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Uno de socialistas

Diversos colectivos izquierdistas han propugnado que el único camino para combatir la pobreza en el mundo es reduciendo nuestro desbocado consumo. El Tercer Mundo es pobre porque nosotros somos ricos. Si consumiéramos menos, el Tercer Mundo podría consumir más.

Detrás de esta argumentación se esconde una supina ignorancia económica. Aparte del hecho fundamental de que la tarta no esté “dada”, sino que el ser humano, gracias a su ingenio y empresarialidad, consigue ampliarla continuamente (de manera que sólo consumimos aquella parte nueva que hemos creado), no se explica a través de qué mecanismos económicos adquirirán los productos sobrantes las personas pobres.

Los trabajadores occidentales consumen mucho porque antes han producido mucho y tienen algo que ofrecer a cambio. Comprender este hecho me parece fundamental para ver el absurdo de la propuesta altermundista.

Si decidimos reducir nuestro consumo, por ejemplo, a la mitad, puede que hoy dispongamos de abundantes excedentes de bienes de consumo. Pero, ¿cuál será el incentivo mañana para continuar produciendo el doble de cuanto queremos consumir? En este escenario, o bien la gente se dedicaría a mejorar las estructuras de capital para reducir el tiempo necesario para producir los bienes y servicios que quieren consumir o, simplemente, reduciría su jornada laboral, esto es, reduciría la producción a la mitad.

En otras palabras, el excedente productivo que obtendríamos hoy si súbitamente nos abstuviéramos de consumir tanto, se esfumaría mañana. La única manera de continuar produciendo el doble sería, precisamente, estableciendo una dictadura socialista que obligara a los trabajadores a seguir acudiendo 8 horas al trabajo cuando podrían satisfacer sus necesidades con cuatro.

El problema no es que Occidente consuma demasiado, sino que los africanos producen demasiado poco. En este sentido, la pregunta oportuna es: ¿por qué África es incapaz de producir tanto como Occidente? Y no: ¿por qué Occidente es tan insolidario consumiendo la porción del pastel africana?

El pastel no está dado, lo producimos nosotros. Pídanos que consumamos menos y produciremos menos. La única vía expedita será entonces la mano férrea y tiránica de los políticos.

África tiene que enriquecerse a través de la producción. Necesita empresarios y capitalistas, esto es, necesita de un marco jurídico e institucional en el que la propiedad privada sea protegida y reconocida. Bien poco podemos hacer los occidentales para que salgan de su pozo; salvo una cosa, no hundirlos más con este tipo de propuestas absurdas y lamentables.

Burocracia y precio de la vivienda

Para la izquierda, el rápido crecimiento en el precio de las viviendas tiene un nombre oscuro y desagradable, los especuladores, y una solución, la intervención pública. El asunto de Tamayo y Sáez nos permitió ver la hipocresía de quienes, como Simancas o Luis Suárez, colectan ganancias inmobiliarias con la misma facilidad con que maldicen al infame sector del ladrillo.

Quienes citan a la especulación como culpable de nuestros males inmobiliarios olvidan que esta actividad consiste principalmente en comprar barato y vender caro. Eso significa que sólo pueden hacer su labor con éxito si los precios ya suben sin su intervención y, de hecho, al realizar su actividad, tienden a hacer subir el precio cuando éste es relativamente barato y a reducirlo cuando es relativamente caro. La especulación, en definitiva, ayuda a suavizar las subidas de precios. Además, es una explicación especialmente absurda si no se dan otros factores adicionales: si tantos especuladores hay comprando viviendas y haciendo subir los precios, la oferta debería crecer para atender a toda esa demanda, porque habría más dinero que ganar. Algo habrá que se lo impida.

Si su malo resulta no serlo, quizá la solución a todos los males que propugna el intervencionismo patrio pueda ser el verdadero culpable. El control político sobre el suelo siempre se ha citado en España como el principal causante del alto precio del mismo. Pero el problema no está sólo en que los ayuntamientos puedan decidir donde, cuando y cuanto se puede construir, impidiendo que la oferta de vivienda se amplíe para satisfacer la demanda. También está en las innumerables trabas burocráticas.

Un estudio recientemente publicado por el Cato Institute demuestra que, en Estados Unidos, hay una correlación clara entre el tiempo que se tarde en lograr los permisos para construir una vivienda y lo mucho que se eleva el precio final sobre la suma del precio del suelo y los costes de producción. Cuando se compra una casa, no se paga sólo eso sino también el coste de los permisos que haya que obtener para construirla. Dado que esos costes son difícil de evaluar, Edward Glaeser y Joe Gyourko han preferido utilizar una parte de los mismos, como es el tiempo medio que se tarda en obtenerlos. Y resulta que aquellas ciudades en las que el tiempo es mayor, también es mayor la diferencia entre el precio final con respecto a los costes totales que tendrían las viviendas sin intervención pública, esa santa venerada por la izquierda preocupada por el ciudadano.

Cabe esperar que en España la situación sea aún más exagerada. Lorenzo Abadía asegura que el precio de las viviendas en los Pirineos, pese a la mayor capacidad adquisitiva de nuestros vecinos, es un 20% más barato en el lado francés que en el español. En España, además, hay que contar con el precio del kilo del concejal de urbanismo. El elevado precio de las viviendas debido a la especulación se debe, en parte, a lo que hay que pagar bajo mano para la financiación de nuestros partidos políticos. Y esos son los que luego intervienen para salvarnos.

De libros blancos y otras desgracias

De entre todas las formas ideadas por los políticos para aumentar su capacidad de invasión de la esfera civil, probablemente la redacción de “libros blancos” sea la más elegante. Con el encargo del preceptivo “Libro Blanco”, el poder político disimula su ambición intervencionista, pues en última instancia no hará sino seguir las recomendaciones del grupo de expertos “independientes” encargado de su elaboración, cuyas conclusiones jamás consistirán en exigir al Estado que “saque sus sucias manos” del problema objeto de análisis sino, más bien, en todo lo contrario. El Libro Blanco de la energía, recientemente elaborado a petición del ministerio correspondiente, no desmiente nada de lo antedicho.

En España, a partir de 1997 se inició un tímido proceso de liberalización del sector energético con el que se trató de introducir un mayor grado de competencia. Sin embargo, el alcance de estas medidas tenía un recorrido bien corto y sus efectos acabaron por agotarse con el transcurso de unos pocos años. Ahora, los expertos liderados por Pérez Arriaga, estableciendo una errónea relación de causalidad, dicen que este proceso liberalizador ha sido un fracaso y que lo que procede es desandar lo andado para volver a uncir al sector energético al férreo yugo de la burocracia estatal.

Cada vez resulta más evidente que las ineficiencias del sistema eléctrico español nacen de la regulación de las tarifas fijadas por el estado. Precisamente por eso, las compañías eléctricas se dedicaron en los años de la burbuja bursátil a invertir en empresas de todo tipo, pues la inversión en su línea de negocio no es rentable con los precios intervenidos. Por tanto, lo imperativo no es intervenir más el sector, sino introducir progresivamente un mayor grado de liberalización que permita la formación de precios en un régimen de competencia real.

Tras una somera lectura (la densidad y volumen del tocho exigen cierto tiempo), la tesis que desarrolla el equipo de sabios seleccionado por Montilla, delegado plenipotenciario del Estat Catalá en Madrit, que en los ratos que le deja su elevada misión actúa de Ministro de Industria, parece ser precisamente la contraria. Por su parte, D. Josep, desde su atalaya, seguirá conminando a la población a apagar los aparatos de aire acondicionado cuando más calor hace y a ahorrar energía de las formas más imaginativas, lo que como ejemplo de política energética de un país avanzado no está nada mal. Para eso, la verdad, no hacían falta quinientas páginas.

¿Por qué es buena la importación?

Importar bienes y servicios es bueno para usted, bueno para la empresa en la que trabaja y bueno para la economía en su conjunto hasta tal punto que sigue siendo bueno cuando algunos negocios se ven obligados a echar el cierre. ¿Le sorprende? ¿No le cuadra la idea de que si compramos mucho al exterior nuestra economía pueda beneficiarse de ello? No se preocupe, es lo habitual. En asuntos como el comercio internacional sigue muy presente la mentalidad mercantilista en virtud de la cual la economía es un ejercicio de suma cero en el que unos ganan vendiendo y otros pierden comprando. Tal convencimiento hunde sus raíces en la noche de los tiempos, en el pasado más remoto de nuestra especie cuando ni se compraba ni vendía. Las “transacciones comerciales” eran por la fuerza y, efectivamente, implicaban que una parte se enriqueciese y la otra se empobreciese de manera súbita y, las más de las veces, inesperada.

En un entorno de libre mercado, respeto por los contratos y economía abierta comprarle cosas al vecino es bueno para las dos partes. Para el que vende y para el que compra. La experiencia nos dice que los países más abiertos, los que menos trabas ponen al comercio son los más adelantados, lo más competitivos y, naturalmente, los más prósperos. Holanda, por ejemplo, se desarrolló vertiginosamente en el siglo XVII cuando decidió organizar una vasta red comercial a escala mundial. Y eso que la Holanda de entonces apenas poseía bienes para exportar. En nuestros días el ejemplo lo han seguido algunas naciones con gran éxito. Singapur o Hong Kong llevan medio siglo dedicados, en esencia, a comerciar y no puede decirse que les vaya mal del todo. Otros países más grandes se han especializado en ciertos productos que ponen en el mercado a precios muy competitivos mientras compran el resto de bienes que necesitan. Taiwán, por ejemplo, es una inmensa factoría de aparatos electrónicos… y poco más. Los taiwaneses compran casi todo fuera de sus fronteras, que es mucho gracias a los suculentos rendimientos que les procura su actividad principal.

La bendición del comercio libre hace a las empresas más competitivas e impulsa siempre el precio de los productos hacia abajo. Si, por ejemplo, los burócratas de Bruselas prohibiesen en Europa importar automóviles, nuestros fabricantes, libres de la presión exterior encarecerían los coches y los harían peores porque, en definitiva, el mercado sería de su propiedad. Con el correr del tiempo las marcas europeas estarían desfasadas, no incorporarían avance alguno a sus vehículos y a los europeos no nos quedaría más remedio que conducir coches antiguos, caros y, probablemente, escasos. Lo mismo sucede con la ropa, las materias primas o la mano de obra. Si compramos pantalones hechos en la India porque son más baratos y de similar calidad que los tejidos en Barcelona ambos hemos ganado. Ellos porque han colocado un buen producto y nosotros porque hemos visto atendida nuestra demanda al precio que, subjetivamente, considerábamos adecuado. Es obvio que todo ese dinero obtenido gracias a la venta de pantalones no van a meterlo en un cesto de esos que emplean los encantadores de serpientes para servir de hogar a una letal cobra de anteojos. Una parte la invertirán en mejorar la maquinaria y otra en dotarse de bienes de consumo. Es probable que lo hagan fuera de sus fronteras. Cabe incluso la posibilidad de que satisfagan esa necesidad adquiriendo una tejedora hecha en Barcelona.

Los resultados prácticos del comercio en libertad son el mejor remedio contra la pobreza y el más eficaz acicate para propulsar la competitividad y la eficiencia de las empresas. Mejora las condiciones de vida en ambas partes y es un sólido cimiento para la paz y la concordia de todos los que poblamos este pequeño planeta. Porque dos individuos que cooperan e intercambian rara vez guerrean. La próxima que adquiera algo fabricado en el exterior no sienta cargo de conciencia, con ese pequeño gesto no sólo está atendiendo a una necesidad subjetiva sino que está contribuyendo decisivamente al bienestar de los muchos que han hecho posible que ese producto llegue hasta sus manos.

Misión condón

La teoría del desarrollo es una de las más desgraciadas ramas del empeño por entender la economía humana. Ha albergado un gran número de tonterías y lo que es más importante, de un calado ciertamente notable. Una de las corrientes más desmentidas por el desarrollo humano, pero más permanentes, sitúa la solución para los países más pobres en el control de la población.

Paul Ehrlich, uno de los intelectuales más influyentes del último tercio del siglo XX, publicó en 1968 The Population Bomb, reviviendo el terror maltusiano, al que adorna con nuevos y espantosos escenarios de poblaciones diezmadas por la inanición después de haberse multiplicado insensatamente. Simplemente no hay recursos para todos y nos abocamos al desastre si no seguimos la guía de Malthus y su profeta.

El libro de Ehrlich sirvió de prólogo para una de las revoluciones científico-económicas más notables del citado siglo; la llamada segunda revolución verde, que multiplicó la productividad agrícola por cifras sorprendentes. Hoy continuamos con esa notable mejora.

Me fijaré, no obstante, en un aspecto de esta corriente, y es en su propuesta de control de población. Los países pobres están condenados porque las familias crecen tanto que es pastel no da más que para migajas, para cada uno de ellos. Atrapados en el consumo más básico de lo que hay, no cabe el ahorro y el desarrollo. Solución: ayudémosles a controlar la población. Llevémosles condones para poder hacerlo.

Un condón es un bien muy barato. Tener un hijo es muy caro, también en esas latitudes. Resulta extraño plantearse que si tienen hijos sin parar es porque no pueden permitirse condones. Si se cree que el mercado no está interesado en llevarlos a los lugares más pobres, que sigan el destino de miles de camiones de Coca-cola. La cuestión es que simplemente desean tener más hijos. William Easterly, en su imprescindible The Elusive Quest for Growth, recoge un estudio realizado en numerosos países que concluye que el 90% de la fertilidad está explicada por el deseo de las madres de tener hijos. El mito izquierdista de que los salvajes no saben lo que se hacen y que ellos han venido al mundo para llevarles por el camino correcto se viene abajo.

Y es una decisión lógica. Las familias pobres tienen menos ingresos por hora de trabajo y pierden menos por el tiempo que dedican a una descendencia numerosa. Una prole creciente supone mayores ingresos futuros y una mayor seguridad, pese al coste inicial. Los incentivos son diferentes en una sociedad rica y por tanto muy productiva, en la que conviene concentrarse no en el número de hijos sino en aumentar las posibilidades de éxito de los que se tengan. Es una estrategia intensiva y no extensiva la que se favorece. De modo que, como dice el economista antes citado, “el mejor anticonceptivo es el desarrollo”, que viene acompañado de una transición demográfica, muy conocida.

La campaña de llevar condones a África resultó en un descomunal fracaso, con antecedentes en otros fracasos derivados de llevar a cabo otras teorías del desarrollo hermanas y primas de la maltusiana. Quizás la experiencia o la desconfianza en esa política fuera la que llevara a muchos como Gunnar Myrdal o Garret Harding a proponer esterilizaciones involuntarias masivas, que finalmente se llevaron a cabo. La enorme distancia de confianza en que uno mismo puede resolver los problemas ajenos y la que le inspira la capacidad de los concernidos en su propio juicio lleva a extremos como este.

Educación y ecologismo

La educación pública es una de las herramientas de adoctrinamiento más eficientes que han creado los partidarios del Estado. En conjunción con cualquier ideología puede convertir a buena parte de una sociedad en unas pocas décadas, eliminando de forma lenta pero segura cualquier tipo de crítica u objeción que pueda poner en duda la doctrina oficial. No es extraño que los partidos nacionalistas o los comunistas se hagan cargo de los ministerios y las consejerías de educación y cultura cuando tienen oportunidad. Tampoco es extraño que nuestros tiernos infantes encuentren habitual y conveniente lo políticamente correcto.

Tal es el caso del ecologismo, de las doctrinas y dogmas que defienden los grupos ecologistas. Con catorce años tuve un profesor de Ciencias Naturales que nos adoctrinó en el ecologismo. Bien visto era un adelantado a su tiempo: no hacía exámenes salvo uno al final y, por lo que recuerdo, daba un poco lo mismo lo que contestaras con tal de no cometer un error garrafal; la nota era toda una incógnita. Lo que sí recuerdo de él eran sus actividades extraescolares. Los que asistían a las manifestaciones contra la OTAN en Torrejón o se apuntaban a la creación de pegatinas y panfletos contra las energías sucias tenían muchas posibilidades de tener buenas calificaciones. Ya han pasado más de 20 años pero lo que en esa época era algo insólito y más en un colegio religioso, hoy es habitual y hasta aplaudido por nuestros dirigentes.

Uno de los pilares básicos de la política energética progresista es el uso indiscriminado de las energías alternativas. Nuestros vástagos deben aprender todas sus ventajas y si es posible, ninguno de sus inconvenientes ya que luego surgen los escépticos y no es bueno para los objetivos sociales. Con el lema “Nuestro viento, fuerza de riqueza”, la Asociación Aragonesa de Promotores de Energía Eólica (AEA) convocaron unos premios entre los Institutos de Enseñanza Secundaria de Aragón. El Consejero de Industria del Gobierno aragonés, el Director General de Educación y el Presidente de la AEA hicieron entrega de los premios al ganador, el IES Bajo Aragón de Alcañiz y al resto de los premiados.

El concurso pretendía dar a conocer el recurso que es el viento e impulsar el ahorro y la eficiencia energética. No creo que los alumnos hayan llegado a aprender que el viento es una fuente de energía con poca fiabilidad ya que depende del clima y este no es siempre favorable a las necesidades puntuales. Dudo también de que se llegaran a informar sobre los costes de producción de la energía eólica, excluyendo las subvenciones, y los compararan con los de otras fuentes. La corrección política nos dice que estos aspectos son irrelevantes si de por medio hay buenas intenciones y que en todo caso los infantes no deberán ser instruidos en ello si quieren ser en el futuro hombres de provecho.

Este tipo de adoctrinamiento es esencial si queremos conseguir una sociedad con las ideas claras. El despojar a nuestros alumnos de una parte de la cuestión es casi peor que mentirles pues lo que escuchan tiene signos de verosimilitud. Las empresas que viven en el nicho económico que ha creado el Estado lo tienen fácil a la hora de influir ya que al fin y al cabo están trabajando hombro con hombro con los mismos que controlan la formación. Los promotores de la energía eólica lo saben muy bien y si quieren agarrar las ayudas públicas tienen que colaborar con el sistema.

Siega de impuestos en Madrid

La eliminación, a partir de enero de 2006, del Impuesto de Donaciones para las familias que viven en la Comunidad de Madrid es una buena noticia que preludia sucesivas reducciones impositivas por parte de un gobierno autónomo inspirado en los valores de la libertad, pero hostigado permanentemente por un poder central socialista nada interesado en que los contribuyentes resuelvan con espontaneidad acerca de su ahorro a lo largo de generaciones.

La noticia es muy positiva, además, para la pervivencia de los emprendimientos familiares de volumen modesto (el 80% de la red empresarial española) y originará un eco favorable de la medida en los habitantes de otras autonomías que no disfruten de esta supresión (por ejemplo, en Castilla-La Mancha seguirán pagando al fisco una cantidad media del 20% de lo donado).

Hasta ahora era más recomendable -por cuestión de bonificaciones y plusvalías- esperar una herencia que donar en vida; situación extravagante, sin duda, por lo que tiene de asumir pasivamente el fluir, adverso o no, de los acontecimientos y de menoscabo de la libre voluntad sobre los propios bienes. El intervencionismo parece considerar a la donación como capricho simulador entre rentistas, cuando nuestro liberal código civil sugiere cautelas (usufructo, reserva de disponer, condiciones resolutorias…) que el donante puede establecer para defender, por su interés, aquello que los planificadores sociales siempre aseguran vigilar: la productividad, los empleos, la continuidad de una organización razonablemente próspera en el tiempo.

En definitiva, se dona por liberalidad, por provecho o por ambos conceptos a la vez; situaciones nunca entendibles por los envidiosos igualitarios.

La próxima siega, sin olvidar el Impuesto de Sucesiones, debería a su vez acabar con el de Patrimonio (IP), que nació hace casi treinta años con afán temporal para regularizar datos cuando se introdujo el IRPF en España, y que aún permanece como injusto monolito a la doble imposición, cuando la mayoría de los países de la OCDE lo han expulsado de su ámbito. Este IP mantiene uno de los tipos impositivos más elevados del mundo (2,5%), se acerca en algunos casos a la confiscación y dificulta en gran medida la acumulación de riqueza que puede planear de modo beneficioso en nuevas oportunidades para todos. ¿Para cuándo su merecido cercenamiento?

Ante el aliento liberalizador, no extraña la causalidad entre la anunciada supresión impositiva y la noticia del Ministerio de Hacienda sobre la importante mengua en la liquidación de ingresos para Madrid. Si hay más ciudadanos que pueden liderar numerosos proyectos en un sociedad mestiza, en ocasiones superficial pero templada ideológicamente, porque les queda más dinero en su cartera y animan a otros en su empeño, esta sociedad será inaprensible para los burócratas que desconfían de la complejidad y se verán en la obligación de desarticular su laboratorio ideológico por muchos años. Con certeza, es motivo para asfixiar las finanzas y ridiculizar los valores de los protagonistas de este seísmo fiscal que sacude los sofismas tributarios dominantes.

Los pobres en una sociedad libre

Cuando uno defiende la no-intervención del Estado en una discusión tarde o temprano debe enfrentarse a la sempiterna pregunta, a menudo lanzada en clave sumaria y aderezada con acusaciones de egoísmo e insensibilidad: “pero si el Estado no garantiza unos mínimos, ¿qué sucederá con los más pobres?”

Ante todo, el liberalismo no es una teoría moral, sino una teoría de la justicia, y en cuanto tal versa únicamente sobre el uso legítimo de la violencia. Al denunciar la redistribución de la riqueza y los “derechos” sociales no estamos diciendo nada acerca de las bondades o perjuicios de la generosidad o la solidaridad, sino señalando lo injusto de confiscar la propiedad de unos para beneficio de otros, de forzar a unos a servir a otros. El liberalismo proscribe el robo, en absoluto le corresponde decir a los hombres si deben ser egoístas o altruistas.

Dicho esto, como apunta Roderick Long, “una persona hambrienta necesita algo para comer, y uno no puede comer un derecho a la comida. En base a la generosidad y a la compasión, por tanto, un sistema que garantice un derecho a la comida pero no sea muy exitoso proveyendo comida, seguramente sea menos deseable que un sistema que suministre comida de forma sostenida pero no reconozca ningún derecho a la comida”. Y es el mercado, y no el Estado, el que mejor nos alimenta a todos. La solución a la pobreza no pasa por las medidas socialistas que convierten en pobres a los que no lo eran e impiden a los pobres dejar de serlo.

Un apunte previo: si ningún individuo en una sociedad libre está dispuesto a socorrer al pobre éste padecerá hambre, pero en un contexto estatista el político, sin el más mínimo apoyo social, no hará absolutamente nada en favor del necesitado. En caso de que la mayoría de ciudadanos rechace ayudar al pobre, el político tampoco hará nada, pero la minoría solidaria todavía puede alimentarle mediante la iniciativa privada. Y en caso de que la mayoría sea solidaria, el político asistirá a los pobres, pero la ciudadanía por sí misma les hubiera ayudado igualmente. Conclusión: el político sobra.

En una sociedad libre no habría leyes de salario mínimo o regulaciones laborales que al elevar los costes de contratación condenan al paro a una parte de la población. No se requerirían permisos para empezar un negocio ni se emitirían licencias que restringen la competencia y encarecen los servicios (la sanidad, por ejemplo). El precio de la vivienda, de la energía, de la comida… caería si el Estado no interfiriera en estos sectores, lo que beneficiaría a las capas más humildes. Los efectos asimétricos de la expansión crediticia que afectan especialmente a los pobres (pues asumen precios más altos antes de que hayan subido sus salarios) no tendrían lugar si hubiera libertad monetaria. Por otro lado, la caridad privada es mucho más eficiente que la pública, pues los donantes pueden retirar la confianza a las organizaciones que juzgan incompetentes, mientras que el Estado se nutre coactivamente y carece de incentivos para proceder con eficacia y honradez. Además, como consecuencia de una mayor prosperidad y empleo y una tasa menor o inexistente de impuestos, la gente poseería más dinero para efectuar donaciones.

En una sociedad libre, por tanto, habría menos pobres, la caridad llegaría a su destino en una mayor proporción y la gente dispondría de más dinero para donar a beneficencia. Así en una discusión quizás debamos ser nosotros los que preguntemos: “en ausencia de una irrestricta libertad de mercado, ¿qué sucede con los pobres?”

Crecimiento y propiedad

A día de hoy las claves concretas para el crecimiento económico siguen siendo un misterio. Todo tipo de respuestas y soluciones se han propuesto desde las distintas escuelas de las ciencias sociales, sin que ninguna haya aportado un salto definitivo que permita a cada uno de los individuos singulares que pueblan la tierra superar el yugo de la extrema pobreza.

No obstante, eso no quiere decir que no sepamos nada. Mucho se ha avanzado en el conocimiento de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones a lo largo del siglo XX, si bien el pasado siglo también nos ha enseñado a desconfiar de nuestras propias certezas. De hecho se podría decir que el siglo XX fue la culminación de la arrogancia racionalista, de la política de la fe, ya sea en las huestes liberales, sea en el resto, trayendo como consecuencias rupturas brutales en las expectativas vitales de los individuos singulares, cuando no su muerte, supuestamente en aras de su mejora.

Los sueños de la razón marxistas, como solución a los problemas del tercer mundo, se mostraron tanto cualitativa como cuantitativamente los más dañinos para las personas más necesitadas. No obstante, las políticas de liberalización y disminución del Estado planeadas por las inmensas y muy burocráticas instituciones internacionales (siempre aplaudidas con mayor o menor entusiasmo por parte de las escuelas liberales) para los países más pobres tampoco resultaron nada alentadoras. Y sinceramente no creo que estas últimas fallasen por incongruencias teóricas sino más bien por exceso de confianza en los resultados científicos, una arrogancia fatal que olvida la ingente cantidad de elementos que pasan completamente desapercibidos a nuestro siempre pequeño esquema teórico.

Así, hoy en día las nuevas y ya muy asentadas teorías sobre el crecimiento económico no inciden tanto en el alcance de el Estado en la economía sino en la existencia de ciertas instituciones como la propiedad privada y la libertad de contrato, aportando nuevos matices a las teorías previas que las corrigen y enriquecen. Como bien dijo recientemente Milton Friedman, decano de los economistas del libre mercado, “hace 10 años les habría aconsejado [a los países pobres] tres cosas: privatizar, privatizar y privatizar. Pero me equivoqué. Seguramente el Estado de Derecho sea más importante que la privatización”.

Esta idea, que ya aparece magistralmente descrita en “La riqueza de las Naciones” de Adam Smith, debe de ser tomada muy en cuenta, máxime ahora que la ciencia económica está obteniendo resultados concluyentes sobre la trascendencia de ciertas instituciones para el desarrollo económico. No obstante, no debemos de olvidar ese barniz escéptico consustancial al verdadero altruista, que teme caer en la casi inevitable sistematización racionalista cuya aplicación seguro que lleva, finalmente, a consecuencias inesperadas y no deseadas que perjudicar a los que se pretendía ayudar.

Pobreza y tráfico de órganos

La pobreza de muchas personas es trágica, y recurrir a la venta de un órgano para paliarla revela lo penosas que son sus condiciones de vida, pues si se hace es porque no vender es considerado subjetivamente aun peor. Pero escandalizarse ante ello y promover su prohibición no va a ayudarles en absoluto. Un reciente reportaje periodístico sobre el tráfico de órganos en Nepal revela múltiples falacias comúnmente admitidas.

Los traficantes de órganos son denominados mafiosos. Lo que hacen es ilegal y tal vez sean individuos con pocos escrúpulos morales o legales, pero no coaccionan a nadie ni emplean la violencia. Trabajan en zonas remotas para evitar ser descubiertos: los habitantes pobres de las ciudades no tienen la oportunidad de vender un órgano. Se dirigen a las familias más desesperadas en las zonas más pobres, pero ellos no son responsables de su pobreza y les ofrecen una posibilidad para mitigarla que siempre pueden rechazar. La ley sólo permite la donación voluntaria de un órgano a un familiar y castiga con cinco años de cárcel su comercio: afortunadamente para los pobres el tráfico de órganos no está entre las prioridades de la policía.

Los vendedores de órganos son denominados víctimas de las mafias. La venta de órganos se presenta como algo deplorable y, sin embargo, un alto porcentaje de los habitantes de los pueblos investigados han vendido ya uno de sus riñones y algunos ancianos dispuestos a vender a menor precio se quejan por no ser considerados aptos. Algunos aspirantes a vendedores incluso viajan a la ciudad sabiendo que no cobrarán nada si son rechazados y que tendrán que volver a su casa por su propia cuenta. Algunos campesinos trabajan como intermediarios y recorren los pueblos tratando de convencer a amigos y conocidos para que acepten las demandas de los traficantes, pero según el reportaje no son los más emprendedores sino las víctimas más desesperadas.

Algunos vecinos se han negado a vender un riñón al comprobar que el sacrificio no ha servido para cumplir los sueños de quienes aceptaron operarse: parece que los que aceptaron se dejaron arrastrar por la tentación de un dinero fácil y algunos que aceptaron todavía no ha tenido tiempo de arrepentirse. Un labrador en paro arrepentido de haber vendido su riñón (afirma que en su momento no vio qué otra cosa podría hacer) protesta porque diversas promesas no han sido cumplidas: si el tráfico de órganos fuera legal podría reclamar a la justicia. Cree que si se hubiera negado probablemente otros no habrían seguido su ejemplo: como si él fuera determinante para el comportamiento de otros. Creó el Comité de Víctimas del Tráfico de Órganos para tratar de alertar a otros, pero no le hacen mucho caso: el dinero ofrecido les resulta a priori más valioso que el órgano perdido.

Aunque se reconoce que algunos lograron pagar algunas deudas, comprar fertilizante para las cosechas y medicinas para sus hijos, según el reportero la mayor tragedia del tráfico de órganos de Nepal está en lo poco que han cambiado las cosas para los que accedieron a vender, que al parecer eran casi todos campesinos analfabetos que despilfarraron una cantidad inaudita de dinero en juego y bebida. Para algunos la situación incluso ha empeorado, ya que el padre de familia ha quedado debilitado por la operación y no puede trabajar la tierra como solía: no hay garantías de acierto en la acción humana.

Parece que el engaño constante de las mafias no pone en peligro un negocio en el que los traficantes se llevan con cada operación beneficios tres veces superiores de lo que pagan por un riñón. El periodista no aclara cómo ha obtenido una información así acerca de criminales sin escrúpulos, pero en un mercado libre esto sería un incentivo enorme para la actividad de más empresarios capaces de trabajar con márgenes menores, pagando más a los vendedores y cobrando menos a los compradores finales.

Los vendedores de órganos contribuyen a salvar las vidas de los ricos, pero ellos no tienen acceso a servicios sanitarios, ya que no hay en todo Nepal ni un sólo hospital preparado para realizar un transplante de riñón, el sistema público de salud está en bancarrota y las máquinas de diálisis apenas funcionan. Ojalá los nepalíes algún día dejen de ser pobres, pero incluso entonces tal vez a alguien le resulte beneficioso vender parte de su propio cuerpo porque recibe algo más valioso a cambio.