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Los sindicatos tienen razón

Si uno se acerca al texto del teletipo o del propio boletín de mayo del BCE, la cosa queda clara: subir los sueldos lleva a una mayor inflación. Y la mayor inflación merma el poder adquisitivo. Es decir, que vuelve la vieja falacia de la "inflación de costes".

La idea es intuitiva. Los mayores costes van "empujando", sumándose en cascada hasta llegar a los precios finales. Como todos los productos necesitan trabajo y éste es más caro, el nivel general de los precios es mayor. Q.E.D.

Sólo que no es así. Unas ramas de la producción necesitan una participación mayor del trabajo que otras, por lo que el aumento de los salarios hará que el gasto total en estas industrias y productos sea mayor. Si la cantidad de dinero en el bolsillo de los europeos es el mismo, el gasto adicional que tengan que hacer aquí tendrán que mermarlo en otros productos, de modo que sus precios caerán. Lo que se produce, pues, no es un aumento generalizado de los precios, lo que llamamos inflación, sino un cambio relativo de los precios: suben los de los productos intensivos en trabajo en comparación con los que no lo son.

Si la cantidad de dinero es la misma, claro. Pero resulta que no es así. Según los últimos datos, la cantidad de dinero en la zona euro crece, y lo hace a un ritmo que supera el 10 por ciento anual. Con el dinero corriendo a mayor velocidad que el número de bienes sí nos encontramos con una inflación al alza. La inflación es un fenómeno monetario y el responsable último es el Banco Central Europeo. Ese que en su último boletín apunta, para sacudirse cualquier responsabilidad a "los agentes sociales", a quienes pide que no suban los salarios para que no aumente la inflación.

Los sindicatos siempre han dicho que la culpa de la inflación no estaba en los salarios. Por esta vez, tienen razón. Tienen toda la razón.

En busca del tesoro

Cuatro años después logró formar una compañía que pondría todo el capital necesario para que el Odyssey Explorer diera finalmente con el Sussex. A comienzos de 2007, la empresa se había dejado nueve años en un proyecto que había acumulado unas pérdidas fabulosas. Sólo en el primer trimestre de este año, 3,8 millones de dólares. Pero en su búsqueda del Sussex, no obstante, el Odyssey había encontrado otros pecios (yacimientos submarinos), y la empresa había decidido zambullirse en ellos. Con la ayuda de un nuevo barco, el Ocean Alert. Juntos sacaron del mar 17 toneladas de oro y plata que, tras hacer escala en Gibraltar, aterrizaron el 18 de mayo en la capital de Florida.

Desde España ya se habla de expolio puesto que, probablemente, el tesoro recuperado estuviera en "aguas españolas" y no internacionales, como reclaman los buscadores de tesoros. El escritor Pipe Sarmiento, que es experto en estas cuestiones, habla de "atentados contra nuestro patrimonio". Pero yo me pregunto, ¿qué sería de ese tesoro sin Greg Stemm y el Odyssey Explorer? Seguiría sirviendo de asiento de la vida marina, como ha hecho durante siglos. El Gobierno español, ¿qué puede reclamar de ese oro y esa plata? ¿Qué títulos tiene para ello? Como los antiguos piratas, está dispuesto a quedarse con lo que no le corresponde. Acaso los únicos que podrían exigir una parte serían los herederos de los legítimos dueños del botín sumergido, pero dudo que nadie pueda hoy sacar un título semejante.

Quien se lo encuentra, se lo queda. Ya sea por mero azar, ya por un proyecto que se ha prolongado por trece años, como este, y que bien podría haberse resuelto con un costosísimo fracaso. Gracias, precisamente, a que hay empresarios dispuestos a perder muchos años y mucho dinero en el empeño porque la recompensa puede resultar fabulosa podemos confiar en que parte al menos de la riqueza sumergida por la historia vuelva a salir a flote.

Sí, otro urbanismo es posible

La caída del Muro de Berlín simbolizó en la práctica el derrumbe de las ideas del pensamiento único enemigas de la libertad y del ser humano. En la teoría ya había sido Ludwig von Mises en el año 1920 el que demostrara, con su artículo Die Wirtschaftsrechnung im Sozialistischen Gemeinwesen, que eran puras fantasías de imposible aplicación y destinadas al fracaso. Muchos intelectuales, ante la evidencia de su tremendo error, han reconocido su equivocación y afirmado que verdaderamente el socialismo fue la gran tragedia del siglo XX. Sin embargo, otros se han negado a reconocerlo y han buscado refugio en áreas como el urbanismo y el medio ambiente.

En la actualidad, los sistemas urbanísticos y de ordenación del territorio sustentados en las ideas del pensamiento único se encuentran en una profunda crisis, no sólo por los innumerables escándalos de corrupción que aparecen todos los días en la prensa, sino también por las consecuencias devastadoras que se producen por la descoordinación de la asignación de los usos de un recurso escaso como es el suelo. Por eso, los intelectuales de izquierda se encuentran muy nerviosos y exhaustos al ver cada día como sus ideas ya fracasadas en el siglo pasado se terminan de desmoronar en este. Por esta razón, y no otra, se han empezado a movilizar de forma muy coordinada en medios de comunicación afines a su ideario con una única misión: culpar al mercado del actual desastre propiciado por sus propias ideas.

El último episodio de esta ofensiva ha sido el artículo publicado en el diario El País bajo el título Otro urbanismo es posible, escrito por el arquitecto Eduardo Mangada, que se hizo famoso al proferir la frase "Madrid no crece ni crecerá". El que fuera Premio Nacional de Urbanismo en 1978, concejal del ramo del consistorio madrileño con el PCE entre 1979 y 1982 y, posteriormente, consejero de la Comunidad de Madrid de 1983 a 1991 con los gobiernos socialistas de Joaquín Leguina lo tiene muy claro. Sus palabras dejan entrever que la culpa de lo que está sucediendo en la actualidad no es de sus propios errores intelectuales sino del mercado y de la propiedad privada.

El doctor Mangada nos sorprende con frases como que lo que ha producido una invasión indiscriminada de nuestro territorio así como la destrucción de recursos naturales y del paisaje es "la ausencia de unos modelos económicos y territoriales" y "un proceso guiado únicamente por el beneficio inmediato de las empresas inmobiliarias". Sus palabras dejan claro su profunda aversión hacia la palabra beneficio. Mangada considera, al igual que otros muchos izquierdistas, que el beneficio en el sector es ilegítimo y producto del fraude por parte de los entes privados. Estos señores parece que no quieren darse cuenta de que para que en el mercado libre existan beneficios se tienen que cumplir una premisa básica: satisfacer las necesidad de los demandantes de algún bien o servicio. En el mercado uno sólo puede enriquecerse haciendo ricos a los demás. Pero, sin duda, don Eduardo esto no lo ha entendido o no lo quiere entender puesto que nos sorprende con afirmaciones como "pocas veces, la humanidad ha tenido tal poder económico y financiero concentrado en tan pocas manos", cuando la realidad es, precisamente, la opuesta: nunca la civilización ha tenido tanta riqueza dispersa entre tantas manos (aunque lamentablemente no con la rapidez que sería deseable).

Lo más asombroso de don Eduardo Mangada es que no reconoce que el actual desorden que existe en la construcción de las ciudades es producto de su ideario. Además, se atreve a asegurar que hay que recuperar "la cultura del plan" y que los desordenes producidos "borrarlos es imposible" y "de lo que se trata es de civilizarlos física y socialmente, con o sin la participación de los promotores privados que ya han extraído una cuota importante de beneficios". Pánico me dan estas palabras, porque traslucen que no se ha dado cuenta todavía de que dónde nos encontramos es precisamente en un sistema fuertemente intervenido, en el que los derechos de desarrollo del suelo están nacionalizados y la asignación de los usos del mismo monopolizados por el Estado. El sistema que demanda Mangada es justamente el que existe en la actualidad y el que está ocasionando los brutales desordenes en nuestras ciudades, creando urbes que no atienden a las necesidades de los ciudadanos sino a los fines particulares de los gobiernos que ostentan el poder.

Por otro lado, don Eduardo nos pone como ejemplos paradigmáticos los desarrollos obreros urbanos de las "Siedlungen alemanas", desarrollados en la posguerra, de muy interesantes tipologías habitacionales y que tanto se enseñan a los alumnos de las escuelas de arquitectura como magníficos modelos de hacer ciudad. Lo que no se explica a esos estudiantes es la cantidad de costes externos que presenta la elaboración de este tipo de urbanismo, en el que el Estado se erige como promotor y constructor e impone a los ciudadanos un modelo de ciudad que persigue los fines individuales de los técnicos, políticos y burócratas.

Mangada también asegura que los técnicos "tendrán que aprender a hacer planes" y que éstos deben ser "redactados por quienes sepan hacerlos". Lo que pretende es que, al igual que sucede en la mayor parte de los casos actuales, los planes no los hagan los técnicos que compiten en el mercado para satisfacer con sus proyectos al mayor número de personas posibles, sino que los elaboren aquellos que persigan los mismos fines que quienes controlan el poder o son amigos de los mismos. Lo más terrible de todo esto es que el doctor Mangada también defiende como modelos a seguir los desarrollados en el sur de Madrid en los años 80, plagados de viviendas sociales y con modelos urbanísticos desastrosos, que por mucho que se querrían cambiar en la actualidad, no se puede porque el sistema vigente no lo permite. Si los ciudadanos prefieren vivir en otras zonas de Madrid, lo que hace que las viviendas en el sur sean más baratas, será por algo.

Indudablemente sí, otro urbanismo es posible, y este debe estar basado en el derecho natural a la propiedad privada y en el mercado. Sólo de esta manera se podrán crear modelos de ciudad que atiendan a las necesidades de los ciudadanos y no a los fines perseguidos por quienes pretenden imponer a los demás su criterio y sus ideas. Además, es la única forma de corregir los errores que el señor Mangada asegura que son de imposible solución, pues sólo el mercado puede volver a coordinar nuestro territorio. Las ideas socialistas, como no podía ser de otra manera, han vuelto a fracasar y sólo será cuestión de tiempo el ver cómo pasamos de un urbanismo socialista totalmente planificado de forma coercitiva, como es el actualmente vigente, a otro urbanismo de mercado con una planificación basada en la multiplicidad de contratos libres.

El volumen real de la denominada redistribución de la riqueza

La socialdemocracia, integrada por todos los partidos occidentales a excepción de los residuos extremistas a uno y otro lado del espectro, sostiene la necesidad de que el Estado combata la desigualdad mediante transferencias coactivas de riqueza. Asume como un principio fundador que la desigualdad es una lacra que hay que combatir, en lugar de una condición intrínseca del ser humano, que por su propia naturaleza tiende a la diversidad y no al igualitarismo. ¿Pero cuál es el montante real del dinero que el Estado hace cambiar de bolsillo en aras de este fin supremo preconizado por las elites políticas desde el Manifiesto Comunista?

En los presupuestos públicos, los conceptos de gastos e ingresos están estructurados en capítulos en función de su naturaleza. En concreto, el capítulo IV de cualquier presupuesto estatal o autonómico está destinado a las llamadas "transferencias corrientes". Este es el dinero que el poder político entrega directamente a los beneficiarios designados previamente en función de su criterio, o a otras Administraciones, que presupuestan y gastan de forma similar. Podría parecer que esta es una actividad marginal de los gobiernos, mucho más interesados en crear infraestructuras públicas y en garantizar el orden y la justicia. Sin embargo, lo que probablemente poca gente conozca es que la maquinaria estatal destinada a la redistribución supone en España algo más de la mitad del gasto total del Estado.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2007, el capítulo IV suma algo menos de doscientos mil millones de euros, lo que supone un 56% del total del presupuesto. Por poner un ejemplo de Comunidad Autónoma, la de Murcia destina a transferencias corrientes un 55% del total, lo que supone algo más de dos mil doscientos millones de euros.

De esta forma, el principal esfuerzo de la burocracia estatal es transferir dinero de unos bolsillos a otros, para lo cual incurre a su vez en un gasto brutal en materia de personal y servicios, cuyo montante se agrupa en los capítulos I y II.

En lugar de dejar que estas transferencias se produzcan espontáneamente en función de los intereses de los ciudadanos, el Estado realiza esa labor de forma coactiva. Ante los réditos electorales que los partidos buscan obtener mediante los subsidios a todo tipo de colectivos supuestamente agraviados, los resultados nefastos que esta forma de hacer las cosas produce en términos de desincentivación y resentimiento social carecen de importancia.

Es cierto que si alguna vez se implantaran fórmulas que dieran más autonomía al individuo (pienso ahora en el cheque escolar), el mecanismo necesario para llevarlas a cabo desde el Estado sería a través de estas transferencias. Es éticamente menos nocivo entregar dinero a los ciudadanos para elegir qué tipo de servicio quieren, que proporcionarlo directamente y a la fuerza. Pero la situación real es que esto no se produce (la educación y la sanidad públicas, por ejemplo, se financian con las aportaciones del estado a los capítulos I y II del presupuesto y no cabe elegir si se prefiere ese servicio u otro privado), y que la práctica totalidad de ese casi sesenta por ciento de los recursos estatales desemboca en los bolsillos de los sectores agraciados, como el cine español o las ONGs, por poner dos ejemplos especialmente queridos por quien esto suscribe.

La socialdemocracia ni siquiera disimula a la hora de manifestar con hechos que su interés no es el bien común sino el preservar a los partidos políticos en el poder a cualquier precio. El volumen de lo que nos roban para este objetivo es, por tanto, una razón excelente para declararse objetor fiscal.

Época de charlatanes

Por ejemplo, Jordi Hereu, alcalde de Barcelona por el PSC, nos quiere vender y alquilar a precios de saldo 12.000 viviendas, los mismos que ha prometido la alcaldable okupa Imma Mayol (ICV-EUiA). CiU, unos 10.000 y ERC quiere poner 10.000 pisos vacíos en alquiler a modo de rebajas, un 10% más baratos que los del mercado. En Madrid, Alberto Ruiz Gallardón ha superado los records y promete dilapidar 1.800 millones de euros en vivienda para generar más de 158.000 pisos, 80.000 protegidos.

El problema de la vivienda no es nuevo y el PSC lleva casi 30 años en la alcaldía de Barcelona. Si la solución es regalar pisos, ¿por qué no ha hecho antes? ¿Tiene sentido que después de 30 años su lema electoral sea "nuevas ideas"? Están repitiendo lo de siempre y harán lo de siempre.

Lo que parece ignorar el votante medio es lo que no se ve económicamente de esta charlatanería. La vivienda empieza a bajar, y no sólo en España, sino en todos los países occidentales. No ha sido ningún político quien ha conseguido tal logro. Estas medidas que nos prometen, cuyo único fin es la compra de votos, sólo consiguen teledirigir la economía a caminos que no le convienen. España, y especialmente algunos lugares concretos, están teniendo buenos datos económicos gracias al sector de la construcción. Si la administración se dedica a vender pisos a precios por debajo de mercado, esto puede contribuir a acelerar un proceso bajista con las consiguientes pérdidas empresariales, proyectos incumplidos, quiebras y despidos de las empresas que trabajan en el libre mercado, especialmente las pequeñas.

Los políticos no harán bajar los precios dejando el resto de cosas iguales. Simplemente no pueden porque eso implicaría violar un sinfín de leyes económicas. Al intentarlo, sólo añaden un problema más a la economía y a la sociedad. ¿Es razonable seguir invirtiendo en un sector en su final de ciclo? Es la locura de un inconsciente.

España ha de huir de este tipo de producción y dejar que sea el mercado quien baje los precios liberalizando el suelo y eliminando leyes absurdas que sólo encarecen más los precios como la de no construir más de 5 plantas de pisos por bloque o dejar largas extensiones de zona verde. Las zonas verdes pueden ser muy bonitas, pero es mejor dormir en un piso que no verse obligado a pernoctar en una hermosa zona verde porque no nos llega el dinero ni para una triste habitación en alguna pensión cochambrosa.

Y cuando el impulso de nuestra economía, la construcción, se desinfle y todos los trabajos relacionados con este sector se pierdan, ¿qué prometerán los charlatanes? Seguiremos sin pisos y con una economía sin rumbo. Los niveles de productividad en España son preocupantes y esbozan un futuro no muy halagüeño. Han sido los políticos quienes han creado el germen de este desastre con sus promesas cortoplacistas, compra de votos y dinero barato.

Tal vez empieza a ser hora de que miremos más allá de la superficie y pensemos en la realidad. Los charlatanes nunca han hecho prosperar a ningún país ni han contribuido al beneficio de nadie que no sean ellos mismos. Si queremos alcanzar un cierto nivel de vida y mantenerlo después tendremos que ganárnoslo por nuestros medios y no exigiendo al Estado que robe a la comunidad para vivir a costa de ella. Los charlatanes siempre han sido parásitos para la sociedad; que ahora se hayan profesionalizado, vivan de nuestros impuestos y digan que lo hacen para nuestro bien no los convierte en nuestros salvadores. Siguen siendo nuestros verdugos económicos.

El Batacastroc

Como bien decía el premio Nobel de Economía de la Escuela Austríaca, Friedrich Hayek, siempre que se violan los principios generales del Derecho, más tarde o más temprano esa acción revierte en forma de un claro daño al cuerpo social. El presidente de la Astroc, Enrique Bañuelos, es el principal responsable de este descalabro y de la violación sistemática contra la propiedad privada en la que los políticos del Partido Socialista y del Popular están pringados hasta el cuello.

Astroc salió a bolsa el 24 de mayo de 2006 a la sombra de la ley urbanística de la Comunidad Valenciana (LRAU6/94). El propio Bañuelos alabó aquel día la política urbanística Valenciana y destacó que la figura del agente urbanizador había "imprimido mucho progreso" a la región al tiempo que había supuesto una importante experiencia para gestionar "bien" proyectos globales. El modelo de negocio basado en el agente urbanizador consiste en que una empresa se presenta ante el Ayuntamiento de turno con un plan para urbanizar una propiedad que no es suya. Si al político de turno le gusta la propuesta, ordena en su planeamiento esa actuación. En ese momento, al propietario se le da la opción de participar en el desarrollo del agente urbanizador. En el caso de que le fuercen a participar, el agente se quedará con gran parte de los terrenos en pago al ‘conocimiento’ aportado por el agente. Pero, si no quiere o no puede, que suele ser el caso, el agente lleva a cabo el desarrollo y al propietario se le expropia y santas pascuas. Vamos, que nos encontramos ante la legalización más descarada que pueda verse de la usurpación de la propiedad privada.

En este sentido, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que declara que "los principales problemas que surgen de la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Valenciana hacen referencia al cometido del agente urbanizador" en la medida que desprotegen "los derechos de propiedad, suscitando cuestiones relacionadas con los derechos humanos y los derechos fundamentales".

PSOE y PP se han aliado con empresarios que reniegan del mercado libre traicionando los derechos más fundamentales de los ciudadanos. El batacazo de Astroc refleja la sana desconfianza del mercado hacia esta corruptela legal.

¿Quieres que el Estado conduzca por ti?

Las declaraciones del ex presidente del Gobierno José María Aznar acerca de la última campaña de sensibilización de la Dirección General de Tráfico (DGT) han levantado todo un aluvión de críticas, tachando de irresponsable e inconveniente la opinión del líder popular. Tal discurso, propio del pensamiento único y de la hipocresía social latente en el marco de la corrección política, deja de lado la clave de la cuestión planteada por Aznar en su polémica intervención: el intento por parte del Estado de invadir, inexorablemente, hasta el último rincón de la privacidad individual.

Pocas veces he escuchado una frase tan auténticamente liberal por boca de uno de nuestros representantes. Y es que, ¿quién le ha dicho a nuestros políticos, y siempre preocupados gobernantes, que estoy dispuesto a que conduzcan por mí? ¡Faltaría más! El eslogan de No podemos conducir por ti empleado por la DGT es, simplemente, un insulto a la inteligencia humana, pues, en el fondo del mismo subyace la legitimación del intervencionismo estatal llevado al límite y, como consecuencia, la reducción de la libertad individual a su mínima expresión.

Una frase que, bajo su apariencia inocua e inofensiva, esconde un trasfondo preocupante y aterrador: “No podemos conducir por ti, pero, si pudiéramos, no dude en que lo haríamos, ya que usted, conductor, es un peligro para la sociedad, un irresponsable que no está capacitado para llevar su vehículo”. De este modo, el Gobierno muestra su auténtico rostro: el afán por tener bajo su control y supervisión todo ámbito de la acción humana, llegando, incluso, a tratar de sustituir la voluntad individual por la siempre correcta e intachable acción del Estado.

Un ente que, a lo largo de la historia, no ha dudado nunca en sacrificar sin miramientos ni el más mínimo rubor a millones de personas en pos del denominado interés nacional; o que , en base al supuesto e irreal bienestar general, no le ha temblado el pulso a la hora de aplicar impuestos abusivos y desproporcionados, expropiando una parte sustancial de la propiedad privada y las ganancias económicas que son fruto de la labor diaria y el sacrificado trabajo de los ciudadanos a lo largo de su vida laboral, en su denodado esfuerzo por mejorar y perseguir la felicidad. ¿Es que acaso los gobernantes son ejemplo irrefutable de virtud y corrección moral? El que se haya acercado someramente al ámbito de la actividad política conoce perfectamente cuál es la respuesta.

Y ahora, ni cortos ni perezosos, ¿aspiran también a coger el volante de mi coche?, ¿a sentarse en mi vehículo y a conducir por mí? A lo largo de los últimos años, hemos podido experimentar un endurecimiento normativo en distintos ámbitos con el objetivo de reducir el número de accidentes en las carreteras españolas, hasta el punto de establecer el denominado carnet por puntos, sin que ello haya arrojado resultados del todo favorables. El consumo de alcohol y de drogas, la imprudencia, o el exceso de velocidad han sido siempre los argumentos esgrimidos por la DGT para explicar el elevado número de víctimas que se cobra anualmente la carretera, culpando, por ello, casi en exclusiva, el comportamiento y la actitud del conductor al volante de su vehículo.

Sin embargo, pocas veces se aduce el mal estado de las vías secundarias (en donde, por cierto, se produce el mayor número de accidentes), la existencia de puntos negros, la escasez y la mala planificación de las infraestructuras viarias, los atascos y embotellamientos o, lo que es más grave aún, la deficiente política sancionadora y punitiva que se ha venido aplicando hasta ahora sobre los infractores más temerarios. Áreas, todas ellas, por cierto, pertenecientes al ámbito de la gestión pública. Tampoco suele explicarse que muchos países, como Alemania, por ejemplo, carecen de límites de velocidad en una parte significativa de su red viaria, o que, dado los millones de desplazamientos que se producen anualmente en España, es inevitable, por no decir imposible, que acontezcan siniestros de toda índole y gravedad. Además, los coches son cada vez más seguros y fiables y, dado el creciente número de vehículos que recorren nuestras carreteras, la proporción de accidentes de tráfico es cada vez menor con el paso de los años.

Pero, según la DGT, el único culpable de la siniestralidad vial es, en este caso, el individuo, nunca papá Estado. Por ello, llega, incluso, a insinuar su disposición a sustituirnos al frente de nuestro vehículo. Y es que, la gran mayoría de ustedes, en su afán por dar rienda suelta a sus instintos suicidas e incívicos, no tienen el más mínimo temor a estrellarse con su coche y causar un trágico accidente, ¿verdad? La DGT difunde un discurso paternalista y protector que, en el fondo, tiene por objetivo limitar al máximo nuestra libertad de acción aplicando, a su vez, un proceso que conlleva, de forma inherente, la desnaturalización progresiva de la responsabilidad individual.

En este sentido, el Gobierno nunca se ha planteado la implementación de un completo sistema de gestión de tráfico privado mediante el desarrollo de una red de seguros con plena capacidad normativa y sancionadora. Así, los terribles efectos que provoca una mala práctica en este ámbito podrían resarcirse de un modo más eficaz y ajustado a través de dichas compañías que, en su afán por evitar riesgos, pondrían en práctica las medidas necesarias para incentivar una conducción responsable. Y es que, el mercado, a diferencia del Estado, carga sobre el individuo el peso de sus acciones sin llegar a desposeer a éste de su natural responsabilidad.

Aznar no pretendía, ni mucho menos, animar a los españoles a conducir ebrios, tal y como se nos ha intentado hacer ver por parte de algunos políticos y comentaristas interesados, sino llamar la atención acerca del riesgo que implica un mensaje tan maniqueo como el de la DGT… “No podemos conducir por ti”. ¡Pues claro! ¿Es que acaso usted estaría dispuesto a ceder el volante de su coche a Zapatero o a Rajoy? Yo, desde luego, no. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Pretender que Rubalcaba, o cualquier agente estatal a su cargo, fume por mí, ante el riesgo de que pueda contraer un cáncer o provocar una enfermedad a los que me rodean? Simplemente, absurdo.

¿Quieres que el Estado conduzca por ti?

Las declaraciones del ex presidente del Gobierno José María Aznar acerca de la última campaña de sensibilización de la Dirección General de Tráfico (DGT) han levantado todo un aluvión de críticas, tachando de irresponsable e inconveniente la opinión del líder popular. Tal discurso, propio del pensamiento único y de la hipocresía social latente en el marco de la corrección política, deja de lado la clave de la cuestión planteada por Aznar en su polémica intervención: el intento por parte del Estado de invadir, inexorablemente, hasta el último rincón de la privacidad individual.

Pocas veces he escuchado una frase tan auténticamente liberal por boca de uno de nuestros representantes. Y es que, ¿quién le ha dicho a nuestros políticos, y siempre preocupados gobernantes, que estoy dispuesto a que conduzcan por mí? ¡Faltaría más! El eslogan de No podemos conducir por ti empleado por la DGT es, simplemente, un insulto a la inteligencia humana, pues, en el fondo del mismo subyace la legitimación del intervencionismo estatal llevado al límite y, como consecuencia, la reducción de la libertad individual a su mínima expresión.

Una frase que, bajo su apariencia inocua e inofensiva, esconde un trasfondo preocupante y aterrador: "No podemos conducir por ti, pero, si pudiéramos, no dude en que lo haríamos, ya que usted, conductor, es un peligro para la sociedad, un irresponsable que no está capacitado para llevar su vehículo". De este modo, el Gobierno muestra su auténtico rostro: el afán por tener bajo su control y supervisión todo ámbito de la acción humana, llegando, incluso, a tratar de sustituir la voluntad individual por la siempre correcta e intachable acción del Estado.

Un ente que, a lo largo de la historia, no ha dudado nunca en sacrificar sin miramientos ni el más mínimo rubor a millones de personas en pos del denominado interés nacional; o que , en base al supuesto e irreal bienestar general, no le ha temblado el pulso a la hora de aplicar impuestos abusivos y desproporcionados, expropiando una parte sustancial de la propiedad privada y las ganancias económicas que son fruto de la labor diaria y el sacrificado trabajo de los ciudadanos a lo largo de su vida laboral, en su denodado esfuerzo por mejorar y perseguir la felicidad. ¿Es que acaso los gobernantes son ejemplo irrefutable de virtud y corrección moral? El que se haya acercado someramente al ámbito de la actividad política conoce perfectamente cuál es la respuesta.

Y ahora, ni cortos ni perezosos, ¿aspiran también a coger el volante de mi coche?, ¿a sentarse en mi vehículo y a conducir por mí? A lo largo de los últimos años, hemos podido experimentar un endurecimiento normativo en distintos ámbitos con el objetivo de reducir el número de accidentes en las carreteras españolas, hasta el punto de establecer el denominado carnet por puntos, sin que ello haya arrojado resultados del todo favorables. El consumo de alcohol y de drogas, la imprudencia, o el exceso de velocidad han sido siempre los argumentos esgrimidos por la DGT para explicar el elevado número de víctimas que se cobra anualmente la carretera, culpando, por ello, casi en exclusiva, el comportamiento y la actitud del conductor al volante de su vehículo.

Sin embargo, pocas veces se aduce el mal estado de las vías secundarias (en donde, por cierto, se produce el mayor número de accidentes), la existencia de puntos negros, la escasez y la mala planificación de las infraestructuras viarias, los atascos y embotellamientos o, lo que es más grave aún, la deficiente política sancionadora y punitiva que se ha venido aplicando hasta ahora sobre los infractores más temerarios. Áreas, todas ellas, por cierto, pertenecientes al ámbito de la gestión pública. Tampoco suele explicarse que muchos países, como Alemania, por ejemplo, carecen de límites de velocidad en una parte significativa de su red viaria, o que, dado los millones de desplazamientos que se producen anualmente en España, es inevitable, por no decir imposible, que acontezcan siniestros de toda índole y gravedad. Además, los coches son cada vez más seguros y fiables y, dado el creciente número de vehículos que recorren nuestras carreteras, la proporción de accidentes de tráfico es cada vez menor con el paso de los años.

Pero, según la DGT, el único culpable de la siniestralidad vial es, en este caso, el individuo, nunca papá Estado. Por ello, llega, incluso, a insinuar su disposición a sustituirnos al frente de nuestro vehículo. Y es que, la gran mayoría de ustedes, en su afán por dar rienda suelta a sus instintos suicidas e incívicos, no tienen el más mínimo temor a estrellarse con su coche y causar un trágico accidente, ¿verdad? La DGT difunde un discurso paternalista y protector que, en el fondo, tiene por objetivo limitar al máximo nuestra libertad de acción aplicando, a su vez, un proceso que conlleva, de forma inherente, la desnaturalización progresiva de la responsabilidad individual.

En este sentido, el Gobierno nunca se ha planteado la implementación de un completo sistema de gestión de tráfico privado mediante el desarrollo de una red de seguros con plena capacidad normativa y sancionadora. Así, los terribles efectos que provoca una mala práctica en este ámbito podrían resarcirse de un modo más eficaz y ajustado a través de dichas compañías que, en su afán por evitar riesgos, pondrían en práctica las medidas necesarias para incentivar una conducción responsable. Y es que, el mercado, a diferencia del Estado, carga sobre el individuo el peso de sus acciones sin llegar a desposeer a éste de su natural responsabilidad.

Aznar no pretendía, ni mucho menos, animar a los españoles a conducir ebrios, tal y como se nos ha intentado hacer ver por parte de algunos políticos y comentaristas interesados, sino llamar la atención acerca del riesgo que implica un mensaje tan maniqueo como el de la DGT… "No podemos conducir por ti". ¡Pues claro! ¿Es que acaso usted estaría dispuesto a ceder el volante de su coche a Zapatero o a Rajoy? Yo, desde luego, no. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Pretender que Rubalcaba, o cualquier agente estatal a su cargo, fume por mí, ante el riesgo de que pueda contraer un cáncer o provocar una enfermedad a los que me rodean? Simplemente, absurdo.

La noche del calentamiento global

Según el guionista del documental el clima se está "recalentando": las facultades de periodismo hacen estragos con el lenguaje. Ningún experto de los que han consultado tiene ninguna duda sobre lo que está sucediendo y lo que hay que hacer: algo extraño en científicos, porque un tema tan vasto y complejo da para muchas incertidumbres (quizás convenga un prudente escepticismo y actitud crítica). Se afirma poéticamente (y patéticamente) que cada cambio, por minúsculo que sea, afecta a todos los seres vivos: pero la ciencia consiste en establecer y distinguir relaciones relevantes, no vale el "todo está relacionado".

Vivíamos en el clima perfecto (qué casualidad) sin saberlo, porque todos los cambios que pueden producirse se presentan como negativos. Tal vez sea que los posibles beneficiarios de un clima más cálido prefieren callar, y que todo el que tiene algún problema o perjuicio lo achaca al cambio climático a ver si Papá Estado se lo soluciona o indemniza.

La fibra sensible se toca de forma facilona recurriendo a los niños: "I love Kyoto" pinta uno que parece saber mucho del tema para su tierna edad (¿o quizás le han dicho lo que debe pensar?). Se lanza la pregunta de si tendrán alimentos, agua, y oxígeno en el futuro: no es broma.

En España probablemente habrá más olas de calor, pero se silencia que también habrá menos olas de frío, que son bastante más peligrosas para los seres humanos. El misterio de las abejas desaparecidas es probable que se deba a un parásito, pero se relaciona con el cambio climático: por si cuela, todo es posible. Algunos osos no han hibernado este último invierno tan benigno: tiene que ser muy malo seguir activo y pudiendo alimentarse. Parece que hay aves que se ahorran alguna migración porque ya no tienen que huir del frío: espantoso. Los fenómenos más extremos (sequías, lluvias torrenciales, huracanes, tornados) son muy espectaculares y se asegura que se intensificarán, pero en este ámbito la incertidumbre científica es grande. Tal vez haya menos precipitaciones en la península (las predicciones globales son al revés, de más precipitaciones), pero no se menciona que el problema del agua es que no se economiza porque no hay derechos de propiedad, ni mercados libres, ni precios; a cambio se ofrece moralina y concienciación.

Algunas especies podrían desaparecer (hasta un enorme 30%, según algunos), pero se trata de especulaciones teóricas sin contrastación empírica (cambios climáticos precedentes no produjeron tales catástrofes ecológicas). Muchos seres vivos se ven afectados más por la invasión humana de sus hábitat que por el cambio climático. Nos asustan con los mosquitos, el paludismo y la malaria, que se dan en zonas frías y que tienen mucho más que ver con condiciones sociosanitarias. No tiene nada que ver con el cambio climático, pero aumenta el cáncer de piel y nos lo cuentan (quizás se deba a que la gente toma más el sol, pero no nos lo sugieren). James Lovelock se queda tan tranquilo prediciendo que sólo sobrevivirá el 20% de la población mundial actual (migraciones, guerras). Al menos defiende la energía nuclear, pero se nos repite la falacia de que no está resuelto el problema de los residuos radiactivos.

Se insiste especialmente en el aumento del nivel del mar, con efectos especiales que muestran cómo se inundan zonas costeras e incluso alguna ciudad marítima. Se afirma que una elevación de un centímetro implica un retroceso de las playas de un metro, y como se prevén unos 40 centímetros de elevación en los próximos cien años se teme que muchas playas desaparecerán: se ignora que el nivel del mar lleva milenios subiendo a un ritmo parecido al actual (y las playas son entes dinámicos que no han cambiado tanto), y se olvida que los seres humanos pueden proteger o regenerar las playas y proteger con diques las zonas más delicadas. La gente sigue comprando viviendas cerca del mar (ZP da ejemplo); no parece que les preocupe demasiado la posible elevación de las aguas.

Se critica que la gente derrocha recursos como si fueran ilimitados (no se habla de escasez, derechos de propiedad, precios) y se recomienda eficiencia y ahorro, cosas de sentido común que el desarrollo tecnológico y la acumulación de capital consiguen por sí solos (aunque quizás el consumo total de energía siga creciendo en contra de los deseos de algunos ecologistas, porque la gente aspira a vivir mejor y esto suele ir asociado con más consumo energético). Se proponen energías renovables, que tal vez sean las del futuro, pero que no son las del presente porque aún son muy caras y sólo subsisten por cuantiosas subvenciones estatales. Parece que no hay peor catástrofe que no hacer nada, pero quizás lo sea hacer algo equivocado.

Especular, un reto posible

Aitor Zárate, como Robert Kiyosaki y otros emprendedores, brinda una idea que acaso provoca contrariedad a muchos: alcanzar la libertad personal a través de la independencia económica, con educación financiera, sin trampas y rompiendo moldes preestablecidos. Zárate fue jugador profesional de baloncesto (Baskonia, CAI Zaragoza) y desde 1998 dirige su propio negocio de futuros financieros. En 2006 publicó su exitoso Cambio de vida donde explicita por medio de un relato novelado su trayectoria vital.

Para el autor es ineludible, en aras de la libertad de cada uno, desarrollar un plan que permita aumentar la clase de inversiones que, con el tiempo, proporcionen ingresos sin hacer nada, trabajando el dinero por nosotros para no tener que trabajar por dinero, que nos obligaría a entregar nuestro preciado tiempo. "Tenemos que empezar a pensar en crear activos que generen activos y no ganar dinero para comprar pasivos, que es lo que hace la mayoría de la gente y que financieramente constituye una sandez."

Para Zárate un individuo que saca ufano su cartera para pagar con alguna de sus seis o siete tarjetas de crédito perfectamente alineadas es cualquier cosa menos rico. Con los tipos de interés actuales tan bajos, resulta imposible conseguir la liberación financiera endeudándose al 22 %, que es el "amigable" tipo que imponen los bancos para el pago de créditos al consumo. Por otra parte, el autor afirma que existe una excesiva credulidad por parte de los modestos inversores respecto de la pronta recuperación de sus acciones a la baja; incumplen el dicho que dice que "hay que cortar las pérdidas y dejar correr los beneficios", desconocen ponerse "corto", es decir, vender primero para comprar después, técnica que Zárate expone con claridad, pero que requiere habilidad psicológica y conocimiento en gestión monetaria para no terminar desplumado en las operaciones.

Adquirir viviendas no es para Zárate una solución acertada, lo que ejemplifica convincentemente: él prefiere la multipropiedad y obtener rentas por ella. La vivienda, excepto si el propietario logra un alquiler por ella o la vende y hace dinero, no es una buena inversión. No obstante, como casi siempre que se desaconseja comprar pisos, tal recomendación parece demasiado rígida, ajena por completo a las múltiples contingencias o motivaciones (una donación, una hipoteca inversa) que pueden aparecer en la vida de cara a poseer una casa.

Con los bancos ocurre un problema de relación de agencia: las entidades no realizan gestiones activas acerca de los fondos que reciben, obsesionadas como están por el cobro de comisiones de gestión, en vez de cobrar únicamente en función de los beneficios a favor del cliente, cosa que sí hacen los hedge funds. Para evitar la dificultad objetiva de participar en éstos, Zárate anima a convertirse en especulador de futuros, donde hay siempre contrapartida: si quieres comprar o vender no te quedas colgado, cosa que no ocurre con las clásicas acciones en bolsa. En Cambio de vida los dos protagonistas dialogan en torno a la dinámica interna de ser gestor de las propias inversiones.

No es imposible, pero es una opción empedrada de dificultades, a veces muy serias. Aitor Zárate reconoce varios fracasos en su biografía. Robert Kiyosaki vivió durante meses dentro de su coche, hasta que un amigo le cedió un trastero, antes de alcanzar el triunfo. Aquí, en España, algo se mueve, y toda esta clase de experiencias comienzan a tener su público. Es una cuestión de carácter, de aprendizaje, de una insobornable voluntad de decidir el propio destino, escapando de intervencionismos de toda condición.