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Ciudadanos de segunda y proteccionismo lingüístico

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Ciudadanos de segunda y proteccionismo lingüístico

El reportaje Ciudadanos de Segunda emitido por Telemadrid el pasado mes de abril relata la discriminación de que son objeto los castellano-hablantes en Cataluña por parte de la administración autonómica, desde padres que no pueden escolarizar a sus hijos en castellano a comerciantes multados por rotular solo en ese idioma. En su denuncia de las injusticias el documental es muy acertado, pero su tono excesivamente dramático y su desconexión con las verdaderas inquietudes de quienes apoyan esta discriminación no lo hacen apto para una audiencia catalana.

En Cataluña no se vive un conflicto lingüístico en la calle, la gente practica el bilingüismo con naturalidad. La insinuación de que existe un tenso conflicto social entre castellano-hablantes y catalano-parlantes sería interpretada por una audiencia catalana como una distorsión de la realidad y vendría a alimentar las suspicacias sobre las intenciones de "los de Madrid". Como señala Antonio Robles: "[El documental] expone una realidad que es incontestable (menos para los nacionalistas), pero deja de exponer otra que falsifica el conjunto. La exclusión de los derechos de los ciudadanos castellanohablantes se circunscribe a los organismos oficiales de la administración de la Generalitat de Cataluña (…) pero la sociedad civil en general no vive estos avatares con exclusión y mucho menos con angustia."

Por otro lado, la mayoría de partidarios de la normalización lingüística no quiere desterrar el castellano ni finiquitar el bilingüismo, sino proteger una lengua y una cultura que perciben amenazada. Sin duda algunos albergarán el deseo oculto (o no tan oculto) de catalanizarlo todo, pero por lo común las políticas lingüísticas son vistas como una ayuda a la lengua débil, una lengua que sin la protección del Estado temen que podría desaparecer. Si se tiene por finalidad convencer a los catalanes que no están convencidos es preciso dar respuesta a sus argumentos y a sus temores, en lugar de pasarlos por alto o atribuirles razones e intenciones que les son ajenas.

La idea de que el catalán compite en inferioridad de condiciones con el castellano está arraigada en Cataluña, y en mi opinión no es ningún disparate. La mitad de la población catalana es castellano-hablante, en los medios predomina el castellano con diferencia, en el cine, en la empresa, en la literatura o entre la comunidad inmigrante. Los catalano-hablantes suelen adoptar de forma automática el castellano cuando se dirigen a desconocidos o cuando algún miembro del grupo es castellano-hablante. Pocas veces sucede lo contrario, aunque los catalano-hablantes sean mayoría en el grupo, y esta situación tiende a multiplicar las interacciones en castellano. Yo mismo soy catalano-hablante y hablo en castellano con gente catalano-hablante porque cuando nos conocimos nos dirigimos mutuamente en castellano. Es raro encontrar ejemplos de castellano-hablantes que hablan entre ellos en catalán. En última instancia el castellano tiene una ventaja evidente sobre el catalán: es más útil.

El lenguaje posee lo que se denomina "efectos red": la utilidad que asigna un individuo a una determinada lengua depende del número de individuos que hacen uso de ella, y la incorporación de nuevos hablantes añade valor a la misma. De este modo, cuanto más individuos hablan una lengua, más atractivo resulta para los demás sumarse a ésta, y en la medida en que se incorporan nuevos hablantes, aún más atractivo es para el resto adherirse, y así sucesivamente en un flujo de retroalimentaciones positivas que a menudo fortalecen la posición de las lenguas más extendidas y debilitan la posición de las que lo están menos.

Es en este contexto en el que se enmarca la defensa de la discriminación positiva en favor del catalán. Albert Bastardas, por ejemplo, sostiene en su artículo De la normalització a la diversitat lingüística que "la tentación de los grandes grupos lingüísticos de ocupar el máximo de funciones y de dificultar el uso de las lenguas de los grupos menores o medios (…) crecerá y aumentará con fuerza. Es aquí donde el papel de los Estados (…) deviene crucial. En lugar de tener una relación de ignorancia o bien de hostilidad, deberán pasar a una de solidaridad y manifiesta ayuda (…) [Es necesaria] una actuación de carácter compensatorio y equilibrador favorable a los grupos lingüísticos proporcionalmente más débiles".

El problema es que Bastardas se refiere a estas fluctuaciones como si sucedieran al margen de las acciones y las preferencias de los individuos. Alude a la "tentación" de los grandes grupos lingüísticos de ocupar más funciones y dificultar el uso de las otras lenguas, pero son los individuos de las otras lenguas los que realmente se ven tentados, en razón de los efectos red mencionados, a incorporarse a los grandes grupos lingüísticos. En un escenario no-intervenido, el grupo lingüístico mayor sólo desplaza a las otras lenguas porque los hablantes de éstas últimas se trasladan voluntariamente al primero para beneficiarse de su mayor alcance. Bastardas y el resto de proponentes de las políticas lingüísticas, al invocar una actuación compensatoria y equilibradora por parte del Estado, están abogando por "compensar" y "equilibrar" las elecciones de los individuos. Están, y ese es el problema, apelando al Estado para imponer sus preferencias a todos.

La lengua debe emanciparse del Estado para que evolucione espontáneamente, hacia donde quieran llevarla sus hablantes. Para ello no basta con que el Estado sea "neutral" dentro de la Administración y los servicios públicos. Lo mismo que la religión sólo puede separarse del Estado si las iglesias son privadas, el Estado sólo puede separarse completamente de la cultura y la lengua si devuelve los espacios y servicios públicos a la sociedad civil. En el ínterin lo mejor será permitir la diversidad y libertad de elección en los espacios públicos (por ejemplo en la enseñanza), ajustándose al máximo a las preferencias de los contribuyentes intentando reproducir así el resultado que tendría lugar en el mercado.

Sinceramente, no sé si el catalán, sin la "protección" del Estado, tenderá a quedar arrinconado y acabará por extinguirse en el largo plazo. Es posible, y no es una visión que me agrade, pero si ocurriera sería porque sus hablantes no lo han promovido con el ímpetu necesario y han preferido adherirse a otras lenguas. Nada de esto justifica convertir a los hablantes de una u otra lengua en ciudadanos de segunda.

El día del sindicalista

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Artículos en prensa.

No parece importarles mucho que la inmensa mayoría de esos trabajadores no se sientan representados por ellos ni estén muy interesados por sus servicios, y por eso no se afilian; quizás porque saben que los grandes sindicatos son en realidad burocracias funcionariales preocupadas por protegerse a sí mismas parasitando a los auténticamente productivos, creando todo tipo de obstáculos y dificultades para luego vender facilidades y presentarse como salvadores y agentes sociales indispensables.

Hace tiempo que se dedican más a la política que a lo laboral, como demuestran sus vacuas y tópicas declaraciones contra el terrorismo y las guerras y por la globalización de los derechos humanos, la sostenibilidad medioambiental, la legalidad internacional, la igualdad, la justicia, la paz y la libertad (no tienen vergüenza ni sentido del ridículo). También comentan algo difuso y sin concretar mucho acerca del trabajo decente, el empleo de calidad y el salario digno. Y en cuanto pueden meten en su discurso a los débiles, a los marginados, a los pobres, a los desprotegidos, a los dependientes, a los niños…

Para aparentar que son muchos y muy activos periódicamente organizan manifestaciones (cada vez más minoritarias) de celebración y reivindicación de presuntos derechos. O sea que exigen más (dinero, comodidad, descanso, seguridad) a cambio de nada o nos vamos a enterar. Exhiben los logros obtenidos para la parroquia de fieles y muestran su poder de convocatoria a los contrincantes políticos. Todo bajo el camuflaje del diálogo social, el pacto y el consenso democrático.

Sus celebraciones de logros podrían denunciarse penalmente como publicidad engañosa: "reformas en nuestro mercado de trabajo que están mostrándose positivas para la contratación indefinida"; "medidas en materia de seguridad social que garantizan la viabilidad de nuestro sistema público de pensiones"; "la ley de atención a las personas dependientes que arbitra un nuevo derecho de ciudadanía y generará miles de puestos de trabajo cualificados". Se muestran orgullosos de su coacción legalizada: "se ha promulgado la ley de igualdad donde el movimiento sindical ha logrado introducir la obligatoriedad de negociar planes de igualdad en las medianas y grandes empresas".

Reivindican soluciones a problemas que ellos mismos causan o cuyas soluciones dificultan como la precariedad en el empleo. Alarman presentando la siniestralidad laboral como una "catástrofe nacional". Acusan sin pruebas ni argumentos válidos de discriminación salarial entre hombres y mujeres. Fomentan la envidia y el rencor por el "insultante" crecimiento de los beneficios empresariales en relación a los incrementos de los salarios. Se quejan de los precios de la vivienda sin ofrecer soluciones eficientes Exigen más colectivismo e intervencionismo en sanidad y educación, justo lo que reduce su calidad e incrementa su coste.

Injurian a las empresas que abandonan el país (en gran parte debido a la baja productividad fruto de las rigideces laborales y las insaciables exigencias sindicales) con que "practican la rapiña impunemente dejando a miles de familias abandonadas a su suerte"; se quejan de que no se pueden ir porque han recibido subvenciones y luego piden más subvenciones. Reclaman "normas europeas vinculantes que sienten las bases de un derecho del trabajo común", o sea que ningún país pueda librarse de la rémora de la regulación laboral sindicalista. Quieren "un gobierno económico europeo" (socialismo multinacional), "directivas sociales, garantías de servicios públicos para todos los ciudadanos": aquí están descaradamente defendiendo los privilegios de sus principales afiliados, los funcionarios de los generalmente muy mejorables servicios públicos.

Son palabras de José María Hidalgo, de Comisiones Obreras, y de Cándido Méndez, de UGT. "Nos sentimos orgullosos de ser los principales creadores de riqueza y exigimos nuestros derechos". Exigir, que no pedir, es propio de ellos, pero cuesta imaginar a un sindicalista creando riqueza.

Y si no, nos enfadamos

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Acostumbrados como están a salirse con la suya sin que los españoles, mayoritariamente contrarios a su canon en todo rango de edades y afiliaciones políticas, sean consultados o siquiera tenidos en cuenta, se marcharon dando un portazo de la reunión del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (CATSI) en cuanto Francisco Ros, secretario de Estado de la cosa, explicó su intención de abrir un debate sobre el temible artículo 17 bis.

¿Qué no nos dais la capacidad legal de censurar páginas web? Pues nos enfadamos y nos vamos. Hay que recordar que el polémico artículo, que paradójicamente iba a formar parte de la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información, otorgaba a las entidades de gestión de derechos de autor la potestad de ordenar a los proveedores de Internet tanto el cierre de páginas web que consideraran que violaban los derechos de sus asociados como la retirada del acceso a los usuarios que compartieran contenidos protegidos, todo ello sin intervención judicial y ni siquiera administrativa. En definitiva, les facultaba para ser juez y parte. Ese era el impulso a la sociedad de la información que habían acordado con el Gobierno de Zapatero.

Además, la polémica inclusión de este artículo en el anteproyecto de ley se había realizado sin consultar con el CATSI, donde están representadas las asociaciones de internautas, los proveedores de Internet y otras empresas tecnológicas, además de la SGAE y acólitos. Es decir, se intentó colar por la puerta de atrás. La idea, como suele suceder, era imponerla como hecho consumado y que el debate tuviera lugar a partir del artículo 17 bis ya incluido en el proyecto de ley y en trámites de ser aprobado. Es la táctica habitual de las gestoras de derechos: mover el debate hacia sus posiciones de modo que, sea cual sea la conclusión del mismo, seguro que algo de terreno ganan. Hacen lo mismo, por ejemplo, al hablar de meter el canon en la cuota que pagamos al conectarnos a Internet, de modo que tengamos que pagar por conectarnos, almacenar lo que nos bajemos, por el aparato de grabación y por el soporte donde lo guardemos. Si pasamos a discutir sobre lo malo que sería, ya nadie protestaría por el canon realmente existente, y de nuevo jugaríamos en la parte del tablero que le interesa a la mafia de autores y discográficas.

En esta ocasión, sin embargo, se han excedido tanto en sus pretensiones que el escándalo al saberse el contenido del 17 bis y la cercanía de las elecciones han obligado al Gobierno a echar marcha atrás y a Francisco Ros a plantear el debate desde cero, y no a partir del infame texto legal hecho a la medida de quien interpretara en Jesucristo Superstar el muy apropiado papel de Judas Iscariote. De modo que Pedro Farré y demás representantes de las gestoras en el CATSI se enfadaron y se largaron de la reunión, al ver que por primera vez les fallaba su táctica preferida. Menos mal que no se dedicaron a dar puñetazos al estilo de Bud Spencer y Terence Hill en aquella película española en la que se podía contemplar una ribera del Manzanares prácticamente yerma. Ganas, desde luego, no les faltan.

De fármacos, patentes y demagogia

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

La imagen pública de la industria farmacéutica es pésima pese a que sus servicios y productos no sólo mejoran la calidad de vida de muchos millones de personas, sino que salvan vidas de otros tantos. El juicio que enfrenta a la farmacéutica Novartis y el Gobierno indio arroja luz sobre las razones que explican esta aparente contradicción. La demagogia anticapitalista puede ayudar a que en los próximos años se dispare el número de personas que mueran por falta de investigación y de medicinas.

El Glivec es un anticancerígeno desarrollado por Novartis y que se usa para tratar a enfermos de leucemia y otros tipos de cánceres, entre ellos algunos de escasa incidencia. Pese a que el 99% de los pacientes indios reciben este medicamento gratuitamente gracias a una donación que hace Novartis dentro de su programa de Responsabilidad Social Mundial, la empresa se ha visto obligada a demandar al Gobierno indio y a la Oficina de Patentes India por prohibirles registrar la mejora de este medicamento, ya que este país prohíbe patentar las mejoras sobre fármacos ya existentes si estas no aportan una innovación real. El juicio quedó visto para sentencia a finales de marzo.

En torno a este juicio se han generado dos líneas de opinión. Una la protagoniza el Gobierno indio, las ONG’s y otras asociaciones de su misma cuerda que entienden que de ganar la farmacéutica se producirá un efecto cascada y todas las empresas pedirán que se renueven sus patentes, en virtud de supuestas mejoras, lo que terminaría con los medicamentos “baratos”, es decir, los genéricos a los que acceden los pobres. El éxito mediático de este sentir es indiscutible y las opiniones que lo defienden imperan en los medios más generales. La otra se debe a la propia Novartis y en general todas las farmacéuticas que entienden que una decisión en contra provocaría una pérdida significativa en sus ingresos y beneficios, lo que repercutiría negativamente en las inversiones en investigación, en la productividad, en el empleo y en última instancia, en la vida de los enfermos, vivan o no en países del Tercer Mundo.

Ni la existencia de los medicamentos genéricos responde a una visión tan idealista como pretenden hacernos creer ni, si Novartis gana el juicio, provocará la desatención de millones de pobres en el mundo. Los medicamentos genéricos, es decir, los principios activos sin marca de comercialización, nacen por la presión de los Estados que ven el gasto farmacéutico como uno de los más elevados dentro de sus hipertrofiados sistemas de sanidad pública. Este gasto se incrementa año tras año pese a inútiles medidas estatales.

Un buen ejemplo de ello es la Ley del Medicamento cuya puesta en marcha ha generado incertidumbre en el los titulares de las farmacias y ha reducido el precio de varios miles de medicamentos con la repercusión consiguiente. Dicha ley supone el descenso de los precios de referencia de 4.200 medicamentos, lo que prevé un ahorro público de 640 millones, la misma cantidad que dejará de ganar la industria. Así pues, la mezquina excusa de que un genérico ayudará a los pobres del mundo aprovecha un buenismo cada vez más extendido y traslada parte del creciente déficit sanitario a las cuentas de resultados de las farmacéuticas, que se ven obligadas a vender estos medicamentos a los estados, uno de sus principales clientes, a precios mucho más bajos que los comercializados bajo marca. Cabe preguntarse si los precios de los medicamentos podrían ser más baratos de no existir estos productos y si las farmacéuticas tendrían más maniobra para investigar nuevos y más eficientes medicinas.

La mayoría de los medios que tratan el conflicto de Novartis y el Gobierno indio lo hacen desde el enfrentamiento entre el derecho a la salud pública de los ciudadanos de los países del Tercer Mundo y los beneficios de la farmacéutica. Semejante dislate enmascara una verdad más profunda, que la ineficacia de los sistemas de sanidad pública, la ineficacia estatal en definitiva, es responsable en última instancia de la mala asistencia a los pacientes y, en los casos más extremos, de su muerte. Insinuar, como hacen desde Médicos Sin Fronteras, que las 30.000 personas que, según sus cifras, mueren todos los días de enfermedades tratables lo hacen por no acceder a los medicamentos genéricos es en el mejor de los casos una simplificación de un problema y en el peor un engaño, una mentira.

Precisamente es en los países del Tercer Mundo –donde no se ha desarrollado un sistema capitalista, donde no existe libertad, donde no hay una sociedad estable– donde las bondades de la medicina moderna no pueden desarrollarse, ni en su variante privada, ni siquiera en la pública y no por su condición de pobres, sino por la existencia de factores que les hacen pobres, o mejor dicho, que no les permiten prosperar. La inexistencia de infraestructuras, una corrupción galopante, una sociedad quebrada en guerras y conflictos que duran décadas, una cultura más cerca de principios tribales que de los que ha hecho grande a Occidente no son las condiciones que mejor garantizan que un enfermo reciba un tratamiento, que se disponga de un servicio médico. Engañan las ONG’s, a sí mismas y a los que las tienen por veraces cronistas de la realidad, cuando anuncian que la existencia de medicamentos baratos solucionarán los males del Tercer Mundo. Esto no es una cuestión de dinero, de riqueza o pobreza, esto es una cuestión de libertad.

Pero, ¿necesitamos una CNMV?

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Su objetivo no declarado consistía en "cartelizar las fuentes de nuevo capital, y dirigir las nuevas ofertas de ahorro a empresas lo suficientemente grandes" y "congelar a las más pequeñas" (Rothbard, 2002). Pero su justificación era muy otra: proteger al inversor medio.

Antes, los propios mecanismos del mercado se encargaban de hacerlo. Tuvo que llegar la Administración Roosevelt, resuelta entusiasta del control, para dar vida a la SEC. Pero los objetivos declarados y reales de los organismos públicos jamás se cruzan, y es el caso de la SEC como lo es de la CNMV. Cualquier lector de este periódico sabe de los saltos en la cotización de las empresas días antes de ser opadas. El inversor no está entre sus preocupaciones, o al menos no sirve para defenderle. Y hace el mercado más opaco, en lugar de contribuir a su funcionamiento. La Bolsa de Madrid no necesitó una CNMV desde su nacimiento, a comienzos del XIX. Tampoco lo necesita ahora.

Los organismos públicos son como seres vivos. Luchan por sobrevivir y adquieren tantas funciones como les sea conveniente para aumentar su poder. Si interviniese cada vez menos pondría en peligro su misma existencia, por lo que está incentivada a sobreactuar. Especialmente si por hacerlo se lleva, como en 2006, 24 millones de euros, a medias con Economía.

Y no tiene que mostrar su probidad compitiendo en el duro mercado. Recuerden el caso Enron. Una gran empresa privada se encargaba de auditarla: Arthur Andersen. ¿Qué ocurrió con ella cuando se descubrió que no cumplía con su papel? Desapareció. La SEC, que en teoría iba a evitar casos como el de Enron, no sólo no se disolvió, sino que pidió más poderes. Vayamos ahora al vergonzoso asalto a Endesa. ¿Qué habría sido de la CNMV si, como Arthur Andersen, viviera de su propio prestigio? Habría desaparecido. Acaso esta sea la oportunidad de que lo haga.

Gamoneda de cambio

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Claro que, si hasta Gustavo Bueno ha escrito sobre el pensamiento de Zapatero, yo no voy a ser menos. No iré tan lejos como para aplicarle el cierre categorial, aunque sólo sea porque la nebulosa yuxtaposición de topicazos postmarxistas que maneja el personaje se presta más a la ouija que a la ciencia.

Este domingo nos lo encontramos vestido de progresista. Zapatero, señores, ha hablado de pobreza. ¡Qué digo! De "Pobreza", así, con mayúsculas, que "tiene mucho que ver con el Amor y con la Solidaridad, así nos lo han enseñado filósofos y poetas", dice en su carta abierta a Gamoneda. Si Ferrocarril de Matallana es el mejor poema que ha leído, según confesión propia y en público (dice en laica penitencia), imagino que lo que ha aprendido sobre la pobreza del lado de los filósofos le vendrá de Pero Grullo o de Chomsky.

Ya en faena, insisto, no le busquemos la lógica, porque, por un lado, la pobreza es hermana del amor y la solidaridad y, por otro, madre de "dolor innecesario, tristezas y humillación". Pero Zapatero identifica la pobreza con la injusticia, como si fuera impuesta por los demás, o por "la sociedad"; como si el propio comportamiento fuera algo completamente ajeno. Es una idea paralizadora, porque en ella no tiene cabida el esfuerzo propio, el trabajo honrado y el estudio. No cabe la empresarialidad, el afán de mejora. El pobre nada puede hacer. No hay más esperanza, eso sí, que la del político salvador para imponer, de un golpe de mano, la justicia. El reparto del botín, vaya. Por eso habla de la pobreza "como destino", y de "la posibilidad humana de imaginar y actuar" sobre la miseria, no desde la miseria.

¿Por qué los progres hablan de la pobreza como si fuera cosa suya? ¡Si lo que hacen es enriquecerse mientras predican la miseria para todos los demás! Lo cierto es que en Zapatero, muñidor de todas las estrategias legales e ilegales para entregar Endesa a sus amigos, Montillas y Arenillas de por medio, el discurso sobre la pobreza queda especialmente vacío.

Por lo demás, seguiré su consejo de leer a Gamoneda.

El socialismo causa la corrupción

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Resulta curioso que una de las personas que más ha hecho por destapar casos de corrupción en este país no se haya dado cuenta de que el socialismo es el caldo de cultivo de la corrupción ni de que socialismo y corrupción son dos realidades estrechamente unidas. Con esto no quiero decir que casos de corrupsoe como Filesa o este nuevo escándalo urbanístico en Ibiza no puedan darse en partidos distintos del socialista. A lo que me refiero es a que el socialismo fomenta la corrupción y multiplica su potencial enriquecedor. Por el contrario, el liberalismo reduce las posibilidades de corrupción al mínimo.

La corrupción no depende tanto de los hombres o mujeres que uno ponga en los puestos claves de la administración pública como del entramado de incentivos en el que se desenvuelva la acción cotidiana de los funcionarios, los políticos y el resto de los mortales. La naturaleza humana es débil y si el marco de la organización social no elimina los incentivos para corromperse, siempre habrá quien lo haga. Tampoco cambia mucho las cosas el hecho de que quien tome las decisiones administrativas esté en un pueblo o en el Palacio de la Moncloa. Lo único que cambia es el nivel al que se da la corrupción.

El socialismo propugna el intervencionismo estatal en todos los campos de la sociedad. Lo que permite y fomenta la corrupción es esa intervención omnipresente en las decisiones que los individuos llevan a cabo sobre qué hacer con su tierra, su casa, su tiempo, su información, su cuerpo, su salud, su alimentación, su nacimiento, su entierro y, cómo no, su dinero. Por eso el socialismo, se dé en el partido en el que se dé, sea de izquierdas o de derechas, es sinónimo de corrupción. En un sistema liberal en el que el estado se limite a ejercer aquellas funciones de seguridad y defensa que los individuos no puedan desarrollar de manera voluntaria, pocas son las posibilidades de corrupción. Y así sería por muchos liberales que hubiera con ganas de forrarse llevando a cabo actos de corrupción.

Por eso, y no porque el liberalismo vaya a crear un hombre nuevo, la solución a la corrupción urbanística consiste en la liberalización de la ley del suelo, la solución a la corrupción financiera supone liberalizar los mercados y privatizar al regulador y la solución para la corrupción con fondos públicos es reducir los impuestos, el gasto público y el ámbito de actuación del estado. Todo lo demás son cuentos chinos, cartas de Blanco o quimeras sobre la tolerancia cero.

Las pensiones a Bolsa y el socialismo como fracaso

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

Gobierno y agentes sociales (CEOE, Cepyme, CC.OO. y UGT) han decido que el estado ha de invertir el Fondo de Reserva de las pensiones en Bolsa. El Fondo de Reserva es el excedente destinado a las pensiones públicas del futuro, que actualmente representa unos 40.000 millones de euros en España.

Independientemente de los acuerdos que lleguen los políticos entre ellos mismos, que pueden ser de cualquier tipo y no tendría sentido ahora empezar a especular sobre qué pasará, podemos ver la medida como un claro fracaso del socialismo y del Estado del Bienestar.

El estado, y cada uno de sus gobiernos, han sido incapaces de guardar el dinero que nos han incautado por la fuerza y mucho menos revalorizarlo de una forma sostenible. Su solución ahora será copiar, curiosamente, el sistema del que querían que huyéramos: el libre mercado y el capitalismo. Se han dado cuenta que sólo el capitalismo es lo suficientemente eficiente como para generar beneficios netos para todos.

Aún así, el estado nunca aprende. Hacer burdas imitaciones de la eficiencia capitalista nunca funciona. Un ejemplo lo tenemos en Cataluña donde, a raíz de la nefasta gestión de la administración en el tema de la sanidad, la Generalitat decidió privatizar su gestión. La consecuencia es que ahora va peor que antes. La sanidad pública que no busca fines lucrativos ni se mueve en un entorno de competencia, así no puede ser sostenible en el tiempo.

La pregunta que a todos nos tendría que surgir ahora es: ¿por qué si incluso el gobierno se ha dado cuenta, y hasta los sindicatos, que la gestión capitalista es la única forma eficiente de gestionar los recursos, no privatiza totalmente las pensiones, o aún mejor, abole el sistema? Los planes de pensiones privados son gestionados por expertos en riesgo y mercados financieros, igual que lo que pretende hacer ahora el gobierno, pero además, los sistemas privados tienen enormes ventajas adicionales que dan continuidad al sistema.

Una de las más básicas es que si la entidad o producto no funciona, el cliente se va, sin mencionar las posibles denuncias que pueda recibir la empresa financiera. El estado no tiene este incentivo, le da igual hacerlo bien o mal, los súbditos no nos podemos desprendernos del estado ni exigirles nuestro dinero. Una entidad privada, además, ha de competir mejorando día a día, el estado no. Si algo no le funciona aplica una ley contra su competencia les sube los impuestos y problema resuelto. Una empresa privada ha de responder ante sus clientes e inversores. Esto le dificulta enormemente cualquier tipo de fraude o comportamiento poco moral. Al estado esta cuestión le es indiferente del todo. Cada día vemos en la prensa muestras de este comportamiento corrupto y antisocial. La empresa privada sólo piensa en el beneficio económico de todos, pues es la única forma de retener a los clientes e inversores. Al estado sólo le interesa mantener contentos a sus lobbies, grupos mediáticos y votantes; y para ello hace cualquier cosa.

La apertura y aportaciones a un plan de pensiones privado son voluntarias, término que no aparece en el diccionario del estado. Además, hay un plan de pensiones por cada tipo de inversor. Si usted visita cualquier entidad financiera le hará un pequeño test para ver su perfil inversor y según la edad que tenga le amoldarán al plan más oportuno. Encima le regalarán algo; todo lo contrario que hace el estado que sólo sabe incautar. Evidentemente, podrá traspasarlo a otra entidad sin que la primera le amenace con multarlo, perseguirlo o encerrarlo en la cárcel por llevarse su dinero. Tampoco le llamarán criminal por hacer lo que quiera con su dinero. El estado se lo repetirá una y otra vez.

El estado no tiene autoridad alguna a decidir cómo gestionar nuestro dinero, a decidir si hemos de guardarlo para el futuro, gastarlo ahora mismo o a imponernos un tipo de gestión determinada.

En el fondo, al estado no le importa en absoluto nuestro destino ni bienestar. De no ser así, no se habría gastado en el pasado nuestro dinero reservado a nuestra vejez en tanques, subvenciones al cine, a amigos suyos o a saber qué. Si una empresa pierde nuestro dinero, sabemos contra quién hemos de actuar judicialmente, pero cuando lo hace el estado no existe responsable alguno. Eso es lo que le convierte también en un funesto gestor, y por más que invierta el Fondo de Reserva en Bolsa, mercados OTC, derivados o donde le dé la gana, sólo conseguirá poner en continuo peligro nuestro dinero ganado con esfuerzo y trabajo, y por ende, hará peligrar nuestro bienestar. Para una muestra el presente: incluso invirtiéndolo en renta fija, pierde. Es que es el súmmum de la incompetencia e irresponsabilidad.

El socialismo ha fracasado, demos paso al libre mercado de una vez en lugar de hacer parches que sólo alarguen la agonía.

Con mucha naturalidad

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Sin embargo, esta gente habla del asunto como si se tratara de los estados financieros de una empresa multinacional y el destino que se va a dar a los beneficios anuales. Todo con mucha naturalidad, ya digo.

Lo más sustantivo de este escándalo es que nos permite confirmar la recuperación de unos modos de hacer política que creíamos superados desde que el Capitán Khan nos devolvió a Roldán, después de su heroica captura siguiendo las órdenes precisas de Juan Alberto Belloc.

Cuando el PSOE era "El Partido", a mediados de los ochenta, esto de adjudicar obras y suministros a los empresarios afectos a la causa era una cuestión asumida con total sencillez en la mayoría de organismos. Cualquiera que haya trabajado durante los ochenta en la administración, incluso en algún departamento remoto como fue mi caso, sabe perfectamente de lo que hablo. Lo más llamativo de aquella época era que, en efecto, igual que en este caso destapado en Ibiza, el contratista en cuestión no se lo llevaba crudo por el afán de enriquecimiento típicamente burgués, sino para contribuir a mejorar la sociedad; y qué mejor forma de hacerlo que a través de "El Partido", llamado por la Historia a salvar a los pobres de su ominoso destino vital.

Luego llegó Borrell con su entrañable petición a los contratistas para que dejaran de pagar comisiones ilegales, suceso inédito en los ministerios de obras públicas del Occidente civilizado, y la lluvia de convoluttos comenzó a amainar. Con la llegada del nuevo socialismo propuesto por ZP, parece que las cosas empiezan a ser como antes, es decir, como deben ser, con la administración como un terminal financiero del partido de turno.

Por supuesto, la corrupción urbanística afecta a todos los partidos instalados en algún centro de poder. Pero lo que les distingue es que mientras unos realizan el chanchullo conscientes de su condición vil, otros lo hacen convencidos de que contribuyen al triunfo del progreso, fin último que justifica todos los medios.

En las provincias desafectas, principalmente Madrid, Valencia y, especialmente, Murcia, el discurso del PSOE de cara a las elecciones municipales y autonómicas se basa en la denuncia masiva de supuestos casos de corrupción del Partido Popular, algunos de ellos, es cierto, con ciertos visos de verosimilitud. Mas no parece que la trama ibicenca contribuya a esmaltar la campaña de regeneración moral emprendida por los socialistas periféricos. O igual sí. Recuerden la estrategia del PSOE madrileño cuando el tamayazo echándole la culpa de todo al PP, que casi les sale bien. Apuesto a que antes de cuarenta y ocho horas don José Blanco anuncia públicamente que todo esto de la corrución en Ibiza es cosa de la derecha. Extrema, por supuesto.

Violencia y armas

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

La vida y la violencia están íntimamente relacionadas. Muchos seres vivos utilizan su fuerza o capacidad de acción contra otros seres vivos (también de su misma especie), para alimentarse de ellos o en competencia por territorio y sus recursos asociados o por acceso a parejas sexuales. Diversos organismos han desarrollado evolutivamente diferentes rasgos adaptativos que sirven como herramientas de ataque y defensa: dientes, garras, cuernos, caparazones, espinas, venenos.

Los seres humanos fabrican y acumulan herramientas y tecnología que incrementan su capacidad de acción, y son hipersociales: sus principales relaciones no son con el entorno no humano sino con otros seres humanos, de quienes proceden las principales oportunidades y amenazas. Las personas pueden utilizar su fuerza y habilidad física y sus armas para agredir y dominar a sus semejantes o para defenderse de esas mismas agresiones.

La posesión y habilidad en el uso de armas puede compensar las diferencias entre individuos fuertes y débiles, pero las armas pueden incrementar mucho las diferencias entre personas si una está armada y la otra desarmada (y según la calidad y potencia del armamento). El agresor considera los posibles beneficios, costes y riesgos de su acción, en especial qué capacidad de defensa o represalia tiene su víctima o sus aliados (a terroristas suicidas y locos muy desequilibrados o resentidos que odian y buscan venganza tal vez apenas les importe la disuasión). Si la diferencia entre sus capacidades marciales es muy grande es fácil que los fuertes dominen y exploten a los débiles, que los delincuentes asalten y roben a sus víctimas, que los tiranos reinen de forma totalitaria sobre sus súbditos. Es común a los dictadores y genocidas prohibir las armas a quienes quieren esclavizar o masacrar. Un pueblo armado es difícilmente víctima de sus propios gobernantes sin escrúpulos o de otros pueblos belicosos.

La ética busca normas de conducta universales, simétricas y funcionales. Para evitar agresiones con armas podrían prohibirse completamente a todo el mundo, lo cual suena muy bonito, a paz perpetua, pero es tremendamente ingenuo. No elimina las agresiones sin armas, impide la defensa con armas ante agresores más fuertes (una mujer y un violador), olvida que una simple piedra puede ser un arma letal y que muchas herramientas tienen múltiples usos (a los que habría que renunciar si pueden ser utilizadas como armas), y es una situación evolutivamente inestable e irrealizable: si una persona incumple la norma tiene un poder enorme muy difícil de contrarrestar por otros ciudadanos honestos desarmados (que tendrían que romper también la norma para hacerla cumplir).

La fuerza tiene una característica muy peculiar que la diferencia de otros bienes y servicios: es el medio de intercambio involuntario universal. Es muy peligroso que esté muy concentrada, con grandes diferencias entre individuos. Si una persona no tiene armas está a merced de quienes sí las tienen. Que haya más armas no implica necesariamente que haya más actos violentos utilizándolas, ya que no se trata de hechos independientes: el agresor tiende a inhibirse ante la posibilidad de defensa armada de sus víctimas. Es posible que se produzcan menos agresiones cuando todo el mundo está armado y puede repeler los ataques. Es especialmente importante el marco legal e institucional: que los violentos sepan que pierden su derecho a la vida cuando asesinan, y que los sistemas judiciales sean eficientes y sea difícil escapar de ellos.

La ética de la libertad se basa en el derecho de propiedad y en la legitimidad del uso proporcional de la fuerza para defenderlo. Los propietarios individuales pueden agruparse en asociaciones o cooperativas para facilitar su defensa o contratarla a especialistas (a quienes conviene controlar para que no se conviertan en agresores). Utilizar un arma para defenderse o defender a otros es un derecho pero no un deber, e implica una gran responsabilidad, ya que es posible herir o matar a inocentes de forma accidental (víctimas colaterales) o causar daños desproporcionados a un delincuente. Conviene disponer de armas cuyo efecto sea localizable y graduable con precisión. La posibilidad de usar un arma puede servir como enseñanza de autocontrol y responsabilidad.

El agresor puede temer el uso defensivo de las armas en el mismo momento de la agresión, o su uso posterior por la justicia. En general el criminal tiende a asumir que no lo atraparán, teme menos la posible condena que la defensa inmediata, así que no le importa demasiado el incumplimiento de la ley respecto a la posesión y uso de armas. Si los defensores están cerca de las víctimas (o si los agredidos pueden defenderse) quizás puedan repeler inmediatamente la agresión y evitar o minimizar los daños; si están lejos los daños serán mayores y seguramente irreversibles e irreparables aunque se capture y condene al criminal (quien tal vez teme más una defensa en caliente de alguien amenazado que la justicia fría y burocrática de extraños). En las modernas sociedades estatalizadas muchas personas se despreocupan de su seguridad y se vuelven pasivos, confían su defensa en el monopolio ilegítimo, ineficiente e ineficaz del estado; los gobernantes no confían en que sus ciudadanos puedan defenderse de forma responsable y les restringen el uso de las armas, pero exigen que los ciudadanos confíen en ellos a pesar de sus sistemáticos fracasos y demostraciones de incompetencia. En algunos países el uso defensivo de las armas es frecuente pero suele ser menos llamativo que las matanzas anecdóticas de unos pocos locos (facilitadas por la indefensión pasiva de sus víctimas) o las sangrientas batallas de los traficantes de drogas (que incrementan mucho las víctimas por arma de fuego).

Una persona puede tener armas en su propiedad, pero nadie tiene el derecho a portar armas en la propiedad ajena sin consentimiento del dueño. El propietario puede excluir a quien desee del uso de su propiedad y puede imponer las condiciones o normas particulares que quiera a sus invitados como condición para compartirla, ya sean sus domicilios o ámbitos de acceso público (parques, comercios, escuelas). Algunas personas se sienten más seguras si están cerca de individuos armados en quienes pueden confiar (sean particulares u organizados de alguna forma); otras personas prefieren zonas libres de armas, quizás porque no confían en algunos de sus semejantes. Ambas preferencias son legítimas y pueden ser tenidas en cuenta por empresarios que ofrezcan recintos con diversas normativas en competencia en un mercado libre para atender a los deseos de seguridad de sus clientes. Pero si en un determinado lugar se prohíbe de forma absoluta la posesión de armas y se anuncia públicamente, es necesario controlar que nadie con intenciones destructivas pueda acceder armado, ya que si lo hace puede provocar una matanza sin riesgos; los responsables del lugar deberán discriminar acertadamente a quienes consideren amenazas potenciales.