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Todos los negritos tienen hambre y frío

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los errores más frecuentes a lo largo de la historia de la teoría económica ha sido considerar que la tierra y su explotación tienen un algo que la hace diferente y, por tanto, debe justificarse la intervención estatal de una u otra manera. Ese qué sé yo esencial, en parte, era que de ella se extraía el alimento básico, pero también, que su propiedad era un elemento de poder y de estatus. Quien no tenía tierra tenía que pagar por labrar la de otro o vender su trabajo para no vagar por los caminos. El mismísimo John Locke defendía la propiedad privada pero consideraba que, en el caso de la tierra, la propiedad privada estaba muy bien siempre que se dejara para los demás as good and enough.

Pero a medida que la industrialización se ha generalizado, el nivel de vida de nuestra civilización occidental ha mejorado gracias al desarrollo del sistema capitalista de mercado, la tierra ha dejado de tener esa relevancia y la supervivencia no depende exclusivamente de los frutos de la tierra. No para los europeos en general. Y, desde luego, no tanto como para, pongamos, los africanos.

A pesar de ello, seguimos machacando a los países menos desarrollados con la vergonzante Política Agrícola Comunitaria. La PAC nació a principios de los 60, en una Europa que acababa de firmar el Tratado de Roma, que todavía trataba de recuperarse de la guerra y que no podía competir con la agricultura estadounidense. Para que luego venga Naomi Klein a decir que Friedman se dedicó a buscar ocasiones traumáticas en los países en vías de desarrollo como Chile para aplicar medidas liberalizadoras y egoístas. Es precisamente al contrario, parece que la pobreza, la recuperación de una guerra, etc. justifican la protección estatal. Y mucho más tratándose de la agricultura y del subsidio de precios agrícolas para suavizar la posguerra.

Pero incluso si nos ponemos las gafas de no ver y pasamos por alto su origen, el caso es que hacia 1990 la PAC se había convertido en un monstruo, hijo de la intervención y la hipocresía, que impedía el desarrollo económico de los países menos favorecidos. Por ejemplo, en la industria azucarera el 70% de los subsidios europeos se dedicaron a subvencionar la exportación, gracias a lo cual las industrias del Caribe y de Brasil se vieron anuladas por completo. No solamente eso, la idea de producir a destajo con financiación europea (para la producción o para la distribución, me da lo mismo) recibió críticas de los ecologistas que consideraban el daño medioambiental y el agotamiento de los recursos.

Finalmente llegaron las reformas, la de 1992, la del 2003… Reformas para llegar al mismo sitio, coincidiendo con la entrada de un puñado de nuevos países en la Unión Europea, implementadas a lo largo de 11 años y con más de una moratoria para determinados países dispuestos a resistir hasta el final antes de perder las ayudas.

Mientras tanto, los países pobres para quienes la agricultura es la base de su subsistencia reciben las migajas que los europeos tan caritativamente les concedemos. Eso sí, de competir en el mercado, nada.

Para el 2008 hay prevista otra reforma. Se intentarán unificar los 21 mercados comunitarios (por productos) en uno único y hacer que la Unión Europea sea más competitiva. Esta idea de la intervención para competir, además de muy difundida, está viciada. La idea de competitividad justifica la intervención estatal en aras del "mercado". Los países, las empresas compiten en un mercado libre (el mejor mecanismo redistribuidor que haya existido), lo demás es simple y pura intervención en un mercado no-libre que desemboca en monopolios y redistribución arbitraria.

Otro aspecto es el presupuesto. La buena noticia es que mientras que el presupuesto de la PAC representaba un 70% del presupuesto total de la UE en 1984, se ha ido reduciendo hasta representar un 43% en la actualidad. El hecho de que las decisiones de política agrícola se tomen a nivel europeo unido a las recientes incorporaciones de países necesitados de financiación no va a facilitar que esta tendencia continúe. Por no hablar de los problemas de transparencia de las ayudas.

Muy interesante sería saber exactamente cuál va a ser la factura del biofuel y si todos la vamos a pagar por igual. Es el problema de la fijación exógena de objetivos económicos, y más cuando esos objetivos son "de todos". En este caso, todos somos Europa.

Lo más sangrante es que mientras seguimos manteniendo una postura hipócrita con los países menos desarrollados (en especial con los del continente africano), quienes protestan ante esta reforma lo hacen demandando más protección, mayores subvenciones a los precios del azúcar y el mantenimiento de la teta de la vaca llena para que no se nos acabe la sopa boba aunque ahora seamos más.

Recuerdo la letra de la canción de Glutamato-Yeyé: Todos los negritos tienen hambre y frío, tiéndeles la mano, te lo agradecerán… Pocas veces se ha retratado tan fielmente la estupidez mercantilista europea.

¿Limitar la libertad de expresión?

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

En su excelente libro La Historia de los Judíos, Paul Johnson hace una breve reflexión sobre la libertad de expresión y la historia judía, que confirma una relación entre las expresiones antisemitas y la violencia que se genera después contra la comunidad judía.

A veces se sostiene que la sátira, incluso la más cruel, es un signo de salud en una sociedad libre, y que no deben imponérsele restricciones. La historia judía no confirma este criterio. Los judíos han sido blanco de estos ataques con más frecuencia que otro grupo cualquiera y saben por larga y amarga experiencia que la violencia impresa es sólo el preludio de la violencia sangrienta.

Esta violencia se ha expresado bien a través de algaradas callejeras más o menos dirigidas y actos de violencia contra ciudadanos judíos, bien a través de pogromos o, en el peor de los casos, a través del genocidio planificado y dirigido, en especial el perpetrado por Estado nazi, con la colaboración activa o pasiva de la población alemana. Todos estos hechos son ciertos y esta relación es una constante al estudiar la historia de este pueblo. En este contexto surge una pregunta: ¿debemos limitar la libertad de expresión ante ésta o situaciones similares?

Antes de responderla debemos fijarnos en el contexto en el que se produjeron y evolucionan estos comportamientos contra la comunidad judía. En primer lugar, en estas sociedades existió, existe, un antisemitismo enquistado que se expresó de formas muy distintas, desde el simple rechazo, pasando por la segregación, a la acusación de crímenes horribles, creándose leyendas algunas de las cuales aún hoy tienen vigencia o imaginando crímenes colectivos perpetrados contra los gentiles, todo lo cual favoreció los actos violentos.

En un segundo plano, la política les fue contraría y evolucionó contra ellos. Es cierto que en toda Europa, desde la edad antigua, casi todos los países y sociedades promulgaron leyes que perjudicaban a las comunidades judías. Primero se les expulsó, luego se les recluyó en guetos, se les impidió realizar determinadas actividades o acceder a determinados cargos públicos y privados. En algunas sociedades, estas leyes fueron derogándose y poco a poco fueron aceptándose como un ciudadano más. Pero los episodios antisemitas en la Europa continental decimonónica invirtieron una situación que en el Imperio Británico o en Estados Unidos, pese a ciertos rebrotes sociales e incluso legales, tendían a desaparecer.

Sobre estas dos premisas, la social y la política, se constituyeron una serie de medidas específicamente antisemitas que evolucionaron incrementando la violencia e institucionalizándola. El régimen zarista promovió el pogromo y tras la revolución que terminaron liderando los bolcheviques, los judíos siguieron sufriendo los mismos males. Situaciones similares se vivieron en los imperios centroeuropeos y tras la Primera Guerra Mundial, las condiciones de violencia se extendieron por toda Europa hasta que Hitler consiguió instrumentalizar todo con un único fin, la eliminación física de los judíos. En este sentido la aparente libertad de expresión de la República de Weimar ayudó a que el veneno lanzado contra los judíos alcanzara a toda la sociedad, hasta el punto de que, ya bajo el Gobierno del Reich, el pueblo judío era considerado una plaga que había que eliminar.

La libertad de expresión en este contexto no falló, simplemente se convirtió en una parodia de lo que debía ser. Las consignas antisemitas se proferían en un país, la Alemania de entreguerras, donde el Estado de Derecho era inexistente. Los actos violentos contra los judíos no eran perseguidos, los que llegaban a los tribunales eran ignorados, las leyes se hicieron cada vez más restrictivas contra la comunidad judía y en un momento dado se decidió que además de víctimas de la violencia, eran culpables de ella. Los que defendían o no estaban de acuerdo con estos actos violentos eran a su vez, víctimas de otros hasta que callaban o se iban. De la ciudadanía se pasó al gueto, de éste, a la persecución, luego a la esclavitud, de la esclavitud, al genocidio. La sociedad alemana era consciente de estos hechos y por lo general, los toleraban. La violencia popular fue dejando pasar a una violencia legal y, si bien nunca dejaron de existir ambas, la segunda se convirtió en una herramienta más eficiente.

La libertad de expresión forma parte de una sociedad libre porque surge de ella, no porque sea un derecho concedido por un conjunto de políticos. La “libertad de expresión” en la Alemania de Weimar, la Rusia zarista o incluso la Francia republicana no eran tal, sino un instrumento que las clases dirigentes o los grupos más violentos terminaron instrumentalizando hacia sus fines. En una sociedad libre, o en las que la libertad tiene un mayor peso, los actos violentos son perseguidos por la justicia por su condición, no porque sirvan mejor a ciertos intereses. Además, de la misma manera que los antisemitas pueden pronunciarse contra los judíos, los que luchan contra ellos no sólo pueden contradecirlos e intentar convencerlos, sino que pueden boicotearlos, ignorarlos o denunciarlos si consideran que han realizado algún acto punible. Las instituciones podrán vigilarlos si piensan que son potencialmente peligrosos.

La libertad de expresión es un principio moral en sí mismo. Renunciar a él porque pensamos que en ciertos casos extremos tiene peligrosas consecuencias, es renunciar a una sociedad libre. El pensamiento, por repugnante que nos parezca, no delinque, las acciones sí, y tenemos muchas herramientas para luchar contra lo que es dañino. La negación del Holocausto o las expresiones antisemitas son repugnantes por su naturaleza, pero no son delitos. Las acciones violentas contra los judíos o la conspiración para perpetrar delitos contra ellos sí lo son y, por tanto, son actos perseguibles. No debemos limitar la libertad de expresión sino promover el Estado de Derecho y la sociedad libre, las únicas herramientas eficaces contra cualquier odio racial o cultural.

La sociedad feliz de Zapatero

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

En el primer discurso de precampaña electoral del Partido Socialista, el presidente Rodríguez Zapatero se autoproclamó el mesías de la paz y la concordia de los españoles. Pidió una fuerte mayoría para acabar con la crispación. No entiende muy bien el líder socialista en qué consiste la democracia. Zapatero no concibe que haya personas que tengan una idea de la sociedad muy diferente a la suya.

No es propio de personas demócratas creer que por el simple hecho de lograr más votos en unas elecciones, el Gobierno pueda marginar a una parte de la sociedad. ¿Qué es lo que piensa hacer el presidente con su amplia mayoría, eliminar a la competencia con leyes, censura o encarcelamientos? De hecho esa ha sido una de las grandes preocupaciones de este Gobierno: controlar los elementos de propaganda privados, ya sean de internet o televisivos, así como controlar las conversaciones privadas. A propósito, en su discurso, Zapatero también dijo que en su mandato gozábamos de más libertad, otro concepto que, como el de democracia, no entiende.

Cualquiera que crea que todo el mundo puede llegar a pensar igual es un iluso o bien un tirano. El Gobierno no tiene la capacidad de hacer feliz a la gente mediante la imposición de las ideas, ni esa es tampoco su función. Ya lo intentaron los dirigentes de la URSS y de los fascismos europeos. En el discurso de Zapatero se esconde una doble moral peligrosa. Para él sólo se puede llegar de una forma a una sociedad feliz y unida: con más censura, control y prohibicionismo.

El penúltimo atropello

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

El BOE del 1 de diciembre publicaba la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Código Penal de 1995 en materia de seguridad vial. Es una muestra más de la inflación legislativa que los distintos gobiernos de turno han promovido para hacer creer a sus infelices destinatarios que pueden y hacen algo para atajar los siniestros de circulación. Aunque la reforma legislativa pretende justificarse en el número de muertos en las carreteras españolas, las estadísticas oficiales reflejan unos descensos espectaculares de esa cifra, que pasó de los 5.800 fallecidos en 1991 a los 3.200 en 2005, precisamente durante un periodo en el que el parque de vehículos casi se duplicó en España.

Una primera nota llamativa de la Ley reside en su apresurada entrada en vigor al día siguiente de su publicación. Ya sabe, los legisladores y gobernantes actuales entienden que usted debe desayunar todos los días leyendo el BOE, ya que lo que hoy no es delito puede serlo mañana. Y viceversa. Asimismo, introduce normas que tipifican como delito la superación objetiva de determinados límites de velocidad, sin otras consideraciones que valgan. Por lo demás, otros aspectos trascendentes del texto publicado han pasado desapercibidos a los medios de comunicación dominantes, siempre tan solícitos a propagar la ideología intervencionista que, típicamente, emiten los directores de tráfico y sus superiores jerárquicos.

Me refiero, en concreto, a las disposiciones transitorias de esa Ley. Siguiendo la estela de otras reformas del Código Penal, obligarán a la revisión de las sentencias firmes dictadas por los juzgados de lo penal –órganos judiciales con sede en las capitales de provincia y grandes ciudades que juzgan la mayoría de los delitos relacionados con la circulación de vehículos– para comprobar si las penas impuestas en aplicación de las normas anteriores pudiera ser más perjudiciales para los condenados. En ese caso se les aplicarían las penas más favorables. En general las nuevas normas amplían las conductas que pasan a considerarse delictivas y agravan las penas, pero ello no es óbice para la asignación de esa redundante tarea.

Añadiré que la legislación procesal española (Art. 14.1.3 LECr) atribuye a estos juzgados de lo penal la competencia para juzgar otros delitos cuya pena no supere los cinco años de privación de libertad o de multa, cualquiera que sea su cuantía. Por otro lado, desde hace más de diez años la función de ejecutar esas sentencias corresponde a unos juzgados especializados, denominados de "ejecutorias".

Pues bien, ese modo de legislar arbitrario va a suponer no solo la criminalización de conductas que hasta ahora se sancionaban como infracciones administrativas, sino que va a afectar a una ya saturada justicia penal. Como correlato necesario, los juzgados de instrucción y de lo penal recibirán una carga adicional de asuntos y se encomendará a una burocracia judicial encargada de la ejecución de las penas por delitos menos graves una tarea absurda de revisión de sentencias que no exige el principio de legalidad penal, recogido en el artículo 25 de la Constitución.

Si observamos los datos del último Informe del T.S.J de Madrid sobre la situación de los juzgados y tribunales de esta región, a 31 de diciembre de 2006, los cuatro juzgados de ejecutorias penales de la capital dieron cuenta de la entrada de 13.803 procedimientos de ejecución, de la terminación de 15.857 y de encontrarse en tramitación 27.427. El tiempo medio de respuesta de esos juzgados, medido a través del número de asuntos resueltos en un año y el número de asuntos pendientes al final de esa anualidad, fue de 19´03 meses.

Adviértase que en el ámbito de la ejecución de las sentencias penales se encuentran, aparte de la propia ejecución de la pena impuesta por una sentencia firme, funciones tan importantes como la realización de bienes y derechos del condenado para el resarcimiento de las víctimas. Así ocurre cuando se producen lesiones y daños con ocasión de la conducción de vehículos, por ejemplo, aunque con frecuencia las aseguradoras anticipen esas indemnizaciones. Las estadísticas judiciales anteriores ilustran sobre la situación que sufren muchos perjudicados desde que obtienen una sentencia firme (que puede haber tardado más de dos años desde que se produjo la agresión a su persona o a sus bienes) hasta que se termina su asunto. En muchos casos, sin que la indemnización que esperan que el Estado ejecute sobre su agresor, amparado en el uso de su monopolio de la fuerza, llegue a ser efectiva.

En conclusión, en un ámbito ya muy intervenido, como es la reglamentación de las infracciones de tráfico, se ha dado un paso más con la penalización de conductas supuestamente peligrosas, aunque no perjudiquen a nadie. Se trata, nos dicen, de lograr la reducción de muertes por accidentes de circulación. Tal reforma legislativa comporta necesariamente mecanismos perversos como los examinados, que congestionarán aún más la Administración de Justicia penal. La consecuencia de todo esto es que dentro de poco habrá otro pretexto para dar otra vuelta de tuerca…. a no ser que la superchería de los legisladores sea descubierta por una mayoría suficiente de individuos, a los que este comentario quiere contribuir a despertar.

Elogio del Common Law

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

El origen del Common Law inglés se puede establecer en tiempos de Enrique II (siglo XII), al implantarse la práctica de enviar jueces de tribunales reales a oír y resolver las diversas disputas que se producían a lo largo y ancho del reino. Previamente, estos jueces se empapaban bien de las costumbres locales con el fin de que, analizadas las evidencias presentadas en juicio, sus veredictos fuesen lo más acordes posible al sentido común y a los usos de las poblaciones en donde las sentencias iban a ser aplicadas.

Sucedió luego un hecho interesante: estos mismos jueces regresaban a Londres donde comentaban con sus otros colegas itinerantes las decisiones que habían tomado. Se descartaron los usos o costumbres más arbitrarios o ineficaces pero, a cambio, acabaron por recopilarse aquellas sentencias que reflejaban las más idóneas decisiones de sentido común y las mejores reglas halladas en las costumbres locales mientras desempeñaban su paciente y continua labor judicial (inicialmente itinerante) y que bien podían servir de guía para futuros casos similares que se presentasen en otros lugares del reino (con ello tomaba forma la regla esencial del precedente o stare decisis del Common Law).

Podría decirse que, sin un diseño previo y de manera casi imperceptible, surgió un proceso de incorporación progresiva de las mejores costumbres locales descubiertas por los jueces a lo largo de los años al acervo jurídico nacional. De esta forma, un derecho común comenzaba gradualmente a establecerse y evolucionar entre los anglosajones.

No obstante, los tribunales que aplicaban el Common Law tuvieron inicialmente que competir duramente con otro tipo de tribunales locales (county courts, hundred courts), tribunales de derecho feudal (manorial o seignorial courts) o de derecho canónico (ecclesiastical courts) que no fueron privados de sus competencias para conocer los casos. Esto hizo surgir una saludable rivalidad jurídica y un sentido pragmático de la justicia. Además, a lo largo de la historia jurídica inglesa, la monarquía fue creando nuevas jurisdicciones paralelas al Common Law a medida que los courts of Law limitaban inoportunamente su poder real (se intentó suplantarlos, sin éxito, por tribunales de prerrogativa real) o bien cuando no ofrecían soluciones a nuevos casos planteados (razón por la que se crearon exitosamente las courts of Equity).

Esta permanente rivalidad entre jurisdicciones hizo del Common Law un derecho apegado a la realidad, impregnado de costumbre inmemorial y de sentido común, evolutivo y gradual, dúctil y a la vez certero, respetuoso con los derechos individuales y limitador de las injerencias de terceros, incluidas las del poder político. Sin ningún género de dudas, el Common Law es un derecho que respeta mejor los principios liberales frente a la legislación centralizada o statutory Laws, esto es, códigos (statutes), leyes(acts) y sus desarrollos ejecutivos mediante reglamentos (regulations) o resoluciones administrativas (decisions).

La doctrina filoestatista del positivismo jurídico (hoy dominante) nos ha hecho aceptar como dogma que todas las leyes del derecho son fruto de una voluntad humana deliberada y ha pretendido negar el valor inmenso que supone la tradición del Common Law para la defensa de las libertades individuales. El derecho es anterior a la legislación. Las normas que gobiernan la acción humana existen con independencia de una voluntad política.

La idea de que no es esencial establecer límites al poder legislativo (representativo o no) es origen de muchos de los males que padecen las sociedades humanas. Es un craso error pensar que la actividad legislativa sólo puede traer perjuicios si la ejercen sujetos perversos o con aviesas intenciones. Por el contrario, incluso una legislación impuesta con la mejor de las intenciones imaginables puede acarrear consecuencias muy negativas, no previstas inicialmente, para el conjunto de la sociedad.

Pues bien, fue en Inglaterra, y debido a la existencia previa del Common Law, donde precisamente se edificó por vez primera el moderno concepto de la rule of law (Gobierno de la ley, no de los hombres, e igualdad de todos frente a la ley) sobre las antiguas libertades medievales y sin necesidad de contar con un cuerpo legislativo extenso y omnicomprensivo.

Este derecho común (Common Law) fue concebido no como fruto de mente diseñadora alguna, sino justamente como expresión de reglas de conducta ya existentes entre los ingleses e instrumento de defensa de los derechos y libertad individuales. Esta tradición del Common Law fue la que defendió Edward Coke frente a las pretensiones de Jacobo I y su teórico Francis Bacon y la que, luego, Matthew Hale apoyó a capa y espada en célebre polémica contra Hobbes. No es una sorpresa que Jeremy Bentham la criticara también.

La libertad de los ingleses, que tanto admiraron en la Europa continental de la Ilustración, no fue fruto de la separación de poderes entre el poder ejecutivo y legislativo como erróneamente se creyó (i. e. Montesquieu) sino más bien de un derecho que se expresaba por boca de los jueces y tribunales (de las courts of Law y las courts of Equity) sin venir dictado por un legislador. La separación de poderes, por tanto, era resultado no de que el Legislativo hiciera la ley, sino precisamente porque no la hacía.

El Common Law inglés es una valiosísima demostración histórica (no teórica) de que el derecho no es producto de una voluntad concreta dirigida a crearlo intencionalmente sino que es, tal y como nos recordó Edmund Burke, reflejo de una sabiduría sin reflexión, aunque por encima de ella. En aquellos lugares donde ha germinado el Common Law, se ha favorecido el respeto de los principios de la rule of law, ha hecho posible la existencia de un régimen político nomocrático y, en consecuencia, ha fructificado un vivo aprecio por la libertad junto a un acusado derecho de resistencia frente a innecesarias interferencias del poder.

A la postre, el objetivo final de una visión liberal del derecho es que los individuos que interactúan entre sí, comercian y se relacionan voluntariamente dejen de ser, en la medida de lo posible, meros y pasivos rule-takers de un productor político de legislación en régimen de monopolio centralizado para pasar a ser rule-makers de un sistema legal descentralizado (con la asistencia de jueces o árbitros dirimiendo los litigios planteados por los particulares) y alejado del poder ejecutivo, que permita a dichos individuos ser dueños de su propio destino (en gran parte desconocido).

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Libertad y asco

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Algunos liberales radicales (coherentes y con raíces, fundamentos) sabemos algo de antropología. Sabemos que todos los grupos sociales, pequeños y grandes, primitivos y modernos, tienen algunas normas contrarias al derecho de propiedad y a la libertad de comercio: ciertos bienes o servicios tienen prohibido su intercambio, y esas limitaciones son parte esencial de la cultura de la sociedad; si esas normas cambiaran, la sociedad sería diferente.

Es típico de los conservadores insistir en que esas normas no deben cambiar, apelando a que cumplen alguna función esencial, la cual frecuentemente no saben especificar (aparte de preservar la naturaleza de dicha sociedad), tal vez porque es irracional, quizás porque no existe o porque es inconfesable (sirve para mantener algún privilegio que no conviene reconocer). Que las reglas existan y lo hayan hecho por mucho tiempo no las hace automáticamente legítimas ni acertadas: la descripción histórica no es lo mismo que la justificación ética.

Como liberales radicales no nos consideramos ungidos por nadie ni hemos recibido ninguna revelación que nos permita conocer sólo a nosotros la ética de la libertad: es simplemente el estudio (accesible a cualquiera con la formación intelectual suficiente) de normas con determinadas características formales (universalidad y simetría) y pragmáticas (funcionalidad, sirven para regular la convivencia y permitir la cooperación competitiva minimizando los conflictos). Estas normas éticas son el derecho de propiedad (o principio de no agresión) y la libertad de contratación (los contratos a su vez pueden generar nuevas normas que ya no serán universales ni simétricas pero que las partes intentarán que resulten adecuadas a sus intereses).

Una sociedad no es simplemente un mercado: el mercado es un subconjunto propio de una sociedad, mayor o menor, que no lo abarca todo. Pero no es lo mismo que las personas no intercambien algo porque no lo desean a que no lo hagan porque las leyes (formalizadas o no) no se lo permiten de forma coactiva. Un fenómeno psicológico esencial en la generación de las preferencias humanas es el asco o la repugnancia, una emoción muy básica que se siente sin necesidad de razonar o reflexionar. Es un mecanismo genético innato de rechazo con contenidos parcialmente instintivos (como ciertos olores y sabores) y parcialmente aprendidos (culturales, es posible aprender a sentir asco por ciertas cosas). El asco existe porque es adaptativo: suele sentirse repugnancia por sustancias nocivas para el organismo. Pero las sociedades modernas son muy diferentes del entorno evolutivo de los ancestros humanos: muchos avances tecnológicos permiten acciones antes inimaginables, y en algunos ámbitos es posible que el asco sea un obstáculo contrario al progreso individual y social.

Los mercados de órganos pueden parecer repugnantes a algunas personas. Sin embargo todas las partes del cuerpo humano pueden ser legítimamente objeto de intercambio voluntario: tanto aquellas que son más accesorias (el cabello, pequeñas cantidades de sangre) como las más esenciales. Uno puede donar o vender un órgano redundante, como un riñón, o incluso un corazón (y conseguir otro o recurrir a un corazón artificial); también es posible dar la propia vida para que los órganos sean aprovechados por otra persona. La integridad física suele ser valiosa, pero no es el único valor ni necesariamente el más alto. No se tienen más o menos derechos por estar más sano o físicamente más completo.

Cualquiera puede sentir asco respecto al intercambio de cualquier parte del cuerpo. Aquel que considere que sus órganos son partes esenciales de su cuerpo y de su dignidad no debería tener ningún problema con el intercambio de órganos entre otras personas: a él no se le obliga a nada. Pero que él tenga un problema moral no le legitima para impedírselo a otros por la fuerza. Puede contratar voluntariamente con otros para comprometerse a no realizar ciertas prácticas, o incluso boicotear pacíficamente a quienes las realicen, pero eso no es lo mismo que una prohibición estatal.

La libertad de una persona tiene límites: la libertad de los demás. Lo que no limita en absoluto la libertad de forma legítima es la pretensión de una sociedad de preservar su esencia, de no cambiar: por eso el liberalismo es tan diferente del colectivismo. La moralidad surge evolutivamente cuando no había mecanismos legales institucionales y permite resolver problemas de coordinación y cooperación más allá de lo estrictamente legal. Los sentimientos morales los tienen los individuos pero suelen ser compartidos en mayor o menor medida por los miembros de un grupo social (sobre todo si este es pequeño, homogéneo y cerrado). Uno puede preferir que los demás implementen tu propia moral, pero nadie tiene derecho a exigirlo. Lo que caracteriza a una sociedad libre es que la moral no se legisla ni se impone, y si se intenta degenera y decae: por eso resulta lamentable que algunos pretendan que la calidad moral de una sociedad se determine por sus prohibiciones legales.

Política y bien común según Educación para la Ciudadanía

Escrito por Antonio Golmar en . Publicado en Análisis diario.

Una de las cosas que más molestan al Gobierno y a José Antonio Marina es que los críticos con Educación para la Ciudadanía digamos que la nueva asignatura adoctrina. El filósofo llama ignorantes a todos los que recelan de EpC, y la vicepresidenta del Gobierno se pregunta sorprendida qué habrá de malo en que los niños sepan qué es la democracia y alerta contra los oscuros designios de la Iglesia.

Tal vez algunos ejemplos sacados de los libros de texto de la asignatura sirvan para clarificar el asunto. Comencemos con Educación para la Ciudadanía ESO de Santillana, una obra colectiva dirigida por Estrella Molina Gete. En su página 78, la primera de la unidad La política y el bien común, las autoras ilustran el asunto con tres fotos: una manifestación de UGT, una declaración de Hacienda y un cartel en el que se lee "Cerrado por huelga general". Tras una somera descripción del sistema político español (sólo dos páginas de las 147 del libro), comienza la sección La participación en la vida política, donde las elecciones se solventan en un párrafo de 6 líneas (el resto de las dos páginas pertenece a los sindicatos y a los grupos de presión). Las fotografías tampoco tienen desperdicio: carteles de propaganda electoral en Irán contemplados por una niña velada, manifestación del partido troskista británico Socialist Worker’s Party,manifestación del 1 de mayo en París y sesión del Foro Económico Mundial. El resto de la unidad está dedicada a los impuestos, el derecho a la huelga (por si todo lo anterior no hubiera sido suficiente, dos páginas más), los derechos humanos (media página) y Amnistía Internacional (una página). Un concepto de democracia bastante extraño, a caballo quizá entre el nacionalsindicalismo falangista y la II Internacional.

La editorial Algaida también tiene un libro de texto de EpC sólo para Andalucía, titulado Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y coordinado por David Sánchez Rubio. La unidad 3, Comportamientos democráticos y ciudadanía, abre con la historia de la familia Gutiérrez, en la que las decisiones se toman por medio de una "asamblea familiar" en la que el voto del hijo de 12 años vale lo mismo que el de su madre. "La familia Gutiérrez era un ejemplo para los vecinos; por ello era muy respetada y admirada entre el vecindario. Verlos tan felices y responsables provocaba una adicional motivación en las personas…". La unidad continúa con una exposición de las raíces históricas de los sistemas democráticos, desde Grecia hasta "las democracias liberales y las reivindicaciones de la burguesía". A continuación, los autores abordan la representación y la participación, haciendo hincapié en la responsabilidad de los representantes políticos, y hablan de los votos y las manifestaciones, los movimientos sociales, los sindicatos y por último los partidos políticos. La unidad concluye con los problemas de la democracia: tiranía de la mayoría y "la capacidad que tienen los medios de comunicación para manipular y dirigir la opinión de las personas", un problema que "mucho tiene que ver la excesiva cultura consumista que se nos inculca. En vez de ser ciudadanos comprometidos por los problemas comunes, nos convertimos en personas preocupadas y obsesionadas por gastar y poseer más y más productos de consumo" (pura escuela de Frankfurt). Por último, "hay lugares donde la democracia es más difícil que llegue, como en el mundo económico o en el mundo de los negocios. Frente a ellos, hay quienes apuestan por entender la democracia (…) como un modo de vida y un proceso inacabado que hay que extenderlo por todos los sitios donde se desarrollan las relaciones humanas". Eso de que los precios se decidan por votación a mano alzada me parece un método un tanto extraño para alcanzar esa felicidad, ejemplaridad y responsabilidad logradas por los miembros de la familia Gutiérrez.

El tercer texto es de Anaya y se titula Educación para la ciudadanía. Está editado por Pablo Navarro y Capitolina Díaz. En la unidad Por qué es preferible la convivencia en democracia los autores afirman que el poder político es supremo y que "decide, de manera obligatoria para todos, lo que debe hacerse y lo que no". Su necesidad viene impuesta por su capacidad para "arbitrar los conflictos" e "imponer acuerdos" de forma no violenta. Lo que no aparece es una definición o explicación del concepto de poder. Estas páginas aparecen ilustradas con fotos de Bokassa, Hitler y Stalin como ejemplos de "imponer un poder político absoluto". Más adelante se describe la actitud democrática como una mentalidad caracterizada por la renuncia al uso de la violencia, la tolerancia y la disposición a negociar acuerdos. En cuanto a sus reglas, se opta por el enfoque pluralista que los defensores de la "democracia representativa" tildan de minimalista: gobierno de la mayoría, respeto a las minorías, respeto a la ley, representación, elecciones libres, etc. Este libro dedica mucho más espacio que los anteriores al sistema político español e incluso se habla de la nación española con citas textuales extraídas de la Constitución. Se hace hincapié en el Estado como "red de seguridad", aunque también se menciona su papel como "agente redistribuidor" que "hace posible el bienestar de todos y la justicia social". Entre los retos de la democracia, la diversidad ("todas las culturas tienen derecho a expresarse libre y pacíficamente (…) tienen la obligación de aceptar los valores democráticos…"), el desarrollo tecnológico y sus riesgos (la tecnología "nos ha hecho, en definitiva, más libres", aunque puede volverse peligrosa si se usa mal) y la amenaza del cambio climático (se extracta un artículo publicado en el diario El País dedicado al Panel Intergubernamental para el Cambio Climático). Por lo que respecta a "las causas de la riqueza o la pobreza relativa de los países", los autores señalan el aislamiento de ciertos países, la explotación irresponsable de las materias primas y la carencia de infraestructuras y preguntan al alumno: "¿Existe alguna relación entre progreso económico y democracia?". En general, este texto es más moderado y realista y menos buenista que los anteriores, huye de la simplicidad, proporciona más información y hace hincapié en la existencia de explicaciones alternativas y a menudo rivales para el mismo fenómeno.

En resumen, si usted desea que su hijo se eduque como un buen bolchevique, deberá pedir que el colegio adquiera el producto de Santillana. Si anda a caballo entre el corporativismo, y el neomarxismo y no le importa que sus retoños gestionen su nómina, su texto favorito será el de Algaida. Y si piensa que al fin y al cabo la democracia representativa es el peor de los sistemas si excluimos todos los demás, y además confía en el profesor, optará por el manual de Anaya como mal menor. Todavía no he leído el libro de Marina publicado por SM, que dejo para el próximo comentario por razones de espacio, pues éste comienza a exceder los límites de la buena educación. De todas formas, nada me gustaría más que conocer la opinión del profesor sobre algunos textos de la competencia. ¿Se atreverá a decir que no adoctrinan, o que son unos grandes demócratas? Lo dudo.

Crisis económica e intelectual

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Muchos parecen creen que nuestro sistema monetario está manejado por Dios. No hay margen para el error y mucho menos para la calamidad. Del 29 para acá la ciencia económica, y en especial la monetaria, ha avanzado tanto que las autoridades monetarias no permitirán que una tragedia de aquel calibre se repita. Y sin duda alguna pueden lograrlo: una vez terminada con "la dictadura del oro", puede implementarse sin restricción alguna las políticas financieras racionales que Occidente necesita.

Desde el Observatorio de Coyuntura Económica ya habíamos analizado algunas de las consecuencias que la ruptura de Bretton-Woods tuvo para las divisas nacionales, en concreto, haber perdido su valor en más de 20 veces frente al oro. Con todo, este intenso envilecimiento de la moneda es sólo una parte de los problemas que el dinero fiduciario de curso forzoso está causando.

El otro, tanto o más nocivo, es el alargamiento temporal de los procesos de expansión crediticia, con la necesaria consecuencia de un agravamiento de las subsiguiente crisis. Precisamente a analizar este otro punto hemos dedicado nuestro nuevo estudio en forma de boletín trimestral, donde examinamos de manera bastante detallada la génesis, el desarrollo y las repercusiones de la famosa crisis subprime.

Se trata a todas luces de una crisis económica y monetaria pero también de una crisis intelectual de primer orden. La expansión crediticia de los bancos centrales no sólo afluyó a financiar a deudores de escasa solvencia (subprime) sino también a economistas subprime que han hipotecado nuestro futuro, al contar con una formación del todo inadecuada para enfrentarse a la crisis. Son hijos intelectuales de un keynesianismo perfeccionado por las enseñanzas monetaristas cuyas teorías están abocadas, al igual que las hipotecas subprime, a la quiebra total.

La marginación profesional y académica de la Escuela Austriaca y de los teóricos de la liquidez no sólo ha pervertido la ciencia económica hasta transformarla en una parodia de lo que debería ser, sino que ha eliminado cualquier herramienta analítica que permitiera prevenir y comprender los acontecimientos actuales. ¿Qué clase de expertos tenían contratados las agencias de calificación para que se vieran sorprendidos por la fuerte correlación entre los defaults hipotecarios? ¿Qué tipo de directores de financiación tenían las empresas que les aconsejaron incrementar su exposición a los tipos de interés a corto plazo? ¿Qué profesores tienen las universidades como para que casi nadie esperara la crisis y para que muchos se nieguen aun a reconocerla?

Se me dirá que estos economistas han sido colocados en sus puestos por el mercado y que, si el mercado es eficiente, esos economistas serán mejores que los austriacos. Pero no, el mercado no tiene por qué ser eficiente ni tiene por qué tener razón, sobre todo cuando media la intervención del Estado. El mercado no es más que la suma de las decisiones de los individuos y los individuos se equivocan; en ocasiones se equivocan mucho y en masa, a eso llamamos ciclo económico.

Estamos avanzando hacia la crisis más dura que hayamos vivido en los últimos 30 años, entre otros motivos por la inanidad de unos modelos teóricos voluntariamente irreales que, como tales, son del todo inútiles. La profesión económica debe realizar una catarsis intelectual y desechar casi un siglo de doctrinas a cada cual más aberrante.

Es hora de sustituir a Keynes, Friedman, Lucas o Minsky por Hayek, Palyi, Mises o Fekete. En caso contrario, los demagogos y oportunistas aprovecharán la incapacidad de los economistas mainstream para incrementar el poder político: en el 29, la expansión sin límites del mercado bursátil pronosticada por Fisher provocó tanto el fin del laissez faire keynesiano como el New Deal de Roosevelt. Casi 80 años después seguimos pagando las consecuencias de una profesión económica desconcertada y sin recursos ante la crisis.

Los riesgos de que vuelva a suceder son motivo suficiente para sacar este y muchos otros boletines donde hagamos un seguimiento exhaustivo de la crisis. Es importante divulgar las causas reales y proponer alternativas útiles, mientras el resto de economistas sigan desacreditando su tarea al hacer buena la frase de que "explican mañana por qué se equivocaron hoy".

Ni es liberal ni ha pretendido nunca serlo

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario.

Ayer, en esta misma tribuna, se lamentaba amargamente mi socio y colega de profesión Manuel Llamas por el giro a la izquierda que, a su parecer, el PP ha dado en los últimos tiempos. Estoy de acuerdo con él; en el lamento y en el análisis. En el lamento porque es una pena que en España no tengamos un partido político que se acerque a nuestra manera de pensar y de concebir la vida en sociedad. Y en el análisis porque el PP, efectivamente, es desde hace mucho un partido socialdemócrata más cuyo programa e intenciones distan sólo un par de estaciones de los de su archienemigo socialista.

El problema no es por lo tanto el juicio, que va sobrado de tino, sino la profundidad del mismo. El Partido Popular no es un partido liberal ni ha pretendido nunca serlo. Es, en el mejor de los casos, un partido que gusta de decirse –a ratos y sin demasiada convicción– liberal o, afinándolo aún más, amigo de los liberales. Y no siempre y no desde siempre. Cuando empecé a interesarme por las cosas de la política, allá por 1992 o 1993, el PP no prestaba la más mínima atención a las ideas liberales (no es que ahora preste demasiada, pero entonces sus líderes no sabían ni que existían) y su programa, coma arriba, coma abajo, era un refrito del que imprimía cada cuatro años el PSOE quitándole la épica obrerista y la lírica de lo social.

En todo lo demás eran clavados y así nos lo hacía ver Jesús Huerta de Soto en sus clases nocturnas de Economía Política para pasmo de los que hasta allí se allegaban con el monotema de odiar a Felipe González por encima de todas las cosas. Tuvo entonces alguien dentro del PP la ocurrencia de vestir la presencia pública del partido con ropajes nuevos, recién cortados en el taller de Lucas Beltrán o de Pedro Schwartz y que Jiménez Losantos, a la sazón columnista y contertulio muy aplaudido por los jóvenes, difundía en la radio y en la prensa con eficacia demoledora. De esto hace 15 años y algunos se ilusionaron con eso de que el PP sería la herramienta que siempre le ha faltado al liberalismo español, la llave inglesa política que fuese poco a poco desmontando el monstruoso estado que heredamos del franquismo, y que ucedeos y felipistas hicieron crecer hasta extremos tan onerosos como la brutal recesión económica del 93-94.

Han pasado muchas cosas desde entonces y el PP sigue, más o menos, donde estaba. Gobernó ocho años retocando cuatro nimiedades pero, en lo esencial, doblando el espinazo ante el discurso socialista hegemónico. En España, por desgracia para nosotros y para los que vengan detrás, no se aprovechó esa oportunidad para hacer una revolución al estilo de las de Thatcher o Reagan. Ni se tocó el mal llamado "Estado del Bienestar" ni se emprendió ninguna reforma digna de tal nombre. A lo más se dejó de robar a manos llenas y se practicó un bypass de emergencia a un organismo moribundo que estaba a punto de reventar.

En el PP, dados como buenos políticos que son a pasar el día felicitándose de sus propias incompetencias, no es que no sean conscientes de la oportunidad que perdieron, es que, para ellos, eso no fue una oportunidad sino dos legislaturas de poltrona y coche oficial. Si volviesen a gobernar harían lo mismo. La Seguridad Social o el fondo de pensiones seguirían siendo lo que son, los impuestos serían tan altos y desproporcionados como lo son ahora y el Gobierno no podría evitar meter sus narices en los medios de comunicación, en la banca o allá considerase necesario en aras del "bien común". Les va en su naturaleza. Son políticos, esa curiosa especie de seres humanos que se cree omnisciente y cuyo único interés real es vivir a costa de los demás diciendo como tienen que vivir los demás.

Mi pesimismo, naturalmente, no es óbice para que, de tanto en tanto, les eche el voto. Pero no con la esperanza romántica de que hagan esa revolución liberal que tanto me gustaría ver con mis propios ojos en mi propio país, sino con la idea práctica de evitar que vengan los de enfrente y hagan la revolución a la inversa.

El giro a la izquierda del PP naufraga en la pugna ideológica

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Resulta vergonzoso, cuando no menos hipócrita, el hecho de que un partido que se define a sí mismo como liberal adopte y defienda tesis propias del ideario socialista, tal y como viene demostrando últimamente la elite del PP. Los líderes políticos de este partido conservador y de centro, que no liberal, adolecen de una enfermedad ideológica de difícil solución, a la vista de lo que demuestran a diario con sus declaraciones y propuestas electorales. El mal en cuestión es propio de los acomplejados, cuyas causas radican en la existencia de cobardía y, peor aún, ignorancia o carencia de ideas propias.

No nos engañemos, y mucho menos permitamos que nos engañen. España carece de un partido que, ni siquiera remotamente, se aproxime a lo que correctamente, tanto desde un punto de vista teórico como histórico, debe entenderse por liberalismo. Por ello, resulta humillante escuchar por boca de Rajoy la defensa del citado ideario, pues, en sus manos, sufre una deformación tal que apenas logran diferenciarse tenues matices de color respecto al pensamiento que propugna el PSOE.

La dinámica mantenida por el PP acaricia sin rubor los presupuestos socialistas. El giro al centro iniciado por Aznar se ha transformado, en realidad, en un giro a la izquierda que, sin duda, resultará contraproducente para los intereses electorales de la citada formación. Y es que por esa senda poco pueden hacer, puesto que sus medidas económicas y sociales casi siempre se verán superadas y mejoradas, en la práctica, por sus auténticos y verdaderos detentadores, los socialistas, quienes, al menos, conservan una cierta coherencia programática en base a sus presupuestos dogmáticos.

Tan sólo es necesario observar las principales líneas de actuación que, recientemente, han anunciado de cara a las próximas elecciones generales. De los doce ejes programáticos diseñados tan inteligentemente por la cúpula popular, tan sólo una medida podría adscribirse a algo someramente cercano al liberalismo. Me refiero a la rebaja fiscal en el IRPF destinada a los mileuristas. Según Rajoy, "la economía será una prioridad básica" para el PP y, sin embargo, se contenta con ofrecer tenues reducciones tributarias para las rentas bajas o las pequeñas empresas. De hecho, no se arruga a la hora de defender un tratamiento fiscal diferenciado en función del sexo de los individuos, mediante el uso de la controvertida (y del todo socialista) discriminación positiva a favor del colectivo femenino.

Además, se vanagloria de que fueron ellos los que aprobaron la subvención de 100 euros a las madres que trabajan fuera de casa. ¡Toda una alternativa, sí señor! ¡Qué valentía liberal, qué osadía la del señor Rajoy! En esta misma línea, aboga por la conciliación familiar y, para ello, apuesta por prolongar el permiso de maternidad y paternidad, ni más ni menos, en aras de una "sociedad más igualitaria". ¿No les suena de algo? Con ello, pretende convertir a España en una de las cinco economías más avanzadas del mundo.

¿Cómo? Reformando la Ley General Presupuestaria y la Ley de Estabilidad Presupuestaria (las limitaciones macroeconómicas ya nos vienen impuestas desde Bruselas); invirtiendo en capital humano y tecnológico (mediante más gasto público, ¿me equivoco?); impulsando una nueva política energética, pero cuidándose mucho de referirse a la tan denostada energía nuclear; aprobando una Ley de Unidad de Mercado, sin citar la necesaria reducción de la burocracia; y, por supuesto, desarrollando planes para sectores como la agricultura, la ganadería o la pesca, pero sin reducción alguna de las ingentes ayudas públicas que reciben tales colectivos.

Llegados a este punto, poco cabe decir del resto de propuestas populares o, más bien, populistas, como la pretensión de alcanzar el pleno empleo, aunque sin citar cómo. Esto mismo también lo persigue el PSOE, y hasta IU y ERC si me apura señor Rajoy. Temas como la inmigración, la política exterior, el terrorismo o la unidad de España ya son conocidos por todos, y reiterados hasta la saciedad por la elite popular.

Mención especial merece, sin embargo, la intención de "aumentar el bienestar social" mediante la subida de las pensiones (públicas) y una nueva Ley Integral de Apoyo a la Familia, sustentada a cargo del erario público, como no puede ser de otra manera. Y por último, sin duda, el colofón del ideario popular: la defensa de Medio Ambiente, a través de una Ley Integral de Lucha contra el Cambio Climático y un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética. A liberales, desde luego, no les gana nadie, no señor…

Tras esta retahíla de voluntarismo y buenas intenciones, sostenido mediante un discurso plagado de corrección política y progresismo económico, y una vez comprobada la veracidad de la tesis expuesta al inicio de este artículo, tan sólo me cabe decirle, señor Rajoy, que respeto, pero no comparto su ideario, al igual que me ocurre con el PSOE, y que, por coherencia ideológica y discursiva, deje al menos de vilipendiar y menospreciar el término liberalismo.