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Intuiciones

Escrito por Antonio Gimeno en . Publicado en Análisis diario.

Todos estamos dotados genéticamente con unas facultades cognitivas basadas en intuiciones primordiales. Son las herramientas con las que abordamos el entorno y nuestras relaciones. Disponemos de una moralidad, una física o una economía intuitivas que nos han permitido medrar en la carrera evolutiva pero que en ocasiones suponen un lastre. Y es que nuestro cerebro, equipado por la adaptación evolutiva para sobrevivir en el pleistoceno tardío (comienzos del holoceno), afronta, a menudo conflictivamente, las paradojas de la ciencia y la vida moderna al no haber sido dotado con herramientas para comprenderlas intuitivamente.

El hombre es un animal moralista al que "el proceso amoral y sin dios de la selección natural" (Pinker) equipó con un refinado y, tal vez, excesivo sentido moral, el moral sense que ya vislumbrara Darwin con acento menos materialista. Y es que tal "sentido moral es un dispositivo […] cargado de singularidades, proclive al error sistemático –a las ilusiones morales, por así decir–, igual que nuestras otras facultades".

La moralidad es una facultad mental y como tal puede explicarse por una combinación de factores biológicos (genes) y culturales (memes). En esta complementariedad encontramos una explicación a la diversidad de normas con las que diferentes grupos e individuos regulan sus relaciones. Tales normas morales favorecerán aquellos valores que se destaquen por su mejor función adaptativa a un nicho biocultural dinámico.

La complementariedad sobre la que se edifica la moralidad humana, que también se reconoce en el resto de facultades cognitivas que nos definen y diferencian como humanos, nos permite reconocer la existencia de una evolución cultural; un hecho que se hace más evidente a medida que el progreso tecnológico, por otro lado, una faceta cuantificable de ese proceso evolutivo, facilita la comunicación entre individuos y los grupos en los que se integran.

Desde la perspectiva que da esa complementariedad se advierte que, si bien, para explicar el surgimiento y desarrollo de la moralidad, no debemos perder de vista su fundamento darwiniano, tampoco podemos descuidar los factores culturales intervinientes. Elliot Sober y David Sloan Wilson lo explican de la siguiente manera:

Incluso grupos genéticamente idénticos pueden diferir profundamente a nivel fenotípico a causa de mecanismos culturales, y esas diferencias pueden ser heredables en el único sentido relevante para el proceso de selección natural. El hecho de que la cultura pueda proporcionar por sí misma los ingredientes requeridos para el proceso de selección natural da a la cultura el estatus que los críticos del determinismo biológico no han dejado de subrayar.

Llegados a este punto pareciera que el ser humano está doblemente subyugado por el determinismo, que la conciencia que reverbera en las paredes de su cráneo no sólo es una ilusión, que lo es, un truco que aprendimos de nuestra observación de los otros hace millones de años, sino que ni siquiera es responsable de las decisiones que hacemos nuestras. Sin embargo, como explica Paco Capella:

Los seres humanos no se limitan a comportarse según normas morales, sino que son capaces de reflexionar sobre las normas de comportamiento que la moralidad sentida íntimamente les sugiere, y también pueden expresar estas normas mediante el lenguaje, comunicarlas, discutirlas con los demás e intentar persuadirles de la conveniencia o inadecuación de ciertas acciones. El análisis racional de la moralidad abre la posibilidad de la ciencia ética.

Una ética que "investiga normas universales adecuadas", derechos naturales entendidos como artilugios humanos contingentes sí, pero no arbitrarios que servirán como marco normativo básico necesario para que cada uno, apiñados junto a muchos otros en ordenes sociales extensos y complejos, podamos desarrollar el guión de nuestra "felicidad".

Estos derechos naturales deberán ser correctamente formulados mediante leyes cuya bondad podrá testarse empíricamente. Como señala Randy Barnett, en el caso más extremo, observando la dirección que siguen los refugiados. Y es que no debemos olvidar que estos derechos naturales, que podemos resumir en uno, la libertad, la libertad humana, son más jóvenes que la especie (parafraseando a Dan Dennet), y siguen su curso evolutivo en un ambiente cultural condicionado por decisiones políticas que pueden acabar con ellos. Y es que la evolución cultural no sólo es mucho más rápida que la biológica (más aún, al contrario de lo que sucede con las adaptaciones biológicas, las adaptaciones culturales complejas no aparecen gradualmente), sino también mucho más vulnerable. Ambas afirmaciones parecen hoy día más evidentes que hace cien años.

Las mismas facultades cognitivas que han posibilitado el "descubrimiento" de la ética, la ciencia de los derechos naturales, pueden mostrar su reverso más tenebroso. Piensen, por ejemplo, en el tremendo esfuerzo propagandístico que Al Gore está orquestando por todo el mundo. Digerimos fácilmente sus mensajes catastrofistas y le resulta sencillo ocultar las consecuencias de los consejos que propala en sus conferencias (más y más Kyoto). O el empeño de Greenpeace en acabar con los cultivos transgénicos que han sacado del hambre a millones de personas. Piensen en Hugo Chávez, en el éxito demoledor que incluso en círculos intelectuales (o precisamente por ser tales) consigue su "revival" tribal-socialista.

El mito de la tecnoestructura

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

En su libro El Nuevo Estado Industrial (1967) el economista John Kenneth Galbraith denunciaba que la separación de la gestión y la propiedad en las grandes corporaciones estaba conduciendo a que los directivos (a los que él llamaba tecnoestructura) retuvieran el poder dentro de la empresa y la utilizaran para perseguir fines particulares en lugar de buscar el incremento del valor para los accionistas.

Conforme las empresas iban creciendo en tamaño, el control que pueden ejercer los propietarios se atomiza entre un mayor número de acciones, lo que dota a los directivos intermedios de una gran autonomía en sus departamentos para emplear los medios de la empresa en la consecución de sus fines particulares.

Mientras que los accionistas quieren incrementar el valor de mercado de la empresa, la tecnoestructura busca expandir al máximo las ventas y el tamaño de sus departamentos, aun cuando tengan que reducir el margen por unidad vendida y obtener menos beneficios de los que podrían haber ganado con un margen mayor. Según Galbraith, los directivos adoran el crecimiento de las ventas porque de ese modo incrementan su prestigio y el número de subordinados. Cuando las compañías crecen en tamaño, se producen ascensos, promociones y nuevas contrataciones: con las ventas, la tecnoestructura se perpetúa a sí misma.

Hasta aquí la crítica de Galbraith puede resultar adecuada para determinados casos; es cierto que muchos directivos se obsesionan con crecer y para ello no duda en insuflar capital a proyectos de muy bajo rendimiento que no compensan a los accionistas.

Ahora bien, lo que la convierte en una teoría en falaz es que el economista canadiense creía que ésta era una tendencia inexorable del capitalismo contra la que no existía ningún remedio endógeno. Para Galbraith, la complejidad de los procesos productivos actuales hacía inviable que un solo empresario dirigiera y comprendiera toda la compañía, por lo que tenía que delegar en unos gestores especializados en sus tareas (tecnoestructura). Al no comprender todos los aspectos de la compañía, el empresario-propietario o el Consejo de Administración tampoco podían fiscalizar a los directivos, puesto que poseían información privilegiada sobre el funcionamiento de su área de competencia, esto es, eran los únicos con capacidad para tomar decisiones.

Dado que no podía prescindirse de ellos pero tampoco se les podía fiscalizar, la supremacía de la tecnoestructura estaba garantizada. La única solución factible pasaba por que el Gobierno frenara y limitara la influencia de la estructura a través de impuestos, regulaciones y educación pública.

Esta segunda parte del análisis resulta claramente defectuosa. El primer problema es que Galbraith confunde planes técnicos con planes económicos. No es lo mismo saber que tenemos que llegar a X (plan económico) que conocer los distintos procedimientos para llegar a X (plan técnico). La labor del Consejo de Administración (o del Consejero Delegado) es anticipar qué bienes o servicios necesitan los consumidores (plan económico) y no necesariamente saber cómo se fabrican esos bienes o servicios (plan técnico). Los directivos y los gestores subordinados (tecnoestructura), por su parte, se encargan de generar e implementar los planes técnicos que desarrollan los planes económicos.

Y lo cierto es que para crear valor resulta mucho más relevante saber o decidir que hay que fabricar un automóvil con ciertas características y a un determinado precio de venta que conocer el proceso tecnológico que nos permitirá hacerlo. Toda producción responde a unas necesidades, y el paso decisivo consiste en saber de su existencia y extensión. Es por ello que la tecnoestructura sí puede ser fiscalizada internamente cuando no logra los objetivos determinados por sus superiores, a pesar de que éstos no dispongan de toda la información técnica.

Pero además, la tecnoestructura también puede ser fiscalizada externamente. En caso de duda sobre su actuación, el Consejo de Administración siempre puede recurrir a asesores o consultores externos a la empresa para que evalúen aquellos departamentos que están frenando la creación de valor.

En definitiva, si el empresario-propietario actúa con decisión, la tecnoestructura difícilmente podrá sustituir su rol de incrementar el valor de la empresa localizando y satisfaciendo los deseos de los consumidores.

El segundo error de Galbraith es que el mercado sí posee diversos instrumentos para corregir la tendencia de una mala gestión empresarial.

Por un lado, encontramos los controles internos, es decir, mecanismos de remuneración basados en el valor creado por los propios directivos que puede llegar al extremo de convertir a los propios directivos en propietarios de acciones. Cuanto mayor sea la porción del salario basada en la creación de valor en la empresa (participaciones en beneficios, incentivos, opciones de compra sobre acciones), menor propensión tendrán los gestores de las distintas unidades en destruir valor incrementando las ventas no rentables.

Por otro, tenemos los controle externos. Una empresa que insufle valor en proyectos de muy bajo rendimiento cotizará por debajo de su valor contable dado que los accionistas querrán liquidar sus acciones para invertir en otras empresas donde puedan lograr una rentabilidad mayor a un riesgo análogo.

En ese contexto, el atractivo para lanzar una OPA (por ejemplo a través de una recompra apalancada de acciones) aumenta considerablemente. De hecho, existen empresas, como KKR, que se dedican exclusivamente a hacer esto: compran la empresa ineficiente, expulsan a la mala dirección, liquidan los departamentos que no son rentables y la reestructuran financieramente. A partir de ese momento, su valor de mercado reflotará y la empresa opante logrará una sustanciosa ganancia.

Por último, la teoría de Galbraith contiene un error sobre la motivación de los directivos. Es cierto que los gestores pueden tratar de lograr otros fines distintos a por los que fueron contratados, pero esto no es ni mucho menos algo indefectible.

Si Galbraith afirma que los directivos y los gestores pueden estar más interesados en crecer para lograr prestigio y promocionar que en generar valor para el accionista, lo cierto es que no puede haber mayor desprestigio para un equipo directivo que hundir el valor de mercado de la empresa, esto es, no puede haber mayor desprestigio profesional que no lograr los objetivos para los fueron contratados. Tal y como explica Warren Buffett, "nuestras estrellas tienen exactamente los trabajos que quieren, que esperan y confían mantener a lo largo de toda su vida laboral. Por lo tanto, se concentran exclusivamente en maximizar el valor a largo plazo de las empresas que "tienen" y quieren. Si las empresas van bien, ello quiere decir que han triunfado".

Queda claro, pues, que existen mecanismos económicos suficientes, tanto dentro como fuera de la empresa, para lograr reorientar a las compañías hacia la creación de valor para sus propietarios. En el caso de Galbraith, la ceguera se unió con el deseo de no ver, pues así podía pedirle un lazarillo al Estado a costa de los videntes.

El mercado según Shakespeare

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

A finales del siglo XVI William Shakespeare escribió El Mercader de Venecia, una comedia agridulce en torno al juego del amor, el engaño y la severidad de los contratos de préstamo. En esta obra el bardo universal de Avon reflejó una interesante trama de situaciones y personajes próximos a situaciones en el mercado que quizá en la actualidad reconocemos.

El argumento completo puede encontrarse en la red; no obstante, una explicación somera para entrar en situación en este comentario sería la siguiente: Basanio, un joven galán sin fortuna en la Venecia del Renacimiento, pretende la conquista de la rica y bella heredera Porcia. Para deslumbrar de regalos a la joven, Basanio solicita 3.000 ducados a su amigo Antonio. Éste es un comerciante que dirige una fortuna navegando por el mundo, adquiriendo productos exóticos que después ofrecerá en los puertos y plazas de Europa. Antonio, con ánimo de evitar riesgos empresariales, complacerá a su íntimo Basanio acudiendo a su vez en tratos con el usurero judío Shylock. El préstamo que el vilipendiado Shylock le ofrece es muy duro pero finalmente aceptado: si el dinero no es devuelto en la fecha establecida, Antonio pagará con una libra de su propia carne.

 En 2004 Michael Radford dirigió una sugerente adaptación cinematográfica del texto shakesperiano protagonizada por Al Pacino (Shilock), Jeremy Irons (Antonio), Joseph Fiennes (Basanio) y Lynn Collins (Porcia). La película nos aproxima a las palabras y la atmósfera de la época y sirve de base a lo que se escribe a continuación. Los acontecimientos, cumplidamente, llegan: Basanio convence a Porcia, los barcos de Antonio se van a pique y Shilock solicita el cumplimiento estricto de lo pactado. Y aquí deviene la mirada de Shakespeare acerca de los acuerdos comerciales. ¿Fue el gran William un adelantado de la relación de agencia? En El Mercader de Venecia se vislumbra, cuando menos, racionalidad limitada (el carácter vengativo en Shilock), oportunismo (el Dux, molesto, permite el proceso contra Antonio para guardar las apariencias ante Occidente) e información asimétrica (Porcia se convierte en juez y parte y despeja legalmente el expolio del judío). Los buscadores de rentas Basanio y Antonio se salen con la suya. Shilock apenas salva la vida, queda arruinado y el tribunal derriba sus convicciones. El mercado de Shakespeare permite acuerdos libérrimos, es imperfecto, no cumple reglas de clásico equilibrio (en este caso además, fatal equilibrio) Instituciones y reglas de propiedad claras deben poner límite a los abusos y exageraciones. El desenlace del filme, a pesar de todo, no convence: la cara de palo de Irons triunfa; el rostro de Al Pacino es un drama.

El “tacaño” Grover Cleveland

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Grover Cleveland fue el primer presidente de los Estados Unidos salido de la cantera demócrata tras la Guerra Civil y el único que fue investido presidente en dos ocasiones discontinuas en toda la historia política americana. Este robusto abogado ocupó la alcaldía de Buffalo y fue más tarde gobernador del estado de Nueva York. Cuando estuvo al frente del Gobierno tuvo la osadía de guiarse por criterios liberales en la mayor parte de las ocasiones.

Durante su primer mandato (1885-89) hizo esfuerzos por conseguir un nivel bajo de gastos públicos e intentó desligar al gobierno de toda empresa privada. Fue célebre la anécdota de su veto a un proyecto de ley del Congreso que acordaba un gasto de unos 10.000 dólares en concepto de ayudas para simientes a granjeros de Texas por haber sufrido una dura sequía. Cleveland estaba convencido que socorrer así desde el poder induciría malos hábitos en la gente, que acabaría esperando asistencia del Gobierno ante cualquier problema y minaría las bases de su propia capacidad productiva y autoestima. Su justificación de aquel veto fue esta contundente afirmación: “Si bien es una obligación de los ciudadanos apoyar al Gobierno, no es, por el contrario, una obligación del Gobierno apoyar a los ciudadanos”. Con mucha razón Mises comentaba, a propósito de esta leyenda, que debería estar colgada en todos los despachos de los hombres de estado para poder recibir como se merecen a los grupos de presión cuando les fueran a pedir protección (a costa de otros, se entiende).

Sus numerosos vetos a gastar dinero público a no ser que fuera estrictamente necesario le valieron fama de tacaño, pero consiguió un continuo y creciente superávit en el Tesoro. Tener este excedente, además, le parecía a Cleveland inapropiado ya que era un dinero que debía estar en manos de particulares para hacerlo productivo. Por ello propuso una drástica reducción de aranceles (inusitadamente altos desde la Guerra Civil, con un nivel medio del 47% del valor básico de los artículos importados) a los que calificó de “viciosos e ilógicos”. Pese a ello, su intento quedó en meras propuestas, la Mills Bill, no ratificadas debido al bloqueo del Partido Republicano, mayoritario en aquellos momentos en el Senado.

Este presidente, que contestaba personalmente el teléfono de la Casa Blanca, suprimió el número de funcionarios federales y se opuso también, sin complejos, a prolongar las pensiones de numerosos veteranos de la Guerra Civil. Toda esta contención del gasto público le costó muy probablemente no ser reelegido. Fue la primera vez en 48 años que un presidente en ejercicio era derrotado para la reelección (el caso anterior había sido el de Martin van Buren en 1840, sin duda también por sus “peligrosas” convicciones liberales).

El paréntesis republicano de Benjamin Harrison supuso una clara vuelta atrás. En 1890, ante la depresión económica, se aprobaron dos leyes nefastas por iniciativa del mismo senador republicano que agravaron la crisis: la Sherman Antitrust Act de 2 de julio que en nada ayudó a la verdadera competencia entre empresas americanas (y que supuso el inicio del océano regulador del gobierno federal en asuntos empresariales) y la Sherman Silver Purchase Act de 4 de julio por la que el Gobierno se comprometía a comprar mensualmente toda la plata que se producía a un precio elevado para apoyar a los mineros patrios de plata y, al mismo tiempo, emitir billetes contra dicho metal y conseguir, consecuente e insensatamente, el abaratamiento del dinero para favorecer a los granjeros endeudados.

Esto afectaría la buena salud del Tesoro heredada de Cleveland, y no se les ocurrió nada mejor que elevar aún más los aranceles con la McKinley Act de 1 de octubre de 1890 (¡el nivel medio arancelario llegó así al 49%!) para cosechar irresponsablemente numerosos votos entre los muchos granjeros y productores ineficientes que existían por entonces.

Fue ésta una época de grandes avances técnicos e industriales (Eastman, Edison, Bell, Ford…) pero se estaba interviniendo desde el poder muy desacertadamente. En consecuencia, vino el llamado “Pánico de 1893” al recrudecerse la depresión, caer la bolsa y quebrar para finales de ese año unas 15.000 empresas (entre ellas, 500 bancos).

En su deslucido segundo mandato (1893-97) Cleveland tan sólo pudo revocar la Sherman Silver Purchase Act por haber favorecido la inflación y separarse de la deseable disciplina de la estricta adhesión al patrón oro (a raíz de esto, los demócratas se dividieron entre las facciones del patrón oro y los de la “plata libre”). El resto del mandato se centró en afrontar un problema tras otro: hubo de recurrir a la fuerza ante las numerosas huelgas de 1894 en distintos sectores y que tanto daño provocaron a la economía (especialmente en Chicago y en el Medio Oeste). En el plano internacional, los incidentes de Venezuela, Guayana, Cuba o las islas Hawai pusieron en un brete a su Gobierno, pero, pese a los aires expansionistas de la época, la diplomacia esencialmente anti-imperialista de Cleveland evitó involucrar a los Estados Unidos en empresas belicosas (cosa que no ocurrió con sus sucesores).

Frente al abrumador predominio intervencionista de la política federal norteamericana (tanto de republicanos como de demócratas, desde Lincoln a los dos Roosevelt), Cleveland supuso una valerosa isla que entroncaba con el liberal de Martin van Buren y con los padres fundadores de la nación americana –Hamilton aparte– al comprender bien la verdadera importancia de un Gobierno limitado.

Quede aquí un pequeño recuerdo de este audaz y “tacaño” presidente de los Estados Unidos.

Funcionarios

Escrito por Jesús Salido Gusi en . Publicado en Análisis diario.

Funcionarios. Esa casta de seres inamovibles que todos financiamos coercitivamente a través de las agresiones contra nuestro patrimonio (eso sí, legales) perpetradas por el Estado. Sin embargo, podríamos consolarnos si tuviéramos la seguridad de que el gasto que se realiza a costa de nuestro trabajo, al menos, fuera eficiente. Siento desilusionarles. Esto último es economía-ficción. Casos como el de la televisión pública española, utilizando terminología televisiva, pueden herir gravemente su sensibilidad. La ineficiencia alcanza niveles pantagruélicos.

Así lo señala por ejemplo, el "Informe Económico de la Televisión Privada 2006", elaborado por la consultora Deloitte. El estudio, basado en datos de 2005, indica que los ingresos de explotación por empleado de Telecinco y Antena 3 son más de cinco veces superiores (5.57) que los de TVE y casi siete veces mayores (6.97) que los de las autonómicas. "El mejor rendimiento económico, junto con un nivel de plantilla sustancialmente inferior (la televisión privada tiene una plantilla que supone el 41% de los empleados medios de la televisión pública) explican la diferencia. Es decir, una gestión más eficiente de los recursos junto con un mayor atractivo del producto", indican los autores.

Esto es sólo un ejemplo de lo que da de sí la gestión pública. El modelo más elaborado sobre el comportamiento de los funcionarios y que más claramente explica este fenómeno es, a mi entender, el ideado por Niskanen, que pretende demostrar que el gasto se incrementa si lo gestiona un funcionario.

La clave es la diferencia de información entre el funcionario que propone y el político que decide. El conocer los costes de un proyecto público requiere conocimientos técnicos muy sofisticados (piénsese en materia de sanidad, carreteras, o inclusive en un documental sobre el escarabajo pelotero para nuestra querida TVE…). Los burócratas pueden engañar a los políticos para obtener un presupuesto mucho más elevado del que la eficiencia marcaría, principalmente a través de dos mecanismos: infraestimación de costes o sobreestimación de beneficios. En otras palabras el gestor sabe realmente cuánto cuesta la actividad y juega con eso. El funcionario del ramo sabe cuánto cuesta cada habitación con 4 camas en un determinado hospital con todo el equipo necesario, los gastos de su mantenimiento, el coste del personal que deberá atender esa habitación, etc. El ministro de turno es seguro que no.

Al no trabajar por incentivos económicos y ser prácticamente imposible medir la productividad de un funcionario, los burócratas que trabajaran de manera eficiente generalmente lo harían por "sentido de la responsabilidad o altruismo". Admitamos que no vivimos en Isla Utopía y que esto, lejos de ser la regla general, es realmente excepcional. Por tanto, Niskanen trabaja con la hipótesis de que el funcionario maximizará el tamaño de presupuesto que controla. Predice que existirá una sobreproducción o exceso de gasto. En definitiva. Ineficiencia.

Por tanto el presupuesto será mayor cuanta más actividad haya pero no puede crecer ilimitadamente. Niskanen se pregunta hasta dónde llegaría a gastar un funcionario. La lógica es aplastante en este sentido. Hasta aquel nivel de actividad en que se agote el presupuesto. Da igual que realmente no sea necesario, entre otras cosas porque, si sobrara (imaginemos de nuevo el hipotético caso de un funcionario realmente responsable), el año que viene nuestro "gestor eficiente" será premiado con una reducción del presupuesto, o al menos, le resultará más difícil defender un aumento del mismo.

¡Aunque ni que decir tiene que eso no es nada comparado con las críticas que recibirá de sus "entrañables" compañeros de trabajo!

Multiculturalismo, intervencionismo y opresión de la mujer: el caso indio

Escrito por Antonio Golmar en . Publicado en Análisis diario.

En 1978, Ahmed Khan, ciudadano indio de religión musulmana, decide divorciarse de su mujer. Tras el iddat, periodo de tres meses durante el cual la mujer musulmana debe permanecer con su ex marido tras el divorcio, Shah Bano se encontró en la calle y sin medio de subsistencia, ni para ella ni para sus cinco hijos.

Entonces decide invocar el código penal indio y reclamar una pensión alimenticia. Un tribunal ordinario falla a su favor. Sin embargo, Khan apela al Tribunal Supremo alegando que él ya había cumplido con su deber de acuerdo con la Ley Personal Musulmana. En 1985, los jueces dictaminan que la ley penal del país es de rango superior a cualquier ley personal, y por tanto debe aplicarse a todos. La sentencia también pidió la creación de un código civil uniforme que terminara con las diferentes modalidades matrimoniales basadas en la religión y aprobadas en los años treinta y cuarenta del siglo XX.

Los fundamentos jurídicos también cuestionaban la financiación estatal de colegios para ciertas minorías religiosas, que sin embargo no están sometidos a la inspección de la que son objeto las escuelas de la mayoría, que no dispone de establecimientos de enseñanza privativos financiados por el contribuyente.

Un año después, el parlamento del país aprueba la conocida como ley de Mujeres Musulmanas, oficialmente Protection of Rights on Divorce, que excluía a las mujeres musulmanas del recurso al código penal laico en casos de divorcio. Tras los tres meses de iddat, la pensión debía ser pagada por los parientes de la mujer, y en su defecto por el Estado. La legislación fue apoyada por el entonces primer ministro del Partido del Congreso, Rejiv Ghandi. El Congreso siempre se ha presentado como un partido laico, tolerante y socialista. Más de una quinta parte de sus votos proviene de musulmanes.

Se argumentó que la ley protegía los derechos de las minorías al preservar la identidad religiosa y cultural de los musulmanes. En el debate parlamentario no se tomó en cuenta la opinión de las mujeres musulmanas, aunque sí la de la mayoría de los practicantes de esa religión en la India, que según algunos estudios estaba a favor de la nueva ley. Esto provocó una airada reacción del Bharatiya Janata Party, que pidió el fin del “minoritismo” discriminatorio y la disolución de la Comisión Nacional de las Minorías, un órgano consultivo del ejecutivo indio, y su sustitución por una Comisión de Derechos Humanos.

En 1991, Rejiv Ghandi es asesinado, y un año después un grupo de militantes hindúes ocupa y destruye la mezquita de Babri en la ciudad de Ayodhya. La tradición hindú señala este lugar como el de nacimiento del Dios Rama. Muchos hindúes consideran la construcción de una mezquita en este lugar una ofensa a sus creencias. Estos hechos provocaron una ola de violencia religiosa en el país durante la cual 3.000 personas fueron asesinadas. Las pancartas pidiendo la abolición del Matrimonio Musulmán eran frecuentes entre los manifestantes hindúes. Algunos grupos fundamentalistas musulmanes animan a los jóvenes a casarse con mujeres hindúes, convencerlas de la conveniencia de aplicar la ley musulmana, y luego de tener hijos con ella divorciarse como método para extender el Islam en la India. La violencia interreligiosa no ha amainado en el país. Atentados terroristas, revueltas y asesinatos masivos se producen de forma continua. La segregación residencial entre las dos comunidades se ha acentuado incluso en las grandes ciudades.

En el contexto de un Estado intervencionista que ejerce una especie de caridad institucionalizada, el multiculturalismo indio ha dado como resultado una sociedad multi-teocrática en la que el ciudadano debe definirse, primero como miembro de una comunidad y luego como individuo.

Este es el trágico resultado del multiculturalismo y de los llamados derechos colectivos: el pluralismo intolerante que niega el libre albedrío y mina los fundamentos de la sociedad civil. Poco importa que el parlamento indio siga siendo elegido por sufragio universal, cuando a la hora de diseñar políticas públicas son los dogmas religiosos, no las personas, los que votan. A juzgar por los resultados de estas políticas en India y otros países, no creo que sea exagerado asegurar que hoy en día el comunitarismo en un estado intervencionista –¿alguno no lo es?– es uno de los mayores peligros para la democracia liberal, pues nada hay más incompatible con ella.

La situación del euro cinco años después

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

Hace un lustro tuvimos ocasión de ser partícipes en uno de las medidas más publicitadas de la Unión Europea, el euro. El uno de enero de 2002 se introdujeron en la mayoría de países pertenecientes a esta organización los billetes y monedas de esta divisa, retirándose las antiguas.

Los motivos aducidos por los gobiernos de estos países para dar dicho paso fueron varios. Entre ellos se mencionaban la eliminación del riesgo de tipo de cambio en las transacciones intracomunitarias, la supresión de costes de conversión entre estos países, la transformación de esta moneda en una divisa reserva a nivel internacional y la estabilidad de los agregados macroeconómicos de los países pertenecientes a la zona euro.

Cinco años después cabría preguntarse si la introducción del euro ha sido un fracaso o un éxito. Si atendemos a los criterios de los responsables de la eurozona, la implantación de la moneda ha sido todo un éxito que ha respondido a todas las expectativas depositadas. Así, los costes de comerciar entre países de la zona euro han decrecido (al haber desaparecido los costes de cambio) y han disminuido los costes asociados a las exportaciones extracomunitarias (al gozar de mayor aceptación el euro en el exterior que las antiguas divisas nacionales). También se ha convertido en moneda reserva de distintos bancos centrales no comunitarios, por lo que la convertibilidad con otras monedas nacionales es más sencilla.

No obstante esta opinión favorable al éxito no es ni muchísimo menos unánime si se realizan encuestas a los usuarios de las monedas. Es muy común en España encontrar opiniones personales de que la inflación se ha disparado con el euro, en Alemania una encuesta mostró cómo el 1 de junio de 2005 un 56% de los encuestados era favorable a la vuelta del marco, y cómo distintos partidos nacionalistas franceses e italianos pedían el regreso del franco y la lira, respectivamente.

Quizás para medir el éxito o fracaso de esta moneda deberíamos examinar el motivo por el que existen las mismas. Durante gran parte de la historia de la humanidad no existió nada similar a la moneda, ya que las transacciones entre los distintos individuos se llevaban a cabo mediante el trueque. Fue con el florecimiento de las civilizaciones del neolítico cuando surgió la moneda de manera espontánea. Con la especialización del trabajo y el aumento de la oferta de bienes llegó a hacerse inviable realizar las transacciones económicas mediante el trueque. Era posible que una persona desease un bien de otra, pero que a la última no le atrajese ningún bien de la primera. Para ello se emplearon bienes líquidos como herramienta de pago, que todo el mundo estuviese dispuesto a aceptar, como los metales preciosos o la sal.

Por lo tanto tenemos que el primer motivo por el que se emplean las monedas, independientemente de su tipo, es para poder efectuar transacciones con otras personas. No obstante ése no es el único motivo. Otro segundo motivo para demandar monedas es el ahorro. Puede que, en un día determinado, una persona obtenga cierta cantidad de dinero que no piensa emplear en ninguna transacción, y que simplemente decida quedarse con la misma para poder realizar otras en un futuro inmediato o lejano.

Atendiéndonos a las bases por las que existe el dinero y si lo aplicamos al euro obtenemos dos resultados contrapuestos. El euro como herramienta de intercambio ha resultado un éxito, ya que ha sido adoptado por los ciudadanos de los distintos países de la eurozona sin mayores inconvenientes. Cierto es que legalmente estaban obligados a ello y que aunque no hubiesen querido hacerlo, los gobiernos de dichos países habían definido como único medio de pago legalmente vinculante al euro.

Si atendemos al dinero como herramienta de ahorro nos encontramos sin embargo, con que los resultados no son tan halagadores. Según un informe de la Comisión Europea el 93% de los europeos percibe como el valor de dicha moneda se ve erosionado por la inflación. Esta impresión que comparten muchos ciudadanos ha sido tachada como errónea por los gobernantes europeos refugiándose en el valor del IPC (índice de precios al consumo) del país y de la eurozona. No obstante, la inflación simplemente se trata de la pérdida de valor que sufre una moneda, mientras que el IPC es un una media ponderada de la subida de precios de una determinada cesta de bienes que es elaborada por distintos organismos estadísticos estatales.

Como indicativo de la inflación se pueden emplear varios índices. En primer lugar tenemos la oferta monetaria. Existen varios indicadores habituales para medir esta magnitud, de los cuáles, los más habituales suelen ser M1 (dinero efectivo en circulación más depósitos a la vista), M2 (M1 más los depósitos a plazo) y M3 (M2 más cesiones temporales de dinero, fondos del mercado monetario y valores distintos a las acciones con vencimiento inferior a los dos años). Atendiendo a este último valor el crecimiento de la masa monetaria ha sido del 8% anual, valor superior al de los últimos años de la peseta. Estos datos también se pueden corroborar por la subida de precios de productos relacionados con el ahorro. Así el valor monetario de dos de los principales productos de ahorro, la vivienda y las acciones, ha subido espectacularmente durante estos años del euro, lo que evidencia que como instrumento de ahorro el euro no ha sido todo lo brillante que se auguraba.

Aunque el éxito del euro como medio de transacción pueda parecer tan brillante que de alguna manera compensa su fracaso como herramienta de ahorro, lo segundo no se trata de asunto baladí. Como bien explicaban los escolásticos españoles, la inflación es el más injusto de los impuestos, ya que recae especialmente en los individuos más pobres de la sociedad (cuyo instrumento de ahorro es fundamentalmente la moneda) y se trata de un impuesto que no ha sido aprobado por el parlamento. Además esta pérdida de valor de la moneda es motivo de imposición por parte de las administraciones tributarias, ya que al comprarse y venderse un determinado bien, se produce una plusvalía ficticia, causada por el envilecimiento de la moneda, pero que sin embargo es tratada como un enriquecimiento personal y se encuentra sujeto a imposición.

Por tanto, cinco años después de la introducción de la moneda única, cabe concluir que se han cumplido los objetivos trazados inicialmente en cuanto a herramienta de intercambio, pero que ha fracasado como medio de ahorro, al no sólo no haber enmendado la tasas de inflación existentes con las antiguas monedas nacionales, sino haber empeorado con el aumento de la oferta monetaria, envileciendo el ahorro de los ciudadanos europeos.

Atraco a las televisiones

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Análisis diario.

La ministra Carmen Calvo tiene una mentalidad netamente totalitaria. Por supuesto no como fruto de densas lecturas de teoría marxista (lo suyo es Wittgenstein), sino sencillamente porque probablemente es lo que capta del ambiente en el que se mueve, en el que esta clase de bazofia seudointelectual resulta de lo más chic.

En su última andanada contra las empresas de televisión privada, se detecta también su deseo de pagar a los comediantes el favor de haber agitado a toda la sociedad española durante las últimas elecciones. Como siempre, la izquierda utiliza para el pago de sus prebendas el dinero de los demás, que, otra vez Carmen Calvo, resulta que "no es de nadie". "Un progre es alguien con una terrible mala conciencia que intenta lavar con tu dinero", me parece, desde que la leí, la mejor definición de la esencia del progresismo.

Actualmente, el estado obliga a las televisiones privadas nacionales a destinar un 5% de sus beneficios a la compra de películas españolas. Como el talento de sus autores no les permite vivir de su profesión, la solución de la CCCP (Camarada Carmen Calvo Poyatos) es crear un impuesto ad hoc apenas disfrazado como tal, de forma que, al menos en la pequeña pantalla, la gente no tenga más remedio que tragarse los bodrios habituales de nuestros genios.

Pero como a pesar de esa medida coactiva el cine español sigue siendo un desastre, nuestra CCCP da ahora un nuevo giro de tuerca y, según se anuncia en la nueva normativa cinematográfica, ahora también tendrán las televisiones privadas que destinar un 1% adicional de sus ingresos a promocionar aquellas películas en las que ya han colaborado con el 5% del primer atraco. Es como cometer un delito y obligar a la víctima a destinar un porcentaje de su tiempo a publicitar la hazaña. Sobre el latrocinio, la crueldad.

Tan sólo el hecho de que el negocio de la televisión en España depende de las concesiones de los políticos, explica que estas empresas acepten el chantaje sin rechistar más allá de alguna nota de prensa insustancial para cubrir el expediente. Aceptan esa mordida y prestan gustosos su pantalla para agredir visualmente a sus espectadores con la proyección de las películas de los profesionales de la pancarta. ¿Qué pasaría si de pronto a su audiencia, que abandona de estampida las salas de cine en cuanto huelen a bardemcilla, le diera por apagar la televisión al primer título de crédito que anuncie cualquier fechoría cinematográfica de esta trouppe?

Lo que Hoppe sí dijo

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Hans-Hermann Hoppe es un conocido pensador anarcocapitalista de la Escuela Austriaca. Su libro más famoso –aunque no su mejor libro– es Democracy: The God That Failed, donde desarrolla su teoría de que la democracia es una forma de gobierno de raigambre socialista que está ocasionando un grave proceso de descivilización.

En un momento del libro en el que explica la necesidad de una alianza entre liberales y conservadores (p. 218), Hoppe dice que "Un orden social libertario no puede tolerar ni a los demócratas ni a los comunistas. Será necesario apartarlos físicamente de los demás y marginarlos. Del mismo modo, en un pacto instituido con la finalidad de proteger a la familia, no puede tolerarse a quienes promueven formas de vida alternativas, no basadas en la familia ni en el parentesco, incompatibles con aquella meta. También estas formas de vida alternativa –hedonismo individualista, parasitismo social, culto al medio ambiente, homosexualidad o comunismo– tendrán que ser erradicadas de la sociedad si se quiere mantener un orden libertario".

Ciertos anarcófobos deshonestos han utilizado este párrafo como una exposición del peligroso pensamiento libertario; en su opinión esto demuestra que en ausencia de Estado no habría libertad de expresión y que los ecologistas y homosexuales serían purgados. Esta invectiva proestatista, no obstante, cae en dos falacias lógicas insostenibles: la falacia de la composición y la falacia del hombre de paja.

La primera consiste en generalizar las características u opiniones de un miembro al conjunto de su clase. Es decir, si Hoppe, que es anarcocapitalista, piensa X, entonces todos los anarcocapitalistas piensan X. La falacia reside en que esto no es así; y no hace falta recurrir a ningún left-libertarian para demostrarlo, baste como prueba un botón propio.

La segunda pasa por atacar la opinión distorsionada de una persona para hacer creer que se ha refutado su auténtica opinión. Por ejemplo, Hoppe piensa X, digo que piensa Y, refuto Y y entonces X ya queda refutado. En este caso, se quiere hacer pasar las ideas de Hoppe por represoras de la libertad para que, como consecuencia, deban ser rechazadas por los liberales.

Me temo que nadie que se haya leído el libro completo puede sostener de manera sincera que Hoppe aboga por exterminar a ecologistas y homosexuales. En primer lugar, porque Hoppe se caracteriza por una defensa cerrada del derecho a la propiedad privada y de la no iniciación de la fuerza, lo cual incluye necesariamente la propiedad privada de ecologistas y homosexuales y la no iniciación de la violencia contra ellos.

Segundo, porque los críticos de Hoppe suelen omitir que todo el capítulo donde aparece el párrafo está dedicado a explicar la formación de comunidades voluntarias en una sociedad libertaria y en concreto de comunidades conservadoras destinadas a defender la familia tradicional.

Así, Hoppe comienza refiriéndose al principio liberal (p. 209-210) de que "toda propiedad privada presupone una discriminación, pues si tal o cual cosa me pertenece, ello quiere decir que a usted no le pertenece y que yo estoy facultado para excluirle a usted de ella (…) Además, tanto usted como yo, propietarios particulares, podemos concertar un pacto restrictivo (protector) de nuestras propiedades."

Más tarde, en consonancia con lo que sucedió durante la Revolución Industrial inglesa, recuerda que las comunidades privadas generalmente se han formado mediante el arrendamiento de las propiedades de los terratenientes, encargados últimos de establecer las normas de convivencia y de desarrollar las infraestructuras de la comunidad.

El respeto de estas normas conforma el contrato de convivencia que todos los arrendatarios deben respetar, de modo que el propietario tiene derecho a excluir a aquellos miembros de la comunidad que "aboguen, anuncien o hagan apología de actividades incompatibles con la finalidad esencial del pacto" (p. 216).

En comunidades conservadoras este pacto originario entre el arrendador y los arrendatarios sería la protección de la familia y es en este contexto donde se ubica el polémico párrafo inicial, esto es, la posibilidad de que el propietario excluya a todos aquellos individuos que violen la causa de los acuerdos contractuales (las formas de vida alternativas a las que se refiere Hoppe). De hecho, si releemos el párrafo lo dice expresamente: "en un pacto instituido con la finalidad de proteger a la familia".

Pero nada impide que en un orden libre y espontáneo otras comunidades con finalidades distintas se constituyeran. De hecho, el propio Hoppe para despejar cualquier tipo de duda lo explica de forma explícita (nota 25, p. 212): "Para evitar cualquier malentendido, podría ser de utilidad resaltar que el previsible riesgo de discriminación en un mundo verdaderamente libertario no implicaría que la forma y alcance de la discriminación fuesen idéntico o muy parecidos en todos los sitios. Al contrario, un mundo libertario presentaría, muy probablemente, una gran variedad de comunidades especialmente separadas y basadas en modelos discriminatorios muy diferentes."

Dicho de otro modo, la exclusión de la que habla Hoppe en el párrafo inicial es la misma que podría practicar cualquier club o asociación una vez un socio incumple alguno de los requisitos para ser miembro. Él mismo lo dejó claro en un artículo: "En su adecuado contexto estas frases pueden ser poco más ofensivas que decir que la Iglesia Católica debería excomulgar a aquellos que violaran sus preceptos fundamentales o que una colonia nudista tendría que expulsar a aquellos que insistieran en llevar trajes de baño. Sin embargo, si sacas el párrafo de contexto y omites la condición de "en un pacto…" entonces parece que se esté defendiendo la violación de derechos."

Obviamente se pueden criticar las opiniones de Hoppe por efectuar malas predicciones sobre cómo sería un orden liberal. Incluso puede criticarse que haya gente que quiera fundar comunidades basadas en la defensa cerrada de la familia tradicional. Ahora bien, lo que no se puede hacer es tratar de mezclar las opiniones de Hoppe con algún tipo de pulsión totalitaria.

Los principios son claros: libertad individual, propiedad privada y derecho de asociación. Que de ahí se deriven consecuencias que no nos gustan, no debería llevarnos a violentar los principios. Esto sería puro socialismo: no me gusta la distribución de la renta y por ello utilizo los impuestos y la regulación.

La libertad pasa por respetar la autonomía ajena incluso para ejercerla de un modo que no nos agrada, esto es, para realizar pactos comunitarios que excluyan a musulmanes, a cristianos o que promuevan una sociedad multiculturalista.

Las palabras de Hoppe son meridianamente claras. El resto de interpretaciones sólo son posibles entre quienes no se hayan leído el libro o entre quienes desean atacar a Hoppe y al anarcocapitalismo a cualquier precio, incluso vendiendo su honor a la mentira.

La violencia de género, todo un fraude de ley

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario. 2 comentarios en La violencia de género, todo un fraude de ley

El año recién terminado ha sido nuevamente trágico en cuanto al número de víctimas que se ha cobrado la, mal denominada por el Gobierno, violencia de género. Un total de 69 mujeres fueron asesinadas durante 2006, según un informe publicado por el Centro Reina Sofía. Ocho casos más que en 2005, lo que supone un aumento del 13,1%, al tiempo que iguala la cifra de mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas durante 2004, año en el que, por cierto, aún no había entrado en vigor la tan anunciada y aplaudida Ley Orgánica contra la Violencia de Género. El fracaso ha sido, pues, total, no sólo por la demostrada ineficacia de tal medida –el 77,42% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor–, sino por las implicaciones y efectos jurídicos negativos que se derivan de la misma.

El 22 de diciembre de 2004 el pleno del Congreso aprobaba dicho proyecto, cuyo contenido ha levantado un intenso y polémico debate a nivel jurídico y social en torno a la validez y conveniencia de aplicar un texto en el que se recogen de forma explícita medidas claramente favorables a implementar en materia penal el controvertido concepto de discriminación positiva. Y eso que el propio Consejo General del Poder Judicial se mostró en su día contrario al planteamiento del Ejecutivo. De hecho, algunos magistrados, entre ellos mujeres, han recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional por vulnerar ciertos principios básicos del Derecho contemporáneo, como el concepto de igualdad jurídica formal, propio de la tradición liberal.

La norma refuerza la protección penal frente a los actos de violencia contra la mujer, pero ello mediante la aplicación de un tratamiento penal diferencial en función del sexo al que pertenece tanto el agresor como la víctima: las amenazas leves contra la mujer se sancionan con prisión de seis meses a un año; las coacciones leves con pena de prisión de seis a dieciocho meses; de igual modo, se agrava la pena en las lesiones, de dos a cinco años, así como el quebrantamiento de pena o medida de seguridad impuesta al agresor. Además, castiga con cárcel lo que antes era considerado como falta leve con el argumento de que "esa acción es un indicio inequívoco que anticipa futuras conductas violentas del marido", con lo que se genera un peligroso precedente jurisdiccional, ya que el derecho penal debe tipificar conductas objetivas y no sancionar en base a hipotéticas intenciones, lo cual permitiría encerrar a un individuo en función de su hipotética y, por tanto, no probada peligrosidad o potencialidad delictiva.

Por otro lado, la creación de juzgados para la violencia de género supone, en esencia, un tratamiento judicial específico para un determinado colectivo en función de criterios jurídicos no objetivables. Es decir, la ley no contempla un objeto jurídico concreto (la agresión o el maltrato en el ámbito familiar o de pareja), sino que tales juzgados atienden exclusivamente a un criterio de carácter subjetivo (las mujeres maltratadas por sus maridos o ex-parejas), lo cual contradice los fundamentos constitucionales de igualdad de trato e igualdad ante la ley. Es más, según diversos juristas, se observa un aumento significativo del número de denuncias falsas por maltrato. Algunas mujeres aprovechan las ventajas que les ofrece la citada norma para salir beneficiadas en sus respectivos procesos de divorcio, ya que la existencia de denuncia implica el traslado del expediente, hasta el momento en vía civil, a los juzgados de violencia, con todo lo que ello implica (retrasos, carencia de especialización y posible apertura de un proceso penal para el sospechoso maltratador).

En el ámbito asistencial también establece la formación de un fondo para financiar diversos servicios sociales para atender a las víctimas, pero nuevamente dirigido sólo hacia las mujeres: la trabajadora víctima de la violencia tendría derecho a la adaptación y reducción de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo, entre otras medidas.

Así pues, tal ley ofrece una protección jurídica desigual y claramente discriminatoria en función de quién sea la víctima y quién el agresor, lo cual es jurídicamente inaceptable y políticamente condenable. El maltrato y la violencia hacia las mujeres en el ámbito doméstico supone, sin lugar a dudas, una importante lacra social sobre la que se debe intervenir de forma urgente mediante la puesta en práctica de medidas legislativas eficaces capaces de dotar, ante todo, de seguridad a las víctimas, así como de herramientas jurídicas capaces de castigar de forma efectiva a los agresores con el objetivo de garantizar que tales hechos no se vuelvan a repetir. Sin embargo, las pretensiones iniciales no han obtenido los resultados esperados y el número de asesinatos se mantiene, sin visos de verse reducido por la aplicación de tales medidas discriminatorias.

Además, la violencia doméstica afecta de forma igualmente alarmante a niños, ancianos y, en menor medida, hombres (quienes suelen padecer maltrato psicológico), con independencia del sexo de la víctima o del agresor, de ahí que sea un grave error la aplicación de la discriminación positiva en este ámbito, al igual que en otros. ¿Es que acaso no todas las víctimas de dicha violencia no merecen igual trato o atención y sus agresores igual castigo con independencia del sexo al que pertenezcan? ¿Es que acaso unos son más culpables que otros?

La ley debe proteger a todos por igual, sin distinciones de ningún tipo, ya que lo contrario supondría una evidente vulneración institucionalizada de derechos individuales que son estrictamente inalienables, una violación en toda regla del fundamental principio de igualdad ante la ley, propio de las democracias modernas. Todo individuo, que no grupo, con independencia del sexo al que pertenezca, debe ser considerado de la misma manera cuando es víctima o agresor, puesto que la existencia de delito no radica en una mera y simple cuestión de género. El delito en sí es la violencia y el maltrato, independientemente de quién lo sufra e independientemente de quién lo ejerza.