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Colbertismo

Resulta difícil destacar alguno, pero acaso, por la permanente vigencia de su legado, cabría destacar a Jean Baptiste Colbert, administrador de la hacienda de Luis XIV. Desde su privilegiada posición puso en marcha como ningún otro el programa mercantilista hasta sus últimas consecuencias, con una decisión y un convencimiento dignos de mejor causa.

Colbert no conocía límite. Al proteccionismo sin consideración más la creación de empresas públicas o la promoción de gremios, se suma un afán desbocado por regularlo todo, que le llevó del control de la economía al control de la sociedad.

El profesor Cabrillo ha llamado al capítulo dedicado a nuestro hombre Colbert, ministro de cultura. No puede ser más a propósito, porque uno de los afanes de este hombre era el control de las artes y las letras. Para alguien que había ordenado incluso el número de hilos que puede tener un paño, claro está que no quería que ninguna representación del teatro o de música se escapara a sus designios.

Colbert hubiera podido quedar para las curiosidades y extravagancias de la historia, si no fuera porque su legado se mantiene gracias al eviterno deseo de nuestros políticos de controlar la sociedad. Como dice el profesor: "esa mezcla de regulación y subvenciones que hoy atenaza la vida cultural de no pocos países encontró en el ministro francés un valedor decidido".

Pero Colbert no sólo se adelantó a futuros ministros de Cultura, sino a los de Industria y, con ejemplos como el de Elena Salgado en España, incluso a los de Sanidad. Aunque aquello de cercenar el comercio de vino en un país productor y consumidor como es España es posible que le hubiera sorprendido incuso al propio Jean Baptiste Colbert. Para que luego digan que todo lo que no es tradición es plagio.

El PP no se entera

Pero no por ello es menos importante el programa que el único partido de la oposición quiere presentar ante los votantes. ¿Es decepcionante? Mucho. Por comenzar por lo mejor, prevé la rebaja en un punto del IRPF y la progresiva desaparición del impuesto sobre sucesiones y donaciones, uno de los más injustos. Pero a partir de ahí, vacila entre la nada y el despropósito.

Propone penas más duras para los delitos de corrupción, lo que es irrelevante. ¿Están acaso las cárceles llenas de alcaldes y concejales? Si quien se beneficia del poder arbitrario que tienen los responsables de urbanismo de los ayuntamientos sabe perfectamente que lo más que le puede ocurrir es que le sustituyan en el chiringuito, ¿qué más da si aumentan o disminuyen las penas? El problema está en que en última instancia dependa de la decisión de un pequeño grupo de personas el que un terreno se pueda utilizar para un uso ruinoso u otro que generaría enormes beneficios. Hacer política en el urbanismo es el problema. No se permite que sean los empresarios quienes decidan cuál es el uso más adecuado de cada parcela, sino que es el concejal de turno el que puede permitir o no un negocio millonario. Si el PP quiere acabar con la corrupción urbanística, que liberalice el suelo en sus comunidades autónomas, en la medida que le permita la terrible Ley Trujillo.

Por lo que se refiere a Sanidad, el PP propone mantener y profundizar en el sistema. La gente recurre a él para los aspectos en que aún es fiable, pero prefiere el sistema privado. Todos pagamos el sistema público, pero en cuanto podemos huimos de él, incluso haciendo un pago añadido para que nos traten en el privado. ¿No será mejor facilitarle a la gente lo que desea?

¿Qué decir de la educación? El PP lo tiene muy fácil. Sólo tiene que recoger el creciente interés de sus votantes por el cheque escolar. Las ventajas serían enormes. No sólo introduciríamos más competencia entre las escuelas, lo que mejoraría la calidad. Es que facilitaríamos a los padres la elección de la educación que quieren para sus hijos y que, salvo contadas excepciones, no tiene nada que ver con la Formación del Espíritu Progresista que nos quieren imponer desde Educación.

Me da la impresión de que hay algo que todavía no acaban de ver claro en el PP. Sus votantes quieren que se les permita decidir sobre ámbitos cada vez más amplios de sus propias vidas. Pero esta derecha se empeña en imponer sus valores desde el Estado, y en su torpeza acaba asumiendo e imponiendo los de la izquierda. Si acepta el sistema, se traiciona. Si lo transforma en una sociedad más liberal, en que la gente pueda tomar sus propias decisiones y tenga más sobre lo que decidir, no sólo nos hará un enorme favor, sino que ampliará la base de su electorado.

Riñones para la libertad

Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad (Miguel Hernández)… “si nos dejan”, dirían algunos.

Me refiero, claro está, a la actual legislación española sobre trasplantes de órganos, que entre otras cosas requiere un diagnóstico de muerte cerebral previo a la extracción del órgano que vaya a ser trasplantado. Como sólo contamos con un corazón o un hígado, es obvio que tales órganos o se le extraen a un muerto o a un vivo a la fuerza; dejo las disquisiciones sobre el bizarrismo contractual a los interesados en ellas.

A pesar de que la ley se autoproclama respetuosa y promotora “de los principios de altruismo, solidaridad, gratuidad, información, consentimiento informado de los donantes vivos, comprobación de la no oposición de los fallecidos y finalidad terapéutica” se me ocurren al menos dos casos en los que, existiendo casi todos estos requisitos, formulados además por un ser vivo, no a posteriori por un fallecido, el trasplante de órganos está actualmente, e injustamente, restringido.

En 2003, había en España más de cuatro mil personas a la espera de un trasplante de riñón. A menudo, los pacientes de insuficiencia renal han de esperar hasta dos años para que aparezca –fallezca– un donante. Durante todo ese tiempo, deben someterse a la molesta y cara diálisis, bien en un centro hospitalario, bien en su domicilio. Al dolor se suma la angustia de no saber qué llegará antes, la señora de la guadaña o la operación.

En cambio, muchas de esas personas tienen parientes que estarían gustosos de donar uno de sus riñones de forma gratuita simplemente porque, aplicando un criterio puramente utilitarista, la dicha de ver al ser querido en buen estado de salud es mayor que la molestia de someterse a una operación quirúrgica. A esta razón podríamos sumarle otras de carácter iusnaturalista, la promoción de la vida, etc., e incluso remontarnos a Santo Tomás de Aquino y afirmar que la donación entre vivos de un órgano sin el cual el donante puede seguir viviendo pero que el receptor precisa para sobrevivir es sin duda alguna una elección plenamente razonable.

Incluso en el caso del trasplante de córnea, ¿qué hay de malo en pensar que antes de que mi marido se quede ciego, prefiero que ambos seamos tuertos? Además de los beneficios evidentes de poder seguir mirándonos a la cara –algún cínico diría que eso es peor; mi romanticismo me lleva a pensar lo contrario– la tecnología actual minimiza en grado sumo el impacto estético que una operación así conlleva. Supongo que un médico añadiría más casos en los que un vivo puede donar un órgano o parte de él a otro, y sobre los que existe un vacío legal, cuando no prohibición expresa.

En contraste con los EEUU, donde casi la mitad de los trasplantes renales se realizan entre vivos, en España esta cifra sólo llega al 5%, y el número de hospitales en los que es posible para un vivo donar un riñón a otro se cuenta con los dedos de una mano. Según me cuentan fuentes médicas que prefieren permanecer en el anonimato, la actitud de la administración hacia los trasplantes entre vivos es, por decirlo suavemente, desalentadora, a pesar de que un riñón donado por un pariente vivo es más seguro y duradero que el de un muerto, y la operación mucho más barata que un largo tratamiento de diálisis, por no mencionar los beneficios psicológicos para el paciente. No me extraña que la proporción de donantes americanos muertos sea menor que la de españoles. Simplemente ellos prefieren hacerlo mientras están vivos –otra evidencia de lo falaz que resulta comparar el supuesto materialismo, egoísmo y todo lo demás de los maléficos gringos con la solidaridad hispana.

No deseo parecer demagógico, pero la próxima vez que se enteren de que alguien en la India o América Latina ha sido asesinado para así extraerle un riñón, probablemente por alguna mafia que se lo vende a un occidental, piensen si podríamos establecer algún tipo de relación entre esta muerte innecesaria y las restricciones que muchos países europeos imponen a los trasplantes entre vivos. Esto abre la puerta a la discusión sobre la comercialización de los trasplantes, el llamado tráfico de órganos que tanto escándalo causa a algunos críticos de esta institución. A ellos les preguntaría: ¿qué prefieren, un indio asesinado o un indio vivo y con el estómago lleno?

El acomodador y el burócrata

Estamos condenados al fracaso porque intentamos centralizar un tipo de información que no puede ser centralizada. Por más que nos pongamos a discutir sobre cuánta gente ha de entrar y salir, nunca llegaremos a saber cuánta lo está haciendo realmente.

Algo similar le ocurre al tema de la inmigración y la productividad del país. Para el ministro Caldera, España necesita 200.000 inmigrantes más este año. Por otra parte, distintas organizaciones dicen todo lo contrario. Todos ellos dan supuestas soluciones a un problema que no las tiene. De hecho, el verdadero problema es creer que existe una solución y que se puede alcanzar por medio de restricciones centralistas. La información es tan contradictoria que ni el propio gobierno se pone de acuerdo. Por ejemplo, según la Encuesta de Población Activa (EPA), a finales de 2006 aparecían 745.000 inmigrantes en estado de ocupados que no existen en la Seguridad Social. No sólo eso, sino que casi 450.000 españoles registrados en la EPA como ocupados no están dados de alta en la Seguridad Social. Otro ejemplo, si le preguntamos a Caldera cuántos ecuatorianos hay en España nos dirá que 400.000, tal y como afirmó en su último viaje a Quito, pero si le preguntamos lo mismo al responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, nos dirá que 700.000. ¿Quién tiene razón? Probablemente, ninguno de los dos.

A Caldera le ocurre lo mismo que al acomodador de nuestro ejemplo: no tiene ni idea de lo que está manejando. No sabe cuántos inmigrantes tiene España, ni cuántos entran ni salen, ni cuál es la producción real de España (el PIB no es muy de fiar), ni la oferta ni demanda laboral efectiva ni, en definitiva, la mayoría de datos que usa en sus cálculos. El error de los políticos es que tratan a España y sus habitantes como si fueran de su propiedad regulando las acciones humanas, decidiendo sobre las vidas de las personas: Caldera decide la "cuota productiva" de inmigrantes que ha de entrar para mantener el "bienestar del país". La realidad es otra y el fracaso evidente, ¿o es que Caldera ya tenía previsto que a día de hoy más de 100.000 inmigrantes estarían cobrando el paro? Si es tan buen diseñador social, que los coloque a todos. No es Caldera quien paga sus errores, sino nuestras empresas, nuestra economía doméstica y una gran parte de los inmigrantes que esperaban encontrar aquí un país próspero y receptivo a sus ganas de trabajar.

Las acciones humanas no pueden ser reguladas por ningún dictador de la producción, porque la gente se mueve por incentivos, no por las leyes ni por las buenas intenciones de los burócratas. En un entorno de libertad, la inmigración se autorregula según las necesidades reales del libre mercado. Las cuotas, impuestos, leyes laborales, salarios mínimos y el resto de aberraciones económicas impuestas por el Gobierno se limitan a romper la armonía económica fomentando el caos y la filosofía del sálvese quien pueda. Así trabaja el socialismo.

Caldera tendría que darse cuenta que sólo hace falta una ley, y ninguna más, para conseguir una sociedad libre, prospera y civilizada: la de la oferta y la demanda, la de la libre acción humana; de lo contrario, sólo colaborará en la perpetuación del desconcierto y el parasitismo.

Partitocracia y poder del Estado

La Constitución Española consagra el papel de los partidos políticos en su artículo 6 al asegurar que:

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento debe ser democrático.

Si bien en ningún momento se asegura que estas instituciones ostenten en exclusiva la actividad política, en la práctica podemos asegurar que la acaparan sin sonrojo ni vergüenza. Semejante situación emana precisamente del carácter colectivista de nuestra norma máxima, en la que la propiedad y la libertad individual están supeditadas al bien común y precisamente es este confuso concepto el que sobre todo la izquierda, pero también la derecha conservadora esgrimen para llevar a cabo sus intereses electorales que hacen coincidir con los intereses de los ciudadanos.

Este monopolio de la representatividad es sinónimo de totalitarismo encubierto cuyo grado de intensidad depende de la bondad del que ostente el poder. El supuesto comportamiento democrático de los partidos se limita a una votación, generalmente a mano alzada, para aclamar al líder de la facción que, entre bambalinas y con maniobras poco claras, se ha hecho previamente con el poder. Este proceder no debería sernos extraño ya que la educación pública y la labor de zapa de los partidos políticos ha convertido la democracia en sinónimo de elecciones.

El pluralismo político debería estar inspirado en las ideas de todos y cada uno de los ciudadanos, no en el sospechoso y en muchos casos corrupto comportamiento de un grupo que dicen responder a los deseos e intereses de los españoles o de parte de ellos como es el caso de los partidos nacionalistas. El poder del partido político radica precisamente en las competencias universales del Estado. Mientras los partidos a través de cada una de las instituciones que lo conforman, controlen y creen la legalidad y su aplicación, obtenga recursos pecuniarios a través de una fiscalidad cada vez más confiscatoria y sigan ampliando sus competencias, la situación no irá haciendo otra cosa que empeorar, pasando de la demagogia al totalitarismo.

Así, la corrupción, el control de facto de los poderes políticos en teoría separados, el subsidio de minorías políticamente relevantes o el control de la educación y de la cultura, entre otros asuntos, nunca serán cosa del pasado sino de un presente real y de un futuro inquietante, justificado por un porvenir mejor o por la necesidad de dejar un mundo idealizado a las generaciones venideras a través de planes utópicos o poco realistas de ingenieros sociales y soñadores de dudosa visión.

Algunos apuntan a la descentralización como una solución a medio o largo plazo. Personalmente, creo que la descentralización no sería mejor ni peor que una nueva centralización. Los males radican en la naturaleza del Estado hipertrofiado con competencias que regulan desde la educación a la manera de comportarnos, que nos aseguran precios "ideales" en servicios "estratégicos" o una vida "digna" con necesidades "esenciales", y donde lo "ideal", "estratégico", "digno" y "esencial" es dictado desde el poder. Mientras el ciudadano no recupere el control de su vida, la descentralización será una simple reasignación de competencias de forma que las secciones regionales de un partido tomarán más poder del que tienen las centrales del mismo, pero no una mejora. De poco serviría trasladar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos a las comunidades autónomas o viceversa si no se reduce, o mejor, desaparece el papel de las administraciones públicas en el mercado inmobiliario. Estas medidas cosméticas únicamente terminan contentando a los que ven en la intervención la única solución para solucionar los males… de la intervención. A los demás sólo les termina frustrando.

Tucker: ¿el sueño emprendedor?

Tucker, un hombre y su sueño (Francis Ford Coppola, 1988) es una de las escasas muestras cinematográficas en torno a los emprendedores. La película cuenta la aventura real de Preston Tucker, un famoso constructor de automóviles que en la década de los 50 se enfrentó a las grandes firmas de Detroit con un modelo tecnológicamente revolucionario. El filme refleja rasgos esenciales de la empresarialidad –innovación, creatividad, asunción de riesgos– pero también descubre la falta de dirección estratégica para los negocios entre los denominados capitanes de empresa.

La historia narrada por Coppola es atrayente, visualmente eficaz; algunos críticos vieron en ella un remedo de la propia trayectoria de este cineasta. Jeff Bridges, el actor que encarnó a Tucker, suele a su vez interpretar personajes entusiastas, desmesurados en ocasiones, más grandes que la vida; la identificación con el personaje fue plena, la valoración en la biopic del imaginativo industrial americano es enaltecedora.

Tucker, arquetipo de hombre con altos niveles de logro, quiso ofrecer al público un automóvil familiar amplio y seguro, caracterizado por su veloz motor trasero. General Motors y Ford no estaban dispuestas a tolerar ese nuevo competidor. Preston gozaba de óptimas condiciones de partida: un equipo profesional sinérgico con altas economías de aprendizaje y una campaña publicitaria exitosa que convencía a los distribuidores. El nudo gordiano gravitaba en la financiación de recursos; para desatarlo Tucker acudió al gobierno federal que le garantizaba previo aval económico una antigua fábrica militar para sus proyectos. Los sabotajes del oligopolio, la amenaza política y la intromisión de los socios mayoritarios complicaron a Preston. El desenlace queda pendiente para aquellos que quieran descubrir o recordar la película.

El modelo de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter, que analiza los entrantes potenciales en un mercado, puede ser un instrumento útil que revele el éxito (y el ocaso) de numerosas iniciativas emprendedoras. Aplicando la explicación de Porter, Tucker tenía un producto diferenciado, asegurados los canales de distribución y garantizada la inversión necesaria. Menos obvia era la cuestión relativa a las economías de escala imprescindibles para sostener tamaña operación empresarial. En la actualidad diseñar y lanzar un nuevo modelo de automóvil cuesta alrededor de 1.500 millones de dólares. Está claro, por otra parte, que un principiante como Preston tardaría en alcanzar la ventaja absoluta en costes de los que llegaron al inicio. Nuestro héroe, por desgracia, derrapaba en las barreras administrativas, así como en las más que probables represalias: nunca uno pudo imaginarse los resultados que para el caso consiguieron los corruptos senadores de Chicago contra la empresarialidad. Si Toyota, Nissan y Honda supieron introducirse en el mercado norteamericano fue porque las Tres Grandes desecharon en el momento que les vino en gana ese segmento de coches pequeños.

Tucker, además de improvisar en los plazos de entrega, no consideró estratégicamente los factores clave de éxito en sectores maduros (el automóvil estadounidense en la mitad del siglo XX comenzaba a serlo) así como el intervencionismo del frente gubernamental del que fue finalmente rehén. Los emprendedores de su estilo quizá auxilien a los gigantes que pretenden combatir, reduciendo éstos el precio para hundir a los primeros y alargando sus imperfecciones en un clima de aparente juego libre. La piedra de toque seguirá siendo el marco normativo: las leyes y quienes las aplican. Por esta razón el BBVA entra en Texas y abandona el embudo latinoamericano, claro. Los autotitulados campeones nacionales en múltiples sectores permanecen saboreando un liderazgo marmóreo: la incomparecencia de contrincantes en el pugilato lo hace aún posible.

Talante intolerante

Entre los fundamentos epistemológicos del conocimiento científico están el escepticismo (la duda) y el análisis crítico; un componente esencial de la libertad es la tolerancia, especialmente hacia lo que dicen los demás. Caldera no es ni un intelectual ni un liberal y se nota: no tolera la duda, ni siquiera la más pequeña.

Las pensiones ya están en quiebra porque no existe un fondo de activos productivos para pagar a los actuales cotizantes. Lo que hay en el sistema actual de reparto es la promesa informal de que si se dejan confiscar ahora parte de su riqueza (para entregársela a los pensionistas de hoy), en el futuro el gobierno confiscará la riqueza de otros para dársela a ellos (salvo que a los políticos les resulte electoralmente rentable cambiar de opinión o sea imposible cumplir su compromiso).

Las pensiones públicas son inestables y su final promete ser catastrófico: el sistema no tiene grandes problemas cuando aún es posible modificarlo (cuando hay muchos cotizantes y pocos pensionistas), y es políticamente muy difícil cambiarlo conforme se aproxima el desastre (cuando hay muchos pensionistas y trabajadores a punto de serlo que no quieren reformas dolorosas, y pocos cotizantes lejos de la jubilación, que es el futuro de la población de España cuando se difumine el efecto transitorio de los inmigrantes).

Tal vez Caldera tenga razón: no hay que dudar sobre la viabilidad futura de las pensiones estatales, pero porque podemos estar plenamente seguros de que son insostenibles. Si alguien insiste en dar plenas garantías tenemos buenas razones para sospechar que se trata de un intento de ocultar un sistema fraudulento (en este caso una estafa piramidal). Y es que el problema principal del sistema de reparto es que viola el derecho de propiedad y no es ético, además de insostenible.

Cuba, Internet y Stalinux

Entre ellas, que el navegador sólo pudiera conectarse a la Stalinternet, que consistiría, naturalmente, en el Granma, en la propia web de Stalin Vive y dos o tres más del jaez, además del afamado buscador Goolag. Pero, claro, aquello era una broma.

El caso es que la semana pasada tuvo lugar en Cuba un evento, cuanto menos, extravagante. Se trata de una gran convención y exposición de informática en un país donde hay que hacer cola para conseguir comida, en el mejor de los casos, o prostituirse, en el peor. Un evento sobre la ingeniería de la información en un país donde la información libre se persigue y castiga. Así pues, se mostró al mundo (es un decir) el buscador del régimen que, como es natural, sólo ofrece resultados de las páginas cubanas, todas ellas pertenecientes al Estado, claro. Además de las tradicionales búsquedas en web, imágenes o prensa ofrece la excitante posibilidad de restringir nuestras pesquisas a los discursos de Fidel Castro. Sin duda, es lo que los cubanos llevaban años reclamando.

El caso es que el acceso a la Red está tan prohibido al ciudadano de a pie como la posesión de un ordenador. Son ambos algo subversivo, que pone en riesgo a la gloriosa robolución que algunos defienden con tanto ahínco en España, quien sabe si por temor a la célebre videoteca del coma-andante. O por verdadera fe en las virtudes del esclavismo comunista, que de todo hay. Sólo el 0,9% de los cubanos tiene acceso a Internet, y en condiciones bastante limitadas. Sin embargo, durante esa convención el matarife a cargo de la Informática, Ramiro Valdés, aparte de echarle la culpa a Estados Unidos de sus males tecnológicos, hizo el gran anuncio de que Cuba se iba a pasar al software libre y que ya estaban creando una distribución propia de Linux. Lamento decepcionarles, pero se llamará Nova, no Stalinux.

El anuncio ha contado con un invitado de honor, el mismísimo Richard Stallman en persona. Delante de varios jerarcas del régimen, tuvo la cara dura de denunciar la inmoralidad de las restricciones impuestas por los derechos de autor, comparándolas con unas leyes que condenaran a prisión a quienes se intercambiaran recetas de cocina, en el mismo país donde se encarcela a quienes disienten del régimen y se pasan unos a otros literatura "subversiva". No hay noticias, por supuesto, de que condenara el régimen o dijera una sola palabra de apoyo a los disidentes, no digamos ya reunirse con ellos; tan sólo esbozó un breve lamento por las restricciones al uso de Internet. Sin embargo, no renunció a calificar a Bush como el "mayor violador de las libertades" y denunciar el "injusto" embargo, como ha de hacer toda estrellita que se precie cuando visita Cuba.

Se ha criticado mucho el comportamiento de las grandes empresas de Internet en China. Sin embargo, al menos Google, Yahoo y Microsoft pueden alegar en su favor haber ofrecido a los internautas chinos una ventana al mundo exterior, tapiada por los tablones que impone el régimen, pero un soplo de libertad al fin y al cabo. No está nada claro, en cambio, qué ventajas para los cubanos sometidos por los Castro ofrece Stallman a cambio de darle palmaditas en la espalda al régimen que los somete. Pero, claro, Stallman es un idealista y, por lo tanto, sus tejemanejes con los tiranos de la Isla-Cárcel no pueden ser censurables. Es que es de izquierdas, el chaval. Que jodío.

El marketing de la solidaridad

A lo artificial suele oponerse lo natural con al intención de dar a lo fabricado por el hombre una carácter maléfico, una especie de impronta moral que señalaría el origen impuro del producto, del bien, en su concepción capitalista.

La divisoria no siempre es clara. Al fin y al cabo se trata de condenar a las grandes multinacionales; a los fabricantes masivos de bienes y servicios; a los gigantes de la distribución o a los intermediarios, no al pequeño, al buen artesano que trata de colocar su mercancía sorteando las dificultades de un mercado dominado por el interés y la globalización.

El "comercio justo", la "sostenibilidad" y otros adminículos intelectuales de la nueva izquierda comparten con "lo artesano" un universo de valores que oponer al egoísmo y la avaricia característicos del mercado capitalista. Se trata de potenciar un mercado paralelo en el que no hay cabida para el beneficio, finalidad en la que se resume la inmoralidad implícita en el comercio en una sociedad libre.

Las críticas al comercio ya las encontramos en el formidable enemigo de la sociedad abierta que fue Platón, un firme partidario de la "organización aristocrática de la sociedad, ya que el comercio ha sido siempre despreciado por la nobleza, que no por ello ha dejado de usar los servicios de los comerciantes, a lo que a veces ha sometido incluso a pillaje". "Lo sorprendente", continúa Harold B. Acton, "es que tal actitud aristocrática perviva en la sociedad actual".

La nueva izquierda aristocrática ha dado la espalda a Marx y de paso se ha hecho malthusiana. El comercio justo y la sostenibilidad son su mejor bandera. Si queremos hacer que le mundo sea mucho mejor, nos dicen, podemos intentar la transformación desde nuestro bolsillo, cambiando nuestro hábitos consumistas.

Adaptada a los nuevos tiempos la izquierda renueva sus paradigmas sin desprenderse de la vocación reformista y moralizante de antaño. La condena sin paliativos al comercio se ha suavizado, ha adaptado su mensaje envasando sus preferencias morales y concediendo un espacio a un comercio solidario contrario a la competencia y al lucro. Y es que, nos dicen, la solidaridad es la mayor realización de una sociedad cooperativa, una sociedad que crece con el sostenimiento de estructuras que fomenten la cooperación y no la competición.

Sin embargo, aunque la vieja izquierda evoluciona y se hace tímidamente darwiniana no termina de encajar que "no es posible representar al ser humano exclusivamente como un animal egoísta, capaz de construir, por acuerdo racional con otros individuos egoístas, sólo una colaboración social conscientemente diseñada" (Schwartz). La izquierda no puede dejar de ser constructivista y desde luego no entiende al mercado.

Las grandes multinacionales han encontrado fórmulas para dar a sus productos una especie de envoltura "sostenible" y artesanal. El marketing solidario/ético/humanista es prueba de ese esfuerzo y una demostración de la efectividad de las consignas izquierdistas… y de sus contradicciones. O sencillamente del desconocimiento al que antes aludía. Las empresas aportan fondos a ONGs de fines nobilísimos; incorporan a sus portfolios productos solidarios, conscientes de que existe un deseo de transformación social que busca satisfacerse con mínimos cambios conductuales. El mercado se abre camino, a veces devorando a sus enemigos. Junto a los que consumen solidaridad, como valor añadido a los productos que adquieren, otros primarán bienes por motivos mucho menos elevados. Entre tanto será la libertad y no una moral embotellada la que saque de la pobreza a otros tantos millones de personas que ya se benefician de la competencia global, que no es enemiga de la cooperación, como pretenden hacernos creer.

Parafraseando a Mises, si queremos evitar la destrucción de nuestra civilización debemos mostrar o demostrar lo mucho que le debemos a la vilipendiada libertad económica, al sistema de libre empresa y al capitalismo.

E.On y el factor cancha

Y no pocos han interpretado su asalto a Endesa como el intento de dar vida al punto 8 del Pacto del Tinell, el acuerdo político del tripartito, que preveía: "actuar desde la Generalidad, en concertación con el sector privado para impulsar la creación o consolidación, en su caso, de empresas y operadores catalanes, públicos o mixtos, en sectores estratégicos", como la energía.

Cierta o no, la sospecha no puede considerarse infundada, y este simple hecho provoca una distorsión enorme en el mercado. Su desenvolvimiento debería atender a las necesidades reales de la gente, esas que los empresarios se esfuerzan por identificar y atender. Pero es un hecho que la clase política tiene en su mano muchos instrumentos que le permiten meter mano, perjudicar o favorecer a las empresas. No hay regulación que afecte por igual a todas. Puede favorecer una fusión o adquisición en función de un concepto tan vago como los "campeones nacionales" o intentar evitar una operación similar tomando en falso el nombre de la competencia. O puede cambiar las normas en pleno juego, como ha hecho el Gobierno mediante la CNE.

No obstante la OPA de Gas Natural es cosa del pasado y ya sólo queda por dilucidar si la de E.On saldrá adelante. De tener éxito, Endesa pasaría a depender de una empresa extranjera. Salvo que uno sea muy cerrado de mente, nada que objetar; más de la mitad de los accionistas de la eléctrica son de otras partes del mundo.

Mas por lo que se refiere al Gobierno, la situación habrá cambiado notablemente. A partir de ahora cualquier actuación que pueda perjudicar a la empresa le creará problemas que ya no puede resolver "en casa", sino que habrá de vérselas con la CE y con Alemania. Tendrá las manos un poco más atadas por los compromisos internacionales. Entra en juego el factor cancha. Y en eso, salimos ganando.