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Sí, propiedad

Escrito por Antonio Gimeno en . Publicado en Análisis diario.

"Propiedad" es el título de un artículo publicado ayer (14/3/2007) en La Vanguardia por el teólogo José Ignacio González Faus, responsable de teología de Cristianisme i Justicia, en el que éste defiende nada menos que la moralidad de la ley sobre el derecho a la vivienda del gobierno de la Generalidad de Cataluña.

La propiedad privada es el principio ético esencial en una sociedad libre, por eso no es de extrañar que en defensa de un gobierno proto-totalitario se le dé a aquella un carácter secundario. Y es que para el señor González Faus la ley-expolio "que contempla la posibilidad de poner en alquiler casas no habitadas, y medidas semejantes" (sic) es de un "valor moral" incuestionable, si bien prefiere no pronunciarse sobre la eficacia de la misma ni, por lo tanto, se para a cuestionar si las medidas supondrán, además de la promesa de una amenaza, un menoscabo en el uso eficiente de las bienes expropiados. Sencillamente no le importa porque se trata de hacer justicia con una ley cocinada al efecto.

Sin perder de vista que lo que me importa destacar en este artículo es la lamentable defensa que se hace del totalitarismo sui generis que padece la sociedad catalana, quisiera destacar el modo grosero en que se recurre a la moral y a la teología para justificarlo.

Afirma el teólogo que la propiedad no es un derecho sagrado, destacando que sirve a una "finalidad más amplia y más justa que es el destino universal de todos los bienes de la tierra". Se apoya en la afirmación que Juan Pablo II dejó escrita en la Sollicitudo rei sociales (42):

Es necesario recordar una vez más aquel principio peculiar de la doctrina cristiana: los bienes de este mundo están originariamente destinados a todos. El derecho a la propiedad privada es válido y necesario, pero no anula el valor de tal principio. En efecto, sobre ella grava una hipoteca social, es decir, posee, como cualidad intrínseca, una función social fundada y justificada precisamente sobre el principio del destino universal de los bienes.

Como señalaba Rafael Termes,

esto es precisamente lo que en el sistema capitalista tiene lugar, cuando los bienes poseídos en privado son destinados al proceso de producción, creando puestos de trabajo y rentas para los demás.

Y es que la mencionada encíclica significa un encendida defensa de la iniciativa privada que llevaba a Juan Pablo II a denunciar que

entre otros derechos, es reprimido a menudo el derecho de iniciativa económica. No obstante eso, se trata de un derecho importante no sólo para el individuo en particular, sino además para el bien común. La experiencia nos demuestra que la negación de tal derecho o su limitación en nombre de una pretendida "igualdad" de todos en la sociedad, reduce o, sin más, destruye de hecho el espíritu de iniciativa, es decir, la subjetividad creativa del ciudadano. (15)

Continúa el señor González Faus encadenando disparates hasta llegar a la traca final en la que plantea a los lectores un juego: adivinar el autor de varias citas en las que, en cualquier caso, es imposible ver la justificación ni moral ni mucho menos teológica del atraco nacionalsocialista que él defiende. Y es que, en contra de lo que quiere hacernos creer, aunque Santo Tomás no elevo a natural el derecho a la propiedad privada, es decir, no remató debidamente un teoría de los derechos naturales, sí que la justificó.

No siendo contraria a la ley natural, la propiedad privada, como invención de la razón humana, se justifica, según el Aquinate, porque el hombre siempre defenderá más y mejor su posesión que lo que es de muchos; porque dedicará mayor esfuerzo en beneficio propio que en el de los demás y porque, en definitiva, "es la mejor garantía de una sociedad pacífica y en orden" (Rothbard, p.87).

Santo Tomás de Aquino alude a cuestiones económicas cuando suscitan problemas de teología moral, precisamente esto es lo que parece acontecer, pasados los siglos, con los teólogos que pretenden justificar el expolio, que prepara un gobierno nacionalsocialista, con una poco refinada argumentación moral y teológica.

En realidad lo que parece alimentar el celo franciscano, es un decir, del señor González Faus es la nostalgia y lo que le da impulso es el desconocimiento de la evolución y el progreso.

Cuando afirma que "en una economía mucho más primitiva y de intercambio, los padres de la Iglesia repetían que la limosna no era un acto de caridad sino de justicia" esta soslayando que, en contra del propósito de la Generalidad, la limosna era voluntaria. El revestimiento moral que cada cual le quisiera dar a su conducta en aquellos tiempos "primitivos", o ahora, nada tiene que ver con la redistribución coactiva administrada por el actual gobierno catalán.

Barreras de entrada

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

En teoría económica es muy normal hablar de las denominadas “barreras de entrada”. Bajo esta denominación se estarían incluyendo todos aquellos obstáculos que dificultan la entrada de una empresa en un mercado determinado. Éstas pueden ser de muy distinto tipo, e incluyen fenómenos tan diversos como son las economías de escala (la disminución en el coste unitario de producción conforme aumenta el volumen), las inversiones mínimas necesarias, las curvas de aprendizaje, etc.

Todas las barreras anteriores tienen un origen natural, y no perjudican al consumidor, como en un principio podría suponerse. Si bien es cierto que estos obstáculos dificultan la entrada de nuevos competidores al mercado, también lo es que su existencia ha surgido precisamente de las inversiones realizadas por las empresas que participan en dicho mercado en su búsqueda de formas de aumentar la satisfacción del cliente. Dicho de otra manera, el cliente no se verá satisfecho con esa nueva empresa en el caso de que no realice las inversiones necesarias que le permita sortear las barreras de entrada.

Pensemos por ejemplo en el mercado automovilístico. Si una persona, por sí misma, tratase de producir un vehículo tendría que adquirir unos conocimientos elevados en áreas tan diversas como electricidad, mecánica, electrónica, ingeniería, etc. Tras dedicar varios años de su vida a ilustrarse en dichas materias, debería producir piezas de muy diversos orígenes y con procesos de fabricación totalmente distintos para posteriormente ensamblarlas. Finalmente, si hubiese logrado producir un coche, debería destinar más tiempo y dinero para probarlo a fin de determinar su fiabilidad. Lo más probable es que, a estas alturas, dicha persona hubiese fallecido tras una larga vida. No obstante, y si hubiese tenido la suerte de tener una esperanza de vida harto elevada, habría producido un coche que contadas personas hubiesen tenido dinero suficiente para comprarlo, dado el tiempo dedicado y los costes de producción.

Sin embargo, en la vida real millones de personas pueden permitirse la satisfacción de poseer un coche a un precio adaptado a sus ingresos. Esto sucede así ya que las empresas automovilísticas han realizado inversiones elevadas que les ha permitido producir vehículos cada vez más fiables y con mayores prestaciones y a precios más asequibles. Además, la experiencia que han ido obteniendo tras muchos años en el mercado, les ha permitido aumentar la eficacia de sus procesos. Por tanto, las economías de escala del sector, sus curvas de experiencia y las inversiones realizadas son el resultado de haber logrado la satisfacción del consumidor, surgiendo de ahí las barreras.

Si una empresa quisiese competir en dicho sector habría de cumplir con dichas barreras. Pero éstas no han sido levantadas por la competencia con el objetivo de impedir la entrada de nuevos productores, sino que son el resultado de las exigencias del consumidor.

No obstante, existen barreras de entrada cuyo origen no tiene en absoluto que ver con el consumidor. Estas barreras no tienen como origen el libre mercado, ya que no van a surgir de la necesidad de satisfacer al consumidor. Es más, puede darse el caso incluso de que atender dichas barreras provoque una peor atención al cliente. El origen de estas barreras se encuentra en las distintas regulaciones de las administraciones públicas.

Pensemos por ejemplo en una persona que quiera establecer una empresa. Independientemente de su actividad, la primera barrera que deberá vencer son las burocráticas establecidas por el mismo Estado. Antes de que pueda siquiera saludar al primer cliente habrá tenido que tratar con distintas administraciones públicas a fin de obtener los permisos establecidos por la legislación local. Estos requerimientos, si son muy exigentes en cuanto a tiempo y dinero, pueden llegar a desincentivar la constitución de nuevas empresas, limitando de este modo la competencia que pueda surgir en un mercado. No obstante, y a diferencia del caso anterior, esta limitación de competencia no viene dada por las exigencias del consumidor, por lo que se vuelve perjudicial, ya que se elimina a un competidor que podría haber satisfecho al consumidor.

No es casualidad que los gobiernos que interponen menores barreras artificiales de entrada a sus empresas, sean los de los países más prósperos, y que mientras mayor sea la confianza de los gobiernos en sus ciudadanos, superior es la riqueza de éstos.

¿Puede el Estado calcular?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

El cálculo económico es un recurso imprescindible para asignar los recursos escasos hacia sus usos prioritarios en los órdenes sociales extensos. Sin cálculo no existe coste de oportunidad y tan "racional" resulta construir vías de oro como cultivar arroz mientras parte de la población muere de sed.

La condición indispensable para que el cálculo económico sea posible son los precios de mercado. Los precios de mercado tienen la virtud de transformar las escalas de fines de los individuos (que sólo son órdenes de preferencias) en magnitudes concretas y cognoscibles. Pasamos del reino ordinal (preferencias) al cardinal (precios) mediante el intercambio voluntario mutuamente beneficioso.

Por ejemplo, yo desconozco cuáles son las prioridades de los individuos, pero si algunos compran un televisor por 200 euros, sé que al menos en ese momento preferían el televisor a sus 200 euros. Por tanto, puedo tratar de lograr 200 euros vendiendo televisores, para lo cual tendré que contratar factores productivos a cambio de una remuneración. Si esa remuneración es inferior a las ventas de televisores de 200 euros que espero lograr, emprenderé la producción.

Si los factores productivos, por el contrario, están percibiendo sumas superiores a las que yo les puedo pagar, significará que están siendo empleados en actividades que se espera que sean más remunerativas; esto es, se estarán emprendiendo en cada momento aquellas tareas que los consumidores más urgentemente demandan.

Los errores de cálculo se resolverán indefectiblemente en la desaparición de la actividad del mercado y en la liberación de los factores de producción.

En definitiva, los precios de mercado son esenciales para la asignación de recursos. La crítica resultaba enteramente aplicable a las economías comunistas, donde toda la actividad se hallaba socializada y se carecía de precios. La cuestión es si ese mismo problema sigue siendo aplicable a los Estados occidentales actuales donde sólo una parte de la producción está socializada y donde además existen precios de mercado para factores productivos análogos (las pistolas tienen precios, el salario de agente de seguridad puede fijarse copiando el de agencias privadas como Prosegur…).

Aunque un análisis simplista podría llevarnos a afirmar lo contrario, el Estado sigue de lleno afectado por la imposibilidad del cálculo económico, en especial porque carece de un precio fundamental: el coste del capital.

Toda empresa que quiere comenzar o ampliar sus actividades necesita captar el capital con el que funcionar. Hay que adquirir o alquilar el equipo, hay que adelantar los salarios a los trabajadores, comprar materias primas… Este capital puede ser aportado por completo o en parte por el propio empresario o bien puede recurrir a los mercados financieros.

Los inversores aceptan proporcionar el capital a la empresa (adquiriendo parte de sus acciones) a cambio de los beneficios futuros que espera obtener. Del mismo modo, los prestamistas se desprenden temporalmente de sus fondos a cambio del repago futuro de principal e intereses por parte de la empresa.

En ambos casos, los agentes confrontan un riesgo derivado de que la incertidumbre sobre los flujos futuros de caja (los beneficios): nadie asegura a los inversores que la empresa ganará tanto dinero como esperan ni a los prestamistas que la empresa será capaz de abonar con puntualidad los intereses y el principal.

Cuanto mayor sea esa incertidumbre mayores deberán ser los beneficios y los intereses que los accionistas y los prestamistas esperan obtener. Si la empresa no cumple con las expectativas de los inversores, estos liquidarán sus acciones al descuento (el valor de mercado de la empresa caerá por debajo de su valor contable) y si no cumple con su compromiso con los prestamistas, o bien se liquidará parte de la compañía o bien se renegociarán las condiciones de la deuda, con el consiguiente incremento en la prima de riesgo futura para la empresa.

En cualquier caso, cualquier empresa debe lograr una rentabilidad mínima anual derivada del riesgo subjetivo que perciben sus accionistas y prestamistas. Esta rentabilidad mínima suele ser denominada coste ponderado del capital.

Las actividades del Estado carecen por completo de coste ponderado del capital. El Estado obtiene los fondos que necesita o bien mediante la confiscación (impuestos) o bien mediante el endeudamiento público. En ambos casos, no existe ninguna rentabilidad mínima exigible a la actividad del Estado que quepa incluir en su cálculo económico.

En el caso del contribuyente porque éste no tiene opción de retirar su capital del Estado y por tanto no puede exigir unos beneficios mínimos por sus recursos. En el caso de los prestamistas, aunque es cierto que soportan el llamado "riesgo país", lo cierto es que éste está asociado a consideraciones de índole política (capacidad para robar lo suficiente como para atender el servicio de la deuda) y no económica (capacidad para satisfacer con acierto las necesidades de los consumidores y obtener los ingresos con los que pagar principal e intereses).

La ausencia de un auténtico coste de oportunidad del capital –ausencia que es consustancial a la naturaleza del Estado y de su sistema impositivo– imposibilita el cálculo económico y en definitiva la satisfacción de las necesidades prioritarias de los individuos. En otras palabras, todo el capital que acapare el Estado será distribuido de manera aleatoria entre sus estructuras productivas y además en proyectos que tenderán a ser útiles, no para los consumidores, sino para la subsistencia de los políticos.

La única solución pasa por que todo el capital sea captado en los mercados financieros para negocios donde los ingresos sean obtenidos por contratos voluntarios entre la empresa y el cliente, de modo que los inversores confronten una variabilidad de los beneficios derivada de la mejor o peor satisfacción de las necesidades de los consumidores. En otras palabras, la única solución al despilfarro sistemático de recursos pasa por extender la propiedad privada a todos los ámbitos de la sociedad.

¿Qué pasaría si…?

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

El ayuntamiento de Madrid ha lanzado una campaña con el lema "¿Qué pasaría si no pasara nada?". Así formulada la pregunta, resulta lo suficientemente estúpida como para merecer ser una campaña institucional. Pero lo que quiere sugerir es otra cosa: ¿Qué pasaría si el ayuntamiento no hiciera nada? Pues que todo lo necesario quedaría por hacer, viene a decirnos.

El actual equipo de gobierno municipal, liderado por el sin par Alberto Ruiz-Gallardón, está sometiendo a la ciudad a un volumen de obras públicas sin parangón histórico, de las cuales, oportunamente, las principales se están concluyendo pocos meses antes de las elecciones locales. Como parte de su campaña, el ayuntamiento ha enviado a los medios de comunicación una nota en la que dice cosas como estas: Con su programa de obras, el gobierno local ha creado 60.000 empleos y creará otros 23.000; los 3.742 millones de euros invertidos (el 82 por ciento de los cuales están destinados a la vía de circunvalación M-30) generarán a corto plazo un valor añadido bruto de 2.814 millones de euros, más otros 3.925 a largo plazo (suponemos que es el valor descontado de las rentas futuras que generarían las infraestructuras). Es decir, que por cada euro invertido por el consistorio se producen 1,8 euros en valor añadido.

Los datos son espectaculares. Literalmente fabulosos; es decir, de fábula. Pues ¿cómo saben cuánto valor aportará la mejora de la infraestructura? Es imposible, especialmente si tenemos en cuenta que sus servicios no generan ningún ingreso, ya que no se pide un precio por ellos. Pero supongamos que, como dice el ayuntamiento, la rentabilidad de la inversión (expresada en los términos de la nota) es de un 80 por ciento. ¿No estaría cualquier empresa interesada en obtener esa extraordinaria rentabilidad? Por supuesto que sí. De modo que lo que pasaría si no tuviéramos ayuntamiento es que las obras se acometerían de todos modos, pero por parte de empresas privadas, movidas sola y exclusivamente por su afán de generar beneficios.

Solo que lo más seguro es que los datos de beneficios inmediatos y futuros, ya que son completamente arbitrarios, estén hinchados por parte del ayuntamiento. Por lo que se refiere a los costes, sólo ha tenido en cuenta la evolución de sus ricas arcas, pero no los costes generados por la propia ejecución de las obras sobre los madrileños. En definitiva, no está nada claro que la mejora de la M-30 y el resto de intervenciones haya resultado en una mejora neta de los sufridos madrileños, aunque no puede descartarse.

Por otro lado, ¿qué quiere decir con que las obras generan 83.000 puestos de trabajo? En todo caso lo que ha hecho el ayuntamiento es detraer de otros usos productivos esos 83.000 empleos. Y la cuestión, desde el punto de vista económico, es si el uso final, el dedicado a las obras del ayuntamiento, es más productivo que los que se hubieran podido realizar con esos trabajadores, pero quedaron sin efecto porque el consistorio pujó más por sus servicios.

Si Ruiz Gallardón contratara a Bill Gates para abrir una zanja y luego cerrarla, ¿habría creado un puesto de trabajo? Si comparamos la aportación de Gates durante su trabajo en la zanja pasajera y lo que podría haber aportado en Microsoft, ¿no puede ser que lo que hubiera generado el ayuntamiento fuera una pérdida? Claro es que el ejemplo es extremo, pero nos ayuda a ver que eso de que ha generado empleo y riqueza no está nada claro.

El desarrollo del Estado Autonómico: ¿una transición liberal?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

En la actualidad, el sistema político español está viviendo un proceso de transformación y profundo cambio que, en la práctica, modifica de forma sustancial el funcionamiento del Estado. Las recientes reformas estatutarias acaecidas a lo largo de la presente legislatura han de ser entendidas como una gran oportunidad para la extensión y desarrollo del liberalismo en el ámbito de las políticas públicas, pudiendo demostrar así su superioridad moral, práctica y teórica frente a los preceptos socialistas.

Más allá del mero debate acerca de los diversos tipos de nacionalismo que conviven en nuestro país, incluido el español, los nuevos estatutos (Valencia, Cataluña, Andalucía y Baleares), junto a los que aún quedan por llegar, propugnan un nuevo marco de relaciones a nivel institucional y político, cuya principal consecuencia radica en la profundización de la autonomía normativa y regulatoria propia de los gobiernos regionales. Este nuevo modelo implica, en realidad, el establecimiento de un sistema de contrapesos en el que un mayor protagonismo autonómico corre en detrimento del siempre peligroso poder central.

No por casualidad, la descentralización política y administrativa constituye un principio comúnmente asumido por las distintas corrientes del pensamiento liberal. Tanto la derecha francesa como la italiana y la estadounidense son ejemplos claros del apoyo firme y consciente hacia la asunción de un mayor poder por parte de las entidades locales y regionales. De hecho, cabe recordar aquí que la revolución norteamericana, madre de la Constitución liberal por excelencia en el ámbito de la praxis política, nace de la oposición al control imperial británico en materia fiscal y comercial. Es más, el movimiento secesionista sureño se contrapone a las ansias expansionistas y estatalistas de la Unión, lideradas con mano férrea por la polémica figura del presidente Abraham Lincoln. Es más, el virtuoso jacobinismo fue el precursor de la centralización administrativa en Francia, que hoy impera en gran parte del continente europeo.

Si algo caracteriza de modo indiscutible al totalitarismo, de toda clase, tipo y color ideológico, es, precisamente, eso: las ansias de poder absoluto en manos de un ente único y central, como bien explica en sus diversas obras Bertrand de Jouvenel. Y para lograrlo, el Estado, en su misión coercitiva y acaparadora de poder político, no duda en aplastar y neutralizar cualquier atisbo de autonomía e independencia regulatoria propias del resto de instituciones competidoras en materia de control e, incluso, influencia social. De ahí que tanto el comunismo como el fascismo, en su negación de la libertad individual, han de desprenderse primero del resto de actores sociales capaces de ofrecer una vía de escape y discernimiento al margen de la voluntad y directrices dictadas desde el único poder legítimo: entes territoriales (autonomías y municipios), partidos políticos, medios de comunicación, Iglesia, sindicatos, asociaciones independientes, bancos, empresas y, finalmente, individuos… todo, absolutamente todo, ha de girar bajo el núcleo gravitacional del líder supremo que ostenta la cúspide del organigrama estatalista.

No existe otro modo de alcanzar el poder absoluto que a través de la eliminación sistemática del resto de poderes, tanto a nivel vertical como horizontal, insertos en el ámbito social y político. Moscú fue en su día el centro de control del vasto imperio comunista, al igual que Berlín lo fue, en el oscuro lado fascista, para gran parte de Europa. Por ello, en la actualidad, Hugo Chávez, en Venezuela, Fidel Castro, en Cuba, o Evo Morales, en Bolivia, combaten enérgicamente las aspiraciones autonomistas de las regiones que se encuentran bajo su dominio territorial. De este modo, tratan de impedir el surgimiento de entidades políticas competidoras cuya estructura, al posibilitar el desarrollo de una mayor libertad individual, atraiga de forma masiva, como no puede ser menos, a sus esclavos y súbditos. Y es que, de no existir tal competencia, los muros levantados por el totalitarismo para impedir la salida al exterior de sus nacionales carecerían de todo sentido y utilidad, pues, el individuo, por mucho que se alejase del citado núcleo gravitacional, no lograría nunca escapar del control estatal, alcanzando así su ansiada libertad. Rusos, lituanos, rumanos, checos… todos vivían por igual sometidos bajo las órdenes del supremo líder soviético. Pero su influencia era limitada, ya que tras el Muro de Acero, se encontraba otro mundo, el occidental, y otro sistema, el capitalista, al que muchos deseaban cruzar, llegando para ello, incluso, a poner en riesgo su propia vida.

Sin embargo, la descentralización conlleva el auge de entidades locales y regionales con capacidad autónoma, aunque de momento limitada, para establecer sus propios marcos y normas regulatorias dentro del propio Estado nacional, fomentando con ello la competencia fiscal y económica entre los diversos territorios que lo constituyen y, al mismo tiempo, dificultando en gran medida el intervencionismo homogeneizador del Gobierno central. En el caso concreto de España, no por casualidad, nuevamente, las regiones forales del País Vasco y Navarra lideran el crecimiento económico y empresarial del país, erigiéndose en las comunidades cuyos habitantes gozan de un mayor bienestar, riqueza y renta per cápita. Sus respectivos gobiernos autonómicos recaudan y gestionan sus propios recursos financieros e impositivos al margen del resto de comunidades, ofreciendo así políticas diferenciadas, tendentes en muchos casos al liberalismo, que sirven de incentivos a empresarios y trabajadores. El propio Rothbard, al igual que expone Hoppe en su obra con respecto al modelo monárquico, reconoce que dicho foralismo ha sido la mayor aportación española a la teoría política.

Así pues, la descentralización política y administrativa, que tantos insisten en criticar, lejos de suponer un peligro o riesgo, acentúa dos esferas básicas de la praxis política. Por un lado, la autoridad de los gobiernos locales y regionales, lo cual implica el acercamiento de la administración a los ciudadanos, en términos de eficiencia, accesibilidad y comprensión. Pero también, en cuanto a la posibilidad de ejercer un control más férreo y directo de la gestión pública por parte de los individuos (la decisión de aumentar impuestos es mucho más visible).

Por otro, al competir más estrechamente, con entes descentralizados similares, el Gobierno regional pondrá énfasis y esfuerzo en el desarrollo y mantenimiento de políticas públicas claramente tendentes a mejorar los niveles de desarrollo y crecimiento económico puesto que, de no seguir tal dinámica, su población emigraría a contextos más favorables para sus intereses particulares. Es el denominado voto con los pies.

Tal argumentación teórica ya está demostrando algunos de sus efectos: el impuesto de sucesiones y donaciones, en manos de las autonomías, tiende a desaparecer; algunos gobiernos, como el de Madrid, ha anunciado rebajas tributarias notables en las rentas individuales, mientras que otras, como el País Vasco o Navarra, aspiran a bajar aún más el impuesto de Sociedades (por debajo del 30%). La España de las Autonomías ofrece así un escenario político favorable para el desarrollo y puesta en práctica de medidas liberales… Y todo ello, gracias a un principio económico básico: la libre competencia. Sólo que, en este caso, no se aplica sobre empresas o individuos, sino sobre entes administrativos, cuyo fin, no olvidemos, es igual al del resto: la mayor obtención de beneficios (impuestos) a través de la captación de clientes (contribuyentes). Luxemburgo, Mónaco, Irlanda, Andorra o Gibraltar constituyen hoy en día claros ejemplos de las premisas aquí expuestas.

A pesar de todo, cabe recordar también que la tan recurrente redistribución económica, igualmente aplicable al mercado interterritorial (Fondo de Suficiencia, subvenciones de la UE, etc.) configura un marco de competencia desleal y elevada intervención política que, sin duda, desvirtúa en gran medida los numerosos logros y avances propios de la descentralización administrativa que propugna y defiende el pensamiento liberal.

La publicidad y el sexo

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

"La próxima temporada haremos una nueva campaña poniendo una mujer desnuda sobre un hombre". Esta es la conclusión a la que han llegado los modistos italianos Domenico Dolce y Stefano Gabbana después de retirar, el pasado mes, la fotografía que ha despertado las iras de los sectores más hipócritas de la sociedad. Ahora es Amnistía Internacional en Italia quien demanda a los diseñadores por el mismo motivo.

La foto pertenece a la campaña Secret Ceremony realizada por el famoso y controvertido fotógrafo Steven Klein, para quien han posado, entre otros, el cantante Prince y el futbolista David Beckham. En ella, aparece un grupo de hombres en una piscina que rodean y observan pasivamente a una pareja: él sujeta por las muñecas a una mujer tumbada, vestida de noche, con la cara relajada, que se ofrece a él levantando las caderas. No hay violencia ni en el encuentro, ni en los testigos, que más bien parecen sacados del imaginario gay. Todas las fotos de la campaña adolecen de una marcada afectación, todas están manifiestamente retocadas y hay una clara intención, marca de la casa, de evocar escenas de película, de ensueño o de fantasías. También es característico de Dolce Gabbana la trasgresión, la provocación, el guiño erótico y, en esta campaña, como ellos mismos han explicado, se trata de imágenes "que exploran la delgada frontera entre la moralidad y la inmoralidad, dos dimensiones paralelas que coexisten y que dividen el mundo".

Pero en España esa frontera la delimitan las instituciones que nos gobiernan. En concreto, el Instituto de la Mujer (IM) que, so pretexto de defendernos de nosotras mismas, ha presionado a la firma italiana para que retire el anuncio hasta que finalmente lo ha conseguido. El argumento de María Jesús Ortiz, directora de Comunicación del IM, es que la censura viene de los ciudadanos, quienes han puesto el grito en el cielo pidiendo que lo quiten. He de confesar que no conocía la campaña hasta la polémica, como tantas otras personas. Al investigar quiénes son esos "ciudadanos" tan ofendidos aparecen Los Verdes, la asociación de consumidores Facua (fuertemente vinculada a la izquierda andaluza, y con un convenio con la Universidad de La Habana) y una veintena de particulares, probablemente miembros, familiares y amigos de las mismas.

No voy a entrar en el componente político ni en la hipocresía ideológica de estas asociaciones o la curiosa afinidad entre ellas y los supuestos defensores de nosotras, las mujeres, porque daría para otro comentario. Me voy a centrar en el grueso del argumento. Tanto unos como otros hacen referencia al artículo 3 de la Ley General de la Publicidad y en concreto al apartado en el que señala aquellos anuncios que "representan a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados, coadyuvando a generar violencia".

En primer lugar, la mujer de la foto es una modelo que ha aceptado voluntariamente el uso de su cuerpo y su imagen para una composición fotográfica. No cabe el adoctrinamiento del comisariado político: es un intercambio libre, prima la voluntad de la mujer.

En segundo lugar, si el anuncio se centrara en la pureza del espíritu de las féminas, en su sentido del humor o en su habilidad para el cálculo numérico, no se consideraría vejatorio incluso si también los anunciantes se centraran en una parte de nuestra personalidad. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que se destaca de la modelo es su cuerpo serrano. Así que las feminazis que nos adoctrinan por nuestro bien y que penalizan lo que tan desafortunadamente llaman "cosificación de la mujer" no hacen sino transmitirnos de nuevo la idea de que nuestro cuerpo es vergonzante y no debe ser exhibido a nuestro antojo. Sí podemos mostrar nuestros demás dones, en especial los que nos acercan al macho, levantamiento de piedra, albañilería; eso sí, nada de mostrar los dones carnales.

Pero su argumento más fuerte es asociar la imagen a la incitación a la violencia. Los Verdes, para que no falte nada, consideran además que el modelo del fondo que sostiene un vaso en la mano está induciendo al consumo de alcohol. No puede ser un té helado. Sin comentarios. Lo cierto es que la imagen recrea una fantasía sexual de mujer, principalmente. Los juegos de dominación son un clásico. Ella yace tranquilamente y se ofrece a uno o varios –ese no es el tema– voluntariamente, ante la mirada (lo sorprendente es que sea indiferente) de otros varones de buen ver. No hay violencia en absoluto, no hay pornografía. Lo que sí hay es erotismo, fantasía y sutileza.

Pero ¿y si hubiera pornografía? Pues tampoco induciría a la violencia. Tal y como expone Wendy McElroy, feminista individualista y libertaria, por mucho que les duela a las feministas represoras, la pornografía será moral o inmoral, pero tiene una función social y no perjudica a la mujer necesariamente, sino que en muchas ocasiones la beneficia. ¿En base a qué se afirma que la fotografía de Dolce Gabbana induce a la violencia cuando en realidad sugiere una actitud con la que fantasean muchas mujeres en todos los países?

En el fondo, no hace sino reflejar la inmadurez de nuestras dirigentes tan preocupadas por nuestra defensa. No han superado la imagen neolítica del hombre que secuestraba mujeres de otras tribus para violarlas y replicar sus genes. Como dice un amigo, se han quedado en la adolescencia ideológica de las feministas de los 60 y 70. Y al hacerlo, se han convertido en las peores represoras de la mujer, en las mayores agresoras y violadoras de la libertad sexual de cada una de nosotras…

El comisariado político que nos adoctrina se pierde grandes satisfacciones.

La paradoja de la regulación médica

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Análisis diario.

En las últimas décadas se ha extendido la idea de que si existe una profesión en la que la regulación y codificación legal son imprescindibles para evitar graves consecuencias al cliente esa es la médica. Desde el tipo de tratamientos autorizados legalmente hasta la sanción penal de la mala praxis, pasando por la información que el médico puede dar al paciente, todo debe estar regulado por el estado para el bien de la salud de los individuos y de la sociedad en general. De lo contrario, ¿quién iba a defender los intereses del paciente? Después de todo, se dice, el médico sabe mucho más que el paciente sobre su estado de salud y sobre los tratamientos que podrían hacerle mejorar y, en consecuencia, nos encontramos ante un desequilibrio debido a una disparidad en la información; lo que la pedantería neoclásica denomina asimetría en la información. Vamos, que el médico estaría en una supuesta relación de superioridad que hay que corregir.

Debido a este tipo de argumentos simplones, la medicina se ha convertido en una actividad en la que la relación directa y contractual entre productor y consumidor ha sido reemplazada por una relación indirecta, condicionada y mediatizada por un tercer elemento, el aparato estatal, que impide los acuerdos libres en nombre de la supuesta defensa de la salud de los ciudadanos.

Debido al extremo intervencionismo de corte paternalista en el que se encuentra sumergido el mundo de la sanidad queda fuera del universo de los planteamientos "razonables" –incluso de los muchos liberales– que los propios pacientes, en su relación libre con los médicos, podrían encontrar fórmulas para defender sus intereses sin necesidad de que la actividad médica se vea encorsetada y paralizada por un sinfín de regulaciones. Sin embargo, si miramos hacia atrás comprobaremos que Papá estado no siempre ha estado ahí para decir cómo hay que ofrecer los servicios sanitarios y, para sorpresa de muchos, los intereses del paciente no parece que se hallaran desamparados.

De hecho, si nos remontamos a la antigua Grecia nos encontramos con una sociedad en la que la relación médico-paciente era completamente libre. Y sin embargo, en esta época en la que ni siquiera las responsabilidades del médico estaban codificadas por las leyes, existía un fuerte incentivo para ofrecer siempre el mejor servicio posible al cliente que buscaba un tratamiento. El principal incentivo para la existencia de prácticas médicas que protegieran el interés del paciente era la valoración que la población hacía del servicio de los médicos, una valoración que generalmente se realizaba en función del historial profesional. Hasta tal punto esto es así que Jacques Jouanna, en su obra Hipócrates, explica que el médico hipocrático corría el peligro de recibir unas penas mucho más duras que las sanciones legales que hemos conocido posteriormente: la censura social. En ausencia de regulaciones estatales, el médico que ofrecía un mal servicio quedaba marcado y, a su vez, este marcaje social incentivaba el esfuerzo de los médicos por ofrecer un tratamiento adecuado y minimizar los errores.

Es precisamente en este ambiente de libertad entre médico y paciente donde surge el famoso juramento hipocrático a través del cuál el médico se comprometía ante sus colegas a poner la salud del paciente en el centro de sus decisiones, a ayudar al enfermo evitando los daños intencionales, a no abusar de él y a mantener el secreto médico. Y es que la responsabilidad difícilmente surge en un ámbito que no sea el de las relaciones libres. El cumplimiento de este juramento en su práctica y cumplimiento diario otorgaba la reputación que permitía prosperar a un médico. Su incumplimiento, en cambio, suponía el descrédito social y la reprobación de la propia clase médica.

Qué lejos nos encontramos de aquellas relaciones libres en el marco de las cuales se resolvían los problemas de la medicina. Observando el caos actual de la sanidad pública uno se pregunta cómo hemos podido permitir que el estado desnaturalizara la relación médico-paciente para poner al médico a su servicio y al paciente a su merced. Que saludable resultaría un buen paseo en el que desandásemos parte del camino recorrido.

Contra la esclavitud del siglo XXI

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

Cuando empezó a aflorar el movimiento antiesclavista a finales del siglo XVIII muchos lo vieron como el principio del fin. Hubo dudas de todo tipo, desde económicas hasta morales pasando por las políticas o las referidas a la estabilidad del sistema. Se llegó a decir incluso que los esclavos tenían que compensar a sus amos por la productividad que no realizarían al dejar de trabajar gratis para ellos. Algunos creían que al ser unos "salvajes" sembrarían el caos entre ellos y eso desestabilizaría la sociedad. No sólo los esclavistas pensaban así, sino que incluso algunos esclavos también lo creían. Preferían vivir en la falsa seguridad de la tiranía que descubrir el huracán de la libertad y la capacidad de tomar decisiones por si mismo siendo siempre responsable de sus propios actos.

Todos estos miedos nos parecen absurdos ahora que ya conocemos la historia. Nos cuesta entender incluso cómo una enorme parte de la sociedad podía tener miedo al abolicionismo. La esclavitud en Europa fue abolida con la llegada del capitalismo y fue uno de los más grandes pasos hacia la libertad individual.

Ahora estamos en el siglo XXI y la esclavitud aún existe. Esclavitud es la posesión de un ser humano en manos de otra contra la voluntad del primero. Es la explotación del trabajo de una persona contra su voluntad y eso implica el robo también de su propiedad privada, esto es, de su producción. El esclavo no tiene opciones, sólo ha de trabajar para su amo, de no ser así, el amo tiene la capacidad de aplicar la fuerza, la violencia física contra el esclavo pudiéndolo incluso matar. El que trabaja de forma voluntaria jamás puede ser un esclavo, por más mal pagado o explotado que se considere. En el momento que podemos abandonar de forma libre y sin represalias nuestro trabajo, somos hombres libres no esclavos.

Todo y así, la esclavitud no sólo sigue existiendo, sino que es masiva y afecta a todos los sistemas occidentales. Sólo hay una organización que nos haga rendirle por medio de la fuerza nuestra producción y libertad contra nuestra voluntad: el estado.

A igual que ocurría en los siglos XVIII y XIX, la actual esclavitud del estado se mantiene por las mismas excusas: el esclavo (usted) no puede vivir en libertad porque es un ser antisocial, se rinde ante sus pasiones, o también, en libertad sólo haría que generar costes sociales que llevarían a la extinción de la humanidad. Posiblemente, de aquí a doscientos años nuestros descendientes vean estas excusas tan ridículas como nosotros vemos las de los esclavistas de siglos pasados. En ese momento futuro, es de desear que el hombre haya llegado a la cúspide de la civilización y por fin podrá desarrollar su potencial sin obstáculos ni extorsión.

El estado no ha de ser responsable de nuestras vidas ni actos. Cuando lo hace, sólo es para podernos expropiar por medio de la coacción nuestra propiedad privada y nuestro trabajo. Los impuestos, por ejemplo, no tienen ninguna justificación individual ni por lo tanto social, más bien al revés. Sólo sirven para mantener a una oligarquía: gobernantes, políticos, grupos de presión, sindicatos, patronales, monopolios… que en una sociedad libre sería minoritaria y menos parasitaría que en la actualidad.

Al rendir nuestra producción o dinero al estado tenemos, de hecho, un socio pasivo e impuesto que cada día, semana, mes, año y durante toda nuestra vida vamos a tener que alimentar sin que nos aporte nada en balance general, aunque sólo sea por la suma de todos los costes de transacción o la restricción a la diversidad de la estructura productiva y de precios que el estado impide. Pero lo que es más importante, con los impuestos cedemos nuestra producción realizada contra nuestra voluntad. A eso siempre se le ha llamado robo, no hay ningún contrato ni negociación posible, es "la bolsa o la vida", y sólo bajo esta amenazada el esclavo paga. No es un acto humanitario, sino antisocial e incivilizado.

De igual forma, el estado abarca cada vez más el control en nuestras vidas. ¿Por qué necesita un permiso del gobierno para conducir, abrir una empresa, comprar un arma para defendernos o por qué la ley, ordenanzas municipales o los políticos en general le han de decir dónde aparcar su vehículo, cuándo regar las plantas o a qué hora o cómo ha de sacar la basura todo ello bajo la amenaza de multas? Rápidamente el esclavista y prohibicionista le responderán, al igual que decían en el S. XIX: "porque el hombre es un salvaje, necesita leyes que le coarten su libre albedrío, sino la sociedad sería un caos y todos desapareceríamos".

La burda apología del esclavismo concibe que el hombre no son responsable de sus propios actos, y cómo solución nos plantea una contradicción: un grupo de hombres, oligarcas, que dirijan y manden sobre el resto. Si el hombre es salvaje por esencia ningún sentido tiene poner al mando a uno de su misma especie. No sólo eso, sino que además los incentivos son diferentes. El político, al ser un hombre con control supremo y sin nadie que le supervise –todo lo contrario que nosotros– toma decisiones que sólo apoyan su interés sin necesidad que a usted le puedan ser beneficiosas. Más bien al revés, como el político y el gobierno son los dueños monopolísticos de la fuerza y la ley pueden usarla en único beneficio de ellos mismos y los suyos. Si lee la prensa o mira las noticias encontrará tantos casos como quiera: corrupción por todas partes, leyes favorables a una sola empresa o grupo de presión, o leyes que sólo favorecen al propio gobierno como la actual Ley del Suelo que abarata las expropiaciones y puede impulsar la corrupción política aún más.

Los controles sociales pueden existir sin una represión continua del estado hacia todo, es más, la represión y derecho positivo en el que se basa el estado del bienestar no son la mejor forma de potenciar la responsabilidad individual. Curiosamente es a la inversa, fomentan el caos y el grado de inicialización del hombre. El continuo aumento de la delincuencia en España es debido a leyes que consideran al criminal una víctima, esto es, lo exoneran de sus actos. El alto grado de desempleo es debido a leyes que fomentan la irresponsabilidad individual como el subsidio de desempleo o leyes contra el despido, que además, se basan en la extorsión. Para garantizar una sociedad puramente responsable sólo hay un camino, avanzar hacia una libertad total donde todo sea responsabilidad privada e alguien. Fíjese por ejemplo, que las calles siempre están sucias, su "responsable" es el estado. Por el contrario, los grandes almacenes privados siempre están limpios. Sus dueños se encargan de que así sea sin que le cueste nada a la sociedad.

Los pensadores liberales y la entrada del capitalismo abolieron la esclavitud privada. Ahora que hemos consolidado este hito de la civilización vamos a tener que ir más allá y abolir la esclavitud del estado. La entrada de lo que conocemos como Globalización nos lo permite y corre de nuestro lado, es una potente arma para la descentralización estatal. La tecnología, con Internet por ejemplo, también nos permite difundir las ideas sin la censura del gobierno, al menos por el momento.

Es la obligación de cualquier hombre libre luchar contra la esclavitud, no importa que fuese en el siglo XVIII o en el XXI.

Jane Goodall: experta en chimpancés, ignorante sobre humanos

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

La prestigiosa primatóloga Jane Goodall acaba de publicar Otra manera de vivir, donde propone una "revolución civil" contra la comida basura, el maltrato a los animales y el grave deterioro del medio ambiente. Suena muy bien no maltratar a los animales, y deteriorar el medio ambiente parece peligroso (cabe preguntarse si está sucediendo y qué hacer al respecto); no conozco en cambio a nadie que consuma comida basura, que es un término idiota con el cual algunos intolerantes se refieren despectivamente a lo que otros comen.

Goodall es una idealista que sueña con lograr que su proyecto educativo para concienciar a la gente joven sobre la conservación de la naturaleza se extienda por todo el mundo. Está convencida de que podemos aprender mucho analizando comportamientos que compartimos humanos y chimpancés, lo cual es cierto pero muy incompleto: tal vez podamos aprender mucho más estudiando las diferencias. Sus declaraciones muestran que es muy necia cuando se sale de su especialidad.

"Los chimpancés pueden ser muy agresivos, pero la diferencia es que ellos no destruyen su medio ambiente". Lo cual debe querer decir que los humanos destruimos nuestro medio ambiente. Es más correcto afirmar que lo transformamos, y toda modificación implica destruir algo y crear algo nuevo, recombinar elementos, construir. Si se destruye algo intencionalmente es porque compensa lo que se consigue a cambio. Naturalmente toda acción produce residuos o contaminantes, pero estos pueden tratarse adecuadamente utilizando adecuadamente los derechos de propiedad. Si los chimpancés no alteran más su medio ambiente es porque no pueden, porque su capacidad de actuación es muy limitada en comparación con la humana, y no porque sean sabios que mantienen conscientemente un equilibrio natural.

El problema es que somos inteligentes, pero hemos perdido la sabiduría. Es muy importante hacer esta distinción. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo es posible que la criatura con el cerebro más sofisticado del planeta, que le ha permitido viajar a la Luna, construir catedrales y componer música bellísima, sea capaz de destruir el único hogar que poseemos? ¡No tenemos otro! El gran biólogo Ed Wilson dice que si todo el mundo adquiriese el nivel de vida de los países ricos, necesitaríamos tres o cuatro planetas nuevos. Pero evidentemente no los tenemos, sólo tenemos éste. ¿Qué pensarán nuestros tataranietos de nosotros si continuamos destruyendo todo, por culpa de nuestra insaciable avaricia y egoísmo?

¿Somos tan memos e insaciables que lo destruimos todo? ¿Lo que queda destruido luego lo redestruimos y así sucesivamente? Efectivamente Goodall misma muestra que ella ha perdido la sabiduría, o quizás no la ha tenido nunca. El principio de autoridad es epistemológicamente nulo, y las afirmaciones de Wilson muestra que él es también profundamente ignorante en cuestiones económicas. Muchos biólogos olvidan que el ser humano no es un simple depredador que consume lo que la naturaleza le da; los humanos producen de forma activa, hace tiempo que dejaron de ser recolectores y cazadores para hacerse agricultores y ganaderos. La riqueza no está dada, sino que se crea, y los precios en un mercado libre sirven para gestionar la escasez de recursos de forma coordinada. Nuestros tataranietos seguro que serán unos desagradecidos (la juventud siempre está peor que nunca) pero les habremos dejado tal acumulación de capital que serán mucho más ricos que nosotros.

Aunque Goodall reconoce que el buen salvaje es un mito, ella misma lo reproduce y desvaría cuando se pone sensible y mística. "Basta pensar en los pueblos indígenas que sí respetaban el medio ambiente y que sentían auténtica reverencia por la vida. Aunque cazaran para comer, rezaban una oración por el espíritu del animal. Lo que ocurre es que si tienes un cerebro tan sofisticado y astuto como el nuestro, pero lo desconectas del corazón –en el sentido literario del corazón como la sede del amor y la compasión–, entonces lo que surge es una criatura muy peligrosa. Y eso es lo que somos ahora mismo."

Goodall cree que podemos recuperar la capacidad para la solidaridad, porque conoce "a muchas personas que tienen esa sabiduría. Los movimientos que luchan contra las grandes corporaciones, que luchan para erradicar la pobreza, y para lograr una verdadera justicia ambiental." ¡Qué malignas son las grandes corporaciones! Normal, si están constituidas por peligrosos seres humanos. Lo de la justicia ambiental tendrá que aclararlo un poco más.

Los chimpancés no provocan una sobrepoblación de su entorno. Esto es muy importante, es uno de nuestros problemas más graves: el imparable crecimiento de la población humana. Es algo totalmente insostenible, al igual que la expansión económica sin frenos. Los chimpancés sólo tienen una cría cada cinco o seis años, así que no tienen problemas de sobrepoblación. En segundo lugar, aunque pueden ser muy violentos, también tienen una gran capacidad para el amor y la compasión, e intentan resolver sus problemas rápidamente. No les gusta la tensión, y se les da muy bien resolver sus conflictos. Pero quizás lo más importante que he aprendido de ellos es la importancia de tener una buena experiencia formativa en los primeros dos o tres años de la vida. Se ve muy claramente la diferencia entre los chimpancés que tuvieron buenas madres que les dieron mucho afecto y los que tuvieron madres ariscas y crueles. Al mismo tiempo, las cicatrices emocionales que puede dejar la pérdida de la madre, o una muy mala experiencia durante la infancia, se pueden percibir perfectamente en los chimpancés. Y esto es algo que también dicen los psicólogos sobre los niños humanos. Creo que hoy, especialmente en el mundo occidental, muchos niños no están recibiendo el cariño y afecto maternal que necesitan, debido a la incorporación de la mujer al mundo laboral y el deterioro de muchas familias.

Los chimpancés no se reproducen más porque no pueden, no porque planifiquen su procreación. El crecimiento de la población humana no es ningún problema (incrementa la extensión de la división del trabajo), y no sólo no es imparable sino que se está parando ya (la cultura, propia de los humanos, tiene mucho que ver). La población humana y el crecimiento económico son sostenibles si las instituciones sociales se basan en la libertad y no en la coacción colectivista. Y efectivamente la educación y las emociones son muy importantes: somos mamíferos familiares, hipersociales, afectivos y altriciales (muy dependientes al nacer).

Teniendo en cuenta que en la sociedad moderna, las mujeres tienen que trabajar, si queremos dar a los niños los cuidados que necesitan en los primeros años de su vida –algo crucial para el futuro de nuestra especie–, tenemos que buscar una buena alternativa. Una buena guardería no está mal, pero no es lo mismo que tener relaciones de afecto y confianza con unos pocos adultos. Me gusta más la idea de comunidades de vecinos que se organizan para cuidar de sus respectivos niños.

¿Qué es eso de que las mujeres tienen que trabajar? ¿Alguien las obliga por la fuerza? ¿O es que somos tan tontos que, aunque cada vez somos más ricos y productivos, no podemos permitirnos que las madres cuiden de sus hijos sin dedicarse a otras cosas? ¿No será el parasitismo estatal lo que hace que muchas familias necesiten dos sueldos para mantenerse? Al menos Goodall no pretende imponer ningún sistema de cuidado infantil, pero sus preferencias son algo ingenuas: ya no vivimos en tribus donde todo el mundo se conoce y se comparten tareas (la gente es libre de intentarlo pero no suele hacerlo).

"Yo sí creo en el alma, aunque no lo digo como un hecho científico, sino como algo que yo sentí cuando viví en la jungla de África. Pero no es algo exclusivo al ser humano; creo que todos los seres vivos tienen una chispa de vida, un poder misterioso que les permite estar aquí sobre la Tierra." Alguien debería explicarle a esta señora principios como lo autocatálisis, la autopoyesis, la autoorganización espontánea, que son complejos pero no tienen nada de misterioso. Queda muy poético lo de la chispa de la vida, pero ya suele utilizarlo una perversa gigantesca corporación del sector del refresco.

"En mi caso, mi trabajo con chimpancés ha supuesto una comprobación diaria de la teoría de la evolución, así que para mí no puede existir la más mínima duda sobre la validez de las ideas de Darwin. Pero al mismo tiempo, para mí esto nunca ha sido incompatible con la creencia en Dios, un Dios que no sé definir, pero que siento como un poder mayor que nosotros. Para mí, esto no es incompatible con la ciencia. Puedes asumir perfectamente que el Big Bang fue el origen del Universo, pero, al mismo tiempo, plantearte qué es lo que inició ese proceso." Es muy típico del misticismo creer en algo que no se sabe qué es, y es posible plantearse científicamente lo anterior al origen del Universo sin meter a ninguna divinidad poderosa por medio.

"Aunque los chimpancés comen carne, sólo constituye un 2% del total de su dieta, que es muy poco. Nosotros comemos demasiado y la queremos barata, lo cual explica en buena medida la epidemia de obesidad en el mundo occidental. Por otra parte, como explico en mi nuevo libro, el consumo elevado de carne es, probablemente, lo que más amenaza el futuro del planeta, porque cuanta más gente come carne, más zonas se deforestan para cultivar el grano que alimente al ganado." Si los chimpancés no comen más carne tal vez es porque no pueden, no porque se preocupen por seguir una dieta equilibrada. Conceptos como mercado, empresarialidad, beneficios, le son completamente ajenos, pero qué bien suena lo de criticar la deforestación sin aclarar por qué son preferibles los árboles a las gramíneas.

Si existiera la reencarnación, a Goodall le "encantaría volver a la vida transformada en un pájaro, porque siempre me ha parecido que ver el mundo volando libre desde las alturas debe ser una experiencia insuperable. Pero sólo me gustaría reencarnarme en un animal si el mundo cambiara primero, porque en estos momentos cualquiera de las criaturas que me gustaría ser probablemente lo pasaría muy mal, por culpa de la crueldad que sigue predominando." Hay que ver qué malos somos: avaros, egoístas, crueles, insaciables. Qué bonachona parece sin embargo esta bien intencionada señora: algo no encaja.

Monopolio urbanístico

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Análisis diario.

"Las leyes son muchas en demasía; y como no todas se pueden guardar, ni aún saber, a todas se pierde el respeto".
 Juan de Mariana

Me veo en la necesidad de expresar mi rechazo a lo expuesto en el artículo publicado en el diario El País sobre la corrupción urbanística y sus posibles soluciones, escrito por mi apreciado y respetado ex-profesor don Gerardo Roger Fernández.

Según el señor Roger Fernández, para que haya corrupción se tienen que dar tres factores: "desde la oferta, un producto generador de enormes plusvalías; desde la demanda, un universo muy amplio de solicitantes perentoriamente necesitados del mismo y, en tercer lugar, un mercado lo más restringido y, a poder ser, lo más monopolístico y opaco posible". Pues bien, que un producto genere enormes plusvalías y que exista un amplio número de solicitantes necesitados del mismo no es ninguna razón para que exista corrupción, sin embargo, un mercado restringido y monopolístico si lo es, pero no por las razones que él expone.

Don Gerardo cae, como otros muchos, en una errónea definición de monopolio, lo que además se demuestra, como veremos más adelante, por las soluciones que plantea.

Muchas personas, erróneamente, creen que se tiene el monopolio de algo cuando alguien tiene la propiedad de todo un determinado producto o recurso. Esta definición y otras similares han sido utilizadas por el pensamiento único para poder justificar la destrucción de la propiedad privada o el hurto de la misma. Sin embargo, el monopolio existe cuando alguien por la fuerza física o coactiva se hace con el control del mercado e impide que otras personas puedan intercambiar unos determinados bienes y servicios. Es por ello que existe un monopolio del suelo y éste lo ostenta el Estado.

Con la excusa de que el suelo es escaso, y apoyado por muchos intelectuales y políticos de izquierda, el Estado monopoliza el mercado de suelo para poder controlarlo y hacer con él lo que más le plazca. De esta manera el Estado planifica nuestras ciudades, nuestro medio ambiente, nuestras costas y nuestros ríos, y de esta forma se asegura lo que para él es alimento vital, el control de los individuos. Indudablemente, ostenta el monopolio de la propiedad del suelo, aunque nos engaña con diferentes concesiones de usos del mismo para hacernos creer que nosotros somos los propietarios y así poder continuar con su tiranía comunista del urbanismo.

Con este panorama es lógico que exista corrupción, pero no por los argumentos que expone el señor Roger Fernández, sino porque en vez de estar los individuos compitiendo en el mercado para satisfacer las necesidades del resto de las personas (qué tipo de ciudades satisfacen sus fines, en qué tipo de viviendas quieren vivir, a qué tipo de playas les gusta ir, etc.), al estar coaccionados y administrados prefieren influir sobre la toma de decisiones del suelo por el órgano de poder y así poder lograr sus fines sin necesidad de contar con los fines del resto de la población. Por otro lado, el órgano director (controlado indudablemente por diferentes grupos de poder) busca sus propios fines haciendo uso de este monopolio y además justificando la actividad coactiva ante los individuos que administra para mantenerse en el poder.

Pero lo más sorprendente, después de un análisis más que equivocado de por qué existe la corrupción, son las soluciones por las que aboga el profesor Roger.

En primer lugar "que el suelo se valore legalmente ‘por lo que es’ y no ‘por lo que pueda ser’, acomodándose al mandato constitucional a impedir la especulación y si se apuesta por un desarrollo sostenible del territorio". O sea que la solución que se plantea es: la eliminación de los precios de mercado y sustituirlos por valores irrisorios que serían decididos a su antojo por burócratas y políticos; la eliminación de la especulación económica necesaria para la vida misma y, por último, la protección coactiva de todo el suelo bajo la justificación del erróneo argumento de desarrollo sostenible.

En segundo lugar, "ábrase a la competencia la producción de ciudad por la iniciativa privada, terminándose con viejos monopolios de raíz preliberal. Que para los casos en que se delega la producción de la ciudad en los privados, ésta se lleve a cabo en régimen de libre empresa, en concurrencia bajo estricto y escrupuloso control público en aras de evitar malas prácticas aplicativas, tanto para el interés general como para los privados legítimamente obtenidos". Con este párrafo lo que el autor del mismo nos viene a decir es que permitamos que empresarios sin necesidad de ostentar la propiedad del suelo puedan realizar edificios y urbanizaciones siempre y cuando el órgano director lo supervise y lo permita. Por lo tanto, carta libre para el agente urbanizador y edificador y de esta manera agrandar el monopolio del suelo por parte del Estado, más corrupción y más dinero para hacer ricos a los amigos del órgano director. Por supuesto, todo eso bajo la justificación del interés general. Además lo que se propone en estas líneas, pero no se dice abiertamente (por qué será), es la eliminación de la propiedad privada mediante la nacionalización del suelo.

Por tercer y último lugar, "procédase a segmentar la oferta de una parte del mercado, disponiéndose garantías jurídicas que propicien la presencia de suelo a precio acorde a las rentas familiares medias con destino a vivienda protegida. Sólo una disposición legal que comporte la reserva de una parte del suelo para vivienda social, tal como la experiencia nos demuestra, podrá satisfacer el derecho constitucional a la vivienda establecido en el artículo 47 de la Carta Magna". ¿Una parte del suelo a viviendas sociales? ¿Es que acaso el resto de las viviendas no son sociales? Lo que don Gerardo Roger pretende es que se establezcan más impuestos mediante viviendas de precio intervenido y de esta manera las viviendas de precios supuestamente no intervenidos o libres (y digo supuestamente porque no existen, ya que todos los precios de vivienda en la actualidad están intervenidos por el control estatal del suelo) verían incrementado su precio de venta para poder soportar los costes económicos de las viviendas de precios tasados por el Estado. Eso sí, justificado por el artículo 47 de la constitución que otorga a todos los españoles el derecho positivo a una vivienda digna.

Termina don Gerardo anunciándonos que "medidas legales de estas características se recogen en el Proyecto de Ley de Suelo estatal y en algunas legislaciones autonómicas progresistas". Precisamente puesto que medidas como las expresadas se encuentran en el Proyecto de Ley de Suelo, éste no debe de ser aprobado nunca y retirado de inmediato, pues incrementaría la corrupción sin lugar a duda al igual que la fomentan todas esas legislaciones autonómicas supuestamente progresistas.

Las soluciones al problema de la corrupción urbanística son otras muy distintas. Sin duda las dos principales son, primero, que exista la propiedad privada para que de esta manera pueda existir mercado y éste sirva para coordinar el territorio y las ciudades, y segundo, desmonopolizar la asignación de los usos del suelo por parte del Estado, con lo que se eliminaría la especulación, pero no la económica, ya que tratar de evitar ésta es desequilibrar el mercado y distanciar la oferta de la demanda, sino la política. Puesto que la especulación política inducida por las diferentes formas de intervención pública en el libre uso del suelo es una de las principales causas de la corrupción y el fomento de la misma. Sólo de esta manera se conseguirá el progreso. Además, adelanto que tarde o temprano se transitará por ese camino. El muro de Berlín cayó por su propio peso e igualmente caerán los planteamientos de ingeniería social por medio del monopolio estatal del urbanismo y la ordenación del territorio. De esta manera se podrá seguir avanzando para alcanzar la libertad y el bienestar de los individuos.