Los incentivos de los gobiernos autonómicos no siempre ayudan a encontrar una solución; de hecho, en muchas ocasiones el formato de la negociación impide encontrar la solución.
No se recuerda semejante escandalera desde que los norteamericanos eligen democráticamente a su presidente, y de eso hace ya más de doscientos años. La llegada contra todo pronóstico de Donald Trump a la Casa Blanca pasará a los anales de la historia política de los Estados Unidos. Y lo peor es que ese diablo con tupé que nos pinta la prensa todavía no ha empezado a gobernar. Lo hará esta semana con la tradicional inauguration en la explanada que se abre frente al Capitolio. Allí se escenificará la coda del obamismo al compás de una marcha fúnebre que los medios llevan dos meses y pico retransmitiendo a todas horas.
Los norteamericanos tienen motivos para celebrar el final de una época marcada por una crisis cerrada en falso y en la que han resucitado fantasmas familiares que se creían enterrados desde hace décadas. Los Estados Unidos no hacen hoy honor a su nombre. No están unidos. El país se quebró en algún momento durante el segundo mandato de Obama. Una división profunda que cristalizó durante las pasadas elecciones en forma de dos candidaturas pésimas que no gustaban a casi nadie, pero que eran la expresión viva del abracadabrante legado que Barack Obama deja a su país.
Los americanos son hoy más pobres que hace ocho años, están más endeudados y dependen en mayor medida de las dádivas del Estado. Las denostadas élites financieras, por su parte, han prosperado como nunca antes. El Dow Jones está hoy muy por encima de los años más calientes de la burbuja inmobiliaria. Los lobos de Wall Street, el 1% que quitaba el sueño a los niños de aquella acampada frente a la Bolsa de Nueva York, nunca habían ganado tanto dinero como con Obama.
Las deportaciones de emigrantes han alcanzado un récord histórico. En estos ocho años se ha expulsado del país a 2,5 millones de personas. Con razón los críticos le llaman el “deportador en jefe”. Trump tendrá complicado superar el listón, y no solo ahí, también en todo lo relativo a la seguridad de la frontera sur. Bajo la presidencia de Obama la verja con México ha seguido creciendo, especialmente en sofisticación, sistemas de videovigilancia, sensores de movimiento y nuevas dotaciones para las patrullas fronterizas. Si Trump se decide finalmente a construir el célebre muro simplemente estará completando la obra de su antecesor en el cargo.
Entretanto Guantánamo sigue abierto y operativo al ciento por cien. Su nueva política en Medio Oriente, la que iba a traer la paz y la concordia a la región tras los funestos años de Bush, se ha sustanciado en una sangrienta e inacabable guerra civil en Siria e Irak. Estados Unidos ha perdido peso específico en el mundo. Rusia, un país cuyo PIB es similar al de España, le torea y condiciona hasta las mismas elecciones. Su economía se ha convertido en adicta a las emisiones de deuda del Tesoro y muchos norteamericanos de todo el espectro ideológico están asqueados de serlo. La tierra de los libres y hogar de los valientes nunca había criado tantos complejos de culpa como en el último y malhadado octenio. Para un presidente que decía traer la esperanza y el cambio para la gente común no parece desde luego el mejor de los registros.
Los años del obamato ni siquiera han conseguido que el país mejore su popularidad más allá de sus fronteras. El antiamericanismo sigue gozando de idéntica buena salud que en los tiempos de Bush, Clinton o Reagan. Ha crecido incluso en algunas regiones como Oriente Medio, China o ciertas partes de Europa del este. El mundo, por añadidura, es un lugar más inestable, más incierto y menos seguro de lo que lo era en 2008. A Estados Unidos le costó medio siglo convertirse en la cabeza del mundo libre. Si siguen por este camino en menos de medio siglo habrán dejado de serlo.
Pero el verdadero daño no es ese. La política exterior se puede revertir con mano izquierda, unas cuantas firmas y voluntad de prevalecer. La economía se arregla aplicando reformas sencillas que no tardan en surtir efecto. Ahí tenemos los reaganomics de los ochenta como evidencia empírica. Pero lo otro no. Cuando una sociedad cae enferma de resentimiento y se engolfa en interminables querellas mutuas el tratamiento es más complejo y la cura se demora en el tiempo. El obamismo ha cabalgado furioso sobre causas como la raza, el género, el ecologismo y el pacifismo de boquilla, ensayadas todas a modo de tanteo durante la última etapa de la era Clinton pero que felizmente naufragaron juntas el 11 de septiembre de 2001.
Lo ha hecho impregnándolo todo de una nauseabunda corrección política que, como el cáncer, se ha infiltrado en todos los tejidos de una sociedad antaño sana, confiada, vitalista y risueña. Los frutos de esta división premeditada de la sociedad entre buenos y malos, blancos y negros, mujeres y hombres, ángeles demócratas y demonios republicanos, presuntas víctimas y supuestos verdugos, los tenemos a la vista. Trump es la resulta final de estos ocho años de pose buenista atiborrada de ideas caducas y, además, letales para una sociedad de personas libres. No se le echará de menos. Ni ellos ni nosotros.
Uno de los últimos actos de gobierno del presidente Barack Obama ha sido legitimar la repatriación a Cuba de los pies secos. Era una medida solicitada insistentemente por la dictadura de Raúl Castro. Obama volvió a complacerlo sin exigirle nada a cambio.
Los pies secos son los cubanos que llegan a territorio norteamericano sin visa, ya sea por tierra, casi siempre en los puestos fronterizos mexicanos; por mar, en balsas o pequeñas embarcaciones; o por aire, en aeropuertos en los que aterrizan en tránsito, supuestamente, hacia otros países.
Los pies mojados –los cubanos interceptados por los guardacostas en el mar– ya eran deportados desde que Bill Clinton lo decretó a mediados de los años noventa y pactó con Fidel Castro que los aceptara, a cambio de otorgar a Cuba 20.000 visas todos los años.
Por otra parte, continúa vigente, mientras el Congreso no la derogue, la Ley de Ajuste de 1966. Cualquier cubano que ingrese legalmente en Estados Unidos, al año y un día de haber entrado en el país puede solicitar la residencia.
Como la existencia de la Ley de Ajuste se debió a que Cuba se negaba a aceptar la repatriación de sus ciudadanos, y algo había que hacer con ellos para regularizar su situación, es probable que el Congreso de Estados Unidos eventualmente elimine esa legislación, en vista de que Raúl Castro ya los admite de regreso.
En todo caso, devolver a los cubanos que huyen de Cuba, dado que emigran por razones materiales y no porque son perseguidos políticos, es ignorar que la situación económica de la Isla es la consecuencia de un sistema profundamente injusto e improductivo impuesto a sangre y fuego a esa sociedad. En Cuba, menos los perseguidores, todos son perseguidos políticos.
Además, miles de cubanos que habían emprendido la caminata hacia la tierra prometida han quedado varados en las selvas de varios países latinoamericanos, ya sin esperanzas de arribar algún día a Estados Unidos. Se encuentran hoy a merced de mafias y coyotes. Muchos de ellos morirán irremediablemente.
También se anunció el fin del programa de acogida preferencial de los médicos internacionalistas cubanos que solicitaran la protección acogiéndose a una medida dictada por George W. Bush. La mayor parte se refugió en Colombia a la espera de que la embajada de Estados Unidos les entregase las visas, como Washington había prometido.
Estos médicos son esclavos de bata blanca alquilados por Cuba a otras naciones como Venezuela, Brasil, Angola o Argelia, lo que le ha ganado al régimen de la Isla el sobrenombre de “Gobierno proxeneta”. La Habana se reservaba entre el 80 y el 90% de los salarios de sus esclavos, abonados por las naciones donde prestaban los servicios. Hasta ahora, unos ocho mil han escogido la libertad.
Desde la perspectiva del régimen cubano, estos profesionales tenían tres funciones: procurar grandes cantidades de divisas (una de las mayores fuentes de ingreso del Estado), servir de propaganda sobre la solidaridad de la revolución y –algunos de ellos, los policías– contribuir a labores de inteligencia.
El Gobierno de George W. Bush creó el programa para contrarrestar los tres objetivos: privar de recursos a un país enemigo, neutralizar la propaganda internacionalista con las constantes deserciones y saber exactamente lo que sucedía en las filas de la revolución, dado que los médicos que escapaban eran una fuente inagotable de información.
¿Qué hará Donald Trump a partir del 20 de enero? Probablemente –nunca se sabe con este contradictorio personaje–, no intentará restituir el privilegio de los pies secos cubanos, porque sería incongruente con su rechazo a los inmigrantes ilegales, pero tal vez restaure el programa de acogida a los médicos, basado en el reconocimiento implícito de que Cuba es un Estado enemigo, algo que George W. Bush y los presidentes que lo precedieron en el cargo, republicanos y demócratas, tenían muy claro.
Para los asesores de Trump, los generales y los civiles, es obvio que la Cuba de Raúl Castro es un adversario tenaz dedicado a perjudicar los intereses de Estados Unidos y como a tal lo van a tratar.
Saben que el aparato cubano de inteligencia y propaganda es el principal sostén de la Venezuela chavista y de los países del Socialismo del Siglo XXI. Tampoco ignoran que los hábiles operadores de la Dirección General de Inteligencia (DGI) cubana han franqueado las puertas de América Latina a Irán y a los terroristas islámicos, y no olvidan los recientes envíos clandestinos de pertrechos de guerra a Norcorea o a los narcoguerrilleros de las FARC y el ELN, descubiertos en un puerto colombiano.
¿Le queda alguna concesión por hacer a Barack Obama? Por lo menos una. Cuba le ha pedido encarecidamente que antes de abandonar la presidencia libere a la espía estadounidense Ana Belén Montes, cuyas delaciones costaron la vida a algunos agentes norteamericanos. Obama se lo está pensando.
Leí hace un tiempo a Antonio Muñoz Molina en El País, indignado con lo que llamaba la privatización del metro:
Cada vez que oigo por los altavoces el nuevo nombre de la línea 2 o la estación de Sol me siento ultrajado en mi ciudadanía. Los nombres son tan públicos como los lugares que designan. Privatizar el nombre de una línea de metro llamándole Vodafone es una usurpación de algo tan colectivo y público por naturaleza como el aire de la calle, como las palabras del idioma. Da escalofrío pensar que una ciudad como Madrid, tan rica de texturas, tan resistente a tantos infortunios, lleve tantos años en manos de una derecha oscurantista, analfabeta, entregada a todos los especuladores, capaz de permitir que la Gran Vía se convierta en un zafio shopping mall de franquicias.
Aquí tenemos varias ideas de interés. La primera y más importante es que el escritor y académico puede haberse confundido con la idea de privatización. Se llama privado a lo que es pagado plena y voluntariamente por los ciudadanos que libremente lo demandan. Una tienda de Zara es privada: usted va, elige un producto concreto, si quiere, y sólo si quiere se lo lleva, después de pagarlo. Amancio Ortega no puede, bajo pena de cárcel, obligar a ningún cliente a que compre nada, y mucho menos puede forzar a sus clientes a que compren lo que no quieren. Tampoco puede, bajo pena severa de prisión, obligar a unos clientes a que le paguen a usted su camisa, o parte de ella. Por eso Zara es privada, y funciona en lo que llamamos el mercado, o el capitalismo, o la sociedad civil, el ámbito de la propiedad privada y los contratos voluntarios.
El metro no es así, don Antonio: el metro no es privado. Por eso los usuarios del metro no pagan nunca el coste real del servicio, que es financiado en parte mediante impuestos, que pagan millones de ciudadanos que no usan el metro. Así funcionan las Administraciones Públicas: emplean la fuerza de la ley para obligar a los ciudadanos a que paguen bienes y servicios, sea que los consuman o no. Curiosamente, a muchos esto les parece justo.
Lo que ha hecho Metro de Madrid con Vodafone y otras empresas es permitir que utilicen sus infraestructuras como anuncios publicitarios, algo que, por cierto, hacen muchas empresas públicas en todo el mundo. Ello le reporta a Metro unos ingresos, cuyo destino será decidido por políticos y burócratas, y no por los propietarios del Metro, que, al ser público, se dice que somos “todos”, cuando obviamente no es así, salvo en un sentido peculiar: nos obligan a todos a pagarlo.
Por lo tanto, señor Muñoz Molina, podríamos reflexionar sobre por qué a usted le parece un ultraje la publicidad de Vodafone, pero no le ofende la coacción sobre millones de personas que pagan el metro y no lo usan.
Finalmente, observemos el peor escenario para don Antonio, el más ultrajante resultado de la “derecha oscurantista, analfabeta, entregada a todos los especuladores”. Ese espanto son las tiendas de la Gran Vía, que para el escritor es “un zafio shopping mall de franquicias”. Es decir, le parece zafio aquello que la gente hace libremente, que procura empleo y bienestar a numerosas personas, y lo hace para colmo sin quebrantar los salarios y demás ingresos de otros ciudadanos.
Los aranceles impiden la exposición de la producción nacional al mercado y empobrecen, por no decir aniquilan, su competitividad.
La falta de un ahorro a lo largo de la vida del usuario o de la creación de sistemas de cobertura provoca una carencia de recursos cuando el desembolso es necesario.
La Ley contra la Violencia de Género es un engendro jurídico de naturaleza profundamente injusta e inconstitucional, puesto que vulnera el derecho fundamental de igualdad ante la ley.
Ya basta de que la oligarquía político-financiera juegue con las cartas marcadas, de que les paguemos la fiesta y de que, para más inri, nos inflen descaradamente las facturas.
El problema es confundir estimaciones con predicciones mágicas infalibles y, lo que es peor, que esas estimaciones de palo de hockey se cubran de una falsa apariencia “científica”.
Los españoles pagaron en el primer mandato de Rajoy unos 15.400 millones de euros más en impuestos que con Zapatero en 2011 debido a los cambios tributarios.
