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Bosques más sanos

Escrito por Antonio Gimeno en . Publicado en Análisis diario.

El hombre de estos campos que incendia los pinares
y su despojo aguarda como botín de guerra,
antaño hubo raído los negros encinares,
talado los robustos robledos de la sierra.

La indignación de Antonio Machado, que es negro retrato de la pobreza del campo español durante buena parte del siglo XX, aún nos parece plenamente justificada. Así comprobamos con horror como la “sombra errante de Caín” se ha cebado en las costas gallegas, penúltima consecuencia de los incendios del verano pasado. Sin embargo, pese a la terrible tragedia que han sufrido los montes de Galicia y muy particularmente quienes viven o simplemente disfrutan de ellos, lo cierto es que, incluso descontando las más de 140.000 hectáreas arrasadas en España en lo que va de año, el número de árboles se ha incrementado considerablemente en los últimos diez.

Y no sólo en España, como hemos sabido gracias a un reciente informe, “La identidad forestal“, elaborado por un grupo de científicos liderados por el finlandés Pekka Kauppi. Un informe que establece una interesantísima relación entre la riqueza del un país (PIB) y su afán reforestador. Relación positiva que no convencerá a los impermeables. Es previsible que la reacción ante tamaño varapalo consista, como siempre, en acusar a los países ricos de externalizar sus problemas medioambientales, esta vez sobre los amenazados bosques primarios del Brasil de Lula e Indonesia.

En España la reacción de Greenpeace ha vuelto a evidenciar su desprecio por el problema, que en relación con la conducta humana, suponen los incentivos. A su coordinador para la campaña de Bosques, Miguel Ángel Soto, le parece que se están perdiendo los bosques más valiosos a favor de sucedáneos, bosques de pega cuya calidad cuestionaría el optimismo que, por otro lado, encontramos en el propio Ministerio de Medio Ambiente. Al menos es lo que nos cuentan las cifras del tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3), cifras parciales ya que todavía no han finalizado los trabajos de recogida de datos en todas las comunidades autónomas. En palabras del Ministerio:

[El IFN3] se está desarrollando ahora y habrá abarcado toda España el año 2007. Este nuevo ciclo ha ampliado notablemente la cantidad de parámetros de los montes objeto de investigación, introduciendo aspectos como la biodiversidad, el paisaje, el desarrollo sostenible, la valoración integral, el recreo, el hábitat, la socioeconomía y otros que en anteriores inventarios o no se estudiaban o se hací­a muy someramente, Así pues, la información que suministra el IFN3 es mucho más amplia, útil y perfecta que la de anteriores inventarios, y está ya disponible para los interesados la correspondiente a diez comunidades autónomas (Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Comunidad foral de Navarra, Illes Balears, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Cataluña y Canarias) y a parte de otra (Castilla y León).

Pues bien, comparando los datos del tercer inventario con los del segundo, el Ministerio adelanta que:

  • Se detecta un notable aumento de la superficie de monte arbolado a costa de una disminución de la del desarbolado y cultivo.
  • La biomasa arbórea existente en los montes es ahora mucho mayor que la que mostraba el IFN2, tanto en valores absolutos como en valores por hectárea.
  • En las provincias cantábricas la expansión del eucalipto ha sido espectacular a pesar de que cada vez se corta más madera de dicha especie.
  • Las frondosas autóctonas (robles, castaño, haya, quejigos, etc.) han crecido considerablemente tanto en superficie como en biomasa.
  • La cantidad de árboles de grandes dimensiones se ha incrementado mucho pero, en cambio, hay ahora menos pies pequeños que hace 10 años.
  • En general los bosques españoles están en la actualidad igual o más sanos que antes.

Así mismo, volviendo a Machado y a sus lloradas llanuras de asceta, encontramos un interesantísimo documento elaborado por la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en el que se informa que en relación con inventarios anteriores:

  • La superficie arbolada ha pasado de las 2.119.139[ha] a las 2.982.318[ha].
  • El volumen de madera se ha incrementado en casi 70 millones de metros cúbicos, alcanzando los 153 millones en 2002. Incluso mi adorada sabina gana 800 mil metros cúbicos.
  • Traducido a número de árboles, se observa una variación favorable del 64% alcanzándose en 2002 los 3.198.967.772 , que ya es precisar.
  • En valores del almacenamiento de CO2 equivalente supone un incremento del 80%.

Ya vemos que las apariencias engañan. La táctica habitual de nuestros ecologetas consiste en extrapolar y exagerar: tomar datos parciales y generalizar las consecuencias de una catástrofe para convencernos de que el ser humano, egoísta por naturaleza, lo es hasta el punto de ignorar tozuda y estúpidamente sus propios intereses. Las buenas intenciones que quieren vendernos y que sirven de coartada a nuevas coacciones no suelen salirnos gratis. La ecología de mercado nos enseña que cuando los incentivos y la información son caros la administración de los recursos se complica. No debemos pensar que la conservación de la naturaleza es un problema moral, una elección estética a delegar y que se resuelve con voluntarismo impuesto a golpe de decreto: más y más regulación diseñada por expertos omniscientes y administrada por burócratas. Citando a Terry Anderson y a Donald Leal:

[La ampliación de los procesos de mercado] para incluir los recursos naturales y los espacios de alto valor ecológico ofrece la única posibilidad de mejorar la calidad del medio ambiente, elevar los niveles de vida y –tal vez lo más importante– de ensanchar el espacio de las libertades individuales.

La recuperada salud de los bosques así parece demostrarlo.

Hacer del robo, ley

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

El Proyecto de Ley posee infinidad de puntos oscuros, pero quizás el más preocupante es el cambio sustancial que sufren las valoraciones de suelo para supuestos expropiatorios. El criterio general que se viene utilizando para la valoración de inmuebles desde la Ley 6/98 es en función de su clasificación (urbano, urbanizable y no urbanizable). Sin embargo, este criterio es sustituido por el de en función de su situación básica  en el nuevo Proyecto de Ley (situación de urbanizado o situación de no urbanizado). De este modo, y con este cambio, cuando el Estado realice expropiaciones poco importará cómo este clasificado el suelo en el Planeamiento General de los municipios y la expropiación se realizará atendiendo a su situación básica en el momento del expediente expropiatorio. Y es que se podrán expropiar suelos clasificados como urbanizables que no han iniciado su transformación como si de no urbanizables o rústicos se tratase (en situación de no urbanizado).

Si a esta modificación le sumamos los cambios de los mecanismos de valoración del suelo que se detallan en el título III de la futura Ley, nos encontraremos con unas expropiaciones cuyas indemnizaciones incumplen el concepto de indemnidad patrimonial, ya que la compensación será infinitamente inferior a la del mercado libre. Rechazar la formación del precio del suelo en el mercado y sustituirlo por un valor irrisorio debería conllevar el cambio de denominación de justiprecio expropiatorio a injustiprecio.

El legislador, además, se apoya en nuevos conceptos que legitiman la intervención pública del suelo como puede ser el de “desarrollo sostenible”. Sin embargo, este concepto que se emplea en el texto es uno de los más controvertidos y contestados desde la ciencia económica. Este término (auspiciado por el Club de Roma) posee una más que dudosa validez científica debido a su incomprensión del proceso de formación de bienes económicos, el fenómeno de la escasez económica y la importancia del sistema de precios no intervenidos en la atenuación de escasez. Por ello, debido a esta serie de carencias conceptuales, las políticas económicas encaminadas a lograr un desarrollo sostenible sólo han logrado lo último: sostenerse en el tiempo, pero lastrando el desarrollo.

Si analizamos el articulado del Proyecto nos daremos cuenta de que se desarrollan definiciones y exigencias de dudosa constitucionalidad, ya que salen de las competencias del Estado en esta materia, acotadas de forma clara en la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 (según esta sentencia la administración central única y exclusivamente tiene compendias en los deberes y derecho de la propiedad y las valoraciones de suelo para supuestos expropiatorios). Por apuntar dos cuestiones de extrema curiosidad, reseñaré el cambio de los derechos y deberes de la propiedad, al de derechos y deberes de la ciudadanía. De esta forma, se incentivan las decisiones colectivas sobre los límites de la propiedad privada del suelo, lo cual incrementará la inseguridad jurídica en torno a la propiedad y no ayudará a la transformación del suelo para los usos más urgentemente necesitados. La otra cuestión es que el legislador llega incluso a pedir que se incluya entre la documentación de las actuaciones de urbanización un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará su impacto en las haciendas públicas; sin duda alguna este informe deja entrever que lo importante no es el desarrollo armónico en virtud del cual los recursos escasos se utilizan en la consecución de los fines más urgentemente necesitados por los individuos, sino que las arcas locales estén bien saneadas.

En lo que a las haciendas públicas se refiere, el legislador deja bien claro que es lo único que le interesa: incrementar los impuestos urbanísticos de forma sustancial. Por un lado, se incorpora una reserva mínima del 25% de la edificabilidad destinada para viviendas sujetas a algún régimen de protección (incorporación de dudosa constitucionalidad)  y por otro, se aumenta el impuesto del porcentaje de cesión de las plusvalías generadas por la promoción inmobiliaria. En la Ley 6/98 el porcentaje era del 10% del aprovechamiento del sector o ámbito correspondiente con carácter máximo y podía ser reducido por las legislaciones urbanísticas autonómicas. El actual Proyecto de Ley lo modifica de forma considerable: un mínimo del 5% y un máximo del 20%, que ya no se refiere al aprovechamiento urbanístico tipo o medio, sino a la edificabilidad media ponderada (este cambio de definición, aunque no afectará a la recaudación final de las arcas públicas, traerá problemas para los técnicos y burócratas que tiene perfectamente asimilado el concepto de aprovechamiento urbanístico). Sin duda, estos nuevos impuestos repercutirán en el precio final de la vivienda libre produciendo una tendencia inflacionista mayor de la que hoy existe.

Para concluir, habría que señalar la errónea interpretación que hace la futura ley sobre la especulación. La especulación tiene dos orígenes: uno autónomo que permite la adecuación de la oferta a la demanda en el plano intertemporal, y otro inducido por las diferentes formas de intervención pública en el libre uso del suelo. Tratar de evitar el primero (como hace el Proyecto de Ley) es desequilibrar el mercado y distanciar la oferta de la demanda, con los graves problemas que estas divergencias ocasionan. En cambio, tratar de evitar el segundo de una forma distinta al cese de la intervención que ha causado el problema, es sentar las bases de ulteriores intervenciones que,  descoordinarán las acciones de los agentes económicos y motivarán nuevas ocasiones para vivir de la especulación sobre futuras intervenciones y nuevos focos de corrupción. Es por ello que esta Ley, además de ser de dudosa constitucionalidad, de incrementar el precio de la vivienda y promover la mayor intervención pública incentivando de esta forma la especulación no coordinadora, traerá una mayor corrupción de la que hoy tenemos y desacelerará uno de los sectores más importantes de nuestra economía, al incrementar la inseguridad jurídica sobre la propiedad privada.

Los decretos de la elegida Salgado

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

El gobierno jamás ha tenido autoridad moral en nada, pues la moral es algo que sólo concierne al hombre libre, al ciudadano individual; pero Salgado sí que tiene la capacidad de aplicar la fuerza contra sus enemigos, Burger King y el consumidor, olvidando totalmente la libertad de elección de la gente a meterse en el cuerpo lo que le venga en gana, elegir si quiere estar gordo o no, llevar o no una vida sana. No necesitamos a ninguna ministra socialista para decirnos lo "malo" que es Burger King o McDonalds; otros como Morgan Spurlock, el de Super Size Me, ya lo han hecho con mayor éxito y, de paso, se han forrado. Sí, sí, uno de esos anticapitalistas a los que tanto les gusta el dinero.

Para justificar el acto totalitario de la ministra los defensores de la omnipotencia estatal han apuntado, como siempre, al corazón de la gente para provocar el miedo, diciendo que las hamburguesas inducen a la obesidad y a morir prematuramente, y que además esto representa un coste para la Seguridad Social. Según un informe de FUNCAS publicado en 2005, España tiene una de las tasas de longevidad más altas de Europa y el de las mujeres, concretamente, es el más alto del continente. Realmente no nos hace falta ningún informe para demostrar algo tan obvio, y es que, a pesar de la aparición de Burger King, por más que les duela a los socialistas y otros dictadores de la vida sana, cada vez somos más y vivimos más: si a comienzos del siglo XX el número de personas que alcanzaban cada mes en España los 65 años era de 10.000, en el siglo XXI la cifra se ha triplicado y el futuro pinta mucho mejor. No encontrará ningún informe que afirme que en el futuro moriremos antes. Pero es que incluso nuestra calidad de vida ha mejorado también: los jóvenes son más altos, sanos y robustos que sus padres y llegamos a la vejez en mejores condiciones que nuestros bisabuelos. Esta situación no sólo se debe a los increíbles avances médicos que nos ha proporcionado el capitalismo sino también a la diversidad alimenticia y reducción de costes en la estructura productiva de la alimentación, a la que Burger King y su competencia han contribuido. Hoy pocos alimentos nos resultan prohibitivos por su precio. A principios del siglo XX era exactamente al revés.

Lo que también llama la atención es ver como aquellos que se proclaman anti-materialistas ahora se preocupen por el estado financiero de la Seguridad Social. La Seguridad Social no la pagamos porque queramos, sino porque el Estado nos obliga bajo amenazas de tomar represalias contra nosotros. A pesar de los socialistas, tenemos el derecho de ir al médico estatal cada vez que nos encontremos mal por cualquier causa, y no sólo eso, sino que el médico está obligado a sanarnos. Si lo que quiere la ministra es que cada uno sea responsable de sus actos, algo aberrante para un fanático igualitarista ya que eso implicaría tener libertad, lo que tendría que hacer es privatizar totalmente la medicina y desregular parte del mercado financiero para que aflorase la oferta sanitaria en todas sus ramas y formas de financiación; así no pagaríamos las enfermedades de personas "irresponsables" o de aquellas a las que ni conocemos y a cuyos gastos concurrimos por el miedo a la venganza gubernamental. Pagaríamos no sólo por nuestro consumo sanitario sino también por el de nuestros allegados, pero por amor, no por temor.

Burger King tiene más de 11.000 restaurante en todo el mundo, de los cuales 400 están en España. Mantiene sólo en nuestro país casi 10.000 empleos directos y eso sí que es saludable para nuestro tejido económico a pesar de las intenciones de Salgado. Además, la voluntad de servir a la gente lo señala perfectamente la estrategia de Burger King: "Poner al Servicio del Consumidor lo que le Apetece", que es lo contrario a lo que hace Salgado. Asimismo, Burger King tiene infinitos controles de calidad de los que carece el "Bar Manolo" donde usted va a comer en su hora de descanso laboral, y la compañía facturó en el año 2004 en España 268 millones de euros, un 12% más que el ejercicio anterior.

Esto significa que la gente quiere consumir productos Burger King y no leyes totalitarias Salgado. Siéntase libre de comerse un Whopper XXL, un Big King XXL o cualquier otro delicioso manjar de 1.000 Kilocalorías made in King, y mejor aún si lo acompaña de una o varias cervezas y termina con uno o más cigarrillos. La libertad de elegir es nuestra, no de fanáticos prohibicionistas, y eso significa que, aunque naturalmente siempre se puede no consumir lo que no apetece, no se le puede negar a los demás con amenazas el mismo derecho. Quién sabe, podría ocurrir que esta moda de la prohibición indiscriminada le acabe rebotando a esos fanáticos sobre algo que sí aprecien y que, al igual que comer hamburguesas, no sea un acto criminal.

La propiedad privada por los suelos

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El Proyecto de Ley pretende haber encontrado una fórmula mágica para acabar con la especulación y la presión del precio del suelo sobre el precio de la vivienda. Se trata de la eliminación de la clasificación del suelo como criterio general para la valoración de inmuebles. La idea es que la clasificación "ha contribuido históricamente a la inflación de los valores del suelo, incorporando expectativas de revalorización mucho antes de que se realizaran las operaciones necesarias para materializar las determinaciones urbanísticas de los poderes públicos y, por ende, ha fomentado también las prácticas especulativas, contra las que debemos luchar por imperativo constitucional". Si la eliminación se realizara para liberalizar la urbanización del suelo, esto podría tener algún sentido. Pero la realidad es que este cambio no incrementa la oferta y sólo sirve, como luego veremos, para reducir los pagos por expropiaciones.

Es más, el proyecto incorpora una reserva mínima del 25% de la edificabilidad destinada para viviendas sujetas a algún régimen de protección así como un aumento del porcentaje de cesión de las plusvalías generadas por la promoción inmobiliaria (que pasa del máximo del 10% en la Ley 6/98 a un nuevo máximo del 20%). De estas imposiciones sólo cabe esperar nuevas presiones al alza en el precio.

Además, pensar que con la eliminación de las clasificaciones se elimina la especulación es no entender nada. Existen dos tipos de especulación cuya naturaleza es totalmente opuesta. La primera es económica mientras que la segunda es política. La especulación económica está necesariamente presente en cada acción, grande o pequeña, que los seres humanos llevamos a cabo. Su efecto es claramente beneficioso en cuanto trata de coordinar intertemporalmente el uso presente de los recursos con su previsible escasez futura. En el caso del suelo, la especulación de naturaleza económica tiende a conservar suelos que puedan tener gran valor en el futuro y reduce las fluctuaciones del precio al comprarse terrenos cuando están muy baratos en relación a su potencial uso y venderlos cuando son caros y destinados a usos más provechosos. La especulación política, en cambio, consiste en comprar terrenos no urbanizables a muy bajo precio porque se tiene la certeza de que serán recalificados como urbanos. Mientras que la especulación económica tiene efectos sociales claramente positivos, la política es el caldo de cultivo de una de las mayores lacras modernas: la corrupción. Pues bien, el Proyecto de Ley del Suelo ataca la primera mientras que fomenta la segunda con nuevas dosis de intervencionismo y arbitrariedad.

Desde el derecho "de participación y de prestación de los ciudadanos en relación con el urbanismo", al deber del propietario "de conservar los terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar" una enorme cantidad de riesgos, pasando por "el deber de dedicar la vivienda al uso previsto o autorizado directamente o poniéndolo a disposición de terceros" la futura ley es una retahíla de disposiciones cuya aplicación es totalmente arbitraria.

Pero los despropósitos no acaban aquí. En 1994 el Partido Popular introdujo en la Comunidad Valenciana uno de los mayores ataques a la propiedad privada que jamás se han perpetrado en el sector. Me refiero a la creación de la figura del agente urbanizador, ese tercero con derecho a suplantar al propietario a la hora de realizar una actuación urbanística. La Ley del Suelo de 1998 le dio cierta cobertura y se expandió por varias Comunidades Autónomas en poder de ambos partidos. Pues bien, la futura ley socialista trata de legitimar esta estafa legal y abre la puerta en el título del artículo 6 a la ampliación de estas prácticas contrarias la propiedad privada al campo de la edificación haciendo referencia al agente edificador.

Con todo, lo peor del Proyecto de Ley se encuentra en el Título Tercero, que trata las valoraciones de cara a la expropiación. Como hemos visto, las clasificaciones quedan eliminadas y los suelos pasan a ser considerados como rurales o urbanizados a efectos de su valoración. En lugar de valorarse el suelo que la Administración decide expropiar en función de su uso potencial, se hará en virtud de su situación física y se calculará a través del método de capitalización de rentas en lugar del método comparativo de suelos similares en el mercado. Para hacerse una idea de la importancia de este cambio, basta con observar que las fincas urbanizables serán expropiadas como rústicas. La ley se carga 400 años de aplicación más o menos acertada del justiprecio y la sustituye por algo que sólo puede ser calificado como injustiprecio. Las consecuencias de este ataque a la propiedad privada sobre la capacidad de financiación de los pequeños y medianos promotores vía reducción de las garantías hipotecarias no es ninguna broma. Los propietarios salen perdiendo y los únicos que sacan tajada son el Estado y el Agente Urbanizador.

Por desgracia, la ceguera económica de quienes han ideado el proyecto imposibilita solucionar problemas como el de los precios artificialmente elevados y el de la corrupción ligada a la especulación política. Es más, el espíritu de extremo intervencionismo logrará que se agraven aún más. Para colmo de males, la ley está empapada de tal desprecio por la propiedad privada que promoverá mayores cotas de incertidumbre jurídica y un nivel de injusticia propio de países huérfanos de algunas de las libertades más elementales.

Maltusianos

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

En el año 1798 se publicó anónimamente An Essay on the Principle of Population (Ensayo sobre el principio de la población), aunque rápidamente se identificó con su autor, Thomas Robert Malthus. En dicha obra se sostenía que el crecimiento de la población humana y del suministro de comida eran divergentes, ya que mientras que la primera crecía de forma geométrica, el segundo lo hacía de forma aritmética. Llegó incluso a predecir cuándo esta situación provocaría un colapso al decaer la cantidad de comida por persona, situación que tendría lugar a mediados del siglo XIX.

Los siglos XIX y XX transcurrieron sin que se produjese la catástrofe maltusiana. No obstante, durante dicho período no han cesado de aparecer opiniones que de una manera u otra son herederas de Malthus y que predicen debacles provocadas por el aumento de la población humana y el agotamiento de los recursos. Una de las obras que más impacto tuvo en su época fue Limits to Growth (Los límites del crecimiento), publicado en 1972, y encargado por el Club de Roma a Donatella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers y William Behrens.

En dicho libro se vuelve a insistir en un principio similar, el del crecimiento exponencial de la población humana, de su consumo, y sobre la limitación de los recursos, lo que acabará por provocar un colapso. De hecho se realizan distintas proyecciones sobre lo que tardarían en agotarse las reservas existentes conocidas en dicho período (incluso aunque se quintuplicasen). La más famosa de estas proyecciones sea quizás la relativa al petróleo. Según los autores, y tomando como fecha de partida el año 1972, se podría agotar en 20 años (con crecimiento exponencial y sin descubrimiento de nuevas reservas), 31 (con crecimiento estático) o 50 años (quintuplicando las reservas y con un crecimiento exponencial). Como se puede comprobar, los dos primeros plazos han transcurrido sin que de momento se hayan agotado las reservas, y las reservas descubiertas hasta ahora son más que suficientes para asegurar el consumo hasta el tercero.

Aunque se hayan realizado correcciones posteriores a dicho informe, como Beyond the Limits (Más allá de los límites del crecimiento) en 1993 y Limits to Growth: The 30-Year Update (Los límites del crecimiento: 30 años después) en 2004, sus predicciones son igualmente equívocas, ya que comete los mismos errores de partida que sus predecesores. La causa primigenia por la que todas estas predicciones han fallado no se encuentra ni en los datos de partida, ni en el modelado matemático. Indudablemente, tener buenos datos ayuda a realizar una predicción, y el modelo World3 tiene más funcionalidades que el Dynamo y a su vez éste es más complejo que las matemáticas exponenciales de Malthus. No obstante, ni el más complejo modelo matemático deja de ser una simulación, y como tal, sus predicciones son inservibles si sus planteamientos iniciales son incorrectos.

El principal fallo de todas estas obras radica en el hecho de tratar de predecir el efecto del hombre sobre la Tierra y los llamados recursos naturales, sin tener en cuenta precisamente lo que lo hace humano, es decir, su capacidad de inventiva, adaptación y superación. La historia de la humanidad no deja de ser sino un testimonio de cómo los individuos han ido venciendo obstáculos aparentemente insalvables. Durante el paleolítico inferior se calcula que la población humana ascendía a unos 125.000 individuos, mientras que al final del paleolítico superior esta cifra subió hasta los cinco millones de habitantes.

Este aumento no fue casual, sino que refleja el hecho de que el hombre fue capaz de obtener un mayor rendimiento de los recursos de la zona donde vivía. Así, dejó de ser un mero recolector y se convirtió también en carroñero inicialmente, y cazador posteriormente. Esto permitió que el número de hectáreas que necesitaba explotar para sobrevivir descendiese, a la par que regularizó el aporte alimenticio en el tiempo. Posteriormente, consiguió reducir aún más el espacio que tenía que explotar al descubrir la agricultura y la ganadería. Una hectárea de tierras cultivadas tiene un rendimiento muy superior al que podía obtener de una hectárea de bosque mediante la caza.

Además, la agricultura posibilitó, por vez primera, que existiesen hombres que puedan vivir sin necesidad de trabajar la tierra, con lo que podían dedicarse a otras labores, haciendo su aparición los núcleos urbanos. El rendimiento fue incrementándose posteriormente con el arado, la rotación de la tierra, los molinos, etc. Si durante el paleolítico se hubiese realizado una predicción con la metodología maltusiana, se habría llegado a la conclusión de que una gran catástrofe inmediata se cernía sobre el hombre al haber aumentado tanto la población. No obstante, y como hoy en día sabemos, hubiese fallado estrepitosamente porque no hubiese tenido en cuenta los efectos de la agricultura. Igualmente, cuando Malthus realizó su predicción no tuvo en cuenta los incrementos tecnológicos, fallo que también cometieron los diversos informes del Club de Roma.

El ser humano, además, cuenta con otros mecanismos frente a posibles restricciones. Si por un momento las previsiones sobre las reservas de hidrocarburos realizadas por Club de Roma hubiesen sido ciertas, el precio del petróleo se hubiese incrementado (en precios reales). Dicho incremento hubiese supuesto un acicate para investigar motores con mayor rendimiento (como así ha ocurrido siempre que ha subido el precio del petróleo). También se estarían desarrollando tecnologías que hasta entonces no habían sido rentables. Es decir, en el peor de los casos el petróleo no se acabaría jamás, ya que conforme fuesen cayendo las reservas conocidas, su precio se incrementaría, buscándose bienes sustitutivos y desarrollándose nuevas tecnologías que permitiesen obtener un mayor rendimiento del petróleo. Este comportamiento humano no ha sido tenido en cuenta por los maltusianos y sus sucesores, motivo por el cual sus predicciones han fallado siempre.

Por tanto, la conclusión que se obtiene al leer todo este tipo de informes es siempre la misma; aunque lo revistan de racionalidad matemática, jamás podrán acertar mientras traten de predecir el comportamiento del ser humano si eliminan la característica fundamental de su comportamiento: su racionalidad.

Argentina: la crisis del intervencionismo monetario

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

El 27 de marzo de 1991 fue sancionada en Argentina la Ley de Convertibilidad Austral por la que se establecía un tipo de cambio fijo entre el austral y el dólar en una cuantía de 10000 a 1. Posteriormente el austral sería sustituido por el peso convertible, cuyo tipo de cambio con el dólar pasó a ser de 1 a 1.

En otras palabras, la convertibilidad del peso con el dólar establecía que toda emisión de nueva moneda por parte del Banco Central estaría respaldada por un incremento de dólares en sus activos: la ley configuraba la responsabilidad de que todo pasivo (peso) tuviera su correspondiente activo (dólar).

En sus primeros años de funcionamiento, la Ley de Convertibilidad logró detener la hiperinflación que estaba sufriendo Argentina al respaldar su divisa con un activo con suficiente credibilidad como es el dólar. Las deudas del banco central (sus pasivos o pesos) parecían tener ahora una mayor calidad.

Los problemas vinieron durante la década del 1991-2001. Mientras la economía creció un 40%, el gasto público se multiplicó por dos. Buena parte de ese incremento fue financiado a través de la emisión de deuda pública denominada en dólares y adquirida por extranjeros.

En enero de 1998 el gobernador del Estado brasileño de Minas anunció el impago de la deuda pública y posteriormente el gobierno brasileño devaluó el real. Esto encareció y hundió las exportaciones argentinas, dando lugar a un empeoramiento de la situación económica del país, a una mengua de la recaudación fiscal y a un incremento del riesgo país con el derivado aumento del coste de financiación. Todo ello agravó aún más la situación de las arcas públicas.

En 2001 el pago de la deuda ascendía a 12.000 millones de dólares y para el período 2003-2005 alcanzaba los 40.000. El previsible impago (en diciembre de 2001 el Parlamento decretó el impago de toda la deuda externa entre gritos de "Argentina, Argentina") hundió el valor de la deuda pública, lo cual redujo el valor de los activos de los fondos de pensiones y, especialmente, de los bancos comerciales.

Dado que la deuda formaba parte de los activos de los bancos, la caída de valor imposibilitó que éstos pudieran atender al pago de sus deudas con los acreedores (depósitos a la vista).

En este contexto de crisis bancaria se aprobó el célebre corralito, por el cual los argentinos sólo podían retirar una pequeña cantidad diaria de dinero en efectivo por semana o bien "transferir saldos mediante cheque, giro o transferencia", en otras palabras, se permitía que otro se subrogara en la posición de acreedor frente al banco pero no que ejecutara su crédito para cobrar en efectivo. Este corralito interno fue acompañado por su corolario externo, esto es, la prohibición de extraer más allá de una cierta cantidad de dinero del país.

El objetivo de esta retención de fondos en los depósitos bancarios tenía bastante poco que ver con tratar de conceder más tiempo a los bancos para que lograran atender a sus deudas y pasara el pánico bancario ya que, de hecho, el corralito sólo logró estimularlo y magnificarlo con las famosas caceroladas.

En realidad, la finalidad del gobierno era la de confiscar los depósitos de los argentinos derogando la ley de convertibilidad peso-dólar y luego devaluando el peso en un 40%, de manera que los bancos sólo tuvieran que responder por un importe del 60% de sus deudas originales, aun cuando restituyeran el 100% del nominal en el peso devaluado.

Para que entendamos la jugada plutocrática: imagine que deposita 1000 litros de aceite en un banco agrario. El banco consume 500 litros de ese aceite y al cabo de un mes entra en bancarrota. Usted acude a la ventanilla y pide que le devuelvan los 1000 litros, pero obviamente éstos ya no están en reserva. Para evitar el incumplimiento contractual el gobierno emite una ley que redefine la unidad de litro como 500 mililitros. El "nuevo litro" tiene la mitad de líquido real que el "antiguo litro", pero ello permite al banco agrario devolverle los 1000 "nuevos litros" de aceite.

La convertibilidad fracasó precisamente porque el excesivo endeudamiento público deterioró la calidad de la deuda y de este modo los activos del banco central y de los bancos comerciales. La imposibilidad de atender la deuda envileció el peso, hizo caer en un 25% el PIB del país y confiscó a los ahorradores argentinos y extranjeros más del 40% de su dinero.

Lo más gracioso de toda la historia, sin embargo, es que los socialistas siguen atribuyendo la crisis argentina al mal funcionamiento del sistema capitalista. Será que el déficit desbocado, la monetización de la deuda o el monopolio del dinero son recetas típicamente liberales hacia la prosperidad.

En cualquier caso, si la experiencia argentina algo ilustró fue la teoría austriaca del ciclo económico y las nefastas del intervencionismo monetario que permite prever. No es posible crear riqueza convirtiendo las piedras en pan ni el papel en crédito solvente; una lección importante que se suele aprender demasiado tarde.

Hacia una sociedad de propietarios

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Es evidente que el Estado de Bienestar se ha mostrado incapaz de proveer satisfactoriamente necesidades tan elementales como la sanidad, la educación o la jubilación; muy al contrario, cada año monopoliza una cantidad creciente de recursos para ofrecernos unas prestaciones cada vez peores.

Hace unos días estudiamos la situación de quiebra en que se encuentra el sistema público de pensiones, motivo por el cual incluso los políticos socialistas nos exhortan a trabajar durante más años a cambio de unas rentas más inciertas. La calidad de ese paradisíaco Estado de Bienestar se va degradando día a día, ante su propia inutilidad.

La alternativa que nos propone la sociedad de propietarios está en plena consonancia con los principios capitalistas, que han permitido a la Humanidad disfrutar de los mayores niveles de vida jamás alcanzados. En lugar de contribuir coactivamente a las arcas del Estado, los promotores del estudio defienden que los individuos tengan libertad de disposición de sus rentas, para que puedan ahorrar e invertir en una selección de acciones de las mejores empresas del país.

Es importante comprender que la bolsa no tiene nada que ver con los juegos de azar. Cuando compramos una acción estamos adquiriendo una parte de una empresa y, así, una porción de todos los beneficios que ésta genere en el futuro. La rentabilidad de la inversión en acciones procede de que nos apropiamos del crecimiento futuro de la empresa para incrementar nuestro patrimonio.

El incremento real de nuestro bienestar que se produciría en el caso de abandonar los esquemas estatistas e invertir en bolsa es simplemente espectacular. El estudio, por ejemplo, concluye que una persona que empezara a invertir a los 25 años 700.000 pesetas y luego incrementara la cuantía en un 4% cada año (728.000 pesetas el segundo año, 757.000 el tercero…) podría jubilarse a los 50 años con unas rentas mensuales de casi 400.000 pesetas y un patrimonio de 64 millones. Por supuesto, cuanto mayor sea la aportación anual antes podrá decidir jubilarse el inversor (incluso a los 40 años); si no, percibirá rentas aún mayores.

Compare esto con las reducidas pensiones que se obtienen a los 65 años y pregúntese por qué tiene que soportar la dictadura de la miseria. Los individuos podrían dedicar su tiempo libre a otras actividades (leer, escribir, dibujar, viajar, hacer deporte, etcétera), reducir su jornada laboral y conciliar su vida laboral y familiar de un modo más sencillo (criar y educar a sus hijos en casa) o tomarse varios años de vacaciones, durante los cuales podrían incrementar su formación y, así, percibir más tarde mayores salarios.

Piense incluso en este supuesto, totalmente realista: unos padres que decidan hacer a su hijo recién nacido el que sin duda será el mejor regalo que reciba en su vida: abrirle un fondo de valores bursátiles de dos millones de pesetas. Ese fondo se habrá revalorizado hasta los 15 millones cuando el niño ya no sea tal y cumpla 30 años: le proporcionará unas rentas pasivas mensuales de más de 100.000 pesetas. Todo ello sin que el niño trabaje y, lo que es más importante, ayudando a crear riqueza en el resto de la economía. ¿Quién dijo que el salario mínimo era necesario para una vida digna?

Todos estos cálculos se han obtenido con la estimación, bastante realista, de un crecimiento de la bolsa del 7% anual (podría considerarse incluso conservadora, si tenemos en cuenta la experiencia chilena: allí, tras la implantación de las pensiones por capitalización, el crecimiento económico pasó de un 3 a un 7% anual). Se trata de una cifra obtenida de la suma de un crecimiento real de la economía del 4%, un beneficio de apalancamiento del 2% (diferencia entre el rendimiento del capital y el coste de la financiación) y una reinversión de los beneficios del 1%.

Ahora bien, cualquier individuo con una mínima cultura financiera podría dedicarse a seleccionar sus inversiones y superar ese 7% anual de rentabilidad media: baste decir que la rentabilidad media anual del Ibex 35 es del 10%.

El problema es que la inmensa mayoría de la población ha crecido en una sociedad de trabajadores ajena a la actividad empresarial e inversora. Quien quiere alcanzar una posición económica holgada se esfuerza por conseguir un puesto de trabajo de alta remuneración, y para ello está dispuesto a estudiar entre 15 y 20 años; pero luego descuida la organización de sus finanzas personales.

Dicho de otro modo: la mayoría de la sociedad comete el fatal error de confundir renta con riqueza. Los ricos no lo son porque obtengan cada año unas rentas muy elevadas que les permitan gastar de manera desbocada, sino porque han amasado un gran patrimonio y lo están destinando a tareas productivas.

Si percibimos grandes rentas salariales pero carecemos de riqueza podremos consumir como ricos durante un tiempo, pero cuando esas rentas se interrumpan (por ejemplo, porque seamos despedidos) careceremos de un colchón que nos permita mantener nuestro status de vida. Tendremos que recortar drásticamente nuestros gastos, incluso liquidar parte de nuestra exigua riqueza (pensemos en un desempleado que tenga que vender su coche nuevo poder pagar las cuotas de la hipoteca).

Si queremos consumir como ricos primero deberemos tener el patrimonio de un rico, y para ello sólo hay un camino: capitalizar nuestras rentas, esto es, ahorrar e invertir. O, como diría Robert Kiyosaki, deberemos pasar de una situación como la actual, donde trabajamos para el dinero, a una donde el dinero trabaje para nosotros.

Sólo la sociedad de propietarios crea los incentivos para que emerja esa necesaria cultura financiera, al hacer a las personas responsables de su dinero y de su propio futuro.

Además, la sociedad de propietarios tiene otros dos efectos que la hacen muy superior al Estado de Bienestar. El primero es que, a diferencia de éste, no destruye la riqueza, sino que la estimula. La acumulación de capital se incrementa enormemente gracias a los nuevos ahorros de las personas; igualmente, crecen la productividad y los salarios. La segunda es que nos vuelve independientes del Estado y de su aparato redistributivo. Nuestra pensión futura o nuestra seguridad presente no dependen de un aparato coactivo y centralizado, sino de nuestro propio patrimonio.

¿Permitiría que su alimento dependiera de la aquiescencia de un tercero? Hoy, su salud y su manutención en el futuro dependen de que el Estado siga transfiriéndole recursos a través de su aparato coercitivo. ¿Se ha parado a pensar qué le sucedería si dejara de hacerlo, o si le amenazara con dejar de hacerlo?

Sólo la sociedad de propietarios nos garantiza prosperidad e independencia frente al poder político. El estudio del Instituto Juan de Mariana merece la máxima atención y difusión por parte de todos los liberales, porque en él se encuentra un muy necesario referente para nuestra agenda y nuestra lucha diaria.

Aparten sus sucias manos de Internet

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Esta aparente contradicción la salvan arguyendo, más o menos directamente, que para salvaguardar la libertad dentro de Internet hay que prohibir y regular cosas en las infraestructuras.

Este debate en concreto ha surgido por la propuesta de evitar por medio de una ley que, en Estados Unidos, las compañías telefónicas puedan discriminar entre los distintos tipos de datos que circulan por los cables de su propiedad para dar más prioridad a unos frente a otros. Esto ha servido para dar como principal argumento del debate la explotación demagógica de la retórica izquierdista de la "gran empresa vs. el pobre y pequeño individuo indefenso"™. Lo cierto es que la llamada neutralidad en la red no ha sido impuesta hasta ahora por ley, e Internet ha funcionado bastante bien y, sí, razonablemente neutra aunque tampoco del todo. Pero las empresas de telecomunicaciones estadounidenses han empezado a ver una oportunidad de negocio, básicamente, en el ofrecimiento de paquetes a los consumidores con o sin telefonía sobre Internet (VoIP) y quieren tener la oportunidad de dar prioridad al tráfico de Internet que provenga de ese servicio de pago sobre el resto. Además, consideran que hay empresas como Google o Yahoo ganando mucho dinero a base de usar una infraestructura de red que no han pagado, y que son ellas quienes les están subvencionando en parte sus beneficios.

Quizá quien mejor represente a ambos lados del debate sea el columnista de USA Today Andrew Kantor. En febrero tomó partido a favor de la neutralidad de la red poniendo como ejemplo un hipotético intento de acceso a su propio diario, encontrándose con un mensaje del tipo "USATODAY.com no ha suscrito ningún acuerdo de transporte de datos con AT&T para que sus contenidos puedan llegar a los clientes de AT&T. Disculpen las molestias". Sin embargo, en junio escribió de nuevo reconsiderando su postura; ninguna empresa duraría mucho en este negocio impidiendo el acceso a sitios web –porque eliminaría de hecho el atractivo de Internet–; por eso no lo han hecho hasta ahora. Es más, la prohibición de que las empresas de telecomunicaciones cobren por un acceso prioritario y más rápido no nos iguala por arriba en cuanto a calidad y velocidad, sino por abajo. Algo así como la LOGSE y su hija la LOE, pero aplicado a la red.

La postura a favor de la neutralidad se basa en una visión estática de la economía y la tecnología, que considera el estado actual de las redes de comunicaciones como algo inamovible, lo que ha llevado a economistas, activistas y pensadores de todo tipo como Roxanne Googin, Lawrence Lessig o Vinton Cerf, a plantearse incluso la opción de volver a nacionalizarlas, siquiera en parte. George Gilder denunció que dicha visión significa trasladar toda la innovación en los bordes de las redes, estatificando cualquier desarrollo de las redes mismas. Es decir, significa que las mejoras tecnológicas, el negocio y los beneficios se queden, vía ley, en el campo de juego de Google, eBay o Yahoo, y se impida a las compañías telefónicas innovar y lograr dinero por ello. Razón por la que las primeras están cabildeando a favor de la legislación de "neutralidad".

Esto no es una pelea entre grandes empresas e indefensos clientes, sino una lucha en la que unas grandes empresas desean pedir ayuda al tío de Zumosol, el Estado, para evitar que otras grandes empresas les cobren por utilizar sus servicios. A nuestra costa, naturalmente; lo que se pide es que sean sólo los consumidores quienes carguen vía factura telefónica con los costes de las redes de comunicaciones. Y si las empresas no logran rentabilizar las inversiones en redes más rápidas, simplemente no invertirán. También olvidan los defensores de las leyes favorables a la neutralidad es que siempre, en todo ámbito conocido, en cuanto se permite al Estado meter mano en un ámbito, se expande hasta ocuparlo y regularlo por completo. Curiosa manera, pues, de "salvar Internet".

¿Es el tamaño de nuestro culo un asunto del gobierno?

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Análisis diario.

La Ministra de Sanidad ha tenido la ocurrencia de amenazar a los restaurantes de comida rápida por los productos, a su juicio poco saludables, que expenden a la clientela. Es una forma como cualquier otra de sublimar su frustración por no haberse convertido en la jerifalta de la Organización Mundial de la Salud. Pero el problema no es que una émula de la señorita Rottenmaier la emprenda desde su posición política contra una empresa privada, sino la aprobación casi general que este tipo de medidas suscitan entre la gente.

Ayer mismo comentábamos el asunto en una reunión de amigos, todos con hijos en edad de McMenú, y las opiniones reflejaban la práctica unanimidad (yo siempre tocando las narices) en que los restaurantes de este tipo de comida "basura" deberían estar prohibidos. Se daba la feliz circunstancia de que una de las más furibundas censoras del McDonald’s y el Burger King es una fanática de los salazones, producto típico de las zonas costeras que en Murcia tiene mucho éxito gastronómico. Pues bien, en términos de salud, resulta que los alimentos salados son tan peligrosos o más que los que tienen excesivo colesterol. Ante mi propuesta de que se cerraran también todas las fábricas de salazones, en aras de nuestra salud cardiovascular, la respuesta inocente de la aludida fue: "hombre, no es lo mismo". Claro que no es lo mismo, porque a ella no le gustan las hamburguesas pero se pirra por el bonito, los encurtidos y la mojama.

La cuestión es: ¿quién puede atribuirse la facultad de dictar a los demás como deben conducir su dieta? En el tema de los restaurantes de comida rápida, se utiliza también el señuelo de los niños para estimular el celo censor de la "superioridad". Se supone que como son niños, no tienen capacidad para decidir sobre sus gustos alimenticios. Bien, ocurre que para eso están los papás, a menos que les supongamos también insuficiente capacidad mental para decidir qué y qué no deben comer sus criaturas.

Mis hijos no van a los McDonald’s, entre otras cosas porque su madre, enfermera nutricionista, prefiere darles otro tipo de meriendas. Jamás nos hemos sentido coaccionados por la existencia de estas empresas ni por el hecho de que sus amigos frecuenten este tipo de restaurantes. Cada cual elige su forma de vida y nada ni nadie debería prohibirle esa conducta, siempre que con ella no lesione derechos de terceros.

Lo que subyace en esta aquiescencia paterna hacia las medidas inquisitoriales de los políticos en materia de salud infantil, es su incapacidad vocacional para decidir por sí mismos cómo educar a sus hijos. En efecto, si no hay restaurantes de comida rápida se evitan decirle al niño que en lugar de hamburguesas con ketchup tiene que merendar un pepito de ternera con dos rodajas de tomate.

La obesidad infantil es un problema, sí, pero no de la industria alimenticia ni de los políticos, sino de los padres. Asumamos esta verdad elemental y dejemos el asunto de las tallas de calzoncillos en el terreno de la intimidad, que es donde debería seguir siempre.

La 2 quiere que siga habiendo pobres

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Le ha dado el altavoz más grande que tenía a mano a una colección de trogloditas dispuestos a cargarse las bases de la civilización occidental, decididos a impedir que avancemos hacia una sociedad en la que la libertad del individuo traiga prosperidad para todos. Menuda selección: Carlos Taibo, Manu Chao, José Bové, Susan George, Vittorio Agnoleto, Ignacio Ramonet, María José Fariñas, Federico Mayor Zaragoza, Ramón Fernández Durán, Giovanni Sartori o Jeremy Rifkin son algunos de los más destacados.

El programa está concebido como una lluvia de meteoritos que al caer sobre la mente del espectador lanzan el sencillo mensaje: el neoliberalismo y la globalización matan.

El primer tema fue la pobreza. Carlos Taibo cuenta que "no podemos permitir que la gente se muera de hambre en muchas partes del planeta por razones relacionadas con el egoísmo". Para Taibo ese egoísmo no es otro que las reglas del sistema liberal. Después, José Bové, el quemador de hamburgueserías (se rumorea que ha sido contratado por Elena Salgado para trabajar en Burger King), nos cuenta eso de que el 80% de la riqueza está en manos del 20% de la población. Estos dos lumbreras no se han planteado que a lo mejor resulta que la riqueza se produce allí donde existen relaciones libres, mientras que en los países en los que al ser humano no se le permite perseguir los fines que considera más urgentes, debido al intervencionismo social que ellos defienden, es imposible prosperar. La riqueza no está dada sino que se crea. Pero ellos siguen empeñados en hablar de ella como si de un pastel se tratara. Estos autoproclamados defensores de los pobres son en realidad defensores de la pobreza y del gran poder político, siempre que esté en sus manos, claro. Entre sus adoradas infamias se encuentra la vergonzosa política agraria de la Unión Europea, que impide a los habitantes de muchos países pobres salir adelante gracias al comercio libre. Y no ven la contradicción.

A partir de este punto se suceden las consignas. "El neoliberalismo construye gigantescos muros para detener la inmigración". Resulta curioso observar que los sistemas que defienden estos fanáticos liberticidas construían y siguen construyendo enormes muros para evitar que la gente pueda salir de sus países-cárcel. El hambre que sus políticas económicas ha regado por el mundo impulsa a millones de individuos a alcanzar países con mayores cotas de libertad. Sí, ante esta situación, algunos países erigen grandes barreras a la inmigración. Pero suelen ser precisamente los menos liberales y los más influidos por los lobbys sindicales.

La globalización se resume como un proceso injusto que expolia lo mejor de los países pobres y deja allí lo peor de nuestra sociedad. No entienden que la globalización sólo otorga oportunidades y que cada cual decide si las toma o las deja. Los intercambios se producen cuando todas las partes que intervienen salen beneficiadas. Por eso, la historia de la globalización, de ese proceso que multiplica las posibilidades de intercambio, es la historia del mayor incremento de la calidad de vida jamás experimentado sobre la tierra para aquellos que han participado en él.

Taibo participa en esta fase de la operación propagandística advirtiendo que si uno piensa que la deslocalización tiene un efecto positivo para los países pobres a los que se trasladan las empresas, no están viendo la realidad tal como un taibanés la debería ver. Donde la gente sensata y realista ve un beneficio para el país pobre, un taibanés ve un "designio descarnado de acumular más beneficios". A esta gente no hay quien la entienda. Dicen que las empresas que se van no crean riqueza en el lugar en el que se instalan pero montan grandes manifestaciones cada vez que una quiere irse de aquí. Por cierto, ¿dónde estaban estos especimenes cuando las multinacionales dejaban sus países de origen para instalarse en España?

Giovanni Sartori intentó convencer al telespectador de que China representa la catástrofe para Europa y que el modelo americano no funciona. Así que, ¡seamos felices en el Estado del Malestar! En cambio, Vittorio Agnoleto, del Foro Social, es algo menos sutil y anima a todos los televidentes a organizarse contra el capitalismo y las multinacionales.

Y son éstas, las multinacionales y las grandes empresas en general, las culpables de casi todos los males del planeta. A juzgar por los ataques de Ramonet a WalMart, ésta debe ser la peor de todas. ¿Será porque la cadena de supermercados ha incrementado sustancialmente el nivel de vida de millones de familias de clase media y baja en los Estados Unidos? A este hombre eso de que el mercado mejore las condiciones de vida de forma tan clara no le gusta. Lo que seguro que le gustaría sería verse en el cargo de superintendente general de miles de comedores obligatorios que, como ocurre con la sanidad pública, costarían un ojo de la cara y a cambio recibiríamos una comida de vergüenza. Mientras esta pesadilla no se haga realidad disfrutemos de los precios "siempre bajos" de las grandes cadenas de distribución como WalMart.

Lo cierto es que como reza el lema del programa, otro mundo es posible. Y es que no hay necesidad de avanzar por la senda totalitaria que se vislumbra en las recomendaciones de los expertos antiglobalización. Otro mundo es posible en el que los individuos sean libres y responsables de sus acciones. Un mundo donde el proceso de cooperación social del mercado libre promueva la prosperidad global, donde el único uso legal de la fuerza sea el defensivo y donde la justicia no sea un juego en mano bandas políticas sino un sistema que gire en torno al respeto de la propiedad privada y la vida de las personas. Ese mundo es posible y saludable, pero no lo anuncian en la televisión pública española.