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Nueva Orleáns: Cómo provocar una catástrofe

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Análisis diario.

La reciente tragedia de Nueva Orleáns es un magnífico ejemplo de cómo el estado puede transformar un evento climático dañino pero manejable en una catástrofe a gran escala. La mayoría de la prensa, siempre fiel al estatus quo y a todo lo que suene políticamente correcto, ha echado al capitalismo la culpa de los daños humanos y materiales producidos, bien sea porque se le responsabiliza de un supuesto cambio climático peligroso –en esta vertiente ABC ha destacado en nuestro país por su propaganda demagógica y su constante tergiversación de los hechos-, bien porque limita el intervencionismo estatal y el propio tamaño del estado –de ésta El País ha sido, quizá, el principal abanderado. He tratado de mostrar lo equivocado de estos dos argumentos en otro lugar. Ahora me interesa analizar cómo se logró que un huracán que pasó causando menos daños de los esperados se convirtiera en una catástrofe de grandes proporciones.

La primera explicación de lo ocurrido la encontramos en el monopolio de la gestión de los diques que protegen la ciudad de Nueva Orleáns, el río Misisipi y el lago Ponchartrain. El origen de este monopolio público hay que buscarlo, como ocurre con tantos aspectos negativos de la sociedad estadounidense, en la guerra civil de aquel país. Como cuenta Mark Thornton en su artículo de 1999, The Government´s Great Flood, el cuerpo de ingenieros del ejército de Lincoln logró el control permanente de la gestión de los ríos a partir de la creación de la Comisión del Río Misisipi. Otro tanto pasaría más adelante con los diques del Golfo de México. Se trata de un ejemplo más de cómo las guerras han marcado la conversión del estado mínimo diseñado por los padres fundadores de la constitución americana en el leviatán que es hoy en día. Desde entonces y hasta hoy en día la responsabilidad del mantenimiento y mejora de los diques y otros dispositivos que pretenden proteger a los habitantes de la zona contra las inundaciones ha recaído en el ejército estadounidense.

El problema de que sea el ejército el responsable de los diques no es que sus miembros sean lerdos. Ni mucho menos. El problema es que no existe un propietario que se juegue sus cuartos con el buen funcionamiento de los diques y que, para colmo, no tiene competencia. El estado estadounidense no está sujeto a las pérdidas y las ganancias como lo estaría una sociedad mercantil. El contribuyente paga la factura tanto si los recursos son utilizados eficaz y eficientemente como si no. Como suele ocurrir en todos los casos de monopolio (público o privado) decretado por el estado, el servicio es pobre y el precio elevado. Los sistemas de protección contra las crecidas del Río han estado envueltos en la polémica (entre ingenieros civiles y militares) desde que se tomaran las primeras decisiones allá por el siglo XIX. El cuerpo de Ingenieros del Ejército decidió optar por una protección basada únicamente en la construcción de un gran dique y muchos ingenieros civiles contestaron que esta solución de corto plazo traería graves consecuencias futuras debido a la elevación que provocaría en el nivel del río. Nosotros no vamos a entrar en ese debate. Tan sólo recordar que no es posible saber cuál es el mejor sistema de defensa de la población frente a las crecidas del Mississippi ni frente a los tornados o los huracanes provenientes del Caribe mientras estos sistemas no sean poseídos por agentes privados sujetos al sistema de pérdidas y ganancias y abiertos a la potencial competencia de otras empresas. ¿Cuál es entonces el mejor sistema de defensa frente a estos eventos climáticos? La respuesta es sencilla y, para muchos, puede que decepcionante: no lo sabemos porque en este sector no hay un mercado libre. Sucede lo que le ocurría a Internet cuando era gestionado por el estado norteamericano. Lo que sí podemos aventurar es que si existiera mercado sería plausible que operasen distintas empresas en distintas zonas tratando de innovar y simultáneamente emular los logros técnicos de la competencia (si el estado no se lo impide con la concesión de patentes). En algunas zonas es posible que no compensara poner en marcha una infraestructura de protección y que las personas que decidieran vivir en esa zona lo hicieran por su cuenta y riesgo. Son especulaciones. Lo cierto es que, como era de esperar, el monopolio público no prestó un servicio ni tan siquiera mediocre para un evento que se esperaba desde hacía décadas y para cuya prevención y preparación se dedicaron miles de millones de dólares.

El movimiento ecologista también parece haber tenido parte de responsabilidad en la catástrofe. Y no sólo por llevar años diciendo que venía el lobo cuando lo que venían eran corderitos. Mucho más decisiva fue su oposición sistemática a blindar la costa del golfo y la ciudad de Nueva Orleáns frente a catástrofes de categoría 4 y 5. Los ingenieros del ejército sabían perfectamente lo que podía ocurrirle a esta ciudad fundada por canarios y a otras poblaciones costeras de la zona y, aún con los pocos incentivos que cuentan para mejorar la calidad del servicio que prestan, proyectaron construir una barrera móvil a lo largo de la I-10. Este proyecto fue paralizado por medio de una denuncia presentada por un nutrido grupo de organizaciones ecologistas alegando que el estudio de impacto ambiental no era lo suficientemente profundo y que el proyecto podía tener graves efectos sobre algunas especies. En diciembre de 1977 el juez encargado del caso dio la razón a los ecologistas y paralizó la construcción de las barreras aduciendo que los ecologistas habían demostrado las personas que viven en esta área se verían dañados irreparablemente en el supuesto de que el proyecto se llevase a cabo. El cuerpo de ingenieros olvidó la idea y se concentró en mejorar los diques de la ciudad de Nueva Orleáns de modo que pudieran aguantar huracanes más potentes. Pero de nuevo en 1996 un grupo de organizaciones ecologistas radicales, encabezadas por el Sierra Club, presentaron una denuncia alegando que el proyecto suponía un peligro para el oso negro y para diversas especies de aves. En 1997 el proyecto fue paralizado durante dos años a la espera de un nuevo estudio de impacto ambiental. La continua oposición ecologista a la construcción de barreras artificiales a la crecida de las aguas es lo que ha motivado que el representante por Luisiana Bob Livingston haya afirmado que uno de los principales responsables de la catástrofe son los ecologistas.

La alteración de los incentivos o desincentivos que valoran los individuos a la hora de actuar frente a las eventuales situaciones de riesgo también son determinantes en los daños de todo desastre. Por desgracia la historia del intervencionismo en el sector de los seguros de inundaciones, que forman parte del coste de oportunidad de vivir en zonas de riesgo, es extensa. La mayor parte de la asfixiante legislación puede retrotraerse al año 1927. En ese año tuvo lugar otra gran catástrofe debido a la inundación de las mismas zonas que este año se han encontrado bajo las aguas; según diversos ingenieros causado por el mencionado sistema de protección elegido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. Fuese por lo que fuese, la gran inundación de 1927 llevó a un tal Hoover a dirigir la Agencia Federal de Emergencias (FEMA). Ese puesto no sólo serviría a Hoover como trampolín a la fama primero y a la Casa Blanca después, sino como laboratorio en el que ensayar la mayoría de las políticas intervencionistas estilo “Estado del Bienestar” con las que estrangularía la economía americana en los siguientes años. Ayudas públicas, préstamos estatales, intervención en los seguros, regulación de precios y hasta desplazamiento de la población o la creación de verdaderos campos de concentración ya fueron puestas en práctica por Hoover.

Como en casi todas las ocasiones en las que el estado se entromete en el negocio asegurador, el motivo es que las empresas privadas no ofrecen un tipo determinado de seguro. En efecto, siguiendo los pasos marcados por Hoover, el estado se metió de lleno a regular y ofrecer seguros contra inundaciones en 1968 porque las aseguradoras no los ofrecían en determinadas áreas de altísimo riesgo. La inexistencia de seguros de este tipo sirve como desincentivo o advertencia a quienes quieren vivir en una zona cuya probabilidad de verse cubierta de agua es extrema. Sin embargo, los políticos, siempre prestos a mostrar a la población que ellos son capaces de llevar a cabo lo que el mercado libre no puede, decidieron establecer un sistema de seguros públicos. Así, quienes deseaban vivir en la preciosa y peligrosa costa de Luisiana no encontraban inconveniente alguno. “¿Quiere vivir en una zona de alto riesgo? ¿No encuentra asegurador? No pasa nada, papá estado le hace un seguro a su medida.” Si, como afirma un estudio de una agencia gubernamental anterior al desastre de Nueva Orleáns, la espectacular urbanización de las zonas costeras de alto riesgo en las últimas décadas constituye el principal factor de riesgo en los casos de huracanes de categorías elevadas, no cabe duda de que el intervencionismo estatal en materia de seguros fue un componente esencial para fraguar la catástrofe de Nueva Orleáns.

Para colmo, el sistema de ayudas para daños por inundaciones establece que éstas quedan reservadas para quienes no tengan seguro privados contra inundaciones. El resultado es obvio: se desincentiva la contratación de seguros privados en zonas en las que las empresas que operan en el mercado libre sí ofrecen estos seguros.

Por último, conviene no olvidar la desastrosa gestión de una catástrofe. Mucho dinero se ha enterrado en este aspecto de la seguridad. Pero aunque el FEMA tenga un presupuesto por habitante para catástrofes unas 50 veces superior al español, la calidad de un servicio no se mide por el dinero que se gasta en él sino por la correcta asignación de los recursos con los que se cuenta de cara a lograr un elevado nivel de satisfacción de la necesidad de la que se trate. Y, qué duda cabe, que las agencias estatales no están preparadas para responder a emergencias en las que hay que la logística tiene una gran importancia. Eso sólo lo puede hacer una empresa privada y hasta que la protección civil no sea un servicio contratado libremente y financiado voluntariamente difícilmente veremos grandes y exitosas operaciones en este campo.

Todos estos ingredientes fueron aderezados con la construcción de autopistas inseguras, disputas políticas que bloqueaban los recursos movilizados, campañas de “información” para casos de emergencias que no se correspondían con lo que la gente tenía que saber para ponerse a salvo en caso de necesidad y, sobre todo, con una fe tan ciega como falaz en las posibilidades del estado para proteger a los ciudadanos en caso de desastre. Así fue como el estatismo forjó la catástrofe de Nueva Orleáns. Esperemos que la negra experiencia sirva para que el estado se retire y permita el ejercicio de la libre empresarialidad en todos los sectores involucrados en la prevención y gestión de catástrofes y emergencias.

La aparición del derecho penal

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

La justicia es “dar a cada uno lo suyo”, según la clásica sentencia. En la Edad Media el Derecho estaba concebido sobre la idea de restitución. Cuando se cometía un robo, por ejemplo, el acto que coincidía con el ideal de justicia era la restitución de lo robado por el criminal a la víctima.

La restitución tiene varias virtudes. La principal es que reinstaura el orden natural de las cosas. La víctima no debió nunca sentirse desposeída de su propiedad. O jamás debió ser agredida. La restitución devuelve lo robado o estafado a quien no debió verse privado de ello, o en los delitos contra la persona le otorga alguna compensación lo más adecuada posible allí donde, por la naturaleza del acto, no cabe deshacer el daño.

La segunda virtud se refiere al criminal. Cuando comete el acto contra la propiedad o la persona, se convierte en un ser antisocial, porque atenta contra las normas básicas del funcionamiento de una sociedad justa y en armonía. Si se le fuerza a restaurar el daño inflingido, por un lado queda en paz con la víctima. Y por otro demuestra con los hechos que es capaz de mantener una convivencia productiva, lo que favorece la reinserción del delincuente en la sociedad. La sociedad está basada en la producción y la oferta de bienes, que intercambiados por los generados por otras personas, familias y empresas, ayuda a construir la compleja trama de relaciones que llamamos sociedad. El ladrón no aporta nada, e incluso destruye. Cuando se ve forzado a restituir a la víctima, ha de integrarse de nuevo en el entramado productivo, lo que le inserta en el camino de la participación social.

El final de la Edad Media está ligado al creciente protagonismo de los poderes reales, germen del Estado Moderno. Uno de los mojones de la creación del poder central es la destrucción de la restitución y la creación del derecho penal.

El cambio consistió en negarle a la víctima el derecho a la restitución, para quedárselo el Rey. De este modo no se restaura el orden natural, la víctima sigue siéndolo porque no ha recibido lo que le correspondería en justicia, y se impide la recuperación de la relación pacífica entre la víctima y el criminal. El Rey llegaba incluso a negar a la víctima la calidad de tal, ya que se pasaron a definir ciertos actos antisociales como “crímenes contra el Estado”, cuando el sujeto de los comportamientos injustos no es el mítico Estado, sino personas de carne y hueso. Este proceso cambió el cariz de las penas. Ya no consisten en devolver el derecho dañado a la víctima, sino en perseguir a quien ha actuado “contra el Estado”. Puesto que la pena deja de estar fijada de forma objetiva por el daño causado, y dado que ahora depende de las normas que emanan del propio Estado, éstas serán tan duras como el nuevo beneficiario desee. Su voracidad y su voluntad de condicionar el comportamiento de los súbditos no tiene más límites que la propia conveniencia del Estado. En consecuencia, las penas se hacen más duras.

La situación llegó a ser tal que, en el caso de Inglaterra “el Derecho real estableció normas coactivas, declarando criminal a la víctima que obtuviese restitución antes de llevar al delincuente ante la jurisdicción del Rey, para que así el monarca pudiera tener su parte”[1]. La aparición del derecho penal ha favorecido, además, que se creen delitos sin víctima, lo que en el derecho privado basado en la restitución es sencillamente inconcebible. Una sociedad libre habría de acabar con el derecho penal.


[1] Bruce L. Benson, “Justicia sin Estado”. Unión Editorial, Madrid, 2000.

¿Cómo preservamos la biodiversidad? (II): el modelo privado

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

La propiedad se ha configurado como el sistema más eficiente de protección aunque sólo sea por el hecho de que conlleva cierta responsabilidad sobre lo poseído y generalmente no tendemos dañar nuestros bienes. El mero interés personal puede ser una manera de preservación más que suficiente y nada dañina para el contribuyente. Como todas, tendrá sus fallos y sus virtudes pero se alejará de los dogmas utopistas y se acercará más a los intereses de los afectados.

La propiedad no es tan fácil de compaginar con la preservación de las especies. Se ha dicho que los búfalos americanos casi desaparecen por no ser propiedad de alguien mientras que los rebaños de vacas no han tenido ese problema pero este modelo únicamente solucionaría la preservación de determinados seres con ciertas características y de presumible explotación económica, tal sería el caso de los elefantes africanos, un verdadero problema de superpoblación en algunas reservas naturales. No imagino quién puede querer en propiedad los escorpiones negros o la cochinilla común, sin olvidar las dificultades que encontraríamos al intentar solucionar el choque de intereses entre los dueños de las gacelas y los de los leones. El comportamiento animal supondría un serio problema, así que la pregunta sería qué debemos poseer.

La cuestión podría tener su respuesta en el mismo concepto de ecosistema que es un todo en el que lo vivo y lo muerto interacciona a través de flujos de materia y energía. Si queremos preservar una parte, en este caso la biodiversidad, deberemos preservar o proteger el todo o en su caso un trozo de ese todo. De hecho, los modelos públicos de protección de especies amenazadas no dejan de ser un intento de recuperar el que se sabe o se cree que es su entorno ideal. La propiedad debe estar dirigida por tanto a la parcela.

Pero esa preservación supone un costo de la misma manera que nuestra casa o nuestras posesiones nos suponen un desembolso mensual. No se pude proteger algo sin recursos, es decir sin dinero y aquí radica la diferencia esencial con el modelo público, mientras que la defensa pública la hacen personas que no son los dueños de lo administrado y los recursos provienen del erario público, el modelo privado está dirigido por el propietario o aquellas personas que contrata para ello y el dinero sale de las propias actividades económicas del terreno que se protege o de otras que el propietario desarrolle. La prosperidad económica se convierte así en el verdadero sistema de preservación del ecosistema y por tanto de la biodiversidad.

Es evidente que este sistema conlleva cierto recelo de los conservacionista, ¿qué puede evitar que el dueño de un bosque no lo tale, venda la madera y construya cientos de miles de casas?. Pues en principio, nada. Todo propietario es muy libre de hacer lo que quiera con lo que posee. La cuestión es, ¿por qué va a talar el bosque y va a construir una ciudad?. El libre mercado tiene la solución a esa situación. Si bien la madera y las construcciones pueden ser un recurso perfectamente explotable, existen otros que desaparecerían si lo hace el ecosistema, desde el paisaje que desean ver los que allí compran una casa o los esporádicos visitantes, pasando por los caminos que surcarían los turistas de paso hasta los productos silvícolas, agropecuarios o geológicos que los arrendados o los dueños de la finca podrían explotar. La demanda y la oferta de estos servicios y productos, en definitiva, los deseos de los dueños y de los posibles beneficiados generarían suficiente riqueza para que la preservación fuera efectiva sin necesidad de cortar todos los árboles y saturar un mercado de una madera que generaría una deflación de precios, más perniciosa que positiva para el sector maderero, salvo que la Administración obligue a un precio mínimo.

Porque lo que buscamos en este caso no es la preservación perfecta, algo totalmente imposible, sino la más efectiva, la que a la larga favorecería que el ecosistema pudiera recuperara aquellas partes que por nuestra actividad hayan sido degradadas. Sin embargo, todo esto puede plantear una pregunta un tanto radical pero que deberíamos hacernos, ¿es necesaria la biodiversidad?. Esto es lo que pretendo proponer en el cuarto y último comentario que he dedicado a este tema.

La gestapo llama a su puerta

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

La anunciada expropiación de viviendas desocupadas prevista por la futura Ley estatal del Suelo muestra a su vez, más allá del previsible desastre económico, los resortes psicológicos de las personas que diseñan estos procesos de demolición social.

Es cierto que la propia titular del ministerio impulsor de la fatal iniciativa, junto con el partido que le sostiene, declinó en sus intenciones; pero quizá ya se ha abierto una brecha en la seguridad jurídica inmobiliaria, además de que el proyecto legislativo deja en manos de las comunidades autónomas la voluntad de expropiar los pisos vacíos.

La información sobre urbanismo y vivienda casi siempre es preocupante para la libertad de los contribuyentes: el próximo aumento de viviendas de precio oficial que repercutirá negativamente en la adquisición de inmuebles no tasados, una sociedad pública de alquiler que se entromete en la contratación, injustas valoraciones del suelo… Entonces, ¿por qué se insiste en lanzar mensajes negativos contra la sociedad, mensajes que incluso perjudican los intereses electorales de los que mandan? ¿Por incompetencia manifiesta? ¿Por estulticia? ¿Por prejuicios ideológicos al estilo leninista de cuanto peor, mejor? ¿Por una composición de esos tres factores?

El gran psicólogo norteamericano Abraham Maslow escribió entre 1938-1941 un interesante artículo titulado “La personalidad comunista” que analizaba el carácter de los creyentes del marxismo. Maslow establecía una doble clasificación. De una parte, las personas comunistas que sienten fobia hacia los demás ya que padecieron amargas experiencias en la vida y son poco eficaces para el partido. De otro lado, las personas comunistas seguras de sí mismas, realmente simpáticas y brillantes, que se entremezclan en el mundo. Dice el autor de éstas: “Es típico el que puedan entender o intenten entender a los que se oponen y a menudo puedan inconscientemente simpatizar con ellos. Por ejemplo, su interpretación del marxismo tiende a adoptar la forma de que el capitalista no es una mala persona, sino que se ve forzado a comportarse mal a causa de las fuerzas externas que hacen de él un explotador. Así, es posible para este tipo de comunistas ser amigo de personas que no creen como ellas”.

Da igual que una persona de esas características, por motivo de su autoridad pública, corte la enésima cinta inaugural, sea agasajado por multitud de expertos o converse en amistosa negociación con sectores angustiados. Su clave íntima es contraria. El hontanar mental de sus decisiones se opone al medio para el que trabaja, al menos hasta que ese hombre o mujer satisfaga intereses sobrevenidos o le repugne el método empleado en su agenda política. Por eso les resulta indiferente el horror al vacío en el valor de las casas tras la amenaza expropiadora o la delación entre vecinos que propiciaría esa nueva gestapo de los hogares. Seguirán aporreando puertas porque les sale gratis y demasiada gente se ha acostumbrado desde hace mucho tiempo a la sordera.

Capitalistas contra el capitalismo

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Asociar el liberalismo con las grandes empresas en un contexto en el que éstas a menudo proceden en connivencia con el Estado y se benefician de sus prebendas y privilegios resulta, cuando menos, grotesco. El Estado sirve a los grupos de presión y éstos con frecuencia los componen empresas y corporaciones, pues poseen la capacidad organizativa suficiente para pujar e influir en la gestión pública en pro de medidas políticas que les favorezcan directamente.

Un ejemplo reciente lo hallamos en la firma Wal-Mart, cuyo director general ha sorprendido a muchos reclamando al Congreso una subida del salario mínimo. Así, con este llamamiento progresista que contribuye a redimir su imagen de multinacional explotadora, Wal-Mart pugna en realidad por cercenar la competencia: Wal-Mart paga a sus empleados el doble del salario mínimo, con lo cual éste puede aumentar hasta un 100% sin que ello afecte a la compañía. Pero los competidores que, como Target Union, pagan salarios inferiores a los de Wal-Mart verían aumentados sus costes laborales y serían desplazados del mercado. El corolario, pues, de imponer cargas a las empresas es la expulsión del mercado de aquellas que no pueden asumirlas en beneficio de aquellas que ya las tienen asumidas, que ahora ya no deben competir con las anteriores.

Las empresas establecidas se benefician del régimen de licencias que, en innumerables sectores, veda el acceso a las competidores que no cumplen con los arbitrarios requisitos estipulados o que exceden el cupo dispuesto por la autoridad. Las subvenciones y los aranceles son igualmente una forma de proteccionismo que privilegia a unas empresas en detrimento de otras y a expensas de los consumidores. Del mismo modo el sistema de patentes y de copyrights confiere a determinadas empresas el monopolio legal sobre la explotación de ciertas ideas, garantizándoles así un flujo constante de rentas.

Mediante la expropiación forzosa las compañías pueden desarrollar proyectos sumamente ambiciosos sin que el rechazo de los propietarios de los terrenos suponga un impedimento. El Estado, en aras del “interés público”, expropia viviendas y negocios para que empresas privadas puedan construir en su lugar hoteles, centros comerciales, fábricas y oficinas. La subcontratación llevada a cabo por el Estado permite asimismo que múltiples empresas se lucren al margen del mercado. ¿Hasta qué punto pueden considerarse privadas aquellas corporaciones que, como algunas armamentísticas, obtienen sus ingresos del Estado y por tanto son financiadas con el dinero de los contribuyentes?

Los bancos, por otro lado, son los primeros beneficiarios de las políticas de expansión crediticia, pues pueden enriquecerse prestando un dinero que no tienen (dinero no respaldado por activos reales). Las empresas que antes reciben el nuevo dinero son las que se benefician en segunda instancia, pues disponen de un monto adicional para gastar previo a la subida de los precios.

Las corporaciones y las empresas no son inherentemente abusivas ni son producto de la intervención del Estado; se configuran espontáneamente en el mercado como organizaciones eficientes para gestionar recursos. Pero muchas de ellas, sin embargo, puede que no sean tanto víctimas como beneficiarios del estatismo. Quienes asocian el capitalismo con los intereses de la industria no saben distinguir entre la libre empresa, caracterizada por la ausencia de intervención pública, y el mercantilismo, la intervención estatal en defensa de ciertas empresas. Es preciso insistir, una y otra vez, en que el liberalismo no favorece los intereses de ningún colectivo particular, sino los derechos de todos y cada uno de los individuos.

El lenguaje tributario

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, reza el artículo 31.1 de la Constitución española, que recoge los principios y reglas materiales de nuestro sistema tributario. Se dice que en él se condensan los principios básicos que le confieren un carácter justo y de acuerdo con los valores constitucionales. Pero lo cierto es que no hay ni una sola palabra de este precepto constitucional que no sea chirriante con la libertad ni contradictoria con su propio significado.

Con el “todos contribuirán” encontramos la primera de las incoherencias de este importante artículo. Con este precepto los redactores de la Carta Magna pretendieron extender a la generalidad del pueblo la obligación de contribuir. Sin embargo, no se percataron de la fuerte oposición de ambos términos; pues “contribuir” es un acto totalmente libre y voluntario -cuando uno realiza una contribución está llevando a cabo un acto meditado por propia iniciativa. Mientras que el mandato a “todos” elimina cualquier posibilidad de elección, y por tanto, toda posibilidad de que uno pudiera decidir, sin interferencias, contribuir a algo (con su dinero). En términos orwellianos podría decirse que “lo obligatorio es voluntario”.

Con “de acuerdo con su capacidad económica” se supone que el sistema da cabida a la Justicia. Los mal llamados contribuyentes pagarían obligatoriamente según su capacidad económica, porque no es lo mismo cuando lo hace uno que tiene más dinero que cuando lo hace otro que tiene menos. No obstante, resulta igualmente injusto que ambos paguen, independientemente de la cuantía. Pero además, si tenemos en cuenta la cuantía, nos encontramos con que la Justicia deja de estar ciega, entrando en flagrante contradicción con la idea de la igualdad ante la ley, consagrada, por cierto, en otro artículo de la Constitución, el 14, que afirma rotundamente que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Lo que en términos orwellianos vendría a ser como: no toda desigualdad de trato de la ley infringe la igualdad ante la ley.

Estrechamente unido a lo anterior encontraríamos la progresividad. Así, una vez aceptado tácitamente que lo que se hace es algo voluntario (contribuir), que lo realizamos todos y cada uno de nosotros (generalidad), basado todo ello en la capacidad económica (igualdad), el sistema deviene perfectamente comprensible y asumible, y no resulta nada extraño para el ciudadano. Lo que ocurre, empero, es que gravar conforme a la renta obtenida no deja de ser un plus de discriminación y de injusticia, además de atentar contra el fruto de la empresarialidad de cada uno, su esfuerzo y su creatividad, y sobre todo, contra su propiedad y libertad.

“Un sistema tributario justo… que… en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Se dice que el principio de no confiscatoriedad supondría un límite a la progresividad y al sistema tributario en general. Supondría la salvaguarda de la propiedad privada y, en general, de la libre empresa. No obstante, uno podría preguntarse muy extrañado cómo los pagos, pero impuestos, que todos realizamos al fisco de manera voluntaria, pero por ley, e igualitariamente, pero según nuestra capacidad de pago, ¡podrían llegar a ser confiscatorios! Y es que por confiscatoriedad no se entendería la usurpación o desposesión de la propiedad ajena, cualquiera que sea su cuantía, por medios coactivos; sino simplemente aquella expropiación que sobrepasara unos ciertos límites. Lo que tal vez Orwell podría resumir con: lo confiscado, en realidad, es regalado.

 

Un artículo, un precepto, un sistema, producto de las ideas y lenguaje intervencionista que pervierte las palabras para subyugarlas a sus fines y que hay que combatir con astucia y con un buen asesor fiscal.

Ayudar al prójimo

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario. 3 comentarios en Ayudar al prójimo

En la parábola del Buen Samaritano (Lc 10, 25-38), un Maestro de la Ley le pregunta a Jesús qué debe hacer para alcanzar la vida eterna. Jesús le responde que dos cosas: “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo”. El Maestro de la Ley, que todavía no había visto satisfecha su curiosidad, inquiere a Cristo sobre quién es el prójimo. Para ello, Jesús le explica una parábola: “Un hombre fue asaltado y abatido por unos bandidos en el camino de Jerusalén a Jericó. Mientras estaba tendido en el suelo, pasaron por su lado un sacerdote y un levita que ni se dignaron a ayudarlo. Finalmente, llegó un samaritano, que lo montó en su caballo, lo llevo a la posada y pagó el hospedaje hasta su recuperación”. Según Jesucristo, este buen samaritano había obrado como el prójimo, por lo que instó al Maestro de la Ley a hacer lo mismo.

Durante mucho se ha considerado que este mensaje salvador sólo podía desembocar en un Estado socialista y paternalista. La obligación moral de ayudar al prójimo, de amarlo como a uno mismo -incluso de pagarle la posada- evidenciaban que Jesús era un socialista que quería redistribuir la propiedad de los ricos hacia los más necesitados. Sin embargo, esta interpretación de las Sagradas Escrituras es del todo incorrecta.

La clave para entender este pasaje se encuentra en la palabra prójimo. Prójimo viene de proximus, esto es, próximo, “que está cerca”. En otras palabras, Jesús nos insta a amar, respetar y ayudar a los que tenemos cerca, a las personas que caen dentro de nuestro radio de información. Este matiz es importante para disociar el mensaje bíblico de la “justicia cósmica” y del Estado providencia.

En otras palabras, el mensaje cristiano es contrario al constructivismo racionalista porque, como explicó Hayek: nadie puede llegar a conocer más que una minúscula porción de la sociedad y por lo tanto todo lo que puede ser incluido en sus motivaciones son los efectos inmediatos de sus actos en el ámbito que le es conocido (…) las necesidades humanas por las que él “puede” efectivamente preocuparse son una cantidad insignificante de las necesidades de todos los miembros de la sociedad.

De hecho, el entero pasaje bíblico es una reivindicación clarísima del capitalismo y la caridad privada frente a la torpeza y ceguera de los planificadores. Ya desde el comienzo, el Maestro de la Ley (el experto en derecho) es incapaz de reconocer a la figura del prójimo. En otras palabras, la ley no puede controlar las relaciones sociales, ya que la respuesta sobre a quién ayudar no puede hallarse en la ley, sino en el corazón y la experiencia de cada uno. Así mismo, al final del pasaje Jesús no exhorta al Maestro de la Ley a que difunda entre los judíos que están obligados por ley a ayudar al prójimo, sino que él mismo, de manera individual, lo haga.

En la parábola, además, quienes abandonan al hombre malherido son el sacerdote y el levita, personal del Templo. Y, en cambio, quien lo ayuda es un proscrito de la fe, el samaritano. La ley pues, no sólo no es necesaria, sino que incluso dificulta la ayuda al prójimo.

El samaritano monta a la víctima en su caballo y al llegar a la posada le paga al posadero con su dinero. Esta parte me parece esencial para la entera comprensión del pasaje. Si, en realidad, Jesucristo hubiera querido que cada persona se hiciera parte de todo el mundo restante, en ese momento el posadero debería haber rechazado las monedas que le ofrecía el buen samaritano, por tener la obligación de ayudar al prójimo.

Pero quien se encontró al hombre malherido fue el samaritano, no el posadero, por tanto el posadero bien podía cobrar y lucrarse por el mantenimiento de aquél. De hecho, Jesús afea sus conductas al sacerdote y al levita, pero no al posadero. Lo cual, dicho sea de paso, ilustra que podemos pagar a otros (caridad privada) para que se ocupen de los necesitados. El samaritano, cuando paga, se desentiende de su cuidado.

Así pues, Jesucristo no pudo amparar la redistribución forzosa de todos los recursos, pues era consciente de la imposibilidad de planificar desde arriba las necesidades de la sociedad. Así mismo, aseguró que el amor al prójimo es un requisito para la vida eterna, no para la terrenal. De manera que debía ejercitarse como una decisión libre y moral.

Precisamente, el Estado de Bienestar es todo lo contrario: una casta política de legisladores, confisca el dinero a los ciudadanos, para redistribuirlo ciegamente hacia personas que ni conocen. Difícilmente podemos calificarlo como una ayuda al “prójimo”.

Cuando lo real se oculta

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario.

Muy poca gente sabe que hace sólo medio siglo Cuba era más rica que Italia, o que Paraguay doblaba en ingreso per cápita a Corea del Sur, país este que, por aquel entonces, igualaba en riqueza a Zambia. Y si la gente no lo sabe es porque nadie se ha ocupado en decírselo. Lo que deberíamos hacerlo solemos pasarlo por alto porque lo damos por hecho. Tan convencidos estamos del poder creador del libre mercado que, por lo general, olvidamos que un buen ejemplo vale más que la mejor teoría. Pero no toda la culpa es nuestra. Un velo de silencio ha caído sobre las naciones no occidentales que han prosperado en los últimos cincuenta años.

Decir que un buen puñado de países, muchos de ellos superpoblados y hasta ayer pobres de solemnidad, se ha incorporado al primer mundo y hoy disfruta de rentas anuales más abultadas que las de la explotadora Europa no es, digamos, “económicamente correcto”. La letanía de los neosocialistas, es decir, de los del “Otro mundo es posible” consiste esencialmente en pintar un panorama catastrófico en el que los pobres serán cada vez más pobres por culpa de los ricos que quieren ser cada vez más ricos y poderosos a costa, naturalmente, de las penurias de los primeros.

Es el marxismo de siempre, la división del mundo en una dialéctica perversa que no conoce más que opresores y oprimidos. Así, el papel de las depauperadas masas proletarias lo interpretan ahora los no menos depauperados países del Tercer Mundo. El clásico ejercicio por el cual la riqueza en una sencilla operación de suma cero. Si yo tengo algo es porque te lo he quitado a la fuerza. Una injustísima relación provocada por “términos de intercambio” que sólo benefician a una parte y que exigen reparación inmediata. La nueva vanguardia revolucionaria son los movimientos indigenistas –los pueblos– guiados sabiamente por líderes justicieros en la línea de Chávez, Castro, Evo Morales o Mugabe. No importa demasiado que Venezuela, Cuba o Zimbabwe sean una ruina política, económica y moral. Los detalles no importan demasiado, sólo cabe remarcar el meritorio hecho de que estos valientes han roto con el nudo gordiano de la dominación capitalista invirtiendo los dichosos “términos de intercambio”.

La realidad, sin embargo, es terca y se niega a plegarse a los dictados de los apóstoles del caos. Extremo oriente es el mejor ejemplo pero no el único. Hong Kong, por ejemplo, es ahora más rico que su antigua metrópoli. Y esto es necesario recordarlo porque, con el manual en la mano, los hongkoneses estarían condenados a la perpetua explotación de sus antiguos dominadores. ¿Cómo es posible que sean ahora más ricos que ellos? Tailandia avanza con paso firme hacia el primer mundo mientras que su vecino, Birmania, uno de los de esos edenes socialistas que viven al margen del mundo, no llega a fin de mes y padece una cruel dictadura desde hace décadas.

En África, madre patria de todas las miserias, el patrón se repite. Los que han abrazado, aunque sea ligeramente, las recetas liberales disfrutan de un mejor pasar que los que perseveran en los controles de precios y las expropiaciones. Bostwana, sin ir más lejos, que, desde el principio, promovió el libre comercio y respetó la propiedad privada, crece resueltamente y hoy se encuentra a la cabeza del continente en renta per cápita.

En concreto, los bosquimanos gozan de unos privilegiados ingresos de 9.200 dólares por barba, es decir, justo la mitad de los portugueses. ¿Cuánta gente sabe esto? Sus vecinos, dilectos alumnos de la escuela del tercermundismo, se encuentran a años luz en términos de renta per cápita. Zambia no llega a los 1.000 dólares, Angola pasa con apuros de los 2.000 y Zimbabwe estaba el año pasado en 1.900 dólares y bajando, porque la desdichada nación africana decrece a un ritmo del 8% anual. Los tres países se encuentran, además, exportando emigrantes a Bostswana desde hace años, y esto no requiere demasiada explicación. ¿Le sorprende que nadie antes se haya ocupado en hacer una comparación tan simple? Normal, casi nadie la hace, y no porque salte a la vista sino porque no interesa. La causa de los “pobres de la tierra” no sólo se defiende con propaganda sino con toneladas de desinformación. Cuando es imposible negar lo real la única vía es ocultarlo.

¿Qué nos mueve?

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Análisis diario.

Hace seis meses me llevé la sorpresa de encontrar un informe “secreto” en Internet en el que el protagonista era yo. El documento aseguraba en su título que había sido desvelada la relación entre mi persona y la empresa Exxon. En el texto no podía encontrarse ni rastro de una misteriosa conexión que, por desgracia, no existe. Quienes lo escribían posiblemente intuían la inexistencia de dicha relación y por ese motivo me elevaron de investigador asociado y representante del CNE a, nada más y nada menos que, presidente.

Un par de meses después, en el transcurso de un debate celebrado en Canal Sur sobre Catástrofes Naturales, tuvo lugar otro hecho curioso. El banco de los ecologistas radicales, compuesto por Juan López Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España, Juan Clavero, miembro de Ecologistas en Acción, María Antonia Iglesias y José María Mendiluce, me dedicó toda una retahíla de insultos al tiempo que ignoraban mis preguntas y me acusaban de estar a sueldo de grandes multinacionales o de estar defendiendo oscuros intereses. El presidente de Greenpeace llegó a comentarme en privado que lo que no podía negarme es que me había aprendido muy bien la lección dictada desde arriba. En ese mismo debate María Antonia Iglesias insistió una y otra vez en una cuestión dirigida, claro está, a los que nos sentábamos en el otro banco: ¿Qué les mueve? No le importó ni un comino que le contestásemos una y otra vez que nos mueve el esfuerzo por conocer la verdad en este campo. Ella concluyó que mentíamos y que son las petroleras las que dictan nuestra actividad.

Hace pocos días el diario en Internet El Plural dio a entender que el Instituto Juan de Mariana y yo hacemos nuestra labor en defensa del medio ambiente, la libertad individual y en contra del principio de precaución, el protocolo de Kyoto y el ecologismo radical porque existe alguna oscura conexión entre las petroleras y supuestos lobbies a su servicio y nuestras actividades. Vamos, que somos algo así como los delegados del Belcebú en España.

Con motivo de un reciente artículo en Libertad Digital sobre la ONCE un enfurecido lector escribió: “No entiendo, salvo que trabajes al dictado de alguien, que pongas en tu punto de mira una entidad de la que viven 100.000 familias en este país.”

Todas estas críticas tienen algo en común. En ninguna de ellas su autor se toma la molestia de rebatir los argumentos que le habían sido expuestos. En cambio, tratan de que el público o incluso personas del entorno del Instituto Juan de Mariana duden de la motivación que pueda haber detrás de nuestro esfuerzo. Apuntan a oscuros intereses para no mojarse en el barro del debate racional. Como parece que esta táctica de los intervencionistas y grupos en defensa de todo tipo de privilegios va a ser una constante a la que nos vamos a tener que enfrentar, merece la pena hacer algunas reflexiones al respecto.

Puesto que trabajamos en aquellos asuntos en los que creemos y no estamos dispuestos a defender ningún tema que no suponga una defensa de la libertad individual de todas las personas, no tendría nada de malo recibir fondos de las pequeñas, medianas o grandes empresas que sepan cuales son los valores que defiende el Instituto. Y aprovecho la ocasión para solicitar a esas malvadas empresas que dicen defender el libre mercado para que nos ayuden a desempeñar nuestra labor con una lluvia de generosas donaciones.

No sólo no sería malo aceptar ayudas por parte de empresas que tengan intereses coincidentes con el Instituto sino que esa debe ser precisamente parte de nuestra sólida estrategia de futuro. Como es bien sabido, el IJM no acepta ningún tipo de ayudas o subvenciones públicas. La combinación de esa renuncia y la clara exposición de nuestros principios constituyen nuestra garantía de independencia. Por el contrario, nuestros rivales han demostrado una y otra vez que están dispuestos a comprometer y variar sus erróneas ideas por una tajada de los impuestos públicos, un coche oficial o la defensa de un político. Es su financiación y sus motivaciones lo que con frecuencia apestan.

Si bien su táctica de desprestigio puede influir en algunas personas, la gente racional e inteligente juzgará en función de los argumentos que expongamos ambos bandos. Y es entonces, al calor de la argumentación racional, cuando sus mentes amasadas con pasta pública se derriten. No contestan al argumento de que Kyoto distorsionará la economía empobreciendo a millones de personas mientras que sólo reducirá 0,02 grados centígrados; no responden a los datos sobre incidencia de huracanes; no alegan nada a los datos sobre el desigual deshielo; no rebaten que la inmensa mayoría de los ciegos trabaja para vender participaciones en un juego que es un monopolio otorgado por el estado; y así hasta el infinito. Ladran que hay algo oscuro en nuestras intenciones. Eso es todo.

Lo cierto es que sus argumentos, aquellos con los que raras veces nos contestan pero que sí exponen a sus fanatizados seguidores, son tremendamente limitados y contradictorios. Tenemos que ser conscientes de esa gran debilidad de nuestros rivales y explotarla con paciencia, perseverancia y perspicacia. Responderán manifestándose ante nuestros actos, robando en nuestra basura y quién sabe si con actos incluso más agresivos. También en esos momentos tendremos que mantener la cabeza fría. Una cámara de video siempre a mano nos puede ayudar a dar muestra de su talante, dejar informes falsos en la basura puede mantenerles entretenidos con “escándalos” fácilmente desmentibles y airear sus constantes insultos y mentiras pueden cambiar la percepción que tiene el ciudadano de estos contaminadores del debate público.

Resulta evidente que nuestros argumentos les duelen. De lo contrario no tratarían de desprestigiarnos de formas tan ridículas y groseras. No hay nada más doloroso para un fanático que escuchar un razonamiento contra su propio credo y no ser capaz de rebatirlo. Vamos por el buen camino, no me cabe la menor duda. Ahora sólo falta que las empresas nos inunden con sus aportaciones dinerarias. Que podamos contestar a nuestros detractores que “sí”, que “estamos orgullosos de merecer la confianza de cientos de personas y algunas empresas”. En mi carta a los Reyes Magos he pedido una lluvia de dinero proveniente de empresas privadas. Como nos hemos portado bastante bien confío en que, al menos, no nos traigan carbón (en todo caso un poquito de petróleo, por favor).

El cambio del modelo sueco

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

Suecia ha sido considerada durante años como el paraíso socialdemócrata al que debía aspirar cualquier sociedad civilizada. Sin embargo, sin que generalmente se informara en nuestro país sobre ellos, el país nórdico ha ido derribando algunos de los símbolos inamovibles para nuestra progresía local. Así, por ejemplo, adoptó ya en 1992 el cheque escolar para facilitar la elección de los padres de la mejor enseñanza para sus hijos, aún cuando éstos tuvieran la ocurrencia de preferir escuelas privadas. En un país en el que los sindicatos de estudiantes de treinta años se manifiestan porque el gobierno se resiste a dar latigazos a todo aquel que ose pretender ser una alternativa a la sacrosanta educación pública, una noticia así debería ser un shock. Quizá por eso es un hecho desconocido.

Mauricio Rojas, inmigrante chileno y diputado por el Partido Liberal en el Parlamento Sueco, ha publicado un libro que supone un redescubrimiento de la realidad sueca. El país nórdico no ha dejado de ser una socialdemocracia, pero ha cambiado de paradigma para ofrecer un sistema de “bienestar social” en el que las decisiones de cada ciudadano, y no el Estado, tenga cada vez más peso. Según las palabras del antiguo director de Timbro, Suecia ha pasado de tener un Estado benefactor a tener un Estado posibilitador, que redistribuye ingresos pero impone soluciones cada vez menos estatistas a los problemas de asistencia social, educación, sanidad o pensiones.

P.J. O’Rourke, en su apasionante y divertidísimo libro “Eat the rich”, escrito para averiguar “por qué algunos países prosperan y medran mientras otros simplemente apestan”, fue a Suecia a finales de la década pasada y preguntó cómo era posible que las cosas les fueran aparentemente tan bien si los indicadores económicos eran tan malos. “No tenemos ingresos, pero sí riquezas. Si vives en una casa grande y hermosa, tus vecinos pensarán que eres rico y, en cierto sentido, tendrán razón. Pero no te verán ir al banco a solicitar una segunda hipoteca”, le respondieron. El elefantiásico estado del bienestar sueco se construyó sobre la base de una prosperidad construida a base de libertad de empresa y de comercio y de la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Primero fueron ricos y luego se gastaron todo repartiéndose el dinero y gastándolo por medio de la burocracia.

En los años 90 vino el desastre. El desempleo pasó del 2,6% en 1989 al 12,6% en 1994, mientras el gasto público se disparaba del 56,2 al 72,8% del ingreso nacional. Desde entonces, en Suecia no sólo se dispone de cheque escolar sino que una parte de las pensiones es gestionada por los trabajadores de forma privada, convirtiendo Suecia en un país de inversores en acciones y acercándolo a una sociedad de propietarios. Otros servicios como la sanidad o el cuidado de niños o ancianos, está siguiendo progresivamente el mismo camino que la educación, a través de sistemas como los cheques o del pago directo del gobierno a proveedores privados, aunque de forma desigual al ser iniciativa de los gobiernos locales. Muchos monopolios estatales, como los de las telecomunicaciones, transportes urbanos o producción de energía, han sido desmantelados.

Suecia se ha transformado de lo más parecido a una sociedad socialista democrática que haya existido jamás a una nación donde los ciudadanos tienen cada vez más libertad de elección y responsabilidad personal, hasta un grado que, en muchos campos, resulta desconocido en nuestro país. Nuestros gobernantes harían mejor en fijarse en la Suecia real y actual que no en esa que sólo existe en sus sueños, si de verdad les importa el bienestar de sus ciudadanos.