El economista español Jesús Huerta de Soto, miembro destacado del Instituto Juan de Mariana y figura clave del pensamiento libertario a nivel internacional, ha sido distinguido por el Gobierno de Argentina con la Orden de Mayo al Mérito en el Grado de Comendador. Con esta condecoración, la Administración del presidente Javier Milei, que recibió el Premio Juan de Mariana en 2024, reconoce la “extraordinaria labor académica” del profesor Huerta de Soto, así como su influencia en la difusión de las ideas de la libertad en el ámbito hispanoamericano.
Jesús Huerta de Soto es catedrático de Economía Política en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de una monumental obra que ha contribuido decisivamente a renovar el interés por la tradición austriaca. Su tratado Dinero, crédito bancario y ciclos económicos es considerado uno de los textos fundamentales del pensamiento económico contemporáneo. En su trayectoria destaca también una firme defensa de los pilares del liberalismo clásico: la propiedad privada, el orden espontáneo y un mercado libre de intervenciones coercitivas. A esto se suma una dilatada trayectoria como empresario.
El Instituto Juan de Mariana mantiene una estrecha vinculación con Huerta de Soto desde sus inicios. De hecho, en 2006 fue el primer galardonado con el Premio Juan de Mariana, distinción que reconoce a quienes han dedicado su vida a la defensa ejemplar de una sociedad libre. Además, el profesor Huerta de Soto ha sido un invitado habitual en las actividades del IJM, inspirando a generaciones de jóvenes liberales con su rigor intelectual y su incansable entusiasmo. El Instituto difunde de forma regular las clases del profesor Huerta de Soto en su canal de Youtube, contribuyendo a su difusión a nivel mundial.
Esta reciente distinción del Gobierno argentino se suma a una larga lista de reconocimientos internacionales, y refuerza la huella que Jesús Huerta de Soto ha dejado en el resurgir de las ideas liberales en Iberoamérica. Desde el Instituto Juan de Mariana celebramos este merecido homenaje a su figura, especialmente en un momento político como el que vive Argentina, donde el gobierno de Javier Milei está poniendo en marcha una exitosa agenda de gobierno de corte liberal-libertario. El economista español Jesús Huerta de Soto, miembro destacado del Instituto Juan de Mariana y figura clave del pensamiento libertario a nivel internacional, ha sido distinguido por el Gobierno de Argentina con la Orden de Mayo al Mérito en el Grado de Comendador. Con esta condecoración, la Administración del presidente Javier Milei, que recibió el Premio Juan de Mariana en 2024, reconoce la “extraordinaria labor académica” del profesor Huerta de Soto, así como su influencia en la difusión de las ideas de la libertad en el ámbito hispanoamericano.
Jesús Huerta de Soto es catedrático de Economía Política en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de una monumental obra que ha contribuido decisivamente a renovar el interés por la tradición austriaca. Su tratado Dinero, crédito bancario y ciclos económicos es considerado uno de los textos fundamentales del pensamiento económico contemporáneo. En su trayectoria destaca también una firme defensa de los pilares del liberalismo clásico: la propiedad privada, el orden espontáneo y un mercado libre de intervenciones coercitivas. A esto se suma una dilatada trayectoria como empresario.
El Instituto Juan de Mariana mantiene una estrecha vinculación con Huerta de Soto desde sus inicios. De hecho, en 2006 fue el primer galardonado con el Premio Juan de Mariana, distinción que reconoce a quienes han dedicado su vida a la defensa ejemplar de una sociedad libre. Además, el profesor Huerta de Soto ha sido un invitado habitual en las actividades del IJM, inspirando a generaciones de jóvenes liberales con su rigor intelectual y su incansable entusiasmo. El Instituto difunde de forma regular las clases del profesor Huerta de Soto en su canal de Youtube, contribuyendo a su difusión a nivel mundial.
Esta reciente distinción del Gobierno argentino se suma a una larga lista de reconocimientos internacionales, y refuerza la huella que Jesús Huerta de Soto ha dejado en el resurgir de las ideas liberales en Iberoamérica. Desde el Instituto Juan de Mariana celebramos este merecido homenaje a su figura, especialmente en un momento político como el que vive Argentina, donde el gobierno de Javier Milei está poniendo en marcha una exitosa agenda de gobierno de corte liberal-libertario.
El economista español Pedro Schwartz, destacado exponente del pensamiento liberal, ha sido distinguido con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo por parte de la Comunidad de Madrid. Con esta condecoración, el Ejecutivo regional encabezado por Isabel Díaz Ayuso reconoce su valiosa aportación intelectual, clave en la configuración del modelo económico que ha convertido a Madrid en un ejemplo de éxito y dinamismo económico.
Schwartz es un reconocido economista y todo un referente del pensamiento liberal y autor de una amplia obra académica y divulgativa. A lo largo de su trayectoria ha defendido con firmeza los principios del libre mercado, la responsabilidad individual y el Estado de Derecho.
En reconocimiento a su admirable periplo, el Instituto Juan de Mariana le concaedió el Premio Juan de Mariana durante la Cena de la Libertad del año 2014. Recientemente, el IJM fue una de las entidades convocantes de un emocionante homenaje celebrado con motivo de su 90 cumpleaños. El acto celebró su legado y su influencia en varias generaciones de pensadores y economistas.
Schwartz, que ha publicado recientemente un libro de memorias titulado Las cicatrices de la libertad y articulado a través de conversaciones con Francisco Cabrillo y Thomas Baumert, ha sido presidente de la Sociedad Mont Pelerin, donde trató a lo largo del tiempo con otras grandes figuras del ámbito liberal como Friedrich Hayek, Milton Friedman o Karl Popper, de quien fue alumno en la London School of Economics.
Impulsó Unión Liberal, partido por el que fue elegido diputado en el Congreso durante los años 80, y jugó un papel fundamental para promover la adopción de políticas económicas liberales tanto en los gobiernos de José María Aznar como en la Comunidad de Madrid, bajo los liderazgos de Esperanza Aguirre y de Isabel Díaz Ayuso.
Desde el Instituto Juan de Mariana celebramos este nuevo reconocimiento a la trayectoria de Pedro Schwartz e invitamos a nuestros socios, simpatizantes y amigos a hacer clic en este enlace para consultar los tres libros recopilatorios que editamos en enero para conmemorar los 90 años de este verdadero gigante de la libertad.
El pasado 30 de abril, el prestigioso diario estadounidense The Wall Street Journal publicó el artículo titulado Cómo se apagó España, firmado por Gabriel Calzada, presidente del Instituto Juan de Mariana, junto con Manuel Fernández Ordóñez, físico nuclear y profesor universitario, y Daniel Fernández, doctor en Economía y divulgador.
El texto, que ha generado un importante impacto internacional, analiza las causas técnicas y políticas del colapso energético que dejó a oscuras a España, Portugal y parte de Francia el 28 de abril.
“La vida cambió para los españoles al mediodía del lunes, 28 de abril. Con el sol en su punto más alto, la red eléctrica del país, alimentada en gran parte por energía solar, se apagó”, escriben los autores. Apenas unos días antes, el gobierno español había celebrado que la red funcionaba al 100% con energía renovable, de modo que la desconexión de la red eléctrica fue un mazazo para esa narrativa.
En palabras de Calzada y sus coautores, “el porcentaje casi récord de producción de energía solar en España iba acompañado de una cantidad menor de energía eólica—ninguna de las cuales es capaz de estabilizar el sistema en caso de que sea necesario hacerlo”. La red contaba además con una proporción reducida de generación con turbinas síncronas —apenas un 30%— lo que conllevaba una bajísima inercia del sistema: “equivalía a jugar con fuego (o más exactamente, con el sol)”, denuncian.
El artículo subraya que “la estabilidad de una red eléctrica depende de un equilibrio mantenido mediante generación síncrona usando turbinas que almacenan energía en sus generadores rotatorios”, algo que se ha perdido por el avance político, no técnico, de la transición energética. En este contexto, “una combinación de precios de mercado bajos y una punitiva alta carga impositiva —que representa el 75% del costo variable de la producción de energía— también dejó fuera de juego a la mitad de la capacidad nuclear del país”.
Gabriel Calzada denuncia junto a Manuel Fernández Ordóñez y Daniel Fernández que “las voces que advirtieron sobre el considerable riesgo de forzar en exceso la energía renovable fueron marginadas por el operador del sistema”, empresa controlada por el Estado, que negó la posibilidad de apagones, negaciones que fueron amplificadas por medios de comunicación afines al Gobierno. El resultado fue un sistema frágil, sin margen de maniobra, basado en postulados ideológicos más que en la física o la ingeniería.
“El colapso de la red fue el resultado de una serie de errores descarados por parte de los legisladores, que ignoraron advertencias basadas en leyes físicas. Podría decirse que España voló demasiado cerca del sol, dejando su red eléctrica expuesta a desequilibrios que se volvieron imposibles de estabilizar”, concluyen.
Desde el Instituto Juan de Mariana se insiste en que una sociedad moderna no puede funcionar sin una red eléctrica estable y resiliente. Para Gabriel Calzada, Fernández Ordóñez y Daniel Fernández, “un sistema racional debe estar diseñado para lidiar con eventos inevitables; el sistema de España fue diseñado políticamente, no racionalmente”. Como cierre, el artículo lanza una pregunta clave: “¿Aprenderá alguien de esta lección?”.
El artículo al completo se puede leer en inglés en la página web de The Wall Street Journal, haciendo clic aquí. Para leer el artículo en castellano, puede hacer clic en este enlace.
Además del artículo publicado en The Wall Street Journal, los tres autores han desarrollado un análisis más extenso en el documento titulado El gran apagón: Por qué colapsó el sistema eléctrico. El informe, publicado por la Universidad de las Hespérides, se puede descargar en este link.
Panamá vive bajo un régimen de dolarización desde 1904. Su constitución prohíbe explícitamente la emisión de papel moneda no convertible. En cualquier discusión sobre la dolarización, Panamá es un elemento imprescindible. Sin embargo, su sistema monetario es poco comprendido, especialmente desde una perspectiva histórica. Me ha resultado difícil encontrar una explicación concreta sobre cómo Panamá desarrolló su curiosa jurisprudencia monetaria o incluso sobre cómo exactamente llegó a dolarizarse hace tanto tiempo. En esta entrada, procuraré arrojar luz sobre ambos interrogantes.
Generalmente se asume que Estados Unidos impuso la dolarización en Panamá debido a la Zona del Canal de Panamá. Pero esto no es cierto. La verdadera historia es mucho más interesante. La publicación está dividida en dos grandes secciones:
Por qué Panamá prohíbe constitucionalmente la emisión de papel moneda
Por qué y cómo Panamá adoptó el dólar estadounidense como moneda de curso legal
Primera parte – Por qué se prohibió el papel moneda
Panamá se separó de Colombia en noviembre de 1903. Pocos meses después, en febrero de 1904, se promulgó la nueva constitución panameña, que aún conservaba vestigios de la jurisprudencia económica colombiana. Como es de esperar, comprender por qué Panamá es hoy como es, exige adentrarse un poco en la historia monetaria colombiana de finales del siglo XIX.
Utopía en un banco
A mediados del siglo XIX, el panorama político colombiano estaba marcado (a grandes rasgos) por dos facciones ideológicas. Por un lado, estaban los federalistas, quienes impulsaban una mayor descentralización, siendo algo así como los libertarios pro-autonomía estatal de la época. Tras sucesivas revueltas, lograron hacerse con el poder y crearon los Estados Unidos de Colombia en 1863. Esta versión de Colombia estaba compuesta por varios estados autónomos, siendo Panamá uno de ellos. Sin embargo, las revueltas civiles entre facciones continuaron, y hacia 1880, Rafael Núñez, líder del bando centralista, alcanzó la presidencia. Núñez se oponía férreamente al federalismo y encabezó un movimiento conocido como La Regeneración, que portaba el lema «Una Nación, un Pueblo, un Dios». Se trataba de una ideología centrada en la unificación, la centralización y el control.
Núñez actuó rápidamente para centralizar el Estado colombiano, transformando todos los estados previamente autónomos en departamentos administrados desde Bogotá (la capital). Núñez, junto con Miguel Antonio Caro, su vicepresidente que lideraba buena parte de las operaciones gubernamentales, buscaba implementar diversos proyectos de desarrollo impulsados desde el Estado. Pero en ese entonces, la economía colombiana estaba principalmente organizada en torno a principios bancarios libres, y los bancos privados no consideraban prudente prestar grandes sumas al gobierno de Núñez. Por lo tanto, se convocó al Congreso para crear un nuevo banco estatal (el Banco Nacional) y establecer una moneda nacional de papel.
Muchos colombianos eran escépticos frente a los nuevos pesos en papel. Para disipar estas dudas, Núñez realizó lo que equivalía a una gira nacional intentando convencer a la población de que aceptara esta moneda emitida por el Estado. Sin embargo, los círculos empresariales continuaron oponiéndose activamente al papel moneda del Banco Nacional.
En 1886, el gobierno de Núñez instituyó una regla monetaria conocida en la literatura histórica como el «Dogma de los 12 Millones», diseñada para dar confianza a la moneda de papel. Este principio pretendía impedir la emisión excesiva de dinero, limitándola a un máximo equivalente a tres veces los ingresos nacionales. En aquel entonces, la renta del país era de aproximadamente cuatro millones de pesos, así que esta nueva política monetaria establecía que la emisión de moneda en papel por parte del Banco Nacional no podía superar los doce millones de pesos.
Como era de esperarse, esta regla monetaria no se respetó. Los conflictos políticos entre facciones continuaron intensificándose, llegando finalmente a la Guerra de los Mil Días (1899–1902).
Tal como suele suceder en estos casos, el gobierno terminó financiando la guerra mediante la emisión descontrolada de papel moneda.
El historiador económico colombiano Enrique Caballero Escovar, en su obra Historia económica de Colombia, estimó que entre 1899 y 1903 se emitieron más de 831 millones de pesos en papel moneda, una cifra astronómica, muy superior al límite original de 12 millones. La inflación se disparó al 15,2 % en 1899, alcanzó el 66 % en 1900 y llegó al exorbitante nivel del 389 % en 1901, promediando aproximadamente 120 % hasta 1903.
Al finalizar la guerra civil, el nuevo gobierno colombiano promulgó el Decreto 217, que expresaba la intención explícita de eliminar la emisión de papel moneda (“por el cual se suprimen las emisiones del papel moneda”). Finalmente, se logró estabilizar la situación monetaria cuando el Congreso aprobó, en julio de 1903, una ley basada en dicho decreto, prohibiendo oficialmente la emisión de papel moneda por parte del gobierno central.
Trauma del alumbramiento
Los panameños se opusieron rotundamente a la centralización del Estado colombiano impulsada por la Regeneración de Núñez. Desde mediados del siglo XIX, Panamá había sido el estado más próspero de los Estados Unidos de Colombia, gracias en gran medida a la Panama Railway Company, que servía a numerosos viajeros que iban desde la costa este de Estados Unidos hasta California vía Panamá (una ruta más corta que atravesar el continente por tierra). Sin embargo, cuando Estados Unidos construyó su primer ferrocarril transcontinental, el número de pasajeros por la ruta panameña se redujo drásticamente. Además, la política de Núñez consistía en extraer más dinero del entonces Departamento del Istmo (Panamá) mediante impuestos más altos y controlando directamente sus excedentes fiscales, lo que inevitablemente generó profundo descontento.
Esta explotación económica, sumada a las consecuencias devastadoras de la Guerra de los Mil Días (con cierto «empujón» estadounidense), culminó con la separación de Panamá de Colombia en noviembre de 1903. Al momento del nacimiento de esta nueva nación, el trauma inflacionario estaba aún fresco en la memoria colectiva. Por ello, Panamá mantuvo la prohibición legal colombiana sobre la emisión estatal de papel moneda.
Curiosamente, la constitución colombiana también mantuvo esta prohibición hasta 1910, aunque después fue reformada (de forma poco acertada, por «money doctors» estadounidenses —un tema para otra publicación). Panamá, sin embargo, ha preservado este principio original colombiano hasta el día de hoy.
Interpretando con precisión los términos constitucionales
Ahora que conocemos el origen histórico de la cláusula que prohíbe emitir papel moneda en la constitución panameña, debemos comprender exactamente qué es lo que dice. Casi todo lo que se suele leer sobre este tema, incluso en textos de periodistas y políticos panameños, interpreta incorrectamente este punto. Se trata de uno de los aspectos más malentendidos y distorsionados en los fundamentos monetarios de Panamá.
Empecemos con la constitución original de 1904. En ella, el artículo 117 establece claramente que «no podrá haber en la República papel moneda de curso forzoso».
El término «curso forzoso» no es tan simple y debe explicarse cuidadosamente.
Primero, es común que tanto economistas como la población general malinterpreten el término «curso legal». En un breve pero esclarecedor artículo, Dror Goldberg (a quien entrevisté en mi podcast el año pasado) explica con precisión qué significa realmente «curso legal». Las leyes de curso legal existen para facilitar la resolución de contratos de deuda en aquellos casos en que las partes no han acordado previamente el medio de pago.
Para ilustrar esto con un ejemplo sencillo, supongamos que vives en México y contratas a una empresa de mantenimiento para reparar tu casa la próxima semana. En esta transacción, tú eres el comprador, y la empresa es el vendedor.
Una semana después, finalizado el trabajo, intentas pagar al vendedor 50 pesos mexicanos, pero el vendedor responde: «No, yo quería pesos filipinos». Ante tu negativa, el vendedor decide demandarte por incumplimiento del contrato al no haber cancelado la deuda según sus términos.
En este ejemplo, la corte fallaría a tu favor como comprador, dado que el contrato no especificaba un medio concreto de pago. Como toda la transacción tuvo lugar en México, se aplican las leyes locales de curso legal. Esto significa que la corte permitirá que pagues (ofrezcas o «tiendas») tus pesos mexicanos al vendedor, y dicho ofrecimiento constituirá una extinción legítima de tu deuda. Quedará en manos del vendedor aceptarlos o no, pero tú ya no tendrás obligación adicional alguna.
En cambio, si tanto el comprador como el vendedor hubieran especificado en el contrato que el pago se haría en pesos filipinos, las leyes de curso legal no aplicarían porque el medio de pago ya fue previamente acordado. En este caso, el comprador debería cancelar la deuda únicamente con el medio pactado, incluso si el contrato fue celebrado en México. Generalmente, los contratos pueden estipular cualquier medio de pago, siempre que dicho medio no esté expresamente prohibido por otra ley.
Volviendo ahora a los términos constitucionales de Panamá: cuando la expresión «curso forzoso» se interpreta correctamente, esta tiene dos aspectos fundamentales. Primero, implica que la moneda en cuestión posee poder liberatorio (como se denomina en la jurisprudencia local), es decir, el poder otorgado por ley para extinguir legalmente una deuda. Segundo, significa que dicha moneda no representa un derecho o reclamo sobre una reserva subyacente de oro o plata y no puede ser convertida a estos metales preciosos. Recordemos que, en 1904, el dinero «verdadero» aún se consideraba únicamente como oro o plata metálica. Así, el papel moneda de curso forzoso debería entenderse como papel moneda no convertible.
Que una moneda de papel sea convertible significa que está respaldada por activos subyacentes (en aquellos tiempos, habitualmente oro y/o plata), y que si uno quisiera, podría devolver la moneda al emisor y recibir a cambio el oro o la plata que la respalda.
Por lo tanto, para que quede absolutamente claro, la constitución panameña no prohíbe toda moneda de papel, sino exclusivamente aquellas que no sean convertibles.
Si Panamá quisiera emitir una moneda de papel propia, tendría que ser plenamente convertible en plata u oro. No podría estar respaldada únicamente por la buena fe del gobierno. A principios del siglo XX, la mayoría de las monedas de papel que gozaban de confianza pública tenían respaldo en oro —incluyendo el dólar estadounidense—. Esas monedas no se consideraban «papel moneda de curso forzoso», porque eran plenamente convertibles. En contraste, un claro ejemplo de moneda no convertible fueron los pesos de papel colombianos emitidos durante la administración de Núñez, que provocaron la fuerte inflación en la Guerra de los Mil Días, tal como vimos anteriormente.
Además, es importante enfatizar que la Constitución especifica claramente papel moneda. Esto significa que no prohíbe al gobierno emitir moneda metálica (monedas). De hecho, desde sus inicios hasta hoy, Panamá ha acuñado y circulado sus propias monedas de plata.
Cabe destacar que el Artículo 117 original de la Constitución de 1904 ha sido conservado en todas las constituciones posteriores, sobreviviendo incluso a diversos golpes militares y dictaduras. La Constitución vigente, promulgada en 1972 (con reformas posteriores), aún preserva íntegramente el principio y la prohibición originales, ahora bajo el Artículo 262:
ARTÍCULO 262. No habrá en la República papel moneda de curso forzoso.
(Constitución Política de Panamá, 1972)
Unidad de Cuenta
En Panamá existe una separación entre la unidad de cuenta y el medio de intercambio. La unidad denominada Balboaes otro punto que genera confusión cuando uno estudia el sistema monetario panameño.
Normalmente, el principio de «un país, una moneda» implica que todas las características de la interacción monetaria se expresan utilizando las mismas unidades.
Es decir, si el dólar estadounidense (USD) es la moneda de tu país (y de curso legal), entonces la unidad en que se mide el saldo de tu cuenta bancaria es el dólar, y lo que usas para intercambiar bienes también es denominado en dólares. Esto mismo aplica si estás en Francia y utilizas euros. Sin embargo, esta equivalencia no es obligatoria.
La «unidad de cuenta» es simplemente una medida estandarizada de valor, semejante a centímetros, kilómetros, etc. Dicho en términos sencillos, es la unidad en la que se mide el valor monetario registrado en tus cuentas.
Si alguien te pregunta por la longitud de una mesa y tú respondes simplemente «20», en realidad no has dado una respuesta clara. Necesitas incluir una unidad de medida concreta: «20 metros», «20 pulgadas», «20 centímetros», etc. Solo así proporcionas una respuesta precisa. Lo mismo ocurre con el dinero: decir que una cuenta tiene «20 gramos de oro fino» o «20 dólares estadounidenses» da una referencia clara y concreta sobre su valor.
En Panamá, la unidad legal para expresar el valor monetario de las cuentas se denomina Balboa (con el símbolo B/. o PAB). Esto ha sido así desde la fundación misma del país, establecido formalmente por la Ley 84 de 1904. Esto demuestra que no importa realmente qué nombre se le dé a una unidad de medida, siempre y cuando sus parámetros subyacentes estén definidos claramente.
Históricamente, un Balboa estaba doblemente definido: por una parte, como una cantidad específica de oro fino, y por otra, como equivalente a un dólar estadounidense (que en aquel entonces también estaba definido por un peso específico de oro). Si viajas hoy a Panamá, este punto puede generar confusión. Actualmente, en Panamá circulan monedas locales de plata (como siempre ha ocurrido), denominadas Balboas. Con el paso de los años se produjo un cambio lingüístico y las monedas locales comenzaron a ser llamadas «Balboas». Sin embargo, esto no debe confundir nuestra comprensión del desarrollo histórico original. De hecho, curiosamente, en zonas más rurales del país aún hoy es frecuente escuchar a panameños referirse a las monedas actuales como «pesos».
Otro dato relevante es que la constitución panameña no menciona explícitamente el estatus legal del dólar estadounidense. Solo el artículo 1171 del Código Fiscal panameño establece que los dólares estadounidenses (USD) son de curso legal en Panamá, no la constitución. Sobre esto volveremos más adelante.
Artículo 1171:
La unidad monetaria de la República de Panamá será el Balboa, o sea una moneda de oro con un valor de novecientos ochenta y siete y medio miligramos (0.9875) de peso ochocientos veintinueve milésimos (0.829) de fino, divisible en centésimos (100/100). El actual dólar de los Estados Unidos de América y sus múltiplos y divisiones serán de curso legal en la República, por su valor nominal en la moneda panameña respectiva.
— Código Fiscal de Panamá
Los billetes de siete días
La curiosa historia de los billetes de Arias es instructiva, especialmente porque subraya el concepto clave de la convertibilidadcomo la correcta interpretación jurídica. Durante un brevísimo período en 1941, Panamá tuvo su propia moneda de papel. Arnulfo Arias Madrid llegó al poder en 1940, encarnando al clásico caudillo latinoamericano, jingoísta y nacionalista (en términos modernos podríamos llamarlo populista).
Arias promovió una ideología política conocida como panameñismo, culpando de muchos males sociales del país a los «gringos» y «jamaicanos» (estadounidenses y afroantillanos procedentes del Caribe). Entre sus políticas más infames estuvo la de privar de la nacionalidad panameña a los hijos de inmigrantes chinos y afroantillanos cuyo idioma original no fuera el español. (Quizás recuerdes la decisión similar de República Dominicana en 2013, que retiró la ciudadanía a hijos de padres extranjeros hasta el año 1929, afectando principalmente a haitianos; la idea es similar.)
Como parte de sus políticas generales de panameñismo, Arias declaró que Panamá debía tener su propia moneda de papel. Esto se oficializó con el Decreto N.º 6 de 1941, publicado en septiembre de ese año. Poco después, el 2 de octubre, se emitieron los primeros billetes panameños.
Esta decisión marcó un hito en la historia monetaria panameña. La pregunta clave que surge aquí es si esta emisión fue constitucional. ¡Y lo fue! Porque los billetes emitidos bajo Arias eran plenamente convertibles.
El artículo 4 del Decreto decía expresamente:
«Por cada balboa emitido en papel moneda puesto en circulación por el Banco, éste deberá mantener una reserva efectiva de novecientos ochenta y siete y medio miligramos de oro…, o de un balboa en moneda nacional de plata, o su equivalente en moneda de los Estados Unidos de América…»
Estos billetes no constituían «papel moneda de curso forzoso», ya que estaban plenamente respaldados por reservas efectivas, esencialmente oro o moneda convertible en oro (el dólar estadounidense). Según la interpretación explicada en la sección anterior, podían ser emitidos constitucionalmente. Si, en cambio, no hubieran sido convertibles en oro o plata, o no fueran equivalentes directos del dólar estadounidense, entonces sí habrían representado un territorio constitucionalmente más dudoso.
Sin embargo, apenas siete días después, el 9 de octubre, el presidente Arias fue depuesto mediante un golpe de Estado, y el nuevo régimen transitorio inmediatamente suspendió la circulación de esta moneda de papel. Por esta razón, aquellos billetes panameños hoy se conocen popularmente como los «billetes de siete días».
En diciembre de ese mismo año, el nuevo presidente, Adolfo de la Guardia, ordenó que todos los billetes emitidos por Arias fueran quemados. (Algunos sobrevivieron y hoy se conservan como objetos de colección; incluso es posible comprarlos a través de ciertos coleccionistas y comerciantes de arte en Panamá). Este episodio ilustra con claridad el profundo rechazo cultural que existe en Panamá hacia la creación y circulación de una moneda local en papel.
Hasta aquí hemos visto por qué Panamá no posee actualmente su propia moneda de papel, así como los fundamentos jurídicos que sustentan la circulación del dólar estadounidense en el país. Pero surge una pregunta inmediata: ¿por qué específicamente el dólar estadounidense y no otra moneda extranjera igualmente sólida? Para comprender esto plenamente, debemos adentrarnos en la creación y la dimensión política de la Zona del Canal de Panamá.
El nuevo informe del Instituto Juan de Mariana desmonta uno a uno los mitos sobre la desigualdad que ha propagado la izquierda a lo largo de los últimos años. El documento presenta un análisis riguroso y basado en datos que aborda la evolución de la desigualdad de renta, riqueza y consumo en España y el mundo, recalcando el efecto contraproducente que tiene el intervencionismo económico en términos de promoción de la equidad y subrayando el desarrollo propiciado por los modelos de mercado. Los principales mensajes del documento, de más de 60 páginas de extensión, son los siguientes:
La caída en desgracia del “socialismo real” ha invitado a la izquierda radical a reinventar su retórica política abrazando nuevos discursos como el de la “lucha contra la desigualdad”, una bandera que ha terminado siendo asumida de forma acrítica por la izquierda moderada y que también ha tenido influencia en el centro-derecha.
Partiendo de las investigaciones de autores como Thomas Piketty y de las campañas de agitación orquestadas por organizaciones como Oxfam, gobiernos como el que encabeza Pedro Sánchez en España han puesto encima de la mesa un sinfín de propuestas fiscales orientadas a elevar la fiscalidad de las rentas altas y los grandes patrimonios, todo en nombre de la “lucha contra la desigualdad”. Poco ha importado que las tesis de Piketty o los trabajos de Oxfam hayan quedado sobradamente refutadas, puesto que la pretensión de fondo siempre ha sido la de reforzar el intervencionismo económico, de modo que la desigualdad ha sido una mera una excusa para avanzar en esa línea.
En España ha ido a más desde hace años el pensamiento de suma cero, que ignora la creación de riqueza y solamente se preocupa por su redistribución. No sorprende que nuestros indicadores de renta se hayan alejado cada vez más de Europa y Estados Unidos, puesto que la popularidad de este tipo de discursos se traduce en la preferencia por políticas económicas obsesionadas con penalizar, obstaculizar y gravar la creación de riqueza.
En los últimos doscientos años, la población mundial se ha multiplicado por ocho, pero la renta media se ha multiplicado por quince. Durante este periodo, la tasa global de pobreza ha caído del 90 al 9 por ciento, la esperanza de vida ha aumentado de menos de 30 a más de 70 años y el analfabetismo se ha desplomado. En las décadas más recientes, la mortalidad infantil se ha reducido hasta situarse por debajo del 4 por ciento, la prevalencia de la desnutrición ha caído un 25 por ciento y los años de vida perdidos por enfermedades han bajado un 30 por ciento. Por tanto, no solamente es falso que la era del capitalismo haya conducido al mundo a una situación de colapso del bienestar, sino que los indicadores de desarrollo han mejorado de forma sustancial.
La igualdad no es sinónimo de progreso y la desigualdad no implica menos prosperidad. Países como Noruega, Países Bajos, Moldavia y Bielorrusia tienen un Índice de Gini muy parecido, de modo que su estructura de ingresos es muy equitativa. Sin embargo, los niveles de renta de Noruega (88.336 euros per cápita) o Países Bajos (49.670 euros por habitante) son mucho mayores que los de Moldavia (18.700 euros por cabeza) o Bielorrusia (6.675 euros por persona).
Los países con economías más libres tienen un nivel de renta diez veces mayor que el de los modelos más socialistas e intervencionistas. Los niveles de desigualdad de renta de los primeros son menores que los de los segundos (con un Índice de Gini de 32,4 y 37,5 puntos, respectivamente). Por lo tanto, no solamente no debemos dar por bueno que un mayor peso del Estado en la economía conduzca a una mayor igualdad, sino que debemos refutar por completa esta afirmación, a todas luces falsa a la luz de los datos.
En términos de riqueza promedio, el patrimonio del ciudadano medio en España y otros países como Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido o Suecia se ha multiplicado por siete durante el último medio siglo, sobre todo por la mejora de las tasas de vivienda en propiedad y el crecimiento del ahorro financiero. El porcentaje de riqueza en manos del 1 por ciento más acaudalado ha caído del 60 al 20 por ciento del total nacional en el caso de España, exhibiendo caídas similares en otros países de nuestro entorno. La riqueza controlada por las élites económicas suponía el 75 por ciento del total nacional a comienzos del siglo XX, pero en la actualidad tiene un peso relativo que ronda el 25 por ciento.
En términos comparados, el Índice Gini muestra que España es uno de los países con menos desigualdad de riqueza de toda la Unión Europea. Alcanzamos un resultado de 0,69 puntos en esta métrica, frente a los 0,88 de Suecia o los 0,78 de Alemania.
La desigualdad de renta que presenta España es similar a la que tenía nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX, con la diferencia de que la renta nacional es ahora 13,5 veces más grande que entonces. De nuevo, vemos que igualdad y bienestar no son sinónimos. Además, aunque los resultados alcanzados en el Índice de Gini de renta fueron a más tras la Gran Recesión, lo cierto es que llevan una década bajando, con la excepción del repunte observado en 2020-2021, coincidiendo con la pandemia del coronavirus. El Índice de Gini de desigualdad de renta llegó a ser de 34,7 puntos en 2015, pero se redujo a 31,5 puntos en 2023. Además, la evolución al alza que describió este indicador durante la Gran Recesión estuvo relacionada, en un 80 por ciento, con el comportamiento del paro, de modo que el problema de España nunca fue uno de desigualdad, sino de exclusión laboral derivada de un desempleo masivo que se empezó a revertir con la flexibilización del mercado laboral aprobada en 2012-2013. En clave europea, la desigualdad de renta está ligeramente por encima de la media pero, si ajustamos los datos para tomar en cuenta el efecto renta de la propiedad de vivienda, el resultado alcanzado por nuestro país es inferior al promedio comunitario.
La desigualdad de consumo en España es casi idéntico al promedio europeo (0,16 en nuestro caso, 0,15 en la UE). Con todo, lo cierto es que, desde 1960 hasta nuestros días, el coste relativo de adquirir numerosos bienes y servicios se ha abaratado ostensiblemente, experimentando una de las mayores caídas del mundo desarrollado en lo tocante al número de horas de trabajo requeridas para obtener ingresos con los que cubrir necesidades básicas o productos de uso común. La abundancia observada en el acceso a tales recursos es hoy 18 veces mayor que en 1960.
Los informes sobre la desigualdad publicados por Oxfam en torno al Foro Económico Mundial de Davos incurren en distintos errores conceptuales que conducen a conclusiones tremendamente sesgadas sobre la desigualdad. El prisma que adopta la ONG refuerza un relato falaz que perpetúa el pensamiento de suma cero, pero sus trabajos carecen de rigor analítico y solamente se explican por la pretensión de captar fondos a base de cultivar un mensaje alarmista que no se corresponde con la realidad de la riqueza y el desarrollo a nivel mundial.
Los ricos de hoy no son los mismos de ayer ni de mañana. Si tomamos como referencia el ranking de las personas más ricas de España en 2024 y lo comparamos con los datos para 1978, encontramos que solamente hay nueve personas (o descendientes) que figuran en el “top 50” de ambas ediciones. Solamente el 18 por ciento de las élites económicas de la Transición siguen en dicha posición, mientras que el 82 por ciento de quienes hoy destacan en esta rúbrica no tenían la misma suerte en 1978. El hecho de que la mayor fortuna de España sea la que amasa Amancio Ortega nos muestra que no tiene sentido pensar que los ricos de ayer son los mismos de hoy o de mañana. El 70 por ciento de los grandes patrimonios observados a nivel mundial corresponden a personas hechas a sí mismas.
España es uno de los países de la OCDE con mayor elasticidad de ingresos entre una generación y la siguiente. Esto significa que somos una de las economías desarrolladas donde los ingresos de los hijos están menos determinados por la renta de los padres. Asimismo, en los indicadores de igualdad de oportunidades vemos que España se sitúa en el promedio de la UE.
Aunque los promotores del igualitarismo hablan siempre de subir impuestos para reducir la desigualdad, la incidencia de los gravámenes aplicados sobre la renta tiene un peso anecdótico sobre la reducción de la desigualdad de renta en España (apenas la aminoran un 4 por ciento), mientras que el efecto del Impuesto sobre el Patrimonio es, directamente, contraproducente, puesto que aumenta, no reduce, la desigualdad de ingresos. En cambio, las políticas inflacionarias que hemos venido observando en España sí resultan tremendamente regresivas. Ocurre lo propio con la ineficiencia de las transferencias y ayudas sociales, que hacen que nuestro país figure entre los ocho países de la UE donde el llamado Estado de Bienestar tiene un menor efecto en la reducción de la desigualdad de ingresos. La clave, pues, no está en subir impuestos y gastar más, sino en bajar la presión fiscal y en gastar mucho menos y, además, hacerlo de manera marcadamente más eficiente.
Al considerar los ingresos y gastos de las familias españolas, vemos que solamente los hogares de más de 65 años presentan una mejora neta en sus ingresos al tomar en cuenta los ingresos que les genera el sector público y los impuestos que pagan al mismo. En cambio, el resto de los hogares son contribuyentes netos y las familias más jóvenes presentan mayores indicadores de pobreza y tasas más altas de esfuerzo fiscal neto. Esta situación está generando desequilibrios intergeneracionales cada vez más preocupantes.
Desde el Instituto Juan de Mariana queremos rendir homenaje a José María Nieto, viñetista y dibujante de ABC, cuya sección Fe de ratas se ha convertido en un clásico imprescindible de la prensa escrita española.
Con la publicación de “Contra la sopa mínima vital”, ofrecemos una antología de algunas de sus mejores creaciones, publicadas entre 2013 y 2024. El documento incluye asimismo un texto de Juan Fernández-Miranda, periodista y adjunto al director de ABC.
Día tras día, el trabajo de Nieto se asoma a la página 5 del citado periódico y nos ofrece una mirada aguda, crítica y profundamente ingeniosa sobre los sinsentidos de nuestra realidad política, económica y social. Crítica inteligente, con una sonrisa.
En un país donde no dejan de imponernos nuevas normas, trabas y absurdos, el humor de Nieto se alza como una herramienta formidable para desnudar las contradicciones del poder y devolvernos la capacidad de reírnos de las dificultades que enfrentamos como ciudadanos.
Su lápiz se mueve con precisión quirúrgica, combinando la ironía y el sarcasmo con una sensibilidad que solo los grandes caricaturistas poseen. En Fe de ratas, los temas más complejos de la economía, la política o incluso la vida cotidiana cobran una dimensión inesperada, acercándonos a ellos desde una perspectiva fresca y reveladora.
Nieto no solo dibuja una sonrisa en nuestros rostros, sino que nos invita a reflexionar. Su humor ácido, pero siempre bien planteado, nos recuerda que la crítica no tiene por qué ser amarga para ser efectiva.
En un escenario donde los retos impuestos por los políticos a menudo parecen insuperables, su obra nos inspira a mirar más allá de la desesperanza, utilizando la inteligencia y la creatividad como armas fundamentales.
Desde estas líneas, agradecemos a José María Nieto por recordarnos cada día que, incluso en los momentos más complicados, el buen humor es una forma esencial de libertad. Porque reírnos de nuestros opresores con inteligencia y estilo es también una manera de derrotarlos.
HAGA CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR “CONTRA LA SOPA MÍNIMA VITAL”, LA ANTOLOGÍA DE VIÑETAS DE JOSÉ MARÍA NIETO PUBLICADAS POR ABC ENTRE 2013 Y 2024.
Hoy, hace cincuenta años, Friedrich A. Hayek recibió el Premio Nobel de Economía. Reconocido por sus aportaciones a la teoría monetaria y su análisis sobre la interdependencia de los fenómenos económicos y sociales, Hayek dejó un legado intelectual que sigue siendo relevante en el debate económico y político contemporáneo. El Instituto Juan de Mariana quiere celebrar esta ocasión tan especial con el doble lanzamiento de dos libros recopilatorios, así como un evento especial de conmemoración de la efeméride.
En primer lugar, presentamos el volumen “Camino de Libertad”. Con prólogo del profesor Jesús Huerta de Soto, reúne un total de veinte ensayos esenciales de Hayek publicados en Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política, incluyendo su célebre discurso de aceptación del Premio Nobel, La pretensión del conocimiento. Además, se incluye un apéndice con dos artículos clave sobre la regulación del mercado de vivienda, una temática de gran actualidad.
La publicación de “Camino de Libertad” ha sido posible gracias a la colaboración entre el Instituto Juan de Mariana y la revista Procesos de Mercado. Este proyecto rinde homenaje a la trayectoria de Hayek y ofrece a los lectores una oportunidad única para explorar las ideas fundamentales que marcaron su obra. Un volumen imprescindible para economistas, estudiosos del pensamiento liberal y todos aquellos interesados en comprender los fundamentos de la libertad económica y social. La selección de textos permitirá que el lector conozca algunos de los escritos más importantes de la obra de Hayek, cuyas fechas de publicación abarcan desde 1936 hasta 1988, cubriendo así toda una vida.
Además, hoy presentamos asimismo el volumen “Cartas hayekianas”. Este segundo documento de homenaje recopila una rica selección de artículos de destacados miembros del Instituto Juan de Mariana, quienes analizan y contextualizan las ideas de Hayek en debates económicos y filosóficos contemporáneos. Desde reflexiones sobre su concepto de “orden espontáneo” hasta su crítica al intervencionismo estatal, esta obra explora cómo las teorías de Hayek siguen influyendo en la defensa de la libertad individual y los mercados abiertos.
Este segundo lanzamiento se erige en una aportación relevante para quienes deseen comprender el impacto del legado hayekiano en la política económica actual y su papel como defensor de las sociedades libres frente a los peligros del colectivismo. Incluye un prólogo de Manuel Llamas y una introducción a cargo de José Carlos Rodríguez, quien también firma una biografía del intelectual y economista austriaco. Además, recoge un apéndice de Diego Sánchez de la Cruz dedicado al estudio de su influencia en la carrera política de Margaret Thatcher realizado a través de su correspondencia con la que fuera primera ministra británica.
Además de publicar estos dos libros recopilatorios, hoy celebraremos un evento de homenaje muy especial en el campus de UFM Madrid (C/Arturo Soria, 145). A las 19:00 horas, repasaremos y celebraremos la vida y obra de Hayek, así como el 50 aniversario de la entrega de su Premio Nobel, de la mano de tres ponentes de excepción: César Martínez Meseguer, José Carlos Rodríguez y Eduardo Fernández Luiña. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Para más información del evento, haz click aquí.
El Instituto Juan de Mariana y UFM Reform Watch presentan el informe “Milei, año 1”. Con la firma de doctor en Economía, Daniel Fernández, el documento presenta un exhaustivo repaso de la evolución económica de Argentina durante el primer año de gestión del presidente liberal Javier Milei, que fue galardonado en junio de 2024 con el Premio Juan de Mariana.
A continuación, destacamos algunas de las conclusiones centrales del informe, que se puede consultar al completo aquí.
· El primer año de gestión de Javier Milei ha sido muy satisfactorio. Argentina avanza en su proceso de desinflación y consolida un meritorio superávit presupuestario, lo que ha permitido disipar los fantasmas de la hiperinflación y el default. En paralelo, las medidas de desregulación están contribuyendo a aumentar el potencial de crecimiento de la economía.
· En diciembre de dicho año, al comienzo del mandato de Milei, el IPC experimentó un crecimiento mensual del 25 por ciento. Sin embargo, en octubre de 2024, este mismo indicador se situó por debajo del 3 por ciento. Si se mide en términos anualizados, el ritmo de incremento de precios se ha moderado del 324 al 38 por ciento entre 2023 y 2024.
· En clave monetaria, Milei ha compaginado dos tipos de mejoras: por un lado, la mejora cualitativa del balance del Banco Central, contaminado por muchos años en que el déficit público se cubría imprimiendo moneda; por otro lado, la mejora cuantitativa de las condiciones del peso, con la mirada puesta en la estabilización de la base monetaria, lo que contribuirá a generar una escasez relativa de la divisa nacional, apreciando su valor frente al dólar.
· La brecha entre el tipo de cambio oficial y los verdaderos precios de canje del peso por el dólar rondaba el 150 por ciento cuando Milei llegó al poder, pero a cierre de 2024 se sitúa en torno al 3 por ciento, despejando el camino para la retirada a futuro del cepo cambiario.
· La motosierra presupuestaria aplicada por Milei ha roto con doce años de déficits públicos ininterrumpidos. Hasta octubre de 2024, el gobierno acumuló un superávit fiscal del 1,7 por ciento del PIB en términos primarios, frente a los déficits del 2,1, 2 y 2,7 por ciento del PIB alcanzados respectivamente en los diez primeros meses de los años 2021, 2022 y 2023. Incorporando los intereses de deuda, Milei acumula un superávit del 0,5 por ciento del PIB entre enero y octubre de 2024, frente a déficits del 3,6, 3,8 y 4,4 por ciento del PIB para el conjunto de los ejercicios 2021, 2022 y 2023, en cada caso.
· La prima de riesgo o riesgo país ha bajado sustancialmente. Cunado Milei alcanza el poder, el diferencial entre Argentina y Estados Unidos en la tasa de interés del bono de deuda a diez años se movía entre el 20 y el 30 por ciento, mientras que en diciembre de 2024 se sitúa en el entorno del 7-8 por ciento. Se trata de la mayor caída del riesgo país para toda Latinoamérica en 2024.
· La economía estaba en recesión a finales de 2023, cuando Milei asumió el cargo del presidente. Aunque la producción se contrajo en el primer semestre del año, los ajustes adoptados fueron mucho mayores que la caída observada en la producción. Así, Milei adoptó un ajuste fiscal de casi un 3 por ciento del PIB y un ajuste inflacionario del 9,2 por ciento del PIB, pero el PIB solamente se contrajo un 0,6 por ciento durante el mismo periodo. Es un precio más que asumible a cambio de evitar la hiperinflación y el default.
· Mirando a 2025, la mayoría de casas de análisis anticipan tasas de crecimiento del 4 o 5 por ciento. Estos datos encajan con la evolución al alza que ya exhiben los salarios reales, la industria, los préstamos bancarios o el inmobiliario.
· Milei heredó una tasa de pobreza del 45,2 por ciento y unos niveles de indigencia del 14,6 por ciento. Estos indicadores evolucionaron al alza en el primer trimestre de 2024, pero se vienen reduciendo desde entonces y ya se sitúan por debajo de las cotas que heredó el nuevo presidente (en octubre de 2024, estas variables fueron del 44,6 y del 11,6 por ciento). Pese a la desastrosa herencia recibida y el impacto inicial de las medidas de ajuste, ambos indicadores evolucionan a mejor.
· Para elevar el crecimiento económico, resulta esencial la tarea del nuevo Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger. En el ámbito inmobiliario, el fin del control de precios del alquiler ha propiciado un abaratamiento de precios del 30 por ciento. Esta es la mejor prueba del efecto expansivo que pueden tener nuevas medidas de desregulación orientadas a reducir las trabas con las que lidian las empresas y los inversores.
El Instituto Juan de Mariana publica la edición 2024 de su informe Día de la Deuda. Este curso, los ingresos de las Administraciones se agotan el día 7 de diciembre, de modo que todos los desembolsos hasta final de año se pagarán vía deuda.
Los principales mensajes del estudio son los siguientes:
En las tres últimas décadas España, solamente ha sido capaz de cuadrar sus cuentas públicas en tres ejercicios. Desde 2008, nuestras Administraciones llevan dieciséis años consecutivos en situación de déficit público. Lo peor de todo es que, si damos por buenas las previsiones del gobierno de Pedro Sánchez, las cuentas no entrarán en superávit al menos hasta el año 2032.
En los veinte últimos años, España ha sido el segundo país de la Unión Europea con peor desempeño en materia de estabilidad presupuestaria, registrando un déficit promedio del 4,9 por ciento del PIB que solamente se ve superado por el 6,3 por ciento de Grecia. Entre 2018 y 2023, España ha sido el tercer país de la Unión Europea con mayor déficit (5,4 por ciento del PIB, frente al 3,1 del promedio comunitario). Sólo Rumanía e Italia presentan un mayor desequilibrio.
Los ingresos de las Administraciones Públicas han subido con fuerza durante los quince años. De 2019 a 2023, bajo gobierno de Pedro Sánchez, España es el tercer país que más ha incrementado los ingresos públicos, elevándolos en 3,6 puntos del PIB mientras la Unión Europea los reducía, en promedio, en 0,3 puntos. En 2024, de hecho, los ingresos tributarios obtenidos de enero a septiembre fueron superiores a la rúbrica recabada en todo el año 2018, cuando Sánchez llegó a la presidencia. Con todo, y pese a una subida tan acusada en los ingresos del Estado, la estabilidad presupuestaria sigue brillando por su ausencia, lo que pone de manifiesto que el problema de fondo nunca ha sido la insuficiencia de ingresos, sino el gasto excesivo.
La deuda pública ha crecido con fuerza en España y, en la actualidad, alcanza los 32.320 euros por habitante o, lo que es lo mismo, cerca de 81.500 euros por familia. Estas obligaciones suponen una pesada carga que mina la capacidad de bajar impuestos o acometer inversiones. Aunque las reglas de la Eurozona abogan por moderar la deuda pública por debajo del 60 por ciento del PIB, este indicador se sitúa hoy en el entorno del 105 por ciento del PIB, casi duplicando los niveles esperados. Somos el cuarto país con mayor deuda de la UE, cuando hace dos décadas ocupábamos el puesto 13 en dicho ranking.
Las políticas de expansión cuantitativa impulsadas por el Banco Central Europeo han evitado que la deuda fuese mayor y alcanzase el 129 por ciento del PIB, de modo que el “manguerazo” monetario del BCE ha hecho que la deuda española sea hasta 320.000 millones más baja de lo que hoy veríamos en ausencia de tales medidas no convencionales.
Bajo gobierno de Pedro Sánchez, la deuda pública ha incrementado por una cifra que equivale a 9.621 euros por persona o 23.723 euros por hogar. Desde el 2 de junio de 2018, cuando el dirigente socialista llegó al poder, hasta la actualidad, esta rúbrica ha crecido a un ritmo de 195,5 millones de euros al día o, lo que es lo mismo, 8,2 millones de euros por hora, 135.775 euros por minuto o 2.262,9 euros por segundo.
Desde 2009, la deuda autonómica catalana se ha incrementado en 27,4 puntos del PIB, mientras que la de Madrid lo ha hecho cuatro veces menos, en 6,4 puntos. Durante este periodo, la Administración Central ha “rescatado” a la Generalidad a través del Fondo de Liquidez Autonómica, cerrando una serie de operaciones valoradas en 75.000 millones de euros. En cambio, Madrid no ha acudido a dicho mecanismo de financiación. Estas diferencias resultan especialmente significativas ahora que la deuda pública autonómica empieza a financiarse a tipos más altos, puesto que las nuevas emisiones están pagando tipos del 3 por ciento que contrastan con el interés medio del 0,5 por ciento abonado de 2015 a 2022. De cara a 2027, y en ausencia de medidas correctivas, el gasto en intereses de la deuda autonómica podría subir de 3.600 a 11.900 millones. Tal incremento se financiará inexorablemente con subidas de impuestos, recortes presupuestarios o una combinación de ambas fórmulas.
En la misma línea, gregando la deuda emitida por los distintos niveles de gobierno, la subida de evolución al alza en los intereses de la deuda puede llegar a suponer un fuerte incremento en los pagos dedicados anualmente a esta cuestión, que podrían llegar a 70.000 millones de euros anuales, según las previsiones de la AIREF.
El descuadre presupuestario de la Seguridad Social es mayor de lo que podría parecer a primera vista. Si nos ceñimos a los datos oficiales de 2023, encontramos un déficit de 0,6 puntos del PIB, equivalente a algo más de 8.210 millones. Sin embargo, esta cifra se calcula tomando en cuenta las transferencias presupuestarias y las operaciones de enduedamiento con las que se está enmascarando la verdadera situación de la caja de las pensiones. Si clarificamos la situación, encontramos que los números rojos reales del sistema ascienden al 3,8 por ciento del PIB, lo que supone cerca de 56.000 millones de euros de saldo negativo. A esto hay que sumarle un saldo patrimonial neto negativo de 100.000 millones para el curso 2023 o un acumulado de 345.000 millones durante la última década.
La deuda implícita del sistema de pensiones asciende, según las previsiones de Bruselas, al 507 por ciento del PIB. Somos, por tanto, el país de la UE que ha formulado un mayor volumen de promesas a sus futuros pensionistas. Sin embargo, parece harto complicado que España cumpla todos estos compromisos, puesto que el 99 por ciento de ellos carecen de ahorro como respaldo. Ante esta situación, Natixis ha situado a nuestro país como uno de los que presenta peores perspectivas de futuro en lo tocante al sistema de pensiones.
El Día de la Deuda es la fecha en que el Estado agota sus ingresos y empieza a vivir de crédito. Esta fecha simbólica se alcanzará en 2024 el día 7 de diciembre. Eso equivale a que, desde dicha fecha hasta el 31 de diciembre, todos los desembolsos de las Administraciones se financien emitiendo nuevas obligaciones crediticias. La deuda de los países que alcanzan el Día de la Deuda de 2024 con anterioridad a España alcanza, en promedio, el 65 por ciento del PIB, de modo que, aunque sus resultados durante el presente ejercicio hayan sido peores en materia de gestión presupuestaria, las obligaciones acumuladas por sus respectivos gobiernos son casi un 40 por ciento menores que las deudas contraídas hasta la fecha por el Tesoro español.
En 2024, el DíadelaDeudadel gobierno central se alcanza el 10 de octubre, mientras que la Seguridad Social llega a esta fecha el 18 de diciembre. Sin embargo, si se corrigen los datos para tomar en cuenta las transferencias, encontramos que el Día de la Deuda del gobierno central sería entonces el 3 de diciembre, mientras que el de la Seguridad Social llegaría el 7 de octubre. Donde no hay cambios es en las comunidades autónomas (23 de diciembre) y las corporaciones locales (29 de diciembre).
A nivel regional, basándose en sus presupuestos, las comunidades con mejor desempeño previsto para el año 2024 son Cataluña, Galicia y Madrid. Aunque Galicia y Madrid llevan años destacando por su cumplimiento presupuestario, no sucede lo mismo con Cataluña, que sin embargo habría logrado un saldo más favorable debido a la prórroga de sus presupuestos. Será interesante comprobar, a cierre de ejercicio, si los planes presupuestarios de las comunidades autónomas se desvían mucho de los resultados o reflejan de forma más o menos acertada lo que realmente habrá sucedido durante 2024.
El Tesoro tiene previsto hacer una emisión neta de deuda a lo largo del año 2024 en algo más de 55.000 millones de euros. Si damos por buenas estas cifras, en 2024 la deuda habrá crecido cada día en más de 150 millones de euros, incrementándose cada hora en 6,3 millones. Por minuto, la deuda sube a un ritmo de 104.652 euros. Por segundo, el incremento es de 1.744 euros.
Considerando la totalidad de pasivos en circulación ligados al sector público, el endeudamiento es aún mayor de lo que sugieren las cifras oficiales de deuda comunicadas en base al Protocolo de Déficit Excesivo. Considerando estas obligaciones adicionales, la deuda por persona es un 29,8 por ciento mayor.
Superar los niveles de endeudamiento que fija como referencia Bruselas tiene consecuencias muy negativas para el crecimiento y el bienestar. Si España hubiese moderado su endeudamiento para mantenerlo por debajo del 60 por ciento del PIB, el tamaño de la economía española sería hoy62.178 millones de euros mayor, cifra que equivale a 3.220 euros de renta por hogar.
Mirando a futuro, el envejecimiento demográfico puede agravar sustancialmente la posición fiscal de España. Nuestro país tendría que hacer un ajuste del 3,7 por ciento del PIB desde 2024 a 2031, mientras que el ajuste medio en la UE sería del 0,9 por ciento del PIB. Ante esta tesitura, parece razonable recomendar políticas de contención del gasto, sobre todo ahora que los desembolsos alcanzan niveles récord. Si en 2024 se hubiesen repetido los niveles de gasto de 2023, el Día de la Deuda habría llegado el 27 de diciembre y España habría acariciado el superávit presupuestario, al tener un déficit testimonial, de apenas el 0,36 por ciento del PIB.
Si desea más información sobre el informe, o si desea hablar con el director del IJM, Manuel Llamas, o el coordinador de estudios del Instituto, Diego Sánchez de la Cruz, envíe un correo electrónico a info@juandemariana.org o llame al teléfono 676676188
Un nuevo informe del Instituto Juan de Mariana analiza las consecuencias económicas, sociales y legales de las políticas de subsidios masivos dedicados a la promoción de energías renovables en España entre los años 1998 y 2014. Durante este periodo, el país experimentó un auge del gasto público dedicado a promocionar la instalación de energías renovables, una apuesta que descuidó los incentivos propios del mercado y derivó en una burbuja especulativa, cuya corrección sigue impactando en el desempeño de la economía española.
Entre 1998 y 2014, las energías renovables en España pasaron de 5.000 MW a 40.000 MW de capacidad instalada. Este crecimiento estuvo impulsado por políticas como las Feed-In-Tariffs, que garantizaron precios superiores al mercado para las energías limpias. En total, los compromisos de retribución para todo el periodo pueden llegar a superar los 300.000 millones para el periodo 2000-2038.
Debido a esta apuesta volcada en el lado de la demanda, los precios de la electricidad en España crecieron un 62% entre los años 2007 y 2013, más del doble del promedio europeo. Además, el déficit de tarifa acumulado durante este período alcanzó los 40.000 millones de euros, generando una deuda que los consumidores siguen amortizando en sus facturas.
El informe, titulado Una burbuja verde, destaca que las políticas renovables no solo afectaron a los consumidores, sino también a la industria española, que perdió competitividad debido a los altos costes energéticos. De hecho, el mismo sector de energías renovables perdió más del 50% de sus empleos tras el estallido de la burbuja, pasando de 143.000 puestos en 2008 a 75.000 en 2015.
La corrección de la burbuja en 2013, mediante recortes retroactivos de las tarifas garantizadas, desencadenó una ola de litigios internacionales. Hasta la fecha, España ha sido condenada en más de 25 procedimientos de arbitraje y, a finales de 2024, las empresas afectadas reclamaban cerca de 1.900 millones de euros al país.
El informe subraya que las políticas energéticas deben equilibrar los objetivos medioambientales con la sostenibilidad económica y la seguridad jurídica. Abogar por un enfoque de mercado, que promueva la innovación y reduzca los costes mediante la competencia, es esencial para evitar repetir errores pasados y fomentar un crecimiento racional de la actividad energética y del conjunto de la economía.
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.
Funcional
Siempre activo
El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.
Preferencias
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario.
Estadísticas
El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos.El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu Proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte.
Marketing
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares.