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La estrategia de Ram Bhavnani

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

Ram Bhavnani, multimillonario inversor de origen indio, afincado desde hace cuarenta años en Tenerife, protagonizó la información económica de la penúltima semana de noviembre. RB decidió vender el día 20 su casi 15% de Bankinter, el sexto banco español, a Crédit Agricole, embolsándose unas plusvalías superiores a 300 millones de euros. Ahora, con 650 millones de capital propio, Bhavnani tendrá oportunidad de alcanzar nuevas oportunidades de negocio, tras su paso antaño por otras entidades del sector (Zaragozano, Popular, BCH). No es menos cierto que el 18 de Noviembre RB declaraba que no quería vender Bankinter para nada; ni tampoco conviene olvidar que en un reciente libro suyo aconseja no invertir a crédito, lo contrario de lo que hace. En cualquier caso, Bhavnani es miembro distinguido de la acreditada escuela de "haz lo que yo digo, no lo que hago". Así es el juego –contradictorio, pero libre– de la perspicacia empresarial.

La vida de RB tiene algunas conexiones de interés. Arribó a Santa Cruz como inmigrante para poner en orden los asuntos familiares, convirtiéndose con esfuerzo en el mayor tendero de la ciudad. Mucho antes, en 1943, nació en Hyderabad. Hyderabad es la capital del Estado de Andhra Pradesh, el quinto por tamaño y gozne entre el Norte y el Sur de la Unión India. En Hyderabad residen dos poderosas organizaciones mundiales: Microsoft y la Compañía de Jesús. Allí trabajan –además de la corporación de Bill Gates– Wipro, Infosys, Oracle, IBM y Dell. Por otra parte, Wharton y London School of Economics son los dos grandes centros de aprendizaje. Se trata de un nuevo Silicon Valley, algo serio, una gran región en marcha de Asia. Mientras, España, atravesada con el ladrillo, dedica cuatro veces más a subvencionar el carbón que en invertir en I+D+i (un mínimo 1,07% del PIB según el Informe COTEC de Junio 2006). Alemania, Francia y Reino Unido –inalcanzables– nos cuadriplican en gasto informático.

Volviendo a Bhavnani, fue alumno de los jesuitas hasta los 17 años de edad. Es curioso, pero en India reside y enseña desde hace más de medio siglo un conocido sacerdote jesuita español: Carlos G. Vallés. No es imposible el vínculo entre éste y RB. Vallés es un adalid del ecumenismo y, estereotipos al margen, dice cosas muy razonables sobre la modernidad. Por ejemplo, respecto de la competitividad como factor de progreso personal, podría considerársele afín a la praxeología. Afirma lo siguiente: "Anoto el hecho de que somos competitivos, que buscamos la propia ventaja, que con frecuencia nos tenemos envidia unos a otros; y el caer serenamente en la cuenta de este hecho es factor esencial para que funcionemos bien en grupo… Una cosa es tener sentimientos y otra cosa es obrar según ellos. Una cosa es sentir envidia y otra cosa es ponerla en práctica… el valor de mi vida no depende del éxito de mi trabajo y, en consecuencia, el éxito de los demás no es ninguna amenaza a mi carrera, no hace sombra a mi imagen. La amistad calma la ansiedad." (Viviendo juntos, Sal Terrae, 1995)

RB, practicante del hinduismo, quizá tenga en su estrategia la ocasión de recordar con frecuencia los principios del liderazgo en Ignacio de Loyola: heroísmo, ingenio, amor y conocimiento de sí mismo. El heroísmo inspira a hacer algo más, algo más grande; hace a una persona soñadora y pragmática a la vez. El ingenio dispone no sólo a pensar sino a vivir de manera original (Bhavnani es austero, no es rico al uso; guarda formas de arzobispo de Compostela). El amor liquida los temores y aglutina en equipos a las personas que sobresalen. Por último, el conocimiento de sí mismo –la introspección– enraíza y alimenta, como un bucle virtuoso, las demás cualidades del liderazgo. Bhavnani lo sabe.

Los riesgos de la subcontratación

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Privatizar un servicio público no es lo mismo que subcontratarlo a una empresa privada para que lo gestione, aunque a menudo la gestión privada sea confundida con la privatización porque hay un poco de "privado" en ambos. Es importante mantener la distinción si no queremos perder perspectiva y llegar a conclusiones endebles.

En el caso de la privatización, el Estado transfiere íntegramente una actividad pública al sector privado. El Estado no sólo deja de producir y proveer el servicio, también deja de financiarlo a través de impuestos. En el caso de la subcontratación el Estado deja de producir/proveer el servicio, pero permanece como comprador. El Estado subcontrata empresas de titularidad privada para que gestionen un determinado servicio público. Cuando Telefónica o British Telecom fueron privatizadas, por ejemplo, tuvieron que empezar a competir por el dinero de los consumidores. Los beneficios o pérdidas de estas empresas en el mercado abierto son una función de su éxito o fracaso a la hora de servir a los consumidores. Cuando el Estado, en cambio, subcontrata la gestión de los hospitales o la recogida de basuras a empresas privadas, las empresas deben competir entre sí para hacerse con el contrato, pero los contratantes no son los consumidores sino el Estado.

La subcontratación es, por tanto, un sustituto muy pobre de la privatización. La provisión o gestión del servicio es privada, pero mientras sea el Estado el que pague la factura las empresas tienen incentivos para servir al Estado y no a los consumidores, y el Estado es quien define lo que los usuarios van a recibir. El Estado tampoco sabe lo que los consumidores desean en realidad, pues estos no pueden revelar sus preferencias eligiendo en el mercado. En definitiva, con la subcontratación no tiene lugar el proceso competitivo que lleva al descubrimiento de nuevas y mejores fórmulas de servir a los consumidores.

Pero lo mejor no debe ser enemigo de lo bueno: ¿es la subcontratación de servicios públicos un paso adelante, aunque la solución óptima sea la privatización? A primera vista eso parece, pero un examen más detenido deja entrever que hay luces y sombras.

La principal ventaja de la subcontratación es que la empresa privada tiene más incentivos que la empresa pública para reducir costes (porque así aumentan sus beneficios) y proveer un servicio decente (porque de lo contrario el Estado puede subcontratar a otra empresa). Es cierto que la empresa privada, porque responde ante el Estado y no ante sus usuarios, quizás tienda a reducir demasiado los costes y la calidad del servicio se resienta, pero en general la subcontratación tiene el potencial de ahorrar dinero a los contribuyentes o de procurarles un mejor servicio por el mismo dinero. Los ejemplos de gestión privada de servicios públicos son numerosos y parecen corroborar este punto. Se ha introducido un poco de competencia, y un poco es mejor que nada.

Otro aspecto positivo es que la gestión privada, si se demuestra más eficiente que la pública, puede allanar el camino a la privatización. Los ejemplos actuales de gestión privada pueden emplearse para ilustrar la superioridad de la empresa privada y minar los prejuicios que la gente tiene en su contra. Un aumento de la subcontratación puede abastecernos de más ejemplos (imperfectos, pero elocuentes) de que "el mercado puede encargarse de esto". La otra cara de la moneda es que si no mantenemos clara la distinción entre subcontratación y privatización la gente puede achacar las deficiencias o los fracasos de aquélla a la empresa privada (Blackwater es un caso reciente).

Dando la vuelta al argumento de la eficiencia algunos liberales sostienen que la subcontratación es peligrosa precisamente porque hace al Estado del Bienestar más eficiente, y a la postre más soportable e inmune a la crítica. Pero este razonamiento, llevado hasta sus últimas consecuencias, sugiere que debemos anhelar el Estado más ineficiente posible. ¿Queremos realmente que la sanidad pública mate a sus pacientes para que la gente vea que la privatización es necesaria? ¿Queremos que la escuela pública haga de nuestros hijos unos analfabetos para que la gente exija un cambio? ¿El fin justifica los medios? En este caso el fin es el liberalismo y el medio es hacer sufrir a las personas para que se den cuenta de que el mercado es necesario. No creo que utilizar a las personas de este modo para un fin político represente en absoluto el espíritu liberal.

El argumento de que la subcontratación es peligrosa porque hace eficiente al Estado sí es válido, no obstante, aplicado a determinados servicios que son injustos o que conllevan injustica. ¿Queremos que el Estado sea más eficiente en la guerra contra las drogas? ¿Queremos que subcontrate la recaudación de impuestos? Bruce Benson, por ejemplo, explica que la subcontratación reduciría los costes de gestionar las prisiones, pero en el contexto actual eso significa que será más atractivo para el Estado recurrir a ellas y que más gente inocente, condenada por delitos sin víctima, puede acabar entre rejas. La solución parece obvia: subcontratemos aquellos servicios que son "inofensivos" e inequívocamente útiles (hospitales, recogida de basuras, aeropuertos) y dejemos a un lado los servicios más cuestionables (policía, ejército, prisiones). El problema es que, aunque sobre el papel podamos separarlos, en la práctica la subcontratación de unos servicios quizás empuje a la subcontratación de otros.

Un riesgo importante son los nuevos vínculos que se crean entre el Estado y los empresarios. La subcontratación alinea los intereses de los empresarios (tanto los que se benefician del contrato como los que podrían beneficiarse) con los intereses del Estado. El liberalismo pierde aliados y el Estado gana socios. La frontera que separa el Estado de la sociedad civil se difumina. Hoy en día ya sucede este fenómeno en cierta medida. La subcontratación podría acentuarlo. Además existe el peligro de que en determinadas áreas la empresas subcontratadas desplacen a las empresas puramente privadas, que al no recibir sus fondos del Estado no son capaces de reducir tanto sus costes para competir (los cheques escolares tienen ese riesgo, por ejemplo).

El balance, en mi opinión, no está claro. Recibir un servicio menos nefasto a cambio de nuestros abusivos impuestos quizás sea una razón suficiente para defender la subcontratación en varios ámbitos. El problema es que la "subcontratación buena" y la "subcontratación mala" pueden venir en paquete.

Salario mínimo

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

En periodos cercanos a las elecciones, uno de los temas que más suele sacar a colación la clase política es el del salario mínimo. Las leyes que lo regulan establecen un importe mínimo, por debajo del cual, está prohibido celebrar cualquier contrato de trabajo. Este concepto fue introducido en su forma actual en el siglo XIX en Australia y Nueva Zelanda, y en la actualidad la mayoría de los países del mundo lo implementan de alguna forma.

Los defensores del concepto de salario mínimo suelen ver esta medida como uno de los pilares de la llamada “justicia social”, que permite elevar el nivel de vida de aquellos trabajadores cuyos ingresos son más reducidos, y que, sin este tipo de medidas, estarían condenados a la pobreza.

Este argumento no tiene gran solidez, y la prueba la tenemos en que ni los más acérrimos defensores del salario mínimo se atreven a subir el importe de esta cifra más allá de ciertos límites. Si la retribución de los trabajadores dependiese sin más del cuerpo normativo de un país, lo lógico no sería dejar esta cifra en 570,6 euros al mes, sino elevarla a importes más elevados, como 5.000 ó 10.000 euros mensuales. Puesto que los ingresos del trabajador dependen de lo que marque la legislación, lo razonable sería incrementar esta cifra lo máximo posible.

No obstante, esto no ocurre así, y las subidas suelen mantenerse dentro de determinados márgenes, ya que los defensores de este concepto son conscientes de la poca consistencia del concepto del salario mínimo como defensor de los trabajadores con menores ingresos.

La lógica empresarial no entiende de los buenos deseos políticos y la contratación laboral se rige por otros parámetros. Cualquier persona, a la hora de contratar a otra, busca obtener un beneficio del trabajo de ésta. Así, el bien o servicio que va a ayudar a producir dicho trabajador debe valer para los clientes de la empresa más que todos los costes en que se han incurrido para elaborarlo, incluido el salario del empleado. En caso contrario la empresa no podrá sobrevivir mucho tiempo en el mercado y acabará quebrando.

En el caso de que se produzca una subida del salario mínimo pueden darse dos circunstancias, que dicha empresa siga siendo rentable o que no. En el segundo de los casos, los efectos del salario mínimo habrán sido catastróficos para los empleados que trabajaban allí, ya que, por culpa de los nuevos importes mínimos, habrán perdido su medio de trabajo. En el primero, la situación es un poco más compleja, ya que son más difíciles de medir los efectos. Si el precio de los productos de la empresa se mantiene, la subida de salario mínimo producirá un estrechamiento de los márgenes, lo que puede llevar a tratar de recuperarlos. Esto se puede producir, entre otras medidas, mediante un adelgazamiento de la plantilla, lo que de nuevo elevaría el desempleo, o una subida de precios, lo que repercutiría negativamente en los clientes de la empresa, que a su vez se verían obligados a recortar de alguna manera sus costes o a trasladar la elevación de los mismos. También podría suceder que, en lugar de buscar la recuperación de dicho beneficio, el empresario considerara dicha bajada como definitiva. Esto último traería como consecuencia el que menos empresarios se viesen atraídos a ejercer dicha actividad, por lo que se demandarían menos trabajadores y más gente quedaría desempleada.

Por lo tanto parece claro que el primer efecto de la subida del salario mínimo es que determinados trabajadores quedarán desempleados, aquellos cuya productividad no sea lo suficientemente elevada como para justificar dicho nuevo salario. Pero el efecto más perjudicial no radicaría ahí, sino en los trabajadores que carecen de experiencia y tienen una formación más reducida. Estos trabajadores aportan muy poco valor a la empresa cuando se incorporan por lo que una subida del salario mínimo puede hacer que su salario sea superior al producto que son capaces de ofrecer. Al no tener formación su productividad es muy reducida y la única forma de incrementarla, y por tanto, de ganar más, radica en la experiencia que puedan obtener. No obstante, al existir un salario mínimo no existirán empresas interesadas en contratar personas de tan baja productividad.

Por tanto se puede concluir afirmando que la mera existencia del salario mínimo perjudica a los trabajadores, por muy buena que haya sido la intención del legislador. Y es especialmente grave en el caso de los trabajadores con menores ingresos, al ser éstos los que cuentan con menor formación, que verán cómo se limitan las posibilidades de incrementar su productividad mediante la experiencia, siendo condenados a la pobreza el resto de su vida.

La idea conservadora

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

No existe un cuerpo unificado y completo del conservadurismo, como tampoco, para el caso, del socialismo o del liberalismo. Ahora bien, todas sus posiciones se pueden referir de un modo u otro a la visión de que la sociedad es como es por algún motivo y que nosotros, como parte de ella que somos, no estamos en la situación de reformarla por completo. Ese respeto por el funcionamiento autónomo de la sociedad lleva a una mirada de comprensión hacia las instituciones, que tiende a ver en ellas una razón de ser, una función acaso no plenamente evidente ni abierta a una comprensión total, pero sí suficiente. El conservador no es panglossiano. Observa las miserias del alma humana y de la sociedad con dolor, pero con cierta tolerancia y transigencia. Dice Burke: "La naturaleza del hombre es intrincada; los objetos de la sociedad son de la mayor complejidad posible y por lo tanto ¿puede una simple disposición u orientación del poder ser adecuada, ya sea para la naturaleza del hombre o para la calidad de sus asuntos?"

Se entenderá mejor la posición del conservador si acudimos a cómo define Tocqueville a su opuesto. Dice de los jacobinos que "sentían una especial inclinación por las generalizaciones amplias, los sistemas legislativos estereotipados y por una simetría pedante; un mismo desprecio por los hechos incontestables; idéntico gusto en reformar las instituciones siguiendo líneas nuevas, ingeniosas y originales; el mismo deseo de reconstruir toda la constitución de acuerdo con las reglas de la lógica y de un sistema preconcebido, en lugar de intentar la rectificación de sus partes defectuosas". Éste quiere crear "una multitud innumerable de hombres, todos iguales y semejantes, que se esfuerzan incesantemente en procurarse los placeres pequeños y mezquinos con los cuales saciar sus vidas". Y por encima de ellos, "un poder inmenso y tutelar; absoluto, instantáneo, constante, prudente y suave… hasta que cada nación quede reducida a nada mejor que a una multitud de animales tímidos y diligentes, de la que el gobierno es el pastor".

El jacobino, el ungido en terminología sowelliana, ve el conocimiento acumulado como supersticiones y prejuicios y las instituciones como cadenas que es necesario hacer añicos para lograr, por fin, la plena libertad del individuo. Expresaba así su propósito el Comité de Salud Pública: "Es necesario reformar por completo un pueblo al que se desea hacer libre; destruir sus prejuicios, modificar sus hábitos, limitar sus necesidades, desarraigar sus vicios, purificar sus deseos".

Sienten inclinación sobre todo por el ámbito privado, esto es, por el verdaderamente social. Tanto la propiedad privada, con la red de relaciones tejidas voluntariamente, como por la familia. Pero también por la villa o el pueblo, o la comunidad establecida por la costumbre. Y por la descentralización del poder. Son favorables a que haya una Iglesia establecida, pero su actitud hacia ella es más instrumental que "necesaria". La Iglesia cubre el tejido social de un manto de respeto por la moral tradicional y por lo establecido, y constituye en sí mismo un cierto poder que sirve de contrapeso al del Estado o al de otras instituciones. El contrapeso, el equilibrio y el respeto por el propio ámbito y del de los demás es parte esencial del ser conservador.

Valoran la autoridad, pero en un sentido menos fuerte, menos coactivo que el que podamos imaginarnos ahora. Esa autoridad no es sino el poder de cada persona sobre su propiedad y de cada institución sobre el ámbito que le es propio. Mientras que el liberal parte de los derechos del individuo, el conservador, que puede también contemplarlos, presta atención a esta idea de la autoridad y del respeto del propio ámbito.

Los conservadores son críticos con el liberalismo, por las mismas razones por las que son críticos con los ungidos, y a la vez por otras muy distintas. Los liberales, se duelen, con su insistencia en la plena libertad del individuo, fomentan la disolución de los lazos sociales tejidos y forjados por la costumbre. Puede contribuir, por otra vía, a romper los roles y las relaciones entre cooperación y autoridad que mantienen cohesionada y sana a una sociedad. El liberalismo es caldo de cultivo del hombre-masa que aterra la sensibilidad conservadora.

Yo entiendo que esto es un claro error por su parte, ya que los auténticos lazos sociales están basados en la voluntariedad y construidos precisamente sobre el respeto de lo propio y lo ajeno. Pero teme Coleridge los efectos "desgarradores, divisorios y aniquiladores" del comercio sobre el vínculo social tradicional. Los liberales, por lo general, vemos ese temor con auténtica simpatía.

Y es que la reverencia conservadora por las instituciones asentadas puede resultar excesiva. Y la libertad es necesaria para poner en práctica comportamientos nuevos, algunos de los cuales puede que se adapten a las nuevas circunstancias mucho mejor. El efecto disolvente de las relaciones comerciales sobre las relaciones tradicionales hace más abstractas y menos condicionadas por roles sociales predeterminados.

Con todas las críticas que hace el conservadurismo al liberalismo, que me parecen fundadas en una falta de confianza en la libertad, es cierto que hay elementos comunes o al menos compatibles entre ambas corrientes, y por eso se habla de la posición liberal-conservadora.

Notables para el PP

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

No hay duda de que el PP carece de la capacidad propagandística del PSOE. La idea de contratar a diversos intelectuales extranjeros para colaborar en la elaboración del programa electoral socialista es muy buena, pero no para mejorar éste, sino para hacerlo parecer mejor ante la opinión pública, que siendo española sigue creyendo que lo de fuera es necesariamente mejor. El PP no puede contraatacar haciendo lo propio, porque parecería un imitador barato, de modo que ha hecho un vídeo que parece realizado por la televisión local de Villatempujos de Abajo diciendo que todos somos “premios Nobel”. Oigan, estupideces progres igualitaristas, las justas. Yo no soy premio Nobel (y, si del de la Paz se trata, a mucha honra) y los protagonistas del vídeo tampoco lo son.

Haría bien el PP en emplear la táctica habitual del PSOE, que consiste en identificar una verruga en un rostro por lo demás hermoso y enfocarla al máximo, mencionarla en todas sus declaraciones y sacar fotos ampliadas en diarios y televisiones. En este caso, aunque la mayor parte de los intelectuales escogidos tienen ideas más bien malas, la idea más fácilmente vendible a la ciudadanía es que el PSOE, al contratar a Wangari Maathai, demuestra estar de acuerdo con la defensa que ésta hace de la ablación del clítoris. Y decirlo cada dos por tres aunque hablen de otra cosa: “López Garrido, que defiende la ablación del clítoris”; “Caldera, que está muy a favor de la ablación del clítoris”; etc.

Pero no es mi intención hacerles la táctica mediática al PP, aunque buena falta les haga tener a gente competente en ese terreno, sino pensar quienes podrían haber sido unos buenos notables para el PP. Y no porque resulten publicitariamente vendibles, sino porque realmente puedan ayudarles en la elaboración de un programa electoral como Dios manda.

En temas ecológicos, podrían fichar a Bjorn Lomborg, que además de El ecologista escéptico ha publicado recientemente otro libro destrozando Kioto y el informe Stern. Lo tiene todo: no duda de la responsabilidad humana en el calentamiento global, pero propone medidas racionales, además de no considerarlo como “el gran problema mundial” (“sentirse mejor no siempre quiere decir estar haciendo lo mejor”, llega a escribir sobre el ecocatastrofismo). Incluso si quisieran cumplir con una cuota rojiverde podían hablar con James Lovelock, que les explicaría por qué hay que apostar por la energía nuclear según esa perspectiva.

En cuanto al tema educativo, pueden optar por dos vías complementarias. En primer lugar, una reforma de la enseñanza pública que elimine asignaturas no sólo adoctrinadoras sino que, además, hacen perder el tiempo de alumnos y profesores, y que recupere el esfuerzo y la recompensa de los méritos; Thomas Sowell sabe mucho sobre esto. Por otro lado, abrir vías para privatizar la enseñanza por medio de cheques escolares u otras alternativas. Posiblemente quien mejor pueda analizar el caso español y proponer mejoras sea Andrew Coulson, el experto del Cato en estas cuestiones.

A la hora de considerar el futuro de la seguridad social, ¿quién mejor que José Piñera, el responsable del exitoso tránsito chileno hacia un sistema de pensiones privadas? En cuanto al sistema sanitario, Arnold Kling ha demostrado ser capaz de ver más allá de la dicotomía público/privado para ver los problemas de ambos enfoques, dependiendo de cómo se regulen. Podrían adoptarse muchas otras medidas de liberalización de la economía, y seguro que Mart Laar, el exitoso primer ministro estonio que llevó a su país a tasa récord de crecimiento, podría explicar cómo se hace. También podría aconsejar a los populares sobre las ventajas del tipo único.

De los problemas de la inmigración descontrolada y las dificultades de integración de la minoría musulmana tiene mucho que decir la exiliada Ayaan Hirsi Ali. Sobre cómo ayudar a los países de origen a desarrollarse y dejar de exportar a sus mejores a los países occidentales, no se me ocurre nadie mejor que Johan Norberg. Y así podríamos seguir. Pero estoy seguro de que a nuestros lectores se les ocurrirán muchos más nombres, y seguramente mejores. ¿A quién escogerían?

Llega la ideología científica a las aulas

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

The Party and the Government are showing paternal concern for the strengthening and development of… our science
T. Lysenko, del informe ante la Academia Lenin de Ciencias Agrícolas de 7 de agosto de 1948

De tanto escrutar la Educación para la Ciudadanía (la edad de mis hijos les convierte en mamoncetes de la EpC) se me ha olvidado analizar el contenido de otra nueva asignatura que el Ministerio de Educación y Ciencia ha introducido en el bachillerato de tapadillo mediante Real Decreto. Con el rimbombante nombre de Ciencias para el Mundo Contemporáneo, esta asignatura, prevista ya en la Ley Orgánica de Educación (LOE), será común y obligatoria en el próximo curso escolar 2008-09 para todos los bachilleres, incluidos los de Humanidades, desde los 16 a 18 años, claros protovotantes.

Esta nueva planificación en la producción estatal de la enseñanza, que pretende cubrir las lagunas (más bien océanos) de la ESO, es el típico ejemplo de cómo una buena intención (ampliar los conocimientos científicos de los jóvenes estudiantes) puede desembocar en una intolerable manipulación de intenciones políticas cuando es manoseada por la gestión burocrática del Estado.

La nueva materia se organiza en seis bloques que pretenden ser la vanguardia de lo científicamente correcto. Con ello se pretende que los jóvenes manejen conceptos, leyes y teorías útiles para formarse opiniones en el ámbito científico, social… y político.

Aquí van en cursiva algunos de los contenidos de estas modernísimas ciencias trufadas de ideología:

3. Vivir más, vivir mejor: "La salud como resultado de los factores ambientales y la responsabilidad personal, uso racional de los medicamentos" (ciertamente obviarán la necesidad de privatizar o liberalizar la sanidad), "transplantes y solidaridad" (comerciar con órganos de forma voluntaria será sin duda alguna demonizado, sólo va a caber solidarizarse en estos temas).

4. Hacia una gestión sostenible del planeta. Está servido en bandeja el plato más suculento para cualquier progre: "La sobreexplotación de los recursos: aire, agua, suelo, seres vivos y fuentes de energía. El agua como consumo limitado" (de seguro que se soslaya la necesidad de privatizarla como requisito imprescindible para su uso racional y no se denunciará el derroche actual fruto del sistema soviético de precios oficiales que padecemos), "Los impactos: la contaminación del aire y del agua, la desertización y el aumento de residuos, pérdida de biodiversidad, cambio climático, La intensificación de los riesgos naturales. Las catástrofes más frecuentes. La gestión sostenible de la Tierra. Principios generales de sostenibilidad económica, ecológica y social. Los compromisos internacionales. El principio de precaución y la responsabilidad ciudadana."

Tras engullir esta batería de medias verdades alarmistas, los adolescentes-electores solicitarán a gritos la presencia del Estado protector. Hablar entonces del poder creativo de las sociedades libres, como lo hiciera Hayek, será ya juzgado definitivamente como reaccionario. Sin duda, la nueva y falaz cara del comunismo campará por sus respetos en esta nueva ciencia para el mundo hodierno.

5 .Nuevas necesidades, nuevos materiales. "La humanidad y el uso de los materiales, control de los recursos (¿no se imaginan por quién?). El papel y el problema de la deforestación" (¿se explicará que la mejora de los bosques y su biodiversidad viene ligada a la extensión de los procesos de mercado?).

Apuesto a que este curso se complementará con el DVD a precio de amigo de Al Gore. No faltarán tampoco las manidas referencias al accidente de Bhopal, a las mareas negras (Exxon Valdez o Prestige), al colapso de Chernobyl, etc. Por el contrario, la idea de que el capitalismo está sustentando la mayor población humana jamás imaginada en nuestro planeta será tabú, una verdad incómoda que será convenientemente eludida.

Resalto como colofón, estos criterios que servirán de evaluación al educando: "el conocimiento de los principales problemas ambientales, como el agotamiento de los recursos, el incremento de la contaminación, la desertización y los residuos, o la intensificación de las catástrofes; el saber establecer relaciones causales con los modelos de desarrollo dominantes, y capacidad de predecir consecuencias y de argumentar sobre la necesidad de aplicar los modelos de desarrollo sostenible y mostrar mayor sensibilidad ciudadana para actuar sobre los problemas ambientales cercanos."

Ante este secuestro de la verdadera ciencia para fines ideológicos, de lo único que se afanan la mayoría de los profesores es por ver quién impartirá esta nueva asignatura de celofán verde (los de Filosofía, los de Física o los de Biología), es decir, quién se queda con más parcelas de poder; siempre mirando a la Administración educativa, nunca a las preferencias de los padres de los alumnos.

Esta nueva "maría" de contenido superficialmente científico no mejorará un ápice la incultura científica que asola nuestro país, pero moldeará las opiniones de los adolescentes con los prejuicios e intereses de nuestra casta política. El tándem Educación para la Ciudadanía para los peques y Ciencias del Mundo Contemporáneo para los jóvenes será letal para el espíritu emprendedor de venideras generaciones. La planificación y producción estatal del hundimiento de la educación tiene estas cosas.

Cada vez se hace más evidente la necesidad de implantar un cheque escolar para dar a ciertos consumidores de educación (no a sus productores) como paso intermedio para la definitiva separación de todas las escuelas de la mano visible del Estado.

Libertad de odio

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

La pasada semana, un comunicado referente al fallo del Tribunal Constitucional declaró que si bien sigue siendo delito la difusión de ideas o doctrinas tendentes a justificar un delito de genocidio, o que pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos, no lo es la difusión de ideas que nieguen el genocidio.

La filtración sobre la sentencia viene a cuento por el juicio contra Pedro Varela, cabeza visible durante años de la CEDADE, organización pro-nazi, y propietario de la librería Europa, y su condena por "apología del genocidio e incitación a la discriminación, al odio y la violencia raciales".

El personaje en cuestión no tiene desperdicio. Tal y como se relata en la entrevista que le hicieron en el 2006 y que se publica en la página pro-nazi Stormfront, en 1980 recibió financiación de Arabia Saudí por la edición de obras antijudías y antisionistas en árabe y castellano. También organizó un homenaje público a Hitler con ocasión del aniversario de su nacimiento en el Palacio de Congresos de Madrid.

El comunicado deja insatisfechos a todos. Los judíos y simpatizantes consideran que negar el Holocausto debería ser penado por la ley debido a que normalmente va asociado a actitudes y conductas criminales contra ellos. La historia habla por sí sola. La persecución y los pogroms habituales desde el siglo XIV, la prohibición de tener propiedad privada, lo que les relegó a las tareas bancarias y financieras, son ejemplos groseros de la persecución histórica a que han sido sometidos.

Los grupos nazis en parte están encantados, pero consideran querrían tener más libertad para difundir sus mensajes. Como si la idea de que su rechazo a la inmigración nos hiciera olvidar qué tipo de gente hay detrás de una esvástica: o un tonto útil o un racista pro-nazi. La negación del Holocausto es un intento de restar importancia a un drama histórico de verdadera importancia, es negar una realidad. Predicar el odio a los judíos o a cualquier otra raza o religión y justificar su matanza es un síntoma del tipo de persona que uno es: una persona que no considera el derecho a la vida como el más sagrado, que no respeta la libertad de culto y pensamiento, y que en cierra odio en su interior. Lo peor.

Es llamativo que en la citada entrevista se afirme sobre Pedro Varela que, por su carácter, jamás habría cometido ni aplaudido un crimen semejante ni habría incitado a nadie a odiar a nadie. Y a continuación se describe su misión vital: desenmascarar al lobby judío como el gran conspirador mundial que se está haciendo con el poder planetario a costa de la destrucción de los demás pueblos, culturas y naciones. No se me escapa que la trampa de cualquier teoría de la conspiración es que al ser secreta por definición, la conspiración no se puede demostrar, es cuestión de fe, en este caso fe en una falacia que ha llevado al intento de exterminio de un pueblo por razón de su raza y religión.

Ahora bien, por mucho asco que me produzcan las tesis nazis, muy peligrosas que me parezcan y muy pro-Israel que me sienta, esta sentencia, y el tema en general, cuestionan la libertad de expresión. Uno puede pensar lo que quiera pero no puede difundir sus ideas si son nazis. Esa es la idea. Como si el odio llevara necesariamente implícita la acción o te hiciera cómplice. No sólo creo que negar el Holocausto no debe ser un delito, también creo que expresar tu admiración por un asesino de masas, por un ser despreciable, por la peor persona del mundo, no debe ser tipificado como delito.

Pero este tema convoca otro problema recurrente en nuestra sociedad.

Una vez definido mi criterio sobre la libertad de expresión la pregunta que surge de forma inmediata es ¿y qué hacemos con los nazis? ¿Vamos a dejar que campen por sus respetos haciendo propaganda de tal atrocidad? ¿Vamos a darles la oportunidad de convencer a nuestros adolescentes o a cualquiera como hicieron con el propio Varela cuando tenía 17 años? No. Rotundamente no. Pero hay otras vías. Lo que pasa es que no son tan cómodas como el recurso a la ley, al Estado paternal, al nanny state.

¿No le gustan los nazis? Boicotéelos. No les admita en sus tiendas, no les venda sus productos, no compre los suyos, no les contrate, no le venda un piso, no les alquile el Palacio de Congresos, no les conceda un préstamo, no les salude en la escalera… tome posiciones. Manifieste su descontento, hágase responsable de su desprecio hacia los nazis. Hágalo a pesar de las posibles represalias.

Es la sociedad civil, individuo a individuo, quien debería echar a los nazis con su actitud. Refugiarse en las faldas legales del Estado dañando para ello la libertad de expresión es un acto de cobardía. Hay que denunciar los actos delictivos, no las opiniones o la expresión de las mismas por mucho que nos aborrezcan. Incluso me parece una buena idea crear asociaciones voluntarias de ciudadanos financiadas por los vecinos para evitar el asentamiento de nazis en los barrios de manera legal y sin lesionar la libertad de nadie, o patrullas ciudadanas armadas para la vigilancia y defensa ante las agresiones y represalias de estos grupos. Organización civil.

África: una revolución educativa incipiente

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

Esta es una de las historias más tristes (y ya son unas cuantas) de nuestro tiempo. A saber, las tan perjudiciales "políticas del desarrollo" que llevan a cabo los gobiernos, no los individuos, del Primer Mundo. A los que les gustan las medidas demagógicas y dependen de ellas (¿adivinan quiénes son?), no dudan en seguir en el mismo camino infructuoso de las últimas décadas: aumentar la ayuda externa (entiéndase en situaciones de normalidad, no me refiero a catástrofes naturales) a los países subdesarrollados (no de su bolsillo, claro). El problema, para ellos, es la escasez de ayuda. Esta es la excusa de siempre: las cosas van mal, ergo necesitamos más dinero público. Y siempre lo será, hasta que nos demos cuenta que el problema no es la falta de inversiones y recursos públicos.

En un ámbito más particular, la ONU y otras organizaciones internacionales tratan de garantizar, marcándose ambiciosos objetivos que no cumplirán, la educación gratuita en los países africanos a través de escuelas estatales. Esto es muy loable, sí. Pero en este tema (como en algunos otros), hay que dejar de lado los sentimentalismos que impiden ver lo que realmente sucede. No se trata de dudar de sus buenas intenciones, sino de si los medios que proponen sirven para alcanzar el fin perseguido.

Y la respuesta es, rotundamente, no. Lo demuestra James Tooley en su artículo Backing the Wrong Horse: How private Schools Are Good for the Poor (Apostando por el caballo equivocado: cómo las escuelas privadas son buenas para los pobres). Él y su equipo hicieron un fantástico y revelador estudio de la situación de la educación primaria, en el que recorrieron algunos países africanos (Kenia, Ghana y Nigeria) y otros asiáticos. Querían averiguar si eran ciertas las afirmaciones de la ONU sobre este asunto: que apenas se ha avanzado y que la solución es la educación gratuita. A través de testimonios directos de alumnos, profesores y padres, y de sus propias observaciones, llegaron a las siguientes conclusiones:

Que se está experimentando una revolución en la educación, con un número creciente de escuelas privadas a las que acuden la mayoría de los niños africanos con menos recursos. Esto sucede a pesar de la existencia de escuelas estatales gratuitas, debido a la masificación en las aulas y la escasa calidad de estas últimas, en las que los profesores cobran salarios mucho mayores que en las privadas.

Sin embargo, estas conclusiones contrastan con opiniones que el mismo autor cita de miembros del Banco Central: "Nadie cree que las escuelas privadas [en estos países] ofrezcan educación de calidad" o de la directora de un colegio estatal de Nigeria, respondiendo a la insinuación de si la razón por la que los niños ya no iban tanto como antes a este colegio era porque los enviaban a escuelas privadas: "Son familias muy pobres… ¡No se pueden permitir la educación privada!" Parece que este mito no sólo está extendido en Occidente.

Pues bien, un padre de los niños manifestó su opinión así: "Nosotros no queremos que nuestros hijos vayan a una escuela estatal. El Gobierno ofreció educación gratuita. ¿Por qué, en vez de eso, no nos dio el dinero para poder elegir dónde enviar a nuestros hijos?".

Citando a James Tooley,  "los pobres parecen tener sus propias ideas sobre cómo son mejor provistas sus necesidades educativas", y pasan por las escuelas privadas. ¿Cuándo escucharán a los propios padres africanos?

Una vez más, chochamos con la idea paternalista en la que los individuos (sean los pobres africanos o seamos los consumidores europeos) no saben lo que hacen, y hay que obligarles o prohibirles determinadas acciones. Pero lo mejor que podemos hacer es dejarnos de paternalismos estatalistas y celebrar y difundir estos pasos positivos que se están dando en estos países, y ayudarles a que pongan los cimientos de una sociedad libre, que, como ya sabemos, es la única vía para salir de la pobreza.

Ecologismo, un perjuicio para el campo

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Si debemos destacar un sector mimado por nuestras intervencionistas autoridades europeas es el agropecuario. Este comportamiento responde a una mezcla de tradición, peso de ciertas políticas regionales e inercia burocrática, anclada en el concepto de sector estratégico. Hoy por hoy, ni la agricultura representa un porcentaje importante en el PIB europeo, alrededor del 4%; ni los agricultores son un colectivo que represente un importante reservorio de votos para ninguna opción política, el 8%, salvo en ámbitos locales; ni el comercio dejaría de abastecer las necesidades de los europeos a precios más baratos. Sólo una visión autárquica y la simpatía que ciertos sectores sociales tienen por este colectivo agrario explica que año tras año las promesas de reducir las subvenciones al campo se estrellen en el muro regulatorio.

El sector agrícola es un entramado de políticas, ayudas, regulaciones, amiguismos y subvenciones que favorece la ineficacia, donde la rentabilidad de una explotación es probable que radique en la existencia de subvenciones y precios intervenidos y no en saber cuáles son las necesidades de los ciudadanos y cómo satisfacerlas; donde los pillos intentan sacar ganancia a costa de un consumidor que paga precios excesivos y de un contribuyente al que le sangran todos los años para que unos pocos sobrevivan. Un buen ejemplo de ello es el incremento del precio de los cereales, que surge, entre otras causas, a raíz de las políticas medioambientalistas que pretenden buscar un sustituto al petróleo, el naciente sector de los biocombustibles, que por otra parte, está alentado por la política energética de Estados Unidos. Las presiones ecologistas han hecho emerger algo que hace unos años era residual y que, sin ayudas, lo seguiría siendo. La falta relativa de grano, y la imposibilidad de traerlo de terceros países sin pagar aranceles, ha originado un encarecimiento de los precios de los alimentos que empieza a preocupar a los ciudadanos. Paradójicamente, ahora son los propios ecologistas los que ponen en duda la viabilidad de los biocombustibles y su inocuidad para el medio ambiente.

Pese a todo ello, el campo es una fuente de recursos y riqueza aún por explotar en un sistema de mercado. Que cultivos y ganados sean rentables por las ayudas recibidas no quiere decir que sin ellas no haya actividades que no lo puedan ser per se. Aunque es imposible afirmar la rentabilidad de nada si no es en un mercado libre, no estaríamos muy lejos de la realidad si aseguramos que, por poner dos ejemplos muy cercanos, el olivar y el viñedo son cultivos que no necesitan ayudas para poder generar riqueza. La actividad empresarial de viticultores y olivareros ha favorecido un mercado en expansión internacional, controlando incluso buena parte de la cadena comercial y sacando dinero de nichos que otros agricultores ni sueñan. Existen otras actividades que rentabilizan el campo como el turismo rural, que es quizá la que más está creciendo en los últimos años, en algunos casos unido a la actividad cinegética.

Tradicionalmente la caza ha sido una de las fuentes de riqueza principales de los campos españoles. La rica variedad de ecosistemas que tiene España favorece la biodiversidad y la existencia de muchas especies con aprovechamiento cinegético. La buena conservación del coto de caza es esencial para que esta actividad tenga futuro y ello pasa precisamente por algo que los grupos ecologistas piden a gritos, el buen estado del sistema ecológico. Sin embargo, amparándose en ciertos derechos animales y una visión un tanto extraviada del valor de las especies, los grupos ecologistas se han opuesto tajantemente a la caza, pese a que muchos de los terrenos hoy protegidos por las administraciones públicas se hayan originado en cotos públicos y privados y estos se hayan conservado precisamente por la existencia de esta actividad.

La ministra Narbona, uno de los más enconados enemigos del medio ambiente en España, ha anunciado que en un mes se aprobará la Ley del Patrimonio Natural que, en su apartado dedicado a la cinegética, prohíbe de una manera un tanto confusa la munición de plomo en aquellos lugares que formen parte de la Lista del Convenio de Humedales de Importancia Internacional (Red Natura 2000). Los cazadores han puesto el grito en el cielo y anuncian el fin de la caza como sector ya que afectaría a más del 30% del territorio en el que hoy se puede ejercer esta actividad. De hecho, es la caza mayor, la más rentable económicamente, la que corre más peligro ya que todas sus municiones contienen plomo. Algunos cazadores dudan de que las alternativas sean viables y en algunos casos, las consideran peligrosas. Una de las propuestas, los perdigones de acero, a diferencia de los de plomo, rebotan con el riesgo que ello conlleva para cazadores y acompañantes, además de disminuir la vida útil de las armas, encareciendo la actividad.

De nuevo la presión ecologista ha favorecido una política que limita o imposibilita la creación de riqueza, riqueza que en este caso es necesaria para mantener y rentabilizar un terreno que albergue un ecosistema sano. No voy a ser yo quien niegue el envenenamiento por metales pesados, es un hecho más que demostrado y documentado, pero semejante problema puede ser solucionado a través de otros mecanismos que no sean los de limitar la libertad de los ciudadanos. La información machacona, pero no la coacción, pueden facilitar la transición deseada. Lo cierto es que las estrategias ecologistas han demostrado ser especialmente dañinas para el campo, para su conservación y para que se convierta en un recurso generador riqueza.

Desprotegidos y desprestigiados

Escrito por Ricardo Moreno Alonso de Celada en . Publicado en Análisis diario.

Hoy, 9 de noviembre de 2007, día en el que se cumplen 18 años del derribo del Muro de Berlín, arranca Medicina en libertad.

Medlib.es es un proyecto en el que participa de manera destacada el Instituto Juan de Mariana cuya misión es elaborar y divulgar propuestas de reforma en el campo de la medicina siguiendo los principios de la libertad individual, el respeto por la propiedad privada y el acatamiento de los contratos libremente acordados. Los médicos y expertos en políticas públicas de Medicina en Libertad creemos que la relación libre y voluntaria entre médico y paciente debe ser el eje central cualquier modelo de salud que pretenda tener consistencia ética y ser al mismo tiempo eficaz.

El comentario de hoy del Instituto Juan de Mariana es la primera columna de Medicina en Libertad. Deseamos que con ella y con las que le seguirán podamos contribuir a derribar un nuevo muro: el de la medicina estatalizada.

Las agresiones a profesionales sanitarios en los hospitales públicos, que en tan poco tiempo se han puesto a la orden del día, son la manifestación visible de que el histórico descontento del público con los pequeños defectos del sistema sanitario se está convirtiendo en un grave problema de insatisfacción con una prestación que no responde a la demanda real de salud. Cada día tenemos noticia de que alguien a nuestro alrededor ha tenido una nueva lamentable experiencia en esta sanidad pública nuestra, masificada y con una gran falta de recursos. En este contexto, no es de extrañar que un paciente o sus familiares se irriten y lleguen incluso a agredir al médico que les trata cuando reciben una atención sanitaria que con frecuencia es deficiente y dista mucho de ser la que su salud necesita. Es comprensible, pero es injusto. Quizá pasen por alto que los médicos somos víctimas de un sistema que no nos permite ejercer nuestro arte de la manera que consideraríamos más oportuna.

En nuestro sistema de salud pública, financiado a partir de los impuestos que pagan los contribuyentes, el médico no es un empleado del paciente, sino del Estado, y como tal su ejercicio está supeditado a los designios de la administración pública. Rara vez es nuestra entera potestad dar al paciente el servicio que a nuestro juicio requiere su salud: carecemos por lo general de instalaciones y material adecuado para ofrecer al enfermo consultas e ingresos dignos, trabajamos bajo una enorme presión por tener muchos más pacientes por día de los que somos capaces de atender, hay procedimientos diagnósticos y terapéuticos eventualmente necesarios que estamos obligados a sacrificar en aras de un aprovechamiento eficiente de los recursos, y con el mismo motivo se limita nuestra libertad de prescripción de medicamentos. Y pienso que no les revelo ningún secreto si les digo que los recursos son cada vez más escasos y que desde las autoridades sanitarias se está incentivando el ahorro de manera desesperada porque la situación no se mantiene. ¿Cómo no van a notar los españoles que su asistencia sanitaria se resiente?

Sin embargo, los profesionales sanitarios somos la cara al público del sistema nacional de salud, y por tanto la cara que recibe los golpes de los pacientes a los que ya no les queda paciencia. Pagamos incalculables seguros de responsabilidad profesional para protegernos de demandas por mala praxis, gran parte de las cuales nunca se nos pondrían si en libertad pudiésemos elegir nosotros el manejo de nuestros pacientes. Pagamos sufriendo pésimas condiciones de trabajo y nuestro prestigio se ve perjudicado cada vez que, por estar sobreempleados, desatendemos a un enfermo. Y, por si fuera poco, ahora pagamos con nuestra integridad física. ¿En qué quedamos? ¿Somos o no responsables de nuestra práctica médica?

Creo en un sistema de salud basado en un contrato libre entre el paciente y su médico. Un contrato en el que el médico sea libre de ejercer enteramente con arreglo a su juicio profesional y sólo deba rendir cuentas ante cada paciente al que voluntariamente se vincula, y en el que el paciente se haga responsable de su salud y asuma libremente los límites económicos y los riesgos de su tratamiento, y pueda exigir directamente a su médico el cumplimiento de las condiciones contractuales. Este ideal dista mucho de la realidad española, en la que la relación médico-paciente está intervenida por una tercera parte -el Estado- que distorsiona el acto médico arrebatando a las partes muchos de sus derechos y desdibujando los límites de sus respectivas responsabilidades. Dicho de otro modo, en nuestro sistema, los pacientes no pueden elegir el volumen de recursos materiales y humanos que se invierten en su salud, sino que tienen que conformarse con la parte del presupuesto estatal que se redistribuye entre todos los ciudadanos, contribuyentes y no contribuyentes. Ustedes no pueden reclamar más gasto ni más dedicación, y nosotros, el personal sanitario, no podemos dárselo, aunque ambas partes queramos.

Las autoridades sanitarias deben analizar seriamente el presente y el futuro del sistema de salud. Y, desde luego, urge una respuesta al profundo descontento de los españoles y un remedio al empeoramiento progresivo de la asistencia. Hacen falta alternativas, y una alternativa sostenible no es pretender que el presupuesto dedicado a la sanidad se estire hasta la infinitud. Entretanto, los profesionales sanitarios esperamos que las autoridades se responsabilicen de sus fallos y reparen el daño, redimiendo la profesión médica ante la opinión pública y reconociendo nuestros esfuerzos.