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Las mentiras de Zapatero

Lo que nos hemos de preguntar es, ¿a más crecimiento estamos mejor? No necesariamente. El crecimiento no ha de ser un dogma. La principal razón por la que está aumentado el PIB es debido al aumento de contratos, especialmente de inmigrantes. Este aumento de la fuerza laboral hace que crezcamos, pero sólo a corto plazo. La contrapartida evidente es que el número de habitantes también crece. El problema de basar el crecimiento en la fuerza laboral es que no se puede sostener en el tiempo. Expresado de otra forma, no pueden entrar inmigrantes de forma eterna. En el largo plazo sólo es una ilusión de bonanza. Un engañabobos, como se suele decir.

Para un bienestar sostenido, el crecimiento ha de fundamentarse en otros factores menos contingentes. Uno de ellos es la productividad. Cada año nuestra productividad-hora es más baja, de hecho, ha caído 18 puntos en la última década cuando lo normal habría sido que aumentase. Si observamos la estructura del PIB vemos que hay razones para la preocupación. El actual crecimiento se debe en un 80% al empleo circunstancial (corto plazo) y sólo un 20% a la productividad (largo plazo). El bienestar sostenido lo genera el segundo, no el primero.

Este patrón, de hecho, está haciendo que funcionemos de forma inversa a como evoluciona cualquier país rico que pretenda seguir siéndolo. En lugar de convertirnos en un país capital intensivo (tecnología, I+D, etc.), el Gobierno ha tomado la decisión, porque sí, de convertir el trabajo en el motor principal de nuestro crecimiento. La consecuencia ha sido que tengamos ahora una productividad equivalente respecto a la que había en Europa en los años 70. No en vano el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, ha calificado el nivel de productividad española de "decepcionante". Para Zapatero esta estrategia es mejor porque muestra resultados estadísticos de forma muy rápida aun siendo muy dañina para la prosperidad futura del país. De hecho, ya lo estamos notando en nuestro poder adquisitivo, que cada vez es menor.

Así, el PIB sube porque somos más, especialmente de fuera, pero no porque seamos capaces de producir más ni mejor. Aquí entramos en el siguiente punto: la calidad de la producción y la innovación.

Un país próspero es aquel capaz de saber competir con sus pares y ofrecer lo que más urgentemente necesita el consumidor, tanto el intermedio, como el final, como el nacional como el extranjero. ¿Y por qué España está en estos niveles tan penosos de calidad e innovación? El Gobierno es el principal responsable.

Si nos comparamos con el resto de países industrializados, los de la OCDE, por ejemplo, vemos la razón de tal deterioro competitivo e innovador. Una misma empresa necesita en España casi el doble de tiempo en ser constituida que en el resto de países ricos, tenemos que recurrir más veces a la administración que nuestros competidores extranjeros, hemos de pagar un sobrecoste superior al 10% en trámites al Gobierno, la rigidez en la contratación de empleados es tres veces superior al de nuestros rivales y el coste de despido dobla la media de los otros países, lo que ahuyenta a cualquier empresa y capital extranjero. No olvidemos además que tenemos una presión fiscal cercana al 40% entre muchos otros datos más. El gobierno aún se extraña que entre el 23 y 25% de la economía esté sumergida. Es que no hay más elección. Eso es lo que ocurre cuando el Gobierno declara la guerra a la prosperidad y la riqueza de sus ciudadanos.

Todo y así, Zapatero aún pretende engañarnos con más datos falsos como el de la inflación, que en nada se corresponde con la realidad ya que descuenta la vivienda, que representa el 40% de nuestro gasto, deja de lado numerosos productos importantes y, además, monta distribuciones irreales en la cesta. Ya conocemos cómo mide los precios Zapatero: un café, 80 céntimos.

El optimismo de Zapatero no es más que humo nacido de un cortoplacismo insostenible en el futuro. La economía se aguanta por factores contingentes y económicamente peligrosos, como el de la inmigración o construcción, mientras que las bases del desarrollo brillan por su ausencia. ¿Y cómo afronta el presidente estos graves desequilibrios que le recriminan desde diversos sectores? De ninguna forma. Los omite, sonríe y ya está. Realmente, cualquiera puede gobernar un país.

Populismo casero

La candidata del PP a la presidencia de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal, se ha comprometido a conceder pensión de jubilación no contributiva para las amas de casa de su comunidad, porque son "el sostén de la economía y la familia española" y "son las grandes olvidadas de la actuación política".

Es típico del colectivismo redistribuir riqueza de forma coactiva e ilegítima. Se consigue mediante concentración de beneficios y difusión de costes: los miembros de un colectivo reciben algo y el resto de individuos pagan por ello sin aceptarlo explícitamente porque les resulta muy difícil influir en los procesos políticos para evitarlo. En ocasiones algunas personas interesadas se organizan en grupos de presión que persiguen vivir a costa de los demás (los no organizados) mediante las regulaciones intervencionistas y el asalto a los presupuestos públicos. Pero a veces los miembros de algún colectivo afortunado no necesitan organizarse, son los propios políticos los que se acuerdan de ellos y les guiñan el ojo con alguna promesa.

Los políticos son grandes especialistas en el arte de halagar a la plebe y buscar algo que parezca una justificación de sus regalos con dinero ajeno. En este caso De Cospedal nos dice que cerca de 300.000 amas de casa en su región son personas que sacrifican su salud y su vida personal y profesional diariamente para cuidar a todos los miembros de la familia y la casa sin obtener a cambio un sueldo y sin tener nunca un descanso. Conoce "los sinsabores que han tenido que pasar para que se las reconozca su labor", "personas que nos han cuidado, que han logrado que las familias estén unidas, y han hecho que un sueldo pequeño pareciera una goma elástica". No se puede hacer mejor la pelota, pero conseguir que se nos salte una lagrimilla recordando lo mucho que nuestras madres y abuelas han hecho y hacen por nosotros no justifica las subvenciones estatales.

Las amas de casa han escogido libremente su situación, sin coacción física, asumiendo un papel tradicional o negociándolo con sus maridos, quienes probablemente también han sudado algo para traer un dinero a casa; la especialización del trabajo también se da en la familia, y no todos los esfuerzos han de recibir una compensación monetaria. Además si ahora se les paga (aunque sea de forma diferida) por lo que hacen, ¿dónde queda el mérito de la entrega gratuita y altruista? Cada ama de casa ha cuidado de su hogar y de sus familiares, no de los hogares de otros y de personas extrañas; si tiene alguna reclamación debería resolverla en su propio domicilio. No queda éticamente muy claro por qué se les quiere conceder ahora este regalo a costa de otras personas que no han disfrutado de sus atenciones. Salvo que se busque su voto a cambio.

El crecimiento del poder en la democracia

El Estado contemporáneo actual se encuentra caracterizado por un indudable crecimiento y ampliación del poder político, puesto que la esfera de intervención pública se ha expandido de forma exponencial a poco que lo comparemos con las funciones encomendadas al Estado liberal moderno (laissez-faire) e, incluso, en relación con los regímenes monárquicos absolutistas.

Bertrand de Jouvenel señaló ya hacia 1945 que la instauración de la democracia moderna incrementó de modo exponencial los dos recursos y símbolos centrales del poder en el Estado-nación, los recursos militares y los fiscales, debido a una particular relación causalmente asociada.

En democracia se produce paulatinamente la extensión del derecho de sufragio a toda la ciudadanía mientras entran en escena tanto los partidos de masas como diversos movimientos sociales tendentes a reclamar una mayor participación y mayores cuotas de igualdad material. Esto produce una expansión significativa del papel del Estado en la sociedad civil, con el objetivo de llevar a cabo su cumplimiento e implementación. Además, y a diferencia de la monarquía, en un Estado democrático el soberano ya no es el antiguo señorial de corte aristocrático y claramente diferenciado del resto, sino de carácter popular. Tal cambio, en cuanto al sujeto soberano, resulta trascendental, puesto que facilitó enormemente la disposición y aceptación general de políticas y decisiones que respondían a las nuevas necesidades estatales.

Sin embargo, el Estado no crece sólo como respuesta desinteresada a las demandas de la sociedad, sino también por la dinámica de unas burocracias dispuestas siempre a extender su particular ámbito de competencias. La administración, por el hecho de no estar sometida a la implacable vigilancia del mercado, se vuelve lenta, poco ágil, ineficiente y, por tanto, excesivamente costosa. Además, si se acepta el axioma apriorístico consistente en que el ser humano es egoísta por naturaleza, no habrá dificultad en reconocer entonces como un hecho autoevidente que los políticos utilizarán instintivamente el poder en beneficio propio.

A fin de constatar de modo fehaciente la hegemonía y preeminencia del poder político estatal, tan sólo se precisa centrar nuestra atención sobre el retroceso que el pleno ejercicio de los derechos individuales ha experimentado en el último siglo. El concepto mismo de libertad ha sido objeto de un evidente cambio interpretativo, pues frente a los derechos naturales de vida, libertad y propiedad, se contraponen ahora los recursos estatales referidos a la enorme capacidad de guerra, legislación y fiscalidad, cuyo desarrollo y preeminencia trae como consecuencia lógica la limitación y reducción de los primeros.

Finalmente, cabe señalar el particular fenómeno en torno a la crisis del Estado-nación como consecuencia de la progresiva cesión de competencias en favor de la conformación y configuración de superestructuras estatales. Tal proceso parece indicar que el único medio de asegurar la existencia humana sobre la base de la hegemonía estatal consiste en formar un Estado mundial. La creación de una superestructura de tal tamaño y entidad no puede hacer otra cosa que continuar el progresivo e imparable avance a favor de la concentración de poder, que tendría dos efectos: en primer lugar, una mayor autonomía, autoridad y potestad por parte de la elite política supraestatal gobernante (véase la UE); pero, por otro, y de modo paralelo, una tendencia contraria en el sentido de transferencia hacia abajo en la forma de un paulatino proceso de descentralización política y administrativa.

Es evidente que, en función de cuál sea el movimiento que salga victorioso de esta pugna política contrapuesta, ello acabará por determinar una nueva dinámica que transformará de modo sustancial las bases, prácticas y fundamentación del sistema político vigente a lo largo del siglo XXI.

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Wolfowitz, Conthe y la burocracia

Max Weber afirmaba en Sociología del poder: los tipos de dominación (1921) que la administración burocrática pura, la administración que se rige por el expediente escrito y con una dirección unipersonal, es formalmente la fórmula más racional de ejercer la dominación. Estabilidad, precisión, disciplina y seguridad serían sus rasgos esenciales. Según el sociólogo alemán la burocracia –germen del Estado occidental moderno– aplica mecanismos de calculabilidad de sus resultados entre los administrados, con independencia del sistema económico al que sirve, capitalista o socialista. De ahí su elevado grado de supervivencia histórica: el aparato burocrático seguirá funcionando para los revolucionarios que lleguen al poder o para una fuerza militar enemiga, del mismo modo que trabaja para el Gobierno legal de turno.

Para Weber el capitalismo necesita en su desarrollo de la burocracia, aunque el capitalismo y la burocracia surjan de raíces históricas diferentes. El capitalismo es la base económica más racional sobre la que cualquier burocracia también razonada pueda construirse, porque el capitalismo, desde un punto de vista fiscal, suministra los recursos dinerarios precisos.

Administración burocrática significa dominación por causa del conocimiento acumulado en expedientes y actividades del propio servicio. No obstante, Weber afirma que el empresario se mantiene libre de la supremacía administrativa: "Sólo el empresario capitalista, dentro de su esfera de intereses, es superior a la burocracia en el conocimiento especializado y en el conocimiento de los hechos. El empresario capitalista es la única instancia realmente inmune –al menos en términos relativos– frente al carácter inevitable de la dominación del conocimiento racional burocrático. Todas las otras grandes organizaciones han sucumbido inevitablemente a la dominación burocrática, de igual manera que han sucumbido bajo la dominación de las maquinas de precisión en la producción de bienes."

La dominación burocrática, desde un punto de vista social, se alcanza por medio de una base de reclutamiento entre personas altamente cualificadas que hayan dedicado largos años de su vida al aprendizaje profesional y que realicen su oficio sin odio ni pasión, bajo el concepto estricto del deber, dando un trato igualitario a cualquiera que se encuentre en una misma situación de hecho. Vistos los antecedentes, ¿qué opinaría Max Weber ante asuntos administrativos de máxima actualidad como son la denuncia de nepotismo en el Banco Mundial (BM) contra Paul Wolfowitz y la anunciada dimisión de Manuel Conthe con motivo de la OPA de Enel y Acciona sobre Endesa?

Wolfowitz, tras su paso por el Pentágono, se incorporó a presidir una entidad –el Banco Mundial– al parecer incompatible con su trayectoria personal, pero aceptó y calló, siguió el juego de una burocracia muy denostada al menos públicamente por sus valedores, y acabó otorgando un favor que quizá le cueste el cargo: un suculento nuevo empleo, por motivo de incompatibilidades en el BM, para su amiga íntima. Los adversarios de Wolfowitz le harán pagar con creces sus antiguas críticas al multilateralismo que encarna la institución que preside. El máximo responsable del BM incumplió las reglas de Weber sobre los burócratas, es víctima propiciatoria de sus decisiones en campo hostil; es ya, probablemente, una figura amortizada.

Manuel Conthe, aún presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es posible que esté aplicando tácticas de represalia masiva –que conoce bien por ser estudioso de las paradojas sociales– en formato de rueda de prensa multitudinaria o similar, con el fin de negociar con el Gobierno español las condiciones de explicación de su dimisión ante el Congreso por el asunto Endesa. Conthe ahora mismo se ve impelido a justificarse por mor del Código de Buen Gobierno, que él mismo ayudó a crear, frente a los consejeros de la CNMV que le han dado la espalda. Dice Conthe en su libro El mundo al revés que "los dictados de la benevolencia a corto plazo están reñidos con la conveniencia a largo plazo: quien sepa que seremos racionales y benevolentes no creerá nuestras amenazas". Por eso el jefe de la CNMV tira por la borda la corrección política y exige luz y taquígrafos con resultado incierto.

Dos situaciones diferentes, dos personajes ideológicamente opuestos entre sí, pero unidos en el incumplimiento de las leyes weberianas de discreción administrativa. La dominación burocrática, incluso para los influyentes, es inexorable.

Cómo hacerse sosteniblemente rico

Es el caso de la compraventa de cuotas de emisión de CO2, comercio nacido al socaire del famoso Protocolo de Kioto y por el que las empresas que emiten por debajo del límite permitido pueden vender sus excedentes a aquéllas que sobrepasan su cuota. Actualmente, la tonelada de "no contaminación" se paga a algo menos de un euro, pero llegó a cotizar a 30 euros en la bolsa Sendeco2, que es donde se negocian estos títulos.

Gracias a esta nueva industria de la "no contaminación", las empresas de cerámica gallega, por ejemplo, ganaron el año pasado vendiendo esas cuotas más que con la venta de los productos que fabrican. Desde el boom bursátil de las "puntocom" no habíamos asistido a un ejemplo más luminoso de cómo vivir vendiendo humo; en este último caso, literalmente.

Esta cuestión demuestra la capacidad innata del ser humano para detectar oportunidades de beneficio, eso que los teóricos llaman "empresarialidad" y que, con la teoría de la sostenibilidad y la amenaza del cambio climático, ofrece sin cesar grandes posibilidades a los más avispados.

Pero déjenme que les cuente un caso concreto de cómo sacar un suculento beneficio de la sostenibilidad. Mi amigo Manolo es el gerente de una empresa familiar dedicada a la producción industrial. Hasta ahora su línea de negocio se limitaba a la fabricación y venta de determinados productos, pero con el fomento de las energías renovables ha entrado en el circuito de las empresas que han encontrado en la sostenibilidad un filón. Sólo se necesita contar con espacio suficiente para instalar paneles solares y una cierta capacidad económica para afrontar los gastos de instalación de esa pequeña central eléctrica.

La clave está en el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo (aún mandaba Aznar), que establece las condiciones económicas y jurídicas para personas físicas y empresas titulares de instalaciones de energía solar. De acuerdo con dicho decreto, el distribuidor de energía eléctrica se obliga a pagar al productor un porcentaje de la tarifa eléctrica aprobada en cada ejercicio por cada kilovatio/hora inyectado a la red, todo ello garantizado mediante un contrato de 25 años. Naturalmente, ese dineral no sale de las arcas de la distribuidora, sino que es repercutido a cada consumidor en el recibo de la luz; pero es lo que tiene salvar al mundo, que resulta muy caro.

Según los cálculos de Manolo, su empresa percibirá en torno a dos millones y medio de euros con una inversión de 600.000, con la ventaja añadida de que este tipo de instalaciones cuenta con numerosas ayudas financieras y subvenciones de la Unión Europea, el Gobierno y las Comunidades Autónomas, lo que le permitirá amortizar la inversión en un plazo aún más breve.

De esta forma, ya tiene asegurados para los próximos veinticinco años unos beneficios de 100.000 euros anuales; eso sí, sin fabricar nada y sin crear un solo puesto de trabajo directo. De hecho, el día menos pensado cierra la fábrica y se dedica a la sostenibilidad, un negocio mucho más lucrativo que la industria fabril y que encima te proporciona la íntima satisfacción de estar contribuyendo a la salvación del planeta. Es bueno luchar por un mundo mejor. Y, sobre todo, muy rentable.

Microsoft ya no es lo que era

Se ha especializado en la creación de riqueza, tanto en sus ensayos como en su compañía, Y Combinator, dedicada a sufragarles a los hackers (en el buen sentido) los primeros gastos que conlleva la creación de una nueva empresa, antes de que tengan nada que pueda hacerles merecedores de otros tipos de financiación como el capital-riesgo. De su vivero de empresas han salido, por ejemplo, el sistema para localizar físicamente a tus amigos vía móvil Loopt o la web de noticias Reddit.

Su último artículo tiene el sugestivo título Microsoft está muerto. Luego lo lees y la cosa no es para tanto, pero claro, ya ha conseguido que le prestes atención, el muy. Explica que los jóvenes empresarios a los que apadrina no alcanzan a comprender como una empresa puede tener miedo de Microsoft. Y es que los nuevos microempresarios de informática están en la web, y en la web el gigante de Redmond no es gran cosa. El peligro hoy es Google, claro. Y la razón por la que Microsoft haya dejado de ser lo que era son las aplicaciones web y un ancho de banda que no deja de crecer, haciendo cada vez más innecesario el software clásico, de escritorio, para un creciente número de usos.

Evidentemente, sigue siendo la empresa de informática con más pasta. Y seguirán haciendo mucha, vendiendo Windows y Office, y quién sabe si Xbox. Pero ni siquiera sus aplicaciones web decentes, que las tienen, como Virtual Earth, consiguen abrirse demasiado hueco en los navegadores. Y sobre todo, se mueven también en la web con la lentitud de un dinosaurio, reaccionando tarde, y muchas veces mal, a las innovaciones que tienen lugar en ella. Así es difícil provocar pánico entre los emprendedores. De modo que el dinosaurio acaba siendo grande, rentable e irrelevante para el futuro.

Robert Scoble trabajó en Microsoft hasta el verano pasado promoviendo su tecnología por medio de los blogs corporativos de la empresa, pero también criticándola y alabando la de sus competidores cuando eran mejores, lo que le permitió conectar con el público entendido como la empresa más odiada por los informáticos jamás había conseguido. Ahora se ha pasado a Mac, que sin duda duele. Y critica que a su antiguo empleador se le llene la boca diciendo que están en Internet "para ganar", pero sus productos sean perdedores natos. Lo que nos lleva de nuevo las diferencias con Google y las nuevas empresas de la web. No anuncian intenciones grandilocuentes: presentan productos.

Todo lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que Microsoft esté muerto ni que vaya a quebrar ni que deban ustedes vender las acciones que tengan. Vale, yo tampoco tengo ninguna. Pero si IBM aún sigue entre nosotros, Microsoft lo estará también, y puede que sobreviva al abuelete azul.

Un paternalismo perjudicial hacia el inquilino

Desde la dictadura de Primo de Rivera, la historia legislativa española del arriendo para vivienda ha sido un verdadero desastre interventor por tratar de manera paternalista al arrendatario en detrimento del propietario.

La mayor aberración intervencionista se produjo durante el franquismo: hubo fijación de rentas máximas e instauración de viviendas de renta reducida, establecimiento del derecho a la prórroga forzosa a favor sólo del arrendatario y verdaderas dificultades para resolver judicialmente el contrato por parte del propietario. La consecuencia fue que la institución del arriendo quedó definitivamente tocada y, hasta el día de hoy, todavía en España hay escasez severa en la oferta de alquileres para vivienda; se calcula por el Banco de España que en el año 2005 existían más de tres millones de viviendas vacías.

Nuestra actual legislación, pese a mejorar la situación, no protege como debiera al propietario. Tomemos como ejemplo el actual artículo 9 de la LAU que, pese a comenzar proclamando que existe libertad para pactar la duración del contrato, acaba estableciendo un plazo mínimo exigible por el arrendatario de cinco años, reforzado con la imposibilidad de modificarlo por inaplicación de la libertad de pactos en contrario que supone el artículo 6 de la LAU (es decir, libertad condicionada tan a gusto de los partidarios de terceras vías entre libertad e intromisión de los poderes públicos).

Sería deseable que no se fijara por ley una duración mínima del contrato de arrendamiento y se estableciera libertad soberana de lo que acuerden las partes (por meses, años, lustros, décadas…). Pero ya se sabe, el legislador duda de la responsabilidad de los individuos y les da “sabiamente” guías mínimas aplicables para todos los casos.

Asimismo el artículo 21 de la LAU obliga al propietario a conservar la vivienda y, por tanto, a realizar a su costa todas las reparaciones necesarias para su habitabilidad, adjudicándole una obligación que debiera haberse dejado a la libre contratación de dichos términos entre las partes, sin establecer pautas obligatorias.

Además está la crónica dificultad de la recuperación posesoria de la vivienda por parte del propietario cuando el inquilino incumple sus obligaciones contractuales, haciendo del arriendo en España una aventura.

Pese a la reforma de la LEC (Ley 1/2000) y las posteriores reformas en relación con los juicios de desahucio (1,2), sigue habiendo demoras por la carga de trabajo acumulada en los juzgados. Asimismo el propietario, en muchas ocasiones, ve cómo se concede el beneficio de justicia gratuita si es solicitado por el demandado (consiguiendo dilaciones en el procedimiento con claro perjuicio para el arrendador); y cómo el demandado puede echar mano, aunque sólo sea una sola vez, a la enervación del desahucio al permitirle, antes de la celebración de la vista, la terminación del proceso mediante la puesta al día en el pago de sus rentas (existencia de cierta inseguridad jurídica para el demandante) que implicaría, además, la imposición de costas al propietario en caso de llevarse a cabo justo antes de que se le notifique la demanda al inquilino moroso. La historia no acaba todavía si se celebra juicio y el demandado termina interponiendo un recursos de apelación, debiendo el propietario esperar a que se resuelva para recuperar la posesión de lo que es suyo.

El via crucis del arrendador no ha concluido aún: una legislación excesivamente garantista con el infractor de los derechos de la propiedad impide una protección adecuada del arrendador frente a su inquilino demandado cuando este último se entretiene, por ejemplo, destrozando la vivienda antes de que se proceda a su lanzamiento.

Todas estas intenciones proteccionistas del legislador por favorecer al inquilino acaban por perjudicarle. Por la sencilla razón de que el propietario que estuviera dudando entre alquilar o no su propiedad, lo normal es que acabe por no hacerlo o pida unos avales bancarios inaccesibles para muchos de los que tienen verdadera necesidad de arrendar una vivienda.

Es deseable que el derecho defienda decididamente la propiedad, el libre desarrollo de la libertad de pactos y la eficaz recuperación de la posesión por parte del propietario ante incumplimientos contractuales del arrendatario. Con un número mayor de ofertas de alquiler todos saldríamos ganando, tanto propietarios como inquilinos.

Por desgracia, frente a estas deficiencias, las iniciativas del actual legislador parece que van justo en el sentido opuesto a lo anteriormente planteado: mantener el espíritu de la LAU y la LEC, mayor control de los arriendos para gravarlos fiscalmente, creación de una sociedad pública de alquileres, aprobar iniciativas legislativas de expropiación temporal de viviendas vacías para ser alquiladas por la administración, considerar a los okupas como una suerte de cultura urbana…

Todos salimos perdiendo. Ante las interferencias legislativas y la falta de protección integral de la propiedad privada, la realidad nos hablará siempre de escasez de viviendas en alquiler mientras no exista un entorno jurídico favorable que incentive a los propietarios a desprenderse voluntariamente de su posesión.

Principio de precaución

¿Por qué la Unión Europea la ha prohibido? Porque el método para juzgar si se permite o no el uso de un químico es distinto al de Estados Unidos. Mientras que allí la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) juzga los beneficios que puede obtenerse de su uso frente a los riesgos (en este caso los primeros superan ampliamente a los segundos), en Europa se utiliza el principio de precaución.

Este principio dice que si un producto o una nueva tecnología puede generar algún tipo de perjuicio, por pequeño que sea, dado que no conocemos plenamente su incidencia futura, se prohíbe; al menos temporalmente.

Les pondré un ejemplo: los ecologistas decían que los pesticidas con que se cultivan las manzanas producen cáncer. Lo que no decían es que para acumular cantidades cancerígenas tendríamos que ingerir un número de kilos de manzana al día que nos causaría cualquier otro problema antes que el cáncer, y que en cualquier caso está muy lejos del consumo normal.

Por otro lado, los estudios científicos muestran que el consumo de manzanas ayuda a prevenir el cáncer. Los beneficios superan a los riesgos, pero la aplicación consistente del principio de precaución llevaría a prohibir o suspender la venta de manzanas con pesticidas.

Mientras que el riesgo es una parte de la experiencia humana, lo tenemos en cuenta cuando actuamos y forma parte del conjunto de normas e intuiciones que llamamos razón, el principio de precaución es el uso de lo razonable llevado hasta el absurdo.

Yo propongo que para los nuevos productos y para las tecnologías que desplazan a las antiguas utilicemos razonablemente los beneficios frente a los riesgos, mientras que para las medidas de los políticos utilicemos el principio de precaución. Es el único uso beneficioso que se puede hacer de él.

Kyoto, un juego de suma cero

Es una de tantas matraquillas falaces que repiten sin cesar los enemigos de la libertad e idólatras del dirigismo estatal. Desde la educación infantil hasta la universidad, la idea es coreada por "educadores", "maestros" y "profesores". Sin embargo, la verdad es justo la contraria: el sistema capitalista permite un formidable ritmo generación de riqueza y hace ricos a quienes, a su vez, enriquecen a las personas con las que interactúan. Sólo se puede crear una gran fortuna enriqueciendo a una gran parte de la población.

Pero en los últimos años el movimiento ecologista, verdadero refugio de todos los enemigos del capitalismo desde que comenzaran a caer los cascotes del muro que derribaron los esclavos del comunismo, ha logrado convertir nuestro sistema económico en un perfecto juego de suma cero. El cambio climático les ha dado la excusa idónea para coaligarse con políticos de izquierda y derecha e imponer un modelo en el que el crecimiento de unas industrias se lleve a cabo a costa del decrecimiento de otras. A través de la introducción del racionamiento de emisiones de CO2 y de los planes nacionales de asignación de derechos de emisión han logrado que la falacia deje de ser tal. Ahora, para que puedan surgir nuevas industrias o para que las ya existentes puedan ampliar su producción más allá de los planes quinquenales hace falta que otra empresa reduzca la suya. Esta perversión del sistema capitalista supone el mayor coste del Protocolo de Kyoto. A su lado, el coste del pago de los derechos de emisión, actualmente siete veces el monto máximo prometido por Narbona, resulta insignificante.

Por un lado nos encontramos con empresas que no pueden crecer de la forma que les pide el consumidor o que no son capaces de invertir en nuevas tecnologías porque el pago de nuevos derechos de emisión para ampliar la producción les resta unos preciosos recursos que van a parar a manos de buscadores de rentas ajenas. Acerinox, por ejemplo, ha paralizado las inversiones en España y las ha potenciado en EEUU y Sudáfrica debido a este despropósito. Por otro lado tenemos un creciente número de empresas que, en vez de dedicarse a satisfacer al consumidor para lograr el máximo posible de beneficios, buscan el beneficio que ofrece la venta de derechos de emisión. El consumidor deja de ser el soberano en este juego siniestro que guarda la apariencia de economía de mercado. En los últimos días se ha sabido, por ejemplo, que la industria de la cerámica gallega ganó más el año pasado vendiendo derechos de emisión que produciendo para sus clientes.

El siguiente paso lógico en esta cadena intervencionista es ver cómo las industrias que sacan partido del racionamiento montan sus lobbies en Bruselas para que las decisiones políticas en torno a los derechos de emisión les sigan siendo propicias. Ahora los enemigos del capitalismo podrán decir con razón que vivimos en un sistema de suma cero, aunque éste no sea el capitalista, sino el que los ecologistas radicales nos han impuesto.

Con Conthe no han podido

De modo que sólo puedo imaginarme la sensación que produce tener la voluntad de imponerse sobre los demás y creerse con la capacidad de tumbar cualquier oposición, pero me da la impresión de que José Luis Rodríguez Zapatero la conoce perfectamente.

Fíjense, si no, en el caso Endesa. Acuerda entregársela a Gas Natural a 21,30 euros por acción, de los cuales se paga en dinero dos terceras partes, y financiando parte del coste con la venta de una parte de los activos a Iberdrola. Como quiera que ese acuerdo tiene sentido en un patio de colegio o de prisión, pero no en un mercado abierto, E.On ve la oportunidad de adquirir la empresa española a muy buen precio (27,50). Gas Natural no tiene con qué enfrentarse a la alemana, pero Zapatero sí, o al menos eso es lo que hace ver desde el comienzo.

Apela al nacionalismo; él, que no cree en España. Cambia la legislación para dar más poder a la CNE, ese organismo risible, y utilizarlo para hacer menos atractiva a E.On la compra de la española. ¿Qué en el "corazón de Europa" le dicen que allí los Tribunales no son como la fiscalía española? ¿Qué le recuerdan que no le van a permitir saltarse las leyes? Ahí se las den todas, mientras tanto tiene tiempo para imponerse.

Como E.On avanza impertérrita, mueve los hilos buscando alguna empresa española que la frene. Suenan varios teléfonos, pero es el de Acciona el único que da buen resultado. La empresa entra, pero no logra detener a los alemanes. El Gobierno barrunta un acuerdo de la empresa de los Entrecanales con E.On, y le basta con hacer mención de la regulación sobre energías renovables, la gran apuesta de Acciona, para que ésta responda en primer tiempo de saludo. No hay trato con E.On. Aún así, todo indica que los alemanes se llevarán el gato al agua, de modo que Zapatero pactó con Prodi la entrada de Enel.

Adam Smith ya advertía del error de quienes ven la sociedad como un tablero de ajedrez, porque aquí las fichas tienen su propio impulso. Nuestro iletrado presidente no lo ha tenido en cuenta y ha topado con un alfil rebelde: Manuel Conthe, que ya se había atrevido a poner en evidencia que un periodista de la SER fue el encargado de entregar en la CNMV un dossier contra Francisco González; un hombre así resulta imprevisible. Conthe, hasta donde yo sé, no es un hombre dado a compromisos. Y, hablemos claro, se ha negado a ser una pieza más en la estrategia zapateril y tiene más aprecio por su dignidad y su persona de lo que Zapatero es capaz de concebir. Como en todas, en esta historia hay un elemento que mantiene abierto el final: que hay personas que, como Manuel Pizarro o Manuel Conthe, no tienen miedo de alzarse sobre sus pies.