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El mejor y el peor Aznar

Con todo, no deja de ser lamentable que unas frases tan poco relevantes, por su sentido común, hayan desatado el escándalo. Si no estuviéramos encarcelados en los habitáculos del pensamientos único intervencionista más asfixiante, si el estatismo militante de izquierdas y derechas no hubiera convertido a los individuos en siervos complacidos, a buen seguro las declaraciones de Aznar no habrían merecido consideración alguna.

Entre otras cosas, porque la causa que las motivó –la restricción de la libertad individual por parte del Estado– nunca habría sido tolerada, bajo ningún supuesto. Pero la España de hoy, desarmada material, intelectual y moralmente, ha asumido su papel de infinito tragadero de los desmanes políticos y las ensoñaciones fascistoides.

Aznar se limitó a señalar que, mientras no cause daño alguno, nadie debe decirle cuánto vino puede beber o a qué velocidad puede conducir. Que incluso esta obviedad sea motivo de escándalo demuestra el cariz profundamente totalitario y antiliberal del estamento político y de sus mamporreros periodísticos.

Según una ingenua literatura filosófica y económica, el Estado nace como monopolio de la violencia para proteger a los individuos de cualquier agresión. Lo que se intenta combatir es el daño sobre las personas y la violación de sus derechos.

En realidad, dado que el Estado ha sido el mayor agresor que haya existido jamás, parece evidente que, con la excusa de proteger a los individuos de la violencia, pretendió institucionalizar ésta en beneficio propio. Lejos de ser el alguacil nocturno, como sabiamente diría el liberal norteamericano Albert Jay Nock, el Estado es el monopolizador del crimen.

Sin embargo, los que consciente o inconscientemente defiendan la letanía de que el Estado adquiere su justificación con la defensa de los individuos deberían mostrar un mínimo de pudor. Obviamente, si, como sostenía Aznar, nadie causa daño alguno, el Estado no tiene por qué meter su nariz y su porra en el asunto.

Pero, claro, la defensa de los derechos individuales no es suficiente para la izquierda. En realidad, no es que no le sea suficiente; es que aspira a cargárselos, a subordinarlos al bienestar general diseñado por los políticos, esto es, al bienestar general de los familiares y allegados de los políticos. No les importa que esta travesía suponga pisotear, finiquitar y triturar las libertades individuales; de hecho, para tal menester crearon el Estado.

Y en ello están: persecución del tabaco, el alcohol y los productos grasos, subordinación de la libertad de expresión a unos tribunales administrativos, obscenas campañas de adoctrinamiento, expropiación masiva de la propiedad privada, imposición de cuotas de producción al estilo franquista o prohibición de los centros privados de almacenamiento de cordones umbilicales.

Ahora bien, con ser verdad que las críticas de Aznar a quienes desearían conducir por completo nuestras vidas son del todo certeras, ello no debería hacernos olvidar un detalle bastante importante: Aznar fue presidente del Gobierno, y durante ocho años no tuvo ni la valentía ni la convicción para ejecutar las reformas que hoy defiende.

Por ejemplo, si Aznar piensa que nadie debe decirle a qué velocidad conducir, ¿por qué su Gobierno no permitió que las propietarias de las autopistas determinaran la velocidad máxima a la que podía circularse por ellas? Como propietarios privados de la vía, son los únicos legitimados para establecer las condiciones de acceso. ¿Por qué Aznar les siguió privando de esa potestad?

La competencia entre las distintas autopistas habría propiciado la segregación de los conductores en función de sus preferencias. Los que prefieren pisar el acelerador se habrían decantado por las autopistas sin límites de velocidad; los que anteponen la seguridad y la tranquilidad habrían optado por las que impusieran ciertas limitaciones. En cambio, Aznar mantuvo una regulación centralizada y uniforme para todos. Si no le gustan que conduzcan en su lugar, ¿por qué no hizo nada al respecto?

Algo similar ocurre con el alcohol. Si a Aznar le molesta que le prohíban beber vino, ¿por qué no retiró los impuestos sobre el alcohol? ¿Acaso los incrementos desorbitados de su precio no pretenden convertir su consumo en algo prohibitivo? No sólo eso, ¿por qué no presionó a las comunidades autónomas gobernadas por el PP para que eliminaran la restricción a la venta nocturna de alcohol? Parece que, a ciertas horas, Aznar sí ve bien que se prohíba el consumo de vino.

Esta divergencia entre las palabras y los hechos, entre las promesas liberales y la inercia conservadora, entre el discurso claro y la mojigatería centrista, ilustra lo mejor y de lo peor de Aznar. Un discurso que en ocasiones podía ser suscrito por cualquier liberal y una actuación generalmente deficitaria y alejada de los principios que decía defender.

Bernard Baruch nos aconsejaba que votáramos por el político que menos nos prometiera, porque sería el que menos nos decepcionaría. Yendo un poco más lejos, si no votamos por ninguno, nadie nos decepcionará. No confíe en los políticos; confíe sólo en usted mismo. Los que quieran arreglarle la vida muy probablemente sólo se la dificultarán, para medrar a su costa. Ellos tienen su propia agenda, y usted sólo figura como fuente de financiación. El resto son sólo estratagemas para someterle y que encima se muestre agradecido.

Obras son amores y no buenas razones, reza el refranero español; si bien casi cualquier buena razón es bienvenida frente a las represoras obras del Gobierno actual. Por mí, conduzca y beba cuanto quiera, Sr. Aznar, por mucho que usted no nos concediese esa oportunidad cuando pudo. Qué mal sienta pasar de señor a siervo.

25 años de Spectrum

Pero en mi generación fuimos muchos los que tuvimos contacto con la informática por primera vez con este aparato negro de teclas de goma, al que siempre se le acababa estropeando la membrana que captaba la pulsación de cada tecla, especialmente si se había jugado mucho al Decathlon. A mi casa llegó en 1984, teniendo yo ocho años. Había que conectarle un aparato de cassette para cargar los juegos, y una tele como monitor. Los programas tardaban varios minutos en leerse de la cinta y con frecuencia, generalmente al llegar al final, la carga fallaba. Pero era una maravilla.

Hay que situarse en la época, claro. Los únicos ordenadores domésticos se basaban en microprocesadores de 8 bits y una memoria que, en los modelos más avanzados, llegaba a los 64Kb, de los cuales buena parte era la memoria ROM, de sólo lectura, donde se guardaba el sistema operativo, bastante tosco, y el intérprete de BASIC, el lenguaje con el que muchos empezamos a programar. El Spectrum de mi familia tenía 16Kb de ROM y 48 de RAM; pertenecía a la "gama alta", pues había otro modelo con sólo 16 de RAM. Viéndole ahora las tripas parece más una tarjeta de las que se insertan en nuestros PC que un ordenador completo.

Por aquel entonces las guerras de religión no las libraban los adeptos a PC y Mac, sino los poseedores de los Spectrum, Amstrad, Commodore o MSX. En España, por número, sin duda los primeros fueron ganadores. Incluso Investrónica, filial de El Corte Inglés, desarrolló y comercializó el primero Spectrum con, maravilla de maravillas, ¡128Kb de RAM! Luego Amstrad compró la empresa y sacó un par de modelos más, incluyendo uno con unidad de disco. Pero llegaba el fin de la era de los 8 bits. La siguiente batalla, breve, se libró entre el PC, el Amiga y el Atari ST, mientras los usuarios de Mac iban por su lado. No hace falta decir quien ganó.

Lo cierto es que el Spectrum no fue el primer ordenador doméstico ni el mejor, pero sí el primero en tener éxito. La razón, quizá, es que Sinclair no hizo ordenadores pensando primero en las características y luego intentando reducir el precio, sino que metió todo lo que pudo a sus computadoras mientras el coste no fuera excesivo, de modo que se pudieran vender a las familias de clase media. Así nacieron el ZX80, con 1Kb de memoria y que tenía una versión más barata como kit para que el comprador se montara el ordenador, y el ZX81, más barato y ampliable hasta los 16Kb. El Spectrum, llamado así en lugar de ZX82 para dar importancia al hecho de que tenía colores, vendió millones de unidades y le procuró a su creador una fortuna y hasta el título de Sir. Luego perdió la mayor parte con sus vehículos eléctricos.

Además de jugar y copiar juegos que, para qué negarlo, era mi ocupación principal, con él empecé a programar. Lo cierto es que sin Spectrum es posible que yo no hubiera seguido la carrera de informática y ahora no estuviera escribiendo estas líneas. Suficiente razón para maldecir a Sir Clive Sinclair, pensarán ustedes. No les digo que no. Pero sé que no soy el único que puede decir lo mismo de los informáticos que tenemos entre 25 y 35 años. Si la informática es clave para el incremento de la productividad, cabe preguntarse qué peso ha tenido el Spectrum en la economía española. Si pudiera calcularse, seguro que el resultado sorprendería a más de uno.

Dinero, trueque y ecuación cuantitativa

Bajo condiciones normales y a largo plazo sólo una fracción despreciable de los intercambios actuales  se realiza mediante trueque.
Irving Fisher, The Purchasing Value of Money

En cualquier manual de economía se nos explica que el dinero aparece como un modo de superar las limitaciones del trueque. Una vez los individuos disfrutan de un "medio de intercambio generalmente aceptado" el trueque es relegado a una posición marginal en la economía. Pero la idea de que el dinero representa la superación definitiva del trueque parece intuitivamente cierta, pero no lo es. El dinero, lejos de desplazar al trueque, le confiere una utilidad mucho mayor y permite su uso generalizado.

El principal inconveniente del trueque no es exactamente que sólo puedan perfeccionarse aquellos intercambios donde ambas partes tengan demandas y ofertas de bienes que se complementen, sino las enormes dificultades que existen para liquidar o compensar esos intercambios en ausencia de precios de mercado y de un bien líquido.

En principio, todas las demandas y ofertas de bienes podrían compensarse unas con otras. La gran mayoría de la profesión económica sostiene, aún hoy, que el dinero es sólo un velo pero que, en última instancia, los bienes se intercambian por otros bienes. En realidad el dinero es mucho más que un simple facilitador del intercambio. Aunque la demanda y la oferta sean iguales, normalmente existe un desfase temporal entre ambas. Un individuo puede ofrecer bienes hoy para demandar otros mañana, de modo que su exceso de oferta no se le pueda compensar hoy con ningún bien.

El dinero, sin embargo, le convierte a uno en propietario de unos bienes que son enormemente demandados –incluso en grandes cantidades– y que, por tanto, pueden ser convertidos de manera rápida y cierta en otros bienes cuando su propietario lo requiera. En otras palabras, los individuos que quieran demandar en otro momento pueden liquidar hoy sus saldos mediante el dinero. Además, esa generalizada demanda da lugar a un enorme volumen de transacciones contra ese bien dinerario, lo que permite encontrar precios de mercado muy actualizados para casi cualquier bien expresados en esa unidad monetaria.

La razón por la que un trueque masivo sin dinero es inviable reside en la dificultad para compensar los millones de intercambios sin una unidad de cuenta común (que permita agregar y saldar deudas y créditos) y, sobre todo, en la imposición para los acreedores que no quisieran consumir hoy de aceptar, como liquidación parcial de sus saldos acreedores, bienes que carecen de una enorme demanda, esto es, que no pueden intercambiarse por otros bienes de manera rápida y cierta.

En cambio, la existencia de medios líquidos permite superar este inconveniente. Los distintos intercambios pueden saldarse en una unidad de cálculo común y además los acreedores cuyos créditos (oferta) no se compensen por entero con sus deudas (demanda) pueden recibir dinero, que sí podrán intercambiar en el futuro de manera rápida y cierta.

Benjamín Anderson en su magistral libro The Value of Money ofrece algunos ejemplos de cuán extendido está el uso del trueque en la sociedad moderna. Sin ir más lejos, cuando nos rebajan el precio de un bien por entregar otro (por ejemplo, uno de la misma especie pero más viejo) asistimos a un trueque parcial: el trueque entre el bien viejo y el bien nuevo se compensa con la entrega de una cantidad extra de dinero (el precio rebajado). Las fusiones y adquisiciones entre empresas también se efectúan normalmente mediante trueque. Si yo lanzo una OPA sobre otra compañía y ofrezco pagar (total o parcialmente) mediante mis acciones, lo que tenemos es un trueque entre la propiedad de unos recursos y la propiedad de otros.

Pero, sobre todo, el trueque es una práctica muy habitual en el caso de las cámaras de compensación. Su funcionamiento es muy simple: si yo he comprado bienes por importe de 50.000 euros y he vendido otros bienes por importe de 40.000, tengo una deuda con la cámara de 10.000, cantidad que ella distribuirá entre los correspondientes acreedores. La diferencia entre los créditos y las deudas se salda en dinero, pero el resto de las operaciones (cuyo valor en euros es de 40.000) son, en el fondo, puro trueque.

Las cámaras de compensación son un instrumento fundamental en las sociedades modernas. Existen para multitud de productos, como depósitos a la vista, valores de renta fija, de renta variable, contratos de futuro, etc., y manejan enormes cantidades de recursos. CHIPS, la cámara de compensación para las operaciones en dólares, realiza operaciones diarias por valor de 1,6 billones de dólares con tan sólo un movimiento efectivo de tres mil millones; en otras palabras, en esta cámara se efectúa diariamente un trueque por importe de 1,597 billones de dólares. Consideraciones similares podrían realizarse con respecto a otras cámaras de compensación como Euroclear, Fedwire o LCH.

Queda claro pues que la afirmación de Fisher con la que abríamos el artículo no puede ser más errónea. El trueque juega un papel cada vez más relevante en el comercio actual porque la función del dinero no es estar presente en todos los intercambios, sino sólo saldar las posiciones acreedoras netas de los individuos. No es de extrañar, sin embargo, que Fisher tratara de relegar al trueque a una posición marginal, ya que su ecuación cuantitativa del dinero parte de la hipótesis de que todos los intercambios tienen su contraparte monetaria.

Si un incremento de la producción puede intercambiarse sin recurrir al dinero, los precios no tendrían por qué descender como predice la ecuación cuantitativa. Del mismo modo, un incremento de la masa monetaria que indujera una reducción de las transacciones vía trueque no tendría por qué provocar un aumento general de los precios. Me temo, por consiguiente, que si la ecuación cuantitativa se basa en una hipótesis tan irreal como la inexistencia del trueque, no resulta válida para explicar los procesos inflacionarios. Y en especial los procesos inflacionarios actuales… pese a lo que Fisher pudiera pensar.

De Keynes a Chávez

Viene la cita a cuento de una información vertida por la prensa esta semana, y que se refiere a la guía para inversores que elabora el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. En su última edición advierte a los potenciales inversores que tengan a España en mente de que cuiden especialmente la seguridad en los contratos. Y pone el ejemplo de un empresario que le reclama a la organización del Fórum de Barcelona la cantidad de 3,4 millones de euros que le corresponden según una sentencia de un juzgado de Illinois. La sentencia es de 2004 y el empresario todavía está esperando a que se haga efectiva.

No se fían de nuestro sistema legal y la embajada recomienda a los potenciales inversores que especifiquen en sus contratos que Estados Unidos sea "el lugar para juzgar disputas" y en cualquier caso se especifique cómo sería llevada a cabo una sentencia.

El caso recogido por el Departamento de Estado es menor si lo comparamos con lo que han observado los inversores estadounidenses en Endesa. Se habrán tenido que frotar los ojos en más de una ocasión al observar hasta dónde llega el empecinamiento del Gobierno por imponer sus preferencias y la debilidad, por llamarlo de alguna manera, de los órganos reguladores. Su independencia se pone a prueba cuando se someten a las presiones más duras y en este caso el veredicto es claro.

El espectáculo de la CNMV, ¿cómo se reflejará en futuros informes del Departamento de Estado de aquél país? La caída en las inversiones estadounidenses en nuestro país, ¿cómo reaccionarán a lo que refleja la prensa de allí?

Será que la política exterior y la económica de nuestro Gobierno están acercándose, y que tenemos que mirarnos en lo que Pedro Almodóvar, en ocasión memorable, llamó "la experiencia democrática de Venezuela".

El socialismo del XXI, o del XIX

En cuanto un personaje de la izquierda pone como ejemplo experiencias democráticas foráneas, tenemos que echarnos a temblar. Acordémonos de la admiración de la progresía patria por el Chile de Allende. Mi amigo José Piñera explica admirablemente cómo este protomártir siniestro primero ignoró y luego destruyó la democracia en su país. Era, al fin, un obstáculo de lo más molesto para su último objetivo, que siempre fue llevar al país al socialismo. A la tiranía, en fin.

A Chávez la democracia le resulta también un estorbo. Ya demostró el interés de progreso que tenía en ella cuando protagonizó un golpe de Estado contra CAP. Luego ha seguido protagonizando otros hitos de hombre progresista cerrando medios de comunicación incómodos, por ejemplo. También ha nacionalizado el que está considerado como el mayor pozo petrolífero del mundo, siguiendo el camino de Evo Morales. Es una fuente de ingresos especialmente útil para los dictadores, porque no necesitan a la gente para extraerlos; no son como los impuestos.

La progresiva socialización de la economía ya está rindiendo sus frutos de progreso. Los bienes básicos ya no van a los mercados. Los venezolanos tienen que dedicar el tiempo que no pueden destinar a mejorar su condición a esperar largas colas en unos comercios cada vez más desabastecidos. Chávez está persiguiendo a los productores, y les impone precios máximos, que siempre llevan a abastecimientos mínimos y colas interminables. Su última propuesta como hombre de izquierdas pasa por someter a los bancos a sus proyectos socialistas, o nacionalizarlos si no se pliegan a ellos. No hay problema. En el XX pudimos comprobar que no hay villanía que no cuente con el apoyo de los intelectuales y el "socialismo del siglo XXI" que pregona Chávez ya tiene sus Riefenstahl, o sus Bertolt Brecht.

El socialismo, o el crimen hecho ideología, no desaparecerá jamás. Y como tampoco necesita de muchas sutilezas para imponerse, ni las utiliza, ¿por qué no recuperar a Marx para construir ese socialismo del XXI? Total, ¿qué más da? Marx tiene la virtud de que se puede explicar en un par de frases, en el par de lecciones que Sevilla le dio a Zapatero, o en los miles de tomos inútiles que se han escrito en su nombre. Y es tan falso que quien lo adopta queda automáticamente inmune a cualquier experiencia o razonamiento. Bien, pues Chávez ha resuelto imponer a las empresas que dediquen cuatro horas semanales a explicar el marxismo a sus trabajadores. ¡Cuatro horas semanales! Con lo sencillo que resulta resumirlo todo en una sola cifra: cien millones de muertos.

Una política económica liberal

Generalmente se plantea la política económica como el conjunto de saberes que, partiendo del conocimiento de la ciencia económica y de los instrumentos del Estado, ayudan a la consecución de una serie de objetivos sociales. En función de cuáles sean esos objetivos y los fines perseguidos se puede hablar, en principio, de una política económica socialista o liberal, en mayor o menor grado. De hecho, lo hacemos constantemente. Pero, así planteada, no puede haber una política económica plenamente liberal.

En primer lugar por lo que se refiere a los objetivos sociales. Generalmente están definidos como la mejora económica de ciertos grupos sociales o la prevalencia de ciertos valores morales, estéticos a veces, sobre otros. O la prestación de determinados servicios o la remoción de determinados comportamientos que se consideran negativos o antisociales. También se definen sus objetivos en términos más etéreos si se quiere, menos aprehensibles, de carácter macroeconómico.

El planteamiento de estos objetivos parte de dos errores. Uno de ellos es tan viejo como el pensar sobre cuestiones comunales o sociales, y es la idea del bien común. Los bienes tienen un valor subjetivo. Y puesto que las valoraciones personales son muy distintas y además son cambiantes, no puede haber un bien común. Literalmente, el bien común es una utopía. Cuando pronunciamos juntas las palabras "bien" y "común" sentimos una llamada atávica, impresa durante generaciones a fuego en nuestra alma, acaso en nuestros genes. Resulta duro separarse de una idea tan querida. Pero es una contradicción en los términos, tal como es la naturaleza humana, y la búsqueda de un imposible sólo puede causar decepción, desesperación y acaso melancolía.

Relacionado con este hecho está el error hayekiano, es decir, el de creer que podemos conocer o definir cuál sea ese bien común, y cuáles de los objetivos sociales que nos podamos plantear son los que más se acercan a esa quimera. Además, los políticos tienden a hacer promesas o a plantearse objetivos con un objetivo concreto (reducir la pobreza a la mitad en 15 años, crear un millón de puestos de trabajo en una legislatura, etc.). Pero los efectos concretos de unas u otras medidas dependen del comportamiento concreto de las personas sobre las que recaigan. De este modo, el que se puedan cumplir ese tipo de objetivos más concretos depende, además de que la medida adoptada acerque a ellos o sea compensada por otros factores, de circunstancias que condicionan el comportamiento concreto de las personas, parte de las cuales todavía no se han producido. Por ello insistía Hayek en que lo más que puede plantearse un político, honradamente, son objetivos generales tales como reducir la inflación, aumentar el empleo, etc., sin formular promesas más concretas.

Más adelante nos encontramos con los problemas de los medios, de las medidas concretas de política económica. La literatura sobre el tema es amplísima, y aquí el liberalismo muestra, por escoger la formulación también de Mises, que el intervencionismo provoca efectos que, o bien no son deseados por sus promotores, o bien no son previstos por éstos y son generalmente considerados negativos.

Entonces, ¿es inconcebible una política económica liberal? No, siempre que se tenga claro que toda política económica ha de tener el desmantelamiento del Estado como último objetivo. Puesto que el liberalismo confía en los procesos sociales espontáneos y ve al Estado como un órgano basado en la coerción, que no juega un papel en una sociedad basada en el contrato y el acuerdo voluntario, toda política económica ha de encaminarse a reducir su influencia, acaso hasta hacerlo desparecer.

Rothbard propone una estrategia radical, ya que reducir una medida intervencionista a la mitad supone mantener el intervencionismo, con los efectos negativos que, sabemos, creará. Como, además, hay que contar con que un sector de la población y especialmente de la política se opondrá a cualquier liberalización, lo conveniente es aceptar este inconveniente desde el comienzo y llevar los objetivos tan lejos como sea posible. Milton y Rose Friedman mostraron, además, que "la tiranía del statu quo", de los intereses creados, logra paralizar cualquier medida liberalizadora si se demora más allá de los primeros meses de Gobierno. La reforma ha de ser, pues, radical y rápida en la medida de lo posible.

No obstante, en ocasiones es imposible restablecer la plena libertad de los ciudadanos, pero sí se pueden arbitrar políticas que se acerquen suficientemente, como puede ser el cheque escolar o la municipalización de la gestión educativa. Una vez implantados, se puede proponer el siguiente paso hasta eliminar la influencia del Estado en la vida ciudadana.

ZP no cree en el calentamiento global

Ante esta perspectiva, cualquier ciudadano respetuoso con la sostenibilidad y mentalizado con los riesgos medioambientales elegiría construirse una casa en lo alto de una colina en plena cordillera central antes de hacerlo en primera línea de playa. Y, sin embargo, Zapatero ha hecho esto último, a pesar de las advertencias de la ministra Narbona, que en repetidas ocasiones ha aconsejado a la gente que huya de las cercanías de la costa ante la inminente subida de los mares. La residencia veraniega de nuestro presidente estará por tanto entre las primeras que serán engullidas por el océano en cuanto lo del cambio climático pegue el petardazo tantas veces anunciado. Pero como ZP es un tipo bragado, no sólo ha comprado una casa peligrosamente cercana al mar, sino situada además justo en la desembocadura de una rambla, con dos cojones.

El lugar elegido para la segunda residencia de la familia Rodríguez es la ciudad almeriense de Vera, cuyo ayuntamiento ha conseguido la proeza de convertir ese bonito pueblo costero en el primer municipio del mundo mundial que declara urbanizable la totalidad de su superficie. Ciento quince mil viviendas se construirán próximamente en la zona, lo que no está nada mal para un pueblo de once mil habitantes. Con esta inversión, Zapatero hace un flaco favor al discurso de su partido en todas las localidades costeras (en las que no gobierna, me refiero), denunciando incansable la tragedia del urbanismo salvaje, de la que al parecer tan sólo la derecha es responsable. Pues a ZP no le parece tan salvaje, y si se lo parece lo disimula bastante bien.

En sus últimas intervenciones dentro de la actual precampaña electoral, Zapatero ha hecho hincapié en su firme determinación de luchar contra el cambio climático. Lo que no sabíamos es que iba a combatir en primera línea de fuego. Una de dos, o es un farsante que mide nuestras luces en función de las de su gabinete, o es todo un valiente. En cualquier caso, ¡qué tío!

Cadena de valor, café y comercio justo

Una de las falacias más habituales con las que las asociaciones de agricultores intentan que los consumidores nos pongamos de su parte en tanto que contribuyentes, es el porcentaje exiguo que reciben del precio total por el que se venden sus productos. De hecho, en una manifestación reciente, ese fue el argumento que encontró más eco en los medios, especialmente porque se escogieron como ejemplo unos productos (los cítricos) no demasiado representativos, en los que a día de hoy la diferencia es mucho mayor de la media.

El problema es que, intuitivamente, consideramos que la fruta que recolecta un agricultor en el campo es el mismo producto que adquirimos en la tienda de la esquina o en el gran hipermercado que tenemos más o menos cerca de casa. Es, después de todo, el mismo objeto físico. Sin embargo, económicamente, no se le puede considerar el mismo bien. La naranja recién recogida en una huerta valenciana no tiene ni puede tener para mí, que vivo en Madrid, el mismo valor que esa misma naranja a la venta en el supermercado que hay al lado de mi casa.

No hay que ser un lince para darse cuenta de la razón. Para conseguir esa naranja recién recogida debería coger el coche, trasladarme a Valencia, conseguir que el agricultor no me mande a freír espárragos por molestarle (ya que él no se dedica a la venta) y volver a Madrid con mis naranjas. No cabe duda de que los costes, tanto en dinero como en tiempo y molestias, son indudablemente superiores a los de ir a la tienda a comprar. Y es que un bien de consumo no se define sólo por sus características físicas sino por otras muchas como situación, garantías de calidad, etc. Llevar el producto al consumidor tal y como éste lo quiere necesita de la intervención de muchas empresas, de mucho trabajo y capital, que necesita también de remuneración.

Sin embargo, ésta no es una realidad intuitiva, capaz de llegarle a la gente con facilidad, lo que propicia que surjan movimientos como el "comercio justo", cuyo producto estrella es el café. La teoría detrás de este movimiento no es más que marxismo puro: considera que los agricultores de los países pobres están explotados por los intermediarios y los minoristas, que se enriquecen así injustamente con el sudor de los parias de la tierra. De modo que ofrece a los consumidores café pagado a los productores a precio por encima del mercado y que tiene la "garantía" de que se recolecta pagando a los trabajadores un salario que sea igual o superior al mínimo impuesto por el Gobierno del país.

La puesta en práctica de esta teoría se ha encontrado con muchos obstáculos, el mayor de los cuales, sin duda alguna, es el hecho de que el mercado de "consumidores concienciados" es más bien pequeño; de hecho, las campañas sobre la crueldad del negocio del café hacen más probable que se deje de consumir que se pase a hacerlo con una marca de "comercio justo". Al poner un precio mínimo por el café se produce un exceso de oferta, como no podía ser de otra manera, que se traduce en colas en el proceso de certificación como "productor de comercio justo", lo que beneficia a los que ya están instalados frente a los nuevos competidores.

Pero en lo que nos atañe, lo cierto es que el precio puesto por las organizaciones de "comercio justo", dado que según su base ideológica el objetivo es eliminar intermediarios, obliga a las organizaciones de productores a realizar tareas que antes hacían éstos, como comprar el café a sus miembros, clasificarlo y procesarlo, y organizar la logística de la exportación. Muchas de esas tareas consumen buena parte de la diferencia entre el precio pagado por los comerciantes justos y los comerciantes no ideológicos, especialmente porque estas organizaciones no están especializadas en ellas y les resulta más caro llevarlas a cabo que si las hicieran los pérfidos intermediarios. En algunos casos, los costes han sido suficientes como para provocar que algunos productores vendieran en el mercado normal, porque no les salía a cuenta hacerlo "con justicia". Pero una consecuencia clara es que muchos de los trabajadores del café justo no cobran el salario mínimo, tal y como publicitan los promotores de la iniciativa, porque los patronos no pueden permitírselo.

Puede que exista un mercado, en todo caso previsiblemente pequeño, de consumidores que desean que se pague más a los agricultores aún a costa de pagar más ellos por el producto. Pero para que funcione, las organizaciones de "comercio justo" tendrían que olvidar la retórica de la "cadena de valor" y los intermediarios que "explotan a los agricultores". Claro que, en ese caso, no está muy claro si lograrían mantener a sus concienciados clientes.

La burocracia del Katrina

Cuando la crisis del Katrina se produjo, los norteamericanos desembolsaron inicialmente 600 millones de dólares de sus bolsillos ofreciendo sus casas, todo tipo de material, suministros y ayuda a quien la necesitase. El auxilio ciudadano y privado no se limitó "sólo" a esto. Aunque es muy difícil realizar el cálculo total, a febrero del año pasado, el Center on Philanthropy de la Universidad de Indiana computó más de 3.000 millones de dólares en donaciones privadas.

Mientras tanto, el Gobierno de los Estados Unidos montaba el show. No sólo dificultó la ayuda, sino que incluso la vetaba: camiones de Wal-Mart con agua y suministros fueron rechazados por el FEMA, la Guarda Costera bloqueó la entrega de combustible a particulares, 600 camas de la Marina se quedaron sin usar, a los bomberos se les ordenó irse de las zonas inundadas, una gran parte del dinero extranjero fue rehusado y muchos ciudadanos fueron retenidos por la Guardia Nacional y el FEMA cuando intentaban ayudar. El FEMA, según la Government Accountability Office, usó parte del dinero en casinos, armas, alcohol, condones y hasta tatuajes. Dos auditorías del Gobierno desvelaron que 900.000 de las 2,5 millones de personas que pidieron ayuda al FEMA pusieron en la solicitud números de la seguridad social duplicados o simplemente nombres falsos. También el FEMA contrató tres cruceros con la conocida empresa Carnival Cruise –que quedaron varias semanas semivacíos– por un importe de 236 millones de dólares.

Además, gran parte del dinero extranjero no se usó porque los políticos se dedicaron a filosofar sobre qué hacer con él o se perdió debido a retrasos burocráticos.

Pero si esto fuera poco, el Gobierno dilapidó 125.000 millones de dólares del pagador de impuestos que aún no se sabe muy bien donde han ido y la situación en Nueva Orleans no ha mejorado demasiado. Una parte de la ayuda extranjera que gestionó el Gobierno –25 millones de dólares– fue a parar directamente a la Bush-Clinton Katrina Fund, fundación de los dos últimos ex presidentes. Cuando hay dinero por medio, los políticos son capaces de hacer hasta fundaciones benéficas. La lista de incoherencias y abusos gubernamentales es larguísima.

Los gobiernos occidentales, con esta actitud de salvadores divinos, están lanzando un mensaje claro a la gente: ciudadano, no hagas nada porque tu Gobierno se ocupa de hacerlo por ti, sé sumiso y estúpido. Pongámonos a temblar. Los resultados siempre son los mismos: corrupción, millones de dólares o euros perdidos, otros tantos arrebatados al pagador de impuestos y mucho sufrimiento.

Ningún Gobierno es una ONG ni un club de altruistas. Las ONG no impiden a su "competencia" que ayuden a las víctimas, ni van casa por casa a recaudar una ayuda forzosa que no será usada con ese fin. El Estado no puede centralizarlo todo. Si cualquier Gobierno es incapaz de satisfacer sus funciones más básicas como mantener nuestra seguridad u ofrecer un servicio de justicia mínimamente decente, ¿por qué esperamos de él que haga cosas más difíciles como solucionar nuestros problemas económicos o salvarnos del cambio climático y de las grandes catástrofes?

El cordón de Sofía

En el fondo de la polémica está el motivo que es el que no se dejan las dos bolsas en España. Si fuera porque en nuestro país no contamos con la misma tecnología para la conservación de la sangre del cordón, el debate no tendría mucho recorrido. Pero la razón por la que tanto los Príncipes como muchos ciudadanos de a pie envían estas muestras fuera de nuestras fronteras es el intento de escapar al comunismo normativo que el Gobierno ha impuesto sobre los cordones umbilicales. Y es que la legislación española viola la propiedad privada de los depósitos de sangre de cordón umbilical en bancos privados. Por alucinante que parezca, uno no es dueño de su cordón umbilical ni aunque pague a una institución privada por conservárselo. El verdadero dueño es el gran hermano estatal. En efecto, el real decreto aprobado por el Gobierno del Partido Socialista obliga a los bancos privados de cordón umbilical a ceder sus muestras de forma altruista. A este aberrante ataque contra la propiedad privada es a lo que De la Vega se refirió como "una decidida apuesta para que nuestro sistema siga siendo un referente ético mundial".

Está visto que la Realeza española no piensa igual que la vicepresidenta. No sé si se deberá a que su sangre no es roja o a que, como cualquier padre y madre responsables, los Príncipes piensan y actúan en beneficio del bienestar de sus retoños.

Además, la norma española prohíbe el carácter lucrativo de estos depósitos. Esta medida no sólo viola la libre contratación de un servicio en torno a un bien privado cercenando así la libertad individual de los padres a la hora de elegir el uso de la sangre del cordón umbilical de sus hijos, sino que vuelve prácticamente inviable el desarrollo de los bancos privados en España dejando a los españoles y a sus empresas en una desventajosa y discriminatoria situación en comparación con otros países europeos.

Hace dos meses, el Tribunal Constitucional decidió admitir a trámite el recurso al real decreto socializador presentado por la Comunidad de Madrid. Por el bien de las familias que no pueden comprar su libertad enviando el cordón umbilical de sus hijos al extranjero, esperemos que el tribunal le dé la razón a quienes con la Comunidad de Madrid defienden la libertad de padres e hijos y la propiedad privada de sus cordones umbilicales.