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Sí, otro urbanismo es posible

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Análisis diario.

La caída del Muro de Berlín simbolizó en la práctica el derrumbe de las ideas del pensamiento único enemigas de la libertad y del ser humano. En la teoría ya había sido Ludwig von Mises en el año 1920 el que demostrara, con su artículo Die Wirtschaftsrechnung im Sozialistischen Gemeinwesen, que eran puras fantasías de imposible aplicación y destinadas al fracaso. Muchos intelectuales, ante la evidencia de su tremendo error, han reconocido su equivocación y afirmado que verdaderamente el socialismo fue la gran tragedia del siglo XX. Sin embargo, otros se han negado a reconocerlo y han buscado refugio en áreas como el urbanismo y el medio ambiente.

En la actualidad, los sistemas urbanísticos y de ordenación del territorio sustentados en las ideas del pensamiento único se encuentran en una profunda crisis, no sólo por los innumerables escándalos de corrupción que aparecen todos los días en la prensa, sino también por las consecuencias devastadoras que se producen por la descoordinación de la asignación de los usos de un recurso escaso como es el suelo. Por eso, los intelectuales de izquierda se encuentran muy nerviosos y exhaustos al ver cada día como sus ideas ya fracasadas en el siglo pasado se terminan de desmoronar en este. Por esta razón, y no otra, se han empezado a movilizar de forma muy coordinada en medios de comunicación afines a su ideario con una única misión: culpar al mercado del actual desastre propiciado por sus propias ideas.

El último episodio de esta ofensiva ha sido el artículo publicado en el diario El País bajo el título Otro urbanismo es posible, escrito por el arquitecto Eduardo Mangada, que se hizo famoso al proferir la frase "Madrid no crece ni crecerá". El que fuera Premio Nacional de Urbanismo en 1978, concejal del ramo del consistorio madrileño con el PCE entre 1979 y 1982 y, posteriormente, consejero de la Comunidad de Madrid de 1983 a 1991 con los gobiernos socialistas de Joaquín Leguina lo tiene muy claro. Sus palabras dejan entrever que la culpa de lo que está sucediendo en la actualidad no es de sus propios errores intelectuales sino del mercado y de la propiedad privada.

El doctor Mangada nos sorprende con frases como que lo que ha producido una invasión indiscriminada de nuestro territorio así como la destrucción de recursos naturales y del paisaje es "la ausencia de unos modelos económicos y territoriales" y "un proceso guiado únicamente por el beneficio inmediato de las empresas inmobiliarias". Sus palabras dejan claro su profunda aversión hacia la palabra beneficio. Mangada considera, al igual que otros muchos izquierdistas, que el beneficio en el sector es ilegítimo y producto del fraude por parte de los entes privados. Estos señores parece que no quieren darse cuenta de que para que en el mercado libre existan beneficios se tienen que cumplir una premisa básica: satisfacer las necesidad de los demandantes de algún bien o servicio. En el mercado uno sólo puede enriquecerse haciendo ricos a los demás. Pero, sin duda, don Eduardo esto no lo ha entendido o no lo quiere entender puesto que nos sorprende con afirmaciones como "pocas veces, la humanidad ha tenido tal poder económico y financiero concentrado en tan pocas manos", cuando la realidad es, precisamente, la opuesta: nunca la civilización ha tenido tanta riqueza dispersa entre tantas manos (aunque lamentablemente no con la rapidez que sería deseable).

Lo más asombroso de don Eduardo Mangada es que no reconoce que el actual desorden que existe en la construcción de las ciudades es producto de su ideario. Además, se atreve a asegurar que hay que recuperar "la cultura del plan" y que los desordenes producidos "borrarlos es imposible" y "de lo que se trata es de civilizarlos física y socialmente, con o sin la participación de los promotores privados que ya han extraído una cuota importante de beneficios". Pánico me dan estas palabras, porque traslucen que no se ha dado cuenta todavía de que dónde nos encontramos es precisamente en un sistema fuertemente intervenido, en el que los derechos de desarrollo del suelo están nacionalizados y la asignación de los usos del mismo monopolizados por el Estado. El sistema que demanda Mangada es justamente el que existe en la actualidad y el que está ocasionando los brutales desordenes en nuestras ciudades, creando urbes que no atienden a las necesidades de los ciudadanos sino a los fines particulares de los gobiernos que ostentan el poder.

Por otro lado, don Eduardo nos pone como ejemplos paradigmáticos los desarrollos obreros urbanos de las "Siedlungen alemanas", desarrollados en la posguerra, de muy interesantes tipologías habitacionales y que tanto se enseñan a los alumnos de las escuelas de arquitectura como magníficos modelos de hacer ciudad. Lo que no se explica a esos estudiantes es la cantidad de costes externos que presenta la elaboración de este tipo de urbanismo, en el que el Estado se erige como promotor y constructor e impone a los ciudadanos un modelo de ciudad que persigue los fines individuales de los técnicos, políticos y burócratas.

Mangada también asegura que los técnicos "tendrán que aprender a hacer planes" y que éstos deben ser "redactados por quienes sepan hacerlos". Lo que pretende es que, al igual que sucede en la mayor parte de los casos actuales, los planes no los hagan los técnicos que compiten en el mercado para satisfacer con sus proyectos al mayor número de personas posibles, sino que los elaboren aquellos que persigan los mismos fines que quienes controlan el poder o son amigos de los mismos. Lo más terrible de todo esto es que el doctor Mangada también defiende como modelos a seguir los desarrollados en el sur de Madrid en los años 80, plagados de viviendas sociales y con modelos urbanísticos desastrosos, que por mucho que se querrían cambiar en la actualidad, no se puede porque el sistema vigente no lo permite. Si los ciudadanos prefieren vivir en otras zonas de Madrid, lo que hace que las viviendas en el sur sean más baratas, será por algo.

Indudablemente sí, otro urbanismo es posible, y este debe estar basado en el derecho natural a la propiedad privada y en el mercado. Sólo de esta manera se podrán crear modelos de ciudad que atiendan a las necesidades de los ciudadanos y no a los fines perseguidos por quienes pretenden imponer a los demás su criterio y sus ideas. Además, es la única forma de corregir los errores que el señor Mangada asegura que son de imposible solución, pues sólo el mercado puede volver a coordinar nuestro territorio. Las ideas socialistas, como no podía ser de otra manera, han vuelto a fracasar y sólo será cuestión de tiempo el ver cómo pasamos de un urbanismo socialista totalmente planificado de forma coercitiva, como es el actualmente vigente, a otro urbanismo de mercado con una planificación basada en la multiplicidad de contratos libres.

El volumen real de la denominada redistribución de la riqueza

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Análisis diario.

La socialdemocracia, integrada por todos los partidos occidentales a excepción de los residuos extremistas a uno y otro lado del espectro, sostiene la necesidad de que el Estado combata la desigualdad mediante transferencias coactivas de riqueza. Asume como un principio fundador que la desigualdad es una lacra que hay que combatir, en lugar de una condición intrínseca del ser humano, que por su propia naturaleza tiende a la diversidad y no al igualitarismo. ¿Pero cuál es el montante real del dinero que el Estado hace cambiar de bolsillo en aras de este fin supremo preconizado por las elites políticas desde el Manifiesto Comunista?

En los presupuestos públicos, los conceptos de gastos e ingresos están estructurados en capítulos en función de su naturaleza. En concreto, el capítulo IV de cualquier presupuesto estatal o autonómico está destinado a las llamadas "transferencias corrientes". Este es el dinero que el poder político entrega directamente a los beneficiarios designados previamente en función de su criterio, o a otras Administraciones, que presupuestan y gastan de forma similar. Podría parecer que esta es una actividad marginal de los gobiernos, mucho más interesados en crear infraestructuras públicas y en garantizar el orden y la justicia. Sin embargo, lo que probablemente poca gente conozca es que la maquinaria estatal destinada a la redistribución supone en España algo más de la mitad del gasto total del Estado.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2007, el capítulo IV suma algo menos de doscientos mil millones de euros, lo que supone un 56% del total del presupuesto. Por poner un ejemplo de Comunidad Autónoma, la de Murcia destina a transferencias corrientes un 55% del total, lo que supone algo más de dos mil doscientos millones de euros.

De esta forma, el principal esfuerzo de la burocracia estatal es transferir dinero de unos bolsillos a otros, para lo cual incurre a su vez en un gasto brutal en materia de personal y servicios, cuyo montante se agrupa en los capítulos I y II.

En lugar de dejar que estas transferencias se produzcan espontáneamente en función de los intereses de los ciudadanos, el Estado realiza esa labor de forma coactiva. Ante los réditos electorales que los partidos buscan obtener mediante los subsidios a todo tipo de colectivos supuestamente agraviados, los resultados nefastos que esta forma de hacer las cosas produce en términos de desincentivación y resentimiento social carecen de importancia.

Es cierto que si alguna vez se implantaran fórmulas que dieran más autonomía al individuo (pienso ahora en el cheque escolar), el mecanismo necesario para llevarlas a cabo desde el Estado sería a través de estas transferencias. Es éticamente menos nocivo entregar dinero a los ciudadanos para elegir qué tipo de servicio quieren, que proporcionarlo directamente y a la fuerza. Pero la situación real es que esto no se produce (la educación y la sanidad públicas, por ejemplo, se financian con las aportaciones del estado a los capítulos I y II del presupuesto y no cabe elegir si se prefiere ese servicio u otro privado), y que la práctica totalidad de ese casi sesenta por ciento de los recursos estatales desemboca en los bolsillos de los sectores agraciados, como el cine español o las ONGs, por poner dos ejemplos especialmente queridos por quien esto suscribe.

La socialdemocracia ni siquiera disimula a la hora de manifestar con hechos que su interés no es el bien común sino el preservar a los partidos políticos en el poder a cualquier precio. El volumen de lo que nos roban para este objetivo es, por tanto, una razón excelente para declararse objetor fiscal.

¿Quieres que el Estado conduzca por ti?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Las declaraciones del ex presidente del Gobierno José María Aznar acerca de la última campaña de sensibilización de la Dirección General de Tráfico (DGT) han levantado todo un aluvión de críticas, tachando de irresponsable e inconveniente la opinión del líder popular. Tal discurso, propio del pensamiento único y de la hipocresía social latente en el marco de la corrección política, deja de lado la clave de la cuestión planteada por Aznar en su polémica intervención: el intento por parte del Estado de invadir, inexorablemente, hasta el último rincón de la privacidad individual.

Pocas veces he escuchado una frase tan auténticamente liberal por boca de uno de nuestros representantes. Y es que, ¿quién le ha dicho a nuestros políticos, y siempre preocupados gobernantes, que estoy dispuesto a que conduzcan por mí? ¡Faltaría más! El eslogan de No podemos conducir por ti empleado por la DGT es, simplemente, un insulto a la inteligencia humana, pues, en el fondo del mismo subyace la legitimación del intervencionismo estatal llevado al límite y, como consecuencia, la reducción de la libertad individual a su mínima expresión.

Una frase que, bajo su apariencia inocua e inofensiva, esconde un trasfondo preocupante y aterrador: “No podemos conducir por ti, pero, si pudiéramos, no dude en que lo haríamos, ya que usted, conductor, es un peligro para la sociedad, un irresponsable que no está capacitado para llevar su vehículo”. De este modo, el Gobierno muestra su auténtico rostro: el afán por tener bajo su control y supervisión todo ámbito de la acción humana, llegando, incluso, a tratar de sustituir la voluntad individual por la siempre correcta e intachable acción del Estado.

Un ente que, a lo largo de la historia, no ha dudado nunca en sacrificar sin miramientos ni el más mínimo rubor a millones de personas en pos del denominado interés nacional; o que , en base al supuesto e irreal bienestar general, no le ha temblado el pulso a la hora de aplicar impuestos abusivos y desproporcionados, expropiando una parte sustancial de la propiedad privada y las ganancias económicas que son fruto de la labor diaria y el sacrificado trabajo de los ciudadanos a lo largo de su vida laboral, en su denodado esfuerzo por mejorar y perseguir la felicidad. ¿Es que acaso los gobernantes son ejemplo irrefutable de virtud y corrección moral? El que se haya acercado someramente al ámbito de la actividad política conoce perfectamente cuál es la respuesta.

Y ahora, ni cortos ni perezosos, ¿aspiran también a coger el volante de mi coche?, ¿a sentarse en mi vehículo y a conducir por mí? A lo largo de los últimos años, hemos podido experimentar un endurecimiento normativo en distintos ámbitos con el objetivo de reducir el número de accidentes en las carreteras españolas, hasta el punto de establecer el denominado carnet por puntos, sin que ello haya arrojado resultados del todo favorables. El consumo de alcohol y de drogas, la imprudencia, o el exceso de velocidad han sido siempre los argumentos esgrimidos por la DGT para explicar el elevado número de víctimas que se cobra anualmente la carretera, culpando, por ello, casi en exclusiva, el comportamiento y la actitud del conductor al volante de su vehículo.

Sin embargo, pocas veces se aduce el mal estado de las vías secundarias (en donde, por cierto, se produce el mayor número de accidentes), la existencia de puntos negros, la escasez y la mala planificación de las infraestructuras viarias, los atascos y embotellamientos o, lo que es más grave aún, la deficiente política sancionadora y punitiva que se ha venido aplicando hasta ahora sobre los infractores más temerarios. Áreas, todas ellas, por cierto, pertenecientes al ámbito de la gestión pública. Tampoco suele explicarse que muchos países, como Alemania, por ejemplo, carecen de límites de velocidad en una parte significativa de su red viaria, o que, dado los millones de desplazamientos que se producen anualmente en España, es inevitable, por no decir imposible, que acontezcan siniestros de toda índole y gravedad. Además, los coches son cada vez más seguros y fiables y, dado el creciente número de vehículos que recorren nuestras carreteras, la proporción de accidentes de tráfico es cada vez menor con el paso de los años.

Pero, según la DGT, el único culpable de la siniestralidad vial es, en este caso, el individuo, nunca papá Estado. Por ello, llega, incluso, a insinuar su disposición a sustituirnos al frente de nuestro vehículo. Y es que, la gran mayoría de ustedes, en su afán por dar rienda suelta a sus instintos suicidas e incívicos, no tienen el más mínimo temor a estrellarse con su coche y causar un trágico accidente, ¿verdad? La DGT difunde un discurso paternalista y protector que, en el fondo, tiene por objetivo limitar al máximo nuestra libertad de acción aplicando, a su vez, un proceso que conlleva, de forma inherente, la desnaturalización progresiva de la responsabilidad individual.

En este sentido, el Gobierno nunca se ha planteado la implementación de un completo sistema de gestión de tráfico privado mediante el desarrollo de una red de seguros con plena capacidad normativa y sancionadora. Así, los terribles efectos que provoca una mala práctica en este ámbito podrían resarcirse de un modo más eficaz y ajustado a través de dichas compañías que, en su afán por evitar riesgos, pondrían en práctica las medidas necesarias para incentivar una conducción responsable. Y es que, el mercado, a diferencia del Estado, carga sobre el individuo el peso de sus acciones sin llegar a desposeer a éste de su natural responsabilidad.

Aznar no pretendía, ni mucho menos, animar a los españoles a conducir ebrios, tal y como se nos ha intentado hacer ver por parte de algunos políticos y comentaristas interesados, sino llamar la atención acerca del riesgo que implica un mensaje tan maniqueo como el de la DGT… “No podemos conducir por ti”. ¡Pues claro! ¿Es que acaso usted estaría dispuesto a ceder el volante de su coche a Zapatero o a Rajoy? Yo, desde luego, no. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Pretender que Rubalcaba, o cualquier agente estatal a su cargo, fume por mí, ante el riesgo de que pueda contraer un cáncer o provocar una enfermedad a los que me rodean? Simplemente, absurdo.

¿Quieres que el Estado conduzca por ti?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Las declaraciones del ex presidente del Gobierno José María Aznar acerca de la última campaña de sensibilización de la Dirección General de Tráfico (DGT) han levantado todo un aluvión de críticas, tachando de irresponsable e inconveniente la opinión del líder popular. Tal discurso, propio del pensamiento único y de la hipocresía social latente en el marco de la corrección política, deja de lado la clave de la cuestión planteada por Aznar en su polémica intervención: el intento por parte del Estado de invadir, inexorablemente, hasta el último rincón de la privacidad individual.

Pocas veces he escuchado una frase tan auténticamente liberal por boca de uno de nuestros representantes. Y es que, ¿quién le ha dicho a nuestros políticos, y siempre preocupados gobernantes, que estoy dispuesto a que conduzcan por mí? ¡Faltaría más! El eslogan de No podemos conducir por ti empleado por la DGT es, simplemente, un insulto a la inteligencia humana, pues, en el fondo del mismo subyace la legitimación del intervencionismo estatal llevado al límite y, como consecuencia, la reducción de la libertad individual a su mínima expresión.

Una frase que, bajo su apariencia inocua e inofensiva, esconde un trasfondo preocupante y aterrador: "No podemos conducir por ti, pero, si pudiéramos, no dude en que lo haríamos, ya que usted, conductor, es un peligro para la sociedad, un irresponsable que no está capacitado para llevar su vehículo". De este modo, el Gobierno muestra su auténtico rostro: el afán por tener bajo su control y supervisión todo ámbito de la acción humana, llegando, incluso, a tratar de sustituir la voluntad individual por la siempre correcta e intachable acción del Estado.

Un ente que, a lo largo de la historia, no ha dudado nunca en sacrificar sin miramientos ni el más mínimo rubor a millones de personas en pos del denominado interés nacional; o que , en base al supuesto e irreal bienestar general, no le ha temblado el pulso a la hora de aplicar impuestos abusivos y desproporcionados, expropiando una parte sustancial de la propiedad privada y las ganancias económicas que son fruto de la labor diaria y el sacrificado trabajo de los ciudadanos a lo largo de su vida laboral, en su denodado esfuerzo por mejorar y perseguir la felicidad. ¿Es que acaso los gobernantes son ejemplo irrefutable de virtud y corrección moral? El que se haya acercado someramente al ámbito de la actividad política conoce perfectamente cuál es la respuesta.

Y ahora, ni cortos ni perezosos, ¿aspiran también a coger el volante de mi coche?, ¿a sentarse en mi vehículo y a conducir por mí? A lo largo de los últimos años, hemos podido experimentar un endurecimiento normativo en distintos ámbitos con el objetivo de reducir el número de accidentes en las carreteras españolas, hasta el punto de establecer el denominado carnet por puntos, sin que ello haya arrojado resultados del todo favorables. El consumo de alcohol y de drogas, la imprudencia, o el exceso de velocidad han sido siempre los argumentos esgrimidos por la DGT para explicar el elevado número de víctimas que se cobra anualmente la carretera, culpando, por ello, casi en exclusiva, el comportamiento y la actitud del conductor al volante de su vehículo.

Sin embargo, pocas veces se aduce el mal estado de las vías secundarias (en donde, por cierto, se produce el mayor número de accidentes), la existencia de puntos negros, la escasez y la mala planificación de las infraestructuras viarias, los atascos y embotellamientos o, lo que es más grave aún, la deficiente política sancionadora y punitiva que se ha venido aplicando hasta ahora sobre los infractores más temerarios. Áreas, todas ellas, por cierto, pertenecientes al ámbito de la gestión pública. Tampoco suele explicarse que muchos países, como Alemania, por ejemplo, carecen de límites de velocidad en una parte significativa de su red viaria, o que, dado los millones de desplazamientos que se producen anualmente en España, es inevitable, por no decir imposible, que acontezcan siniestros de toda índole y gravedad. Además, los coches son cada vez más seguros y fiables y, dado el creciente número de vehículos que recorren nuestras carreteras, la proporción de accidentes de tráfico es cada vez menor con el paso de los años.

Pero, según la DGT, el único culpable de la siniestralidad vial es, en este caso, el individuo, nunca papá Estado. Por ello, llega, incluso, a insinuar su disposición a sustituirnos al frente de nuestro vehículo. Y es que, la gran mayoría de ustedes, en su afán por dar rienda suelta a sus instintos suicidas e incívicos, no tienen el más mínimo temor a estrellarse con su coche y causar un trágico accidente, ¿verdad? La DGT difunde un discurso paternalista y protector que, en el fondo, tiene por objetivo limitar al máximo nuestra libertad de acción aplicando, a su vez, un proceso que conlleva, de forma inherente, la desnaturalización progresiva de la responsabilidad individual.

En este sentido, el Gobierno nunca se ha planteado la implementación de un completo sistema de gestión de tráfico privado mediante el desarrollo de una red de seguros con plena capacidad normativa y sancionadora. Así, los terribles efectos que provoca una mala práctica en este ámbito podrían resarcirse de un modo más eficaz y ajustado a través de dichas compañías que, en su afán por evitar riesgos, pondrían en práctica las medidas necesarias para incentivar una conducción responsable. Y es que, el mercado, a diferencia del Estado, carga sobre el individuo el peso de sus acciones sin llegar a desposeer a éste de su natural responsabilidad.

Aznar no pretendía, ni mucho menos, animar a los españoles a conducir ebrios, tal y como se nos ha intentado hacer ver por parte de algunos políticos y comentaristas interesados, sino llamar la atención acerca del riesgo que implica un mensaje tan maniqueo como el de la DGT… "No podemos conducir por ti". ¡Pues claro! ¿Es que acaso usted estaría dispuesto a ceder el volante de su coche a Zapatero o a Rajoy? Yo, desde luego, no. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Pretender que Rubalcaba, o cualquier agente estatal a su cargo, fume por mí, ante el riesgo de que pueda contraer un cáncer o provocar una enfermedad a los que me rodean? Simplemente, absurdo.

Especular, un reto posible

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

Aitor Zárate, como Robert Kiyosaki y otros emprendedores, brinda una idea que acaso provoca contrariedad a muchos: alcanzar la libertad personal a través de la independencia económica, con educación financiera, sin trampas y rompiendo moldes preestablecidos. Zárate fue jugador profesional de baloncesto (Baskonia, CAI Zaragoza) y desde 1998 dirige su propio negocio de futuros financieros. En 2006 publicó su exitoso Cambio de vida donde explicita por medio de un relato novelado su trayectoria vital.

Para el autor es ineludible, en aras de la libertad de cada uno, desarrollar un plan que permita aumentar la clase de inversiones que, con el tiempo, proporcionen ingresos sin hacer nada, trabajando el dinero por nosotros para no tener que trabajar por dinero, que nos obligaría a entregar nuestro preciado tiempo. "Tenemos que empezar a pensar en crear activos que generen activos y no ganar dinero para comprar pasivos, que es lo que hace la mayoría de la gente y que financieramente constituye una sandez."

Para Zárate un individuo que saca ufano su cartera para pagar con alguna de sus seis o siete tarjetas de crédito perfectamente alineadas es cualquier cosa menos rico. Con los tipos de interés actuales tan bajos, resulta imposible conseguir la liberación financiera endeudándose al 22 %, que es el "amigable" tipo que imponen los bancos para el pago de créditos al consumo. Por otra parte, el autor afirma que existe una excesiva credulidad por parte de los modestos inversores respecto de la pronta recuperación de sus acciones a la baja; incumplen el dicho que dice que "hay que cortar las pérdidas y dejar correr los beneficios", desconocen ponerse "corto", es decir, vender primero para comprar después, técnica que Zárate expone con claridad, pero que requiere habilidad psicológica y conocimiento en gestión monetaria para no terminar desplumado en las operaciones.

Adquirir viviendas no es para Zárate una solución acertada, lo que ejemplifica convincentemente: él prefiere la multipropiedad y obtener rentas por ella. La vivienda, excepto si el propietario logra un alquiler por ella o la vende y hace dinero, no es una buena inversión. No obstante, como casi siempre que se desaconseja comprar pisos, tal recomendación parece demasiado rígida, ajena por completo a las múltiples contingencias o motivaciones (una donación, una hipoteca inversa) que pueden aparecer en la vida de cara a poseer una casa.

Con los bancos ocurre un problema de relación de agencia: las entidades no realizan gestiones activas acerca de los fondos que reciben, obsesionadas como están por el cobro de comisiones de gestión, en vez de cobrar únicamente en función de los beneficios a favor del cliente, cosa que sí hacen los hedge funds. Para evitar la dificultad objetiva de participar en éstos, Zárate anima a convertirse en especulador de futuros, donde hay siempre contrapartida: si quieres comprar o vender no te quedas colgado, cosa que no ocurre con las clásicas acciones en bolsa. En Cambio de vida los dos protagonistas dialogan en torno a la dinámica interna de ser gestor de las propias inversiones.

No es imposible, pero es una opción empedrada de dificultades, a veces muy serias. Aitor Zárate reconoce varios fracasos en su biografía. Robert Kiyosaki vivió durante meses dentro de su coche, hasta que un amigo le cedió un trastero, antes de alcanzar el triunfo. Aquí, en España, algo se mueve, y toda esta clase de experiencias comienzan a tener su público. Es una cuestión de carácter, de aprendizaje, de una insobornable voluntad de decidir el propio destino, escapando de intervencionismos de toda condición.

Un club obligatorio de egoístas

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

 "Una afección tan noble [la generosidad], en lugar de hacer al hombre más apto para las sociedades de superior tamaño, es casi tan contraria a ellas como el más estrecho egoísmo."

(D. Hume, Tratado, III, ii, sec. 2ª)

El Estado del Bienestar es un club en el que no rige el principio liberal esencial de adhesión voluntaria, al decretar su incorporación obligatoria para todo el que se mueva por su jurisdicción. El espíritu obligatorio de este club es justamente lo contrario, pongamos por caso, al cooperativismo, uno de los mecanismos asistenciales más interesantes, previo al Estado Providencia y verdaderamente solidario, surgido del movimiento obrero.

El Estado del Bienestar, por su carácter esencialmente masivo y coactivo, hace a las personas ser más egoístas de lo habitual; es uno más de los numerosos efectos indeseados del mismo. Digamos que produce egoísmos y barreras artificiales que no se darían con tal intensidad de no existir dicho club "generoso". Veamos las más llamativas:

  • Barreras de entrada a los inmigrantes. Los que han sido forzados a colaborar en este supuesto club solidario resulta que no ven con buenos ojos a los recién llegados que se benefician de él pero que no han participado en sus cargas. Esta reacción es muy lógica. El recelo de muchos ante la inmigración tiene, por tanto, una de sus causas en la existencia del Estado del Bienestar.
  • Barreras de entrada a inversiones extranjeras. Se necesitan "campeones nacionales" para que las sedes de empresas "estratégicas" (léase con buenos flujos de caja) se hallen en suelo patrio y así facilitar la necesaria financiación de los gestores de dicho club. De esta manera se administra con mayor comodidad el corral fiscal y se impide que parte de los beneficios de estas corporaciones se vaya a sufragar otros clubes del Bienestar.
  • Barreras de entrada a productos extranjeros. Los aranceles, las medidas antidumping y las restricciones a las importaciones no son más que burdas medidas para impedir que ciertos productos confeccionados fuera de los costosos estándares del Estado del Bienestar puedan competir con los producidos dentro dicho club forzoso; dificultando, de paso, el deseable desarrollo de los trabajadores más pobres en el exterior.
  • Barreras de entrada al mercado laboral. Los sindicatos fuerzan la mejora de todas y cada una de las condiciones laborales de los que ya tienen trabajo a costa de hacer mucho más difícil la entrada de aquellos que no lo tienen al carecer de la productividad marginal necesaria para ser merecedores de esas "mínimas" conquistas sociales. También unos costes laborales improductivos consecuencia de excesivas regulaciones del mercado laboral de este club de egoístas detraen inversión en capital, lo que supone una barrera segura a la subida natural de los salarios que van asociados a la mejora de la productividad.
  • Barreras de entrada a los no nacidos. Constato que el pensamiento progre, el Estado del Bienestar y el aborto van de la mano. A esto habría que sumar el movimiento contrario de "salida forzosa": ciertas malas prácticas médicas de eutanasia no solicitada por el afectado o sus allegados para "aliviar" los crecientes pagos comprometidos del club del Bienestar.
  • Barreras de salida a jubilados. Las edades de jubilación y años de cotizaciones que den derecho a pensiones máximas a cargo de la Tesorería de la seguridad social se van estirando con el tiempo a medida que no les van saliendo las cuentas a los gestores del club.
  • Barreras de salida a empresas. El clan del Bienestar sale muy caro y toda salida de verdadera riqueza se intenta interesadamente frenar desde los poderes públicos, con la excusa de haberse beneficiado el asociado de ciertas exenciones fiscales o ayudas estatales. Las subvenciones, primero, y los impedimentos a las deslocalizaciones posteriores son un círculo vicioso insensato. Otra barrera de salida indirecta sería la armonización fiscal de bases o tipos de impuestos entre estados para impedir que las empresas encuentren su óptimo tributario en otro sitio y se larguen de donde están.
  • Barreras de salida a naciones de un mismo Estado. La asunción básica de todo socialdemócrata es que cuanto mayor sea el Estado mejor se garantizará la "justicia social". El Estado del Bienestar, por tanto, es uno de los frenos más importantes para la pacífica secesión o desagregación voluntaria de unidades nacionales dentro de un mismo Estado.

Todas estas actitudes son signos claros de egoísmo o de recelo sobrevenido. Con un desmantelamiento importante de este club forzoso ya no nos asustarían la entrada de productos o inversiones extranjeras (las veríamos como lo que realmente son: riqueza), ni la llegada de inmigrantes o de nuevos nacidos a la sociedad (pues constataríamos con normalidad que, a su debido momento, trabajan para conseguir su sustento sin aprovecharse de nadie), ni la saludable flexibilidad del mercado laboral (con menores cargas sociales subiría la productividad y, por tanto, los salarios de todos los trabajadores), ni la salida del mercado laboral cuando a uno le venga en gana (al haber contratado un plan privado a su costa), ni nos opondríamos a la marcha de empresas al exterior (pues entenderíamos que buscan su beneficio y que el facilitar su salida implicaría allanar la llegada futura de otras), ni nos horrorizaría "la salida" pacífica de naciones de un mismo Estado (sin la existencia de un estado asistencial y teniendo los individuos aseguradas privadamente sus coberturas básicas, no existirían esos recelos tan grandes que hoy se perciben ante propuestas de secesión; siempre, claro está, que sean por vías pacíficas y sin atropello de las libertades individuales).

Las diferentes caras del socialismo y su hijo pródigo, el Estado del Bienestar, conducen fatalmente a todo tipo de proteccionismos. El que se haya interesado un poco por el liberalismo, es decir, por tomarse en serio la institución del mercado, sabrá que, desde sus inicios, viene defendiendo la desaparición de éstas y otras muchas barreras.

Y luego la sociedad cerrada y sus amigos acusan al liberalismo de dar rienda suelta al egoísmo ¡Qué sarcasmo!

Cuenta atrás en las elecciones: comienza la campaña

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Acaba de empezar la campaña electoral. Todos los políticos se apresuraron a abrir sus barracas de feria y a contarnos dos cosas: el tirón de orejas que le van a dar al contrincante y lo bien que lo van a hacer. No lo van a hacer bien, lo van a hacer mejor. Mejores transportes, mejores carreteras, mejor sanidad. Dan ganas de votarles a todos.

Gracias a los medios digitales, los candidatos juegan con nuestra intención de voto primero, para jugar con nuestro dinero después, y crean sus propios personajes virtuales, se besan a la francesa públicamente para promover la libertad lingüística, o abren blogs para preguntar al ciudadano "dime qué quieres y te diré qué prometo".

Pero no hay que fiarse ni de las promesas de retirar los parquímetros de Miguel Sebastián, candidato a la alcaldía de Madrid (por otro lado nos sacarán los dineros), ni del "reencuentro" con el río Manzanares (financiado por nosotros y nuestros descendientes por los siglos de los siglos) de Alberto Ruíz-Gallardón candidato por el Partido Popular al mismo ayuntamiento.

Mientras que Enrique Gil Calvo, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, considera la abstención como una imprudente irresponsabilidad y sus consecuencias un trágico error, no parece que las demás alternativas sean satisfactorias para el interés del votante individual.

En nuestro actual sistema político, un ciudadano responsable puede votar a un partido en concreto porque comparte sus principios, porque lo hace aunque solamente sea de manera parcial o porque el modelo de sociedad ofrecido por los demás partidos le parece algo a evitar a toda costa. Pero, tal y como también señala Gil Calvo, y en esto sí estoy de acuerdo, las democracias occidentales adolecen cada vez más de una crisis de representatividad, descrédito y homogeneidad de las alternativas ofrecidas por los políticos, que le pone muy difícil las cosas al elector responsable.

¿Qué pasa si nos decidimos a renovar este sistema tan desgastado, obsoleto y generador de más mal que bien, tan restrictivo de las libertades individuales?

Dice Dennis C. Mueller en su Public Choice III que en una sociedad con un orden político cerrado, un individuo siempre está en peligro de ser explotado o tiranizado por una mayoría o una minoría de sus conciudadanos. Su capacidad de elegir, en tales situaciones, se centra en pocas opciones: confiar continuamente en la protesta (la opción voz) con la esperanza de que el resultado cambie, buscar un espacio político migrando a otro lugar (opción salida) o crear un orden nuevo mediante una revolución, es decir, un cambio brusco, no gradual. Pero esta última opción es problemática en nuestro maravilloso mundo occidental.

De acuerdo con el análisis de la Escuela de la Elección Pública la participación de la sociedad en un cambio radical es menor para altas tasas de salario y para bajas tasas de incertidumbre respecto a la renta futura. Es decir, una ciudadanía acomodada es también acomodaticia y manifiesta su desidia mirando al techo en lugar de asumir su responsabilidad, pidiendo a otro (el político de turno) que le resuelva sus problemas y quejándose después, pero sin tomar medidas directas. Vivimos demasiado bien.

¿Es más responsable mantener este sistema corrupto, desacreditado y ficticio, donde la mentira reina y los grupos de poder y los gobernantes son cómplices que atentan contra el individuo? ¿Es un trágico error no someterse a él y manifestar el desacuerdo de raíz con esta trama?

Nos esperan días de grandes palabras, grandes mentiras, grandes manipulaciones y muy poca imaginación. Está en manos de los ciudadanos negarse ser súbditos para ser tratados como vecinos. No participar, no acudir a una cita, no colaborar en lo que uno cree que es injusto es una manera de opinar y también es una opción responsable; para mí, la única opción responsable.

Política científica

Escrito por Antonio Gimeno en . Publicado en Análisis diario.

El caso Gore es sólo un ejemplo llamativo de la importantísima repercusión política que tiene la ciencia. Enterrado el credo marxista (más o menos adulterado), que no la mayoría de sus invenciones antropológicas, la ciencia ha pasado a ocupar un lugar destacado en la agenda política progresista, no ya como un instrumento, si no como un fin en sí mismo. Es decir, la ciencia se ha convertido en el centro del debate más allá de las cifras que los políticos prometen destinar a su desarrollo (o florecimiento); éstos han adoptado las controversias científicas como parte de su discurso.

El cambio climático es sólo el ejemplo universal, siquiera porque está orquestado por la ONU y sus agencias diversas, pero hay otros más locales y de hondo impacto, como el de la evolución, tan de moda ahora en los Estados Unidos.

Recientemente, en un debate celebrado entre los candidatos republicanos a la presidencia del país, se preguntó a los participantes si creían o no en la evolución. Tres de los diez dijeron que no. Tal vez la pregunta apropiada hubiera sido "¿En qué consiste?", pero en este caso su relevancia moral y por lo tanto política sería nula. No se estaba evaluando los conocimientos de los candidatos sino tratando de poner en evidencia a los más reaccionarios al progreso científico, al progreso.

Recientemente el New York Times se hacía eco de un debate en el que varios intelectuales de la derecha americana trataban de dilucidar si darwinismo y conservadurismo podían ser compatibles, desarrollando sinergias con las que renovar el discurso conservador. Dejando al margen la tendenciosidad demostrada en el artículo, parece claro que el empeño no va ser fácil ya que creacionismo y el "Diseño inteligente" inclinan la balanza en el debate hacia un irracionalismo que da la ventaja, sobre este terreno, a las fuerzas progresistas, además, mayoritarias en la academia americana.

Sin embargo el empeño, aunque, como digo, difícil, es de naturaleza bien diferente al que sostienen los Gore y compañía, que como verdaderos activistas científicos, por así decir, pretenden instrumentalizar la ciencia, mientras que conservadores como Larry Arnhart quieren, creo yo, apuntalar sus idearios sobre un renovado y consistente fundamento antropológico para, de esa manera, poder construir propuestas centradas en la realidad de la naturaleza humana.

Coincidiendo con Arnhart, aunque desde una perspectiva ideológica sustancialmente diferente, creo que la sociobiología, la moderna psicología evolucionista, es fundamental para el liberalismo del siglo XXI.

Pensemos que el propio Darwin, que era whig, como señala Hayek, se inspiró en Adam Smith, cuyas obran "marcan el nacimiento de un enfoque evolucionista, que, poco a poco, fue desplazando la estática visión aristotélica", un evolucionismo que, por lo tanto, reitera Hayek, se dio en el campo de las humanidades (moral) antes que en la propia biología.

Para terminar, recordar que von Mises afirmaba, en las primeras páginas de La acción humana, que la praxeología debe mucho al psicoanálisis. Tal vez exagero si afirmo que el sabio austriaco se hubiera hecho evolucionista sin necesidad de alterar sustancialmente sus presupuestos epistemológicos, de haber podido leer a los Leda Cosmides, John Tooby, Steven Pinker y compañía.

Propiedad privada y medio ambiente

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario. 2 comentarios en Propiedad privada y medio ambiente

Hace unos meses tuve la ocasión de acudir a un seminario que tenía como objeto el estudio del medio ambiente. El curso duró varios días, en los que se habló largo y tendido sobre la apartados habituales en los que se suele dividir dicha materia, como la flora, fauna, ecosistema, contaminación, vertido, residuo, etc. Mientras que los contenidos técnicos me sorprendieron gratamente, a la hora de analizar las causas de los problemas medioambientales, me extrañó bastante que la persona que dirigía el curso no le diese ninguna importancia a la titularidad de los bienes que solían tener más problemas de contaminación.

A la hora de analizar el problema de la contaminación, recuerdo que la conferenciante lo atribuía a los males de la llamada “sociedad de consumo”. Cuando le pregunté que si podía explicar un poco más este concepto afirmó que las empresas forzaban a sus clientes a comprar productos que no necesitaban, con el fin de elevar sus beneficios, y que para producirlos necesitaban emplear una gran cantidad de materias primas y fuentes de energía, lo que conducía a la contaminación.

Como quiera que no terminaba de ver la relación causa-efecto que me intentaba dibujar, le pregunté que si no consideraba significativo el hecho de que las mayores catástrofes naturales y los mayores índices de contaminación se produjesen en bienes cuya derecho de propiedad era de alguna manera débil. Para ilustrar mi afirmación le expuse algunos ejemplos. Los accidentes marítimos se producen en mares y océanos, que son de titularidad pública. Lo mismo ocurre con la contaminación atmosférica ya que el aire es de dominio público, o con los vertidos en aguas subterráneas o superficiales (que son propiedad de las distintas administraciones públicas). Sin embargo es bastante más infrecuente encontrarse con casos de contaminación significativos en terrenos privados.

Como se pueden figurar no llegamos a ningún acuerdo común la conferenciante y un servidor, aunque me asombró cuando me consideró uno de los participantes del seminario que más ideas nuevas le había aportado. Pese a nuestro desacuerdo, su intervención me sirvió para reflexionar sobre la falsa creencia existente en muchas personas que vincula la contaminación al sistema de libre mercado, cuando precisamente la propiedad privada es uno de los mayores aliados que tiene el medio ambiente.

Pensemos por ejemplo en el simple hecho de tirar un papel al suelo. Para cualquiera de nosotros sería inconcebible ver como alguien realiza este acto en nuestra casa o en la de una persona que nos haya invitado a pasar. No obstante, podemos estar seguros que la situación anterior de respeto a la propiedad ajena no se produce cuando pisamos una calle pública, donde cualquiera habrá podido observar a viandantes realizando este acto con la mayor normalidad del mundo. La razón por la que sucede esto es precisamente por el ejercicio del derecho de exclusión que lleva aparejado la propiedad de un bien privado. Si una persona procede a tirar basura en un bien propiedad de otro particular, con casi toda certeza el titular del mismo acudirá a ejercer su derecho de uso exclusivo, prohibiendo el paso a la persona que trata de ensuciarle el bien. No obstante, no ocurre lo mismo con las propiedades públicas, ya que la indefinición de su titularidad provoca una menor preocupación por la situación del bien.

El motivo de esta vigilancia que ejerce el propietario de un bien sobre éste no es otro que la preocupación por la posible pérdida de valor del mismo. El titular del bien quiere que éste mantenga o aumente su valor a lo largo del tiempo. La propiedad de un bien implica dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo. Y lógicamente a su propietario le inquieta que se produzca un deterioro en el mismo, que es básicamente lo que ocasiona la contaminación. Por tanto un bien privado tiene el mejor guardián posible para tratar que la contaminación en el mismo sea lo menor posible, su propietario.

Es factible que el propietario del bien, por el motivo que sea, no se preocupe del estado del mismo, y deje que éste se contamine. En sí no se trata de un deterioro medioambiental preocupante, ya que si los dueños de las zonas colindantes sí que pueden estar interesados en el estado de su propiedad, por lo que existe un límite a la contaminación, la propiedad original. En el momento en que la contaminación sobrepasa los límites de la posesión en que se originó, los demás afectados pueden exigir el cobro de una compensación que repare los daños causados a sus bienes.

Esto no quiere decir que la contaminación en terrenos privados no vaya a superar jamás los límites de la propiedad. Sin embargo sí que garantiza un mayor cuidado por parte de los propietarios, al tener que responder ante terceros de los daños ocasionados por su dolo o negligencia. Y esta responsabilidad, al poderse demandar ante los tribunales mediante la exigencia de compensaciones e indemnizaciones, se transforma en una mayor preocupación por el estado de los bienes de los que un propietario es titular.

Por tanto, la propiedad privada no es enemiga del medio ambiente, sino que al revés, se convierte en una de las mejores garantías existentes para reducir la contaminación y conservar el medio natural.

Dinero, trueque y ecuación cuantitativa

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Bajo condiciones normales y a largo plazo sólo una fracción despreciable de los intercambios actuales  se realiza mediante trueque.
Irving Fisher, The Purchasing Value of Money

En cualquier manual de economía se nos explica que el dinero aparece como un modo de superar las limitaciones del trueque. Una vez los individuos disfrutan de un "medio de intercambio generalmente aceptado" el trueque es relegado a una posición marginal en la economía. Pero la idea de que el dinero representa la superación definitiva del trueque parece intuitivamente cierta, pero no lo es. El dinero, lejos de desplazar al trueque, le confiere una utilidad mucho mayor y permite su uso generalizado.

El principal inconveniente del trueque no es exactamente que sólo puedan perfeccionarse aquellos intercambios donde ambas partes tengan demandas y ofertas de bienes que se complementen, sino las enormes dificultades que existen para liquidar o compensar esos intercambios en ausencia de precios de mercado y de un bien líquido.

En principio, todas las demandas y ofertas de bienes podrían compensarse unas con otras. La gran mayoría de la profesión económica sostiene, aún hoy, que el dinero es sólo un velo pero que, en última instancia, los bienes se intercambian por otros bienes. En realidad el dinero es mucho más que un simple facilitador del intercambio. Aunque la demanda y la oferta sean iguales, normalmente existe un desfase temporal entre ambas. Un individuo puede ofrecer bienes hoy para demandar otros mañana, de modo que su exceso de oferta no se le pueda compensar hoy con ningún bien.

El dinero, sin embargo, le convierte a uno en propietario de unos bienes que son enormemente demandados –incluso en grandes cantidades– y que, por tanto, pueden ser convertidos de manera rápida y cierta en otros bienes cuando su propietario lo requiera. En otras palabras, los individuos que quieran demandar en otro momento pueden liquidar hoy sus saldos mediante el dinero. Además, esa generalizada demanda da lugar a un enorme volumen de transacciones contra ese bien dinerario, lo que permite encontrar precios de mercado muy actualizados para casi cualquier bien expresados en esa unidad monetaria.

La razón por la que un trueque masivo sin dinero es inviable reside en la dificultad para compensar los millones de intercambios sin una unidad de cuenta común (que permita agregar y saldar deudas y créditos) y, sobre todo, en la imposición para los acreedores que no quisieran consumir hoy de aceptar, como liquidación parcial de sus saldos acreedores, bienes que carecen de una enorme demanda, esto es, que no pueden intercambiarse por otros bienes de manera rápida y cierta.

En cambio, la existencia de medios líquidos permite superar este inconveniente. Los distintos intercambios pueden saldarse en una unidad de cálculo común y además los acreedores cuyos créditos (oferta) no se compensen por entero con sus deudas (demanda) pueden recibir dinero, que sí podrán intercambiar en el futuro de manera rápida y cierta.

Benjamín Anderson en su magistral libro The Value of Money ofrece algunos ejemplos de cuán extendido está el uso del trueque en la sociedad moderna. Sin ir más lejos, cuando nos rebajan el precio de un bien por entregar otro (por ejemplo, uno de la misma especie pero más viejo) asistimos a un trueque parcial: el trueque entre el bien viejo y el bien nuevo se compensa con la entrega de una cantidad extra de dinero (el precio rebajado). Las fusiones y adquisiciones entre empresas también se efectúan normalmente mediante trueque. Si yo lanzo una OPA sobre otra compañía y ofrezco pagar (total o parcialmente) mediante mis acciones, lo que tenemos es un trueque entre la propiedad de unos recursos y la propiedad de otros.

Pero, sobre todo, el trueque es una práctica muy habitual en el caso de las cámaras de compensación. Su funcionamiento es muy simple: si yo he comprado bienes por importe de 50.000 euros y he vendido otros bienes por importe de 40.000, tengo una deuda con la cámara de 10.000, cantidad que ella distribuirá entre los correspondientes acreedores. La diferencia entre los créditos y las deudas se salda en dinero, pero el resto de las operaciones (cuyo valor en euros es de 40.000) son, en el fondo, puro trueque.

Las cámaras de compensación son un instrumento fundamental en las sociedades modernas. Existen para multitud de productos, como depósitos a la vista, valores de renta fija, de renta variable, contratos de futuro, etc., y manejan enormes cantidades de recursos. CHIPS, la cámara de compensación para las operaciones en dólares, realiza operaciones diarias por valor de 1,6 billones de dólares con tan sólo un movimiento efectivo de tres mil millones; en otras palabras, en esta cámara se efectúa diariamente un trueque por importe de 1,597 billones de dólares. Consideraciones similares podrían realizarse con respecto a otras cámaras de compensación como Euroclear, Fedwire o LCH.

Queda claro pues que la afirmación de Fisher con la que abríamos el artículo no puede ser más errónea. El trueque juega un papel cada vez más relevante en el comercio actual porque la función del dinero no es estar presente en todos los intercambios, sino sólo saldar las posiciones acreedoras netas de los individuos. No es de extrañar, sin embargo, que Fisher tratara de relegar al trueque a una posición marginal, ya que su ecuación cuantitativa del dinero parte de la hipótesis de que todos los intercambios tienen su contraparte monetaria.

Si un incremento de la producción puede intercambiarse sin recurrir al dinero, los precios no tendrían por qué descender como predice la ecuación cuantitativa. Del mismo modo, un incremento de la masa monetaria que indujera una reducción de las transacciones vía trueque no tendría por qué provocar un aumento general de los precios. Me temo, por consiguiente, que si la ecuación cuantitativa se basa en una hipótesis tan irreal como la inexistencia del trueque, no resulta válida para explicar los procesos inflacionarios. Y en especial los procesos inflacionarios actuales… pese a lo que Fisher pudiera pensar.