Ir al contenido principal

El timo de la energía eólica

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario. 2 comentarios en El timo de la energía eólica

Una de las energías alternativas con la que los ecologistas dan la lata más a menudo es la energía eólica. Consiste, esencialmente, en aprovechar la fuerza del viento para mover las palas de un molino que se encuentran engarzadas a una pequeña turbina que es la que, en última instancia, genera el precioso fluido eléctrico que hace posible, por ejemplo, que usted se encuentre delante de la pantalla leyendo este artículo. Aparentemente, todo son ventajas. Dejando de lado la arrebatadora estampa futurista de los parques eólicos, el combustible, es decir, el viento, es gratuito e inagotable. Carece de emisiones, la instalación de los molinos, aerogeneradores en el lenguaje técnico, es relativamente barata y su mantenimiento lo es aún más.

Sin embargo, y esto es lo que suelen ocultar arteramente los ecologistas, la energía eólica es muy poco eficiente. Genera muy poca electricidad y lo hace a su manera, esto es, cuando hay viento, ocupando grandes superficies que, además, han de estar elevadas y alejadas de núcleos urbanos. El espacio que precisa un parque eólico puede ser soslayado en un país como España, poco poblado y pródigo en altozanos donde no hay nada, sin embargo, la irregularidad del suministro y la escasa eficiencia por unidad de generación son un problema que invalida a este tipo de energía como alternativa y que puede llegar a poner a precio de oro el megavatio. A principios de 2004 España era el tercer país del mundo en potencia eólica instalada tras Alemania y Estados Unidos. Con todos los molinos funcionando a pleno rendimiento el parque entregaría a la red peninsular unos 6.000 MW. Cosa que, naturalmente, nunca sucede. Lo habitual es que los parques no lleguen, en promedio, ni a la mitad de esa cifra y, en algunos casos, no sumen entre todos más de 500 MW. No es demasiado atractivo, por lo tanto, invertir grandes cantidades de capital en una fuente de energía poco fiable y que depende de algo tan volátil como el viento y la fuerza con la que éste golpee las palas de los aerogeneradores.  

Mirándolo así, observando de cerca la cruda realidad de un parque eólico que se pasa media vida útil parado, el megavatio no es tan barato como nos cuentan sino que puede llegar a salir por un pico considerable. Si, además, algún político desquiciado toma la energía eólica como alternativa firme por motivos medioambientales a pesar de su elevado coste, podría suceder que el suministro se interrumpiese sin previo aviso y, lo que es peor, sin manera humana de reiniciarlo hasta que no vuelva a arreciar el viento. Un panorama nada alentador pero perfectamente posible si el lavado de coco perdura unos cuantos años más.

Si una fuente de energía es tan traicionera, ¿a qué se debe entonces el furor que causa en el gran público? Algo tiene que ver la prensa, muy dada a las expansiones ecologistas, y mucho a los fortísimos incentivos públicos que tiene generar electricidad de esta manera, lo que hace el megavatio aun más caro, porque de algún lado han de salir esas subvenciones. Cuando para producir energía (que no deja de ser un bien como cualquier otro) no se aplica el cálculo económico sino los intereses de políticos bienintencionados pasa lo que no tiene que pasar, es decir, que el consumidor queda irremediablemente alienado por cosas que ni le van ni le vienen. Cualquier persona normal lo que desea es que cuando apriete el interruptor se encienda la luz y que cuando le llegue la factura a los dos meses no se quede helado delante de ella. Esas son, o deberían ser, las dos prioridades de los que regulan el mercado energético. Que los ciudadanos no se queden sin luz y que paguen poco por ella. La energía eólica no es garante ni de lo primero ni de lo segundo. Tal vez valdría como complemento si las compañías generadoras lo creen necesario, o como generador idóneo para minúsculas comunidades a las que no llega el tendido eléctrico. Para todo lo demás es un inmenso fraude, un timo que está colando con una limpieza proverbial. En Estados Unidos han empezado a abandonarla y muchos son los parques que languidecen abandonados en California como testigos mudos de lo estúpida que puede llegar a ser la vanidad humana. Algo me dice que aquí tardaremos mucho en seguir esa senda.

Sherman y el origen liberticida de las políticas antimonopolio

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Análisis diario.

Durante las últimas dos décadas se han sucedido los trabajos de economistas que criticaban las políticas antimonopolio, o antitrust, por sus perversas consecuencias sobre economía y porque terminan siendo un arma de intervención estatal sobre la libertad de contrato y la libre empresa cuya utilización perjudica a la sociedad en su conjunto. El retorno de una mayoría de los economistas a una posición claramente contraria a estas políticas –posición que era lugar común de la casi totalidad de los economistas a comienzos del siglo XX– también ha ayudado reconsiderar la irreal teoría de la competencia perfecta que ni es perfecta ni representa la competencia que se da en el mundo real.

Sin embargo, casi todos los especialistas en la materia siguen pensando que, en su origen, la intención que movía a los valedores de estas políticas antitrust era la defensa de la competencia y, en consecuencia, de los intereses de los consumidores. Pero un repaso a la historia de la Sherman Act, la primera gran ley antitrust promulgada en 1890, muestra que la verdad es justo la contraria.

John Sherman, senador del partido republicano de los EEUU, protagonizó una cruzada para introducir la primera ley federal que permitiese prohibir una larga lista de acuerdos contractuales y formas de gestión empresarial que, en su opinión, eran típicas de las uniones empresariales conocidas como trusts. En su cruzada contra los pujantes trust, Sherman esgrimió que aquellos reducían artificialmente la producción de sus industrias para controlar el precio y perjudicar a los consumidores, lo que le permitió pasar a la historia como el defensor de los mismos frente al desenfrenado poder de las grandes empresas.

Sin embargo, el argumento de Sherman no resiste el más mínimo análisis histórico, económico ni epistolar. Las décadas previas a 1890, año en el que se aprobó el Sherman Act, fueron tiempos de un gran crecimiento económico y de vertiginosas innovaciones tecnológicas. Precisamente en los sectores en los que más importancia tuvieron los trust fue donde más creció la producción y la productividad gracias al aprovechamiento de las economías de escala, a la aplicación de nuevas tecnologías y al uso de nuevos sistemas de transporte como el ferrocarril. Fue también en esos sectores en los que se registraron las mayores caídas continuadas de los precios, tanto de los bienes de consumo como de los bienes de producción. Este proceso difícilmente puede entenderse como un perjuicio para el interés de los consumidores.

Y no es que el primer gran activista en favor de leyes antitrust malinterpretase las estadísticas o careciera de la lógica más elemental. El senador Sherman se autoproclamó defensor de los consumidores sin que nadie se lo pidiera con el único objetivo de cubrir las vergüenzas de sus verdaderas intenciones. En efecto, el estudio de su correspondencia muestra que jamás se escribió con asociaciones de consumidores para estudiar las demandas de éstos y, sin embargo, sí mantuvo intensos contactos con empresas ineficientes incapaces de competir con la alta productividad de los trust. Sherman eligió a los consumidores como escudo pero igualmente podía haber utilizado a los conejillos de la india si estos le hubieran sido más útiles para sacar adelante sus políticas contrarias a la libertad de mercado y la soberanía del consumidor.

Así pues, el origen de la primera ley antitrust no fue otro que el intento desesperado por parte de productores ineficientes y políticos faltos de la más mínima integridad moral de usar la fuerza para que el consumidor no pudiera elegir libremente la que a su juicio era la mejor dedicación de los siempre escasos recursos económicos. La máscara de Sherman debió desintegrarse años más tarde cuando defendió con igual ahínco una ley para la introducción de aranceles. Sin embargo, la demagogia y el ilusionismo lingüístico lograron que escapara casi limpio.

Si el análisis teórico está relegando las leyes y las políticas antitrust al lúgubre lugar que le corresponden, la investigación histórica permite establecer de una vez por todas su claro origen liberticida.

El Whiskey Tax

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Los impuestos, además de su función recaudatoria, tienen un aspecto netamente político, que los hace entrar en el juego de premios y castigos arbitrados desde el poder para afianzarse. Un claro ejemplo de ello fue el impuesto sobre el Whiskey, arbitrado por Hamilton con el apoyo del Presidente de los Estados Unidos, George Washington.

El país estaba dividido entre las colonias del noreste y las del oeste y el sur, por donde el país se estaba extendiendo. En las segundas predominaba una sociedad más rural, con valores individualistas e igualitaristas, que se desprendían del hecho de que cualquiera podía labrarse un futuro desplazándose más al oeste y adquiriendo las tierras que abrían antes de llegar al horizonte. Esos estadounidenses eran favorables a los republicanos de Thomas Jefferson y Madison. Los Estados más tradicionales, con una mayor población urbana, más compleja y comercial estaban más volcados a la industria y al comercio exterior. El estadounidense de Nueva York o Massachussets era más nacionalista y buscaba más poder para el Estado Federal. Era en estos poblados del norte donde los federalistas de Washington y Hamilton más apoyo recavaban.

Hamilton había presentado sus tres famosos informes: Report on Public Credit (1790), que se responsabilizó de las deudas de los Estados y las pagó, junto con las federales, a la par, el Report on a National Bank (1790), que dio lugar al primer fracaso de un banco central y el Report on Manufactures (1791). Este último, rechazado por el Congreso, intentó restituir el mercantilismo a niveles casi colbertianos. Su restitución del crédito público necesitaba de fondos, y uno de los impuestos arbitrados fue el del Whiskey, con un tipo del 25%. El preciado licor era ampliamente comerciado en los Estados de base republicana, en el oeste y el sur, donde incluso, ante el escaso desarrollo de las instituciones financieras, el Whiskey era utilizado como dinero. El impuesto sobre el Whiskey era, por tanto, una medida de venganza y su objetivo era tanto recaudatorio como político.

Los Estados del back-country, desde los territorios más occidentales hasta Virginia, Carolina y Georgia, se negaron a pagar el impuesto. Hubo una revolución silenciosa en contra del impuesto, lo que dejó a Nueva York, entonces capital, ante un nuevo reto y una nueva oportunidad para afirmar el vacilante y precario poder central. Washington expresó de forma certera que, si no se detenía la rebelión del impuesto sobre el Whiskey, “podemos decir adieu a todo gobierno en este país, a excepción del gobierno del populacho y de los club” y que “si las leyes se van a pisotear con impunidad, se pondrá fin, de un golpe, al gobierno republicano”.

Washington, que quería afirmar el poder del gobierno federal y Hamilton, que quería hacerlo sobre la parte de la población que se había rebelado contra sus reformas, decidieron nada menos que enviar 13.000 soldados, una fuerza mayor que la del Ejército Continental que ganó la Guerra de Independencia, a arrollar a los resistentes. Se puede considerar como unas maniobras, sin mayor importancia, porque no hubo una sola batalla. Un ejército de grandes proporciones frente a una sociedad que se había rebelado pacíficamente.

Este caso ilustra cómo se pueden utilizar los impuestos para castigar a determinadas capas de la población. Que su incidencia no es estrictamente neutral, especialmente en los impuestos especiales. Y que el Estado puede valerse de esa incidencia desigual para castigar o beneficiar a sectores específicos.

Energía política

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Energía política

La línea intervencionista gubernamental se hace más que patente en la política energética española. La adopción del infame protocolo de Kyoto y la no menos lamentable moratoria nuclear nos han condenado al uso indiscriminado de las mal llamadas energías renovables. Estas energías, cuyos efectos colaterales en términos ecologistas son prácticamente inexistentes, configuran lo que se podría llamar la energía política.

Y esta energía política forma parte habitual del lenguaje de todo dirigente de cualquier condición, desde las derechas más recalcitrantes hasta las izquierdas más progresistas, desde ayuntamientos y diputaciones hasta los ministerios más influyentes. Nadie se libra de opinar, adoctrinar, incluso obligar a que usemos o participemos de esta cara y solidaria manera de hacer sociedad.

Nuestra peculiar política energética esta de enhorabuena. En la murciana localidad de  Jumilla se acaba de autorizar la construcción de la mayor central de energía solar fotovoltaica de España. La planta que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Energía de la Comunidad Autónoma de Murcia y de la empresa Iberdrola, ocupará una superficie total de 120 hectáreas y generará una potencia total de 20 megavatios a cargo de 200 paneles de 100 kilovatios cada uno. De la noche a la mañana se ha convertido en el niño mimado del alcalde de la localidad, Don Francisco Abellán.

Aportará grandes beneficios para el municipio, como la posibilidad de tener energía alternativa, además de los ingresos que generan tanto las licencias de obras como su actividad económica, así como el canon fijo que la empresa deberá abonar por ocupación de los terrenos municipales.

Reveladoras las declaraciones del alcalde. En ellas se deja entrever que el único beneficio real para el municipio son los ingresos con los que engordarán las arcas del ayuntamiento en concepto de licencias, cánones y otros peajes.

Sería deseable que no se ocultara al ciudadano algunas otras consecuencias de la adopción de este tipo de políticas energéticas: que la producción de este tipo de energía es hasta once veces más cara que la generada por otros medios como nos indica el Libro Verde de la Unión Europea de Energía; que los 20 megavatios vayan a costar 130 millones de euros mientras que la central de ciclo combinado ubicada en el Puerto de Bilbao, de 800 megavatios, ha costado 260 millones; que al tener un precio intervenido, las diferencias a la hora de usar esta energía son repercutidas en todos los contribuyentes y no sólo en aquellos que gustan y quieren usarla; que esta energía tan dependiente del clima, no asegura una continuidad en el suministro. Todo ello es irrelevante si de por medio hay buenas, inocentes incluso malignas intenciones.

Don Francisco Abellán y todos sus imitadores, por arriba y por abajo, ya tienen su central a la que se unirán varios aerogeneradores y seguirán haciendo política para salvar a la sociedad de sí misma, que para eso les ha elegido el pueblo soberano.

Emprendedores sin brújula

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

Salvo la muy honrosa excepción de la ESEADE de Martín Krause y alguna que otra institución, el panorama de una eficaz enseñanza para emprendedores en el ámbito hispánico es verdaderamente sombrío. El valor predominante en la formación empresarial es el sempiterno pensamiento estratégico plagado de cronogramas imposibles de cumplir y de aburridas matrices de ponderación ajenas al nervio diario que la empresarialidad requiere. Hoy mismo vuelven a la carga Michael Porter con su penúltimo refrito y Stephen Covey con otro nuevo hábito –¡y van ocho!– para sus numerosos lectores planificadores que le siguen con unción. Es claro el dominio de esta escuela managerial en las consultoras de organización y en los departamentos de las compañías, ya que ofrece un espejismo de equilibrio perfecto en la resolución de problemas – es hija dilecta, sin duda, de la economía neoclásica – y justifica el salario de muchos actores interesados en el auge de la sistematización. En definitiva, el paradigma de la planificación estratégica es el imperio de lo políticamente correcto y controla a los disidentes a través de su banal neolengua.

Lo que pasa es que desde hace relativamente poco tiempo los propietarios de negocios y sus consejeros externos, cansados de un management sin espíritu, han vuelto su mirada hacia sucedáneos fáciles de digerir de base presuntamente cultural y afán ejemplarizante. Ahora cualquier destacada figura histórica sirve como modelo de gestión empresarial y se ha desembocado a una situación en la que personajes como ayer el gurú Osho y actualmente Deepak Chopra –ilustres espiritualistas, sin duda, pero completos desconocedores de lo que se cuece en las firmas– pasan por ser augures de la toma de decisión empresarial.

Mientras tanto, a pesar del páramo, la aportación fundamental (fundacional) sobre la empresarialidad de Ludwig von Mises, Ronald Coase y demás seguidores de ambos maestros permanece casi inédita en la explicación pública de la dinámica de los negocios. ¿Cuál es la causa de esta lamentable situación? ¿La poderosa fuerza doctrinal de los oponentes de la escuela austriaca? ¿O quizá también cierto apocamiento de un ambiente intelectual que evita como sea el combate por las ideas y prefiere entretenerse en la urgentísima, al parecer, distinción sobre quien es galgo liberal y quien podenco novoinstitucionalista?

En una ocasión, almorcé junto con unos amigos en un distinguido restaurante de Ávila. Durante la sobremesa, el propietario y gran cocinero de aquel establecimiento se acercó a nuestro rincón, puesto que conocía a alguno de los comensales, y nos confesó al instante la clave de su oficio. Era su caso práctico para nosotros: uno de sus colaboradores abrasó una amplia fuente de asados y la hora de aparición de los clientes se aproximaba. Aparentemente, aquella montaña de carne devenía inservible. El propietario no se arredró ante la hecatombe y en un tiempo record lavó las piezas, raspó los costurones negros del incendio, elaboró una nueva salsa y preparó un fuego más benigno. Por supuesto recibió, como siempre, las felicitaciones de sus parroquianos. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Tirar los inputs al cubo o improvisar a la carrera una solución beneficiosa para todos?

Sí, ya sé que el ejemplo tiene poco carácter científico y que los mandarines de lo obvio se llevarán las manos a la cabeza. No obstante, en esta sencilla muestra aparecen tres supuestos esenciales: moral hazard a tope, coste de oportunidad en el alero e ingenio empresarial a raudales. El precio de la honestidad, de los acontecimientos y del saber fragmentado. Eso no lo cuentan todos los días en los tibios salones del management.

Leer más

Ondas públicas, libertad cercenada

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Como apuntara el economista liberal Murray Rothbard, sin imprentas de propiedad privada no hay libertad de prensa. En un escenario en el que el Estado se atribuye la titularidad de todas las rotativas los periódicos no publican lo que quieren, sino lo que los burócratas toleran. Tal es la situación en España con respecto a la radio y la televisión. Así el artículo 43 de la Ley General de Telecomunicaciones establece que “el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, cuya titularidad, gestión, planificación, administración y control corresponden al Estado.” El espectro, se alega, es limitado, motivo por el cual la Administración pública debe nacionalizar las frecuencias y hacerse cargo de su distribución y gestión. ¿Debe entonces nacionalizar también el suelo y adjudicarlo caprichosamente? Bueno, en cierta medida ya lo hace… Pero, ¿desde cuándo el hecho de que un bien sea escaso es una razón para no someterlo al sistema de precios y no la condición sine qua non para estar sujeto al mismo? La función del sistema de precios es justamente la de asignar bienes escasos de forma eficiente. Los bienes tienen precios porque son escasos. La naturaleza de las frecuencias radioeléctricas no comporta aquí dificultades adicionales. Las ondas serían objeto de apropiación de acuerdo con el clásico principio lockeano del “homesteading” o primer usuario: una frecuencia determinada devendría propiedad de aquél que primero la utilizara. Si un tercero interfiriera en su señal estaría violando su propiedad. De este modo, con arreglo al derecho consuetudinario, un tribunal de Illinois resolvía en 1926 un conflicto sobre interferencias radioeléctricas (Tribune Co. v. Oak Leaves Broadcasting Station).

Las causas, pues, que explican la injerencia estatal son en realidad otras: el afán del poder político por controlar los medios y moldear la opinión pública y la demanda de privilegios por parte de ciertas empresas consolidadas del sector. Es ilustrativo el caso de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (antes la Comisión Federal de Radio), nacida en 1927 con el pretexto de poner orden allí donde ya lo había y utilizada por el lobby de la radiodifusión AM para protegerse de la competencia de la FM y la televisión por cable, y luego por el lobby de la AM y la FM para bloquear el desarrollo de la radio por satélite. Los burócratas de la Comisión, mientras tanto, ejercían la censura denegando licencias y renovaciones a varias emisoras que no eran de su agrado. Cuando en 1934 se incluyó entre sus competencias la regulación de la telefonía y el telégrafo quedó patente que el organismo no se creó como respuesta a la limitación del espectro.

En tanto no se ponga término a la titularidad pública del espectro radioeléctrico y se desmantele el actual régimen de concesiones, el Estado seguirá imponiendo barreras de entrada en el sector y asignando frecuencias a discreción, generando escasez artificial y cercenando la libertad de expresión. Hasta que no se privaticen las ondas los burócratas seguirán arrogándose el curioso derecho de concedernos algo que no les pertenece.