¿En qué consiste el capital?
Más, y no menos capitalismo. Más, y no menos propiedad privada. Más, y no menos empresas. Más, y no menos mercados financieros. Esa es la fórmula para sacar de la miseria a medio mundo. La lectura de estudiosos del capital como Hernando de Soto, Michael Milken y Carl Menger nos explican por qué.
Así identifica el economista peruano Hernando de Soto en su libro El Misterio del Capital la causa más poderosa, a su juicio, por la cual “el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo”.
La gran tragedia del mundo subdesarrollado es que sus “muy sociales” gobernantes marginan a tres cuartas partes de sus habitantes, condenándoles a sistemas de propiedad precarios sobre sus bienes. De esta forma jamás pueden tener acceso a un crédito pignorándolos en garantía, tienen enormes dificultades para trasmitir su patrimonio en caso de necesidad o conveniencia, carecen de incentivo para invertir en la mejora de sus inseguras propiedades y, a fin de cuentas, viven condenados a no poder extraer de sus bienes la mayor parte de su valor potencial.
La tragedia no se para ahí. Con legislaciones laborales costosísimas e irreales, las burocracias tercermundistas no dejan más alternativa a sus nacionales que emplearse en puestos de trabajo extralegales. Así por ejemplo en Zambia sólo el 10% de la población está legalmente empleado. Además con sus regulaciones, certificaciones administrativas, mordidas y demás restricciones a la libre iniciativa hacen imposible que los emprendedores puedan acceder al mercado salvo a través de empresas sumergidas.
Las reglamentaciones gubernamentales en materia de urbanismo –desde la escasez de suelo urbanizable hasta la limitación de alturas pasando por los consabidos mil y un certificados administrativos y sus consiguientes prohibitivas comisiones– junto a los controles de alquileres empujan a los emigrados del campo a la ciudad a acudir a la infravivienda como única solución. Así, en Brasil, cuando hace treinta años dos tercios de la construcción de vivienda era para alquiler, hoy apenas el 3% de la construcción se hace con esa finalidad. Las favelas absorbieron ese mercado. Vivir en chabolas, ranchitos, pueblos jóvenes, favelas, bidonvilles y shantytowns implica además carecer de domicilios legales y con ello no poder tener acceso a servicios básicos como electricidad, alcantarillado o agua potable. Lo que no existe no puede ser ni aprovisionado ni facturado.
Michael Milken, el genio que revolucionó los mercados financieros norteamericanos durante las décadas de los 70 y los 80 (y que terminó pasando una temporada en la cárcel por pisar demasiados callos del establishment), escribía en su artículo The democratization of capital que el acceso al capital ha estado generalmente restringido a lo largo de la historia. La casi exclusividad para la realeza y la iglesia durante el medioevo sólo fue parcialmente ampliada durante el siglo XIX a un grupo de industriales con propiedades que les respaldasen. Incluso en los años 60 las instituciones financieras habían de limitar sus créditos a aquellos clientes considerado seguros.
Aunque tras la revolución financiera de las últimas décadas, en la que Milken tanto ha tenido que ver, el acceso al capital en Norteamérica es posible (venture capital, bonos basura, fondos mutuos, OPVs, …) prácticamente para cualquiera con un buen proyecto y ganas de luchar por él, las limitaciones siguen existiendo a mayor o menor escala para gran parte del resto de la población mundial. Y eso quiere decir menos empresas, menos riqueza, menos innovaciones, menos empleos. Cuando advertimos que dos de cada tres inventos desarrollados en el siglo XX han provenido de los EE.UU. o que allí se han creado nada menos que 50 millones de empleos en las tres últimas décadas, tan sólo empezamos a vislumbrar qué fabulosa máquina capaz de convertir las piedras en pan es el capitalismo popular. La fuerza del progreso por excelencia.
Una de las principales lacras de buena parte de los ideólogos políticos y científicos sociales del siglo XX ha sido su incapacidad para aprehender la idea misma de capital. El premio Nobel de Economía F. A. Hayek reflexionaba en The Mythology of Capital que pocas palabras han sido utilizadas con tal cantidad de significados diversos, mientras que la esencia de su realidad era a la vez tan poco comprendida.
El capital no es un factor de producción de una naturaleza peculiar (“conjunto de bienes producidos”) que tiene unas facultades tecnológicas especiales (“sirven para producir”) sin que importe cuáles sean las relaciones jurídicas de propiedad que sobre los mismos existan. Sin propiedad privada, sin mercados y precios, sin división del trabajo y sin empresas, sencillamente no hay capital. Quizás habrá otras cosas: máquinas, edificios, tecnología, obreros. Pero no el alma que hace que todo eso funcione. Los soviéticos –que creían que el capitalismo era un conjunto de instituciones concebidas para la explotación de los asalariados– estuvieron décadas y décadas acumulando bienes de bienes de equipo a costa de infringir graves privaciones a la población para finalmente descubrir su incapacidad absoluta para generar algo de valor para la gente. Falsas teorías, penosos resultados.
Como tampoco es capital una especie de entelequia global de la cual pueda disponer a su antojo una nación o su gobierno para atender a la satisfacción de las necesidades que considere oportuno. Los gobernantes de medio mundo se hartaron de nacionalizar industrias para comprobar que la riqueza no estaba allí. Para su desespero todo se escapaba como agua entre los dedos justo en el mismo momento en que desaparecían la propiedad privada, los empresarios y los precios libres. ¡Ay, si hubiese habido más Lew Kwan Yews y menos Nkrumahs en el mundo!
Y es que capital es, en la seminal definición del fundador de la Escuela Austriaca de Economía, Carl Menger, la valoración monetaria de los bienes, servicios y derechos convertidos en activos empresariales para la generación de beneficio y por tanto renta y/o riqueza para sus dueños.
Así que una vez más será necesario repetir que la formación de capital implica la existencia de propiedad privada. No sólo la facultad de usar los bienes en un determinado sentido precario, sino también de gravarlos, de trasmitirlos, de dividirlos, de dedicarlos a los negocios y de hacer propios los beneficios obtenidos. Implica la posibilidad de crear libremente empresas que no se vean asfixiadas por regulaciones, concesiones burocráticas, certificaciones administrativas e impuestos. Y requiere también la existencia de un dinero sano con el que sea posible conservar la propiedad cedida en crédito, con el que sea posible la contabilidad y con el que tenga más sentido producir riqueza que jugar a anticiparse a la siguiente devaluación. En un campo como el de la ayuda al desarrollo, leer a Hernando de Soto, Michael Milken o Carl Menger es encontrar algo de cordura donde suele abundar tanta demagogia.
El odio al coche
La ministra Narbona ha anunciado una auténtica cruzada contra el coche, los conductores y todos aquellos que disfruten de las ventajas de esta bendición de nuestro tiempo. Se plantea limitar el acceso a las ciudades de más de 100.000 habitantes, reducir los límites de velocidad y quién sabe si hasta seguir el ejemplo francés y gravar aún más a los vehículos 4×4. Los motivos aducidos son tan variados como demagógicos: la reducción de la contaminación, la reducción de los accidentes y la reducción del gasto en gasolina.
La guerra contra el coche no es un producto de Kyoto ni del amor por la naturaleza en su estado más puro. Si así fuese, los ecologistas deberían de erigirle al coche un monumento en la plaza mayor de cada ciudad. Nuestras calles y ciudades eran auténticos estercoleros antes de la aparición del automóvil y volverán a estar llenas de excrementos animales si nuestros políticos se empeñan en castigar el uso de motores de explosión frente a alternativas tan bucólicas y sucias como la fuerza animal. La tremenda mejoría de nuestro medio ambiente más cercano gracias a la generalización del coche como medio de transporte es algo que raramente comentan quienes no ven más allá de su odio a la máquina.
El intervencionismo estatal con máscara de protección de la naturaleza también ha provocado en las últimas décadas la fabricación de coches más ligeros y, en general, menos seguros. Ahora quieren reducir la siniestralidad haciéndonos conducir a velocidades inferiores a 50 kilómetros por hora. Todos sabemos que si se reduce la velocidad máxima a 0 kilómetros por hora los accidentes de automóvil desaparecerán completamente. Ahora bien, si lo que interesa no es paralizar la circulación sino reducir las víctimas de los accidentes de tráfico, la ministra de medio ambiente debería de proponer en el próximo Consejo de Ministros un plan para la eliminación de los puntos negros o la privatización de las autopistas españolas.
Por otro lado, es todo un detalle que el gobierno se preocupe por si se nos ocurre gastar en gasolina más de lo que nos conviene. Pero, con toda la sinceridad del mundo, la mayoría preferiríamos que Narbona tratase de aliviar nuestros gastos reduciendo o eliminando los impuestos que hacen de la gasolina, fuera del mercado libre, un verdadero bien de lujo. Hasta que ese gesto de infinita bondad y misericordia tenga lugar la gente es lo suficientemente mayorcita como para saber qué proporción de su salario le conviene gastar en la gasolina encarecida por un Estado fagocitador.
No nos dejemos engañar. Los socialistas siempre han odiado el coche, esa obra del espíritu emprendedor que logra que los individuos se desplacen independientemente, como auténticos reyes de las carreteras, en lugar de hacerlo en rebaño; que te permite elegir los horarios en vez de ponerte a la cola de una estación; que te deja escuchar una sinfonía en compañía de la familia o los amigos. Pero resulta una delatadora ironía que, habiendo sido el coche un objeto de odio tan desmedido, el coche oficial haya ejercido al mismo tiempo una fabulosa atracción entre los ministros socialistas de todos los partidos, incluida Cristina Narbona, socialista y ministra.
ZP ante sí mismo
El entonces líder José Luis Rodríguez Zapatero en la Sesión de Control al Gobierno el 4 de octubre de 2000 exclamó con respecto a la subida del precio del petróleo:
" Le vuelvo a insistir: no haga parches, tome medidas de fondo, dé respuesta a lo que es un clamor de la ciudadanía, no castigue sólo los bolsillos de los ciudadanos como consecuencia de la subida del crudo. En nombre de esas reivindicaciones justas, de las que hay hoy y de las que van a venir mañana, le exijo, le reclamo que baje los impuestos de los hidrocarburos, es una reclamación justa que responde al objetivo de hacer que la carga de la subida del petróleo se reparta equitativa y socialmente y no haya beneficio sólo para las compañías petrolíferas y para los impuestos y su recaudación. Rectifique ahora, que será peor mañana, se lo aseguro, señor Aznar".
Estando en la oposición, ZP tomó la iniciativa liberal de demandar una rebaja en la exacción fiscal por parte del Estado; ahora en el gobierno, por boca de su Ministra de Medio Ambiente, sólo se le ocurre restringir la libertad ciudadana sugiriendo la reducción de la velocidad máxima y la imposición de nuevas tasas para acceder a las grandes ciudades. El poder, a su pesar, sí le ha cambiado.
Conviene recordar que, aproximadamente, el 60% del precio de gasolinas son impuestos. La sed confiscatoria del Estado lo ha llevado a gravar los combustibles con cuatro tipos de impuestos: sobre Hidrocarburos, sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos, IVA y, en algunas comunidades autónomas, el céntimo sanitario.
En otras palabras, eliminando estos múltiples impuestos, el precio de la gasolina súper pasaría de los 95 céntimos por litro actuales a menos de 40 y el precio de la sin plomo de 90 a 36. ¡El Estado encarece la gasolina en casi dos tercios! A su lado, cualquier movimiento del precio del crudo en los mercados internacionales resulta casi irrelevante.
Compete, pues, al gobierno de ZP solucionar esta situación -como él mismo exigía a Aznar en el año 2000- rebajando los impuestos. “No castigue sólo los bolsillos de los ciudadanos como consecuencia de la subida del crudo. Rectifique ahora, que será peor mañana, se lo aseguro, señor Zapatero”
El apagón
Todavía resuenan las carcajadas en los despachos de las autoridades energéticas europeas por el apagón neoyorquino del año pasado. Están anticuados decían unos, son ineficientes decían otros, es un país de pandereta apuntaban los más euroengreídos, es la consecuencia del liberalismo salvaje clamaban a los cuatro vientos los nostálgicos del plan quinquenal.
El hecho es que en Europa, en nuestro paraíso, también se va la luz, y mucho, mucho más a menudo de lo que usted, apreciado lector, supone. La pasada semana Atenas, la ciudad que dentro de unos días albergará los Juegos Olímpicos, sufrió un apagón antológico, de esos que pasan a la pequeña historia de todas las ciudades.
A media mañana la central de Lavrion, a unos 80 kilómetros de la capital, colapsó sin remedio. La ciudad, habitada por más de cuatro millones de almas en pena por la canícula estival, se quedó en su totalidad sin suministro eléctrico. Los semáforos dejaron de cambiar del verde al rojo, los aparatos de aire acondicionado cortaron su flujo de aire fresco, los frigoríficos se declararon en huelga y el metro, el nuevo y flamante suburbano ateniense, se atascó en sus recién horadados túneles. El mismísimo ministro de transportes, Michalis Liapis, fue víctima inesperada del caos al encontrarse en esos momentos inaugurando una estación del metro. Otros lo pasaron peor, en los numerosos ascensores de Atenas se quedaron colgados miles de ciudadanos durante varias horas.
Que Atenas retrocediese cien años en apenas un segundo pasó a la primera plana de las noticias por tratarse de la próxima sede olímpica. Sin embargo los apagones se distribuyen de manera equitativa e igualmente dramática por todo el viejo continente. En agosto del pasado año Londres padeció otro severo corte de energía que dejó varados en las entrañas de la City a sus célebres coches de metro color plata. Los italianos sufrieron a lo largo del mismo verano dos cortes masivos de electricidad, uno de los cuales se extendió durante 18 interminables horas. En España, en el plazo de mes y medio, hemos comprobado como se ha hecho la oscuridad durante varias jornadas coincidentes con la ola de calor de finales de junio. Y por acercarnos más, hace sólo unos días una subestación madrileña ardió como una tea dejando a un barrio entero fuera de la red eléctrica. En Francia la cosa va por otro lado, los trabajadores del monopolio estatal consideraron que el mejor modo de conservar sus empleos era dejar a medio país sin luz. Lo innegable es que británicos, italianos, españoles y franceses venimos sufriendo cortes de luz intermitentes sin que nadie diga ni haga nada al respecto.
La energía en Europa está, al menos oficialmente, liberalizada. Sin embargo, a juicio de los expertos lo que falta es competencia. Como en tantas otras cosas, en la Unión Europea sobran directrices y escasean realidades que hagan del mercado algo tangible. Apenas unas pocas compañías por país que, además, no disponen de conexiones internacionales del porte adecuado para hacer efectivo un mercado común eléctrico.
Por otro lado la capacidad europea de generación está seriamente tocada. Nuestras centrales son antiguas, la mitad tiene más de 25 años de edad, y por lo general o poco productivas o muy contaminantes, o ambas cosas. Con las estrictas regulaciones ambientales de la Unión y las exigencias de Kyoto para reducir emisiones, el panorama se oscurece aún más. La alternativa nuclear, la única posible, sólo se ha tomado en cuenta en la estatalizada Francia y en la marginal Finlandia. Las térmicas convencionales son sucias y poco populares. Las de ciclo combinado, por las que ha apostado España, conducen a una peligrosa dependencia energética de los inestables países del norte de África. Las famosas renovables, eólica y solar, son un puro experimento improductivo pero muy del gusto de los burócratas bruselinos, más preocupados por hacerse la foto en la inauguración de un parque eólico que por facilitar el suministro eléctrico a sus conciudadanos.
Decir por tanto que la energía en Europa está liberalizada es una vulgar falacia, una más de las muchas que tragamos sin contemplaciones. Un mercado en el que la generación está presa de mil regulaciones y la distribución es un hervidero de directrices no es un mercado abierto, es una merienda de negros al arbitrio de unos funcionarios pagados de sí mismos y contagiados de medioambientalitis crónica y regulativitis aguda.
Desastre a la francesa
El corte de la interconexión eléctrica entre España y Francia el pasado mes de junio fue el penúltimo capítulo del desbarajuste eléctrico que desde hace dos años padecen nuestros vecinos del norte. El último y más poderoso monopolio de la electricidad del viejo continente se niega a que su dueño, el estado francés, ponga en marcha el proceso que devuelva EDF a la sociedad civil. El plan del Gobierno es cambiar el estatuto de la empresa, de Ente Público a Sociedad Anónima y dejar franco el acceso a nuevos inversores, por ejemplo, en el parqué parisino.
La decisión de, al menos en parte, privatizar la gigantesca EDF, Electricité de France, proviene de la directriz europea de liberalización de la energía que, a fecha de hoy, se ha aplicado en la práctica totalidad de la Unión a excepción de Francia. El apego que los gobiernos franceses, ya sean de derecha o izquierda, tienen por el sector público no es un secreto para nadie, y es por ello que desde París se ha retrasado todo lo posible la liberalización del mercado eléctrico para evitar los previsibles males mayores con los sindicatos del sector.
EDF tiene unos 112.000 empleados, es decir, el equivalente a la población de Lérida. La española Endesa cuenta en comparación y a nivel mundial con tan sólo 24.000 empleados. Tal cantidad de asalariados disfruta además de unos privilegios sociales que no están, ni mucho menos, al alcance del resto de sus compatriotas. Contratos fijos cuasi funcionariales, jornada de 35 horas y, sobre todo, un plan de pensiones propio al margen del sistema estatal que garantiza la jubilación al resto de franceses. Los afortunados empleados de EDF trabajan menos horas, contribuyen en menor medida al sistema de pensiones y se jubilan antes, mucho antes que sus vecinos, en torno a los 57 años de promedio. El plan de pensiones de EDF, tan generoso para sus participantes como desastroso para las arcas del estado, arrastra un déficit de más de dos billones de euros anuales, y creciendo. Para defender lo que los trabajadores consideran suyo (y de nadie más) no sólo se han echado a la calle con una pancarta. En las últimas semanas piquetes sindicales han llevado a cabo acciones más propias de una cuadrilla de saboteadores que de unos trabajadores preocupados por su empleo. Aparte de la faena que nos han hecho cercenando la línea transpirenaica, los sindicatos han provocado cortes de luz selectivos en los domicilios de ciertos políticos y empresarios, han paralizado el sistema de cercanías de París o –y esto ya bordea los límites del absurdo- han devuelto el suministro a clientes morosos. Todo sea por mantener la dignidad del empleo que diría algún microcéfalo del comité de empresa.
Los planes del ejecutivo Raffarin de privatizar la empresa chocan con los deseos y los privilegios de su nutrida nómina de empleados. Porque, ¿qué empresa en su sano juicio va a invertir en tan ruinosa y conflictiva compañía? Desde El Eliseo se vende como un gran negocio, no en vano EDF es la principal generadora de energía nuclear del mundo, dispone de un mercado casi cautivo de 60 millones de consumidores y cuenta con el apoyo explícito de un gobierno que pretende conservar una participación en la sociedad.
Los números sin embargo no son tan atractivos como los pintan desde los despachos gubernamentales. Observando de cerca sus finanzas la deuda neta de la compañía es de 24 billones de euros, mientras que los activos de sus accionistas apenas llegan a los 19 billones. EDF es por lo tanto una empresa técnicamente en quiebra. Al ser de titularidad pública las leyes la protegen de esta eventualidad, es decir, que no puede presentar la bancarrota. Una vez en el mercado, en manos privadas, un balance semejante no podría aguantarse más allá de un ejercicio sin hacer profundas reformas. Esto es lo que temen los sindicatos. Quizá EDF no necesite 112.000 personas para seguir funcionando, quizá 35 horas son pocas, quizá muchos de los privilegios de los que disfrutan sus empleados son eso mismo, privilegios que en el mercado abierto no se pueden mantener.
Desde el pasado 1 de julio EDF, una vez más por presión europea, ha dejado de ser un monopolio oficial en Francia. Pero tan sólo para los grandes consumidores de electricidad. Los franceses de a pie, el consumo doméstico, seguirán enchufados a la empresa pública durante al menos tres años más. Entonces el mercado francés de electricidad tendrá que abrirse en su totalidad y el monstruito estatal habrá de competir en justa lid con el resto de eléctricas europeas. Quedan tres años y lo mejor – o lo peor – está aun por escribirse.
Amenazados por la UE y salvados por los EEUU
Un reciente estudio del CNE sobre los controles de precios farmacéuticos –El Coste Humano del Control de Precios Farmacéuticos en Europa– está teniendo un enorme eco en los medios de comunicación europeos por lo dramático de sus conclusiones. No es para menos: según la investigación, un mínimo de 38 europeos mueren diariamente como consecuencia del intervencionismo gubernamental en el sector farmacéutico de los distintos países de la Unión.
El origen de este problema vital se encuentra en los controles de los precios de los medicamentos; unos controles que, a excepción del Reino Unido, se llevan a cabo en todos los países de la UE. El establecimiento de precios máximos por parte de las autoridades públicas tiene el efecto visible, inmediato y aparentemente milagroso de reducir el precio al que el público en general, y el estado en particular, pueden adquirir los fármacos. Sin embargo, el efecto menos visible y a más largo plazo consiste en una reducción de la variedad y de la cantidad de tratamientos disponibles, lo que nos aleja de las panaceas, los milagros y los cuentos de hadas porque necesariamente reduce la expectativa de sobrevivir a determinadas enfermedades.
Como de costumbre los gobernantes padecen el virus cortoplacista, cuya infección les impide ver ningún efecto que se extienda más allá de la fecha de las próximas elecciones. La virulencia de esta enfermedad propia de la clase política se agrava cuando los efectos a corto plazo, logrados a simple y mágico golpe de decreto, se traducen en una disminución del descontrolado y desmesurado gasto sanitario a expensas de codiciosas multinacionales capitalistas. Dado este fabuloso logro inmediato, ¿a qué político podría interesarle ayudar a salvar la vida de miles de enfermos en dilatados periodos de tiempo? Después de todo, nadie le va a reconocer que la liberalización del mercado farmacéutico salva vidas porque no se ve y, sin embargo, sí se le reconocerá el éxito en la bajada de precios y el control del gasto público en medicamentos porque es un efecto fácilmente visible.
La triste realidad es que la política de controles de precios ha provocado en Europa la decadencia de un sector que a comienzos del siglo XX era uno de los orgullos de la industria europea con fantásticas innovaciones como la morfina o la aspirina. En cambio, durante los últimos 25 años el gasto de la industria farmacéutica europea en investigación y desarrollo de nuevos fármacos ha pasado del 32% al 22% del conjunto mundial. Al mismo tiempo que desaparece del interés por investigar en tierras europeas se desvanece también el interés por vender a sus habitantes –al menos a los impuestos precios de rebajas. En 2002, la multinacional farmacéutica Pfizer comunicó al gobierno de Francia –donde los precios de los productos farmacéuticos son, gracias el deflacionista uso de la coacción gubernamental, un 40% del precio que esos mismos productos alcanzan en mercados libres como el de EEUU– que estaba considerando retirar algunos productos del mercado francés. Casos similares se han repetido los últimos años teniendo como protagonistas a Astra Zéneca y a otras conocidas empresas farmacéuticas.
Europa ha dejado de innovar en este importante mercado y a la industria farmacéutica internacional no le interesa comenzar la venta de nuevos fármacos de manera simultánea en mercados con precios libres y en mercados intervenidos como el europeo debido a la posibilidad de que el comercio paralelo arruine su negocio. Así que los medicamentos llegan más tarde e incluso algunos se resisten a atracar en los puertos de la vieja Europa.
El colmo de la sinrazón política llegó cuando la comisión europea multó a Bayer por restringir las ventas de Adalat, su conocido medicamento para el corazón, en Francia y en España. La empresa alemana había descubierto que los mayoristas franceses y españoles pedían más medicamentos de los demandados por los pacientes de sus respectivos países con el objetivo reexportar el sobrante y sacar partido al margen entre el precio intervenido de España y Francia y el precio libre de otros mercados. Para evitarlo Bayer estudió la demanda de Adalat en Francia y España, y limitó sus envíos al volumen de la demanda interna de cada país. Pero en los tiempos que corren, tratar de proteger tu empresa frente a los dañinos efectos del intervencionismo no es de recibo. Como si de un mundo al revés se tratase, la comisión europea consideró a Bayer culpable de limitar la competencia en el mercado y le impuso una fuerte sanción. Afortunadamente, en enero de este año la Corte Europea de Justicia introdujo algo de cordura en este asunto al anular la multa por considerar que una empresa difícilmente puede restringir la competencia unilateralmente y no encontrar evidencias de la existencia de un acuerdo con otras empresas para restringir de común acuerdo la producción de productos sustitutivos.
Así las cosas, lo cierto es que los europeos seguimos teniendo medicamentos relativamente innovadores gracias a la existencia de mercados libres en lugares como Estados Unidos, Suiza o el Reino Unido. Un alto responsable de la industria farmacéutica se ha atrevido a denunciar recientemente la evidente inmoralidad que se esconde detrás de esta perversión política del mercado al declarar que el intervencionismo de los gobiernos europeos está logrando desviar el coste de la investigación de sus pacientes a los pacientes americanos. Da miedo pensar qué ocurriría si Estados Unidos se sumasen a la política populista y coactiva de precios máximos.
Confiemos en que esto nunca llegue a suceder y en que, con el tiempo, los países que teatralizan la unidad europea se den cuenta de la inmoralidad y de los efectos perversos de sus controles de precios. Hasta entonces, los europeos harían bien en pensar y recordar continuamente que mientras que nuestros gobernantes ponen en peligro la vida de millones de individuos, los ciudadanos estadounidenses y sus mercados libres salvan día tras día la vida de muchas personas en el viejo continente.
El futuro previsible
El juez, con el rostro impasible, empezó a dar su veredicto. "La empresa Google, que ha sido denunciada por prácticas monopolísticas, habrá de ser dividida para impedir que se haga con todo el mercado de Internet. Ya sé que sus abogados han intentado convencernos de que dicho mercado es muy amplio, que hay sitio para más actores y que tan sólo hace falta innovación para echarles. Pero su monopolio actual sobre los buscadores, la publicidad segmentada, el correo web y la mensajería instantánea desmiente ese ridículo argumento, propio de economistas neoliberales."
"Su empresa, con inhumana avaricia, fue dejando a las demás sin posibilidad de competir. Primero fue un buscador mucho más eficaz y completo que los de los demás. El público estaba feliz y no se quejaba, más bien al contrario pero, ¿qué me dice de las demás punto com? ¿Acaso pretende insinuar que su ineficiencia obligaba a que se retiraran del mercado? ¿Y qué haríamos con las inversiones realizadas, con los trabajadores que se irían al paro? ¿Dónde quedarían sus derechos? ¿Quién donaría dinero para las campañas políticas?"
"Repitieron su logro a base de regalar un giga de espacio para el correo, cuando incluso el gigante Microsoft ofrecía solo un 0,2% de forma gratuita, obligando a sus competidoras a encarar la ruina y reducir sus ingresos provenientes de las cuentas de correo electrónico de pago."
"Y no contentos con ello, aprovecharon toda esta clientela para imponerles el uso de su cliente de mensajería instantánea. Ya sé que éste permitía conectarse a otras redes, pero ustedes saben tan bien como yo que eso no sólo no impidió que los usuarios abandonaran su clienet habitual, normalmente el Messenger de Microsoft, sino que hizo más fácil que lo abandonaran para usar el suyo. Ustedes se aprovecharon de su monopolio previo en el correo electrónico gratuito para hacerse con el de la mensajería instantánea, ofreciendo mejor servicio que sus competidores. Y eso no se puede consentir."
De modo que el juez dictó sentencia. Y Google fue separada. A pesar de que en el momento en que se agotaron los recursos a más altas instancias, buena parte del supuesto monopolio que ostentaba estaba hecho trizas por la competencia. Pero todo se hizo para cuidar al público del excesivo poder de la empresa. Como debe ser.
Llamazares contra el SCH
El empleo del sentido común y la lógica más elemental le han valido a Alfredo Sáenz los calificativos más alucinantes. Y eso que es vicepresidente segundo y consejero de uno de los grandes bancos españoles y, por lo tanto, persona poco sospechosa de querer cambiar el estado actual de las cosas si no es por motivos de imperiosa necesidad. Gaspar Llamazares ha exigido a Emilio Botín que rectifique las declaraciones de Sáenz, cosa que previsiblemente hará, y le ha acusado de declararles la guerra y querer destruir a la izquierda. Para rematar la faena, Llamazares pide a ZP que saque del baúl aquellas infames prácticas felipistas de boicotear a los empresarios que no coincidan con el pensamiento único de izquierdas. Es “indecente” y propio de “hooligans del liberalismo”, dice el secretario de comunicación de CCOO.
¿Y qué ha dicho exactamente Sáenz para merecer esta reacción totalitaria en el gallinero socio-comunista? Pues que al igual que piensa todo aquel que usa el sentido común, cree que es imprescindible "desmontar el estado de bienestar europeo" y que "no tenemos demasiado tiempo para hacerlo". Porque o bien mejoramos nuestros mercados y acomodamos los impuestos y regulaciones a conceptos "mucho más liberales" o realmente "vamos a tener un problema".
No es que el consejero del SCH haya alertado de esa enfermedad mortal que padece Europa que no es otra que el triunfo del relativismo moral y el desprecio por los derechos de los individuos. Sáenz le ha visto las orejas al lobo. Ese mega estado intervencionista europeo que, al igual que ocurriese durante la época de decadencia del imperio romano, no respeta la propiedad ni el mercado y se niega a valorar a sus individuos más productivos. Por el contrario se dedica a subvencionar el pan, el circo y todo aquello que sea considerado como progre y social; todo aquello que quiera recibir la mayoría del pueblo siempre y cuando se les prometa que será costeado por otros. Ese estado mastodóntico que precisa cada vez mayores incautaciones de impuestos, que no puede entender que exista diversidad fiscal entre los distintos países y áreas geográficas y que hace gala de la doble moral más rampante en su visión del resto del mundo. Ese estado que ha sembrado las causas de su decadencia y deja que el moral hazard y la podredumbre moral terminen la faena.
Y es que como dice Sáenz, no nos queda mucho tiempo para aprender la lección y actuar en consecuencia. Mucho tendrían que cambiar las cosas para que no asistamos en pocos años a la caída del imperio europeo. Aquel que ya cayera en época romana, provocado por los mismos errores fruto de políticos pobres de espíritu y conocimiento y grandiosos en planes colectivistas.
Borrell, el esclavista
"Cómo convertir a Europa en la zona menos próspera y con más paro del planeta" debería haber sido el título del discurso pronunciado por José Borrell en Oviedo. Para el cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, la Unión Europea debe establecer un salario mínimo común para todos los países de la Unión. El motivo parece bien sencillo y bienintencionado: que no nos hagamos la competencia entre europeos, poder evitar la deslocalización empresarial y lograr que el trabajo deje de ser una mercancía.
Parece mentira que el señor Borrell haya sido profesor de economía. Si se obliga a los empleadores a pagar una misma cantidad de euros mensual en países en los que por motivos institucionales y económicos las productividades del trabajo son tan distintas, lo único que se logrará es un desempleo de proporciones dantescas en aquellos países en los que la productividad laboral esté, en líneas generales, por debajo del eurosalario mínimo.
El empleador polaco cuyos trabajadores no aportan al resultado final del producto más de 300 euros al mes no subirá el salario a 600 porque don José se empeñe en que eso es lo que se debe pagar. Lo que harán es despedir a todo aquel que no produzca más de 600 euros al mes y, en muchos casos, cerrar el chiringuito y sacarse una oposición para vivir él también de la sopa boba puesto que, faltaría más, a los funcionarios también se les subirá el salario mínimo. Luego, se lamentará que no haya espíritu empleador entre nuestros empresarios, o que los dioses nos castiguen con millones de nuevos desempleados.
Evitar la deslocalización es otra de esas bonitas canciones que provocan chaparrones, cuando no auténticos diluvios en forma de menos producción y más paro. Ay, José, que si los dueños de las empresas se van a Estonia no es porque los estonios sean tontos y se dejen explotar. Ni siquiera lo hacen por estar más lejos de la burocracia de Bruselas. Lo hacen sencillamente porque políticos como tú pervierten de tal forma la creatividad y la actividad empresarial, con mil y una marañas intervencionistas, que los empresarios deciden apagar la luz y mudarse a lugares donde sople algo más de libertad y respeto a la propiedad privada.
Además, si estas empresas no encontrasen más racionalidad y más libertad en Polonia o a la República Checa, se irán a países fuera de la Unión Europea. Y entonces, ¿qué van a hacer Borrell y sus amigos? ¿Elevar las barreras arancelarias? ¿Empequeñecer el poder adquisitivo de los europeos? ¿Prohibir, como Ceaucescu, la compra de electrodomésticos producidos en países más productivos y más libres? ¿O quizás prohibir a las empresas cerrar sus puertas e irse del país? Posiblemente esclavizar a los empresarios sea una medida apropiada para quienes no ven en la economía más que lucha de clases, pero para el común de los mortales supondría una innecesaria comprobación de esa ley de la gravedad económica que explica cómo caen los países en los que la propiedad privada no es respetada.
Pero Borrell no ve ninguno de estos problemas. Él, como mucho, alcanza a vislumbrar que gracias a sus medidas coactivas el trabajo dejará de ser una mercancía cuyo precio se mueva al antojo del cochino mercado. Parece mentira que 15 años después de la caída del Muro de Berlín, de la liberación de millones de trabajadores de las garras de sus “representantes obreros” y del batacazo irremediable de todo aquel feudo antimercado que era el bloque de países socialistas, todavía nos encontremos contestando a estas tonterías. La cantinela de Josep fue la que escucharon millones de personas antes de encontrarse en un gulag, desposeídos de la mercancía con la que comerciaban de tú a tú en el mercado como hombres libres. Cuando el trabajo deja de ser una mercancía, el trabajador pasa a ser un esclavo; o un esclavista si tienes la suerte de ser amigo de los redentores.
En el caso de Borrell no cabe la menor duda. Él pretende estar entre los esclavistas de ex-empresarios y ex-obreros en una Europa empobrecida. Empobrecida, pero armonizada. Empobrecida, pero igualada. ¡Qué parco consuelo!
Microsoft y las multas
La Unión Europea ha hecho gala de una sinceridad abrumadora. Ha condenado a Microsoft por aprovecharse de su situación de "cuasi-monopolio". Me pregunto si dentro de poco me sancionarán por realizar un "cuasi-hurto" o un "cuasi-asesinato". Este grado de arbitrariedad, la verdad, no me produce demasiada tranquilidad.
Lo de menos es la multa, que si sigue en pie tras los cuatro o cinco años de pleitos se comerán cruda los agricultores del comunismo de la PAC. No parece que vaya esa cifra a hacer un daño irreparable a Microsoft, aunque desde luego no les hará mucha gracia pagarlo. Más importantes parecen las sanciones que les obligan a eliminar su sistema de reproducción de vídeo de Windows y publicar algunos protocolos que facilitarían la interoperabilidad de software de terceros con Windows.
La primera sanción resulta un verdadero incordio. Si bien es cierto que Windows Media Player no es estrictamente necesario para que Windows funcione correctamente, también lo es que resulta cómodo y seguro saber que todo Windows tiene preinstalado un sistema de reproducción de vídeo y audio. La propuesta de Microsoft de ofrecer una versión de su sistema operativo que instalara reproductores de la competencia parecía más razonable que la imposición adoptada.
La segunda puede parecer, en cambio, más razonable, puesto que uno de los grandes problemas de los competidores de Microsoft es la imposibilidad de presentar productos plenamente compatibles con los sistemas Windows. Sin embargo, el problema es, de nuevo, que se intenta poner un parche que no arregla el problema de fondo, que es que tanto Microsoft como otras empresas pueden ofrecer protocolos cerrados e incompatibles con otros productos por la prohibición de realizar ingeniería inversa.
Sería mejor que la Unión Europea eliminara restricciones absurdas en lugar de intentar restaurar la competencia por medio de decisiones tan arbitrarias como ésta. Pero es el viejo camino de servidumbre, en el que una intervención gubernamental termina siendo seguida por otras, inexorablemente.
