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El “tacaño” Grover Cleveland

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Grover Cleveland fue el primer presidente de los Estados Unidos salido de la cantera demócrata tras la Guerra Civil y el único que fue investido presidente en dos ocasiones discontinuas en toda la historia política americana. Este robusto abogado ocupó la alcaldía de Buffalo y fue más tarde gobernador del estado de Nueva York. Cuando estuvo al frente del Gobierno tuvo la osadía de guiarse por criterios liberales en la mayor parte de las ocasiones.

Durante su primer mandato (1885-89) hizo esfuerzos por conseguir un nivel bajo de gastos públicos e intentó desligar al gobierno de toda empresa privada. Fue célebre la anécdota de su veto a un proyecto de ley del Congreso que acordaba un gasto de unos 10.000 dólares en concepto de ayudas para simientes a granjeros de Texas por haber sufrido una dura sequía. Cleveland estaba convencido que socorrer así desde el poder induciría malos hábitos en la gente, que acabaría esperando asistencia del Gobierno ante cualquier problema y minaría las bases de su propia capacidad productiva y autoestima. Su justificación de aquel veto fue esta contundente afirmación: “Si bien es una obligación de los ciudadanos apoyar al Gobierno, no es, por el contrario, una obligación del Gobierno apoyar a los ciudadanos”. Con mucha razón Mises comentaba, a propósito de esta leyenda, que debería estar colgada en todos los despachos de los hombres de estado para poder recibir como se merecen a los grupos de presión cuando les fueran a pedir protección (a costa de otros, se entiende).

Sus numerosos vetos a gastar dinero público a no ser que fuera estrictamente necesario le valieron fama de tacaño, pero consiguió un continuo y creciente superávit en el Tesoro. Tener este excedente, además, le parecía a Cleveland inapropiado ya que era un dinero que debía estar en manos de particulares para hacerlo productivo. Por ello propuso una drástica reducción de aranceles (inusitadamente altos desde la Guerra Civil, con un nivel medio del 47% del valor básico de los artículos importados) a los que calificó de “viciosos e ilógicos”. Pese a ello, su intento quedó en meras propuestas, la Mills Bill, no ratificadas debido al bloqueo del Partido Republicano, mayoritario en aquellos momentos en el Senado.

Este presidente, que contestaba personalmente el teléfono de la Casa Blanca, suprimió el número de funcionarios federales y se opuso también, sin complejos, a prolongar las pensiones de numerosos veteranos de la Guerra Civil. Toda esta contención del gasto público le costó muy probablemente no ser reelegido. Fue la primera vez en 48 años que un presidente en ejercicio era derrotado para la reelección (el caso anterior había sido el de Martin van Buren en 1840, sin duda también por sus “peligrosas” convicciones liberales).

El paréntesis republicano de Benjamin Harrison supuso una clara vuelta atrás. En 1890, ante la depresión económica, se aprobaron dos leyes nefastas por iniciativa del mismo senador republicano que agravaron la crisis: la Sherman Antitrust Act de 2 de julio que en nada ayudó a la verdadera competencia entre empresas americanas (y que supuso el inicio del océano regulador del gobierno federal en asuntos empresariales) y la Sherman Silver Purchase Act de 4 de julio por la que el Gobierno se comprometía a comprar mensualmente toda la plata que se producía a un precio elevado para apoyar a los mineros patrios de plata y, al mismo tiempo, emitir billetes contra dicho metal y conseguir, consecuente e insensatamente, el abaratamiento del dinero para favorecer a los granjeros endeudados.

Esto afectaría la buena salud del Tesoro heredada de Cleveland, y no se les ocurrió nada mejor que elevar aún más los aranceles con la McKinley Act de 1 de octubre de 1890 (¡el nivel medio arancelario llegó así al 49%!) para cosechar irresponsablemente numerosos votos entre los muchos granjeros y productores ineficientes que existían por entonces.

Fue ésta una época de grandes avances técnicos e industriales (Eastman, Edison, Bell, Ford…) pero se estaba interviniendo desde el poder muy desacertadamente. En consecuencia, vino el llamado “Pánico de 1893” al recrudecerse la depresión, caer la bolsa y quebrar para finales de ese año unas 15.000 empresas (entre ellas, 500 bancos).

En su deslucido segundo mandato (1893-97) Cleveland tan sólo pudo revocar la Sherman Silver Purchase Act por haber favorecido la inflación y separarse de la deseable disciplina de la estricta adhesión al patrón oro (a raíz de esto, los demócratas se dividieron entre las facciones del patrón oro y los de la “plata libre”). El resto del mandato se centró en afrontar un problema tras otro: hubo de recurrir a la fuerza ante las numerosas huelgas de 1894 en distintos sectores y que tanto daño provocaron a la economía (especialmente en Chicago y en el Medio Oeste). En el plano internacional, los incidentes de Venezuela, Guayana, Cuba o las islas Hawai pusieron en un brete a su Gobierno, pero, pese a los aires expansionistas de la época, la diplomacia esencialmente anti-imperialista de Cleveland evitó involucrar a los Estados Unidos en empresas belicosas (cosa que no ocurrió con sus sucesores).

Frente al abrumador predominio intervencionista de la política federal norteamericana (tanto de republicanos como de demócratas, desde Lincoln a los dos Roosevelt), Cleveland supuso una valerosa isla que entroncaba con el liberal de Martin van Buren y con los padres fundadores de la nación americana –Hamilton aparte– al comprender bien la verdadera importancia de un Gobierno limitado.

Quede aquí un pequeño recuerdo de este audaz y “tacaño” presidente de los Estados Unidos.

Más crecimiento, menos desigualdad

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Cada año se acompaña de al menos un estudio que analiza en profundidad algún aspecto concreto. El primero de los dos que completan el informe está escrito por el economista español Xavier Sala-i-Martín, y su contenido está eficazmente resumido en el título: La desigualdad global remite a medida que crece la economía.

Sala i Martín ha ganado merecida fama por haberse acercado como ningún otro a la medida de la pobreza y la desigualdad mundiales, gracias a dos criterios: tomar a las personas como unidad de análisis, no a los países, y acercarse al nivel de vida real de la gente, valorando sus niveles de renta en función de la capacidad de compra de la moneda del lugar.

Fijar una línea bajo la cual colgar el cartel de "pobreza" es siempre arbitrario, por lo que Sala i Martín ha utilizado tres, fijadas en uno, dos y tres dólares diarios de renta. Comparando los datos de 1970 con los de 2000, en cualquiera de las tres medidas hay unos 400 millones de personas menos en la pobreza, y eso que en esos 30 años ha aumentado mucho la población total.

De hecho, el porcentaje de la población mundial que entraría en la categoría de pobre ha caído, para un dólar al día de renta, del 15,4 al 5,7 por ciento y para los tres dólares por día del 47 por ciento al 21 por ciento.

Las áreas que más se han incorporado al comercio mundial son las que más eficazmente han superado la pobreza. En el caso del Asia Oriental, el descenso ha sido de un tercio de la población al 2,4 por ciento en el último año del siglo XX. Y la que menos se ha globalizado es la que se ha quedado atrás: el África subsahariana. Somos más ricos y más iguales a medida que hemos ido estrechando nuestras relaciones comerciales.

Vive y odia

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Incapaces de juntar más de diez palabras con algún sentido, han impreso tres en una pared que expresa el sentimiento que mueve a estos jóvenes a actuar como lo hacen: "Vive y odia".

El odio es el sentido del movimiento okupa. No entienden en qué consiste y cómo funciona la sociedad libre y no aceptan todo aquello que hacemos los demás para salir adelante. Levantarse pronto todos los días, llevar un aspecto aseado y agradable, estudiar si estás en la edad de hacerlo, trabajar y ahorrar, llevar una vida (más o menos) ordenada, fijar objetivos para el futuro…

No. Ellos se creen con el derecho a tener lo que desean, pero no aceptan sacrificarse y trabajar para conseguirlo. Y lo toman por la fuerza. Odian la sociedad porque les fuerza a tener unas responsabilidades que no quieren aceptar. Están en la adolescencia permanente que caracteriza a todo progre. Pero éstos no leen con fruición un artículo en El País sobre el último jirón de violencia en Chiapas, o una reunión de movimientos terroristas en Porto Alegre, fantaseando con la revolución pendiente mientras llevan la vida que dicen aborrecer. No son, por tanto, el típico progre, sino que tiran por la calle del medio y parasitan la propiedad de cualquier vecino.

La izquierda siempre ha tenido fascinación por todos los comportamientos antisociales, y los ha justificado (la culpa es de la sociedad, ya sabe). Pero siente especial aprecio por los okupas, siempre que sea la casa de otro y no la suya la que vampiricen. Su alternativa a la sociedad libre se desmoronó a una velocidad espectacular, y la izquierda sigue sonada, aturdida, sin dar con otro modelo que oponer al capitalismo. Lo único que mantiene es el odio, otra vez el odio, por las sociedades abiertas y por todo lo que huela a Occidente, así que se apunta, desde el Islam a los antiglobalización o los okupas a todo lo que se opongan a ellas.

Como cada vez somos más ricos, nos podemos permitir más parásitos, de modo que o se toma el asunto en serio o este movimiento irá a más. El Estado, si tiene alguna justificación, es la de defender la vida y la propiedad de los ciudadanos, y cuando falla, el ciudadano tiene todo el derecho a recurrir a los medios necesarios para recuperar lo que le pertenece. Ya han surgido iniciativas privadas que suplen, una vez más, el hueco creado por la ineficacia estatal, y que se encargan de desalojar los pisos. Seguro que contra ellas no habrá la comprensión que desbordan ciertos políticos hacia quienes ocupan lo ajeno.

Políticos contra la “vivienda digna”

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Esta última ha reflexionado sobre el asunto desde el confort de su magnífico ático en la ciudad condal y ha terminado defendiendo públicamente la despenalización de la usurpación de viviendas como solución a las dificultades que encuentran los jóvenes para convertirse en propietarios o arrendadores.

Con políticos de semejante catadura moral no es de extrañar que Barcelona se haya convertido en la capital europea del crimen organizado contra la propiedad inmobiliaria. Y es que en Cataluña se juntan el hambre con las ganas de comer: por un lado, el aletargado sistema judicial español que se da casi la misma prisa en ordenar la devolución de la propiedad a sus verdaderos dueños que en indagar la composición de las bombas del 11-M. Por el otro, políticos como la tal Inma que o bien quieren subvertir el capitalismo, o son demagogos compulsivos. Claro, que si vivimos en un país en el que políticos de primera línea como la ministra de vivienda dicen que la ocupación "es otro estilo de vida", ¿qué podemos esperar de sus socios más radicales? Trujillo, además, ha impulsado una ley que cambia el sistema de valoraciones para que el Estado pueda expropiar a los legítimos dueños del suelo a precios de risa. Coherentes en su desprecio por la propiedad privada, la ministra ha consolidado la figura del agente urbanizador por la que gigantescas empresas adquieren licencia para quedarse con tu trocito de tierra.

En el país vecino les ha dado por ser más sutiles. La fiebre preelectoral ha llevado a Villepin a presentar como solución al monumental fracaso del modelo urbanístico intervencionista una ley que permite exigir ante los tribunales el derecho a una vivienda. Es la típica dinámica del intervencionismo según la cual se tratan de solucionar los problemas creados por anteriores intervenciones sobre el mercado libre con nuevas medidas intervencionistas que darán lugar a ulteriores problemas. A partir de ahora los franceses que no tengan vivienda, en vez de alquilar o vivir más tiempo en casa de familiares –como ocurre en el mundo civilizado–, u ocupar la vivienda de otro –como ocurre en Barcelona–, puede meter la mano en la cartera del resto de la ciudadanía para tener una "casa digna". El problema es que la manera de conseguirla no lo es tanto.

Lo indignante es que son estos mismos políticos superimaginativos los que han hecho de la vivienda un bien de lujo. Han expandido el crédito de manera artificial provocando una gigantesca burbuja inmobiliaria, restringen extremadamente la oferta de suelo urbanizable elevando artificialmente su precio para jugar a las casitas con la propiedad ajena y pedir a los particulares gigantescas sumas por dejarles construir en su terreno, se niegan a dar plenas garantías jurídicas a los propietarios desincentivando la oferta de viviendas en alquilar y, por último, se dedican a cargar al suelo con impuestos de enorme creatividad para mantener un mercado de viviendas para una casta de privilegiados de clase media pagados por el resto de los españoles a través de los elevados precios de las viviendas libres.

Si las soluciones ocupacionales de esta nefasta generación de políticos continúa yendo en contra de la propiedad privada, el mercado terminará ofreciendo soluciones para defender a la gente honrada de sus políticos. Cuando llegue ese día, las legitimidad de las organizaciones privadas se enfrentará a la repugnante legalidad de nuestros políticos. La crisis institucional será enorme si antes no aparece alguien que reubique las leyes, normas y declaraciones que afectan a la vivienda del lado de la propiedad privada.

Funcionarios

Escrito por Jesús Salido Gusi en . Publicado en Análisis diario.

Funcionarios. Esa casta de seres inamovibles que todos financiamos coercitivamente a través de las agresiones contra nuestro patrimonio (eso sí, legales) perpetradas por el Estado. Sin embargo, podríamos consolarnos si tuviéramos la seguridad de que el gasto que se realiza a costa de nuestro trabajo, al menos, fuera eficiente. Siento desilusionarles. Esto último es economía-ficción. Casos como el de la televisión pública española, utilizando terminología televisiva, pueden herir gravemente su sensibilidad. La ineficiencia alcanza niveles pantagruélicos.

Así lo señala por ejemplo, el "Informe Económico de la Televisión Privada 2006", elaborado por la consultora Deloitte. El estudio, basado en datos de 2005, indica que los ingresos de explotación por empleado de Telecinco y Antena 3 son más de cinco veces superiores (5.57) que los de TVE y casi siete veces mayores (6.97) que los de las autonómicas. "El mejor rendimiento económico, junto con un nivel de plantilla sustancialmente inferior (la televisión privada tiene una plantilla que supone el 41% de los empleados medios de la televisión pública) explican la diferencia. Es decir, una gestión más eficiente de los recursos junto con un mayor atractivo del producto", indican los autores.

Esto es sólo un ejemplo de lo que da de sí la gestión pública. El modelo más elaborado sobre el comportamiento de los funcionarios y que más claramente explica este fenómeno es, a mi entender, el ideado por Niskanen, que pretende demostrar que el gasto se incrementa si lo gestiona un funcionario.

La clave es la diferencia de información entre el funcionario que propone y el político que decide. El conocer los costes de un proyecto público requiere conocimientos técnicos muy sofisticados (piénsese en materia de sanidad, carreteras, o inclusive en un documental sobre el escarabajo pelotero para nuestra querida TVE…). Los burócratas pueden engañar a los políticos para obtener un presupuesto mucho más elevado del que la eficiencia marcaría, principalmente a través de dos mecanismos: infraestimación de costes o sobreestimación de beneficios. En otras palabras el gestor sabe realmente cuánto cuesta la actividad y juega con eso. El funcionario del ramo sabe cuánto cuesta cada habitación con 4 camas en un determinado hospital con todo el equipo necesario, los gastos de su mantenimiento, el coste del personal que deberá atender esa habitación, etc. El ministro de turno es seguro que no.

Al no trabajar por incentivos económicos y ser prácticamente imposible medir la productividad de un funcionario, los burócratas que trabajaran de manera eficiente generalmente lo harían por "sentido de la responsabilidad o altruismo". Admitamos que no vivimos en Isla Utopía y que esto, lejos de ser la regla general, es realmente excepcional. Por tanto, Niskanen trabaja con la hipótesis de que el funcionario maximizará el tamaño de presupuesto que controla. Predice que existirá una sobreproducción o exceso de gasto. En definitiva. Ineficiencia.

Por tanto el presupuesto será mayor cuanta más actividad haya pero no puede crecer ilimitadamente. Niskanen se pregunta hasta dónde llegaría a gastar un funcionario. La lógica es aplastante en este sentido. Hasta aquel nivel de actividad en que se agote el presupuesto. Da igual que realmente no sea necesario, entre otras cosas porque, si sobrara (imaginemos de nuevo el hipotético caso de un funcionario realmente responsable), el año que viene nuestro "gestor eficiente" será premiado con una reducción del presupuesto, o al menos, le resultará más difícil defender un aumento del mismo.

¡Aunque ni que decir tiene que eso no es nada comparado con las críticas que recibirá de sus "entrañables" compañeros de trabajo!

De Aristóteles a Inma Mayol

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

No mucho después apareció la propiedad privada, que en contra de lo que opinan los retroprogres, no es un invento de la burguesía para extender sus privilegios a costa de la clase proletaria, sino una institución natural que surge como consecuencia del proceso de civilización. La existencia de la propiedad privada es lo que nos distingue de los animales irracionales y de los comunistas, que ya es bastante. Pero es que además, es lo que permite el desarrollo y el bienestar de las sociedades y la independencia y libertad de los individuos para perseguir los fines que cada uno se marca en la vida. Aristóteles, que con permiso de la parienta de Joan Saura tenía también una ligera noción de estas cosas, llegó a la conclusión de que la propiedad privada está indisolublemente unida a la naturaleza humana, pues si al hombre se le priva de ese derecho esencial, pierde su auténtica condición para convertirse en simple esclavo.

Pero diez mil años de respeto a la propiedad privada han llegado a su fin, al menos en lo que respecta a Cataluña, cuyos dirigentes políticos en lugar de defender las tradiciones que hacen posible la existencia de seres libres, se dedican a dinamitarlas desde la base para crear un orden social nuevo con el movimiento okupa como referente teórico.

La tercera teniente de alcalde de Barcelona, por ejemplo, no ve "tan grave" que se invada la propiedad ajena para darle un uso social alternativo. Pues oiga, lo es; porque el Estado es precisamente el que tiene que salvaguardar los derechos de los individuos, y no convertirse en el principal agente encargado de dinamitarlos como ocurre en Cataluña. Los ciudadanos, en un Estado de Derecho digno de ese nombre, tienen perfecta libertad para hacer el uso que les venga en gana con sus propiedades legítimamente adquiridas y el hecho de que esta facultad elemental esté supeditada al dictado de los gobernantes no es más que una forma de tiranía, además muy poco sofisticada. Ya no es que una mayoría dañe los derechos de una minoría, como suele ocurrir en las democracias, es que ahora se trata de una minoría encaramada al poder, que usa la fuerza coercitiva del Estado para acabar con un derecho básico comúnmente extendido.

Entre la Venezuela de Chávez y la Cataluña de Montilla sólo hay una diferencia de grado. Las nacionalizaciones, las expropiaciones y, en general, cualquier ataque del Estado a los derechos y libertades básicas de los ciudadanos es un retroceso de la civilización y un paso hacia el totalitarismo. Y que no nos vengan hablando estos aprendices de caudillo bananero de nuevas conquistas sociales y más derechos de ciudadanía. La principal conquista social y el derecho más importante es la propiedad privada. Sin él no hay libertad. Punto.

Multiculturalismo, intervencionismo y opresión de la mujer: el caso indio

Escrito por Antonio Golmar en . Publicado en Análisis diario.

En 1978, Ahmed Khan, ciudadano indio de religión musulmana, decide divorciarse de su mujer. Tras el iddat, periodo de tres meses durante el cual la mujer musulmana debe permanecer con su ex marido tras el divorcio, Shah Bano se encontró en la calle y sin medio de subsistencia, ni para ella ni para sus cinco hijos.

Entonces decide invocar el código penal indio y reclamar una pensión alimenticia. Un tribunal ordinario falla a su favor. Sin embargo, Khan apela al Tribunal Supremo alegando que él ya había cumplido con su deber de acuerdo con la Ley Personal Musulmana. En 1985, los jueces dictaminan que la ley penal del país es de rango superior a cualquier ley personal, y por tanto debe aplicarse a todos. La sentencia también pidió la creación de un código civil uniforme que terminara con las diferentes modalidades matrimoniales basadas en la religión y aprobadas en los años treinta y cuarenta del siglo XX.

Los fundamentos jurídicos también cuestionaban la financiación estatal de colegios para ciertas minorías religiosas, que sin embargo no están sometidos a la inspección de la que son objeto las escuelas de la mayoría, que no dispone de establecimientos de enseñanza privativos financiados por el contribuyente.

Un año después, el parlamento del país aprueba la conocida como ley de Mujeres Musulmanas, oficialmente Protection of Rights on Divorce, que excluía a las mujeres musulmanas del recurso al código penal laico en casos de divorcio. Tras los tres meses de iddat, la pensión debía ser pagada por los parientes de la mujer, y en su defecto por el Estado. La legislación fue apoyada por el entonces primer ministro del Partido del Congreso, Rejiv Ghandi. El Congreso siempre se ha presentado como un partido laico, tolerante y socialista. Más de una quinta parte de sus votos proviene de musulmanes.

Se argumentó que la ley protegía los derechos de las minorías al preservar la identidad religiosa y cultural de los musulmanes. En el debate parlamentario no se tomó en cuenta la opinión de las mujeres musulmanas, aunque sí la de la mayoría de los practicantes de esa religión en la India, que según algunos estudios estaba a favor de la nueva ley. Esto provocó una airada reacción del Bharatiya Janata Party, que pidió el fin del “minoritismo” discriminatorio y la disolución de la Comisión Nacional de las Minorías, un órgano consultivo del ejecutivo indio, y su sustitución por una Comisión de Derechos Humanos.

En 1991, Rejiv Ghandi es asesinado, y un año después un grupo de militantes hindúes ocupa y destruye la mezquita de Babri en la ciudad de Ayodhya. La tradición hindú señala este lugar como el de nacimiento del Dios Rama. Muchos hindúes consideran la construcción de una mezquita en este lugar una ofensa a sus creencias. Estos hechos provocaron una ola de violencia religiosa en el país durante la cual 3.000 personas fueron asesinadas. Las pancartas pidiendo la abolición del Matrimonio Musulmán eran frecuentes entre los manifestantes hindúes. Algunos grupos fundamentalistas musulmanes animan a los jóvenes a casarse con mujeres hindúes, convencerlas de la conveniencia de aplicar la ley musulmana, y luego de tener hijos con ella divorciarse como método para extender el Islam en la India. La violencia interreligiosa no ha amainado en el país. Atentados terroristas, revueltas y asesinatos masivos se producen de forma continua. La segregación residencial entre las dos comunidades se ha acentuado incluso en las grandes ciudades.

En el contexto de un Estado intervencionista que ejerce una especie de caridad institucionalizada, el multiculturalismo indio ha dado como resultado una sociedad multi-teocrática en la que el ciudadano debe definirse, primero como miembro de una comunidad y luego como individuo.

Este es el trágico resultado del multiculturalismo y de los llamados derechos colectivos: el pluralismo intolerante que niega el libre albedrío y mina los fundamentos de la sociedad civil. Poco importa que el parlamento indio siga siendo elegido por sufragio universal, cuando a la hora de diseñar políticas públicas son los dogmas religiosos, no las personas, los que votan. A juzgar por los resultados de estas políticas en India y otros países, no creo que sea exagerado asegurar que hoy en día el comunitarismo en un estado intervencionista –¿alguno no lo es?– es uno de los mayores peligros para la democracia liberal, pues nada hay más incompatible con ella.

Por qué el IPC no tiene nada que ver con la realidad

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Uno de los métodos para recopilar la información del IPC es la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF). Su deficiencia es la misma que tienen todas las encuestas, que la gente no acaba de decir la verdad. Algunas preguntas pueden invadir la intimidad o desvelar secretos y más en un país donde el 23% de la economía está sumergida y quienes están en ella no tienen interés alguno en divulgar estas rentas no declaradas. También tiene la dificultad de las mediciones realizados en los comercios cuando hay variaciones de productos. Cuando desaparece un producto del mercado ha de ser sustituido por otro en el índice. El problema es cómo saber qué producto es un bien sustitutivo exacto e igual de representativo que el que ha desaparecido en la última medición. La elección final no deja de ser arbitraria.

Otro problema en el cálculo del IPC es la poca representatividad de algunos grupos sociales. Sólo a modo de ejemplo, el grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas pesa aproximadamente un 23% en el índice. Esto, evidentemente, deja fuera a todos los jóvenes, y no tan jóvenes, que viven con sus padres, mientras que el grupo de las bebidas alcohólicas y tabaco, productos donde el gobierno más impuestos ha cargado, sólo suponen poco más del 3%. Viendo otras estadísticas, podríamos concluir que ese 3% puede ser más de la mitad del gasto de los jóvenes. Y aunque también consumen, se excluyen las personas que residen en hogares colectivos e instituciones como conventos, residencias de ancianos, prisiones…

Por otra parte, el IPC excluye de su cómputo algunos impuestos, tasas pagadas a la administración pública, multas o recargos. Curiosamente, todos son pagos al Estado. Aunque los suban el IPC se queda igual. El índice tampoco contempla otros gastos de consumo pese a su gran peso en nuestra economía, como los de la economía sumergida, el comercio electrónico que ya representa casi el 10% del PIB, la venta ambulante como la que se hace en los mercadillos, los bienes introducidos en la economía hasta que no se consideran "representativos" o el alquiler de casas de vacaciones. Si usted alquila un carísimo apartamento en la costa durante un mes, por ejemplo, no computa en el índice, pero las rebajas sí. Sólo les falta incluir los periódicos gratuitos y las liquidaciones de stock.

Asimismo, tampoco computa la mayor preocupación de casi todos los españoles: la vivienda de propiedad, ya que ésta se considera una inversión y no un gasto. Algo muy conveniente para el gobierno ya que el precio medio de la vivienda se disparó desde la entrada del euro más de un 150%.

Aunque sólo tuviéramos en cuenta que los españoles destinamos un 40% de nuestras rentas al pago de una vivienda, esto bastaría para dejar al índice de precios oficial en un formalismo irreal que sólo sirve para engañarnos. El Gobierno, que se proclama como la organización más transparente de la sociedad, es el primero que nos miente, siempre. Por el contrario, otras organizaciones que sí tienen un interés directo en las mediciones reales de lo que nos gastamos, como la CEACCU, han llegado a la conclusión que, desde la entrada del euro, los precios han subido un 60%. Según el gobierno, un 17,5%.

Ya nos lo advirtió Ludwig von Mises hace sesenta años que "cualquier ama de casa sabe más sobre las variaciones de los precios que afectan a su hogar que los informes estadísticos… [Y es que] ella, no es menos ‘científica’ ni más arbitraria que los rebuscados matemáticos que usan sus métodos para manipular los datos del mercado."

La situación del euro cinco años después

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

Hace un lustro tuvimos ocasión de ser partícipes en uno de las medidas más publicitadas de la Unión Europea, el euro. El uno de enero de 2002 se introdujeron en la mayoría de países pertenecientes a esta organización los billetes y monedas de esta divisa, retirándose las antiguas.

Los motivos aducidos por los gobiernos de estos países para dar dicho paso fueron varios. Entre ellos se mencionaban la eliminación del riesgo de tipo de cambio en las transacciones intracomunitarias, la supresión de costes de conversión entre estos países, la transformación de esta moneda en una divisa reserva a nivel internacional y la estabilidad de los agregados macroeconómicos de los países pertenecientes a la zona euro.

Cinco años después cabría preguntarse si la introducción del euro ha sido un fracaso o un éxito. Si atendemos a los criterios de los responsables de la eurozona, la implantación de la moneda ha sido todo un éxito que ha respondido a todas las expectativas depositadas. Así, los costes de comerciar entre países de la zona euro han decrecido (al haber desaparecido los costes de cambio) y han disminuido los costes asociados a las exportaciones extracomunitarias (al gozar de mayor aceptación el euro en el exterior que las antiguas divisas nacionales). También se ha convertido en moneda reserva de distintos bancos centrales no comunitarios, por lo que la convertibilidad con otras monedas nacionales es más sencilla.

No obstante esta opinión favorable al éxito no es ni muchísimo menos unánime si se realizan encuestas a los usuarios de las monedas. Es muy común en España encontrar opiniones personales de que la inflación se ha disparado con el euro, en Alemania una encuesta mostró cómo el 1 de junio de 2005 un 56% de los encuestados era favorable a la vuelta del marco, y cómo distintos partidos nacionalistas franceses e italianos pedían el regreso del franco y la lira, respectivamente.

Quizás para medir el éxito o fracaso de esta moneda deberíamos examinar el motivo por el que existen las mismas. Durante gran parte de la historia de la humanidad no existió nada similar a la moneda, ya que las transacciones entre los distintos individuos se llevaban a cabo mediante el trueque. Fue con el florecimiento de las civilizaciones del neolítico cuando surgió la moneda de manera espontánea. Con la especialización del trabajo y el aumento de la oferta de bienes llegó a hacerse inviable realizar las transacciones económicas mediante el trueque. Era posible que una persona desease un bien de otra, pero que a la última no le atrajese ningún bien de la primera. Para ello se emplearon bienes líquidos como herramienta de pago, que todo el mundo estuviese dispuesto a aceptar, como los metales preciosos o la sal.

Por lo tanto tenemos que el primer motivo por el que se emplean las monedas, independientemente de su tipo, es para poder efectuar transacciones con otras personas. No obstante ése no es el único motivo. Otro segundo motivo para demandar monedas es el ahorro. Puede que, en un día determinado, una persona obtenga cierta cantidad de dinero que no piensa emplear en ninguna transacción, y que simplemente decida quedarse con la misma para poder realizar otras en un futuro inmediato o lejano.

Atendiéndonos a las bases por las que existe el dinero y si lo aplicamos al euro obtenemos dos resultados contrapuestos. El euro como herramienta de intercambio ha resultado un éxito, ya que ha sido adoptado por los ciudadanos de los distintos países de la eurozona sin mayores inconvenientes. Cierto es que legalmente estaban obligados a ello y que aunque no hubiesen querido hacerlo, los gobiernos de dichos países habían definido como único medio de pago legalmente vinculante al euro.

Si atendemos al dinero como herramienta de ahorro nos encontramos sin embargo, con que los resultados no son tan halagadores. Según un informe de la Comisión Europea el 93% de los europeos percibe como el valor de dicha moneda se ve erosionado por la inflación. Esta impresión que comparten muchos ciudadanos ha sido tachada como errónea por los gobernantes europeos refugiándose en el valor del IPC (índice de precios al consumo) del país y de la eurozona. No obstante, la inflación simplemente se trata de la pérdida de valor que sufre una moneda, mientras que el IPC es un una media ponderada de la subida de precios de una determinada cesta de bienes que es elaborada por distintos organismos estadísticos estatales.

Como indicativo de la inflación se pueden emplear varios índices. En primer lugar tenemos la oferta monetaria. Existen varios indicadores habituales para medir esta magnitud, de los cuáles, los más habituales suelen ser M1 (dinero efectivo en circulación más depósitos a la vista), M2 (M1 más los depósitos a plazo) y M3 (M2 más cesiones temporales de dinero, fondos del mercado monetario y valores distintos a las acciones con vencimiento inferior a los dos años). Atendiendo a este último valor el crecimiento de la masa monetaria ha sido del 8% anual, valor superior al de los últimos años de la peseta. Estos datos también se pueden corroborar por la subida de precios de productos relacionados con el ahorro. Así el valor monetario de dos de los principales productos de ahorro, la vivienda y las acciones, ha subido espectacularmente durante estos años del euro, lo que evidencia que como instrumento de ahorro el euro no ha sido todo lo brillante que se auguraba.

Aunque el éxito del euro como medio de transacción pueda parecer tan brillante que de alguna manera compensa su fracaso como herramienta de ahorro, lo segundo no se trata de asunto baladí. Como bien explicaban los escolásticos españoles, la inflación es el más injusto de los impuestos, ya que recae especialmente en los individuos más pobres de la sociedad (cuyo instrumento de ahorro es fundamentalmente la moneda) y se trata de un impuesto que no ha sido aprobado por el parlamento. Además esta pérdida de valor de la moneda es motivo de imposición por parte de las administraciones tributarias, ya que al comprarse y venderse un determinado bien, se produce una plusvalía ficticia, causada por el envilecimiento de la moneda, pero que sin embargo es tratada como un enriquecimiento personal y se encuentra sujeto a imposición.

Por tanto, cinco años después de la introducción de la moneda única, cabe concluir que se han cumplido los objetivos trazados inicialmente en cuanto a herramienta de intercambio, pero que ha fracasado como medio de ahorro, al no sólo no haber enmendado la tasas de inflación existentes con las antiguas monedas nacionales, sino haber empeorado con el aumento de la oferta monetaria, envileciendo el ahorro de los ciudadanos europeos.

Atraco a las televisiones

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Análisis diario.

La ministra Carmen Calvo tiene una mentalidad netamente totalitaria. Por supuesto no como fruto de densas lecturas de teoría marxista (lo suyo es Wittgenstein), sino sencillamente porque probablemente es lo que capta del ambiente en el que se mueve, en el que esta clase de bazofia seudointelectual resulta de lo más chic.

En su última andanada contra las empresas de televisión privada, se detecta también su deseo de pagar a los comediantes el favor de haber agitado a toda la sociedad española durante las últimas elecciones. Como siempre, la izquierda utiliza para el pago de sus prebendas el dinero de los demás, que, otra vez Carmen Calvo, resulta que "no es de nadie". "Un progre es alguien con una terrible mala conciencia que intenta lavar con tu dinero", me parece, desde que la leí, la mejor definición de la esencia del progresismo.

Actualmente, el estado obliga a las televisiones privadas nacionales a destinar un 5% de sus beneficios a la compra de películas españolas. Como el talento de sus autores no les permite vivir de su profesión, la solución de la CCCP (Camarada Carmen Calvo Poyatos) es crear un impuesto ad hoc apenas disfrazado como tal, de forma que, al menos en la pequeña pantalla, la gente no tenga más remedio que tragarse los bodrios habituales de nuestros genios.

Pero como a pesar de esa medida coactiva el cine español sigue siendo un desastre, nuestra CCCP da ahora un nuevo giro de tuerca y, según se anuncia en la nueva normativa cinematográfica, ahora también tendrán las televisiones privadas que destinar un 1% adicional de sus ingresos a promocionar aquellas películas en las que ya han colaborado con el 5% del primer atraco. Es como cometer un delito y obligar a la víctima a destinar un porcentaje de su tiempo a publicitar la hazaña. Sobre el latrocinio, la crueldad.

Tan sólo el hecho de que el negocio de la televisión en España depende de las concesiones de los políticos, explica que estas empresas acepten el chantaje sin rechistar más allá de alguna nota de prensa insustancial para cubrir el expediente. Aceptan esa mordida y prestan gustosos su pantalla para agredir visualmente a sus espectadores con la proyección de las películas de los profesionales de la pancarta. ¿Qué pasaría si de pronto a su audiencia, que abandona de estampida las salas de cine en cuanto huelen a bardemcilla, le diera por apagar la televisión al primer título de crédito que anuncie cualquier fechoría cinematográfica de esta trouppe?