero y político de Hugo Chávez a muchos políticos populistas y radicales como la senadora colombiana Piedad Córdoba o los miembros del Partido Comunista Colombiano integrados en el Polo Democrático Alternativo (PDA), que pretenden tomar el poder en Colombia para realizar cambios constitucionales e implantar la revolución bolivariana al igual que en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua.

Mención aparte merecen los muy probables apoyos del presidente venezolano mediante entrega de armas, protección, adiestramiento, logística y financiación a grupos narcoterroristas como las FARC, que justifican sus extorsiones, secuestros y asesinatos masivos con la revolución comunista. Recientemente, la revista española Interviú ha desvelado los evidentes indicios de ayuda y colaboración del gobierno revolucionario de Venezuela con los cárteles del narcotráfico, mediante la cobertura de su marina de guerra a los cargamentos con droga de buques en aguas internacionales, al igual que ya hiciese anteriormente la revolución castrista para atacar las democracias occidentales.

En ese asunto, la irresponsabilidad del actual Gobierno de España, encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero, es manifiesta. No hay que olvidar la construcción de cuatro fragatas y cuatro corbetas de guerra que la empresa pública española Navantia está realizando para Venezuela para contribuir a la desestabilización del Mar Caribe y del Golfo de México, donde con seguridad también intenta extender su revolución el dictador Hugo Chávez. Paradójicamente, existía la posibilidad de firmar dicho contrato de suministro de buques militares con la democracia colombiana, pero el irresponsable Gobierno de izquierdas de España prefirió reforzar la revolución bolivariana por medio de la primacía naval de Venezuela en el Mar Caribe.

Aún más desestabilizadora para todo el mundo civilizado es el incremento de relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán, dados los deseos ya expresados públicamente por el gorila rojo de desarrollar su propio programa nuclear en línea con la política belicista del presidente iraní Mahmud Almadineyad con miles de separadoras centrífugas en funcionando para producir uranio altamente enriquecido, cuya aplicación directa es la fabricación de bombas y misiles nucleares de largo alcance y no la producción pacífica de electricidad.

La pretendida mediación de Hugo Chávez para lograr la liberación de algunos políticos secuestrados por las FARC, como la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, buscaba la autopromoción del dictador y la publicidad de su movimiento revolucionario en Colombia, para facilitar la toma de poder por grupos de izquierda afines a su causa en las siguientes elecciones generales a celebrar en marzo de 2010.

Por las anteriores amenazas, la democracia de Colombia merece el apoyo firme y decidido de la comunidad internacional y, muy especialmente, de la Unión Europea y de Estados Unidos. Si el apoyo político se realizase de manera inteligente, no debería bastar una mera declaración institucional políticamente correcta por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos o por parte del Comisario de Política Exterior (PESC) de la Unión Europea. Es más, ambos lados del Atlántico deberían impulsar una estrategia de apoyo conjunto a Colombia.

Es decir, si los políticos quisiesen pensar sin intereses electoralistas, lograrían definir una estrategia de largo alcance que afiance las democracias frente a la revolución comunista, como mínimo concretando su apoyo a Colombia en los siguientes aspectos esenciales:

  1. Declaración institucional de apoyo a la democracia de Colombia por su defensa decidida de las libertades individuales de los ciudadanos frente al narcoterrorismo y frente al expansionismo liberticida de los movimientos revolucionarios como el socialismo bolivariano.
  2. Aprobación urgente de un Tratado de Libre Comercio (TLC), justo y equilibrado, entre la Unión Europea y Colombia para lograr impulsar el desarrollo económico del país andino, a fin de lograr limitar las derivas revolucionarias financiadas y alentadas por Hugo Chávez, gracias al fruto de las exportaciones de petróleo.
  3. Más urgente todavía sería la aprobación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los Estados Unidos y Colombia favorable para ambas partes, dada la importancia para la potencia norteamericana de lograr aliados duraderos entre las principales democracias de Sudamérica para frenar el expansionismo revolucionario de Venezuela.

Cualquier excusa y cualquier dilación en la consecución y firma de un TLC por parte de la UE y de EEUU no ayudarán más que a Chávez y mermarán las posibilidades de consolidación democrática en Colombia.

Los anteriores apoyos deberían ser reforzados con intensa colaboración económica, social, cultural, policial y militar y con medidas expresas de apoyo económico como las áreas de exención fiscal, los microcréditos y los créditos internacionales. El área de exención fiscal de los departamentos del Cauca y de Huila debería ser prorrogada, mejorada y extendida al mayor número de regiones posibles, ya que ha permitido la instalación de grandes empresas internacionales y ha creado tejido industrial y miles de puestos de trabajo y, por tanto, desarrollo socio económico en muchas poblaciones.

Por otro lado, los microcréditos permitirían ayudar a emprender negocios a las miles de personas desplazadas del campo a la ciudad por el narco-terrorismo presente en las zonas rurales más alejadas. Y esos microcréditos también permitirían el desarrollo de la población rural en las poblaciones cercanas a las principales infraestructuras viales aseguradas por el ejército colombiano.

Finalmente, los créditos internacionales contribuirían a acelerar la construcción de infraestructuras por medio de asociaciones público privadas que permitirían la realización, la explotación y la financiación de infraestructuras (carreteras, puentes, túneles, centrales eléctricas, hospitales, escuelas) por compañías privadas internacionales con pago del servicio prestado por medio de peajes durante 30 o 40 años y con retorno final de la propiedad a los ciudadanos colombianos.

Actualmente, la política colombiana está logrando la seguridad en el transporte urbano por medio de la Policía Nacional que protege con eficiencia medios de transporte como el autobús Transmilenio en Bogotá, el Megabus en Pereira y el Metro suburbano en Medellín. También la presencia del Ejército colombiano y de la Policía de Carreteras está dotando de seguridad el transporte interregional con vías construidas, explotadas y mantenidas en buen estado mediante peajes privados impulsados desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

En definitiva, Colombia está logrando extender eficientemente el desarrollo socioeconómico a las regiones más pobladas del país, lo que permite afianzar la democracia y permite parar el hambre y la pobreza que generarían la planificación comunista que pretenden implantar las FARC, los grupos radicales de izquierda y el actual Gobierno revolucionario de Venezuela.

Ya se han extendido la revolución y los cambios constitucionales liberticidas hacia Bolivia, Ecuador y Nicaragua, logrando con petrodólares venezolanos y discursos populistas lo que la extinta Unión Soviética y el sátrapa Fidel Castro estuvieron impulsando y ansiando durante décadas.  Y, como ya ocurriera con el nacional socialismo de la Alemania gobernada por Adolfo Hitler, no sirven las actitudes tibias cuando hay que frenar las políticas liberticidas y el expansionismo de un régimen totalitario.

Por ello, con visión de futuro, los políticos de la Unión Europea y de Estados Unidos deberían dar pasos decididos para impulsar el desarrollo económico de las democracias de América, y muy especialmente de Colombia, mediante Tratados de Libre Comercio, que eliminen las políticas proteccionistas y permitan el flujo de bienes y servicios sin aranceles ni trabas legislativas. Sólo la firmeza política y la intensa colaboración comercial entre las naciones democráticas podrán parar la expansión de la revolución socialista en América Central y en Sudamérica.

Para apoyar decididamente un Tratado de Libre Comercio de EE.UU con Colombia, los políticos y los burócratas de Washington deberían viajar en coche, por ejemplo, por el valle del río Cauca desde la populosa Cali, con su enorme desarrollo económico y sus más de tres millones y medio de trabajadores, hasta la ciudad de Popayán para comprobar cómo la retirada forzosa de los narcoterroristas hacia territorios poco habitados y las nuevas infraestructuras aseguradas por el ejército impulsan el enorme desarrollo que está logrando Colombia. Una realidad derivada del espíritu emprendedor de sus ciudadanos, estimulada por la presencia activa de la policía en las ciudades y por la seguridad proporcionada por el ejército en sus principales vías de comunicación, todo ello consecuencia de la lucha decidida del gobierno de Uribe contra la delincuencia.

Con total seguridad los funcionarios de Bruselas dejarían de inventar excusas políticas y apoyarían el Libre Comercio de la UE con Colombia si viajaran y observaran de primera mano la seguridad jurídica y la gran vitalidad económica, social y cultural en las principales poblaciones donde viven una mayoría de 47 millones de colombianos.

Si no se produce el apoyo internacional durante los próximos años, la actual prosperidad socioeconómica de Colombia, con un incremento anual del Producto Interior Bruto (PIB) por encima del 4’5%, seguirá resistiendo en solitario la amenazada de la revolución socialista bolivariana impulsada por Hugo Chávez.

Debemos reclamar sensatez y seriedad de los políticos occidentales, para apuntalar con libre comercio la pujanza en la región andina de las democracias de Perú y Colombia y, así evitar mayores problemas futuros que podrían llegar a derivar en guerra e inestabilidad mundial ante el ansia expansionista del nuevo comunismo impulsado por el régimen venezolano.

Esperemos que la UE y EE.UU. no vuelvan a lavarse las manos ante los problemas de ciertas regiones del mundo, ya que la acción diplomática rápida e inteligente debe ser continuada con políticas de largo alcance de nuestros gobiernos democráticos, para evitar hipócritas lamentaciones futuras por lo que suceda en el continente americano en los próximos años.

Un año de participación política

Escrito por Antonio Golmar en . Publicado en Análisis diario.

Me cabe el honor de redactar el último comentario del año, así que espero me perdonen si comienzo haciendo balance de lo que ha sido para mí un año de gran participación política. Quién me iba a decir a mí en marzo de 2004 que terminaría convirtiéndome en un aficionado a eso que los compañeros de profesión llaman "participación no convencional".

Aparte del sufragio y de las firmas de manifiestos, peticiones y cartas a políticos de diversos partidos, la panoplia de modalidades políticas en las que este año he participado incluyen manifestaciones, concentraciones e incluso algún viaje, algo de lo que mis amigos más viejos todavía se maravillan y algunos miembros de mi familia lamentan profundamente.

Si hace unos años me hubieran hecho la típica encuesta de participación política, el resultado me habría colocado dentro de la categoría que los expertos denominan "apatía" o "ciudadanía pasiva". Ahora soy un auténtico ciudadano, metido en causas diversas y en algún que otro berenjenal del que gracias a Dios he salido airoso. Todo eso viene a colación de dos hechos verificados por la Ciencia Política empírica y que hasta hace poco tiempo me costaba creer, aunque la participación y observación directas de los últimos meses me han hecho cambiar de opinión.

Primero, que el aumento en los niveles agregados de participación política no significa que haya más personas haciendo más cosas, sino que, más allá de un pequeño aumento en el número de ciudadanos que decide participar, son las mismas personas las que incrementan la cantidad de sus actos políticos. Es decir, que la democracia participativa es una quimera, y que la apelación sistemática a ella puede derivar en demagogia, populismo y fraude, pues sigue siendo una minoría la que decide por los demás. El peligro para el Estado liberal y de Derecho, que por muy poco liberal que sea consagra unas libertades individuales que ninguna mayoría puede abolir, es que se convierta en el poder del que grita más alto.

Por suerte para todos, las protestas organizadas contra algunas medidas del actual Gobierno se han llevado a cabo de forma pacífica. Sin embargo, no puedo dejar de preocuparme por la "ecuatorianización" de la política española, es decir, el recurso sistemático a la manifestación en la calle como forma de expresión de la oposición al Gobierno. Que unos –por ejemplo la AVT y el Foro de Ermua– lo hagan para pedir libertad y que otros –independentistas catalanes y vascos– lo hagan para reclamar justo lo contrario no es óbice para señalar que el traslado de la política a la rúa indica que algo falla en nuestro sistema de deliberación y de separación de poderes.

Esto me lleva al segundo fenómeno, sobre el que ya llamara la atención Huntington hace la friolera de treinta años. La politización de la sociedad no es necesariamente un síntoma de consolidación democrática, sino que a menudo indica justo lo contrario, un estado de regresión o involución democrática.

Que el cinismo y la impotencia son características típicas de la cultura política española es algo en lo que coinciden la práctica totalidad de los sociólogos de nuestro país. Sin embargo, cuando este parroquialismo, muy diferente del civismo que ha caracterizado otras sociedades (confianza en el sistema, sensación de eficacia política personal, respeto por los valores de la democracia liberal…) se combina con la superpolitización y el recurso a la participación política no convencional, la sociedad se hace más receptiva a los mensajes de los salvapatrias, y por ende más vulnerable a renunciar a las libertades individuales en aras de la tutela aparentemente benevolente del Estado.

Como en el caso de las pensiones privadas, que proporcionarían más ingresos a los jubilados a cambio de menos años de trabajo, también la reducción del poder del Estado en ciertas áreas, o al menos la descentralización efectiva –no me refiero a la creación de 17 mini estados hiper intervencionistas, sino al aumento de la capacidad de elección de los ciudadanos, que pasa por la reducción de la burocracia estatal, la disminución de los impuestos y la reforma del sistema electoral– podría conllevar a la larga una disminución de la politización, pues el ciudadano podría hacer con su dinero y su iniciativa empresarial lo que no consigue con su voto. No hablo de menos democracia a cambio de más libertad, sino de más democracia y muchísima más libertad. Un juego en el que todos saldríamos ganando.

Informe PISA: desánimo, tristeza

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

Los datos en 2006 del informe PISA son muy desalentadores: el nivel educativo de España cae de nuevo por debajo de la media de miembros de la OCDE, aproximándose al perfil de naciones ajenas al progreso de Occidente. Este informe relega a España a un mínimo puesto 31 entre los 57 países participantes del mismo. PISA 2006 (Programme for International Student Assesment) valora cada tres años a más de 400.000 jóvenes de 15 años de edad, entre ellos 20.000 españoles que suspenden en todo: matemática, lectura, escritura, ciencias. Algunas regiones salen malparadas de la prueba; la situación de Andalucía entristece profundamente, no demasiado lejos en comprensión lectora de Azerbaiyán. Sólo se muestran brillantes Rioja y Castilla-León, quizá en este último caso por la tradición generosa e ilustrada, al estilo machadiano, de sus maestros.

El descalabro es de tal magnitud, las perspectivas son tan adversas, que nadie quiere asumir responsabilidad alguna. Los encargados actuales de la educación señalan a la familia como primera culpable histórica de la debacle. Las asociaciones de padres acusan al sistema formativo en su conjunto. Los intervencionistas preconizan mayor gasto público como exclusivo remedio frente a la situación. El profesorado no se hace valer, ni está ni se le espera. La opinión generalizada prescinde sin más de este asunto.

El problema no es de hoy mismo; se revela unas cuantas décadas atrás. En los comienzos de la transición democrática, con alto grado de irresponsabilidad, los sucesivos gobiernos entregaron la educación a las comunidades racistas e independentistas, por lo que nunca ha sido posible implementar en España un programa común imprescindible para los estudiantes en su infancia y primera juventud, sin distingos, digamos siquiera próximo al estilo de la escuela francesa o similar. La situación es difícilmente reversible, hay demasiados intereses espurios en juego; no será factible alcanzar cierta unidad formativa esencial que permita, por ejemplo, a un recién joven titulado con escasos recursos afrontar con seguridad los múltiples retos que genera el devenir de la propia vida, incluyendo al mercado como uno de los escenarios inevitables de esa misma vida; se agudizarán las divergencias entre clases sociales.

La impostura define a la izquierda española en esta cuestión. En un principio, los progresistas adivinaron en el profesorado un inmejorable agente para la propagación de su estrategia política, de ahí su insistencia aparente en favor de la educación pública. Sin embargo fracasaron, quizá deseaban mayor incondicionalidad de los pedagogos hacia su causa, no estimaron la firme oposición de algunos sectores educativos. Al final prefirieron lo más cómodo, que consiste en olvidarse de la realidad y sus problemas, obviando cualquier clase de negociación digna de tal nombre. El socialismo continuó el pago innecesario al separatismo y siguió abundando en su desinterés por la educación de forma paradójica por medio de una estéril, tal como se ha comprobado, bulimia legislativa.

A su vez, la enseñanza no es materia de agrado para la derecha. Nunca lo ha sido, le aburre, siempre va del ronzal del confesionalismo. Los liberal-conservadores españoles no se sienten cómodos; cuando se encuentran en plazo, no saben qué hacer con la formación. Un esclarecimiento de este extraño modo de actuar puede ser el clásico complejo de inferioridad ante la presunta potencial cultural de la izquierda. Otro argumento sería el origen biográfico de sus dirigentes: altos funcionarios ajenos al mundo de la creación, el mercado y los negocios, que es donde años después, para la mayoría de la gente, se dilucida el fruto de una acertada o pésima educación. Conviene recordar que ellos comenzaron la cesión del sistema educativo al nacionalismo rampante. En cualquier caso, la incapacidad congénita de la derecha española –excepciones aparte– para intuir y aplicar los procesos de la comunicación humana parece un misterio insondable, un extraño fenómeno que no emerge en otros partidos de su entorno ideológico y geográfico.

En este momento los estragos de la mala calidad educacional pueden apreciarse incluso entre trabajadores relativamente jóvenes. No hay que insistir en los quinceañeros que fueron sujeto activo de la investigación PISA. En España existe una horquilla de población ocupada entre 25-35 años de edad en la que se observa los desperfectos de la dinámica comprehensiva de la LOGSE así como la decadencia de metodologías anteriores. Refiriéndonos en concreto a los programas estatales de formación continua, es perceptible la incuria de empleados que integran la plantilla de reputadas firmas multinacionales. La sintomatología es variada: no preguntan en absoluto, apenas razonan las causas de los acontecimientos, no tienen capacidad de abstracción, son incapaces de elaborar visiones globales, se distraen con pequeñeces, prestan desmesurada atención a la casuística, manifiestan frecuente hostilidad, son insolidarios entre sí, improvisan todo, odian la teoría y fingen en la práctica, no construyen nada de valor.

Esta variedad de formación profesional se asemeja a la educación secundaria en que asimismo incumple tres principios vitales en la docencia: libertad, autoridad y recompensa.

Primero, libertad o voluntariedad para ir o no a clase. En la formación continua está claro: no obligatoriedad como hasta ahora; quien lo desee, que acuda al aula y recibirá algún tipo de reconocimiento. En la educación secundaria: permitir una rápida incorporación laboral a quien considera el instituto una suerte de presidio o pérdida de tiempo. McClelland, psicólogo industrial, decía que el exceso de educación alimenta la aversión al riesgo. Los ejemplos de emprendedores de éxito con escasez de horas de escuela son innumerables.

Segundo, defensa motivada de la autoridad. El profesor ha perdido los papeles, se sobreexpone a una aglomeración de ojos que le vigilan: alumnos, padres, departamentos de personal. No hay magisterio, sino simple coordinación de recursos, es casi otro pupilo más. No puede tolerarse el desplome de recursos físicos y mentales por dicha presión. Si aparecieran injusticias, acúdase a instancia superior para su investigación.

Tercero, recompensa por lo aprendido. Quien tuvo fuerzas para continuar su aprendizaje, visto el panorama, debe exigir la valoración de su esfuerzo a través de una evaluación. La infantilización evidente en las aulas es motivada por la ausencia o futilidad de las valoraciones. Los errores de fondo en clase quedan impunes. Si persiste la tabla rasa para todos, no germinará la emulación y la excelencia desaparecerá.

Los elitistas de cualquier índole no deberían frotarse las manos, creyendo que ante tamaña agitación, sobrevivirán en su fulgor. Para que una sociedad funcione se necesita entretejer cada jornada la colaboración de millones de comportamientos, experiencias y capacidades más o menos variables. Si la élite quedase como exclusiva propietaria del discernimiento, igualmente sucumbiría, ya que la mayoría resultante de la red social en un instante determinado incumpliría sus órdenes, por la sencilla razón de que dejaría de entenderlas.