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El catalanismo como excusa para la tiranía

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

Esta semana el diario Expansión entrevistaba a Joaquim Nadal, consejero de Política Territorial y Obras Públicas. En la conversación le preguntaron al consejero qué piensa de la propuesta de Rajoy sobre la privatización de Aena y el Aeropuerto de El Prat en Barcelona, a lo que Nadal respondió sin pudor alguno que "el señuelo de la privatización de Rajoy es un ataque en la línea de flotación a la aspiración de Cataluña de intervenir en la gestión de El Prat, es un síndrome antiautonómico".

La pregunta es: ¿y qué tiene que ver ser patriota (catalán) con la privatización de algo? Para el catalanismo actual mucho, si no todo. En Cataluña, la causa catalanista sirve como arma y escudo para justificar el continuo atropello de los políticos contra el hombre libre. Multan a los comercios en nombre del patriotismo catalán y así los políticos se sacan los euros necesarios para financiar sus más surrealistas proyectos, además de pagarse los coches oficiales. El catalanismo también es la respuesta, como vemos en el caso de Nadal y la privatización de Aena y El Prat, a cualquier iniciativa que reste poder al monstruoso y burocratizado gobierno catalán.

Asumir una causa o sentimiento global como propio, autoproclamarse su caudillo por las buenas y usarlo como arma para defender intereses puramente partidistas, en este caso los de la misma administración catalana y más concretamente los del propio Nadal, es el inequívoco proceder de un tirano. Ningún político es el representante del catalanismo que pueda sentir un catalán. Ningún político tiene derecho a asignar o gestionar sectores y recursos como si fueran suyos por el mero hecho de que se haya autoproclamado guía espiritual y material de esa causa. Parece que aún estemos en la época feudal, donde el señor decidía qué era suyo y qué no. Y como ocurre con la cuestión de la lengua, ningún político tiene derecho a robar, aunque sea de forma legal mediante multas, a empresarios por no cumplir preceptos que no son más que caprichos electoralistas y que no representan crimen alguno.

En Estados Unidos, que van un par de siglos adelantados en algunas cosas, se puso de moda la expresión "adoro a mi país, pero odio a mi Gobierno". Para Nadal y para el resto de su horda política, no se puede sentir el catalanismo y a la vez detestar a figuras como él y las de todo su Gobierno. Está claro que cuando los políticos de la región ponen a Cataluña en crisis no es para defender a sus ciudadanos, sino que apelan a los más básicos y viscerales sentimientos de las buenas personas para defender sus propios intereses personales. Así se explica por qué en las últimas elecciones Cataluña fue la comunidad autónoma con el índice de abstención más alto de toda España, alcanzando más del 46%, que llegó a ser más del 50% en lugares como Barcelona. Y es que es lógico que al final la gente se canse de que la manipulen y la pongan como escudo de los intereses de una oligarquía política incapaz de hacer nada positivo, que, como Nadal como jefe máximo por ejemplo, vio como se hundía un barrio barcelonés, y no hizo absolutamente nada al respecto.

La política no es cosa de ángeles

Escrito por Antonio Golmar en . Publicado en Análisis diario.

La crisis en la que el PSOE ha sumido a la jurisdicción constitucional española se debe, además del secular desprecio de los socialistas españoles a la noción de separación de poderes, a un sistema de elección de los miembros del TC que ni garantiza la independencia de sus miembros ni previene contra los cambios bruscos de mayorías.

La comparación del sistema español con el norteamericano puede proporcionar pistas interesantes a la hora de plantear las reformas constitucionales pertinentes, aunque improbables, que aminoren el actual desprestigio e inoperancia del TC.

En los Estados Unidos los miembros del Tribunal Supremo, que en 1803 se arrogó la facultad de interpretación constitucional (caso Marbury vs. Madison) ejercen sus funciones de por vida, aunque pueden ser removidos por mala conducta mediante el impeachment. En España los magistrados son elegidos o nombrados por un periodo de nueve años e "inamovibles en el ejercicio de su mandato". Con frecuencia se ha señalado que el carácter vitalicio de los magistrados americanos les confiere una independencia de la que carecen sus colegas españoles. Por ejemplo, en 1973 fue un juez nominado por Nixon, Harry Blackmun, quien redactó la sentencia que legalizó el aborto. Otro juez nixoniano, Lewis Powell, votó a favor de la discriminación positiva.

La Constitución Española establece que los miembros del TC son doce, mientras que en los Estados Unidos el número de magistrados del Supremo ha ido variando, desde los seis iniciales hasta los nueve actuales. El número de magistrados americanos se fue ampliando según aparecieron nuevos tribunales inferiores, aunque algunos presidentes, como Roosevelt en 1937, intentaron expandir la membresía en el Tribunal Supremo para asegurarse mayorías favorables a sus políticas. Estos asaltos ejecutivos han sido casi siempre infructuosos.

Por último, el sistema de elección de los magistrados españoles prevé que dos de sus miembros sean nombrados por el ejecutivo, cuatro por el Congreso de los Diputados, cuatro por el Senado (en ambos casos por mayoría de tres quintos) y dos por el Consejo General del Poder Judicial. Cada tres años un tercio del TC es renovado. En los EE.UU. todos los miembros del TC son propuestos por el presidente tras el fallecimiento, retirada o impeachment de un magistrado, y aprobados por el Senado por mayoría absoluta, aunque en realidad bastan 41 senadores para que una elección sea bloqueada.

Es este último punto el que supone una mayor diferencia entre los casos español y norteamericano. En principio, la designación exclusivamente presidencial de los magistrados americanos puede hacer pensar que el Tribunal Supremo tiene una mayor tendencia que el TC español a la politización. Sin embargo, hay tres elementos que aminoran este peligro:

  1. Dado que los jueces son vitalicios, ningún presidente sabe a ciencia cierta cuántos miembros del Tribunal Supremo nominará. Nixon eligió a 4, Ford a uno, Carter no pudo nominar a ninguno, Reagan tres, Bush Sr. 2, Clinton 3 y Bush Jr. dos (reemplazando a uno de Nixon y a uno de Reagan, es decir, nominados por presidentes de su mismo partido). En la actualidad, sólo tres de los nueve magistrados fueron elegidos por un presidente demócrata, lo que se corresponde a grandes rasgos con los periodos de presidencia republicana (28 años) y demócrata (12) desde 1968 y hasta 2008. En cambio, en España cualquier partido sabe cuándo tocará la próxima renovación parcial del TC y puede por tanto actuar por motivos exclusivamente electoralistas.

  2. Esta diferencia de 2/1 en los Estados Unidos no se refleja de forma automática en la orientación de los miembros del Tribunal Supremo debido a que las nominaciones presidenciales tienen que ser aprobadas por el Senado, cuya mayoría no suele coincidir con el partido del presidente. Así, Nixon, Ford y Bush Sr. (12 años en total) tuvieron siempre mayoría demócrata en el Senado, Reagan tuvo mayoría republicana en la Cámara Alta durante seis años, y el actual presidente finalizará su mandato habiendo disfrutado de mayoría de su partido en el Senado sólo durante cuatro de sus ocho años en el cargo. Esto y la posibilidad de bloqueo por parte de 41 senadores obliga al presidente a ser cauto a la hora de nominar candidatos cuyas posiciones difieran de forma radical de las mantenidas por la mayoría de los senadores. También debe tener cuidado a la hora de proponer magistrados sin la debida capacitación. En cambio, durante los mandatos de Felipe González el TC tuvo casi siempre super mayoría socialista, mientras que el PP nunca ha contado con más de seis magistrados teóricamente favorables a sus posiciones, ni siquiera durante sus ocho años al frente del Gobierno.

    Sólo una combinación de muertes o retiradas súbitas y una super mayoría senatorial sostenida y coincidente con el presidente podría ocasionar un cambio radical en la orientación del Tribunal Supremo, algo que no sería bien visto por los electores, que suelen castigar los intentos de concentración de poder. En España, un Gobierno puede modificar la orientación del TC de forma rápida si durante su mandato tiene la suerte de nombrar a los dos magistrados que le corresponden. Esta potestad provoca que la oposición bloquee el proceso de elección de magistrados en el legislativo e incluso de miembros del CGPJ para contrarrestar los ases en la manga de que dispone el Gobierno. La oposición no posee ningún incentivo para cooperar, pues nada asegura que cuando alcance el poder el partido que apoya al Gobierno actual se comporte de forma positiva.

  3. Como los miembros del Tribunal Supremo se renuevan de uno en uno, no cabe en el sistema americano la negociación de listas de magistrados (uno de los tuyos y uno de los míos) atendiendo a razones puramente partidistas. Además, el comportamiento de los senadores a la hora de aprobar o rechazar las nominaciones presidenciales suele jugar un papel muy importante en sus campañas electorales de reelección.

El sistema norteamericano, basado en la desconfianza, el contrapeso y la moderación, y la cultura política predominante entre los ciudadanos de aquel país, que aborrece la oposición desleal y premia el consenso y el respeto mutuo entre los poderes del Estado, hace que situaciones como la que vivimos en la actualidad en España, con bloqueos constantes, cambios legislativos oportunistas y cortoplacistas, y uso torcido de la recusación sea poco más o menos que impensable para un americano. Para colmo, el actual sistema parlamentario, que convierte la separación de poderes en una mera separación de funciones, la tendencia de la izquierda española a considerar al Poder Judicial y al TC meros apéndices de la mayoría parlamentaria, y la indefinición crónica de la derecha a la hora de plantear reformas constitucionales no auguran nada bueno. ¿Quién le pondrá el cascabel al gato?

De inflación, hormigas y cigarras

Escrito por Raquel Merino Jara en . Publicado en Análisis diario.

El tiempo es un medio escaso que economizamos en el transcurso de nuestras acciones. Así, cuando nos planteamos un determinado objetivo, preferimos alcanzar éste antes que después, ya que no disponemos de todo el tiempo del mundo. Estancarnos con un proyecto determinado nos impediría proponernos nuevas metas.

Desde un punto de vista psicológico, el tiempo se revela subjetivamente más escaso conforme las personas maduran. El discurrir del tiempo lo sentimos (valoramos) de manera distinta con el paso de los años: es sin duda más apremiante cuando llegamos a edades más avanzadas. Un niño casi nunca se agobia por cumplir años; de hecho, está deseoso de ser "mayor".

Bien es sabido que sociedades y culturas reaccionan de manera distinta ante la problemática del tiempo. Ya sea por motivos religiosos, por una ética de trabajo transmitida de generación en generación, etc., lo cierto es que existen muchas comunidades (asiáticos, judíos, puritanos…) que prefieren posponer gratificaciones en el corto plazo para obtener mayores recompensas en el futuro. En la terminología empleada por el economista Böhm Bawerk, esta gente estaría manifestando una baja preferencia temporal. Por el contrario, quien actúa para satisfacer necesidades presentes sin tener un horizonte temporal amplio, estaría revelando una alta preferencia temporal.

Hay que tener en cuenta, ya estemos analizando desde una perspectiva psicológica o económica (praxeológica), que al ser humano le cuesta mucho esfuerzo renunciar a satisfacciones presentes a cambio de recompensas futuras. Sólo lo hará si el premio ulterior es tal que mejore con creces aquello a lo que ha tenido que renunciar en todo ese proceso.

En cualquier caso, esta costosa renuncia tiende a redundar en un gran empuje civilizador no sólo desde un punto de vista social o moral, sino económico: mayor ahorro, mayor capital en la economía y alargamiento de estructuras productivas sin las que no habrían surgido, entre otros, avances científicos y técnicos en los campos de la medicina, el transporte o la mejora de las condiciones laborales.

Que una sociedad entera manifieste una preferencia temporal alta tiene consecuencias desastrosas para la supervivencia y desarrollo de dicho grupo humano. Para verlo con claridad basta llevarlo al extremo. Si nadie planifica hacia el futuro (disculpen el pleonasmo), si no se ahorra y se consume toda la riqueza presente, indefectiblemente nos encontraremos ante un paisaje maltusiano: la presión de la población sobre los recursos sería tan fuerte que los pocos bienes que encontráramos útiles los "agotaríamos" sin remisión. En un panorama gris como el expuesto, los individuos (casi depredadores) rivalizarían, por ejemplo, por la madera de los árboles como fuente de calor; y no invertirían (lo que es equivalente a posponer una gratificación) en reforestar o en descubrir y poner en producción medios alternativos con los que procurarse dicho fin (carbón, petróleo…).

Un interesante estudio sociológico consistiría en indagar qué elementos hacen que los grupos humanos presenten pautas de comportamiento favorables a horizontes temporales más o menos largos. Pero sin necesidad de salirnos de la economía, podemos identificar un factor clave en la manifestación de comportamientos con elevada preferencia temporal, con los perniciosos efectos que ha conllevado en aquello que no se ve: la temida inflación.

A priori, puede parecernos que la perseverancia, la espera y la futura recompensa nada tienen que ver con la inflación. A menudo se habla en economía de "incentivos" y, más concretamente, de incentivos institucionales. El saqueo, el fraude o el engaño, en definitiva, la falta de mecanismos de defensa de los derechos de propiedad, sabemos que no fomentarán procesos de ahorro e inversión como los descritos arriba. En tales casos, ¿cuál será el premio que compense la espera en las gratificaciones? Ninguno.

Con los procesos inflacionarios pasa algo semejante. Sin entrar en los evidentes episodios de hiperinflación, nos centraremos en aquellos que se derivan del abaratamiento de las condiciones de crédito por debajo de los niveles de ahorro de la sociedad.

El ejemplo de España nos ayudará a comprender mejor cómo esta expansión crediticia altera la preferencia temporal de los individuos por una doble vía. Cuando se producen fenómenos inflacionistas marcados, el dinero pierde capacidad de compra con mucha velocidad. Los precios de los inmuebles, por ejemplo, han subido con crecimientos anuales de más de dos dígitos. Sin duda, quien haya optado por ahorrar frente a comprar, quien haya optado por la prudencia –considerando que no tenía aseguradas aún sus rentas salariales futuras–, a la postre ha sido "un primo". En procesos inflacionistas, el dinero quema entre los dedos. Pierden los ahorradores y ganan los que se hallan fuertemente endeudados. Fomenta el gasto frente a la prudencia y el ahorro.

La segunda vía tiene su origen en el llamado efecto riqueza. Es más, el motivo por el que los gobiernos ponen en marcha políticas de crédito barato es precisamente el de crear este efecto riqueza (especialmente, en el sector industrial), pese a que, por la teoría del ciclo, sepamos que conduce a una distorsión en la estructura productiva del país, a expansión y crisis. Pero ¿por qué nos sentimos más ricos y en qué medida afecta esto a nuestras decisiones prudentes de previsión y ahorro?

Respondiendo a la primera pregunta, confluyen simultáneamente varios factores: los bajos tipos de interés no sólo son aprovechados por la industria, sino por los consumidores: relajando las condiciones de concesión de crédito y con tipos bajos, tenemos mayor capacidad de compra y tomamos decisiones de inversión creyendo que siempre se mantendrán los tipos a esos niveles reducidos.

Por otro lado, la expansión crediticia llega en primer lugar a una o varias industrias (en España al sector de la construcción) distorsionando los precios relativos. Es decir, se produce una escalada de precios en un determinado activo (inmuebles, financieros), lo cual hace que, de la noche a la mañana, los poseedores de dichos bienes y los que los adquieren al iniciarse la vorágine inflacionista, ven incrementada su riqueza de forma notable. Por las mismas, el hecho de que una industria esté cosechando beneficios espectaculares (que parece nunca van a acabar) hace crecer la pelota: cada vez más crédito y mayor inversión se dirigen hacia dicho sector revalorizándose aún más los activos.

Esto sin duda nos proporciona la tercera respuesta de por qué nos sentimos más ricos. No sólo al individuo de a pie le quema el dinero entre los dedos, no sólo ha visto revalorizar sus activos si los poseía ya o se ha endeudado al principio, sino que además en estas épocas alcistas, donde hay sectores industriales muy fructíferos, tienden a reducirse el paro y a incrementarse las retribuciones salariales. De nuevo, nos sentimos más ricos.

Deliberadamente, he empleado en varias ocasiones la frase "sentirnos más ricos". Y con ello respondemos a la segunda parte de nuestra pregunta: en qué medida el efecto riqueza afecta a nuestras decisiones de consumo. Si bien están muy influidas por el elemento cultural (valores familiares, religión…), este "dinero fácil" nos hace introducirnos en un terreno resbaladizo, entre psicológico y económico. Dar un "pelotazo" de un día para otro y convertirnos en "nuevos ricos" puede distorsionar nuestra idea de cómo se crea riqueza (no olvidemos que a un boom crediticio de estas características le sigue un crash). Viene a ser como si nos tocara el premio gordo: ¿ha sido suerte? ¿Ha sido por ser el más listo del barrio? ¿De dónde procede esa riqueza repentina (similar a la de aquellos futbolistas o boxeadores que se ven sobrepasados por fama, poder y dinero)? Esta sensación de que la riqueza no proviene de perseverar o de haber ideado y puesto en marcha un plan exitoso con el que satisfacer necesidades de otros, puede empujarnos claramente a no valorar la dificultad que se deriva de una creación de riqueza "más sana", esto es, no inflacionista.

Hemos dicho al principio que posponer gratificaciones requiere un esfuerzo al que se accede por una recompensa futura mayor. Para qué posponer nada si el maná cae del cielo hoy, ya mismo, y sin esfuerzo. Los incentivos se ven rotos por muchos frentes, como se ha visto. Aunque nos hemos centrado en los económicos, estos efectos también son sociales, como estamos experimentando ya en España.

Lo que se ve y lo que no se quiere ver

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Análisis diario.

El pasado 25 de septiembre tuvo lugar un curioso debate en el Comité de Medio Ambiente del Senado de los Estados Unidos de América al que fui invitado a participar con la presentación de un testimonio. La cuestión que trataban de dilucidar los senadores era la siguiente: ¿generan empleos las regulaciones medioambientales como el racionamiento de CO2 o las subvenciones a las energías renovables? La idea detrás de los promotores del debate era que, si bien es cierto que esas intervenciones no son directamente beneficiosas para la economía y el progreso socio-económico, si se demostrara que ayudan a crear empleo sus efectos positivos podrían compensar los conocidos efectos perjudiciales.

Lógicamente no iba a ser yo quien negara la existencia de múltiples efectos positivos para personas y grupos concretos. Cómo negar la proliferación de los mantenedores de placas solares fotovoltaicas a la luz de las subvenciones del 575% en el precio de esta energía. Tampoco se me ocurriría ser un “negacionista” en relación a los burócratas que se multiplican como champiñones al calor de la necesidad de asignar derechos de emisión una vez el CO2 ha sido racionado. Mucho menos se me pasaría por la cabeza poner en duda la creación de nuevos puestos de trabajo en esas consultoras que explican al “empresario” poco competitivo y al buscador de rentas forzosas cómo vivir a base de subvenciones. Jamás se me pasaría por la cabeza poner en cuestión el surgimiento de estos y otros empleos de nuevo cuño.

Sin embargo, a poco que estudiemos el asunto nos daremos cuenta de que esos nuevos puestos de trabajo surgen de distintas formas de subvención y que éstas, a su vez, sale del bolsillo de los contribuyentes. Así que si no se les hubiera quitado el dinero a los ciudadanos, estarían demandando otros bienes y otros modos de producción energética que les satisficieran más que los subvencionados. Ese dinero, invertido por su legítimo dueño, también hubiese creado o ayudado a mantener puestos de trabajo, pero en otras industrias o sectores de la economía. Dicho de otro modo, el puesto creado en la empresa de placas solares o en la consultora “verde” es la contrapartida del puesto que ha dejado de crearse en la central térmica, en la nuclear o en la siderurgia que ha dejado de ampliar su planta por la pérdida de competitividad que esas políticas le ocasionan.

Sin embargo, el asunto no queda en tablas. El puesto creado se dedica a producir un bien o servicio que el consumidor valoraba menos que el bien que pensaba demandar pues, de lo contrario, no hubiese hecho falta la intervención gubernamental. Así que la sociedad ha perdido la diferencia entre el valor que los demandantes otorgan a los bienes producidos y los que han dejado de serlo. Pero eso no es todo. Dado que los bienes favorecidos no son los que resultan del libre intercambio de derechos y propiedades en el mercado, se necesita toda una serie de recursos al servicio de un cuerpo de burócratas para que implanten las medidas intervencionistas y lleven a cabo la redistribución que generará esos deslumbrantes nuevos empleos eco-ilógicos.

Por desgracia, dentro y fuera de nuestras fronteras la gente identifica a primera vista esos empleos que surgen del agresionismo rojiverde y que requerirán un flujo continuo de ayuda gubernamental en el futuro. Sin embargo, pocos son los que advierten los puestos que han dejado de crearse porque el racionamiento de CO2 anima a siderurgias como Acerinox a ralentizar sus inversiones en España e impulsarlas en Kentucky. Todo el mundo, incluidos los senadores que promovieron el debate,  señala los molinos, las placas solares y las personas dedicadas a su mantenimiento, pero nadie se detiene a examinar los puestos perdidos porque las eléctricas se hayan apuntado a esas inversiones de baja productividad en lugar de montar una central eléctrica de combustibles fósiles o energía nuclear. Y es que hay cosas que se ven con facilidad y otras que no se quieren ver.

La falacia ecologista amenaza la sostenibilidad económica de España

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

La economía nacional se verá afectada negativamente por los efectos del cambio climático, según el Gobierno. Sin embargo, oculta o, lo que es peor, ignora, que la amenaza que se cierne sobre la estabilidad del modelo productivo español no radica en la hipótesis de que las temperaturas del planeta suban dos grados centígrados, o incluso cuatro, de aquí a 2100, sino en la realidad política del plan estratégico que está a punto de aprobar el Ejecutivo para combatir el temido calentamiento global.

La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible constituye un conjunto de medidas fiscales y regulatorias que afectarán a todo el tejido productivo de la sociedad. Desde la energía, hasta el transporte, el turismo, la agricultura y, por supuesto, a los propios consumidores. Un proyecto integral, cuyo objetivo radica en modificar a gusto de la clase dirigente el modelo de crecimiento en base a las tesis catastrofistas inspiradas y fomentadas por el ecologismo. El sistema económico capitalista pretende ser sustituido por el sistema ecológico progresista.

Greenpeace está de enhorabuena. Ha encontrado en Zapatero un aliado fiel para combatir el capitalismo. El plan obligará a incorporar tecnologías limpias en todos los procesos productivos; potenciará el uso de los biocombustibles (factor esencial para comprender la subida que está experimentando hoy el precio de los alimentos); penalizará el uso del coche y el consumo excesivo de recursos, como el agua o la luz en los hogares; impondrá la agricultura ecológica, mucho más cara y costosa; impulsará la producción de energías renovables; y extenderá a múltiples sectores el fracasado modelo de racionamiento de emisiones que establece Kioto.

Pero, más grave aún si cabe, es la "revolución verde" que acaba de anunciar el Ejecutivo francés. Hasta el punto de proponer a la UE la aplicación de un impuesto con el que gravar todas las importaciones procedentes de los países que no respeten el famoso Protocolo. Es decir, la inmensa mayoría de las economías del planeta. El coste que supondrá a nivel nacional el citado plan del PSOE en términos de eficiencia y productividad será astronómico, pero el perjuicio para las libertades individuales y la propiedad privada será aún mayor. Las banderas rojas que, años atrás, ondeaban en las plazas de las repúblicas ex soviéticas, bajo el manto de la coacción y la opresión comunistas, han sido sustituidas por las insignias verdes de un movimiento igual de utópico y peligroso: el ecologismo.

La clase política europea y, en especial, la española, no ha dudado en abrazar con fuerza una ideología que, tras la excusa de la protección medioambiental, oculta un nuevo intento por destruir el sistema capitalista. Y todo ello, basándose en un supuesto consenso científico cuyas profecías apocalípticas se ha encargado de deslegitimar el paso del tiempo Todo un éxito de los ecolojetas: el Gobierno acaba de dar un paso más en su intención de llevarnos de vuelta al mundo de las cavernas.

Libre Boadella

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

Antes de comenzar la función, un rápido vistazo al público que disfruta cualquier obra de Albert Boadella en Madrid permite contemplar entre la pluralidad de espectadores que abarrotan el Teatro Albéniz, como casi siempre, una tipología reveladora de damas de la derecha clásica española, animosamente dispuestas a compartir las últimas irreverencias de Els Joglars. Es curioso, pero alguien podría llegar a pensar que hace veinticinco años esas mismas señoras quizá hubieran solicitado cadena perpetua o similar para Boadella, por causa de su huida de la justicia durante el posfranquismo por el caso La Torna; no obstante, el éxito de España, el acuerdo entre contrarios, la cicatrización de heridas (que ahora se pretende reventar), además del delirio separatista, han hecho posible que muchos, ellas incluidas, acudamos a las eucaristías de libertad que el genial juglar dispone.

El triunfo permanente de Boadella, su valentía, su universo de palabras y gestos, han acabado por vincular a contrarios; ha creado una comunidad transversal de ciudadanos que no digiere ya el discurso dominante de la política y la cultura de nuestro país. Sin embargo, esta partida no está ganada. Las emboscadas de sus poderosos enemigos arrecian de nuevo. Como diría su admirado Josep Plá, es probable que aún no vivamos en una nación perfectamente consolidada, de manera que pudiera preverse según el ejemplo del auditorio madrileño.

Ahora, en su último ensayo, Boadella se despide de su tierra natal a efectos profesionales y la deja por imposible. El autor de Jafre (Gerona) narra la deriva independentista, el timo de los cantautores durante los 70, la mafia en los despachos barceloneses, la traición de los clérigos de izquierdas a sus bases, el fin de cualquier principio. Que un hombre como él –que tuvo los arrestos de aparecer camuflado de clown senil en la televisión de la época, imitando al mismísimo general Franco– sea hoy catalogado como facha por los que nunca dieron el callo a favor de las libertades, va más allá de cualquier envidia o amnesia histórica (ver Los años vividos, TVE, 1990).

En Adiós Cataluña, lejos de la fatiga de esta lucha, aparecen, por fortuna, remansos de armonía: el amor, la intimidad, los placeres. Boadella declara la pasión por su esposa, la pintora Dolors Caminal, en todas las horas de su existencia en común. El escritor, ejemplificándose, muestra las ridiculeces que en ocasiones cometemos los varones en nuestra relación con las mujeres. También puede descubrirse, aunque sorprenda, una conexión entre su pensamiento libre y lo que filosofaba Ayn Rand acerca de las ciudades y la naturaleza. Dice Boadella: "Las grandes montañas, las cataratas, selvas y desiertos no me inspiran ninguna imagen divina. En cambio, un camino de cipreses en las ondulaciones del Siena, que conduce hasta una capilla con frescos del Quattrocento, rodeada de olivos y viñas, es la representación más plausible del cielo cristiano. Un paisaje semejante… ha sido afectuosamente modificado para ser más grato al hombre". Apuntaba a su vez Rand en El Manantial: "Y después me hablan de peregrinaciones a algún santuario húmedo de la jungla, a un monstruo de piedra receloso, con una gran panza, creado por algún salvaje con lepra. ¿Quieren ver el genio y la belleza? ¿Buscan un sentido de lo sublime? Que vayan a Nueva York, a las costas del Hudson, Que contemplen y se arrodillen."

Sin estar completamente de acuerdo con tales afirmaciones, puede vislumbrase una similitud entre ambos creadores libertarios, tan lejanos y distintos entre sí. La serendipidad lo hizo posible. El hermetismo de Rand frente a la luminosidad de Albert Boadella; les une la incomprensión generalizada sobre lo que los dos representan: una firme voluntad de desabrochar cadenas, apartar espantajos y soltar lastre. En cualquier caso, para la próxima, el juglar nos debe una explicación sobre cualquier disciplina o arte humano que le apetezca, a ser posible sobre las tablas. Mucha mierda, maestro.

Nueva ley de defensa de la incompetencia

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Con la presentación del Libro Blanco de la competencia, meses antes del estreno del culebrón Endesa, nuestro gobierno quiso someter a debate público la reforma de mayor calado del Derecho español en materia de defensa de la competencia desde que se aprobó la anterior Ley 16/1989. Fruto de dicho "consenso social" ha sido la reciente aprobación de la nueva Ley de Defensa de la Competencia (Ley 15/2007 de 3 de julio), que ha entrado en vigor el pasado 1 de septiembre de 2007. Tras 18 años de vigencia de la antigua ley, se inicia una nueva era del derecho de la competencia modernizado y más ajustado a los Reglamentos comunitarios sobre la materia (1,2).

Con la excusa de preservar la existencia de un mercado más "sano" se intensifica la imposición de una abstracta y formal competencia planificada desde el poder. De esta manera, se sigue otorgando a los bienintencionados políticos (u organismos dependientes de ellos) una de las herramientas más importantes de la intervención de los poderes públicos en los asuntos empresariales. Pero veamos qué novedades más relevantes nos brinda esta nueva criatura legislativa.

La antigua estructuradual del Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) y del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha sido reunificada en una única institución: la Comisión Nacional de Competencia (CNC). El SDC era un órgano instructor de los procedimientos sancionadores que tenía también funciones de vigilancia y el TDC era el órgano decisorio que, a pesar de su nombre, no era un órgano judicial sino administrativo, con competencias para dictar las resoluciones en materia de competencia. Ahora, dentro del seno de la CNC existirá una Dirección de Investigación, que asume el papel del Servicio y un Consejo, que asumirá el del Tribunal (D.A.6ª). Tanto el director de Investigación como los reducidos miembros del Consejo (un presidente y cuatro consejeros) habrán de nombrarse por el poder ejecutivo. Permítaseme dudar seriamente de la independencia de estos futuros caballeros así designados.

La ley nos intenta convencer que limita la intervención gubernamental en procesos de control de concentraciones (art.60): hasta el pasado 1 de septiembre era el Consejo de Ministros o el ministro de Economía quienes decidían en procesos de concentración de empresas. A partir de ahora, será la CNC quien adopte las decisiones finales independientemente del sector que se vea afectado. Por tanto, será el único órgano decisor tanto si las empresas afectadas son, por ejemplo, del sector de la energía o de las telecomunicaciones (en estos casos, la CNE o la CMT sólo podrán proponer informes); la decisión final administrativa recaerá ahora en la CNC.

El Gobierno sólo podrá intervenir cuando la CNC haya vetado o condicionado alguna operación y, a su vez, concurra alguna de las "razones de interés general" distintas de la defensa de la competencia, a saber: "defensa y seguridad nacional, protección de la seguridad o salud públicas, libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional, protección del medio ambiente, promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos, garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial" (art. 10,4). Traduzcamos: el Ejecutivo podrá seguir interviniendo cuando le venga en gana si la CNC se le ocurre poner pegas a algún diseño empresarial gubernativo.

En materia sancionadora ya no existen referencias a la intencionalidad o culpabilidad para graduar las sanciones. Ahora la sanción se aplica si concurre algún incumplimiento de la "sana" competencia formal (según criterios legislativos), sin que ni siquiera sea consciente de ello su infractor. La nueva norma (art.61 y ss.) duplica la cuantía máxima de las multas a directivos e incorpora medidas "estructurales" capaces de llevar a cabo la división o desconcentración de una compañía. Además, se prevé (art. 69) la publicidad de todas las sanciones impuestas, con claro ánimo disuasorio (las resoluciones sancionadoras serán presumiblemente accesibles vía internet). La nueva CNC estará dotada (art. 40,2) de mayores poderes de inspección no sólo en las oficinas de las empresas, sino también en los domicilios privados de los empresarios, administradores o sus empleados en busca de pruebas que demuestren la existencia de alguna infracción (ya se sabe, el fin justifica los medios, todo por el bien del consumidor y la persecución de la quimérica competencia perfecta).

La ley introduce, además, el llamado procedimiento de clemencia. Este mecanismo (art.65 y 66) permite exonerar o reducir las multas a las empresas que, habiendo formado parte de un cártel, pero no habiendo sido sus instigadoras iniciales, denuncien su existencia y aporten pruebas sustantivas para la investigación. Es un sistema de cruda delación copiado de las legislaciones anti-trust de los EE UU y de la UE, pero que bien podía haberse inspirado en las de la extinta URSS.

En la anterior legislación, los acuerdos restrictivos de la competencia que no se beneficiaban de una exención automática debían ser notificados a las autoridades españolas de competencia con el fin de solicitar una "autorización singular". En mal alineamiento con el Derecho comunitario, se sustituirá el sistema de "autorización singular" por un sistema de mera autoevaluación. Ello significa que serán las propias empresas, según unas pautas muy genéricas (art. 1 a 3), las que examinen la legalidad o no de sus acuerdos alcanzados según la competencia ideada por los planificadores. Se trata de un sistema mucho más cómodo para la Administración que no tiene ya que estudiar los casos que se le sometían anteriormente, a costa de introducir un mayor grado de incertidumbre ya que la responsabilidad del análisis concurrencial recaerá íntegramente en las empresas y en sus asesores legales. La CNC intervendrá sólo para dar palos cuando perciba malas prácticas competitivas fruto de chivatazos anónimos, delaciones de colutores arrepentidos o cuando sus propios servicios de inspección con nuevos y amplios poderes lo detecten.

Por último, la jurisdicción ordinaria podrá aplicar ya directamente las normas españolas de competencia sin necesidad de agotar previamente la vía administrativa. Por tanto, los jueces de lo Mercantil (D.A.1ª) tendrán competencia para declarar la nulidad de acuerdos contrarios al Derecho español de la competencia y para conocer de acciones indemnizatorias por daños y perjuicios causados por una infracción de las normas de competencia. Antes, para ejercer una acción de este tipo ante los jueces era preciso haber obtenido previamente una resolución firme del Tribunal de Defensa de la Competencia declarando la existencia de una infracción. Ahora ya no. Ante una supuesta infracción concurrencial, cualquier afectado (esto es, un empresario ineficiente) podrá acudir directamente a los tribunales para solicitar la aplicación de la diseñada competencia perfecta mediante, por ejemplo, la adopción de medidas cautelares o la reclamación de daños y perjuicios.

La platónica competencia perfecta obstruye la competencia real. Es una calamidad que los legisladores ignoren que la competencia es un proceso necesariamente dinámico, cambiante, impulsor de innovación, emulación y estimulador de bienes de sustitución. La competencia perfecta entendida como situación de equilibrio es rígida, distorsiona los procesos reales de mercado, impide la expansión de la función empresarial y demora los descubrimientos de oportunidades de negocio. Las únicas posiciones de dominio que se perpetúan son las que disfrutan del amparo estatal. Con la coartada de proteger al consumidor, los legisladores nos privan de los reales y fructíferos procesos competitivos en un mercado libre, verdadera fuente de valor y progreso económico.

Una regla sencilla para un mundo complejo

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Si ante un problema social determinado o la carencia de un servicio que creemos que la gente necesita respondemos "ya se encargará el Estado", estamos apoyándonos en un acto de fe. Pero los liberales también decimos muchas veces "de esto ya se encargará el mercado" o "este asunto debe dejarse en manos del mercado", sin concretar ni dar más explicaciones. ¿No estamos cayendo en el mismo dogmatismo? ¿No exige la prudencia intelectual una respuesta más equilibrada, o en caso de que no sepamos ser más específicos, un humilde silencio? Pero la expresión "debe dejarse en manos del mercado" no es simplista ni dogmática, aunque a veces lo parezca; solo estamos condensando en pocas palabras un laborioso y sólido planteamiento teórico. La expresión "debe dejarse en manos del Estado" es, en cambio, tan simplista como aparenta.

Cuando decimos "ya se encargará el mercado" estamos reconociendo los límites de nuestro conocimiento y depositando nuestra confianza en la creatividad de millones de personas que arriesgan su fortuna y su reputación en un proceso que "premia" a los que aportan soluciones y "castiga" a los que malgastan recursos. Estamos confiando en un proceso que se va autocorrigiendo y que estimula el progreso: cada individuo puede contribuir con sus propias ideas, las ideas compiten entre sí, las mejores ideas triunfan y las peores acaban desechándose.

Cuando decimos "ya se encargará el Estado", por el contario, estamos depositando nuestra confianza en un grupo de políticos y funcionarios que actúa en un contexto completamente distinto. Los burócratas responden ante los electores, que votan cada cuatro años, no ante consumidores, que votan cada día cuando compran o se abstienen de comprar. Si no nos gusta un producto vamos a la competencia al día siguiente. Si no nos gusta un Gobierno tenemos que esperar cuatro años (y lo más seguro es que lo reemplace uno similar). Los burócratas no arriesgan sus propios recursos sino los de los contribuyentes, con lo cual la irresponsabilidad y la ineficacia les sale gratis, contrariamente a lo que les sucede en el mercado a los empresarios. Los burócratas no ponen a competir sus ideas unas con otras, imponen su "solución" a todos uniformemente, y como actúan al margen del mercado no son premiados con beneficios cuando sus ideas sirven a la gente, ni castigados con pérdidas cuando despilfarran recursos.

El mercado, por tanto, es un proceso competitivo auto-corrector. La expresión "debe dejarse en manos del mercado" es una forma de aludir en pocas palabras a este proceso y a los millones de individuos que participan en él y experimentan con sus ideas de manera descentralizada. La expresión "debe dejarse en manos del Estado" no encierra ningún significado más profundo, se supone que el Estado (políticos y burócratas) dará con una solución simplemente porque tiene "la voluntad" de encontrar una solución. Pero es una confianza ciega, no tenemos ninguna razón para pensar que es propenso a encontrarla. En el caso del mercado sí tenemos razones para pensar que, tarde o temprano, dará con la solución más eficiente. Por eso la expresión "que se encargue el mercado" no es dogmática, sino prudente y razonable. O como destaca Donald Boudreaux, es una regla sencilla para un mundo complejo.

Esta regla sencilla, sin embargo, nos remite a un proceso de "mano invisible", como destacaba Adam Smith, y por eso inspira tan poca confianza. Estamos delegando en un proceso que armoniza subrepticiamente los intereses dispares y egoístas de las personas y que, formalmente, no nos garantiza nada. Nos inspira más confianza la mano visible del Estado, porque el Estado asegura tener la voluntad de solucionar el problema y eso nos basta como garantía. Pero deberíamos plantearnos qué ofrece en la práctica más garantías: un sistema que "promete" una solución pero no tiene una estructura de incentivos para dar con ella, o un proceso competitivo que no promete nada formalmente pero de hecho incentiva el descubrimiento de soluciones.

El que no seamos capaces de imaginar cómo el mercado puede proveer un determinado servicio no es un motivo para reclamar la intervención del Estado. El libro The Voluntary City documenta cómo el mercado ha provisto históricamente varios servicios esenciales que hoy en día se consideran competencias casi exclusivas del Estado, desde la planificación urbanística a la ley mercantil, pasando por carreteras, parques e infraestructuras urbanas, policía, servicios judiciales, asistencia a los enfermos o educación para el común de los niños. El Adam Smith Institute recoge 80 ejemplos de reformas liberalizadoras y soluciones de mercado alrededor del mundo en ámbitos como las pensiones, los transportes, el espectro radioeléctrico, correos, la preservación del medio ambiente o la cultura y el arte. El mercado continuamente está desafiando nuestra imaginación y no deja de sorprendernos con sus innovaciones. Si tuviera más margen de actuación podría sorprendernos aún más.

Hay que tener en cuenta, además, que cuando decimos "debe dejarse en manos del mercado" nos referimos al mercado en el sentido amplio del término, que incluye el sector privado sin ánimo de lucro. Lo interesante de esta matización es que los fallos del mercado, según la teoría convencional, son aplicables a las empresas con ánimo de lucro, pero no afectan a las organizaciones privadas sin ánimo de lucro. Así, como explican los autores de The Voluntary City, al ignorar las posibilidades del sector privado sin ánimo de lucro los críticos del mercado están subestimando las posibilidades del mercado en el sentido amplio del término. En el supuesto de que las empresas con ánimo de lucro no sepan encontrar una solución, aún hay buenas razones para decir "que se encargue el mercado".

Amigos de la ciencia y la libertad (o un análisis crítico de periodismo basura)

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Rafael Méndez, periodista del diario que recientemente ha dejado de proclamarse independiente (por algo será) cree que la ciencia aún tiene enemigos… ¡qué miedo! Escribe sobre ciencia alguien cuyo conocimiento científico es obviamente escaso: confunde calor, temperatura y energía, se nota que habla de oídas del cambio climático (se luce cuando añade algo personal), repite de forma acrítica las presuntas verdades oficiales y olvida cuidadosamente mencionar los datos y teorías contrarios a las mismas.

"Simplificando: a más CO2, más calor; menos CO2, menos." Sí: o sea, que sí que es una simplificación, claramente excesiva. No está tan claro cuán intenso es el efecto directo (y mucho menos los indirectos mediante mecanismos de realimentación positivos y negativos) de los gases de efecto invernadero (de los cuales el principal es el vapor de agua, cosa que no se suele decir). Además no menciona un asunto clave, y es que también puede ser que a más temperatura más CO2 (no es simplemente una posibilidad, se sabe que ha sucedido a menudo durante la historia climática de la Tierra), porque algunos sumideros como el mar se transforman en fuentes de CO2.

"En los años, 70, pero sobre todo en los 80 y los 90, los científicos comenzaron a ver que las concentraciones de CO2 en la atmosfera subían de forma alarmante e inexorable." Lo de alarmante e inexorable lo añade él con mucha soltura. "2005 y 1998 fueron los años más calientes desde que hay registros y seis de los siete años más cálidos han ocurrido desde 2001". Esto ya no está tan claro después de las revisiones que ha realizado recientemente la NASA: el ganador resulta ser 1934. "El Ártico ha alcanzado este año su mínimo histórico". Pero se sabe que se debe a vientos inusualmente fuertes que favorecían la disgregación del hielo. Se olvida mencionar que en la Antártida cada vez hay más hielo.

"El Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, que agrupa a 4.000 expertos, dio por zanjada cualquier controversia sobre la responsabilidad de la mano del hombre en el calentamiento". De esos expertos sólo una pequeña parte son climatólogos, y ni son todos los que están ni están todos los que son. Recientemente se está reconociendo que la variabilidad natural del clima se está minusvalorando, y que el ser humano influya sobre el clima no implica que todo el cambio climático sea antropogénico. En ciencia las controversias no se zanjan porque un organismo oficial produzca un informe que, además, es mucho menos alarmista de lo que a muchos ecofanáticos les gustaría.

"A no ser que uno tenga poderosas razones, oponerse a la ciencia no suele ser rentable para la propia imagen. Pero en este caso hay muchos intereses." La "oposición" es parte misma de la ciencia y se hace desde dentro: la crítica es esencial para el avance científico. Lo que no suele ser rentable para la propia imagen es tener el valor de denunciar que el emperador va desnudo, que la opinión mayoritaria puede estar equivocada. Naturalmente en este caso hay muchos intereses por ambos bandos y, aunque parezca extraño, son mucho mayores en el lado "oficial" (tengan o no razón). Algunos sabemos por qué somos escépticos: para otros resulta más cómodo sugerir que participamos en turbias conspiraciones; para qué se van a molestar en conocernos.

"Admitir que el planeta se calienta implica que hay que hacer algo para evitar las desastrosas consecuencias (no hoy, como dicen los detractores, sino en 50 o 100 años). Supone intentar reducir el consumo de combustibles fósiles: petróleo y carbón. Implica ahorrar energía y elegir las fuentes renovables o la energía nuclear. Por eso, políticos, economistas y empresas decidieron, 100 años después, que Arrhenius no tenía razón." En este párrafo Méndez desbarra sin control. Las consecuencias del calentamiento global pueden ser negativas o positivas (qué herejía recordar esto último) según las valoraciones subjetivas de las personas; lo de los desastres lo añaden siempre los alarmistas (además aquí no queda claro si el desastre toca ya hoy o en cien años, cuando no se piensa con precisión es difícil escribir y que se entienda). Muchos pueden preferir un planeta más caliente, o sea, que su "implicación" es un abuso de la lógica. O incluso prefiriendo menos temperatura, tal vez el coste de evitarlo sea excesivo. El ahorro es algo que cualquier consumidor hace en la medida en que merezca la pena, pero no es un fin en sí mismo. Las fuentes renovables son muy queridas por los amigos de la naturaleza pero también resultan muy ineficientes, nada económicas (con las tecnologías actuales no significan ahorro sino despilfarro). Reconozcamos el valor de mencionar la energía nuclear, que a tantos mueve a la histeria: qué pena estropearlo luego con la estúpida acusación genérica contra políticos, economistas y empresas.

"Greenpeace ha acusado a la estadounidense Exxon-Mobil de financiar decenas de grupos de presión e instituciones para hacer dudar del cambio climático. Su intención no ha sido negarlo, sino sembrar la duda. Han copiado la estrategia que años antes siguieron las tabacaleras para poner en duda que el tabaco causase cáncer." Claro, si Greenpeace acusa seguro que es cierto, las petroleras sólo pueden ser malvadas, la duda es muy mala para la fe verdadera del pensamiento único y los críticos escépticos en realidad no queremos negar nada… ¡Un momento! ¿Entonces por qué nos denominan "negacionistas" como a los del Holocausto? ¿En qué quedamos? "Entre 1998 y 2005, Exxon-Mobil gastó 16 millones en estudios para negar el calentamiento". ¿Lee este pobre hombre lo que él mismo escribe para intentar no contradecirse? ¿Sabe lo que es una contradicción? "El American Enterprise Institute, financiado por Exxon-Mobil con 1,12 millones de euros, ofreció el año pasado 7.000 euros por cabeza a algunos científicos del IPCC para rebajasen las conclusiones de este grupo, según el diario británico The Guardian." Qué fácil es recurrir a "aquél dijo" (The Guardian) para seguir propagando una leyenda urbana que distorsiona gravemente la verdad.

"El negacionismo del cambio climático cae en todo el mundo". ¿Pero negamos o no negamos? Si cae en todo el mundo, ¿por qué siguen planteándolo como un grave problema contra el cual hay que luchar? No especifica a qué se refiere con lo de negar el cambio climático, no sea que los detalles y los matices de un tema hipercomplejo les fastidien los simplones topicazos que la inane progresía es capaz de asumir en sus muy limitadas inteligencias.

"Parte de la derecha cree que la ecología, y especialmente la lucha contra el cambio climático, es un invento para suplir al socialismo. Consideran que los llamamientos a dejar el coche en casa o a cambiar hábitos de vida son una intromisión intolerable del Estado en la vida privada. Para sustentar esta teoría desacreditan a los científicos". El socialismo sigue presente en todos los partidos, tanto de derechas como de izquierdas; la ecología (ciencia del medio ambiente) y el ecologismo (ideología política) no son lo mismo; muchos ecologistas son como sandías, verdes por fuera y rojos por dentro, no comprenden y desprecian los mercados libres y claman por el intervencionismo estatal: son hechos comprobables, no simples consideraciones de la siempre perversa derecha. Para un liberal todo llamamiento pacífico es legítimo por tonto que sea, pero es que eso no es lo que hace el Estado como monopolista de la coacción legal. Y respecto a los "científicos", que son personas, no todos merecen crédito: cuando uno dice una cosa y otro la contraria al menos uno está equivocado; ¿acaso no se les ataca cuando dicen algo impopular? ¿Les suena el premio Nobel James Watson?

"La organización que más hace por rebajar el cambio climático es el Instituto Juan de Mariana, que asegura no tener ánimo de lucro, ni afiliación política, y cuya misión consiste en dar a conocer los beneficios de la propiedad privada, la libre iniciativa empresarial y la limitación del ámbito de actuación de los poderes públicos". Narbona nos va a dar un premio por ser los mejores en la lucha contra el cambio climático. O eso o este mindundi no acaba de expresarse bien (o quizás ni siquiera comienza a hacerlo). No sólo aseguramos esas cosas, sino que son ciertas (compruébelo quien quiera). "En la web afirman que se financian únicamente con donaciones individuales". ¿De veras? ¿Dónde? ¿Realmente no está claro que lo que no aceptamos es subvenciones públicas, o sea estatales, pero sí de grupos, empresas, asociaciones, fundaciones?

"Este diario intentó ayer, sin éxito, contactar con el Instituto Juan de Mariana". Risas, por favor. ¿Lo intentaron muchos y con mucho esfuerzo y sudores? ¿De verdad que querían pero se les había olvidado el teléfono en el otro pantalón? ¿Realmente es "ese diario" un imponente grupo multimedia al que nada se le escapa? Cuando tanta gente contacta con nosotros con suma facilidad, pedimos alguna prueba fehaciente de este presunto intento de contacto. Si demuestra que es cierto, sólo queda inferir que como periodista lo intenta pero no puede: vamos, que es un incompetente. Bellísima persona, eso seguro. Rigor periodístico, ínfimo.

"Muchos de estos críticos han puesto la política por encima de la ciencia. Como hizo Lysenko, el supuesto genetista comunista que decidió que Mendel y la herencia eran una patraña y que todos los guisantes y los hombres nacían iguales. Con sus teorías y el apoyo soviético, condenó a la hambruna a millones de personas." Su uso de la analogía bordea lo criminal. Por favor, dé nombres de críticos a los que compara con un indeseable como Lysenko. Y recuerde que no fueron las teorías las asesinas, sino los soviéticos, que eran ¿adivinan? ¿URSS?… socialistas.

Amigos del Kilimanjaro

Escrito por Antonio Gimeno en . Publicado en Análisis diario.

Cuentan que Mao, alumno aventajado del lysenkismo aplicado a la agricultura, creía realmente que las semillas crecían mejor en pandilla. Despojadas de su naturaleza vegetal, como el hombre era despojado de su biología en la burda ciencia del camarada Lysenko, las semillas ganarían en felicidad al crecer agrupadas. Crecerían, pues, más rápido. Densos puñados de felicidad vegetal para sacar adelante los objetivos criminales del Gran Salto Adelante, que, en pocos años, significaron la muerte de millones de plantas y, consiguientemente, el hambre para millones de seres humanos. Los "tres años de trabajo duro y mil años de prosperidad" de la propaganda oficial devinieron en el horror y la muerte para casi treinta millones de personas. El mayor genocidio que conoce la humanidad hasta la fecha.

En enero de 2004, David King, consejero científico del dimitido y amortizado Tony Blair, afirmó que el cambio climático era una amenaza mayor que el terrorismo, uh, internacional. Otros han seguido su ejemplo. Hambrunas, inundaciones y otras calamidades serían los nuevos jinetes del apocalipsis global. En realidad, de centrarnos en los hechos, las grandes hambrunas de la historia reciente no las han causado el clima, ni siquiera el tiempo, sino la actuación de gobiernos: los responsables han sido los, seamos benévolos, fallos de gobiernos comunistas tales como el soviético en los años 30 del siglo pasado (siete millones de muertes); el chino, al que ya me he referido (30 millones) o el etíope, más recientemente (un millón de personas).

A decir verdad, todo esto añade poco al debate, científico primero y político después, que debería mantenerse en torno al dichoso cambio climático. Lamentablemente, el asunto ha tomado un marcado cariz moral, es decir, se ha hecho un hueco en nuestros encogidos corazones, de manera que los políticos, esos alquimistas que transmutan almas en votos, han tomado la delantera, secuestrando a una ciencia, afortunadamente, no siempre dócil.

Los enemigos de la Ciencia no existen. Al menos no donde algunos los buscan, porque no hay una Ciencia. La ciencia con mayúsculas es El Consenso que la Royal Society quería proteger celosamente, en este enredo global, dando la espalda a Newton. Lysenko ni siquiera era un científico mediocre. Era un superviviente, un jeta sin eco; un personajillo que supo medrar a la sombra de ese monumental fiasco político que fue el comunismo, este sí, auténtico enemigo de la ciencia, que al interpretarla en clave materialista y dialéctica, esto es, ideológica, la despojó de todo valor… con los resultados ya conocidos.

Así pues, regresemos, devolvamos el debate al punto desde el cual sea posible progresar sin enredarnos en ideologías falaces "para que de la libre confrontación de opiniones puedan extraer los ciudadanos españoles sus propias conclusiones".

En realidad, lo que hoy quería comentar es la reciente publicación en castellano de un artículo que apareció en el número de verano de la revista American Scientist, un trabajo que debiera despojar definitivamente al multigalardonado Gore de unos de sus iconos cinematográficos favoritos: el Kilimanjaro.

La noticia, el mensaje del artículo firmado por Philip Mote y Georg Kaser, dos científicos que han participado en la confección del Cuarto Informe Evaluador del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (FAR-IPCC, en sus siglas inglesas), se resume en que no es posible vincular la desaparición del glaciar del Kibo con el calentamiento global. Aunque, justo es decirlo, los propios autores señalan:

El hecho de que la pérdida de hielo del monte Kilimanjaro no valga como prueba del calentamiento global no significa que la Tierra no se esté calentando.

Más aún:

El retroceso de los glaciares de latitudes altas y medias constituye una parte importante de la prueba.

Sin embargo, el caso del Kilimanjaro sería especial porque su retroceso no lo provocaría un aumento de la temperatura del aire, algo que ya aventurara Kaser en 2004, sino la falta de nieve nueva y la sublimación provocada por la radiación solar. Es más, como señalan en el artículo que comentamos:

Cuesta establecer la tendencia de las temperaturas a causa de la escasez de mediciones. En cualquier caso, tomados en su conjunto, los datos presentados en FAR-IPCC apenas si descubren alguna [tendencia] a lo largo de las últimas décadas.

Es decir, no se registra una fluctuación reseñable de temperaturas. Sin embargo, cabe precisar que, entre 1953 y 1976, en pleno "enfriamiento global", desapareció un 21% del área máxima del glaciar. Posteriormente, en 1979, ya instalados en una fase de relativo "calentamiento", el glaciar frenó su reducción. Singer y Avery precisan que los satélites indicaron un enfriamiento de la región alrededor de la montaña en ese periodo (p.139).

Finalmente Kaser y Mote señalan una paradoja, que por cierto no es la única que nos podemos encontrar a poco que rasquemos en otros capítulos controvertidos del debate sobre el cambio climático o las propuestas para su mitigación:

Un calentamiento global acompañado de un incremento en la precipitación podría salvar el hielo del Kilimanjaro […] no se trataría, nos dice la glaciología con bastante seguridad, ni de la primera, ni de la última [vez].

Por cierto, que los autoproclamados amigos de la ciencia de este artículo nada dicen, al menos de momento. No es la primera ni será la última vez. Costará.