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El “sozionalismo” conquista América Latina

En los primeros años del presente siglo asistimos con incredulidad, y no menos vergüenza, al surgimiento de un nuevo concepto totalitario: el sozionalismo. Una nueva forma de gobernar, cuyo principal referente e impulsor es Hugo Chávez, el actual presidente de Venezuela. La denominada Revolución Bolivariana está imbuida de términos y concepciones singularmente próximos a los dos modelos de gobierno más crueles y sanguinarios que ha conocido la humanidad: el comunismo y el nacionalsocialismo.

La reforma constitucional que, recientemente, ha anunciado Chávez tiene por objeto la conquista definitiva e ilimitada del poder político para, acto seguido, poder moldear a su antojo la economía y sociedad venezolanas. Y es que, la citada reforma, que será aprobada a finales del presente año, no sólo instaura la posibilidad de un mandato indefinido para el líder bolivariano, sino que, más importante aún, remueve hasta los cimientos la infraestructura sobre la que se ha asentado a lo largo del siglo XX la democracia y prosperidad de Venezuela. La propiedad privada, simplemente, dejará de existir, ya que su restringido ejercicio dependerá, exclusivamente, de los designios arbitrarios de la elite gobernante, al igual que sucedió en su tiempo con el régimen nazi.

En la actualidad, y tras cerca de ocho años en el poder, Chávez cuenta ya con todos los mecanismos necesarios para dirigir a su antojo los resortes que atribuye al mandatario el poder estatal. Sin embargo, la Constitución, reformada parcialmente en 1999, era el último escollo a batir antes de poder izar plenamente la bandera del sozionalismo en aquel país. Hasta ahora, el líder bolivariano ha logrado conquistar, sin grandes dificultades, el Poder Judicial, los organismos electorales y legislativos, el ejército, el Banco Central, así como los principales resortes de la economía nacional (véase la nacionalización de la petrolera PDVSA y demás sectores estratégicos).

Pero su ambición estatista no acaba, ni mucho menos, ahí. El nuevo texto terminará por fagocitar los últimos vestigios de libertad individual y empresarial en un país que, curiosamente, acogió hasta mediados del siglo XX a decenas de miles de emigrantes españoles ante la esperanza de poder hallar un futuro mejor. La expropiación, en nombre del interés social, será la norma y no la excepción, en caso de que la citada reforma sea aprobada. Surge, además, el concepto de empresa comunitaria y propiedad comunal, al tiempo que Chávez trata de restar competencias a los gobiernos regionales de Venezuela para, así, asegurarse un control total del poder político y territorial.

Su mano visible se abalanza ya sin pudor ni miramientos sobre la industria alimentaria y de distribución del país, provocando con ello escasez de numerosos productos básicos; la minería, la agricultura, las telecomunicaciones, la siderurgia o el sector energético se han convertido en las primeras bajas significativas de la “guerra contra el capitalismo y el imperialismo”. Pero no las últimas. Según la disidencia venezolana, la sanidad, los seguros, los inmuebles, el mercado financiero, los medios de comunicación y hasta la religión serán, sin duda, los próximos enemigos a batir por el sozionalismo venezolano.

No por casualidad, al llegar a la Presidencia, el Gobierno incluyó el término Bolivariano en la denominación de todas las grandes instituciones del Estado, incluido el nombre del propio país (República Bolivariana de Venezuela) y su Carta Magna. Además, tal ideología está bañada por el odio secular, propio del totalitarismo, hacia todo lo que representa una amenaza para el proyecto vital del pueblo. Si bien éste, adopta máscaras diversas en función de quién lo propugne: Capitalismo, Judaísmo, Imperialismo…

Sus ansias de expansión tampoco han de resultarnos sorprendentes a la luz de la historia. Chávez no oculta, en absoluto, su intención de adherir a su causa nuevos adeptos: Bolivia y Ecuador ya han sido neutralizadas, pero Guatemala, Perú, Argentina e, incluso, Brasil no están exentos de poder formar parte del futuro proyecto sozionalista. En este sentido, tampoco resulta casual el hecho de que Venezuela se esté rearmando a través de cuantiosos contratos de equipamiento con Rusia, Irán, China o… ¡España!

Y qué decir de la particular simbología que ha de acompañar, por norma, a todo totalitarismo que se precie… ¿No les recuerda a algo? ¿Quién duda ahora de las intenciones reales de Chávez? Quizá, nuevamente la Sociedad de Naciones (antigua ONU), como en su día lo hizo de los verdaderos objetivos de Adolf Hitler. O quizá alguien más cercano

Paternalismo y economía del comportamiento

La economía del comportamiento o “behavioral economics” estudia las anomalías del comportamiento humano y sus efectos sobre las decisiones económicas. En la medida en que estas anomalías describen a un sujeto distinto del individuo racional de los modelos económicos neoclásicos, se considera que esta línea de investigación socava los fundamentos teóricos del libre mercado. Porque si la eficiencia del mercado depende de que los agentes económicos actúen racionalmente, como la economía neoclásica presupone, el descubrimiento de anomalías sistemáticas, de irracionalidad, en su comportamiento sugiere que el mercado real es menos eficiente de lo que indican los modelos. La intervención del Estado deviene necesaria para corregir esa irracionalidad. (Para una excelente crítica, desde diversos ángulos, a las conclusiones estatistas de la economía del comportamiento, véase “Skepticism and Freedom: A Modern Case for Classical Liberalism”, de Richard Epstein, capítulos 8 y 9).

Scott Beaulier y Bryan Caplan argumentan en un reciente ensayo que la economía del comportamiento sirve, quizás a pesar de las intenciones de sus promotores, de micro-fundamento a la crítica del Estado del Bienestar, en particular de las ayudas públicas a los pobres. Sin salirse del marco neoclásico, Beaulier y Caplan arguyen que si los individuos son irracionales y ello hace que tomen decisiones equivocadas, incrementar sus posibilidades de elegir mediante subsidios y prestaciones públicas conlleva que tomen más decisiones equivocadas. Si además tenemos en cuenta que según los estudios empíricos los pobres padecen esas anomalías en una proporción mucho mayor que el resto de la población, las ayudas públicas actúan como un incentivo a actuar irracionalmente, condenando a los pobres a seguir siéndolo.

Tomemos la siguiente anomalía: la falta de auto-control. Se entiende que los individuos padecen esta anolomía cuando lamentan predeciblemente sus elecciones. Por ejemplo, cuando un fumador toma su dosis sabiendo, en cierto sentido, que luego va a lamentarlo, como si su preferencia inmediata chocara con una suerte de metapreferencia (el deseo de dejar el vicio), o como si un “yo corto-placista” estuviera en continua pugna con un “yo largo-placista”.

Esta anomalía explicaría que algunas chicas jóvenes tengan hijos no deseados fuera del matrimonio, lo cual reduce sus ingresos futuros, o que algunos individuos permanezcan desempleados. Dos adolescentes practicando sexo sin protección sería una muestra de falta de auto-control si están sobreestimando sus preferencias inmediatas a costa de despreciar el riesgo de unos costes elevados en el largo plazo (a costa, pues, de su suspuesta “metapreferencia” a no tener hijos en ese momento). Asimismo algunos individuos tienden a abandonar el empleo tan pronto como identifican algo que les desagrada, anteponiendo la satisfacción inmediata a su metapreferencia (encontrar trabajo): cada renuncia caprichosa les hace menos empleables.

Los estudios empíricos revelan que anomalías como la falta de auto-control están más presentes entre los pobres que en el resto de la población. Unos índices generales de inteligencia inferiores, determinados valores de clase baja transmitidos de generación en generación o las actitudes de la familia podrían explicar, según Beaulier y Caplan, esta diferencia. En dicho contexto, las ayudas a los pobres (incluso privadas) pueden incentivar sus “malos” comportamientos, saboteando sus posibilidades de salir de la pobreza. Prestaciones para las madres solteras con hijos o subsidios de paro incentivan que los jóvenes mantengan relaciones sexuales sin protección o que el paro infunda menos respeto y se busque trabajo con menos ahínco.

Los autores concluyen, sin embargo, que la tesis de su trabajo es simétrica: si incrementar las opciones de elección de los individuos por encima del nivel de mercado hace que se tomen más decisiones equivocadas, reducir las opciones de la elección por debajo del nivel de mercado tiene que ser beneficioso. Si los subsidios de desempleo incentivan la falta de auto-control y perjudican a los parados, las leyes que prohíben la vagancia la desincentivan y son beneficiosas, a pesar de ser anti-liberales. Si bien los autores no profundizan en esta cuestión, vale la pena apuntar por qué las enseñanzas de la economía del comportamiento no son simétricamente válidas para criticar el libre mercado.

Más allá de lo discutible de algunos presupuestos de la economía del comportamiento (como la primacía de las metapreferencias sobre las preferencias inmediatas), el hecho de que las personas se equivoquen decidiendo por culpa de sus anomalías no significa que el Estado pueda mejorar esas elecciones. En realidad, aunque teóricamente pudiera, nada nos garantiza que, una vez dotado del poder para interferir, vaya a hacerlo en la dirección que deseamos o que no vaya a desbordar el papel encomendado.

Las anomalías que afectan a las personas en general también afectan a los burócratas en particular. Un marco descentralizado y competitivo instituye los incentivos para controlar o corregir las anomalías que tienen resultados ineficientes, mientras que lo contrario ocurre en el caso de un monopolio público o agencia gubernamental, que no internaliza completamente los costes de sus errores.

Por otro lado, como señala Gary Becker, el derecho a equivocarse permite aprender de los errores, creando a la larga individuos competentes, independientes y que confían en sí mismos. Es el “proceso” de tomar decisiones lo que lleva a las personas a tomar mejores decisiones. Quizás llegar a ser una persona competente y responsable es una “meta-meta-preferencia” más importante que la metapreferencia de abandonar el tabaco.

En definitiva, la economía del comportamiento parece reforzar la conclusión de que las ayudas estatales incentivan los comportamientos que conducen a la gente a la pobreza, agravándola y perpetuándola. Incrementar las posibilidades de elección de los pobres por encima del nivel de mercado implica que los pobres no internalizarán los costes de los errores que son producto de esas anomalías (por ejemplo, la falta de auto-control), y que no tendrán incentivos para corregirlas. Pero reducir las posibilidades de elección de los pobres por debajo del nivel del mercado (mediante leyes contra la vagancia, por ejemplo), aparte de violar sus derechos y ser costosas para el contribuyente, mermaría su autonomía y su responsabilidad, creando personas dependientes, que no saben auto-disciplinarse y decidir por sí mismas, lo cual puede luego repercutir negativamente en muchas otras facetas de sus vidas.

Modelos culturales

En el año 1983 un ecologista radical, Carl Amery, portavoz  de Los Verdes en Alemania Occidental, aseguraba que en su partido aspiraban a un modelo cultural en el que matar un bosque fuera considerado algo más despreciable y más criminal que la venta de una niña de seis años en un burdel asiático.

Estoy convencido de que la mayoría de los ecologistas están lejos de compartir semejante criterio. El odio a la humanidad, al resto de la humanidad,  ya no es la principal divisa del movimiento ecologista. La liquidez de sus consignas se sostiene con anuncios menos impactantes; el mensaje ha perdido su misantropía radical, se ha diversificado o mejor dicho, se ha especializado. La humanidad ya no es culpable si no una víctima más en cuya mano está mejorar su suerte, siendo sus armas un consumo y un sufragio responsables. Aquél deberá ser sostenible, éste comprometido y ambos, por si quedaran dudas, progresistas. Mucho.

En este contexto, el que arrastra el mensaje ecoalarmista, me ha llamado la atención un estudio reciente llevado a cabo por el profesor Matthew C. Nisbet, de la American University, y el periodista Chris Mooney. A ambos debemos un acalorado debate en la blogosfera a propósito del papel que a la ciencia, a sus actores, los científicos, toca desempeñar si es que de verdad aspiran a cambiar el mundo. O algo así. Porque su propuesta para “estructurar [el mensaje] científico”, a falta de una traducción mejor, es básicamente eso:

Sin distorsionar la información científica relativa a temas muy disputados, los científicos deben aprender a “enmarcar” activamente dicha información para hacerla relevante a diferentes audiencias.

En suma, se trata de tomar posiciones en un debate científico empleando argumentos que potencien los prejuicios del público, convirtiendo, por más que Nisbet y Mooney lo disfracen, una controversia científica en una disputa ideológica. Como si no tuviéramos suficientes políticos de “raza”. 

Precisamente, el mejor ejemplo para urgir la construcción de este marco o mejor dicho su apuntalamiento, lo ofrece el estudio al que me refería anteriormente. Su protagonista, lo han adivinado, el cambio climático. Y es que las conclusiones del mismo no resultan nada alentadoras para sus autores, que, en este tema, no disimulan su opinión. Se trata de “una evaluación sistemática de las tendencias de la opinión pública sobre el cambio climático” realizada a partir del estudio de más de 70 encuestas ejecutadas por diferentes medios y organismos en los últimos 20 años.

Al parecer el estudio da la razón a quienes afirman, como recordaba Jeff Jacoby, que no todo esta zanjando sobre este tema. A la resistencia de los escépticos y su influencia sobre un público más preocupado por la hipoteca y por la educación de sus hijos que por las verdades incongruentes de Gore y compañía, se suma, a juicio de Nisbet, una comunicación todavía deficiente sobre la importancia del cambio climático y la trascendencia de su impacto. Por lo tanto, afirma, es necesario reactivar el debate si es que de verdad se pretende que un público concernido anime a unos políticos, demasiado preocupados con el corto plazo, a diseñar políticas que de verdad resulten efectivas ante la amenaza del calentamiento global.

Es cierto que en su puesta de largo en Science, Nisbet y Mooney, no se ciñen exclusivamente al Tema Por Excelencia, si no que se refieren también a la controversia sobre la enseñánza de la evolución y al uso de células madre embrionarias. Temas todos ellos que ponen, en general, a Republicanos y Demócratas frente a frente… lo que me parece francamente deshonesto. Nada tiene que ver, a mi juicio, el debate científico sobre el cambio climático, convertido en disputa moral por los Demócratas y los grupos de presión habituales, con el intento de hacer científica una controversia moral que nunca debió abandonar la intimidad de la conciencia de sus impulsores, me refiero, claro está, al resurgimiento académico del creacionismo. Tal vez de esta forma Nisbet y Mooney tratan de “enmarcar” su propio mensaje, empaquetando un consigna política para los que tienen claro sólo una parte del un discurso “científico” por el que decantarían su voto. Revel a esto, a esta técnica, le llamaría amalgamar. Y ya puestos, me quedo con su definición de ideología: una triple dispensa intelectual, práctica y moral; un modelo cultural con el que mirar a la realidad para negarla en no pocas ocasiones. Aunque, frente a esta visión peyorativa, le tengo que dar la razón a Robert Higgs cuando afirmaba que todo adulto sano, a menos que sea completamente apático políticamente, tiene una ideología.

En mi caso, no lo voy a negar, es un marco razonable y sentimental.

La mirada Chesterton

Ahora que por causa de las fallidas hipotecas subprime en USA, arrecia con brío la martingala antiglobalizadora y el mercado acumula denuestos, debería ser éste precisamente un momento de sentida convicción liberal. Ante la vacilación, el gran escritor inglés Gilbert Keith Chesterton afirmaba con claridad que "el escepticismo de nuestro tiempo no destruye realmente las creencias, más bien las crea; les da sus límites y su forma simple y desafiante. Los que somos liberales, antes tomábamos el liberalismo con ligereza, como algo evidentemente cierto. Ahora que ha sido discutido lo defenderemos ferozmente, como una fe".

No se pretende aquí adscribir a Chesterton (1874-1936) en el panteón de liberales ilustres, según conocemos, nada de eso; es más: el autor de Beaconsfield fue inspirador de una abstrusa teoría económica denominada distribucionismo, una especie de tercera vía entre el capitalismo y el socialismo, demasiado pegada a las encíclicas papales. En cualquier caso, no puede negarse en G.K.C. su condición de liberal decimonónico en sazón, su rechazo al socialismo fabiano y, quizá lo más relevante que comentar, ese factor exclusivo que convierte a genios de la literatura como él en profesores de energía que inspiran a multitud de personas en toda clase de circunstancias.

La clave de bóveda del pensamiento de Chesterton gravita sobre la paradoja, la cual "significa simplemente cierta alegría desafiante que pertenece a la creencia". Porque sin convencimiento, con cinismo, la naturaleza humana –según G.K.C.– perece. De este modo Chesterton puso en solfa a los nacionalismos, la vacuidad progresista y los grandes santones de la época: Bernard Shaw, Wells y demás deterministas. La obra de Chesterton es contemporánea; sus asuntos son nuestros asuntos. En Herejes, última obra publicada en España, disecciona, entre otros temas, el disimulo de los artistas, la conjura intelectual contra la Navidad, la docilidad de la prensa amarilla, los mitos de nación vieja y nación joven, la rigidez ecologista y otras supercherías.

Chesterton fue abanderado del héroe anónimo, el hombre y la mujer corriente que logran cosas formidables. Los tímidos son los verdaderos aventureros, los valientes prácticos; no los pequeños Césares ensalzados en las escuelas de negocios y que tienen mucho que perder. Allí donde un hombre es alguien, oponiéndose al statu quo, está desafiando todo lo demás, incluso la orgullosa humildad de los científicos. Recuérdese la reciente estulticia de Eduardo Punset (Redes, nº 477) afirmando que la vida de cualquier varón, tras ser progenitor a los 40 años, es mera redundancia. Como dice atinadamente G.K.C: "¿Qué tiene de bueno engendrar un hombre si antes no hemos resuelto qué tiene de bueno ser un hombre?"

El imponente Gilbert Keith se encontraba a gusto entre generalidades, entre leyes universales que hacen comprensible el mundo que vivimos. "¿Y de que sirve decirle a un hombre (o a un filosofo) que tiene todas las libertades salvo la libertad de hacer generalizaciones? Hacer generalizaciones es lo que hace de él un hombre". La visión panorámica permite, al fin, dominar el valle. La ausencia de reglas, de cualquier regla, la norma que dictamina que no hay normas, nos engrilleta; nos deja al albur de la próxima estupidez al uso.

La primitiva envidia

Hace unos meses llegó a mis manos una de esas típicas guías de hacer dinero que pueblan las estanterías de todas las librerías de los EEUU y que apenas se dejan ver en muchas homólogas europeas. Esto no es más que un reflejo de la importancia que otorgan los lectores de ambos continentes a los asuntos prácticos de la vida. Se trata de una guía muy útil sobre los conceptos básicos para tomar o comprender decisiones de inversión.

Las sencillas explicaciones de dicho libro se intercalan con gráficas, tablas de rigor y viñetas con algunos chistes. Una de ellas consistía en dos dibujos básicamente idénticos. En el primero (titulado Capitalismo) se ve a un ricachón llevado en descomunal limusina y observado por un peatón desde la acera acompañado por su pensamiento: "Algún día conseguiré uno de ésos". Le sigue una segunda viñeta (titulada Socialismo) en la que se ve a nuestro mismo peatón observando, mohíno, al ocupante del cochazo pero con este otro pensamiento: "Algún día se lo arrebataré".

Es obvio que en esta última viñeta la envidia ha entrado en juego. Una de las razones por la que pienso que el socialismo sigue gozando de una buena salud (pese al decepcionante balance que nos ofrece la experiencia histórica contrastada) es debido a que la envidia está muy arraigada en nuestras pautas mentales ancestrales y su presencia es tenaz.

Durante las larguísimas etapas de carestía que nuestros antepasados homínidos tuvieron que soportar –nolens volens– hasta que el raciocinio y la aparición de la civilización empezaron a liberarles de las ataduras de las sociedades primitivas, probablemente nuestro cerebro hubo de codificar evolutivamente un mecanismo mental que rechazase, a modo de supervivencia cohesionadora, toda manifestación de abundancia sin ser repartida de inmediato entre los miembros del clan.

Los enormes beneficios que nos proporcionan la moderna división del trabajo y del conocimiento en una sociedad abierta debe llevarnos, contraintuitivamente, al respeto de los derechos de los demás a sus mayores ganancias (cuando así lo permita el mercado en cada entorno y en cada momento). Los colectivistas de todos los partidos, cuando nos hablan de la deseable moral pública del repartir –coactivamente, por supuesto–, no se imaginan lo tribal que es este pensamiento y de cuán lejos viene esa cruzada.

El paradigma actual de la sociología y antropología (muy escorado hacia babor) está basado en un modelo de conducta humano en el que da por hecho que nuestro cerebro es una "tabula rasa" y que todo está relleno de cultura; por tanto, se podría (y debería) educar al ser humano para que tenga las conductas que planifiquen los ingenieros sociales.

Pues bien, las investigaciones de la psicología evolucionista (1,2,3,4) niegan este paradigma: existirían, por el contrario, unos mecanismos innatos de la mente humana adquiridos por evolución que serían genéricos para todos los seres humanos y que nos harían tener comportamientos básicos comunes y previsibles (una especie de meta-cultura) aunque modulados –puesto que no son determinantes– por nuestra cultura, educación y entorno.

Mises acertó al denunciar la envidia como uno de los mayores obstáculos para la existencia de una sociedad libre. Es más, sus razonamientos sobre la importancia de la acumulación del capital para la creación de riqueza, así como del lujo como catalizador de la emulación e innovación, todavía hoy son incomprendidos por muchos. Si viviéramos en una sociedad totalmente despoblada de ricos, es más que seguro que padeceríamos todos serias penurias: la envidia igualitaria y anuladora del mérito habría, sin duda alguna, generalizado la escasez. El buen observador que fue David Hume apuntó en sus ensayos políticos que "la riqueza de los miembros de mi comunidad contribuye a aumentar la mía, cualquiera que sea mi trabajo."

Aquellos poderes públicos que obliguen menos a sus ciudadanos a ser "solidarios" y les dejen más espacio libre para sus mutuos intercambios voluntarios y hagan menos campañas de "sensibilización" pública que incidan en ciertas tendencias atávicas de nuestro cerebro, permitirán el desarrollo de entramados interpersonales mucho más prósperos que aquellos otros coaccionados y adoctrinados desde el poder.

Somos seres civilizados y libres muy a nuestro pesar, a contracorriente de nuestros impulsos ancestrales repetidamente imitados desde mucho antes del Holoceno (era geológica que tuvo, por cierto, su propio cambio climático y que puso el germen de las primeras civilizaciones humanas en nuestro planeta).

La inmoralidad del proteccionismo

Cuando por diversos motivos bajan los precios de determinados bienes o servicios, se suelen oír voces que aconsejan proteger a los productores de los mismos. Asociaciones patronales se ponen en marcha para destacar la singularidad de su actividad, la situación especial por la que pasan y reivindican a la autoridad gubernamental la adopción de medidas extraordinarias que les permitan seguir obteniendo el beneficio que cosechaban hasta aquel entonces.

Una de las medidas extraordinarias que en ocasiones suelen demandarse es la adopción de normas que impida la entrada de productos extranjeros. Las excusas a las que suelen acogerse quienes piden este tipo de medidas son de lo más variado, pero al final siempre se basan en el mismo argumento, y es la inmoralidad de su forma de elaboración ya que sus costes son menores a los que tienen los productores nacionales. Suelen aducir que si sus costes son más bajos es porque tienen algún tipo de comportamiento anómalo y reprobable, ya que ellos no son capaces de igualarlos. Con frecuencia se señala a unos menores costes salariales como culpables de dicha situación, demonizando a los competidores extranjeros ya que “explotan” a sus trabajadores.

Tristemente, muchos miembros de la prensa y los llamados movimientos “sociales” suelen comulgar con estos argumentos, sin pensar en el daño que realmente están causando.

Si cualquier individuo realiza un análisis de su vida descubrirá que, a lo largo de la misma, debido a las distintas decisiones que ha ido tomando, se ha estado especializando en determinados conocimientos, lo que a su vez ha motivado el que tenga una mayor habilidad en ciertas áreas laborales y personales. Esto le da una ventaja competitiva frente a otras personas a la hora de desarrollarse laboralmente en dicho campo, y explica que al final esté trabajando en el área en que lo hace en la actualidad. Esta situación personal también se puede aplicar a determinadas áreas geográficas. Las condiciones naturales de determinadas regiones, conjuntamente con las inversiones realizadas por los habitantes de los mismos y las habilidades personales de sus ciudadanos, explican que determinadas regiones se hayan especializado en la producción de determinados bienes.

Todo esto motiva que en determinadas zonas geográficas se produzcan bienes con ciertas ventajas. En ciertas ocasiones lo determinante será las inversiones realizadas, en otras los costes salariales, en otras los conocimientos especializados de sus habitantes, y en la mayoría, una combinación de diversos factores.

Cuando se deja fluir libremente las mercancías de una zona a otra, los habitantes de ambas zonas se ven beneficiados ya que los habitantes de cada zona se especializan en realizar actividades para las que están especialmente cualificados, dejando de emplear su tiempo en aquellas en las que su rendimiento es menor. Como consecuencia de ello los costes disminuyen, y las funcionalidades de los bienes y servicios ofertados aumentan. El comprador adquiere un bien mejor de lo que lo hacía antes y a un precio inferior, y el vendedor dedica su tiempo a aquello a lo que está más cualificado, incrementando sus ventas y por tanto su beneficio.

El problema se plantea en aquellos vendedores que anteriormente producían bienes con una serie de características y que en la actualidad han dejado de ser percibidos como útiles por los compradores, ya que hay quien realiza dicha labor de manera más eficaz. Los productores cuyos bienes y servicios han dejado de gustar al público son los que demandan la intervención del Estado para proteger su antigua situación. No obstante, para volver a la que tenían antaño es necesario que los compradores paguen más por una serie de bienes y servicios de los que ahora pueden disfrutar por menor precio y que incluso tengan mejores características. A fin de retornar al pasado se suelen reclamar medidas de carácter arancelario e incluso a la prohibición absoluta de entrada en el mercado nacional de los bienes extranjeros.

Este tipo de medidas perjudica a todo el mundo, ya que de un lado, los compradores obtienen peores bienes a mayores precios. De otro lado los vendedores que producen aquellos bienes o servicios más demandados son penalizados por su eficacia, obteniendo menores beneficios e incluso teniendo que dedicar su tiempo a otra serie de actividades para la que están menos cualificados.

Pese a ello hay quien defiende este tipo de medidas a fin de proteger a los países y ciudadanos pobres, cuando lo que ocurre es lo opuesto, los únicos que se benefician de las medidas proteccionistas son las oligarquías más cercanas al poder político. En una situación de libre comercio el comprador ve aumentar su renta disponible para otros menesteres, ya que, como hemos visto, adquiere los bienes a menor precio. El vendedor por otro lado se dedica a las actividades que mayor beneficio le proporcionan, por lo que también ve incrementada su renta. No obstante, quien pide la adopción de medidas proteccionistas no sólo está impidiendo el desarrollo de estas personas, sino que intenta obtener un beneficio de una actividad en la que no es el más cualificado, apelando a la intervención gubernamental. A fin de poder reclamar estas medidas, el productor tiene que ser una persona o grupo con gran capacidad de movilización y grandes contactos en las distintas administraciones públicas, actividad para la que están especialmente preparadas las oligarquías locales de cada país, que no suelen ser las personas con menor renta.

Si los distintos movimientos sociales y políticos están preocupados por el bienestar de sus compatriotas y de las personas más pobres de otros países equivocan su diana al clamar contra el libre comercio, que es precisamente la herramienta que más puede contribuir al desarrollo humano.

La letra de cambio

El dinero cumple dos funciones esenciales: conservar el valor y servir como medio de cambio. Estas dos funciones provocan que sobre el dinero recaigan dos tipos de demandas distintas, lo que a su vez da lugar a dos instrumentos diferentes para canalizarlas: la letra de cambio y el bono.

La ciencia económica ha prestado bastante atención al estudio de los mercados de capitales, a los procesos de inversión, capitalización y surgimiento del tipo de interés. Sin embargo, salvo honrosos reductos, el análisis riguroso de las letras de cambio, la compensación y el tipo de descuento ha sido completamente desatendido.

La letra de cambio es un instrumento que permite la circulación de las mercancías compensando las distintas deudas y créditos que aparecen en un mercado. Su funcionamiento es sencillo: un individuo A vende sus mercancías a otro individuo B y recibe como contrapartida una letra que contenga un compromiso de pago futuro por parte de éste. El individuo que redacta la letra se conoce como librador, el deudor como librado (y si ha ratificado con su firma el compromiso que aparece en la letra como librado-aceptante) y el acreedor como tomador. Su origen parece estar en la fusión entre dos documentos: por un lado una factura que emitía el vendedor y que suscribía el comprador reflejando su compromiso a pagar y por otro una orden de pago que libraban los comerciantes a favor de sus colaboradores y contra sus banqueros para que estos proporcionaran a aquellos la moneda que necesitaban para adquirir mercancías en una plaza extranjera (de modo que evitaban transportar el oro a largas distancias).

Hasta aquí el funcionamiento podría parecer similar al de un crédito al consumo, sin embargo existe ya una primera diferencia esencial: el individuo B no adquiere las mercancías para su propio uso, sino para venderlas en un breve plazo a los consumidores. En otras palabras, cada letra que se libra no está respaldada por bienes tan ilíquidos como podría ser el patrimonio de B, sino por unas mercancías altamente demandadas por parte de los consumidores; esto es, por mercancías que con rapidez y certeza se convertirán en el bien más dinerable (por ejemplo en oro). Por lo que cabe concluir que las letras de cambio se encuentran entre los instrumentos más líquidos de una comunidad, casi a la par del bien reconocido oficialmente como dinero.

Si las letras no fueran de calidad, esto es, si se libraran contra bienes escasamente demandados o muy alejados de su maduración en bienes de consumo, si se utilizaran con la finalidad de obtener crédito (letras financieras) o si el librado no fuera una persona de reputada solvencia, asistiríamos a un arbitraje ilícito de los tipos de interés del que ya hablamos.

Por consiguiente, si se cumplen estos requisitos y las letras no se empeoran, gozarán de una liquidez elevada, que les permitirá "circular", es decir, pasar de unas manos a otras como medio para saldar las deudas que vayan surgiendo. Este proceso se conoce como "endoso" de la letra de cambio y permite tanto autofinanciar los últimos eslabones de un proceso productivo (circulación vertical) como regular la oferta de los bienes de consumo (circulación horizontal).

La autofinanciación de un proceso productivo constituye la finalidad original de la letra de cambio. La cadena de productores y distribuidores acepta las letras como pago por sus créditos y minimiza el movimiento de oro. Imaginemos el agricultor de trigo que vende a plazo de 30 días su mercancía al molinero (por 100 um) y éste a su vez enajena a plazo de 30 días la harina al panadero (por 120 um) que venderá el pan a los consumidores (por 140 um). El molinero librará una letra contra el panadero por importe de 120 um que vencerá al cabo de un mes (el plazo de 30 días que trata de aproximar el tiempo que el panadero necesita para hornear toda la harina, vender el pan y cobrar).

El valor presente de la letra vendrá determinado por el tipo de descuento; supongamos que puede descontar la letra en los mercados monetarios por 110 um. En este caso tiene dos opciones: o descontar la letra y pagar al agricultor al cabo de un mes con el oro obtenido o endosarle la letra al agricultor por 110 um. En este último caso, el agricultor pagará la diferencia entre la letra (110 um) y el valor presente de su deuda (por ejemplo 90 um), esto es, 20 um al molinero. Dicho de otro modo, mientras que el trigo madura en pan a lo largo del proceso productivo, la letra de cambio va madurando en oro.

Gracias a la letra, los movimientos de oro se han reducido. Sin la letra, todo el proceso productivo habría requerido de 360 um (100+120+140); con la letra 280 (140+120+20). El endoso de la letra ha permitido compensar el valor presente del crédito del molinero (110 um) con el valor presente de su deuda (90 um).Cuanto mayor sea el número de fases del proceso productivo, mayor será el ahorro del movimiento de oro que, a su vez, podrá dedicarse a la inversión en bienes de capital en lugar de a financiar la circulación de mercancías.

Pero además la letra también permite regular la oferta de los bienes de consumo manteniendo la rentabilidad de los distribuidores. Cuando la demanda se reduzca, la rentabilidad de ciertos productos (los menos demandados) caerá por debajo del descuento que puede lograrse a través de las letras de cambio, por lo que los distribuidores dejarán de encargarlos, reduciendo su oferta, para invertir sus saldos de caja en las letras de cambio. Del mismo modo, cuando la demanda se incremente, la rentabilidad de algunos de los productos no ofertados superará la de las letras de cambio, con lo que los distribuidores las venderán para invertir sus saldos de tesorería en encargar esos productos a los mayoristas. De este modo, los distribuidores compensan la menor rentabilidad estacional de su negocio con la mayor rentabilidad de anticipar el dinero a otros distribuidores mediante las letras de cambio.

A pesar de sus indudables ventajas, la letra de cambio ha sido denostada por la mayoría de economistas de todas las tendencias y épocas, desde David Ricardo, Henry Thorton o Lloyd Mints hasta Milton Friedman, Ludwig von Mises y numerosos austriacos actuales que defienden una reserva en oro del 100% para los depósitos bancarios (como Rothbard o Huerta de Soto). En su opinión el descuento de las letras reduciendo la cantidad de reservas ha de provocar necesariamente inflación.

El principal error que cometen todos los detractores de las letras de cambio es confundir las dos funciones del dinero: creen que las letras son instrumentos de crédito (como los bonos) cuando en realidad son instrumentos de compensación como hemos visto. No hay crédito implicado, porque las letras se emiten sobre bienes ya existentes y se utilizan para compensar deudas con créditos. Todo esto supone que los bancos pueden mantener en su cartera de activos una porción de letras de cambio; no es necesario que todo el dinero depositado se encuentre en forma de saldos de caja (reserva 100%), pero esto lo analizaremos en un próximo artículo.

La Educación para la ciudadanía

El Consejo de Europa designó el año 2005 "año de la ciudadanía europea", cuyo fin, si hemos de creer la declaración institucional que acompañó a su nacimiento, es la defensa de la democracia y los derechos humanos.

Lo interesante de esta declaración está en la parte donde se resaltan los que, a juicio del consejo, son los déficits más importantes de las democracias actuales. El órgano de la UE se manifiesta en este a modo de manifiesto pro-democrático, hondamente "preocupado por el nivel creciente de apatía política y cívica, por la falta de confianza en las instituciones democráticas y por el aumento de los casos de corrupción, racismo, xenofobia, nacionalismo agresivo, intolerancia con las minorías, discriminación y exclusión social, que constituyen graves amenazas para la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de las sociedades democráticas… Deseoso de proteger los derechos de los ciudadanos, sensibilizarlos con respecto a sus responsabilidades y reforzar la sociedad democrática."

Sorprende la escasa capacidad autocrítica de los miembros del consejo europeo en este texto, en el que mezclan los defectos de la democracia (motivo), con la apatía política y la falta de confianza en las instituciones democráticas que muestran los ciudadanos (consecuencia), sin poner de manifiesto esta relación de causa-efecto, pues entonces no tendrían más remedio que confesar que quienes necesitan educarse como ciudadanos son precisamente ellos, los políticos, y no los niños de 4º de la ESO, como pretende ZP siguiendo las directrices de la burocracia europea.

La corrupción, la xenofobia, el nacionalismo agresivo o la intolerancia con las minorías, que según el párrafo que hemos destacado son consideradas por los ideólogos del programa "graves amenazas para la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de las sociedades democráticas", son problemas causados directa e intencionadamente por la clase política actual, especialmente los partidos nacionalistas, la misma que, al parecer, queda fuera de este programa de reeducación colectiva al que se quiere someter a la ciudadanía.

Por otra parte, la desconfianza hacia las instituciones democráticas y la decisión de no participar en las consultas electorales es un derecho de todo ciudadano que en nada califica su condición moral o ética. Se puede ser un excelente ciudadano (no sabemos tampoco lo que quieren decir con el concepto "ciudadano", aunque podemos intuirlo por oposición a lo que se denuncia en el texto) y mantener una higiénica distancia con el cotarro partitocrático limitando el contacto al mínimo imprescindible de pagar impuestos para evitar la cárcel.

La Educación para la ciudadanía, promovida por los políticos de Bruselas y recibida como mandato divino por los políticos nacionales, no puede ser otra cosa que adoctrinamiento político. Si se prescinde de su carácter ideologizante, sólo quedaría una colección absurda de vacuos consejos sobre civismo elemental (véase este excelente artículo de Joaquín Robles).

No sólo no es lícito que el Estado adoctrine a los niños en una determinada cosmovisión. Es que, además, la Educación para la ciudadanía es un imposible metafísico que debería haber hecho abandonar el proyecto, a poco que la clase política tuviera un mínimo de respeto por la inteligencia de los ciudadanos a los que quiere reeducar. Su objetivo, confesado entre líneas, es agrandar las tragaderas de los ciudadanos, cada vez más hartos de sus políticos, con el fin de que todo el cotarro no se venga abajo. El hecho de que países europeos dirigidos por partidos "conservadores" hayan dado su visto bueno a la asignatura lo confirma. Se trata, simplemente, de una simple cuestión de supervivencia.

Los más pobres se desprenden del Estado

Posiblemente uno de los comentarios más interesantes que hemos publicado en esta página ha sido La teoría del desprendimiento, de Toni Mascaró. En él explicaba cómo cada vez más a menudo en nuestras sociedades socialdemócratas los ciudadanos huyen de los servicios ofrecidos por el Estado y pagados con los impuestos y recurren a alternativas privadas con el escaso remanente que éste le deja. Es un cuestionamiento práctico de la falacia fundamental en la que descansa el sistema: puesto que los más pobres no pueden pagarse ciertos servicios básicos, el Estado los provee a todos los ciudadanos, que en su mayoría sí pueden costeárselos.

Lo curioso es que eso no sólo sucede en los países prósperos, según los ciudadanos van teniendo dinero suficiente para pagar el servicio público que no quieren y el privado que sí. También los más pobres de entre los pobres evitan en muchas ocasiones a un Estado que no responde. África es el continente que todos asociamos con la miseria. Y, curiosamente, muchas de las necesidades más básicas de sus habitantes no las cubren los gobiernos, sino el sector privado. Veamos tres ejemplos.

Alex Nash relata su experiencia visitando la ciudad keniata de Kisumu. Allí, un ingeniero decidió coger agua de un río cercano y tratarla con una pequeña instalación en su patio trasero. Pronto descubrió que sus vecinos querían comprársela. Ahora tiene una pequeña empresa con cinco empleados y es capaz de servir a 10.000 personas. Tiene camiones para llevar agua a los hoteles y porteadores para la gente pobre. El Estado no está ni se le espera.

James Tooley investigó sobre educación privada en África. Descubrió que, por ejemplo, en la ciudad nigeriana de Lagos, siendo gratuita la educación pública, los padres pagan por una educación privada, pese a que disponen de unos 50 dólares al mes, porque funciona mucho mejor. En la India, la puntuación media de los colegios privados es de 19 puntos en lengua y 17,9 en matemáticas, mientras que en los públicos es de 17,4 y 16,3, respectivamente.

El New York Times describe como en diversas zonas de África, los pobres, que no reciben asistencia sanitaria estatal, están creando pequeñas mutuas sanitarias con las que cubrir por muy poco dinero. Generalmente formadas por menos de 100 personas, negocian con una clínica local un buen precio. El Banco Mundial publicó un informe en el que asegura derribar tres mitos: que el sector privado es para ricos, que no está muy desarrollado y que la mayor parte del dinero dedicado a sanidad viene de fondos públicos. Llegó a la conclusión que los pobres empleaban intensamente los servicios privados de salud y que los públicos, de hecho, subsidiaban a los más ricos.

Sin embargo, muchas ONG tienden a preferir que sean los gobiernos las herramientas con las que solucionar estas y otras necesidades básicas de los más pobres. Oxfam, por ejemplo, asegura que gobiernos y Banco Mundial “obstaculizan el desarrollo impulsando soluciones mediante el sector privado que no benefician a los pobres”. Los pobres, en cambio, parecen pensar de manera diferente.

Los países pobres necesitan gobiernos que garanticen los derechos básicos: la vida, la libertad y la propiedad. Del resto podría encargarse el sector privado, si tuviera seguridad en que sus esfuerzos no van a ser baldíos porque no pueden confiar en que, a largo plazo, lo suyo lo siga siendo. Ahí es donde deberían centrarse nuestros esfuerzos.

La ciudadanía responde

El órdago de Mercedes Cabrera y Rodríguez Zapatero a los padres españoles ha tenido su primera reacción. Un grupo de padres andaluces ha llevado el tema de la asignatura Educación para la ciudadanía al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Reclaman la libertad de educar a sus hijos como decidan y la libertad religiosa que nuestra constitución reconoce en sus artículos 16 y 27.

Desde mi punto de vista, es una buena noticia. Por fin alguien reacciona. La labor que, en este sentido, están haciendo asociaciones como el Observatorio para la Objeción de Conciencia (OOC) en su página objetamos.org, donde se explica a los padres qué pueden hacer, cómo han de hacerlo y qué razones les asisten, me parece notable. Es una iniciativa del Foro de la Familia, y están apoyados por otras organizaciones como ANDOC (Asociación Española por la Defensa de la Objeción de Conciencia), Profesionales por la Ética, el Centro Jurídico Tomás Moro, o la asociación Hazteoir.

Sin embargo, el asunto se está convirtiendo en un problema exclusivamente religioso. En la página principal del OOC los argumentos contra la asignatura son básicamente que:

A través de esta nueva asignatura, se pretende así educar a los alumnos en la peculiar ideología sobre la sexualidad, el matrimonio y la familia de los actuales gobernantes y en contra de la conciencia de muchísimos padres y madres españoles.

Y es cierto. Pero no me parece la única razón para rechazarla. Como ha mostrado el articulista de ABC, Álvaro Delgado-Gal, en su revisión de algunos manuales editados para Educación para la Ciudadanía el 5 de agosto (Guía de Perplejos) y el 12 de agosto (El código Marina), no sólo se trata de la educación religiosa, sino de la mentira flagrante, la manipulación histórica y el adoctrinamiento. Como, por ejemplo, comparar el capitalismo con la GESTAPO, mostrar a dos niños pijos que asumen que la miseria de muchos se debe a que tienen comodidades, o a otros dos niños ricos que afirman:

Lo bueno de la dictadura de mercado (en negrita) es que tiene lo bueno de los fascismos precedentes pero sin el mal rollo ese de los desfiles y las marchas militares.

La implantación de esta asignatura es equiparable a la medida que va a tomar Vladimir Putin en la moderna y democrática Rusia: cambiar los libros de historia para que los niños aprendan el patriotismo soviético. Tal y como cuenta El País, dado que la visión de la historia estaba manipulada por el dinero extranjero (las becas venían de fuera), el Kremlin ha creado una comisión para escribir un nuevo libro de texto de Historia, en la que hay un único historiador. Según esta versión de la historia rusa, Stalin es una figura contradictoria y, si bien tuvo sus fallos, hizo mucho por engrandecer la patria soviética. La Gran Purga se minimiza, no es necesario "autoflagelarse"; otros también hicieron barbaridades.

La Educación para la ciudadanía es una asignatura inmoral y tiene más trascendencia que lo referente a la libertad religiosa, como muy grave es que Putin trate de rehabilitar el sistema soviético.

Ya nos enseñó Ayn Rand hace mucho tiempo que el capitalismo es el único sistema económico moral porque defiende la libertad individual, y porque evita los dos errores que el socialismo y el sistema soviético implican y que son dos grandes injusticias de nuestra sociedad.

Primero, la moral de la tribu, que supone que la riqueza generada por cada individuo no es tal, sino que la riqueza es de un ente llamado tribu, comunidad, o lo que se quiera, cuando en realidad la riqueza es de alguien que se ha esforzado en crearla con su trabajo o sus inversiones, y el capitalismo crea riqueza, no la expropia. No existe tal cosa como el "bien común" ni el "excedente social", entendido como nos lo venden quienes lo utilizan para anular la iniciativa individual.

Segundo, el falso altruismo, que con las mejores intenciones quita a unos para dar a otros, por la razón de que éstos tienen menos, consiste, en realidad, en la esclavitud de quien produce, la servidumbre hacia quienes establecen el criterio de redistribución, y la promoción de una sociedad de vagos e irresponsables, acostumbrados a vivir del esfuerzo ajeno.

Para Rand, la base de la sociedad es la filosofía subyacente en ella, la filosofía de la libertad o la del siervo. Y la asignatura Educación para la ciudadanía inculca una filosofía contraria al individuo, a la persona, a la libertad. El sistema soviético que reivindica Putin, y que la propia Ayn Rand padeció, y el socialismo bajo el cual vivimos son el reflejo de la filosofía de esclavos en la que nos movemos y que no puede sino conducir a una menor riqueza y a la anulación de la libertad del hombre. Nos lleva a un sistema social inmoral en el que el laborioso es esclavo del indolente, los líderes manipulan a la gente con entidades irreales pero bien vendidas y la responsabilidad individual se difumina en institutos sociales estatales que malversan los fondos expropiados a las personas que trabajan honradamente.

Ese es el espíritu ciudadano de la asignatura. Va mucho más allá del atentado a la libertad religiosa. Por eso creo que hay que apoyar la insumisión civil y la respuesta ciudadana voluntaria.

Es lo único que nos queda.