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Internet se colapsará (otra vez)

Sin embargo, aunque en este caso las razones para predecir la hecatombe sean tan tontorronas, las afirmaciones sobre el fin de Internet tienen una larga tradición desde que Bob Metcalfe hiciera la suya allá por 1995. No era un cualquiera. Había fundado 3Com, una de las empresas líderes en la fabricación de los componentes necesarios para hacer funcionar Ethernet, el sistema de redes que había creado en 1973. Puede que a muchos de ustedes eso de Ethernet les suene de algo, pero no acaben de saber a qué. Es sencillo: cuando conectan un cable de red a la clavija de red de su ordenador, no se están conectando a otra cosa que a una red Ethernet, omnipresente en casi todas las instalaciones domésticas y empresariales.

La base del invento de Metcalfe es llevar la simplicidad máxima al diseño de la red. Cuando un ordenador quiere enviar algo a otro punto de la red simplemente lo hace y espera que le llegue la confirmación de que ha llegado a su destino. Si no la recibe en un tiempo determinado, asume que el envío no tuvo éxito, seguramente porque al mismo tiempo algún otro ordenador decidió enviar otra cosa, produciéndose una interferencia, de modo que lo vuelve a intentar hasta que lo consigue.

Es simple, sí, pero también tiene un innegable aire de chapuza. ¿Cómo estar seguros de que la cosa no va a fallar cuando más la necesitas? Simplemente, no se puede. De ahí que, desde entonces, se hayan creado varios intentos de sustituir a estas redes tontas por otras más inteligentes. En 1986, IBM lo intentó con Token Ring. Era un sistema excelente, en teoría, aunque más complicado de instalar y más caro. Eso sí, ofrecía toda serie de garantías. Lleva sufriendo una muerte lenta casi desde que se inventó. Después llegó ATM, un sistema bien ingenioso que tampoco ha conseguido triunfar sobre las redes tontas.

El sistema de Ethernet triunfó porque convirtió las redes en algo carente por completo de inteligencia, que se limitan a transmitir información sin más, obligando a los extremos de la red a hacer la mayor parte del trabajo. Pensemos en las redes telefónicas, con sus sofisticadísimas centralitas y protocolos de conexión. Resulta que, en toda su complejidad y sus garantías de buen funcionamiento, sólo servían para una cosa: hablar por teléfono. A las redes tontas, en cambio, hay que enseñarles cómo funcionar, pero sirven para todo, permitiendo una explosión de creatividad en los servicios que se pueden prestar con ellas. Y, como dijo en su día el propio Metcalfe, por mucho que en teoría no debieran funcionar, en la práctica lo hacen.

Sin embargo, el creador de Ethernet perdió eventualmente la fe en las posibilidades de su propia creación, pensando que sería sustituida por redes de tipo ATM. De ahí que predijera el colapso de Internet, una red tonta que interconecta otras redes tontas. Se equivocó, pero cumplió su promesa y se comió el artículo en el que había hecho su vaticinio. Ahora, Procera Networks augura que a finales de año Internet se vendrá abajo. La especialidad de la empresa, por si no lo habían adivinado, es "aplicar inteligencia a la red". Cuán sorprendido me hallo.

Un club obligatorio de egoístas

 "Una afección tan noble [la generosidad], en lugar de hacer al hombre más apto para las sociedades de superior tamaño, es casi tan contraria a ellas como el más estrecho egoísmo."

(D. Hume, Tratado, III, ii, sec. 2ª)

El Estado del Bienestar es un club en el que no rige el principio liberal esencial de adhesión voluntaria, al decretar su incorporación obligatoria para todo el que se mueva por su jurisdicción. El espíritu obligatorio de este club es justamente lo contrario, pongamos por caso, al cooperativismo, uno de los mecanismos asistenciales más interesantes, previo al Estado Providencia y verdaderamente solidario, surgido del movimiento obrero.

El Estado del Bienestar, por su carácter esencialmente masivo y coactivo, hace a las personas ser más egoístas de lo habitual; es uno más de los numerosos efectos indeseados del mismo. Digamos que produce egoísmos y barreras artificiales que no se darían con tal intensidad de no existir dicho club "generoso". Veamos las más llamativas:

  • Barreras de entrada a los inmigrantes. Los que han sido forzados a colaborar en este supuesto club solidario resulta que no ven con buenos ojos a los recién llegados que se benefician de él pero que no han participado en sus cargas. Esta reacción es muy lógica. El recelo de muchos ante la inmigración tiene, por tanto, una de sus causas en la existencia del Estado del Bienestar.
  • Barreras de entrada a inversiones extranjeras. Se necesitan "campeones nacionales" para que las sedes de empresas "estratégicas" (léase con buenos flujos de caja) se hallen en suelo patrio y así facilitar la necesaria financiación de los gestores de dicho club. De esta manera se administra con mayor comodidad el corral fiscal y se impide que parte de los beneficios de estas corporaciones se vaya a sufragar otros clubes del Bienestar.
  • Barreras de entrada a productos extranjeros. Los aranceles, las medidas antidumping y las restricciones a las importaciones no son más que burdas medidas para impedir que ciertos productos confeccionados fuera de los costosos estándares del Estado del Bienestar puedan competir con los producidos dentro dicho club forzoso; dificultando, de paso, el deseable desarrollo de los trabajadores más pobres en el exterior.
  • Barreras de entrada al mercado laboral. Los sindicatos fuerzan la mejora de todas y cada una de las condiciones laborales de los que ya tienen trabajo a costa de hacer mucho más difícil la entrada de aquellos que no lo tienen al carecer de la productividad marginal necesaria para ser merecedores de esas "mínimas" conquistas sociales. También unos costes laborales improductivos consecuencia de excesivas regulaciones del mercado laboral de este club de egoístas detraen inversión en capital, lo que supone una barrera segura a la subida natural de los salarios que van asociados a la mejora de la productividad.
  • Barreras de entrada a los no nacidos. Constato que el pensamiento progre, el Estado del Bienestar y el aborto van de la mano. A esto habría que sumar el movimiento contrario de "salida forzosa": ciertas malas prácticas médicas de eutanasia no solicitada por el afectado o sus allegados para "aliviar" los crecientes pagos comprometidos del club del Bienestar.
  • Barreras de salida a jubilados. Las edades de jubilación y años de cotizaciones que den derecho a pensiones máximas a cargo de la Tesorería de la seguridad social se van estirando con el tiempo a medida que no les van saliendo las cuentas a los gestores del club.
  • Barreras de salida a empresas. El clan del Bienestar sale muy caro y toda salida de verdadera riqueza se intenta interesadamente frenar desde los poderes públicos, con la excusa de haberse beneficiado el asociado de ciertas exenciones fiscales o ayudas estatales. Las subvenciones, primero, y los impedimentos a las deslocalizaciones posteriores son un círculo vicioso insensato. Otra barrera de salida indirecta sería la armonización fiscal de bases o tipos de impuestos entre estados para impedir que las empresas encuentren su óptimo tributario en otro sitio y se larguen de donde están.
  • Barreras de salida a naciones de un mismo Estado. La asunción básica de todo socialdemócrata es que cuanto mayor sea el Estado mejor se garantizará la "justicia social". El Estado del Bienestar, por tanto, es uno de los frenos más importantes para la pacífica secesión o desagregación voluntaria de unidades nacionales dentro de un mismo Estado.

Todas estas actitudes son signos claros de egoísmo o de recelo sobrevenido. Con un desmantelamiento importante de este club forzoso ya no nos asustarían la entrada de productos o inversiones extranjeras (las veríamos como lo que realmente son: riqueza), ni la llegada de inmigrantes o de nuevos nacidos a la sociedad (pues constataríamos con normalidad que, a su debido momento, trabajan para conseguir su sustento sin aprovecharse de nadie), ni la saludable flexibilidad del mercado laboral (con menores cargas sociales subiría la productividad y, por tanto, los salarios de todos los trabajadores), ni la salida del mercado laboral cuando a uno le venga en gana (al haber contratado un plan privado a su costa), ni nos opondríamos a la marcha de empresas al exterior (pues entenderíamos que buscan su beneficio y que el facilitar su salida implicaría allanar la llegada futura de otras), ni nos horrorizaría "la salida" pacífica de naciones de un mismo Estado (sin la existencia de un estado asistencial y teniendo los individuos aseguradas privadamente sus coberturas básicas, no existirían esos recelos tan grandes que hoy se perciben ante propuestas de secesión; siempre, claro está, que sean por vías pacíficas y sin atropello de las libertades individuales).

Las diferentes caras del socialismo y su hijo pródigo, el Estado del Bienestar, conducen fatalmente a todo tipo de proteccionismos. El que se haya interesado un poco por el liberalismo, es decir, por tomarse en serio la institución del mercado, sabrá que, desde sus inicios, viene defendiendo la desaparición de éstas y otras muchas barreras.

Y luego la sociedad cerrada y sus amigos acusan al liberalismo de dar rienda suelta al egoísmo ¡Qué sarcasmo!

El sucesor de Warren Buffett

El capital es escaso y a todos conviene que se destine a los proyectos empresariales más productivos del abigarrado crisol que forman. A ello ha dedicado su vida el "oráculo de Omaha".

Hace casi un año hizo la mayor aportación filantrópica de la historia. Ha dedicado 44.000 millones de dólares, o el 85 por ciento de su fortuna, a la Fundación Gates. En julio de 2006 comenzó con una primera aportación de 602.500 acciones de su compañía, Berkshire Hathaway, que aumentará año a año a un ritmo del 5 por ciento. De este modo, si el valor de las acciones crece más rápido que ese porcentaje, la aportación será cada vez mayor año a año.

Ahora busca sucesor. En una carta a la compañía ha dejado claro que quiere que sea una persona joven, que tenga la confianza en sí misma como para ir en ocasiones contra la opinión del mercado y con estabilidad emocional.

Pero ello no basta. Debe tener vista para identificar esos reveses del mercado que pueden dar al traste con lo conseguido en una larga carrera de éxitos, así como un buen entendimiento de la naturaleza humana y del funcionamiento de las instituciones; mirar al futuro con ojos de historiador, como decía Mises. Si usted se siente identificado, acaso tenga la oportunidad de gestionar nada menos que 120.000 millones de dólares.

Claro, que debe compartir también su filosofía de inversión. Para él "es mucho mejor comprar una empresa maravillosa a un precio aceptable que una empresa aceptable a un precio maravilloso". O, sobre todo, invertir pensando en el largo plazo.

Esto es, a Buffett le entendemos como parte de la filosofía de la escuela del crecimiento, y no es casual que tuviera a Phillip Fisher como mentor. Pero también sigue la escuela del valor a que asociamos con Benjamin Graham (El inversor inteligente).

¿Tendrá Warren Buffett la misma visión para elegir sucesor que para invertir?

Cómo terminar con el Estado de Bienestar

Esto último pasa por que cada uno exija "sus derechos", en el entendido de que esos derechos se extienden a lo que produzcan los demás. Cómo es posible que haya quien defienda el Estado Providencia hablando de ética y de moral es todo un misterio.

En cualquier caso, ni lo necesitamos, ni tenemos porqué estar atados a él para siempre. Hemos llegado, en todas las democracias, a una situación en que convertir los deseos de la gente en "derechos" ha ido tan lejos que apenas nos lo podemos permitir. Le vemos las orejas al lobo, pero los políticos, que no ven más allá de las siguientes elecciones, no quieren prestar su voz para las malas noticias.

Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer nada desde la política. Sólo tenemos que mirar al caso de los Estados Unidos. Clinton prometió "acabar con el Estado de Bienestar tal como lo conocemos", pero seguramente jamás pensó en reformarlo muy en serio. Se vio forzado por la llamada "revolución conservadora" liderada por Newt Gingrich, que le obligó a hacer una revisión a fondo de las ayudas asistenciales. Eran tan generosas que amplios sectores se esforzaban más en entrar en la casilla correspondiente a una subvención que en ganarse la vida con su esfuerzo. Y es que el mensaje era bien claro: si usted, por ejemplo, logra quedarse embarazada y huye tanto del matrimonio como del mercado de trabajo, nosotros le aseguramos una renta. En esas condiciones, ¿quién querría salir adelante por sus propios medios? Gingrich y su "Pacto con América" querían cambiar esa situación.

Por eso forzaron al presidente a firmar Ley de la Responsabilidad Personal y la Reconciliación de las Oportunidades del Trabajo en el verano de 1996. Habría ayudas, sí, pero cada Estado podía elegir si condicionarlas a la obtención de un trabajo, o incluso de imponer un plazo máximo de cinco años viviendo del dinero de los demás. Unos pocos Estados comenzaron por llevar el sistema a la práctica, con un éxito que sólo se puede calificar de rotundo. Pronto comenzaron a seguirles otros.

En 2002, sólo seis años después de comenzado el programa, casi el 60 por ciento de las familias que vivían del dinero público pasaron a hacerlo por sus propios medios. ¿Han caído en la miseria de la que apenas les salvaban las ayudas públicas? Nada de eso. Precisamente entre las madres solteras el nivel de pobreza ha caído del 46 al 28 por ciento y, en esos seis años, pese al aumento de la población, el número de "pobres" descendió en 1,6 millones de personas.

O, simplemente, como he propuesto en otro lugar, sumemos el gasto social y dividámoslo por cada español mayor de 18 años. Con ello devolveríamos a los españoles todos los años unos 5.000 dólares, que podrían ser incluso más si excluimos a las rentas más altas. Imaginemos, además, todos los recursos destinados a gestionar esta bicoca puestos a producir riqueza en el mercado en vez de redistribuirla. ¡Lo que íbamos a ganar!

Más viviendas por sorteo

Para la inmensa mayoría de los políticos, sin embargo, las políticas públicas de cualquier área consisten en plasmar su idea del mundo y toda clase de deseos personales en un mandato coactivo para toda la sociedad. Según esta segunda forma de ver las cosas la realidad tendrá que adaptarse a los designios planificadores so pena de multas y cárceles.

Un buen ejemplo de esta última forma de entender la acción legislativa y de gobierno es la nueva Ley del Suelo. El presidente y la ministra del ramo piensan que basta con decir en una ley que se ofrecerán viviendas dignas para todo el mundo para que así sea. Esto, por cierto, es lo que pensaban desde Ceaucescu hasta Mao pasando por los líderes de la Plaza Roja acerca de los más diversos asuntos económicos. Tan convencidos estaban de ello que lo aplicaron a todo y contra todos. Desde la alimentación hasta el urbanismo, todo era mortífera coacción "bienintencionada". En el caso del intervencionismo alimenticio para garantizar comida digna a todo el mundo, la combinación de colas, escasez y pésima calidad de la comida que ofrecían a sus ciudadanos sigue siendo una marca característica del sistema que preconizaban estos totalitarios. En el caso del urbanismo, las preciosas ciudades soviéticas con familias hacinadas en cajas de cerillas son toda una muestra de lo que es capaz la ingeniería social(ista).

Volviendo a la nueva Ley del Suelo, Zapatero cree que porque se obligue a establecer una reserva mínima del 30% del suelo residencial para viviendas sujetas a algún régimen de protección todo el mundo tendrá una vivienda digna. Lo cierto es que el efecto de esta medida será restar oferta de vivienda libre y, consecuentemente, que sea más cara de lo que podría haber sido. No hay que olvidar que la gran mayoría de los ciudadanos accede a la vivienda comprándola en el mercado, no siendo agraciados por la lotería estatal. Si a esta medida le sumamos la elevación (del 10% al 20% de máximo) del porcentaje de cesión de las plusvalías generadas por la promoción inmobiliaria, sólo cabe esperar más presión al alza en el precio de la vivienda. Esto, me temo, tiene poco que ver con garantizar una vivienda digna a todo el mundo. Si es que no aprenden; en los países comunistas la comida digna llegó a todo el mundo con los supermercados privados y aquí sólo habrá vivienda digna para todo el mundo con una liberalización del suelo que ningún político parece dispuesto a defender.

Las viviendas dignas para todos –y no sólo para quien le toca la lotería– llegarán el día en el que los políticos levanten la losa de hormigón planificadora que han puesto sobre nuestros hombros. Pero en el horizonte no se ven más que hormigoneras políticas que mezclan una amalgama de planificación central, racionamiento y expropiaciones, homogeneizados siempre gracias a una pasta de populismo barato. El Partido Popular no sólo no se escapa a esta forma de hacer política sino que la promueve con premeditación y alevosía: el uso del agente urbanizador en la Comunidad Valenciana es de sobra conocido. Ahora hasta su dirigente más liberal, Esperanza Aguirre, ha caído en la tentación intervencionista al proponer la limitación, por ley, de la densidad de edificación en zonas residenciales a tres plantas más ático. Estamos rodeados de escombros socialistas con los que los políticos de todos los partidos pretenden construir un urbanismo contra la voluntad del individuo.

Cuenta atrás en las elecciones: comienza la campaña

Acaba de empezar la campaña electoral. Todos los políticos se apresuraron a abrir sus barracas de feria y a contarnos dos cosas: el tirón de orejas que le van a dar al contrincante y lo bien que lo van a hacer. No lo van a hacer bien, lo van a hacer mejor. Mejores transportes, mejores carreteras, mejor sanidad. Dan ganas de votarles a todos.

Gracias a los medios digitales, los candidatos juegan con nuestra intención de voto primero, para jugar con nuestro dinero después, y crean sus propios personajes virtuales, se besan a la francesa públicamente para promover la libertad lingüística, o abren blogs para preguntar al ciudadano "dime qué quieres y te diré qué prometo".

Pero no hay que fiarse ni de las promesas de retirar los parquímetros de Miguel Sebastián, candidato a la alcaldía de Madrid (por otro lado nos sacarán los dineros), ni del "reencuentro" con el río Manzanares (financiado por nosotros y nuestros descendientes por los siglos de los siglos) de Alberto Ruíz-Gallardón candidato por el Partido Popular al mismo ayuntamiento.

Mientras que Enrique Gil Calvo, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, considera la abstención como una imprudente irresponsabilidad y sus consecuencias un trágico error, no parece que las demás alternativas sean satisfactorias para el interés del votante individual.

En nuestro actual sistema político, un ciudadano responsable puede votar a un partido en concreto porque comparte sus principios, porque lo hace aunque solamente sea de manera parcial o porque el modelo de sociedad ofrecido por los demás partidos le parece algo a evitar a toda costa. Pero, tal y como también señala Gil Calvo, y en esto sí estoy de acuerdo, las democracias occidentales adolecen cada vez más de una crisis de representatividad, descrédito y homogeneidad de las alternativas ofrecidas por los políticos, que le pone muy difícil las cosas al elector responsable.

¿Qué pasa si nos decidimos a renovar este sistema tan desgastado, obsoleto y generador de más mal que bien, tan restrictivo de las libertades individuales?

Dice Dennis C. Mueller en su Public Choice III que en una sociedad con un orden político cerrado, un individuo siempre está en peligro de ser explotado o tiranizado por una mayoría o una minoría de sus conciudadanos. Su capacidad de elegir, en tales situaciones, se centra en pocas opciones: confiar continuamente en la protesta (la opción voz) con la esperanza de que el resultado cambie, buscar un espacio político migrando a otro lugar (opción salida) o crear un orden nuevo mediante una revolución, es decir, un cambio brusco, no gradual. Pero esta última opción es problemática en nuestro maravilloso mundo occidental.

De acuerdo con el análisis de la Escuela de la Elección Pública la participación de la sociedad en un cambio radical es menor para altas tasas de salario y para bajas tasas de incertidumbre respecto a la renta futura. Es decir, una ciudadanía acomodada es también acomodaticia y manifiesta su desidia mirando al techo en lugar de asumir su responsabilidad, pidiendo a otro (el político de turno) que le resuelva sus problemas y quejándose después, pero sin tomar medidas directas. Vivimos demasiado bien.

¿Es más responsable mantener este sistema corrupto, desacreditado y ficticio, donde la mentira reina y los grupos de poder y los gobernantes son cómplices que atentan contra el individuo? ¿Es un trágico error no someterse a él y manifestar el desacuerdo de raíz con esta trama?

Nos esperan días de grandes palabras, grandes mentiras, grandes manipulaciones y muy poca imaginación. Está en manos de los ciudadanos negarse ser súbditos para ser tratados como vecinos. No participar, no acudir a una cita, no colaborar en lo que uno cree que es injusto es una manera de opinar y también es una opción responsable; para mí, la única opción responsable.

El amigo de los abuelillos

Es asombroso que una clase política formada por un Moratinos, una Carmen Calvo o un José Blanco, pongamos por caso, no suscite el menor interés en alguien con esa facilidad para la parodia política. Cualquier presentador de la televisión nocturna en Estados Unidos mataría a su suegra por contar con un elenco político tan sugestivo como el que disfrutamos aquí, pero es lo que tiene el sectarismo ideológico, que uno es capaz de perjudicar su propia carrera profesional antes de dar un balido más alto que otro, no sea que los guachimanes de la ortodoxia progresista cierren el acceso al pesebre.

El último proyecto del autodenominado Gran Wyoming (excelente nombre artístico para un antiamericano vocacional), consiste en un documental en defensa del doctor Montes y su estrategia terapéutica para acabar con el sufrimiento de los abueletes. Está muy bien; cada uno es libre de engrandecer el séptimo arte de la forma que estime pertinente, siempre que asuma los costes de la aventura. Ocurrió con la serie de documentales cometidos por las gentes de nuestro cine para acabar con Aznar (con su etapa de gobierno, me refiero), que también pagaron de su bolsillo y, aunque no fue a verlos ni El Tato cuando se proyectaron en las salas comerciales, lo cierto es que tras la victoria de ZP muchos de los autores rentabilizaron el descomunal esfuerzo creativo desarrollado. O sea, que sí, que había motivo.

La Azotea de Wyoming, espacio de late night con que la nueva dirección de RTVE vino a lustrar su parrilla tras la heroica victoria de las fuerzas de progreso en 2004, tuvo una acogida discreta. Más que discreta digamos que fue un soberbio batacazo, porque una televisión pública no retira un programa por baja audiencia a no ser que el leñazo sea descomunal. Mas como El Gran Arquitecto aprieta, pero no ahoga, Wyoming ha encontrado un hueco en La Sexta, lugar en el que los índices de audiencia no tienen la menor importancia porque la parrilla en su conjunto tiende al cero absoluto.

El artista rindió visita hace unos días al programa radiofónico de Gemma Nierga para publicitar su nuevo documental, y fue allí, en ese marco incomparable, donde acusó al consejero Lamela de haberse hecho rico de forma harto sospechosa a través de una empresa de la que no supo dar su nombre exacto. La única prueba que aportó en el programa de la Nierga fue: "esto lo he leído en El País, en la sección de hemeroteca", que como elemento de convicción no está nada mal. El documental fue emitido hace nada en la cadena de Milikito. Si se levantara de su tumba el gran Fofó igual le sacudía con el cencerro.

Política científica

El caso Gore es sólo un ejemplo llamativo de la importantísima repercusión política que tiene la ciencia. Enterrado el credo marxista (más o menos adulterado), que no la mayoría de sus invenciones antropológicas, la ciencia ha pasado a ocupar un lugar destacado en la agenda política progresista, no ya como un instrumento, si no como un fin en sí mismo. Es decir, la ciencia se ha convertido en el centro del debate más allá de las cifras que los políticos prometen destinar a su desarrollo (o florecimiento); éstos han adoptado las controversias científicas como parte de su discurso.

El cambio climático es sólo el ejemplo universal, siquiera porque está orquestado por la ONU y sus agencias diversas, pero hay otros más locales y de hondo impacto, como el de la evolución, tan de moda ahora en los Estados Unidos.

Recientemente, en un debate celebrado entre los candidatos republicanos a la presidencia del país, se preguntó a los participantes si creían o no en la evolución. Tres de los diez dijeron que no. Tal vez la pregunta apropiada hubiera sido "¿En qué consiste?", pero en este caso su relevancia moral y por lo tanto política sería nula. No se estaba evaluando los conocimientos de los candidatos sino tratando de poner en evidencia a los más reaccionarios al progreso científico, al progreso.

Recientemente el New York Times se hacía eco de un debate en el que varios intelectuales de la derecha americana trataban de dilucidar si darwinismo y conservadurismo podían ser compatibles, desarrollando sinergias con las que renovar el discurso conservador. Dejando al margen la tendenciosidad demostrada en el artículo, parece claro que el empeño no va ser fácil ya que creacionismo y el "Diseño inteligente" inclinan la balanza en el debate hacia un irracionalismo que da la ventaja, sobre este terreno, a las fuerzas progresistas, además, mayoritarias en la academia americana.

Sin embargo el empeño, aunque, como digo, difícil, es de naturaleza bien diferente al que sostienen los Gore y compañía, que como verdaderos activistas científicos, por así decir, pretenden instrumentalizar la ciencia, mientras que conservadores como Larry Arnhart quieren, creo yo, apuntalar sus idearios sobre un renovado y consistente fundamento antropológico para, de esa manera, poder construir propuestas centradas en la realidad de la naturaleza humana.

Coincidiendo con Arnhart, aunque desde una perspectiva ideológica sustancialmente diferente, creo que la sociobiología, la moderna psicología evolucionista, es fundamental para el liberalismo del siglo XXI.

Pensemos que el propio Darwin, que era whig, como señala Hayek, se inspiró en Adam Smith, cuyas obran "marcan el nacimiento de un enfoque evolucionista, que, poco a poco, fue desplazando la estática visión aristotélica", un evolucionismo que, por lo tanto, reitera Hayek, se dio en el campo de las humanidades (moral) antes que en la propia biología.

Para terminar, recordar que von Mises afirmaba, en las primeras páginas de La acción humana, que la praxeología debe mucho al psicoanálisis. Tal vez exagero si afirmo que el sabio austriaco se hubiera hecho evolucionista sin necesidad de alterar sustancialmente sus presupuestos epistemológicos, de haber podido leer a los Leda Cosmides, John Tooby, Steven Pinker y compañía.

La contradicción del bien común

La cuestión fue enfocada por el senador igual que se hace aquí, clamando por el civismo, la seguridad y el bien común. Para el artífice de la propuesta, Carl Kruger, la actitud incívica de llevar gadgets electrónicos "es un problema nacional". En cinco meses, según Kruger, murieron en Brooklyn tres peatones en accidente de tráfico por usar este tipo de aparatos. La solución del senador era que los iPod, BlackBerry, reproductores de MP3 y artilugios similares sólo pudieran ser utilizados por corredores, ciclistas, peatones, etc. en los parques de la ciudad. Lo que se le escapó al senador fue prohibir mirar la hora del reloj, que también puede distraer. Tal vez la razón es que no escucha música, pero sí mira la hora. Pensará usted que esta anécdota no es más que otra salida de tono de otro político extranjero, pero es que aquí ya tenemos una ley en vigor muy parecida.

Esta semana, un peligrosísimo profesor de educación física en Gijón ha sido multado con 552 euros y la retirada de nueve puntos del carné de conducir por realizar la "suicida" actividad de pasear con su bicicleta mientras escuchaba música. La administración se ha defendido alegando algo muy similar a lo que dijo el senador Kruger hace unos meses.

Los amantes de la represión gubernamental y resto de socialistas celebran con cava este tipo de agresiones contra el hombre libre porque representan una victoria del bien común, pero cuando se producen desastres mucho peores cuya causa son los políticos simplemente miran en otra dirección.

Esta legislatura está marcada por la corrupción urbanística en la que han participado políticos de todos los partidos, donde hay implicados altos cargos del Gobierno. El sectarismo de organizaciones paragubernamentales como la CNMV. La unión del Gobierno, medios de comunicación y otras empresas privadas para derrocar a empresarios o una irresponsable política económica basada en el corto plazo que todos vamos a pagar. Parafraseando a nuestro amigo el senador Kruger, esto sí que "es un problema nacional".

Estos desagradables acontecimientos que provienen de la política traspasan nuestras fronteras y provocan serios daños a todo el país. Una situación económica inestable, marcada por el intervencionismo y la corrupción, es el disuasorio perfecto para todo inversor extranjero y nacional. En estas semanas la bolsa ha bajado, entre otras causas, debido a las fuertes ventas de las grandes instituciones extranjeras que están viendo a España como un país de opereta.

Esto es lo que ocurre cuando esperamos que nuestra mayor molestia, el Gobierno, solucione los problemas nacionales e instaure la felicidad por medio de la ley. El resultado es el caos. El problema de España no es el ciclista que circula con auriculares, ni los que fuman en lugares públicos ni los top manta, sino una clase política que tiene barra libre para hacer lo que quiera y se mete en nuestras vidas con cualquier excusa trasnochada. Si el ciclista de Gijón tendrá que pagar más de 500 euros por "circular mal" con su bici, ¿qué tipo de sanción ha de tener José Blanco por facilitar la corrupción urbanística, Conthe por permitir el acoso institucional a empresarios o el Gobierno por saltarse leyes europeas en su beneficio y en el de sus amigos? ¿Realmente cree que van a pagar por el daño que han ocasionado al país?

Propiedad privada y medio ambiente

Hace unos meses tuve la ocasión de acudir a un seminario que tenía como objeto el estudio del medio ambiente. El curso duró varios días, en los que se habló largo y tendido sobre la apartados habituales en los que se suele dividir dicha materia, como la flora, fauna, ecosistema, contaminación, vertido, residuo, etc. Mientras que los contenidos técnicos me sorprendieron gratamente, a la hora de analizar las causas de los problemas medioambientales, me extrañó bastante que la persona que dirigía el curso no le diese ninguna importancia a la titularidad de los bienes que solían tener más problemas de contaminación.

A la hora de analizar el problema de la contaminación, recuerdo que la conferenciante lo atribuía a los males de la llamada “sociedad de consumo”. Cuando le pregunté que si podía explicar un poco más este concepto afirmó que las empresas forzaban a sus clientes a comprar productos que no necesitaban, con el fin de elevar sus beneficios, y que para producirlos necesitaban emplear una gran cantidad de materias primas y fuentes de energía, lo que conducía a la contaminación.

Como quiera que no terminaba de ver la relación causa-efecto que me intentaba dibujar, le pregunté que si no consideraba significativo el hecho de que las mayores catástrofes naturales y los mayores índices de contaminación se produjesen en bienes cuya derecho de propiedad era de alguna manera débil. Para ilustrar mi afirmación le expuse algunos ejemplos. Los accidentes marítimos se producen en mares y océanos, que son de titularidad pública. Lo mismo ocurre con la contaminación atmosférica ya que el aire es de dominio público, o con los vertidos en aguas subterráneas o superficiales (que son propiedad de las distintas administraciones públicas). Sin embargo es bastante más infrecuente encontrarse con casos de contaminación significativos en terrenos privados.

Como se pueden figurar no llegamos a ningún acuerdo común la conferenciante y un servidor, aunque me asombró cuando me consideró uno de los participantes del seminario que más ideas nuevas le había aportado. Pese a nuestro desacuerdo, su intervención me sirvió para reflexionar sobre la falsa creencia existente en muchas personas que vincula la contaminación al sistema de libre mercado, cuando precisamente la propiedad privada es uno de los mayores aliados que tiene el medio ambiente.

Pensemos por ejemplo en el simple hecho de tirar un papel al suelo. Para cualquiera de nosotros sería inconcebible ver como alguien realiza este acto en nuestra casa o en la de una persona que nos haya invitado a pasar. No obstante, podemos estar seguros que la situación anterior de respeto a la propiedad ajena no se produce cuando pisamos una calle pública, donde cualquiera habrá podido observar a viandantes realizando este acto con la mayor normalidad del mundo. La razón por la que sucede esto es precisamente por el ejercicio del derecho de exclusión que lleva aparejado la propiedad de un bien privado. Si una persona procede a tirar basura en un bien propiedad de otro particular, con casi toda certeza el titular del mismo acudirá a ejercer su derecho de uso exclusivo, prohibiendo el paso a la persona que trata de ensuciarle el bien. No obstante, no ocurre lo mismo con las propiedades públicas, ya que la indefinición de su titularidad provoca una menor preocupación por la situación del bien.

El motivo de esta vigilancia que ejerce el propietario de un bien sobre éste no es otro que la preocupación por la posible pérdida de valor del mismo. El titular del bien quiere que éste mantenga o aumente su valor a lo largo del tiempo. La propiedad de un bien implica dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo. Y lógicamente a su propietario le inquieta que se produzca un deterioro en el mismo, que es básicamente lo que ocasiona la contaminación. Por tanto un bien privado tiene el mejor guardián posible para tratar que la contaminación en el mismo sea lo menor posible, su propietario.

Es factible que el propietario del bien, por el motivo que sea, no se preocupe del estado del mismo, y deje que éste se contamine. En sí no se trata de un deterioro medioambiental preocupante, ya que si los dueños de las zonas colindantes sí que pueden estar interesados en el estado de su propiedad, por lo que existe un límite a la contaminación, la propiedad original. En el momento en que la contaminación sobrepasa los límites de la posesión en que se originó, los demás afectados pueden exigir el cobro de una compensación que repare los daños causados a sus bienes.

Esto no quiere decir que la contaminación en terrenos privados no vaya a superar jamás los límites de la propiedad. Sin embargo sí que garantiza un mayor cuidado por parte de los propietarios, al tener que responder ante terceros de los daños ocasionados por su dolo o negligencia. Y esta responsabilidad, al poderse demandar ante los tribunales mediante la exigencia de compensaciones e indemnizaciones, se transforma en una mayor preocupación por el estado de los bienes de los que un propietario es titular.

Por tanto, la propiedad privada no es enemiga del medio ambiente, sino que al revés, se convierte en una de las mejores garantías existentes para reducir la contaminación y conservar el medio natural.