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Sobre la proporcionalidad en la defensa

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario. 3 comentarios en Sobre la proporcionalidad en la defensa

Resulta ilógico hablar de proporcionalidad en la defensa. Por tanto, uno tiene derecho a defenderse de una agresión criminal como considere oportuno tras su inmediata valoración de la situación.

Antes que nada, definamos los conceptos. Entiendo como defensa las acciones que lleva a cabo una persona, en el momento en que está siendo agredida por un criminal, con el objetivo de poner fin a la agresión. Y además doy por supuesto que en la defensa se pueden emplear armas, como sería de esperar en una sociedad libre. Por otra parte, entiendo como criminal a todo aquél que intenta robar o destruir alguna de las propiedades de una persona; en términos generales, a todo aquél que actúa sobre una propiedad sin el consentimiento de su propietario.

Los defensores de la tesis de la proporcionalidad afirman que la defensa debe ser proporcional a la agresión sufrida. Dicen, por ejemplo, que no siempre tengo legitimidad para defenderme con un arma. En función de lo que el criminal me quiera robar o hacer, me deberé defender de una manera u otra. Por ejemplo, mi defensa no debería ser la misma si me intentan robar el coche, si me intentan robar el ordenador o si intentan matarme. Estos tres casos se consideran diferentes.

Lo que se deduce de forma lógica del principio de proporcionalidad en la defensa es que se establece una ordenación de mis propiedades de forma jerárquica en función de su valor. Es decir, se entiende que tenemos unas propiedades que tienen más valor que otras, y esto determinará los medios que utilizo en mi defensa. Por ejemplo, un defensor de la proporcionalidad diría que si te están intentando robar el coche no puedes defenderte con un arma porque no sería proporcional. Suponen que sólo sería legítimo defenderse con un arma si se amenazara claramente tu vida, porque en este caso la defensa sería proporcional a la agresión.

Dado que la valoración que se hace de mis propiedades es fundamental, ya que va a determinar mi defensa, vemos que el error que comete la tesis de la proporcionalidad es que afirma indirectamente que:

  1. Un objeto concreto tiene el mismo valor para todas las personas. El valor de un bien es intersubjetivo.
  2. Unos objetos son más valiosos que otros. Esta jerarquía también es intersubjetiva.

Pero, sin embargo:

  1. El mismo objeto puede tener distinta valoración de una persona a otra. Un mendigo y yo no valoramos de la misma forma un plato de comida.
  2. Los objetos no tienen valor objetivo intrínseco, por lo tanto no se puede decir que unos sean más valiosos que otros.

Queda claro que la valoración es subjetiva y la debería establecer el dueño de las propiedades. Por tanto, no tiene sentido que nadie afirme que para mí tiene más importancia mi coche, mi ordenador o mi vida, porque eso lo determino yo.

Lo que habría que preguntarse es quién establece el valor de mis propiedades cuando me agreden, quién es el que valora mis propiedades en ese momento. La aberración principal implícita en el argumento de la proporcionalidad es que la valoración de mis propiedades no la realizo yo. Me es ajena. El acto subjetivo que establece la importancia que tienen mis distintas propiedades para mí lo realizan los demás.

Lo absurdo es que, cuando el criminal me agrede, mi defensa se debe amoldar a lo que me roba, y el valor de lo que me roba no lo establezco yo sino el criminal al actuar. El que determina cómo me debo defender es el propio criminal, porque en base a lo que él elige robarme yo debo defenderme. Incluso el criminal es consciente de lo que roba, y sabe que "tendrá derecho" a ser repelido de una determinada manera. Por tanto, lo que importa es su valoración y no la mía. Puede que sea la socialmente aceptada, pero él la "materializa" y cobra sentido en su acción criminal.

¿De dónde viene este error tan común y tan arraigado? De valorar las propiedades de los demás en base a su valor monetario o nuestra propia escala valorativa. Cuando decimos que un ordenador no tiene tanto valor como un coche, lo que queremos decir es que éste último cuesta mucho más dinero. Pero mis propiedades no deben tener ningún valor específico para los demás. Para ellos, el único valor que deben tener es nulo, es decir, que no tengan ningún incentivo para apoderarse o actuar sobre ellas. Debe llevar a la gente a asumir que todas mis propiedades son intocables por igual. De cara al resto del mundo, yo puedo sufrir la pérdida de cualquier propiedad en igual proporción, es decir, absoluta.

Ni siquiera se deriva de ninguna ley natural que yo tenga que valorar más mi vida que el resto de mis propiedades o cualquier otro fin. Puede causar sorpresa, pero la preservación de mi vida no deriva de ningún principio o axioma ético. De hecho, mi vida también puede subordinarse a un fin que yo considere que tiene más valor que mi propia vida en un momento dado. Véase, por ejemplo, los siguientes casos: terroristas suicidas que mueren por su religión, militares y guerreros que mueren por su patria, personas que prefieren morir antes que ser esclavizados por un opresor, los padres que dan la vida por sus hijos, etc.

En definitiva, de cara al criminal todas mis propiedades deben tener el mismo valor para mí: absoluto. Es decir, completamente intocables en toda circunstancia. No debería haber distinción entre ellas. El criminal debería valorar igual mi manzana, mi coche o mi vida.

El hecho de que mis propiedades me pertenezcan y que sea yo el que establezca la valoración sobre ellas, hace que deba ser yo el que decida hasta donde llevo mi defensa en caso de sufrir un acto criminal. Además, la implicación lógica de lo anterior es que el uso de armas en mi defensa será siempre legítimo porque debe ser la víctima la que decida el grado de su defensa y no el criminal. Locke, en su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, trata y hace mención a los derechos naturales que la víctima tiene en el momento de ser agredido, es decir, cuando no se tiene tiempo de acudir a un juez que solucione el conflicto:

Esto hace que sea legal que un hombre mate a un ladrón que no le ha hecho el menor daño, ni ha declarado su intención de atentar contra su vida, sino que, haciendo uso de la fuerza, lo ha puesto bajo su poder para arrebatarle el dinero o lo que le plazca.

[…]

Así, a un ladrón […] puedo matarlo cuando se dispone a robarme, aunque sea mi caballo o mi saco, porque la ley, que fue hecha para mi protección, cuando no puede interponerse para defender mi vida de la fuerza que de hecho me amenaza –vida que, si pierdo, no es susceptible de reparación alguna–, me permite defenderme a mí mismo, y ejercer el derecho de guerra y la libertad de matar al agresor. Pues el agresor no me concede tiempo para apelar a nuestro juez común, ni para la decisión de la ley remedie un caso en el que la pérdida puede ser irreparable.

Evidentemente, si una persona me quita una manzana no le voy a disparar, pero esto no es porque me haya robado una "simple manzana", sino porque yo a ese objeto concreto llamado manzana no le doy valor. No lo veo necesario. En caso de que la manzana fuese de oro y/o fuera una herencia de mis abuelos con alto valor sentimental, entonces no dudaría en aplicar la fuerza máxima. Cuando decimos que por una manzana no vas a disparar a alguien, es porque consideramos que generalmente una manzana no suele tener valor para casi nadie. Pero ¿qué pasaría si en vez de intentar robármela a mí se la intentaran robar a un mendigo o a una persona que sólo tenga para comer esa manzana? ¿Acaso el mendigo no podría disparar al criminal?

El caso que mejor muestra lo absurdo e inconsistente de la proporcionalidad sería si se viese a alguien entrar en mi casa. ¿Cómo aplicaría la proporcionalidad si no sé lo que va a hacer? Habría que adivinar el futuro. Lo lógico sería defender que no hay ninguna justificación para que nadie entre en mi casa bajo ningún concepto sin mi consentimiento, y no pretender que yo esté obligado a conocer las intenciones del allanador.

Pero es que, además, existe actualmente una asimetría total de información entre el criminal y la víctima. Él sabe el grado de proporcionalidad de mi defensa, pero yo no sé el suyo. En el ejemplo anterior del allanamiento de morada, el criminal sabe que a mí no me está permitido tener armas de fuego y que sólo me puedo defenderme "físicamente". Conoce mis medios de defensa. Pero yo no conozco los suyos: yo no sé si cuando le grite o trate de pararlo, él va a sacar un arma y defenderse con ella. Estoy totalmente indefenso frente al criminal. El agresor siempre se defiende con superioridad. Él puede defenderse sin proporcionalidad mientras que yo no.

Quiero dejar claro que estoy analizando la cuestión de la defensa y no la del castigo. Por castigo me refiero a la aplicación de una pena al agresor que tiene por objetivo la reparación o restitución del daño que la víctima ya ha sufrido. En este caso, sí que tiene sentido hablar de proporcionalidad, por lo que la pena debería ser proporcional a la agresión. Pero como he comentado antes, yo trato aquí la cuestión de la defensa, es decir, los medios que pongo en el momento de la agresión criminal para conseguir que ésta cese. Y en esta situación, plantear la proporcionalidad carece de sentido.

Una sociedad justa y libre es aquella en la que la victima puede defender su propiedad (que es absoluta) de un criminal. En el momento en que alguien se convierte en criminal pierde sus derechos. No debe haber justificación para un acto criminal. Seré yo en el momento de la agresión el que aplique la proporción en base a mi valoración de mis propiedades. Debo tener la libertad de ser juez de mi propia causa. El criminal debería estar a expensas de mi valoración, y no yo de la suya, pues como señaló sabiamente Locke, "a ese riesgo se expone con justicia quien introduce el estado de guerra y dentro de él es agresor".

Sobre lo absurdo de la política y sus leyes

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

A poco que nos fijemos, observaremos en el día a día el elevado grado de incumplimiento social que generan ciertas leyes y regulaciones, cuyo principal rasgo consiste en la incoherencia de sus contenidos y la ineptitud de sus autores, que no son otros que nuestros afamados y privilegiados representantes políticos.

En los últimos días ha estallado la voz de alarma en torno a la existencia de ciertas prácticas abortistas de carácter ilegal que, al parecer, estaban mucho más extendidas en España de lo que comúnmente se esperaba. La cuestión de fondo a tratar aquí no radica en la conveniencia o no de que una mujer pueda disponer libremente de su cuerpo a la hora de decidir la interrupción de su embarazo más allá de los plazos legalmente establecidos o médicamente razonables, sino en constatar el hecho de que las leyes, en muchos casos, no responden a su auténtica finalidad: establecer un marco de convivencia común acorde con las prácticas que se desarrollan en el seno de la sociedad.

El denominado Estado de Derecho, al derivar exclusivamente de las directrices ideológicas que marca un determinado Gobierno, se convierte en una realidad virtual que poco o nada tiene que ver con lo que sucede diariamente en la práctica, que no es otra cosa que el incumplimiento reiterado de la normativa vigente. Así, por ejemplo, la Ley Antitabaco nació con el objetivo de restringir hasta el extremo los espacios aptos para fumadores con la ilusión de que dicho hábito se acabaría viendo reducido con el paso del tiempo. Sin embargo, el consumo de este producto nocivo se mantiene en niveles muy similares al de las etapas previas a la entrada en vigor de la citada normativa.

Los jóvenes españoles, menores de edad, siguen abrazando además este hábito sin mayores dificultades a pesar de su prohibición. La medida ideada para controlar el acceso a las máquinas expendedoras en los locales de ocio, consistente en un pequeño dispositivo de control remoto que ha de ser activado por los camareros para poder comprar una cajetilla, se ha convertido en un artilugio ciertamente incómodo, tanto para el profesional como para el consumidor, hasta tal punto que su uso generalizado ha acabado por ser desterrado en numerosos bares, restaurantes y pubs de nuestra geografía. En los banquetes y en las bodas se sigue fumando, como no podía ser menos, al tiempo que un creciente número de locales obligados por ley a establecer espacios separados para fumadores y no fumadores han optado definitivamente por ignorar la normativa, dados los perjuicios que estaba provocando a sus negocios.

Mucho más grave y paradójico resulta la extensa legislación penal referida al uso y distribución de drogas. Y es que, a pesar de las amplias restricciones legales impuestas en este ámbito por la clase dirigente, España tiene el dudoso honor de encabezar el ranking mundial en cuanto al consumo de estupefacientes tales como el cannabis, la cocaína o el éxtasis, entre otros. La guerra contra las drogas emprendida por el Gobierno está perdida desde el inicio, pero ello no ha propiciado ni siquiera la apertura de un debate público sobre la despenalización de este tipo de prácticas, cuya persecución desperdicia un ingente volumen de recursos públicos cada año.

El elevado incumplimiento de las normas de tráfico constituye otro ejemplo claro y evidente del distanciamiento que persiste entre las reglas que emanan del poder legislativo y la realidad que se deriva de la práctica social. Los límites de velocidad impuestos sobre las carreteras nacionales son más acordes a una señalización viaria del siglo XIX que a una propia del siglo XXI, en donde los vehículos presentan una creciente potencia y mayores niveles de seguridad.

Ámbitos tales como el urbanismo o el fraude fiscal reflejan igualmente que las leyes vigentes animan a los ciudadanos a bordear una normativa que no puede ni debe ser considerada como justa, ya que ésta apenas logra imponer la superioridad moral y ética que precisa para poder ser socialmente respetada. El problema de fondo es que el Derecho positivo nace con el fin último de moldear al antojo de la clase política los roles y prácticas que desempeñan los individuos en su vida cotidiana. La reciente Ley de Igualdad o la aberrante prohibición impuesta a los padres de poder corregir con un cachete a sus hijos son los penúltimos capítulos de una errónea concepción acerca de la formación de las leyes que han de regir en una sociedad.

El Estado de Derecho y, por lo tanto, lo que ha de entenderse por Justicia, nada tiene que ver con el actual modo de legislar que ostentan los gobiernos democráticos. Una ley es justa cuando los sujetos obligados a su cumplimiento la asumen como tal al considerarla razonable y conveniente para el correcto funcionamiento de la vida en común, de tal modo que su quebranto supone, en esencia, una excepción digna de ser condenable y condenada. Mientras que en la actualidad sucede más bien lo contrario: la excepción (el incumplimiento de la norma) constituye la regla.

Cupones para alimentos y propuestas relacionadas

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Tras leer un interesante artículo de Albert Esplugas en este foro, así como los certeros comentarios suyos y los de otros lectores que le siguieron, me han dado pie a reflexionar sobre ciertas ayudas del Estado, siempre polémicas para posiciones liberales.

En los Estados Unidos, supuesta encarnación del libre mercado y del capitalismo desenfrenado, existe un programa federal de ayuda a las personas de rentas muy bajas para comprar comida en caso de extrema necesidad mediante cupones de alimentos (tarjetas electrónicas llamadas EBT). Los pasos necesarios para obtenerlos son relativamente sencillos: una solicitud a la oficina local del Departamento de Agricultura (USDA), la aportación de ciertos justificantes de ingresos y de gastos domésticos y una entrevista con el burócrata de turno pueden dar como resultado ser merecedor de unos cupones (food stamps) para comprar alimentos en cualquier supermercado del país durante algún tiempo.

El Estado benefactor es mero agente pasivo en estas ayudas. No produce los alimentos, no los transporta, no mantiene la cadena de frío en su caso, no realiza exhaustivos controles de calidad, tampoco los distribuye ni los comercializa. El Estado se limita a exigir un registro de productores y que se cumplan unas reglas de higiene y seguridad alimenticia sin alterar gravemente la producción del vasto volumen de alimentos que se comercializan y se consumen en dicha sociedad extensa. Es la libre función empresarial, la competencia, la libertad de precios y de mercado (a pesar de los aranceles, las barreras técnico-sanitarias impuestas por la FDA y las subvenciones agrarias) las que permiten –y garantizan– a los consumidores tener acceso a casi cualquier tipo de alimento de calidad en todo momento.

Si uno se para a pensar cómo los alimentos llegan a nuestra mesa de forma recurrente o cómo los estantes de los supermercados están permanentemente llenos de muy variados alimentos a precios asequibles y no se queda maravillado, es que ha dado por sentado demasiadas cosas de un proceso que es realmente sorprendente.

En ese mercado todo el mundo (productores, intermediarios y consumidores), a la hora de hacer sus intercambios voluntarios, se mueve por su exclusivo interés y, quitando a sus allegados o a sus competidores más directos, le importa más bien poco lo que hagan o dejen de hacer los demás. No obstante, ese mecanismo egocéntrico, sin que ningún Gobierno intrusivo o concurrente haya metido apenas las narices en él, es muy capaz de alimentar satisfactoriamente y sin interrupción a la gran mayoría de sus intervinientes; además, sin apenas conflictos sociales. No se sabe muy bien cómo, pero funciona.

Pocos procesos humanos cumplen para mí un servicio público tan evidente como éste. Pensemos, por el contrario, en las grandes colas de las pésimas y escasamente surtidas tiendas de la economía planificada de la extinta URSS.

Es urgente que el poder decisor de ciertos servicios secuestrados o monopolizados por el moderno Estado asistencial pasen a manos privadas. No obstante, siempre quedará en las sociedades libres una minoría que no tenga fácil acceso a los alimentos, a la asistencia sanitaria, a la educación, a la vivienda o al ahorro. Los que desconfían de la efectividad de la solidaridad humana verdadera (la voluntaria), se les podría persuadir de las ventajas de un verdadero mercado libre junto con la distribución de cupones o cheques estatales (tipo las EBT electrónicas) que respeten la imprescindible función empresarial en todas esas áreas.

¿Por qué no favorecer un completo mercado libre de prestación educativa, sanitaria, farmacéutica, aseguradora o de suelo y limitarse el Estado a gestionar unos cupones sólo y exclusivamente para una minoría, los impedidos por una u otra razón, con el fin de que puedan ser atendidos o cubiertos por un libre mercado desplegándose continuamente? Si los poderes públicos pasan a ser así meros compradores de servicios (y encima no mayoritarios) y dejan de ser productores o planificadores de sectores enteros de la economía, los escenarios futuros podrían de verdad sorprendernos.

Si el Estado se empeña en perseguir quiméricas ilusiones tipo justicia social o igualdad de oportunidades seguirán produciéndose despilfarro de recursos y empobrecimiento general. ¿Qué tal si los poderes públicos se limitaran a producir justicia a secas y permitir la libertad de oportunidades? Es más, las sociedades abiertas, tal y como proponía Hayek, pueden perfectamente darse el lujo de mantener un sistema de asistencia pública de mínimos (a costa del mercado) en beneficio de los incapacitados, sin afectarlo gravemente como sucede ahora con las masivas medidas del Estado social del malestar.

Por supuesto que con estos mecanismos no desaparecerían los impuestos, pero de seguro que la presión fiscal y la descapitalización de las empresas serían menores y, por tanto, mejoraría la productividad general. ¿Por qué no pensar en un tipo único verdaderamente reducido?

A pesar de las condiciones que traen consigo toda ayuda estatal, creo que si son pasivas podrían ser un medio válido para revertir la actual tendencia expansiva del poder público. Ante la insostenibilidad del actual Estado providencia, es necesario pensar en alternativas atractivas para una mayoría frente a la calamidad de gestión socialista/intervencionista que padecemos en la actualidad con la producción estatal de educación, salud, pensiones o viviendas. Aunque sólo sea para desviarnos del certero y atroz camino de servidumbre que se nos avecina.

Brindemos esta Navidad por la próspera sociedad civil y por la libertad y no por los menguados restos ofrecidos "graciosamente" por la obsequiosa y trilera casta política.

El mercado a favor de la cultura

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Miguel Ángel y los demás artistas italianos del Renacimiento pintaban por dinero. Bach, Mozart, Hadyn y Beethoven componían movidos por incentivos pecuniarios. Todos ellos eran empresarios y artistas al mismo tiempo. Otros autores abrazaron una vida bohemia y emanciparon su arte de consideraciones monetarias, pero fue gracias al mercado que pudieron costear esa independencia. Proust podía permitirse vivir como un ermitaño porque contaba con el dinero de su familia, obtenido en la bolsa de París. La mayoría de los artistas franceses del siglo XIX (Delacroix, Seurat, Monet, Cézanne…) vivían de la riqueza acumulada por sus familias, normalmente fruto de la actividad mercantil. T. S. Elliot trabajó en el banco Lloyd´s, James Joyce daba clases de lengua, Paul Gauguin hizo sus ahorros como agente bursátil, Charles Ives era un ejectuvo de seguros, y Philip Glass era taxista en Nueva York.

Como destaca Tyler Cowen en su loa a la cultura comercial, el bohemio, el vanguardista y el nihilista son en realidad productos del mercado, porque solo la riqueza que genera el mercado es capaz de sustentar la independencia financiera de esta clase de artistas alternativos. En ningún otro período de la historia, ni bajo ningún sistema económico que proscribiera la libre empresa, ha habido tantos artistas alternativos e independientes como en tiempos recientes en las sociedades con economías más libres.

In Praise of Commercial Culture de Tyler Cowen, economista y billonario cultural, es el mejor antídoto contra la extendida opinión de que el ánimo de lucro está reñido con la creación artística y de que el capitalismo corrompe la cultura. El mercado genera incentivos para adaptarse a los gustos de los consumidores, pero también otorga independencia financiera a los que quieren emanciparse de los gustos de las masas. Los incentivos pecuniarios, por otro lado, no reducen la cultura al mínimo común denominador, los artistas también pueden prosperar en nichos de mercado, atendiendo una demanda muy específica y exigente.

El mercado favorece la cultura al cubrir nuestras necesidades físicas y dilatar nuestro tiempo libre. Podemos permitirnos intereses ascéticos porque vivimos en una sociedad productiva y rica. No en vano las sociedades más capitalizadas son las que consumen una mayor proporción de bienes artísticos y culturales.

La competencia empresarial ha abaratado extraordinariamente los costes de producción del arte. Los instrumentos musicales, los equipos de fotografía y video, las pinturas y los lienzos… son hoy asequibles para millones de personas, artistas potenciales a quienes antes les estaba vedada la posibilidad de experimentar. Estos costes de producción reducidos también han contribuido a la independencia financiera del artista.

El mercado ha introducido numerosas innovaciones en la difusión y en la preservación de las obras artísticas. La imprenta, las mejoras en la producción de papel y la expansión de internet han universalizado el acceso a la palabra escrita. Las producciones sinfónicas están hoy al alcance de millones de oyentes gracias a los avances tecnológicos en la radio y en los sistemas de grabación. Cualquier persona puede acceder hoy más fácilmente a las obras de Mozart o de Shakespeare que sus propios contemporáneos.

Así mismo, históricamente los centros culturales más destacados han florecido en sociedades comerciales, con estructuras de poder descentralizadas o poco autoritarias. El Renacimiento tuvo su máximo exponente en ciudades-estado como Florencia o Venecia, dominadas por el comercio. Los Países Bajos y su escuela flamenca tuvieron su edad dorada en el siglo XVII, cuando era la región más próspera y el centro mercantil más importante del mundo. El impresionismo francés del siglo XIX no nació en el Salón parisino controlado por el gobierno, fue financiado por la demanda internacional y el capital privado surgido del auge industrial.

En el último siglo Estados Unidos ha tomado el liderazgo en ámbitos como el arte abstracto, la composición clásica moderna, la danza moderna, la ficción, la poesía, la arquitectura, el jazz o el teatro. No es casualidad que la mayor parte de la financiación de sus instituciones artísticas provenga del sector privado, en forma de donaciones y de recaudación por entradas y subscripciones. La financiación pública representa solamente un 13% de los presupuestos de las instituciones y organizaciones artísticas americanas sin ánimo de lucro. En el caso de las orquestras sinfónicas, por ejemplo, la financiación pública directa representa un 4%. Un teatro o una orquestra sinfónica en Alemania, en contraste, recibe un 80% o más de su presupuesto por esa vía. En Francia e Italia los subsidios estatales constituyen casi la totalidad del presupuesto del museo medio.

Si nos fijamos en las donaciones individuales a organizaciones sin ánimo de lucro, los ciudadanos estadounidenses donan diez veces más per cápita que los franceses. Este dato no sugiere que los franceses son menos generosos, o que tienen menos inquietudes artísticas. El menor volumen de donaciones es un efecto del papel más activo del Estado. La financiación pública no complementa la financiación privada, la desplaza. Si sabemos que el Estado se encarga de financiar el arte concluimos que nuestra contribución ya no es necesaria. El presupuesto del Ministerio de Cultura francés fue de 2.639 millones de euros en 2004. El presupuesto de su equivalente americano, la NEA (National Endowment for the Arts), fue un 3,2% de aquel montante en el mismo ejercicio. Si añadimos el gasto público a nivel estatal y local la cifra asciende a 886 millones de euros, una tercera parte del presupuesto francés. Eso en un país que tiene cinco veces la población de Francia y seis veces su producto interior bruto.

Esta relativa pasividad del Estado no ha sido un impedimento al desarrollo cultural, antes al contrario. Desde 1965 a 1990 el número de orquestras sinfónicas en Estados Unidos ha pasado de 58 a casi 300, el número de compañías de ópera de 27 a más de 150, y el número de teatros regionales sin ánimo de lucro, de 22 a 500. Francia, sin embargo, ha perdido su status como líder mundial en el campo artístico y es hoy un ávido importador de cultura americana. Como dato anecdótico, un 30% de las obras de ficción vendidas cada año en Francia son traducidas del inglés, mientras que solo una docena de novelas francesas consiguen penetrar en el mercado estadounidense.

El capitalismo, en definitiva, favorece la cultura aportando más y nuevas fuentes de financiación, produciendo innovaciones, fomentando nuestras inquietudes ascéticas, e instituyendo incentivos para desarrollar y preservar el arte. La expansión del mercado y el progreso cultural, lejos de estar en conflicto, van de la mano.

Navidades responsables, verdes navidades

Escrito por Antonio Gimeno en . Publicado en Análisis diario.

Este año la inflación, la de verdad, nos va a hacer a muchos un poco más ecologistas, al menos en lo que a gasto navideño se refiere. Por si acaso, los duendes de Greenpeace han elaborado una de esas guías responsables, perfectamente solidarias y alternativas, con las que podremos disfrutar del espíritu navideño sin arrasar con nuestras comidas el planeta. Todo un catecismo en catorce puntos; una exposición sucinta del arte del bien comprar con la que, desde luego, no creo que seamos capaces de ahorrar un céntimo. Al contrario.

En cualquier caso se trata de una alternativa voluntaria. Al fin y al cabo uno puede comprar un árbol de plástico por 15€ o mejorar su huella ecológica pagando tres veces más por uno de papel reciclado o diez por una abeto enano; mientras que, quiéralo o no, le sacarán tres euros cuando eche a la cesta un iPod.

De momento no hay un canon ecolojeta para los artistas de Greenpeace, aunque la ubicuidad del "cambio climático", el triunfo mediático del ecoalarmismo, pueden depararnos nuevas soluciones imaginativas vía legislativo. Al fin y al cabo en este asunto el único color político que hay, al parecer, es el verde. Eso pese a que en la última encuesta del CIS sólo el 0,2% de los entrevistados escogieron a los "problemas medioambientales" como el principal problema que existe actualmente en España. Lo que, bien es cierto, contrasta con alguna de las alarmantes respuestas que pudimos leer en la encuesta sobre ecología y medioambiente del pasado junio.

Por ejemplo, el 65,9% de los entrevistados estuvieron de acuerdo en que "hay que conservar la naturaleza aunque ello limite el desarrollo económico". Supongo que la imagen de gigantescas chimeneas humeantes pesaron mucho en esta respuesta, ya que, coincidencias al margen, casi un 60% de los encuestados afirmaron estar poco o nada informados sobre temas de medio ambiente y de los que se consideraron bastante o muy informados, el 40% restante, nada menos que un 82% se ilustran con lo que cuentan los medios de comunicación y, en fin, ya saben cómo está el patio a izquierda y derecha.

En la misma línea, siempre tocando el bolsillo, pensando en esas soluciones imaginativas a las que antes me refería, un 47,4% asintieron que "la defensa y conservación del medio ambiente es absolutamente necesaria, aunque su protección suponga a veces costes altos". Por cierto que, pese al desconocimiento medioambiental declarado, un 60% afirmaron conocer la existencia del protocolo de Kyoto, eso sí, la ministra Narbona puede estar tranquila: desde su anonimato pocos la señalarían como responsable por negligencia del apocalipsis climático que se avecina.

Y, teniendo en cuenta que los recursos del Estado proceden de los impuestos ¿cree usted que las Administraciones Públicas gastan lo suficiente, gastan más de lo que deberían o gastan menos de lo que deberían para proteger y conservar el medio ambiente?

¡Ay! Nada menos que un 54,5% señalaron que gastan menos de lo que deberían frente al 7,8% que dijeron lo contrario. Por cierto, ¿cuánto es? En la encuesta no se menciona si se le dio el dato a los entrevistados. ¿Sobre qué estaban opinando exactamente?

Volviendo a la cesta navideña, la que tendremos que pagar con lo que nos quede del sueldo descontada la inflación y el resto de impuestos, creo que los horrorosos duendecillos de Greenpeace pueden estar moderadamente satisfechos con los hábitos que declararon los españoles, aunque si quieren que muchos más brinden por el planeta tendrán que aplicarse: las más de sus propuestas son sencillamente un cuento de navidaZ, con Z de Zapatero, que no de probidad.

Atrevámonos a ser libres

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

A lo largo de su vida, conforme la persona va creciendo y, por tanto, incrementando su conocimiento y experiencias, ésta va adquiriendo cada vez más responsabilidades, y el número de decisiones que se le permite tomar va siendo cada vez mayor. Así, cuando comenzamos nuestra andadura en este mundo en el seno materno, únicamente podemos tomar decisiones básicas tales como dormir o estirar nuestras extremidades. Tras nuestro nacimiento podemos empezar a explorar poco a poco nuestro entorno aunque siempre bajo supervisión paterna. Paulatinamente, nuestros padres van dejándonos tomar cada vez más decisiones por nuestra cuenta y riesgo, al haber aumentado nuestra madurez y nuestros conocimientos, considerándonos más capacitados para incurrir en riesgos mayores. Finalmente, llega el momento en que dejamos de depender de nuestros progenitores y estamos capacitados para tomar nuestras decisiones en libertad, incluso aunque éstas vayan en contra de su opinión.

Este proceso de abandono de la tutela paterna es frecuentemente causante de numerosas fricciones familiares. Así suelen ser frecuentes las discusiones paternofiliales sobre la hora de llegada a casa, los viajes, la ropa o el aseo personal, entre otros temas. Y aunque nuestras primeras decisiones, estudiadas con posterioridad, no hayan sido siempre las más correctas, esta mayor libertad nos ha preparado para poder encarar mejor el futuro.

Esta evolución en la vida personal va unida a un deseo de autorrealización. Conforme vamos creciendo nos sentimos más seguros de nosotros mismos y más felices al ser cada vez más capaces de tomar decisiones por nuestra cuenta y riesgo, interpretando esto como un signo de evolución personal.

Visto lo anterior, cabría suponer que el mismo fenómeno debería ocurrir en otros ámbitos de la vida personal, como así sucede. Un claro ejemplo lo podemos encontrar en el ámbito laboral. Cuando entramos en una empresa nuestra capacidad de decisión suele ser mínima. Conforme se van demostrando nuestras dotes en los distintos aspectos que componen el trabajo, el grado de libertad del que gozamos para la toma de decisiones se va incrementando. Incluso en el caso de que no sea así, muchos empleados abandonan sus empresas buscando, entre otras cosas, gozar de una mayor libertad para poder desempeñarse profesionalmente.

Sin embargo, cuando uno examina la relación entre el Estado y el individuo, muchas veces nos encontramos con la sorpresa de que nos hemos acostumbrado a estar subordinados al primero, sin ni siquiera esperar que nos concedan un mayor grado de libertad. La intromisión del Estado en ámbitos personales se ha convertido en una costumbre tan arraigada que muchas personas llegan a contemplar, incluso con temor, la posibilidad de que éste les conceda un mayor grado de libertad para desarrollarse. Las discusiones que se daban en el ámbito familiar entre padres e hijos, o entre jefes y subordinados buscando los segundos una mayor libertad para poder desarrollarse se invierten, y muchas veces el ciudadano se llega a manifestar pidiendo una mayor intervención, y por tanto una menor libertad en sus relaciones con los demás.

Cabría preguntarse el motivo de esta contradicción. No tiene ningún sentido creernos que estamos más capacitados que nuestros padres para regir nuestro destino, o más que nuestros jefes para organizar el trabajo, y que sin embargo nos sintamos inferiores a la administración estatal. El motivo de esta contradicción no es otro sino la propaganda de las propias instituciones públicas. Mientras que nuestros padres intentan prepararnos para que en el día de mañana seamos capaces de desenvolvernos por nosotros mismos, determinados organismos estatales han establecido como uno de sus objetivos fundamentales su autoperpetuación. Así mientras que nuestros progenitores nos prepararon para la libertad, determinados organismos públicos nos han educado en la servidumbre, haciéndonos creer que no es posible la civilización tal y como la conocemos sin la existencia de estas administraciones. Por tanto, mientras que nos sentimos confiados en nosotros mismos por la educación recibida por nuestros padres, no ocurre lo mismo con respecto al Estado, ya que éste nos ha adoctrinado como desvalidos dependientes del mismo.

No obstante, si llegados a determinada edad hemos sido capaces de desenvolvernos fuera de la tutela paterna, también deberíamos ser capaces de desarrollarnos fuera de la tutela estatal, sin ningún tipo de miedo, ya que las recompensas recibidas por la libertad siempre compensan el mayor trabajo que ésta conlleva.

Las peticiones que desde determinados ámbitos se efectúan pidiendo una menor intromisión del Estado en nuestras decisiones no deben ser contempladas con temor y desconfianza, sino todo lo contrario, con esperanza. Si hemos sido capaces de salir del ámbito familiar para desarrollarnos nosotros mismos, también somos competentes para poder progresar sin la tutela estatal en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida.

Amenazante y antidemocrática SGAE

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Los ministerios de Cultura e Industria por fin se han puesto de acuerdo para lanzar su propuesta de canon, una propuesta que tenía que haber llegado hace un año. No es casualidad que lo hagan ahora. Es casi seguro que el próximo jueves el Congreso votará a favor de la desaparición de la compensación por copia privada. El fin del canon no sería inmediato; si se aprueba comenzaría un proceso que puede prolongarse cerca de un año. Doce meses en los que el Gobierno, con su propuesta actual, va a garantizar ingresos extras a la SGAE y compañía gracias a la aplicación de la "compensación" en aparatos que hasta ahora estaban exentos gracias al retraso en la propuesta del Ejecutivo.

Por supuesto, la SGAE ha acogido con satisfacción la medida y se ha dado prisa en animar al Ejecutivo a que la apruebe este viernes. Menudo regalito de Navidad para los chicos de Teddy Bautista, por más faena que sea para el resto de los ciudadanos. Desde esta entidad, el mensaje al PP ha sido claro. Una amenaza en estado puro: "Los creadores tomarán buena nota de esta decisión". La chulería de esta entidad de gestión de derechos de autor ha llegado a tal punto que se permiten estas actitudes de matonismo frente a un partido votado por casi diez millones de españoles en las últimas elecciones generales.

Claro que a los populares no debería darles ningún miedo, al menos no a quienes no se llaman Beatriz Rodríguez-Salmones. Con independencia de lo que hicieran en este asunto, el autodenominado mundo de la "cultura" se dedicará a atacar al PP y a apoyar a la izquierda. ¿O acaso la SGAE ha amenazado a Izquierda Unida?

En su línea, la argumentación de la SGAE, sus tentáculos y sus aliados está plagada de falacias. La eliminación del canon no supone una ilegalización de la copia privada. La ley se puede redactar de manera que esta última siga existiendo mientras aquel queda fuera de juego. Incluso se puede decidir que se cobre en la obra original y así no penalizar a quienes compran los soportes y aparatos gravados por el canon con otros fines. Claro que esta última fórmula disgusta a la SGAE por dos motivos. Por una parte, supone menos ingresos para ellos y, por otra, se sabría cuantos ingresos en concepto de derechos de autor genera cada obra y permitiría un reparto más acorde con la realidad y menos beneficioso para la cúpula de la entidad. De hecho, es esta la propuesta que se hace en los más de 5.000 correos electrónicos que los ciudadanos han enviado a los diputados de todos los partidos para que voten contra el canon.

Se queja la SGAE de que el PP decide ponerse en contra del canon por razones electoralistas. Puede que tenga algo de razón, pero la realidad es que el partido de Rajoy (como el resto de formaciones políticas con presencia parlamentaria menos el PSOE) está defendiendo los intereses y la propiedad privada de los ciudadanos frente a los privilegios otorgados por el Estado a un pequeño grupo de personas. Pero claro, viendo las amistades de la entidad presidida por José Luis Borau es normal que esta no comprenda demasiado bien en qué consiste la democracia.

Nos referimos, por supuesto, a sus privilegiadas relaciones con el régimen totalitario de Fidel Castro, con el que colabora de forma constante en la organización de actos "culturales" en los que se exalta la figura del dictador.. El "líder supremo" de la SGAE, Teddy Baustista, fue condecorado en julio de 2002 por el Gobierno cubano como agradecimiento a su "su solidaridad permanente con nuestro pueblo y con la obra de la Revolución Cubana". Dos años después, en junio de 2004, la misma entidad de gestión de derechos de autor y la dictadura pusieron en marcha una tienda online para vender música cubana. No sobra recordar que en Cuba está prohibido conectarse a internet y que el régimen de La Habana condenó a 20 años de cárcel al periodista independiente Mario Enrique Mayo por el "delito" de hacerlo. Y una última prueba de su buena relación. Los festivales de cine de la capital de la Isla Cárcel y de Holguín acaban de homenajear a José Luis Borau.

Sólo por esa relación, tanto el PP como los españoles que creen en la democracia deben estar contra la SGAE. Resulta indignante que parte de nuestro dinero acabe en manos de una organización cómplice de un régimen como el cubano. Pero eso explica también la reacción de la entidad. No entiende la democracia ni pretende comprenderla. Por suerte, su chulería cada vez encuentra más oposición en España.

La pobreza socialista

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

El Observatorio de Coyuntura Económica continúa su labor analítica y divulgativa con un informe complementario al magnífico estudio que el Instituto Juan de Mariana publicó el año pasado Una sociedad de propietarios: el camino de los ciudadanos hacia la independencia financiera.

Los resultados del informe no dejan de ser sorprendentes: en tan sólo quince años un español medio habría acumulado un patrimonio adicional de 245.000 euros, lo que le permitiría gozar de una pensión mensual de 1.500 euros. Si el trabajador decidiera prolongar su vida laboral 15 años más, la proyección del informe eleva el patrimonio a casi un millón de euros y la renta mensual a 6.000, en ambos casos descontando la inflación.

Comparado con las pensiones actuales, podemos comprender cuánto ha llegado a pauperizarnos el Estado y su sistema fraudulento de seguridad social. Las generaciones futuras vivirán incomparablemente peor de lo que habrían podido vivir si no se hubiera colectivizado el sistema de jubilación.

Los resultados del informe también sirven para poner de manifiesto, una vez más, cómo el marxismo no es más que un camelo intelectual destinado a tomar el poder político y esclavizar a la sociedad.

No es cierto, como aseveran los socialistas, que los intereses del capital y del trabajo resulten irreconciliables y enfrentados. Precisamente en el informe comprobamos cómo los trabajadores pueden invertir parte de sus salarios y convertirse en capitalistas.

Pero esto no significa que estos trabajadores pasen de explotados a explotadores; con su inversión no están constituyendo instrumentos para extraer de manera más eficiente la plusvalía al resto de los trabajadores. Al contrario, el ahorro de parte de la riqueza que produjeron y que recibieron en forma de salarios permite emprender proyectos más productivos que elevarán aun más el nivel de vida del resto de individuos.

El proceso de ahorro, selección de proyectos y provisión de capital es tan esencial para el funcionamiento de la economía –tan excepcional y explosivo– que en pocos años el antiguo trabajador puede retirarse a consumir una porción de toda la riqueza que ha contribuido a generar.

Confundir este proceso con una supuesta explotación sólo denota un profundo desconocimiento de la sociedad. Si el trabajador se hubiera dedicado 50 años a producir manzanas, a atesorarlas (suponiendo que no se pudrieran) y a jubilarse al cabo de esos 50 años con las manzanas ahorradas, nadie en su sano juicio le acusaría de estar explotando a nadie.

El ahorro y la inversión de parte de las rentas percibidas es similar al proceso anterior, pero con una diferencia fundamental. En lugar de tener paralizados los recursos durante 50 años, se movilizan para crear nueva riqueza (por ejemplo plantar nuevos manzanos) que a su vez se utilizará en el futuro para generar aun más riqueza. Este es el proceso de capitalización continua que permite el interés compuesto y que los socialistas no terminan de entender.

Fruto de esta profunda ignorancia erigen teorías redistributivas varias (que van desde la nacionalización de los "medios de producción" hasta la institución de una "renta vital") por las que pretenden acabar con las rentas del capital y convertirlas en rentas del trabajo.

La idea es del todo descabellada porque supone destruir, ya sea de manera gradual o brusca, los proyectos –y el proceso de creación de proyectos– que permiten crear la riqueza que los propios trabajadores demandan. No sólo es un freno al progreso, es una caída directa hacia el primitivismo social.

Pero al mismo tiempo, como se puede comprobar en el informe, nada hay más contrario a los intereses de los trabajadores que cerrarles cualquier posibilidad de adquirir en el futuro las llamadas rentas del capital. En una sociedad, como la socialista, donde el Estado es el único empleador y donde ese mismo Estado impide la constitución de un patrimonio propio del que poder vivir, los trabajadores se convierten en esclavos perpetuos del poder político. El sometimiento y la heteronomía son absolutos.

Conviene, por consiguiente, rechazar cualquier tipo de regulación redistributiva y basada en teorías clasistas infundadas: siendo generosos, sus proyectos no son más que una muy mala imitación de las oportunidades que ofrece la sociedad de propietarios, pero mucho más limitadas y, sobre todo, destructoras de riqueza. Ni el socialismo real, ni la seguridad social, ni la renta vital son alternativas rigurosas frente a la constitución de patrimonios privados que permite el capitalismo.

Las propuestas socialistas no consiguen mejorar el bienestar de la sociedad ni de sus estratos menos favorecidos. Sus errores intelectuales están bloqueando un revolucionario proceso de creación de riqueza para todos los individuos. Es hora de repetirlo hasta la saciedad.

Áreas de desprotección pública

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Ocurrió el pasado 9 de diciembre. Un joven de 24 años, devorado por el odio a los cristianos, se dirigió a una iglesia en Arvada, Colorado, con el deseo irrefrenable de saciar su inquina. Iba armado y fue con la intención de matar a cuantos les permitiera su munición. Segó la vida de dos personas, pero antes de que pudiera ir a más una mujer voluntaria, que iba a echar una mano a la Iglesia, le detuvo de varios balazos. No le mató; tuvo que ser él mismo quien lo hiciera. El asesino sólo llegó a avanzar 50 pies, según los testigos.

Esta terrible historia no ha ocupado los informativos y los periódicos de todo el mundo por un sencillo hecho: en aquél lugar estaba permitido llevar armas y quiso la fortuna de que una ex policía de Minneapolis que llevaba su arma estuviese ofreciendo su tiempo a aquella iglesia. ¿Cuál hubiese sido la historia de ser una Gun free zone, es decir, una zona en que se prohíbe tener armas?

Podría haberse parecido a la noticia que sí alcanzó hasta el último rincón del planeta; al menos hasta donde alcanzan los medios de comunicación. Me refiero al pavoroso tiroteo de Omaha, en que murieron ocho personas. O el de la Universidad Técnica de Virginia, en que una nueva víctima del odio segó la vida de 32 personas. Por supuesto, también a la Columbine School, masacre a cuyo recuerdo se filmó la gran película Elephant y el más conocido bodrio de Michael Moore. También al tiroteo provocado por otro sociópata en la cafetería Luby’s, en la localidad tejana de Killeen, en que perdieron la vida 23 personas. Todas esas masacres comparten la atención mundial de los medios. Pero también comparten una característica común: en todas estaba prohibido llevar armas. Eran Gun free zones. Eran áreas de desprotección pública.

Cada uno de estos atentados indiscriminados sirve a la práctica totalidad de los medios de comunicación la oportunidad de transmitir la idea de que todas estas tragedias se produjeron porque allí, en Estados Unidos, hay libertad de armas y además que si su uso se controlara estrictamente o se prohibiese tales masacres apenas tendrían lugar. Un mínimo de consideración con las víctimas debería ser suficiente como para que cada uno de nosotros nos tomáramos en serio este problema. Lo suficiente, al menos, como para no aceptar cualquier opinión sin haber reflexionado un mínimo sobre ello.

La mayoría de los muertos en tiroteos públicos se produce en las Gun free zones. La razón es muy sencilla. Por un lado los asesinos son más racionales de lo que podamos pensar en un principio, y se lo piensan antes de llevar a cabo su crimen múltiple si se les puede detener de un balazo. Incluso si tienen planeado suicidarse, no querrán morir sin cumplir antes sus planes de muerte. La segunda razón es que, cuando lo hacen, cuando descargan sus armas en un espacio en que potencialmente cualquier otra persona está armada, siempre hay alguien que le detiene, dando fin a la suma de cadáveres.

Suzanna Gratia Hupp lo sabe muy bien. Aquél 16 de octubre de 1991 en que estaba con sus padres en la cafetería Luby’s ella dejó su arma en el coche. Sabía que se dirigía a un área donde estaba prohibido llevarlas y ella no quería incumplir la ley. Cuando vio al asesino acercarse a su mesa, su padre se levantó para reducirle y salvar a su familia. Él recibió un balazo mortal, como ocurrió acto seguido a su mujer. Suzanna declaró más tarde sentirse arrepentida de haber obedecido la ley. No fue el caso de un policía que, en febrero de este año, llevaba su pistola en el Trolley Square Mall, un centro comercial de Utah. Reconoció en seguida el característico sonido de los disparos, pese a que estaba en el extremo opuesto del asesino, a tres minutos y cinco vidas de distancia. No hubo una sexta, aparte del asesino, porque este policía le alcanzó de un disparo. Dos estudiantes armados libraron a la Appalachian School of Law de ser mundialmente conocida, gracias a que detuvieron a otro asesino en masa. Con su acción limitaron el número de muertes a tres inocentes víctimas. Y eso que tuvieron que salir del edificio para coger el arma con que le detuvieron.

Habrá quienes mantengan sus posiciones más restrictivas, pese al respeto a las víctimas que se producen en las zonas libres de armas y que se podrían haber evitado de estar abierta la posibilidad de encontrarse con un buen ciudadano armado. Es evidente que lo único que logran es que los ciudadanos que siguen la ley queden sin medios para la protección, mientras que quienes están dispuestos a matar a los demás no tendrán escrúpulos, evidentemente, en saltarse tan ridícula restricción.

Pero aún pueden argumentar que, de prohibirse por completo el uso de armas, estos asesinos jamás hubiesen llevado a término sus mortíferos planes. No obstante, una mínima atención a la realidad les hará ver que quien necesita un arma para cometer un crimen la conseguirá, ya sea dentro de la ley, ya sea fuera. El tráfico de drogas está prohibido en España. ¿Quiere ello decir que no hay tráfico de drogas en nuestro país? Hay una enorme distancia entre la prohibición de un comportamiento y su erradicación, cuando éste forma parte de los planes de las personas. ¿Alguien dirá que los asesinos en público se toman a la ligera sus planes? ¿Qué una prohibición les va a hacer cambiar de idea?

La hipocresía del calentamiento global

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

El incansable Steven Milloy ha publicado una jugosa lista con los diez casos más egregios de hipocresía ecologista del año. La encabeza, como no podía ser de otra forma, el telepredicador Al Gore y sus vuelos en jet privado –la forma de transporte que más CO2 emite con diferencia– para decirle al mundo que consuma menos porque el apocalipsis climático se acerca, y resalta que una de las razones para el brutal gasto energético de su hogar es la piscina climatizada, que cuesta calentar 500 dólares al mes.

Otro caso conocido es el del senador Ted Kennedy, que clama contra las centrales térmicas porque supuestamente producen calentamiento global, pero se opuso con éxito a que se instalaran unos cuantos molinos en Cape Cod que habrían arruinado sus vistas. Ahora que en Bali están planeando como arruinar nuestras economías para retrasar unos pocos años un calentamiento al que, de producirse, sería mucho más barato y efectivo adaptarse, sorprende que los burócratas y políticos allí reunidos hayan viajado en aviones y jets privados en lugar de usar videoconferencia. Quizá se empezaría uno a creerse que el cambio climático es una crisis cuando aquellos que quieren cambiar nuestras vidas para solucionarla empiecen a comportarse como si realmente existiera esa crisis.

Milloy habla también de los fundadores de Google, de Madonna, de James Hansen –que acusa a los científicos que están en desacuerdo con él de estar financiados por intereses privados cuando él recibe dinero de George Soros– o Arnold Schwatze… eso, al que podríamos sumar el de nuestro presidente Zapatero, que dice creerse todo lo que cuentan sobre el calentamiento y la subida de los mares pero se compra una casa en la playa, que se hundiría bajo las aguas si todo eso fuera cierto. Todos estos son indudablemente casos de incoherencia, de no hacer lo que predican. ¿Pero son realmente hipocresía? Sin duda, bajo la mala costumbre actual de tratar esa palabra como mero sinónimo de incoherencia, sí. Pero, como escribiera Jeff Jacoby hablando de un asunto completamente distinto, "hipocresía no es simplemente decir una cosa y hacer otra puntualmente. Es una forma de duplicidad. Un hipócrita es alguien que no cree en las opiniones morales que proclama y las viola en su propia vida de manera rutinaria."

Es decir, no es hipócrita quien cede a una tentación o tiene un momento de debilidad. Lo es quien afirma creer en algo y sus actos le contradicen de forma sistemática. Bajo esta óptica, podríamos hacer una criba en la lista de Milloy y distinguir entre los meramente incoherentes y los que de verdad son hipócritas. Es en ese momento cuando resalta aún más uno de los casos que cita, el de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, que después de crear un comité sobre calentamiento global e independencia energética puso al frente del mismo a un veterano activista antinuclear.

Digámoslo claro: si alguien le dice que el calentamiento global es el mayor desafío medioambiental del siglo XXI –o incluso le quita el adjetivo "medioambiental"–, que va a producir infinidad de hecatombes y que debemos actuar ya, pero al mismo tiempo se opone frontalmente a la energía nuclear, no cabe duda de que nos hallamos ante un hipócrita de marca mayor. Alguien que predica una cosa, pero no se la cree, pues si lo hiciera aceptaría la energía nuclear como mal menor, como ha hecho recientemente Gwyneth Cravens, antigua activista antinuclear que ha cambiado de opinión –ojo– cuando supo de la necesidad de que exista una electricidad de base y la imposibilidad que placas solares o molinos de viento pudieran proveerla. Bien está que se lo haya pensado dos veces, pero asusta que existan activistas con tal grado de ignorancia sobre los hechos más básicos referentes a aquello que quieren prohibir.

Cuando se miran así las cosas, sólo cabe concluir que ni Gore ni Zapatero ni el ecologista medio superan este sencillo test. Son, pues, unos hipócritas de tomo y lomo.