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Impuestómetro 2024

El trabajador español medio paga 3.860 euros de IRPF al año – y cerca de 15.500 euros al sumar el efecto de IRPF, cotizaciones e IVA.

El IJM publica el Impuestómetro, un estudio que mide la incidencia de la tributación sobre la renta de los contribuyentes españoles.

  • El peso de los impuestos sobre el PIB ha subido del 32 al 38 por ciento desde 1995. De dicho aumento de seis puntos porcentuales, el 60 por ciento ha tenido lugar bajo gobierno de Pedro Sánchez.
  • Si se pretende “armonizar” la fiscalidad española con la europea, la subida de impuestos resultante será de 39.000 millones de euros, cifra equivalente a 2.082 euros por hogar.
  • En promedio, los socios de la UE apenas han aumentado los impuestos de 2019 a 2022. En cambio, España ha sido el país de la Unión Europea con mayor incremento de la presión fiscal durante este periodo, lo que solamente ha contribuido a empeorar nuestro desempeño antes, durante y después de la pandemia, hasta el punto de que ocupamos el último puesto del Indicador de Gestión Económica.
  • Dos de cada tres euros de aumento de la recaudación tributaria bajo mandato de Pedro Sánchez han recaído sobre las familias. En total, el líder socialista ha elevado los ingresos tributarios por un monto equivalente a 3.890 euros por hogar. Casi la mitad de la subida se debió a la decisión de no indexar los impuestos a la inflación y, por tanto, no descontar el efecto en el sistema tributario de la mayor subida de precios en cuarenta años.
  • En promedio, Sánchez crea o sube un impuesto cada mes. De 2018 a 2024 ha aplicado no menos de 69 aumentos tributarios. Además, durante el ejercicio 2025 pretende elevar la recaudación en otros 7.000 millones, cifra equivalente a 371 euros por hogar.
  • La presión fiscal en Alemania es un 10 por ciento mayor que en España, pero la renta de los teutones es un 45 por ciento más alta. Esto nos recuerda que es preciso relacionar la presión fiscal con los niveles de renta de cada país. De hecho, si se equilibrase el peso de los impuestos sobre el PIB con los niveles de renta observados en España, la fiscalidad se reduciría en 15.000 millones y las familias pagarían 815 euros menos cada año.
  • Una renta media en España percibe un salario total real de 34.989 euros, pero a esta cifra hay que descontarle 8.157 euros de cotizaciones a cargo de la empresa y 1.731 euros de contribuciones a nombre del trabajador, así como un IRPF de 3.860 euros y un gasto acumulado por IVA de 1.450 euros. En total, el 43,44 por ciento del salario completo termina en las arcas de Hacienda debido a estas tres figuras fiscales. Si a las cotizaciones sociales, el IRPF y el IVA le sumamos el IBI, un trabajador medio paga 15.480 euros cada año en impuestos, lo que supone el 44,24 por ciento de su salario completo.
  • A estas cifras hay que añadirle el impacto de las rentas del ahorro (a lo largo del tiempo, unos 20.000 euros por familia), los impuestos sobre las herencias y el patrimonio (en vías de “armonización” por parte del gobierno de Pedro Sánchez), la tributación de las primas de seguro (unos 110 euros por hogar), la imposición aplicada a la compra de vivienda (en torno al 26 por ciento del precio final, lo que serían 50.000 euros en una adquisición de 200.000 euros), los gravámenes que afectan a la compra y uso del automóvil (desde el IVA a los tributos de matriculación y circulación, pasando asimismo por las multas recaudatorias, la normativa WLTP y los impuestos aplicados al combustible) y las exacciones sobre el consumo de alcohol (40 por ciento del precio final) o tabaco (80 por ciento del precio final). Al considerar todas estas figuras tributarias, el contribuyente medio paga más del 50 por ciento de lo que gana a Hacienda.

Descargar el informe.

La tasa de paro real alcanza ya el 15,8%, frente a la cifra oficial del 11,8%

El IJM publica el estudio Las sombras del mercado laboral español, en el que estima el impacto sobre el empleo del maquillaje estadístico de los fijos discontinuos, así como el efecto del salario mínimo en términos de exclusión laboral.

España ha superado a Grecia como el país de la Unión Europea con mayor tasa de paro. De hecho, el desempleo real se sitúa un 40 por ciento por encima de los niveles oficiales, puesto que una vez filtramos el maquillaje estadístico practicado con los fijos discontinuos y otras circunstancias, podemos encontrar que hay 3,9 millones de personas en una situación de paro efectivo, frente a los 2,8 millones que reconoce la Administración Sánchez en sus boletines de empleo. Frente a una tasa de paro oficial del 11,8 por ciento, el desempleo efectivo es del 15,8 por ciento.

Si el objetivo de la contrarreforma laboral de Yolanda Díaz era reducir la precariedad asociada a la corta duración de los contratos, conviene señalar que esta rúbrica no evoluciona a mejor sino a peor desde que entró en vigor dicha modificación. De hecho, la duración media de los contratados de los asalariados privados ha bajado de 5,9 a 5,6 años en los últimos años, una caída del 5 por ciento en los niveles de estabilidad contractual.

El ratio de asalariados públicos en relación con la cifra de ocupados en el sector privado ha bajado con fuerza bajo gobierno de Pedro Sánchez. Hemos pasado de 7 asalariados privados por cada 1 empleado público a una relación de 6 a 1. La contratación pública aumenta de forma imparable durante la última década y, más especialmente, en el último lustro. Antes, durante y después de la pandemia, las plantillas de las Administraciones no paran de crecer. Además, desde 2019 encontramos que el aumento del empleo público es más rápido que el de la ocupación privada.

España gasta un 15 por ciento más que la Eurozona en salarios de empleados públicos. Si nos comparamos con Alemania, estamos casi un 45 por ciento por delante. En el caso de que estos desembolsos fuesen similares a los observados en la Eurozona, el gasto público sería inferior en unos 21.000 millones de euros. Equiparando nuestros niveles a los de Alemania, el ahorro sería de 49.000 millones.

El galopante gasto público, que ha subido del 42 al 47 por ciento del PIB bajo gobierno de Pedro Sánchez, ha tenido un efecto negativo sobre el crecimiento y la actividad privada. De hecho, mientras nuestro país disparaba el peso del Estado, nuestra posición en el ranking mundial de PIB per cápita ha caído del puesto 32 al 37 de la lista. Además, los resultados cosechados por España en el Indicador de Gestión Económica del IJM confirman que, a lo largo de este periodo de expansión del tamaño del Estado, nuestro país ha sido el socio de la UE con peor desempeño en base a criterios como el crecimiento, la creación de empleo, la evolución de los salarios, la contención de la presión fiscal o el endeudamiento público.

La productividad laboral cerró 2023 casi un 4 por ciento por debajo de los niveles observados en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno. Bajo mandato del dirigente socialista, España es el país de la OCDE con peor desempeño de la productividad por ocupado. En cambio, los costes laborales no han parado de subir, aumentando de 2.555 a 2.985 euros entre 2018 y 2023. Tenemos, pues, la peor situación posible para las empresas, con unos costes laborales disparados que contrastan con una productividad en caída libre.

Subir casi un 75 por ciento el salario mínimo interprofesional mientras los precios experimentaban una subida aproximada del 20 por ciento ha hecho que el coste laboral básico golpee sobremanera a las empresas más humildes, las provincias menos desarrolladas y los trabajadores más vulnerables. Medido como porcentaje del PIB por ocupado, nuestro SMI es ya el segundo más caro de toda la UE. Esta circunstancia influye negativamente en las cifras de ocupación, generando exclusión entre los trabajadores que desarrollan tareas más elementales. Este colectivo ha visto cómo se dejaron de crear 210.000 empleos desde 2019 hasta 2023. Por cada 7 puestos de trabajo en los demás segmentos de actividad laboral apenas se ha generado 1 empleo en empleos dedicados a labores elementales.

Si ampliamos a 2024 nuestro análisis, se puede anticipar que el mercado laboral dejará de crear otros 60.000 empleos debido a la subida del SMI decretada por el gobierno. La cifra acumulada de 2019 a 2024 alcanzaría ya los 280.000 puestos de trabajo destruidos por esta vía.

En los últimos años se viene apreciando un fuerte crecimiento del absentismo. El dato para 2023 fue el segundo más alto de toda la serie histórica, solamente superado por las cifras alcanzadas en plena pandemia. A lo largo del pasado ejercicio, el 7 por ciento de los asalariados con contrato no trabajaron, con un coste de 77.000 millones para la economía española. Esta cifra podría reducirse hasta los 44.000 millones si el absentismo estuviese más supervisado y se mantuviese en los niveles más bajos de la serie histórica.

En España se habla mucho de “armonización fiscal” como mera excusa para subir impuestos. Lamentablemente, se habla menos de “armonización laboral” para equiparar nuestros niveles de empleo y paro con los de Europa. Lograr esto último tendría consecuencias socioeconómicas muy positivas para España, puesto que bajar el paro al 6,5 por ciento que se alcanza, en promedio, en la UE tendría el efecto de elevar en 93.000 millones el PIB, generando empleo para 1,3 millones de personas y contribuyendo en casi 22.000 millones a la mejora de la recaudación tributaria sin necesidad de subir ningún impuesto.

A corto plazo, y a la espera de una reforma laboral integral que retire los elementos de rigidez introducidos por el gobierno de Pedro Sánchez, parece recomendable priorizar tres áreas de mejora: reducir la “cuña fiscal”, que nos sitúa como el tercer país de la Unión Europea en el ranking que mide el peso de las cotizaciones sociales sobre el coste laboral; reducir el impacto negativo del SMI incorporando mecanismos correctores como los aplicados por los demás países de nuestro entorno; y terminar con los incentivos perversos que originan las crecientes pagas y ayudas públicas.

Descargar informe.

España, el país de la UE con peores resultados económicos entre 2019 y 2023

El IJM publica el Indicador de Gestión Económica (IGE), que mide el desempeño de los 27 países miembros de la Unión Europea durante el último lustro.

El Indicador de Gestión Económica (IGE) del Instituto Juan de Mariana (IJM) mide el desempeño de las veintisiete economías de la Unión Europea (U2-27) a partir de cinco categorías de estudio: PIB, empleo, presión fiscal, poder adquisitivo y deuda pública.

Si medimos el crecimiento del PIB entre 2019 y 2023, encontramos que la evolución media de la producción española arroja un tímido aumento de 3,3 puntos. Esto nos sitúa en el número 22 del ranking europeo, con una evolución del PIB que se sitúa más de un 40% por debajo de la media europea, que arroja un aumento de 5,6 puntos.

El 90% de la reducción del paro entre 2019 y 2023 se explica por el maquillaje estadístico del gobierno, apreciado por ejemplo con la reclasificación de los contratos los fijos discontinuos. En cambio, cuando medimos el paro efectivo, encontramos que la caída del desempleo registrada en España entre 2019 y 2023 ha sido de apenas un 1,4%, lo que nos coloca en un mediocre puesto 18 de la lista.

La presión fiscal ha subido en 2,9 puntos del PIB entre 2019 y 2023, pasando del 35,4% al 38,3% del PIB. España es el segundo país de la UE-27 con mayor aumento de los impuestos para el periodo analizado. El promedio comunitario arroja una subida de apenas 0,1 puntos del PIB, con trece países miembros que han reducido su presión fiscal y otros siete que la han aumentado de forma muy moderada. Por lo tanto, la senda de la tributación observada en España se aleja claramente de los patrones observados en el Viejo Continente y describe un “estallido fiscal” en toda regla.

La renta per cápita en paridad de poder adquisitivo cae un -5,5% de 2019 a 2023. Este desplome explica por qué la brecha de renta que separa a España del promedio comunitario ha crecido de 9 a 14 puntos porcentuales.

El peso de la deuda pública sobre el PIB ha subido de forma moderada en la UE-27, con una subida de 3,3 puntos entre 2019 y 2023. En cambio, en España se observa un repunte del 10,8 que triplica la media comunitaria. En 2023, la deuda pública subió a un ritmo de 165 millones al día. De hecho, a lo largo del mandato de Pedro Sánchez, por cada 1 euro de aumento del PIB se han emitido 2 euros de deuda pública.

Los resultados que arroja el Indicador de Gestión Económica (IGE) sitúan a España como el país con peores resultados para el periodo 2019-2023. Bajo mandato de Pedro Sánchez, el PIB ha crecido lentamente, el empleo apenas ha mejorado una vez se descuenta el maquillaje estadístico, la presión fiscal se ha disparado con fuerza, el poder adquisitivo de las familias está cada vez más lejos de los niveles observados en el resto de Europa y la deuda pública ha crecido de forma significativa. Agregando todas las puntuaciones del IGE, estamos un 7,4% por debajo de la media comunitaria.

En el agregado, si se comparan los resultados de España con los de la UE-27 para el periodo 2019-2023, vemos que la gestión de Sánchez ha tenido un coste de oportunidad cercano a los 170.000 millones de euros, cifra que alcanzamos al considerar el desempeño negativo en el PIB (31.000 millones), la presión fiscal (aumento de 38.000 millones), la renta per cápita (1.100 euros menos por persona, 2.200 euros menos por familia) y el crecimiento de la deuda pública
(101.000 millones). Esos 170.000 millones se traducen en un empobrecimiento equivalente a 3.500 euros por persona. Además, el paro efectivo sería dos puntos menor si España hubiese exhibido un comportamiento económico homologable a la media comunitaria.

Además de compararnos con la UE-27, tiene sentido hacer lo propio con Portugal, puesto que hablamos de países vecinos con una estructura productiva similar, un desempeño comparable durante la pandemia, un sector turístico de gran tamaño, una política energética coordinada a través de la “isla energética” y una sucesión de gobiernos de izquierda a lo largo del periodo analizado (2019-2023).

En la comparativa con la economía lusa, vemos que el PIB español creció 4,5 puntos menos, que no se observan grandes diferencias en cuanto al empleo, que la presión fiscal subió tres veces más en nuestro caso, que la renta de los ciudadanos tuvo un desempeño dos veces mejor en el país vecino y el ratio deuda/PIB bajó 11,4 puntos en Portugal mientras subió 10,8 puntos en España.

De haber registrado un desempeño similar al de Portugal, España tendría 60.500 millones más de PIB (cifra que ronda los 1.300 euros por persona), un nivel de paro similar, una presión fiscal 25.500 millones más baja cada año (con el consecuente ahorro tributario de 1.300 euros por hogar), un poder adquisitivo 6,8 puntos mayor (es decir, 1.360 euros más de renta per cápita o 2.720 euros más por familia) y la deuda pública sería significativamente menor (bajaría en
303.000 millones). En total, la factura del diferencial negativo con Portugal asciende a 389.000 millones, unos 8.000 euros por persona.

La diferencia de resultados entre España y Portugal se puede entender mejor cuando tomamos en cuenta el enfoque pragmático que adoptó el gobierno de António Costa en los asuntos económicos. Portugal subió del puesto 72 al número 30 del Índice de Libertad Económica a lo largo de los cinco últimos años, de modo que la prevalencia política de la izquierda vino de la mano de una mayor liberalización. En cambio, el intervencionismo que ha caracterizado al gobierno de Pedro Sánchez ha tenido efectos nefastos para la economía española, como evidencia la comparativa con nuestro país vecino, en particular, y con toda Europa, en general.

Leer el informe.

El trabajador medio ha perdido 615 euros de poder adquisitivo por la inflación

El IJM publica un informe sobre el impacto de la subida generalizada de los precios, que acumulan un aumento del 17% bajo mandato de Pedro Sánchez.

La pérdida de poder adquisitivo derivada de la crisis de la inflación que viene sufriendo España desde 2021 ha hecho que el salario medio pierda 615 euros de poder de compra. Un hogar en el que dos personas perciben el salario medio habría visto reducidos sus ingresos reales en 1.230 euros.


Así se desprende de un estudio elaborado por el Instituto Juan de Mariana en el que se concluye que la subida anual del IPC ha sido casi tres veces más intensa bajo gobierno de Pedro Sánchez (2,8%) que en los años de mandato de Mariano Rajoy (1%). De igual modo, el IPC acumulado llega al 17,3% en el periodo de gestión del PSOE, frente al 7,2% de los años del PP.


El estudio del IJM encuentra que la caída de los salarios de los españoles ha sido dos veces más intensa en España (-3,6%) que en la OCDE (-1,9%). Esta circunstancia ha hecho que la brecha de renta que nos separa de Europa vaya a más, hasta el punto de que el diferencial observado al comparar el PIB per cápita de España con el de la UE-27 haya subido del 8,7% al 14,4% bajo mandato de Sánchez.


El español medio gastó 1.696 euros más en 2023 que en 2018 por la subida de los precios, pero los bienes y servicios que adquirió con dicho desembolso habrían tenido un coste 579 euros menor de haber sido comprados en 2018. Esto significa que, en la práctica, igualar el consumo de 2018 en 2023 requiere gastar 2.275 euros más.


En campos como la alimentación, el 93% del incremento de los dispendios familiares se explica por la subida de precios y no por la compra de más productos. De hecho, si en 2023 queremos comprar en el supermercado lo mismo que en 2018 nos suponía 100 euros de gasto, deberemos asumir un desembolso de 135 euros, a raíz de la inflación que afecta especialmente a este tipo de consumos.

El IJM advierte que, si nuestro país hubiese mantenido el ritmo de convergencia con Europa apreciado hasta 2018 y no hubiese sufrido el retroceso de los últimos años, la renta media sería hoy 3.441 euros mayor de lo que es ahora. He ahí el coste de oportunidad derivado del decepcionante rumbo que sigue la política económica de nuestro país.


Además del impacto directo sobre la renta de las familias, la inflación también erosiona la riqueza de los hogares españoles. El trabajo del IJM encuentra que el volumen de depósitos se ha reducido en 28.500 millones, en gran medida por la necesidad de echar mano a los ahorros para sufragar unos costes cada vez más altos. Además, el valor real del dinero que sigue acumulado en depósitos bancarios se ha erosionado por un monto equivalente a 32.000 millones.


Por otro lado, la decisión del gobierno de no deflactar los impuestos para descontar el efecto de la inflación está golpeando duramente a los contribuyentes, cuyo sobreesfuerzo fiscal en 2022 y 2023 ronda los 25.000 millones, es decir, 1.315 euros más por hogar.


La política fiscal y monetaria de los años de Sánchez ha sido opuesta a la del tiempo de Rajoy. Mientras que el gobierno del PP aprobó una Ley de Desindexación, desligó las pensiones del IPC y redujo el déficit y el gasto público, el PSOE ha vuelto a anclar los precios y las prestaciones de la Seguridad Social a la inflación, al tiempo que ha elevado el déficit y el gasto de las Administraciones. En cuanto al Banco Central Europeo, su estrategia ha sido más expansiva bajo mandato de Christine Lagarde que durante la gestión de Mario Draghi. La confluencia de estos diferenciales de política fiscal y monetaria tiene mucho que ver con el contraste tan acusado que arroja el desempeño del IPC bajo los últimos gobiernos de PP y PSOE.

Descargar el informe.

Hoy es el Día de la Deuda

España agota todos sus ingresos fiscales y vivirá del déficit hasta fin de año

  • Hay siete países de la UE que alcanzan el Día de la Deuda antes que España, pero su deuda media es del 53,8% del PIB, la mitad que la española
  • La deuda pública crece en España a un ritmo de 164,8 millones de euros cada día, lo que supone 6,8 millones por hora, 114.155 euros por minuto y 1.903 euros por segundo
  • Por Comunidades Autónomas, el peor resultado es el de La Rioja, donde el Día de la Deuda llega el 17 de noviembre. Galicia, por el contrario, es la mejor situada, ya que agota sus ingresos el 28 de diciembre
  • La Seguridad Social registra el mayor déficit de caja de toda la UE. La deuda del sistema público de pensiones se ha multiplicado por cinco. El Día de la Deuda de la Seguridad Social se adelanta al 10 de octubre

30   de noviembre de 2023

El Instituto Juan de Mariana (IJM) publica hoy el Día de la Deuda, que refleja la fecha a partir de la cual el conjunto de las Administraciones Públicas españolas agota todos sus ingresos fiscales para poder hacer frente a sus gastos, de modo que el Estado vivirá a crédito, generando déficit y deuda, hasta fin de año.

Si comparamos todos los ingresos y gastos previstos por las Administraciones Públicas españolas para 2023, encontramos que el saldo negativo es del 8,6%. En términos de calendario, esto significa que, si tomamos todos los ingresos del Estado y los distribuimos a lo largo del año, dichos recursos solamente cubren once meses de gasto. Por lo tanto, el Día de la Deuda llega el 30 de noviembre y el equivalente a un mes entero de gastos se financia por entero vía déficit y deuda.

Hay siete países de la UE que alcanzan el Día de la Deuda antes que España, pero su deuda media es del 53,8% del PIB, más de un 50% por debajo de nuestro país. Además, si nos comparamos con las economías del Club Med, vemos que nuestro Día de la Deuda (30 de noviembre) se compara muy desfavorablemente con la fecha observada para Grecia (22 de diciembre), Croacia (28 de diciembre) o Portugal (30 de diciembre).

Si desagregamos por Administraciones, el Día de la Deuda llega el 5 de octubre en el caso del Gobierno Central, el 17 de diciembre en el de las Comunidades Autónomas y el 19 de diciembre en el de la Seguridad Social. Las Corporaciones Locales son las únicas que tienen un ligero superávit.

Por Comunidades Autónomas, el peor resultado es el de La Rioja, donde el Día de la Deuda llega el 17 de noviembre. Cataluña lo alcanza el 12 de diciembre y Madrid el 16. El mejor resultado es el de Galicia, que agota sus ingresos el 28 de diciembre.

España va camino de enlazar 21 años consecutivos (2008-2028) con el presupuesto público en situación de déficit. La cronificación de dicho diferencial negativo se traduce en un crecimiento continuado de la deuda de nefastas consecuencias para la economía.

El volumen de deuda acumulado por las Administraciones Públicas se ha disparado de menos del 40% a más del 110% del PIB entre los años 2008 y 2022. Las reglas de la Eurozona exigen que los pasivos del Tesoro no superen el 60% del PIB. Cumplir dicho objetivo mejoraría el PIB en 4,6 puntos, es decir, más de 62.000 millones de euros. Por lo tanto, la deuda está suponiendo un lastre muy importante para el desarrollo económico del país.

España es el segundo país de Europa con mayor aumento de la deuda pública desde finales de 2019 hasta el primer trimestre de 2023. La subida, de 14,6 puntos del PIB, está muy por encima del incremento observado en el conjunto de la Unión Europea, donde el aumento ha sido de 6 puntos del PIB.

La deuda pública asciende ya a 29.500 euros por habitante y 74.500 euros por hogar. A lo largo de 2023, los pasivos del Estado habrán aumentado en 60.000 millones de euros. Si expresamos estas cifras con un reloj de deuda, encontramos que la deuda sube 164,8 millones de euros cada día, lo que supone 6,8 millones por hora, 114.155 euros por minuto y 1.903 euros por segundo.

El endeudamiento enmascara el verdadero coste del gasto público, al trasladar su financiación al futuro. Esta ilusión fiscal equivale a 8.478 euros por asalariado. Además, la vida media de la deuda española es de 7,9 años, de modo que no estamos traspasando tales obligaciones “a las próximas generaciones”, sino que nosotros mismos las enfrentaremos también a medio plazo, en forma de más impuestos.

La Seguridad Social española presenta el mayor déficit de caja de toda la UE. Su deuda ha crecido de forma espectacular en los últimos años, multiplicándose por cinco y pasando de menos de 20.000 a más de 100.000 millones de euros. Además, la verdadera situación contable de la Seguridad Social se enmascara por las transferencias que llegan de los Presupuestos Generales del Estado. Si se ajustan los datos para considerar su efecto, el Día de la Deuda del conjunto de las Administraciones Públicas permanece inalterado (30 de noviembre), pero la fecha del Gobierno Central se retrasa del 5 de octubre al 26 de noviembre, mientras que la de la Seguridad Social se adelanta del 19 de diciembre al 10 de octubre. Pagar las pensiones exclusivamente con los ingresos del sistema supondría reducir casi 60 euros la prestación media percibida mensualmente por los jubilados españoles.

Puede leer el informe completo aquí.

Private roads: Response to Zhang and Levinson

“Paper” original escrito por: Walter Block.

Archivo pdf original aquí.

Abstract:

Zhang and Levinson (2009) have joined the ranks of those who seriously contemplate a private road and highway industry. But their support for privatization is a limited one. The present paper is an attempt to obviate their support for restricting the economic freedom of private street and road owners.
Purpose of this paper: to promote road privatization
Design/methodology/approach: criticize Zhang and Levinson
Findings: Zhang and Levinson are fair weather friends of privatized highways
What is original/value of paper: road privatization will save thousands of lives.

Key words:

Traffic fatalities; congested highways; privatization; deregulation

JEL category:

R00

Private roads: Response to Zhang and Levinson

I wish to welcome Zhang and Levinson (2009) to the ranks of scholars who at least seriously consider the case for free enterprise roads, highways, streets, etc.

Why is it so important that these ranks be swelled? There are two reasons, one crucially imperative, the other of no little importance. The first is the fact that some 40,000 people in the U.S. perish annually from highway fatalities, and this is the fault of public ownership. Privatization is the last best hope for radically reducing this horrid statistic. The second, a minor reason compared to that one, but very important in its own right, is traffic congestion. This costs the American economy millions of dollars per year, and even fits into the first consideration in a minor way: road rage is enhanced by traffic congestion, and this in and of itself leads to road deaths.

The usual explanation given for traffic fatalities is speed, driver inattention, drunkenness and drugged driving, bad weather conditions, etc. But this is totally fallacious. Rather, the massive killings are due to the failure of government road managers to deal with these challenges. If there were private profit and loss making entrepreneurs in charge, the death rate would be radically reduced due to competition. Similarly, under private enterprise it is more than likely that peak load pricing would be introduced, and traffic congestion would be a phenomenon of the past.

So I once again repeat my congratulations to Zhang and Levinson (2009) for joining the ranks of scholars who seriously contemplate, and often even advocate, privatization of this industry. Unfortunately, this welcome must come accompanied by an asterisk. For, instead of favoring a fully free enterprise private enterprise road industry, they invite in, only, one that is greatly constrained and hemmed in by a welter of restrictions and regulations.

What is their reasoning on this matter? What are their reservations about full laissez faire in this sector of the economy? They are not fully weaned away from road socialism on these; following grounds:

“… private roads possess spatial monopoly power and will likely charge higher-than-optimal tolls on their users, leading to welfare losses. In addition, market entry barriers due to high construction cost and demand uncertainty imply that the private road economy is not a perfect market.”

This is highly problematic. Every geographical business has “spatial monopoly power.” This applies not only to “long, thin things” such as pipelines, railroads, water and sewer lines, telephone lines, etc. It also pertains to each and every commercial enterprise that takes up space, which means each and every one of them without exception. For example, bakeries, shoe stores, groceries, pharmacies, hotels, etc. How can we prove any such claim? It is simple: two things cannot occupy the same relevant space at the same time. If the jewelry store occupies 123 Elm Street in Nowhere, USA, then the filling station cannot also have this as its address.

Then, consider the claim that private roads will “charge higher-than-optimal tolls.” There are difficulties here. For one thing, this is predicated upon an outdated, mischievous understanding of monopoly versus perfect competition. Among the other fallacies of this perspective are that it involves invalid interpersonal comparisons of utility. How does the state know what the optimal price for road usage would be? To think that it does is to ignore the contributions of many economists to the debate over socialist calculation. If we have learned anything from this debate, it is that central planners, in the absence of market prices, cannot rationally plan. Yet, it is the very market prices that would emanate under road privatization that Zhang and Levinson are advocating be undermined.

For another, this relies upon the institution, the government, which is responsible for the massive traffic deaths in the first place. These authors in effect are relying on one branch of the government, the anti-trust regulators, to overcome the flaws in the polices of another branch, those in charge of roads, streets and highways. Suppose one division of a supermarket created problems, let us suppose the meat and butcher section. Would we choose to ameliorate this another branch, for example that which deals with fruit and vegetables? They would hardly be our first choice, since we would look to the root of the initial difficulty and see that entire institution as problematical.

Zhang and Levinson continue their rejection of a fully free market for highways:

“Therefore, comparing a centralized public ownership with an unregulated private ownership is not fair because in theory, proper regulations on private roads can improve welfare…. Limited by the length of the paper, we will only consider the price ceiling regulation in which a global maximum toll level (e.g., $3 per km) is set for all private roads.”

Very much to the contrary, it is exceedingly fair to
compare a centralized public ownership with an unregulated private ownership. The present situation, it bears repeated, creates some 40,000 needless deaths per year. The best estimate for the number of needless fatalities in the latter case is around 10,000. Thus, 30,000 people could be saved on an annual basis. It is not only “fair” it is imperative to compare these two very different systems of road management. Many innocent lives are at stake.

If economics 101 teaches us anything, it is that a price ceiling at any level brings about a shortage. We all can picture the supply and demand drawing with an illustrated maximum price placed below equilibrium. What ensues? Well, demand exceeds supply and we have a shortage. Even on the basis of interventionist neo-classical economics, it simply makes no sense to impose a “$3 per km” on every roadway. Surely, the supply and demand conditions would not be homogeneous all throughout the entire country. And also if we want to have a full employment enactment for economists, we should spend vast amounts of treasure on us dismal scientists so that we can figure out which price ceilings should be placed upon which streets and avenues?

The next arrow in the quiver of is this:

“For any regulatory policy, there is also the issue of optimal regulation. In the case of price ceiling, the optimal ceiling price that maximizes social welfare needs to be determined so that the full potential of the regulation can be appreciated.”

Here, these authors are entirely correct. It is indeed important to determine “the optimal ceiling price.” But, from reading in between the lines, one gets the impression that in their view it would be impossible for the optimal ceiling price to be none at all. Rather, what they appear to have in mind is some price, perhaps not the exact same for all roads that lies below equilibrium. But why will the “full potential” be realized when shortages are created? Who benefits from when demand exceeds supply? It is difficult to see that anyone would, except for the bureaucrats charged with rationing a limited supply amongst numerous customers. However, we already have just that situation: traffic congestion. And, we already have a maximum price set below equilibrium, at present. It is a zero price.

Last but not least, Zhang and Levinson deviate from the free enterprise position as follows:

“When the ceiling price is too high, its influence on private roads’ pricing and investment decisions is marginal. When it is too low, private roads may not be willing to expand an under-built network to the optimal capacity level. We identify the optimal ceiling price by simulating a large number of alternative ceiling prices (i.e., from $0 to $10 per km in $0.1 increments) and evaluating the corresponding welfare measures. Although a global ceiling price for all links is assumed herein for simplicity, the optimal ceiling price in theory could vary on a link-by-link basis.”
Happily, our authors make the best of a bad business by allowing that regulated prices cannot be of a one size fits all variety. Their comment about high ceilings being marginal is also in the right direction. If they are high enough, they will have no effect whatsoever. For example, if the maximum price allowed is $1 million per inch travelled, it would not “bite” at all. But then comes the full employment for economists consideration: doing empirical research on this matter.

I, along with all other dismal scientists approve of this as a matter of instinct. But not when so many innocent lives are at stake. Let us have instead full free enterprise, unencumbered by price controls, and a radical reduction in traffic fatalities.

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Midiendo el voto económico en España: ¿el partidismo nubla la razón?

El Instituto Juan de Mariana publica el informe Midiendo el voto económico en España: ¿el partidismo nubla la razón? El estudio mide cuál es la incidencia de los factores económicos en el sentido del voto. El factor económico incide en el sentido del voto. La medida en que la economía incida en el voto es muy importante. Si el voto económico fuera determinante, los políticos le prestarían más atención. Si fuera marginal, el desempeño de la economía no estaría entre las preocupaciones de los gobiernos.

Según explica el informe, obtiene los datos de las variables sometidas a estudio a partir de las encuestas postelectorales del CIS de 2008 (2757), 2011 (2920), 2016 (3145), y 2019 (3269). La variable independiente principal es la percepción general sobre la situación económica. Finalmente, el informe hace “un ejercicio de prospectiva en el que utilizamos los barómetros fusionados del CIS desde enero a marzo de 2023 para observar la relevancia de la economía a la hora de condicionar el voto”. Así, “nuestras estimaciones indican que, entre los que votaron al PSOE en 2019, tener una valoración mala o muy mala de la situación económica reduce las probabilidades de que vuelvan a votar al PSOE en 16 puntos porcentuales”.

Puedes descargar el informe en este enlace.

Fondos del mercado monetario: La gran competencia del sector bancario en EEUU

El último informe de Market Trends, elaborado para el Instituto Juan de Mariana y para la Universidad Francisco Marroquín,

analizaremos el funcionamiento de estos fondos de inversión en Estados Unidos para, posteriormente, analizar la relación entre estos y la fuga de depósitos bancarios que actualmente está ocurriendo en los Estados Unidos y si relación con los Money Market Mutual Funds (MMMFs).

El informe se titula Fondos del mercado monetario: La gran competencia del sector bancario en EEUU, y está elaborado por el economista Daniel Fernández, doctor en Economía, director de Market Trends y profesor de la Universidad Francisco Marroquín y Jon Aldekoa, investigador sobre mercados monetarios y financieros y sobre la interacción de estos con la política monetaria de los bancos centrales.

Puedes descargar el informe en este enlace.

Hacia una sociedad de propietarios

En 2006, el Instituto Juan de Mariana publicó uno de sus informes más señeros y de mayor calado: Una sociedad de propietarios. 17 años más tarde, el IJM y Value School recogen el legado de aquella propuesta a la sociedad española, y publica un nuevo informe:

Hacia una sociedad de propietarios: una transición urgente e ineludible.

En él se hace el mismo planteamiento audaz: si a los ciudadanos se les permitiera destinar al ahorro y la inversión la parte de su renta que el Estado destina a pagar la Seguridad Social, acabaría teniendo un patrimonio que sostendría una pensión mucho mayor que las pensiones públicas. La propuesta supone cambiar la dependencia de las promesas de los políticos por el respaldo del patrimonio propio; las transferencias destinadas al consumo por el ahorro a largo plazo; y el Estado del bienestar por una sociedad de propietarios.

Para descargar el informe original del año 2006 pincha aquí.

Además, ofrecemos la presentación que realizó Domingo Soriano, autor del informe, para el Instituto Juan de Mariana en la sede de nuestros colaboradores; Value School.

El caso de Silicon Valley Bank: un análisis financiero – Daniel Fernández

El último informe de Market Trends, elaborado para el Instituto Juan de Mariana y para la Universidad Francisco Marroquín, expone en detalle las circunstancias que han llevado a la caída del Silicon Valley Bank (SVB). El informe se titula El caso del Silicon Valley Bank: un análisis financiero, y está elaborado por el economista Daniel Fernández, doctor en Economía, director de Market Trends y profesor de la Universidad Francisco Marroquín

Puedes descargar el informe en este enlace.