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Marcas, reputación y fraude

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

La propiedad sobre bienes intangibles está en conflicto con la propiedad sobre bienes tangibles. Detentar un derecho de propiedad sobre una idea (propiedad intelectual) supone tener derecho a impedir por la fuerza que otros puedan reproducir esa misma idea en un bien tangible de su propiedad, de modo que se está limitando el uso que los individuos pueden hacer de los bienes tangibles legítimamente suyos. El autor que posee un copyright sobre una canción puede impedir por la fuerza que alguien que la haya escuchado por la radio la reproduzca luego en su local sirviéndose de su voz y de sus instrumentos. El copyright limita así el uso que este individuo puede hacer de sus propiedades tangibles, su local, sus instrumentos y su propia voz.

Si consideramos, de este modo, que las ideas no son susceptibles de apropiación por contravenir el derecho de propiedad tradicional sobre objetos materiales, ¿qué sucede con las marcas comerciales? ¿En una sociedad libre sería legítimo que una empresa copiara la marca de otra para aprovecharse de su reputación? ¿Los autores desconocidos podrían firmar sus obras con nombres de autores famosos? Si el hecho de que me llame “Albert” no priva a otros de llamarse igualmente “Albert”, ¿por qué la compañía Coca-cola tiene que ostentar un monopolio legal sobre su propia marca?

Un escritor anónimo no puede firmar con el nombre de Michael Crichton su novela porque ello constituiría un fraude, no porque Michael Crichton tenga un derecho de propiedad sobre su propio nombre. El consumidor, cuando compra dicha novela, traspasa la propiedad de una determinada cantidad de dinero a condición de que esa novela esté escrita por Michael Crichton. Pero en tanto la novela no haya sido escrita por Michael Crichton la condición para la transferencia del título de propiedad no se cumple y el vendedor está en posesión ilegítima de ese pago. Lo mismo sucede con las marcas comerciales. Imaginemos que una recién creada empresa de yogures se hace llamar Danone y utiliza su mismo logo arguyendo que la Danone original no tiene ningún derecho de propiedad sobre ese nombre. De esta manera se lucraría aprovechándose de la reputación que Danone ha acumulado durante décadas. Pero el consumidor que compra un yogur de la nueva Danone cree estar comprando yogures de la Danone original, luego está siendo víctima de un fraude. El consumidor traspasa su dinero a condición de obtener un yogur de la empresa Danone original, y puesto que la condición no se cumple los consumidores no han consentido en transferir su dinero.

En un contrato los condicionantes implícitos juegan un papel fundamental. Cuando compramos un yogur no explicitamos todos los condicionantes de la transferencia, algunos simplemente están asumidos por las partes. Cuando compramos un coche no hace falta explicitar que lo queremos con motor, las partes obviamente entienden que el motor va incluido cuando se demanda un coche. Si pedimos una manzana y nos dan una manzana podrida el vendedor no puede decir “pero oiga, usted me ha pedido una manzana, no ha especificado que no tenga que estar podrida”. Asimismo, cuando compramos el yogur de la marca Danone no estamos pidiendo sólo un yogur que lleve impreso las letras Danone, sino un yogur que no sea venenoso, que no esté caducado etc… y un yogur que sea de la marca Danone original, a la cual asociamos determinadas cualidades. La gente compra el yogur de la nueva Danone por lo que asocia a la Danone original, es decir, asumiendo que es la Danone original con todo lo que esa marca conlleva. Por tanto, de la misma manera que alegaremos fraude si nos venden un coche sin motor o una manzana podrida, alegaremos fraude si una empresa copiara una marca para vendernos productos aparentando ser la empresa original.

¿Y si una empresa copia una marca sin hacerse pasar por la empresa original? ¿Es ilegítimo vender relojes Rolex falsos a precios irrisorios si se explicita que son falsos? Si el consumidor sabe que la empresa con una marca copiada no es la original, si el consumidor sabe que el Rolex falso es, en efecto, falso, no tiene lugar fraude alguno. Nadie se está aprovechando de la reputación de la empresa Rolex para engañar a los consumidores vendiendo Rolex falsos por cuatro centavos, porque los consumidores ya saben que son falsos. Nadie que quiera un Rolex original está comprando un Rolex falso, luego nadie está siendo aquí defraudado.

Copiar marcas para engañar a los consumidores es ilegítimo no porque las empresas tengan un derecho exclusivo sobre su marca particular, sino porque supone un fraude al consumidor.

¿Puede el Derecho sobrevivir al Estado?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los rasgos más característicos de nuestra época es la muy difundida idea de que el derecho es un conjunto de normas que el poderoso impone al débil. No importa tanto su contenido como el acto de fuerza por el que prevalece; su rasgo característico es la coacción, no la utilidad de las normas. Lo más curioso del argumento es que, al momento que ponen el acento en la irrelevancia de su contenido y en la necesidad de imponerlo por la fuerza, aseguran que el derecho es la precondición de una sociedad libre: sin normas no hay mercado.

En otras palabras, estos teóricos socialistas del Derecho consideran que la sociedad nace de las relaciones coercitivas implantadas por un jerarca supremo. Sin una mente consciente, respaldada por un ejército, no hay normas y sin normas no hay relaciones.

La realidad es bien distinta; la acción humana libre y su propiedad deben marcar el comienzo de todo análisis teórico e histórico. Las relaciones anteceden necesariamente a las normas, de hecho, las normas son fruto de las relaciones. Una norma no es más que una expectativa a que otro individuo actúe de una forma determinada, expectativa que puede surgir de las promesas (ius –derecho en latín- proviene etimológicamente de iurare, jurar) o de las costumbres, esto es, de comportamientos idénticos pasados.

Si la tesis socialista fuera cierta, es decir, si la propiedad privada naciera de un ordenamiento previo estatal, no queda claro cómo ese Estado podría haber llegado a nacer. ¿De dónde hubiera obtenido los ingresos para pagar a los soldados, a los funcionarios y a los jueces, si no existían propiedades que gravar?

En verdad, los socialistas sólo pretenden justificar que la propiedad privada es un privilegio concedido por el Estado a los individuos, gracias a su legislación y a su protección policial y, por tanto, un privilegio que está subordinado a todas las eventualidades y cambios que su garante quiera infligirle.

Pero, como hemos visto, la propiedad privada y la acción humana son necesariamente anteriores al Estado y, cabe decir con certeza, que son la base de todo ordenamiento jurídico. Las normas no crean la sociedad, sino que la sociedad da paso a unas normas en continua evolución. Como dice Paolo Grossi: “La praxis construye día a día su Derecho, lo plasma y lo modifica según las exigencias de los lugares y los tiempos”.

Quienes quieren establecer una tajante distinción entre sociedad y derecho, creando una fuente autónoma de sabiduría normativa, olvidan que impedir a los individuos crear derecho a partir de sus hechos resulta equivalente a impedirles actuar. Un derecho de origen socialista sólo puede terminar en una sociedad completamente reglamentada y esclavizada.

El derecho no es un conjunto de mandatos revelados, sino de prácticas previsibles útiles para alcanzar los fines individuales a través de la cooperación humana. El Estado a través de sus mandatos coactivos sólo desplazada esos lazos voluntarios y cooperativos, destruyendo en la práctica la institución jurídica. De la misma manera que la planificación económica erradica el mercado, la planificación jurídica presente extermina el derecho.

El Estado de Derecho no requiere de un Estado para garantizar un estado (una situación) de derecho. Más bien, podemos asegurar que sólo sin Estado podremos empresarialmente descubrir el mejor derecho.

Y es que, si como hemos visto, la propiedad privada y la libertad son el origen del derecho, resulta iluso creer que un organismo que se asienta sobre la permanente violación de la propiedad privada y de la libertad pueda crear otra cosa que un derecho violentado y corrupto.

Leyes anti tabaco

Escrito por amascaro en . Publicado en Análisis diario.

Los adultos españoles somos muy poca cosa. Nuestros cuidadores han decidido que no somos capaces ni tan siquiera de mantener una conversación civilizada para decidir si se fuma o no en una habitación. Han decidido que aquello de “¿le molesta que fume?” nos viene grande; que no llegamos a tanto. Son unos buenazos –¿qué haríamos sin ellos?– y graciosamente han decidido solucionar el tema a la tremenda: aquí no se fuma porque lo digo yo. El truco ya estaba inventado, lo inventaron precisamente los incívicos que hace años (¿siglos, milenios?) no eran capaces de mantener simples conversaciones civilizadas como la que acabo de comentar. Pero ninguno de esos incívicos llegó a esto de “aquí no se fuma en todo el país porque lo digo yo”. Es más, si alguno hubiese llegado a tal extremo, dudo que hubiese tenido el mal gusto de rematarlo con el broche hipócrita que tanto caracteriza a los planificadores sociales: “es bueno para ti”.

Que traten a los fumadores de imbéciles inhumanamente desprovistos del poder de voluntad necesario para dejar el hábito ya es grave. Que nos traten a los “fumadores pasivos” de víctimas incapaces de mantener conversaciones civilizadas para zanjar el asunto como adultos es incluso peor. Después irán los mismos legisladores y sus compinches, gastándose el dinero de los contribuyentes en campañas para promover el civismo por ahí. Pero, ¿qué civismo? Si se empeñan en prohibirnos solucionar los típicos y mundanos problemillas de convivencia como el del humo (o el del idioma), ¿cómo pueden pretender que la gente siga cuidándose de mantener en forma sus hábitos cívicos? Los actos de los legisladores hablan más claro que sus bochornosos cantos de sirena: no te esfuerces en hablarlo con nadie, hablando no se entiende la gente; tranquilo, ya viene el legislador con la solución mágica: prohibición indiscriminada.

Los mandones profesionales nos gobiernan según el principio de que aquellos de nosotros que fuman son incapaces de dejarlo por las buenas. Que, además, esos fumadores son un peligro para sí mismos, o sea, unos irresponsables, y un peligro para los demás, o sea, unos indeseables. Y que los demás estamos indefensos ante el tabaquismo sin la más mínima capacidad negociadora.

Los economistas liberales suelen recordar que cuando un gobierne establece un programa redistributivo quitando a Pedro lo que da a Juan, no es esa la única ni aún la más importante transferencia. La transferencia crucial es que la capacidad de decisión pasa de los ciudadanos a sus gobernantes. Y, desde luego, los muy listos no la redistribuyen. Quien parte y reparte…

Sucede lo mismo con las prohibiciones bienpensantes, como la desastrosa prohibición del alcohol de los años veinte en Norteamérica o la patética lucha contra las drogas de hoy en día. Lo más importante en la vida de una persona es su capacidad para dirigirse a sí mismo. Hay que aprender a elegir un rumbo, a orientarse, a sobreponerse y seguir adelante hasta la meta. La fuente de la felicidad, que no se encuentra en el placer ni en la ausencia de peligros, sino en la plenitud, en el triunfo, resulta inalcanzable cuando las victorias nos vienen dadas. Pretender poner a un tercero al timón de la vida de un adulto es una ofensa al concepto mismo de humanidad. Es posible que con ello se aletargue la existencia del conducido pero la rebelión a bordo es una simple cuestión de tiempo. La libertad más importante es la de errar, sin ella el crecimiento personal no cabe. ¿Es lo que andaban buscando?

El antitotalitarismo en la Biblia

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Análisis diario.

Las raíces históricas del liberalismo entroncan fuertemente en la tradición judeocristiana, como el fundamento moral que nutre y permite la existencia de sociedades libres con gobiernos limitados. La Escuela de Salamanca hizo una aportación trascendental en el terreno de la Economía Política, con sus estudios sobre la teoría subjetiva del valor, los principios del librecambismo y las bases de una política monetaria respetuosa con la propiedad privada y la libertad individual.

Pero profundizando más en los orígenes cristianos del capitalismo, se puede llegar hasta los textos bíblicos, algunos de cuyos pasajes ilustran también la existencia de un impulso primigenio en el cristianismo antiguo en contra del totalitarismo del poder político. Se trata de una sugestiva línea de investigación, que en la actualidad tiene en el profesor Alberto Mansueti a uno de sus principales exponentes. Sus trabajos sobre el capitalismo bíblico, como él mismo denomina a su empresa intelectual, más allá de su carácter apologético, que busca conciliar los principios capitalistas con la tradición cristiana, contrarrestando con ello la fuerte intoxicación marxista que ha infectado amplios cuerpos de la Iglesia Católica, tiene un gran interés incluso en el plano del puro cultivo doctrinal, por cuanto nos permite contemplar interesantes enseñanzas sobre temas capitales como la libertad individual, la propiedad privada o la necesidad del gobierno limitado, vistos ya con gran claridad en el primer cristianismo.

Algunos ejemplos pueden aclarar con más nitidez esto que decimos.

En el capítulo 21 del primer libro de Reyes, el relato bíblico cuenta cómo Acab, Rey de Samaría, pretende comprar unos terrenos colindantes con sus viñas. El propietario se niega a vender y los agentes del Rey acaban arrebatándole sus bienes a través de sucios manejos que terminan con su vida. Jehová castiga con toda dureza al rey por haber atentado contra la propiedad privada de un súbdito, cuyo derecho prevalece sobre la autoridad temporal del monarca. Es difícil no ver aquí una crítica severa a la capacidad actual de expropiar bienes privados, concedida a los poderes públicos en virtud del evanescente concepto de “interés general”, válido para justificar cualquier tropelía de los poderosos.

En 1 Samuel 8, se puede encontrar otro juicio interesante sobre el gobierno limitado. Aquí, el pueblo judío exige a Samuel que les permita elegir un Rey, no conforme con el sistema de arbitrar los asuntos públicos a través de un sistema de jueces. El alegato de Samuel es una advertencia sobre los riesgos de otorgar poderes absolutos a un monarca, y la fuerte tentación a disponer de los bienes de sus súbditos para sus empresas políticas hasta derivar inevitablemente en tiranía.

En Exodo 22-3 se establece el principio de que la primera obligación que ha de ser impuesta a quien roba o daña la propiedad del prójimo, es restituirle inmediatamente lo robado, que es una de las demandas actuales de la teoría liberal en el terreno de la justicia.

En Romanos 13, Jueces 9, en varios capítulos del Deuteronomio etc., se contienen también abundantes sentencias absolutamente compatibles con la teoría capitalista moderna. Es por ello que los totalitarios socialistas, vaga la redundancia, no pueden justificar sus desmanes en ningún principio cristiano, a pesar de las estúpidas connivencias de algunos sectores de la jerarquía católica. En esencia, Jesús, a pesar de lo que digan intelectuales marxistas de la talla de Chávez, no pudo ser jamás ni socialista ni revolucionario, pues entonces hubiera traicionado todas las enseñanzas de su padre al pueblo judío, del que él mismo procedía.

¿Quiénes son realmente pobres en España?

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

Recientemente, el INE ha publicado unos datos realmente interesantes, referidos a la pobreza y a las personas sin hogar. Los medios de comunicación no han entendido, o querido entender, qué significa ser pobre estadístico para este organismo y han destacado que, pese a la prosperidad de los años de Aznar, aún queda un 20% de pobres en España. El problema es que la pobreza se mide como porcentaje con respecto a un ingreso medio. Si por algún método mágico todos nos enriquecieramos en un día hasta llegar a poseer diez veces más de lo que tenemos ahora, estadísticamente seguiríamos teniendo un 20% de pobres.

Comparemos esto con la investigación sobre personas sin hogar. Las necesidades materiales básicas de las personas son la comida, el vestido y el techo bajo el que habitar. Cuando hablamos de pobres, son aquellos que carecen de alguna de ellas quienes nos vienen a la cabeza; por eso sorprende y escandaliza ese porcentaje del 20%. Dado que hace décadas que la estadística de muertos de hambre dejó de ser empleada en España, es el número de los que se encuentran sin hogar nos puede dar una aproximación al número real de quien es realmente pobre en España. Aunque la encuesta del INE no se atreve a dar una estimación, el que el número total de atendidos por los centros especializados en municipios de más de 20.000 habitantes es de 21.000 personas. Aún suponiendo que la cifra total doblara ésta, no llegaría al 0’1% de la población española.

Pocas tácticas tan socialistas como la de definir la pobreza de forma relativa; así el número de pobres permanece constante y permite descalificar al sistema capitalista como la principal solución que es y ha sido siempre para el problema de la pobreza. Es lo que permite decir que en Estados Unidos hay 35 millones de pobres, pero dado que ser pobre según esa definición significa ganar menos de 18.000 dólares al año, estos pobres suelen disponer de casa, automóvil, televisión y ordenador.

Curiosamente, el perfil de las personas sin hogar parece, en algunos aspectos, un póster de diversas buenas prácticas vendidas por los socialistas. Son hombres, generalmente sin familia ni pareja estable (¡viva el amor libre!), extranjeros (¡papeles para todos!), con problemas de drogas y/o alcohol (¡a colocarse y al loro!), parados y con problemas con la justicia. Desgraciadamente, el informe no incopora el porcentaje de enfermedades mentales, que parece ser bastante alta por la experiencia de los trabajadores del gremio. Pese a ser el Estado, supuestamente, el responsable de crear una red de seguridad para los ciudadanos, el 72,8% de los centros de acogida son de titularidad privada, buena parte de ellos dirigidos por alguna entidad religiosa.

En definitiva, no es sólo el capitalismo el responsable de la reducción de la pobreza, sino que la moral tradicional tan denostada es uno de las mejores opciones para evitar caer en ella y, además, es la iniciativa privada quien realmente se hace cargo de los verdaderamente pobres, en lugar del supuestamente omnipresente estado del bienestar. Una fotografía notablemente diferente a la que nos intentan hacer creer.

Desigualdad en dos palabras

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

El principal argumento ético socialista es la lucha contra la desigualdad. El fondo de su argumento son dos palabras (mientras que…) que siempre unen dos frases que hacen referencia a la situación de dos grupos sociales o de “unos y otros”. El ejemplo más conocido es la frase “el 20 por ciento de la población tiene el 80 por ciento de la riqueza, mientras que el 80 por ciento restante se tiene que conformar con el otro 20 por ciento”. Esta frase, que se acuñó en 1980, tiene varios problemas, como que los datos sean ahora 20-75 y 80-25, gracias al mayor desarrollo en el sudeste asiático, China e India o, especialmente, que no explica que si un 20 por ciento de la población tiene el 75 por ciento de la riqueza mundial es porque la ha producido.

En primer lugar hay que deshacer esa idea que siempre flota en estos pseudoargumentos socialistas, y que viene a sugerir que las rentas se “reparten” o “van” a unos y otros sin explicar cuál es el mecanismo económico que explica los sueldos y rentas. En una versión extrema de esta concepción, la gente llevaría a cabo ciertas actividades y por otro lado, y sin aparente relación, un ente repartiría rentas y propiedades entre los ciudadanos, que los distribuiría, de ahí la insistencia en la “distribución de la renta y la riqueza”. Nada hay parecido a ello en una sociedad libre. 

En el mercado solo hay producción y formación de precios. Los empresarios tienen la visión de un producto o servicio que puede servir a los intereses y deseos de los consumidores, y cuya venta por tanto le generará un ingreso. Con la idea de este ingreso futuro, busca los factores que más le acerquen al producto deseado y que menos dejen de servir en otras ramas de la producción cuando los contrate o adquiera para comprometerlos en el suyo, lo que determina los costes. Es en ese proceso donde se origina el beneficio. Luego cada factor recibe una renta que es suficientemente atractiva como para descartar otras posibilidades y que tiene como límite la previsión que hace el empresario de la productividad marginal que aportará en ese proceso productivo, descontando de ella el interés.  

En definitiva, la formación de rentas es puramente económica y deriva de la aportación individual a la producción. En función de que esta aportación sea mayor o menor las rentas serán más o menos altas. Pero aún queda la cuestión planteada en esas dos palabras. “Mientras que…” sugiere la idea de que hay alguna relación entre el hecho de que, por ejemplo, A genere una renta X y B otra 10X. Esta concepción sugiere que los dos, A y B están luchando por llevarse lo más posible de una especie de fondo común. Pero, como queda sugerido en el anterior párrafo, la riqueza no está ahí, esperando a que nos acerquemos y la troceemos, sino que tiene que descubrirse y crearse. Un mundo libre es un mundo abierto, en el que gran parte de nuestras opciones las podemos crear nosotros mismos. Ese “mientras que” no atiende al modo en que funciona el proceso productivo y sugiere que hay una especie de fondo común que en realidad no existe.

¿Huelga o coacción?

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Tengo la sensación de que nos hemos acostumbrado a la violencia y la toleramos, incluso la aprobamos dependiendo de quién venga. En Madrid padecemos desde hace unas semanas la huelga intermitente de los trabajadores de una empresa de autobuses interurbanos. Esta empresa conecta bastantes pueblos de la periferia de Madrid con la capital por lo que sus servicios son muy solicitados por un número cada vez mayor de ciudadanos que han decidido vivir lejos de los humos de Madrid. La tensa situación ha conducido a la policía a intervenir bien para obligar a los conductores a cumplir los servicios mínimos, bien para desalojar a los enfadados usuarios de las rampas de salida y entrada del intercambiador de transportes, hartos ya de tanto trastorno. 

Las huelgas se terminan convirtiendo en un conflicto entre los sindicatos que las convocan y el empresario pero con el usuario, con el cliente, con el viandante como rehén del conflicto. Cuando a principios de noviembre los mineros del carbón asturianos negociaban las prejubilaciones y las ayudas públicas a su actividad, al no llegar a un acuerdo satisfactorio, se dedicaron no sólo a no realizar su trabajo, no sólo a encerrarse hasta conseguir sus objetivos, sino a molestar a los conductores de las carreteras cercanas, cortándolas a través del uso de la fuerza. 

La violencia se convierte en una herramienta más para el huelguista, para el sindicato. Parece como si las condiciones de los trabajadores fueran equiparables a las del siglo XIX y por tanto las formas decimonónicas fueran las adecuadas. Los supuestos “derechos” de los trabajadores cobran un protagonismo inusitado hasta el punto de que los derechos de los demás, los verdaderos derechos pierden toda vigencia para estos activistas. 

Y sin embargo, resulta habitual que el usuario, el viandante, el cliente, a pesar de verse perjudicado por la violencia de los que protestan, justifique la acción, incluso la destrucción de la propiedad privada y la pública (véanse los coches quemados, los escaparates rotos, el mobiliario urbano destrozado) asegurando que sólo de esa manera los trabajadores son capaces de hacerse oír. El sindicalista conoce esta faceta moral del ciudadano, este aspecto emocional y a él apela para justificarse. El totalitarismo suele entrar en el salón de casa de la mano del victimismo. 

En el Título I, Capítulo Segundo, Sección Primera de la Constitución Española se puede leer: 

    Art. 28.2: Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. 

Es difícil que las situaciones descritas, habituales en los medios de comunicación, defienda los intereses de nadie. El derecho a la huelga se convierte en el derecho a la coacción, se convierte en un simple chantaje en el que el último sufridor es el ciudadano de a pie. Este ciudadano termina pagando cuando no puede dirigirse a su casa, a su trabajo, a su lugar de ocio. Este ciudadano termina pagando cuando habiendo contratado algún bien o servicio, no puede obtenerlo pese a que ya ha gastado su dinero. Este ciudadano termina pagando cuando los poderes público le arrebatan su dinero pero son incapaces de dar el servicio mínimo que prometen. Este ciudadano termina pagando cuando ve como sus impuestos sirven para mantener negocios sin ninguna rentabilidad que podrían destinarse a otros menesteres más provechosos. O lo que sería mucho mejor, dejarlo en los bolsillo de sus legítimos dueños. 

El derecho a la huelga no es el derecho a la violencia. Existen mil maneras de protestar por un trato injusto o supuestamente injusto. Desde luego, la manifestación pacífica, sin cortes de carreteras ni de calles. Domingo sí, domingo también, venimos padeciendo en Madrid infinidad de reivindicaciones y muestras de apoyo popular. A pesar de ser molestos, es una manera mucho más civilizada de protesta. Pero es que desde el cese de la actividad hasta la huelga a la japonesa, existen muchísimos grados de actuación sin que se vean perjudicados terceros. 

Lo cierto es que por razones que se me escapan, más allá del oportunismo electoral, ningún gobierno español ha sabido ni ha querido articular una Ley de Huelga con un mínimo de lógica. Las circunstancias y la fuerza del grupo en la sociedad, en forma de votos o de poder mediático, son los que establecen la permisividad ante la coacción. Este no deja de ser otro fracaso del sistema estatal en la regulación del mercado laboral. El Estado nos promete que va a proteger nuestros derechos pero luego es incapaz de hacerlo si ante el se pone una pandilla poderosa.

¿Liberalismo en Ortega?

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

Los eruditos españoles siempre han desdeñado el libre mercado, institución que sigue asegurando por siglos la existencia humana. Es propia de la intelectualidad hispana su incomprensión de las más elementales leyes económicas. En torno a la economía, los clérigos en artes y letras han postulado la ramplonería o el intervencionismo más extremoso. José Ortega y Gasset, de quien se cumple este año el cincuentenario de su fallecimiento, patriarca filosófico e inspirador del moderantismo liberal en España, fue también favorable a tan sombrío criterio. 

He ahí el verdadero páramo: las escasísimas luminarias intelectuales que han defendido la vida económica en libertad. Ese sí que ha sido el erial puro y duro -con nefastas consecuencias para la convivencia histórica- y no el denunciado por el antifranquismo. Hubo excepciones, claro, pero muy pocas, y en figuras presuntamente menores de la literatura. Por ejemplo, los estupendos escritores Julio Camba y Josep Pla, olvidados hoy por su incomodidad política. Ambos, el gallego y el ampurdanés, vivieron como corresponsales de prensa las trágicas consecuencias de la Gran Guerra del 14 y contemplaron el envilecimiento moral de la sociedad europea durante la hiperinflación y la caída en picado de la moneda. Respecto de ésta, Camba era un tipo genial que podía en breves líneas comparar la ley de Gresham con una partida de póquer y el cante flamenco. Decía que esa ley (“La moneda mala acaba por desplazar a la buena”) le recordaba al jugador tronado de póquer que, tras perder “los cinco duros que constituían su capital”, regresaba del mostrador a la mesa de juego con un”cargamento de chatarra” afirmando fogosamente que valía por un duro cada puñado de esos discos metálicos que le habían fiado en el local. Ante esa circunstancia, la partida se derrumbó. Los demás jugadores renunciaron al faroleo y aceptaban cualquier envite con tal de quitarse de en medio aquella quincalla, conservando su moneda buena para mejor ocasión. La copla ya lo advertía:

Gitana, qué tú serás
lo que a la farsa monea
que de mano en mano va
y ninguno se la quea 

Nada de esa sencilla pedagogía en Camba (al igual que los relatos campesinos de Pla) germinó en la academia de mentes insignes, presuntamente rectora de todos nosotros. Por el contrario, los patricios de la cultura dinamitaron con su frivolidad la Restauración liberal, el régimen posible del momento. Se comportaron epilépticamente para luego entregarse muchos de ellos a la tiranía de su preferencia. No entendieron nunca los mecanismos naturales de la acción humana. Todavía en 1931, Ortega conferenciaba lo siguiente: “Yo propongo un régimen que puede llamarse de economía organizada: es decir, que en vez de dejar a la total libertad de los individuos el movimiento de la producción, sea dirigido por el Estado mismo, como si la nación fuera una única y gigantesca Empresa”.  Y éste era, como Tomás Moro, el hombre para todas las estaciones; el faro de templanza preconizado por sus discípulos en la atávica crisis nacional. ¡Menuda suerte la de España con semejantes tutores!   

La trayectoria de Ortega es un drama con añadidos de injusticia. Para la izquierda fue el maître a penser del fascismo español. A su vez, los conservadores partidarios de la dictadura franquista recelaron de él. Ahora los progresistas quieren transfigurarlo en una  especie de grabado que deben inexcusablemente reverenciar los indómitos de la libertad. Convertirlo en icono de los intereses creados y el discurso acomodaticio. Si no obedeces lo que los añosos mandarines culturales te recomiendan, eres un mal ciudadano. Esta es la dosis de independencia que toleran. Es el tope de liberalismo que la progresía aguanta: no pienses, nosotros te organizaremos, aprende el manual de civilidad firmado por nuestras momias; sin rechistar paga tus impuestos y mantén la boca callada.  

Habrá quizá en la obra de Ortega búsqueda de la verdad (que no es poco), generosidad en la tolerancia, respeto por el modo ajeno, pero no desde luego ese afán de libertad que domina la inteligencia de la gente que pretende salir adelante sin impedimentos. Ortega es encomiable por su curiosidad,  por el interesante concepto de razón vital  y por su desvelo patriótico. Sin embargo, no es modelo para el liberalismo porque él -junto a otros- es reconocido por su pensamiento con mayúsculas (la Historia, la Cosa Pública, las Generaciones) y nunca se ocupó de las personas a las que arbitrariamente calificó de Masa.

El statu quo de los títulos de propiedad

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

No cabe confundir la defensa de la propiedad privada con la defensa de la actual distribución de los títulos de propiedad. El liberalismo no prescribe la inviolabilidad de la propiedad meramente poseída, sino la inviolabilidad de la propiedad legítimamente poseída. Cuando nos referimos al término “propiedad” o “propiedad privada” por lo general esto se da por entendido y no son precisas ulteriores explicaciones. Pero a veces conviene explicitar los supuestos que manejamos, no únicamente con el objeto de evitar malentendidos y caricaturizaciones, también para asegurarnos de que en efecto tenemos conciencia del supuesto y del alcance del mismo.  

El individuo deviene propietario legítimo de los bienes escasos que ocupa / utiliza en primer lugar (homesteading) o que adquiere de otro legítimo propietario por la vía del intercambio. De acuerdo con el principio del homesteading de raíz lockeana el individuo se apropia de un bien escaso en su estado de la naturaleza cuando le imprime su sello personal mezclando su trabajo con el objeto, cuando lo ocupa en primer lugar y lo destina por ende a la satisfacción de sus fines. El primer ocupante / usuario es el único que posee un vínculo objetivo con el bien escaso en cuestión. Ningún otro individuo puede alegar una relación semejante ni por tanto presentar una reclamación más justa. La parcela de tierra, por ejemplo, que no ha sido explotada por nadie deviene propiedad legítima de aquél que primero la cultiva o la cerca para darle uso. Desde entonces la parcela puede pasar a otros individuos mediante el intercambio o el abandono. En este último caso volverá a regir el principio del homesteading: el primero que ocupe el bien escaso abandonado se convertirá en su legítimo propietario. 

En el debate en torno al statu quo de la distribución de los títulos de propiedad hay quienes parecen considerar sólo la medida en que los títulos se intercambian libremente sin detenerse a examinar la justeza de los mismos. Otros, asumiendo la validez del principio de la apropiación original pero aplicándolo parcialmente, buscan legitimar la ingeniería social impugnando in toto la distribución vigente de los títulos de propiedad. Ambos posicionamientos están severamente viciados. 

Los que aceptan de forma implícita el statu quo de la distribución de títulos de propiedad fijándose sólo en la libertad de intercambio obvian que aquello que algunos poseen e intercambian podría en realidad, de acuerdo con el principio de la apropiación original, pertenecer legítimamente a otros. En un contexto estatista de expropiaciones, exacciones y subsidios, ¿cabe presumir que todas las propiedades están bajo tutela de sus legítimos dueños? Si alguien hoy está en posesión de algo que no le corresponde, obtenido así mediante la fuerza (suya o del Estado), ¿no exige la justicia que sea devuelto a su legítimo propietario? Luego no hay que asumir alegremente como válidos todos los títulos de propiedad actuales. Algunos pueden proceder del expolio estatal y en tanto sea posible determinar de qué títulos se trata exactamente y quiénes fueron las víctimas o quiénes son sus herederos, los títulos debieran ser restituidos. 

Pero otros aplican el principio de la apropiación original torcidamente de tal suerte que concluyen que la mayoría de los títulos de propiedad actuales no tienen validez por asentarse en el robo y la conquista de tiempos pasados recientes y lejanos. Ello restaría legitimidad al liberalismo y justificaría algún tipo de ingeniería social que favoreciera a las “clases” o grupos históricamente expoliados en detrimento de los históricamente privilegiados y usurpadores. Olvidan, no obstante, que en el caso de que no se identifique a la víctima concreta de un robo o a sus herederos, la propiedad robada es de facto una propiedad abandonada, y si el actual poseedor no fue el agresor deviene su primer ocupante y por tanto su legítimo propietario. Creer que una parcela de tierra labrada le fue en el pasado expoliada a un oriundo de la región no basta para considerar ilegítimo el origen de su título actual. Si no es posible identificar a los herederos de aquel individuo y demostrar en efecto que la parcela le perteneció, aquél que la esté ocupando ahora será su legítimo propietario. El origen de su título es el homesteading, no el expolio, pues él a nadie ha expoliado.

El liberalismo exige que la vigente distribución de títulos de propiedad sea respetada en la medida en que se fundamenta en el principio de la apropiación original y no en la confiscación. No cabe sacralizar ni rechazar per se el statu quo. Ni utilitarismo inmovilista ni ingeniería social. Lo justo es reivindicar la devolución a sus legítimos propietarios de aquellos bienes que les han sido usurpados.

La teoría del desprendimiento

Escrito por amascaro en . Publicado en Análisis diario.

Prácticamente nadie pide la completa abolición de la educación pública, si bien todos los que pueden se aseguran de matricular a sus hijos en escuelas privadas o, cuando menos, de ofrecerles clases de repaso que ofrecen instituciones privadas y particulares. Tres cuartos de lo mismo sucede con la sanidad, los planes de jubilación, la seguridad, los transportes, las comunicaciones y tantos otros servicios ofrecidos por el Estado.

Tranquiliza pensar que si las cosas pintan mal, llegará Papá Estado cual John Wayne al mando del 7º de Caballería al rescate. Además, aun cuando uno no lo necesite para sí, se siente cierta satisfacción al saber que se contribuye en un esfuerzo colectivo para con aquellos que sí lo necesitan de verdad. Y, sin embargo, a poco que se pueda, cada cual intenta escabullirse de John Wayne. No es sólo que todo el mundo intenta pagar los menos impuestos que su conocimiento (o atrevimiento) fiscal le permite, ¡es que incluso se escaquean de recibir buena parte de los beneficios!

Pagan un impuesto sobre el valor añadido cada vez que compran cualquier tipo de mercancía, o un impuesto especial todavía más elevado si se trata de gasolina, tabaco, alcohol o por matricular un vehículo. Se les aplica una retención en su sueldo por el hecho de tener un trabajo honrado. Se les cobra un impuesto por el hecho de heredar. Pagan otro impuesto si es que su patrimonio se ha incrementado. Pagan otro por el simple hecho de tener ese patrimonio. Paga otro por las donaciones. Y otro por tener bienes inmuebles. Si son accionistas pagan otro en forma de impuesto sobre la sociedad en cuestión y si compran al extranjero pagan en la aduana. Destinan, en fin, más de la mitad de su riqueza a engrosar las arcas del Estado. Y cuando éste les ofrece sus servicios “universales y gratuitos”, ¡oh, sorpresa!, todo el que puede contesta en la práctica con un rotundo “¡no, gracias!” que, de hecho, es un “¡no, gracias, y quédese el cambio!”

Mientras tanto, con el menguante tercio que los Estados graciosamente dejan cual limosna a sus súbditos, los mercados intervenidos de las economías mixtas modernas producen unos servicios que todo el mundo prefiere a los de los Estados. Con lo que sobra, encima, el sector privado es capaz de producir bienes triviales y superfluos como entretenimiento y diversión de todo tipo, por no hablar de innovaciones técnicas.

En sus torres de marfil prehistóricas, los estudiosos con sueldos a cuenta de los contribuyentes, producen teorías según las cuales los ciudadanos cambian de residencia en función de los saldos fiscales. Es cierto, llegan a reconocer en un alarde de honestidad, que a la gente no le gusta pagar impuestos y, por tanto, tiende a huir de los regímenes confiscatorios. Pero, ojo, a la gente, dicen, le gustan los beneficios del Estado del Bienestar, por eso lo de votar con los pies depende de un cálculo de costes y beneficios. Se olvidan convenientemente de este pequeño detalle que he venido comentando: esos “beneficios sociales” los esquiva todo el que puede.

El hecho de que a la gente no le guste pagar impuestos no se debe a la tacañería antisocial de unos insolidarios. Se debe a que cada cual quiere comprar lo mejor que su riqueza le permita. Y nadie confía en que lo mejor pueda proceder de una institución que elimina a sus competidores a base del monopolio de la fuerza. Eso, cuando lo hace un hombre, es tachado de chantaje y matonismo. Cuando lo hace un grupito, se tacha de mafia. Que se haga democráticamente puede empujar a muchos a darle coba de cara a la galería. Pero, cuando se trata del bienestar propio, la gente no se deja engañar.

Y así, a medida que empeora la hipertrofia de las instituciones, más son los que van desprendiéndose del Estado. La madre que busca un refuerzo escolar a sus hijos porque, vote lo que vote y diga lo que diga, no se fía de la educación pública aunque no pueda permitirse matricularles en una privada. El padre que les va guardando unos ahorrillos porque, diga lo que diga y vote lo que vote, sabe que con las pensiones públicas lo van a tener crudo. El comerciante que descubre una forma de evitar tal impuesto o tal prohibición. El consumidor de cierto artículo o sustancia que se da una alegría al conseguir disfrutar de lo prohibido sin molestar a nadie. Una sociedad de adultos con ganas de emanciparse de un Papá Estado carca, metomentodo y fracasado. No es un desprendimiento tajante. Es gradual a medida que cada uno va descubriendo nuevas salidas hacia la libertad y la responsabilidad individual. Se agrava el problema de la economía sumergida, dirán los que se han especializado en partir y repartir desde arriba. No, lo que pasa es que la confianza en el Estado del Bienestar se hunde porque éste hace aguas y la gente se espabila y aprende a nadar.