El proceso de paz que actualmente gestionan los chicos de ZP y Josu Ternera puede tener varios finales. Prescindamos de los vaivenes negociadores, con altos el fuego declarados e interrumpidos, y hagamos el ejercicio dialéctico de suponer que acaba de la forma que quiere el presidente del Gobierno. Quizás no se trate de una mera cuestión retórica, habiendo como ya hay rumores de una próxima entrega de armas por parte de la ETA (se habla de la festividad de San Ignacio de Loyola, el día 31 de julio) y del consiguiente adelanto de las elecciones generales para octubre de este mismo año.

Si se diera ese caso habría que felicitar a Javier Arzalluz por sus cualidades proféticas, ya que a comienzos de la década fijó para el 2007 la fecha de la independencia de Euskadi. Hay que tener en cuenta, además, que poco después de que aita Arzalluz explicara su hoja de ruta comenzaron las conversaciones del PSOE vasco con la ETA. Resulta difícil de creer que en esas reuniones se haya estado hablando únicamente del abandono de la violencia y no de las contrapartidas exigidas por la ETA, que por otra parte son exactamente las mismas desde su fundación.

El final del "proceso", huelga aclararlo, sería recibido con entusiasmo por la opinión pública española, de escasa capacidad crítica, para la que el simple hecho de acabar con la pesadilla del terrorismo sería suficiente para aceptar cualquier contrapartida política por más humillante que sea. La todopoderosa maquinaria mediática de la izquierda haría el papel de su vida saludando con vítores el indudable éxito político del gobierno y su capacidad de diálogo para resolver un problema enquistado en la sociedad española desde hace más de treinta años.

Los organismos institucionales están también tan degradados que no sólo el botarate de Carter y el Sinn Fein ejercerían de "observadores" en el magno final del proceso, sino que la propia ONU enviaría una delegación de altura para asistir al acto de rendición y bendecirlo con su presencia. En cuanto a la Iglesia Católica, en cuya conferencia episcopal tienen un gran peso específico los obispos nacionalistas, ante la posibilidad de dar un golpe en la mesa (y perder a la grey vasca y catalana, además del sector borromeico del resto de España) o contemporizar con los hechos consumados en la más pura tradición cristianodemócrata, es muy posible también que el Vaticano enviara al nuncio a asperjar agua bendita sobre la cabeza de los héroes.
 
ZP es un adán de la historia cuya única ambición es conservar el poder, y a cuyo objetivo es capaz de sacrificar lo que haga falta, entre otras cosas porque su falta de escrúpulos y su nula categoría moral como gobernante le permitirán firmar la disolución de la nación española con la mayor tranquilidad, pues de hecho, según su propia confesión en sede parlamentaria, él mismo no tiene claro el concepto de Nación.
 
La forma jurídica que se le dé al resultado final del proceso es lo de menos, siempre y cuando la ETA y los nacionalistas vascos consigan sus objetivos políticos. Se podrá constituir un estado asociado a la corona española (que no al Estado español), con una especie de embajador de España en Vitoria, una especie de Commonwealth, un estado federado, una nación con soberanía compartida o cualquier otra fórmula más imaginativa. Lo sustantivo es que en el País Vasco, el nacionalismo tenga barra libre para imponer su autoridad sin ninguna cortapisa. Conseguido eso, lo demás es farfolla.
 
Para el PP las consecuencias del "éxito" del proceso serían probablemente letales. Si los españoles castigaron tan duramente a la derecha española por el asunto de Irak, que nos pilla a varios miles de kilómetros, es fácil suponer lo que ocurrirá cuando se la caracterice como la fuerza política intransigente que estuvo a punto de hacer naufragar el barco de la paz botado por ZP y Otegi. Tendríamos PSOE para veinticinco años y un PP destrozado, en el que no tardarían ni un segundo en salir voces exigiendo el mando. De ahí a la escisión, como mínimo en dos, sólo hay un paso que seguramente se produciría incluso antes de las elecciones de octubre, si es que se celebran. En todo caso este es un problema de los dirigentes del PP y sus afiliados. Allá cada cual.

Los franceses, no es necesario incidir demasiado en ello, estarían absolutamente encantados con este orden de cosas, fieles como son a las leyes de la geopolítica clásica, una de las cuales enseña que lo que es malo para tu vecino es bueno para ti. Para ellos, la existencia de una dictadura marxista-leninista (no olvidemos que ese es el ideario de la ETA) en una provincia limítrofe a su territorio sería un foco de inestabilidad, es cierto. Pero Francia, que si algo tiene claro es que su integridad como nación es intocable, no tendría ningún reparo en expulsar a los proetarras del país vasco francés y poner unas fronteras seguras con ayuda del ejército si fuera necesario, más que nada para que los gudaris sepan que en el norte no se toleran ciertas familiaridades.

Después de la seudoindependencia, o independencia de facto, del País Vasco, vendría lógicamente la de Cataluña. Los efectos económicos que puedan producir al resto de España no son nada comparados con los que van a arrostrar los empresarios de esas dos zonas, pero el daño para el prestigio internacional de España como país sería irreparable. En un mundo globalizado como el actual, el que una nación milenaria se desgaje en estaditos gobernados por gente violenta es un mensaje clarísimo al mundo financiero para que retire sus inversiones. España, con su bajísima productividad y su escaso tejido productivo industrial (sólo nos salva el turismo, y no está claro que con esa fama adquirida tras la hazaña pacifista de ZP no se resintiera también), probablemente no se recuperaría en décadas de una retirada semejante. Pero, eso sí, tendríamos paz. ZP y los socialistas cuentan con la ventaja a su favor de que estos efectos desastrosos para la economía no se producirían de inmediato sino progresivamente a lo largo del tiempo, de forma que llegado su momento podrían achacar el desastre a la coyuntura internacional, a la sempiterna crisis del petróleo o la siniestra herencia económica aznarista, que vaya usted a saber. Sus votantes, por supuesto, se lo tragarían sin ningún problema.

El problema no es que se agudice la división territorial, sino que ésta se produce no para el surgimiento de zonas con mayor libertad, sino para todo lo contrario. Es por ello que una nación dividida, con dos comunidades autónomas convertidas en estados independientes de facto, ambas gobernadas por un férreo nacionalismo identitario de izquierdas, no sea precisamente un panorama que pudiéramos denominar alentador. Eso sí, habría paz. El precio de esa paz, podemos aventurar, será lo de menos.