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El tirano cumple ochenta

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Resulta sorprendente que, en todos estos años, nadie haya ejercido el derecho al tiranicidio que defendieron la mayoría de los pensadores escolásticos españoles del Siglo de Oro. Dicen que ha habido múltiples intentos de matarle pero lo cierto es que no debieron poner el suficiente empeño en la tarea.

Hoy, cuando Castro cumple ochenta años convaleciente de una reciente intervención quirúrgica, son muchos los que se preguntan cómo es posible que uno de los mayores tiranos de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI vaya a morir manteniendo todas sus propiedades robadas, sus esclavos y su aureola de héroe. No cabe la menor duda de que gran parte de la culpa la tienen sus guardaespaldas dialécticos: los políticos e intelectuales de izquierda y no pocos socialistas de derecha, amantes todos del estatismo. Sin embargo, gran parte del mérito recae en el propio Castro, quien parece haber seguido al pie de la letra las descripciones de Juan de Mariana sobre el típico tirano.

Hace más de cuatro siglos el jesuita de Talavera advertía que el tirano consigue su poder mediante el uso ilegítimo de la fuerza pero, aun partiendo de un origen legítimo, lo desarrolla con violencia, y se enfrenta a los buenos. Además, como los Castro y Guevara, el tirano se caracteriza porque "se apodera de todo por medios viles y sin respeto alguno a las leyes, porque estima que está exento de la ley". Por eso no se somete "al mismo derecho que los demás [el derecho natural] ni, por lo tanto, constriñe el uso de la fuerza a hacer respetar ese derecho, sino que es amigo de atemorizar con el aparato de su fuerza y su fortuna".

Castro ha sabido usar la mentira y la maquinación como pocos dictadores. Ya en 1598 Mariana explicaba que "el tirano, como no tiene confianza en los ciudadanos, busca su apoyo en el engaño y la intriga". Sin embargo, lo que ha bordado es esa necesaria faceta de atemorizador. Quizá sea porque Castro, como todos los grandes tiranos, "teme necesariamente a los que le temen, a los que trata como esclavos, y para evitar que éstos preparen su muerte, suprime todas sus posibles garantías y defensas, les priva de las armas, y no les permite ejercer las artes liberales dignas de los hombres libres."

Quizá esta caracterización del tirano unido al poder represivo del sistema socialista ayude a explicar no sólo por qué Castro ha logrado evitar el tiranicidio sino, sobre todo, por qué ha defendido el socialismo incluso después de su refutación teórica y práctica. El socialismo otorga herramientas muy útiles para la perpetuación del tirano en el poder; herramientas que Castro ha sabido usar como nadie. Y es que "el tirano, para impedir que los ciudadanos se puedan sublevar, procura arruinarlos, imponiendo cada día nuevos tributos, sembrando pleitos entre los ciudadanos y entrelazando una guerra con otra. Construye grandes monumentos a costa de la riqueza de los súbditos, y así nacieron, según nos cuenta Aristóteles, las pirámides de Egipto y los subterráneos del Olimpo en Tesalia".

Coincidir en el tiempo y en el espacio con este perfecto déspota ha supuesto una infernal pesadilla para millones de cubanos. A todos ellos les deseo que pronto despierten sin el tirano y puedan disfrutar de su libertad, responsabilizándose de sus acciones y ejerciendo sus derechos individuales.

Desestabilizadores automáticos

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

En la literatura económica se suele argüir que una de las formas más importantes por las que el Estado contribuye a contrarrestar los ciclos económicos son los estabilizadores automáticos. Su funcionamiento es simple: cuando la economía se expande, contraen el consumo, cuando la economía entra en crisis, lo incrementan. De esta manera, las fluctuaciones se suavizan y los excesos del boom tienden a compensar las insuficiencias de la recesión.

El problema de los estabilizadores es que se basan en la existencia de una relación positiva entre consumo y crecimiento: cuando aumenta el consumo hay expansión, cuando decrece hay recesión. Ya vimos que este razonamiento es del todo erróneo, por lo que necesariamente las consecuencias derivadas de los estabilizadores automáticos también lo serán.

Se suele distinguir entre dos tipos de estabilizadores automáticos: los que inciden sobre los ingresos del sector público y los que afectan a sus gastos. En realidad, son dos caras de la misma moneda, ya que lo que nos interesa es su efecto combinado: en una expansión económica los estabilizadores incrementan los ingresos del sector público y reducen sus gastos; en una recesión disminuyen los ingresos y aumentan los gastos (dando lugar al saludable déficit keynesiano).

Un ejemplo de estabilizador automático que incide sobre los ingresos del sector público son los impuestos progresivos: cuando crece la economía, la renta de los ciudadanos es mayor, con lo que su contribución a las arcas públicas viene determinada por tramos impositivos más gravosos que harán pagar mayores impuestos y permitirán consumir menos; por el contrario, cuando la economía se estanca, la renta cae y los ciudadanos pagan menos impuestos, pudiendo consumir más.

Un ejemplo de estabilizador automático que incide sobre los gastos son los subsidios al desempleo. Durante la expansión el desempleo baja, con lo que los subsidios por desempleo son menores; durante la crisis el desempleo sube, de modo que los subsidios aumentan y esto permite a las familias mantener el consumo.

Con respecto a la estabilización en la fase expansiva del ciclo, el error de los estabilizadores automáticos es típicamente keynesiano y consiste en creer que el consumo presente viene determinado por la renta disponible presente, cuando es evidente que los ciudadanos pueden pedir prestado con cargo a su renta futura. De hecho, ésta será típicamente la situación en la fase alcista del ciclo económico, momento en el que existen unas expectativas eufóricas sobre el crecimiento y la riqueza futura y en el que el tipo de interés se reduce (incrementándose aparentemente el valor presente de la riqueza futura).

Dicho de otro modo, la pretendida reducción del consumo sólo abocará a los ciudadanos al mercado de créditos, favoreciendo la expansión crediticia y el endeudamiento masivo que dará lugar a la crisis. Los estabilizadores automáticos sólo reducen las posibilidades de autofinanciación de los individuos y les estimulan a participar en la orgía del crédito.

Podría argüirse que el incremento del endeudamiento viene contrarrestado por la reducción del consumo (y por tanto incremento del ahorro) favorecida por los estabilizadores automáticos, siendo una situación simétrica a la de un incremento del consumo (esto es, reducción del ahorro) sin endeudamiento. Sin embargo, no es cierto que la reducción del consumo se traduzca en un mayor ahorro, ya que el gobierno sí gastará los recursos en diversos menesteres. Es decir, se producirá un incremento del endeudamiento privado sin que se hayan incrementado los ahorros de la sociedad.

Sólo habría un caso en el que podríamos considerar que el impuesto progresivo no desestabiliza la economía (si bien tampoco la estabilizaría) y es cuando la mayor recaudación se utiliza íntegramente para pagar deuda pública, incrementando así el ahorro público.

Con respecto al período de crisis, los estabilizadores automáticos favorecen un incremento del consumo a costa del ahorro, ya que el ideal keynesiano es que el gobierno financie el mayor gasto y los menores ingresos a través del déficit público.

Pero ésta es precisamente la receta perfecta para retrasar la recuperación. Las crisis económicas no surgen por una insuficiencia de consumo, sino de ahorro. Los empresarios no encuentran el capital suficiente para liquidar sus deudas excesivas y reemprender sus actividades, debido a que los individuos rehuyen el mercado crediticio y prefieren destinar su renta al consumo, ya sea en forma de gastos corrientes o al atesoramiento de activos líquidos no productivos (como el oro).

Esta insuficiencia del crédito hace que partes enteras de la estructura productiva permanezcan inutilizadas hasta que los tipos de interés vuelvan a estar suficientemente bajos como para hacerlas remunerativas.

El problema es que bajo la dictadura de los estabilizadores automáticos, el déficit gubernamental reduce aun más los ahorros disponibles para los empresarios, elevando el tipo de interés y dificultando la liquidación de los antiguos proyectos mal invertidos.

En definitiva, no puede afirmarse que los mal llamados "estabilizadores automáticos" estabilicen en modo alguno la economía. Más bien al contrario, durante el boom favorecen el endeudamiento de la población y el consumo estatal, durante la crisis reducen el ahorro disponible; primero agravan la extensión de la mala inversión y luego dificultan el necesario proceso de liquidación.

Por mucho que a los neoclásicos les cueste reconocerlo, la receta para evitar las crisis económicas hace tiempo que se conoce: el patrón oro y la austeridad pública. En su defecto sólo padeceremos expansiones crediticias alocadas, una inflación secular y reiteradas recesiones destinadas a reajustar los excesos intervencionistas. En esas estamos.

Solidarios a todo ritmo

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Este verano he leído un librito delicioso titulado "Do as I say (not as I do)". Lo he comprado directamente a Estados Unidos, por ayudar financieramente al imperialismo del Gran Satán y colaborar con el capitalismo opresor, a partes iguales. Se trata de un breviario con las hazañas de las estrellas norteamericanas más comprometidas con la ideas de izquierda y la forma en que las ponen en práctica en su vida privada. Por ejemplo, Michael Moore, fiel inquisidor del militarismo norteamericano y al mismo tiempo importante accionista de la empresa de Dick Cheney, la genocida Halliburton. O los Kennedy, Hillary Clinton y Babra Streisand, grandes personajes también con serias dificultades para aplicar a su conducta personal los principios que exigen al resto de los mortales. En fin, una lectura divertidísima y muy aleccionadora.

Pero el capítulo más interesante es el que su autor dedica a Noam Chomsky. El famoso lingüista, icono de la izquierda mundial por su impecable compromiso anticapitalista, se ha distinguido entre otras batallas por defender el mantenimiento del impuesto de sucesiones como eficaz herramienta distribuidora de la riqueza. Lo curioso es que el propio Chomsky tiene creadas varias sociedades fiduciarias a nombre de personas de su familia, de forma que el fisco, llegado el momento, no tenga acceso a ni un centavo de lo que deje en herencia a sus deudos. Interpelado por el autor del libro, Chomsky se defendió apelando a su derecho de preservar la herencia de sus hijos. Un argumento muy razonable pero, entonces, ¿por qué niega ese mismo derecho a los demás, que en la mayoría de los casos no ganan tanto como él?

Pero el virus de la solidaridad con los bienes ajenos no es dolencia exclusiva de los norteamericanos, sino que está extendida entre los iconos progres de ambos lados del océano a modo de pandemia.

Bob Geldof es una estrella de la música pop y un incansable activista a favor del tercer mundo. Sus catilinarias al mundo desarrollado, por mantener a gran parte del planeta bajo el yugo de la explotación capitalista, son de las que hacen época. Geldof apela constantemente, no a la generosidad, sino un sentido superior de la justicia, para exigir que los ciudadanos de los países occidentales, a través de sus gobiernos, destinen cada vez más recursos al mundo subdesarrollado, a poder ser a través de su ONG Live Aid. Sin embargo, Mister Geldof no destina ni uno sólo de los euros que gana en sus actuaciones a fin tan encomiable. En su suite de superlujo, rodeado de "estrechas colaboradoras" y tomando caviar beluga (todo ello según establece el modelo tipo de contrato que utiliza para sus actuaciones), confesó a una redactora del diario El Mundo, infiltrada entre sus colaboradores, que cuando viaja a África lo hace única y exclusivamente por negocios.

Bono, cantante de U2, es partidario también de que los gobiernos destinen el 0,7% del PIB a la ayuda al tercer mundo. Él no, porque a pesar de estar podrido de dinero, según propia confesión, repartirlo todo entre los pobres "no solucionaría nada". Ahora sabemos también que acaba de trasladar sus empresas a los Países Bajos, con el fin de pagar menos impuestos que en su Irlanda natal. No hay nada que objetar. Como decía el Príncipe Rainiero, no existen los paraísos fiscales, sino los infiernos fiscales, y Bono tiene perfecto derecho a organizar sus finanzas de la forma menos gravosa para sus intereses. Por eso su empeño en transferir dinero de los pobres del primer mundo a los dictadores del tercero suena a hipocresía.

Los artistas millonarios deberían sentirse orgullosos del dinero que han ganado honradamente con su talento y dedicarse a disfrutarlo como mejor consideren. Y si quieren lavar una absurda mala conciencia que lo repartan todo entre los pobres y se vayan a un monte de anacoretas. Todo menos exigirnos a los demás el esfuerzo impositivo que ellos eluden con ingeniería financiera y muy poca vergüenza.

Crímenes sin víctima

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Cada uno tiene derecho a hacer consigo y con su propiedad lo que le plazca, siempre que no invada la de los demás o dañe a otras personas. Así expresado, este principio parece aceptable para la mayoría de la gente. Pero cuando se trata de seguirlo hasta sus últimas consecuencias, parece que esta idea pierde el interés o el atractivo inicial. Prueba de ello es la proliferación de los crímenes sin víctima, o crímenes consensuados, que son aquellos que se hacen sobre sí mismo y su propiedad, en soledad o en cooperación voluntaria con otros.

La lista de crímenes sin víctima es larguísima. En una recopilación de urgencia incluimos el suicidio, el consumo de drogas y todo el proceso de producción y distribución de las mismas, el juego, la homosexualidad, la poligamia y el matrimonio homosexual, la posesión de armas, la mentira, la pornografía, la prostitución, el vagabundaje y la holgazanería, multitud de delitos medioambientales y muchos otros.

La misma idea de crímenes sin víctima es absurda. Pero tiene su sentido en el contexto histórico en que el derecho penal ha sido arrancado de manos privadas por parte del Estado. Cuando, en una sociedad libre, un individuo daña a otro, hay instituciones como el derecho, reforzada por la moral y el entramado de relaciones interpersonales que hacen costosos los comportamientos antisociales, que contribuyen a la restitución a la víctima de lo dañado. Desde que el Estado se hizo con derecho penal, la situación ha cambiado. Primero porque la víctima ha perdido el derecho a ser indemnizada por el criminal y es el Estado quien, en ciertos crímenes y según la situación histórica, se ha quedado con la indemnización, convirtiendo el acto de restitución de la justicia en un nuevo crimen. La víctima lo es por duplicado.

Y segundo, porque una vez que el Estado puede definir los comportamientos penales, tiene la posibilidad de tipificar como tal los que no tienen víctima. En el derecho privado hay una realidad contingente, la persona o la propiedad, que ha resultado dañada por la invasión injusta por parte de un tercero. Puesto que el Estado no es víctima, no tiene como limitación ese hecho contingente, por lo que puede considerar delictivo cualquier comportamiento, incluso los que se realizan sobre la propia persona o su propiedad, en soledad o en compañía consensuada con terceros. Surgen así los crímenes sin víctima, inconcebibles en una sociedad libre.

Con la creación de esta figura se produce una situación que condiciona el libre desarrollo social de un modo determinante. La tipificación de delitos sin víctima o consensuados supone la intromisión y al final el uso de la coacción en comportamientos que, morales o inmorales, son perfectamente legítimos, por lo que es injusta. Además ilegalizar la libertad, criminalizar comportamientos habituales, que son fruto de la espontánea elección de los ciudadanos sobre los ámbitos de decisión a que tienen derecho, no sólo ataca nuestra libertad de forma directa, sino que nos pone en una situación a merced del Estado. Aunque cometamos alguno de esos crímenes sin víctima y no suframos la violencia estatal, nos deja en una situación vulnerable. Y si hacemos cualquier cosa que no guste a quienes estén en el poder, podrán ir contra nosotros por hacer cosas a las que tenemos perfecto derecho.

Pero la perversión de los delitos sin víctima va mucho más allá incluso que eso. Puesto que proscriben comportamientos que tienen su motor en deseos personales no satisfechos, muchos de quienes los adoptaban seguirán con ellos aunque con mayores costes. En ocasiones, en muchas de ellas, se recurre al crimen para hacer frente a esos costes. Y no es la última razón el hecho de que, puesto que uno ya está fuera de la ley, los costes del comportamiento ilegal han sido ya en parte asumidos, por lo que dar el paso a los crímenes reales no cuesta ya tanto. En consecuencia, la persecución de crímenes falsos fomenta los de verdad. El dato tiene una década, pero no tiene porqué ser hoy distinto: cerca del 80 por ciento de los delitos en España tiene relación con el consumo y el tráfico de drogas. Este fomento del crimen no tiene porqué limitarse al esporádico y a pequeña escala; por el contrario fomenta también el crimen organizado. Súmese a ello que las fuerzas de seguridad tienen que atender a ambos tipos de delitos (con el aumento del coste correspondiente), por lo que no se concentran en los que lo son en realidad, perdiendo así eficacia.

Puesto que la consideración de un comportamiento como delito no nace de la violación de derechos originarios, como la vida y la propiedad, su tipificación supone un juicio moral. De este modo, nos encontramos con que el Estado, reunión de todos los comportamientos aberrantes, se convierte en árbitro moral de los ciudadanos. Además, dado que el criminal coincide con la supuesta víctima, la represión del primero supone también la de la segunda. ¿Qué derecho es ese que reprime a las víctimas?

Servidumbre europea

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

UGT parece ignorar deliberadamente que horas en el centro laboral y producción no son lo mismo. Tomando los datos de Eurostat, si se toma como base la productividad en la Europa de los 25 (100 "unidades de producción" por persona que trabaja), la productividad española es de 96,5 y la de, por ejemplo, Estados Unidos, es una de las más altas del mundo con 136,2. Es decir, España es menos productiva. Pero la medida se hunde si comparamos la productividad por hora, que en la UE ampliada es de 100 y en España de 87,7. La explicación, por tanto, es que trabajamos más porque producimos menos.

Los colectivistas nos dicen que hemos de ser iguales a los europeos con eslóganes que ocultan gran parte de la realidad. La nota del sindicato es una muestra. Su intención es hacer un mundo homogéneo donde no exista la diversidad. El comunicado del grupo sindical nos sirve para ver la intención redentora que siempre ha tenido toda la izquierda, el constante avance hacia el pensamiento único, la uniformidad de actuación e imposición de una sola ideología.

Para llegar a una mejor situación económica no podemos dedicarnos a copiar a los países socialistas de Europa. Hombres que no se dejaron engañar por las bonitas palabras de los colectivistas, y pensaban en su bienestar individual en lugar de delegar su responsabilidad a los burócratas, convirtieron países pobres como Estados Unidos, Hong Kong o Nueva Zelanda en países ricos y prósperos.

Intentar innovar a través de políticas socialistas es el camino a la servidumbre burocrática y a la pobreza. Los países con mayor mayor libertad económica son los más prósperos, los más socialistas son los más pobres. ¿Por qué cree que la "Europa del bienestar" intenta, con muy poca fortuna, dejar atrás sus antiguas políticas keynesianas? No es por capricho, sino porque el estado del bienestar es insostenible.

En el socialismo europeo el hombre es un robot sin voluntad, un instrumento a servicio de la sociedad, y en tal concepción, son gobierno, sindicatos y grupos de presión quienes forman esa sociedad, no usted. Usted sólo es el instrumento productivo para que ellos se enriquezcan.

Europa y España son diferentes, sin duda, pero eso no significa que seamos peores o vayamos a peor. Los países con mayores índices de suicidas son precisamente aquellos que más envidian los sindicatos, como Dinamarca o Suecia, con un 13,6 y 13,4 de suicidios por cada 100.000 habitantes según la World Health Organization. Estados Unidos tiene 10,8 según el Departamento de Salud Americano. La brecha entre Estados Unidos y Europa es cada vez más acusada; sólo Arkansas, Montana, Oeste de Virginia y Mississippi estarían por debajo del PIB per cápita de los países de la UE. La tasa de desempleo en Suecia es ahora mayor que a mediados de los 70, y en el sector privado, el desempleo está en su cota más alta desde 1950. Finlandia tiene el índice más alto de Europa en reclusión no voluntaria en instituciones mentales. El 80,9% de los americanos —según el Banco Mundial— van a la universidad, en Suecia el ratio es del 50%. Los alemanes pagan impuestos por tener un televisor (y si no lo pagan, van a buscarlos), en Holanda cada habitante paga por la cantidad de basura que produce. La proporción de europeos que emigran a Estados Unidos es 10 veces superior a la proporción de norteamericanos que vienen a Europa, ¿no le parece extraño que la gente huya del paraíso europeo? ¿Queremos aspirar a estos "beneficios"?

Europa no ha de ser la referencia de los españoles ni de nadie. Tampoco hemos de copiar a Estados Unidos; sólo el trabajo duro y la responsabilidad para conseguir un auténtico bienestar individual es la meta. De no ser así, sólo seremos seres mediocres que aspiran a ser siervos de las elites y la oligarquía política.

Aborregados

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

El pasado 25 de julio la Fundación BBVA hacía público su "Estudio sobre la Conciencia y Conducta Medioambiental en España". Según las conclusiones del mismo, "se revela la existencia de una conciencia medioambiental extendida en la sociedad española" de forma que "los valores ecológicos han desplazado una visión más materialista de la naturaleza como simple objeto de uso y explotación para el beneficio del ser humano. La naturaleza sería un medio puro y bello cuyo equilibrio puede resultar fácilmente alterado por la acción del ser humano".

Por otra parte, "está tomando forma una conciencia global de los problemas medioambientales y los ciudadanos perciben con igual intensidad e inquietud problemáticas globales y locales". Además, "el rango de problemas medioambientales que preocupan a los españoles es muy amplio destacando los incendios forestales, la contaminación, la escasez de agua dulce, el cambio climático y las centrales nucleares", para seguir, "el ecologismo de la sociedad española se mueve en un plano declarativo y no se plasma con claridad en acciones y disposiciones concretas. La extensión de prácticas ecológicas que requieren cierto esfuerzo y no reportan beneficios inmediatos para el individuo es todavía limitada".

Sin embargo, las conclusiones toman un cariz si cabe más inquietante: "los ciudadanos esperan que los poderes públicos ocupen un lugar medular en el cuidado y protección del medio ambiente. El desafío atañe sobre todo al Gobierno central, visto todavía como responsable principal de la resolución de los problemas medioambientales", "rechazan medidas de protección medioambiental basadas en mecanismos fiscales y de precios" pero "el rechazo es relativamente menor cuando se trata de regulaciones de tipo restrictivo que limiten el uso de determinados objetos, como el coche, o el consumo de bienes naturales, como el agua". Se destaca al final que existe "una relación significativa entre el nivel de estudios de los entrevistados y la práctica de comportamientos afines al medio ambiente: la información y educación medioambiental podrían jugar un papel destacado de cara a promover el compromiso con conductas ecológicas".

Lo cierto es que todo esto es bastante alarmante, todo apunta una sociedad que avanza hacia el intervencionismo y por ende al totalitarismo, en algunos casos disfrazado de democracia. El primer punto destacable es el cambio de valores, de los tradicionales, donde el hombre ocupaba un lugar destacado sobre el resto de las especies, avanzamos hacia otros donde ocupa un lugar parecido o incluso inferior, situación que poco o nada tiene que ver con el cuidado del entorno. Esto abre la puerta a nuevos totalitarismos donde el conservacionismo justifique medidas, no sólo que impidan el desarrollo de las sociedades sino su involución.

Otro aspecto relevante es el éxito del mensaje ecologista, el cambio climático, la demonización de la energía nuclear, la escasez de los recursos, el supuesto bajo costo de las energías alternativas son mensajes que han cuajado hasta el punto de que son aceptados por la mayoría de los encuestados sin cuestionarlos. Precisamente, se subraya que son las personas con mayor nivel de estudios las de mayor concienciación ecologista, lo que demuestra que la repetición del mensaje junto a su inclusión en los planes de enseñanza, es un hecho contrastable y que la educación pública, y en buena medida la privada cuyos contenidos vienen impuestos por los poderes estatales, se convierte así en una poderosa herramienta de adoctrinamiento. El ciudadano piensa que debe ser el Gobierno el que solucione los problemas medioambientales, paradójicamente dentro de la línea de no asumir las propias responsabilidades que caracteriza el colectivismo, pero además es que está dispuesto a aceptar leyes que restrinjan sus propias libertades pues tiene la certeza de que éstas suponen un bien mayor. Toda esta situación es el caldo de cultivo perfecto para justificar cualquier cambio legislativo o reglamentario que mine nuestra libertad y además con la complicidad del administrado

Este intervencionismo es aplaudido por la mayoría de los medios de comunicación cuando tratan los temas medioambientales. Es sintomático que se destaque que el español es sólo ecologista "de boquilla" puesto que no está dispuesto a pagar más por ciertos productos o a que le suban los impuestos para acometer proyectos medioambientales, es decir que lo más destacable y reprochable es la rebeldía del que se queja de las subidas de impuestos o precios o de los que no realizan una serie de actividades, como son el reciclaje o el ahorro energético, que supuestamente favorecen un futuro medioambiental más adecuado. Por enésima vez se identifica la libertad con el egoísmo y la coacción y la obligación se justifica en aras del bien común.

Ante tan desoladora encuesta sólo cabe decir que queda mucho camino por recorrer para que la libertad se convierta en uno de los más preciados valores y que en esta carrera, los intervencionistas y los totalitarios nos sacan varios cuerpos de ventaja.

¿Qué conduciría Jesús?

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Irreverente y poco respetuosa, la campaña era una muestra más del disgusto que produce a muchos los avances materiales de nuestras sociedades.

En Italia, el ministro de Medioambiente ha lanzado recientemente la posibilidad de prohibir la circulación de estos vehículos en las ciudades, pero es más probable que prospere la sugerencia del presidente del Parlamento de elevar los impuestos sobre estos coches. La idea ha sido expresada también en España, y como no nos faltan políticos con más sentido del populismo que escrúpulos, no sería de extrañar que una medida así acabara por imponerse.

Se trataría de un nuevo impuesto sobre el vicio, como los que gravan al tabaco o al alcohol con el objetivo moralizante de que se los consumamos menos (ya sabemos lo que cuidan nuestros políticos por la salud moral del país) y de paso que aumentemos nuestra contribución a las arcas públicas. Es una idea extraña esa de que los probos representantes públicos pueden darnos lecciones de moral. Pero es que, además, es muy difícil, por no decir imposible, que tengan una idea más clara que el propio consumidor de lo que realmente necesita.

Yo no sé qué imagen tendrá el lector de sí mismo. Tengo la misma información sobre usted que la que podría tener un regulador o un inventor de impuestos, una de las tareas menos nobles de la historia. Pero cabe pensar que si una persona está dispuesta a hacer un desembolso importante para comprarse un coche, si tiene que entregar una cantidad que le va a obligar a renunciar a otras cosas valiosas, es improbable que sea por mera frivolidad. Yo tiendo a pensar que cada uno tiende a ser responsable cuando se trata del propio dinero para el consumo personal o de su familia.

Un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, elaborado en 2001, reveló que los SUV eran tan seguros como cualquier otro coche, a excepción de los más grandes, que resultaban mucho más protectores de la vida de sus ocupantes. Una de las críticas de esos coches que circulan entre quienes buscan argumentos en su contra queda, por tanto, desmentida. Por lo que se refiere al consumo, otra excusa típica contra los SUV, los coches nuevos emiten menos CO2 al ambiente que los antiguos, y éstos, cuya incorporación al mercado no tiene la antigüedad de otros, se benefician del avance tecnológico. Además, están sometidos como los demás a los estándares europeos en materia de emisiones.

La mala costumbre de demonizar el consumo pierde sus orígenes en la noche de los tiempos, pero se resiste a desaparecer pese a que el desarrollo de nuestra civilización está inextricablemente unido al crecimiento del consumo. O precisamente por eso. Pero consumir es satisfacer nuestras necesidades de forma directa, y es el objetivo de toda producción. Cuando políticos, economistas, intelectuales y gente de la calle habla de las necesidades sociales, lo están haciendo del consumo de cada uno de nosotros.

Victimas apaleadas

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Análisis diario.

No descubriré la pólvora si digo que nuestro sistema judicial se ha convertido en una farsa en la que la restitución de la víctima brilla por su ausencia y dónde ingentes recursos se dilapidan en lograr que los delincuentes salgan cuanto antes de la cárcel, sean felices a lo largo de su estancia o en que ni siquiera lleguen a entrar. Sin embargo, contar casos en los que el sistema trata a la víctima como criminal y encima le obliga a indemnizar al agresor muestra el grado de perversidad al que se ha llegado con el abandono de la justicia a secas y el abrazo a la justicia social.

El pasado mes de julio se produjo la encarcelación de un honrado ciudadano cuyo delito fue tratar de defenderse de un agresor. Es el último episodio de una historia en la que Luis (de 63 años) y su familia han tenido la oportunidad de conocer en profundidad las entrañas de la bestia: el sistema judicial del estado. Todo comenzó en 1998 cuando nuestro infortunado protagonista descubrió que alguien entraba en su finca, le robaba y destrozaba la cosecha. El suceso se repitió en varias ocasiones y Luis, pensando ingenuamente que la misión de la policía es proteger nuestra propiedad y nuestra vida frente a los agresores, acudió a denunciar los hechos a comisaría. Así una y otra vez sin obtener ayuda o respuesta alguna. En vista del absoluto desamparo, la víctima decidió vigilar él mismo y proteger su propiedad con una escopeta de perdigones. El primer día de septiembre de 1998 un hombre de unos 30 años de edad trató de invadir su propiedad a través de un hueco en la pared de su invernadero y salió con un perdigón en el hombro.

Llegados a este punto, el lector pensará que a esta historia sólo le queda la detención del agresor, la imposición de una pena que restituya a Luis y el punto final. Quizás, en algún extraño país las peripecias de Luis podrían prolongarse incluso un poco más con la concesión de alguna condecoración a nuestro protagonista por haber colaborado de manera decisiva en la detención de un criminal que ponía en riesgo la propiedad de los vecinos de la zona. Nada más alejado de lo que ha sucedido desde entonces.

Aquel exitoso acto de defensa propia fue el comienzo de una pesadilla urdida por el monopolio del uso de la fuerza y la justicia. El primer paso lo dio la policía. Pero no precisamente metiendo al invasor en el calabozo sino denunciando y deteniendo a Luis, la víctima que había decidido solventar la incompetencia policial con su propio esfuerzo. A Luis le debió resultar difícil de entender que la agencia monopólica que sufraga coactivamente a precios abusivos decidiera arrestarle por solucionar su problema de inseguridad por su cuenta. Después vino la sentencia del juez de turno: culpable de homicidio en grado de tentativa. Es el mundo al revés. Condenan a la víctima a pagar 30.000 euros al agresor; bonita forma de entender la justicia.

Para saldar su deuda con la sociedad (quien sabe si por haber reducido la productividad de un ladrón o por haber dejado en evidencia a los incompetentes fuerzas del (des)orden público), ha sido penalizado con 4 años de prisión. Una razonable forma de entender este injusto despropósito es que el aparato estatal trata de imponer un escarmiento que sirva de ejemplo a todo el que se crea en el derecho de defender su propiedad o su vida. Las imágenes de la familia de Luis, un hombre de 63 años, llorando el encarcelamiento de su ser querido es un fenomenal desincentivo a la hora de mover un dedo para evitar que te quiten lo que es tuyo. La visión de una familia que está perdiendo su hogar de toda una vida porque la persona productiva de la familia se encuentra en la cárcel y no puede contribuir al pago de la hipoteca que hicieron para pagar al agresor, tampoco debe ser una imagen que estimule las ganas de protegerte.

Esta infame historia ha tenido lugar en Gran Canaria, pero podría haber sucedido en cualquier otro punto de cualquier estado moderno. Es el resultado lógico del monopolio del uso legitimado de la violencia y de la justicia a cargo del aparato estatal. A Minerva no sólo le han quitado la venda de los ojos sino que le han encargado que detenga cualquier atisbo de individualismo que ponga en peligro el estado y la justicia social.

Comunismo y software libre, otra vez

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Esa extraña mezcla provendría, primero, del intento de separar, contra toda evidencia, la planificación centralizada de la economía del comunismo, como si fuera una característica accidental y no esencial del sistema; y, segundo, de separar el libre mercado del capitalismo como si fueran dos cosas distintas. En definitiva, un juego de manos un tanto sospechoso.

La conclusión de Hancock es que el software libre es comunista porque aplica el principio aquel de "de cada cual según su capacidad; a cada cual según sus necesidades" y porque es cooperativo y no competitivo. Y es también un mercado libre, aunque sea más bien un mercado basado en la reputación. Esta pretendida paradoja existe como resultado, no de una novedad intelectual, sino de un mero juego de palabras.

Entendido el principio del que habla Hancock en un sentido amplio, el capitalismo y el libre mercado siempre lo han cumplido. Así, las expectativas de mayor remuneración hacen que todos tiendan a emplear su cerebro y su esfuerzo en aquello en que tienen mayor capacidad, aquello que es más valorado por los demás. Del mismo modo, las necesidades de los consumidores son las que mueven a las empresas a ofrecer bienes y servicios. Por supuesto, en un sentido estricto no sigue esa máxima porque es imposible. Si se obligara a cada uno a dar según su capacidad al máximo y sin posibilidad de recibir más a cambio, todos esconderíamos nuestras capacidades para evitarnos tener que esforzarnos más. Si se ofreciera gratis según las necesidades, éstas se incrementarían hasta el infinito. Aquellos que más intentaran vivir según la regla, peor lo pasarían, como ya mostró genialmente Ayn Rand.

El software libre se aproxima aún menos a esa regla. Aquellos que desean participar no lo hacen necesariamente según su capacidad, sino sobre todo por el interés que tienen en el desarrollo de un producto en particular. Y aunque evidentemente podamos obtener del software libre lo que queramos según nuestras necesidades, eso no significa que los desarrolladores trabajen para satisfacerlas y, de hecho, muchas veces hay que recurrir al software propietario porque no lo hacen. Esto es debido a que el software libre no es más que un sistema particular de producción de software con sus ventajas –muchas– y limitaciones, como le sucede al propietario; no es una filosofía de vida ni una revolución.

En definitiva, la única relación del comunismo con el software libre es la propaganda que partidos y hasta países como Cuba hacen de un supuesto "comunismo que funciona". Evidentemente, pasan por alto el pequeño detalle de que funciona precisamente porque no es comunismo. Pero qué importa la verdad a quienes poseen la Verdad.

Sobre la adopción

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

No existe nada parecido a un "derecho a adoptar", sostienen algunos, existe sólo el derecho del niño a ser adoptado por una familia cualificada, que satisfaga unos requisitos necesarios para el desarrollo adecuado del menor. Carece de rigor, sin embargo, referirse al derecho del niño a ser adoptado por una familia en concreto cuando esta decisión no puede tomarla el niño y recae, necesariamente, en terceras personas. Los valedores de la tesis anterior aseguran defender un supuesto derecho individual del niño cuando en realidad no hacen sino arrogarse arbitrariamente el derecho a decidir quiénes y en qué términos pueden ser adoptantes.

¿Qué significa poseer un derecho sobre algo? Significa tener derecho a decidir con respecto a su uso. El propietario de una parcela de tierra, por ejemplo, es aquél que tiene derecho a decidir con carácter exclusivo sobre su uso. En el caso de los menores decimos que sus padres (y sólo ellos) tienen derecho a tutelarlos, esto es, a decidir con respecto a su formación y desenvolvimiento. Entendemos, en este contexto, que un niño tiene derecho a no ser agredido físicamente, a no ser coaccionado en el que caso que quiera abandonar el hogar y, si aceptamos el principio de la responsabilidad parental, derecho también a obtener sustento por parte de los padres. Pero cuando hablamos de si el niño debe recibir una educación laica o religiosa, por ejemplo, no aludimos al "derecho del niño a un tipo de educación concreta", sino al derecho de los padres a decidir el tipo de educación que debe recibir su hijo. Del mismo modo, cuando hablamos de la adopción no cabe hablar del derecho del niño a ser adoptado por un tipo de familia en concreto, como si fueran sus preferencias las que primaran, pues en tanto no disponga de juicio suficiente no va a pronunciarse en ningún sentido. Forzosamente la decisión corresponde a terceros, de modo que la cuestión a dirimir no es en qué se traduce ese derecho del niño a ser adoptado, sino qué terceras personas tienen derecho a decidir con respecto a la adopción.

Si los padres tienen un derecho de tutela sobre sus hijos, en razón del vínculo natural que les une, ¿en base a qué no pueden ceder ese derecho de tutela a terceros? Y si pueden, ¿por qué no a un determinado precio? Desde un punto de vista liberal no hay motivo para oponerse a un libre mercado de adopciones, en el cual distintas familias consienten en traspasarse ese derecho de tutela. ¿Por qué deberían prohibirse esta clase de intercambios, como hace el Estado en la actualidad? Los padres biológicos elegirían a los adoptantes, nadie impondría desde fuera los requisitos que éstos debieran cumplir. De este modo podrían ceder la tutela a parejas heterosexuales, parejas homosexuales, personas solteras… lo mismo que a orfanatos o agencias intermediarias (que también podrían fijar sus propios criterios de adopción, más o menos restrictivos) encargadas de hacer llegar los niños a otros adoptantes. En cuanto a los menores que fueran abandonados, dejados al pie de la escalinata, ¿quién devendría su legítimo tutor? Pues, como en el caso de cualquier objeto abandonado sobre el que se pueda tener derechos, lo lógico sería aplicar la regla del homesteading o "primer ocupante": aquél o aquellos que primero recogiesen al pequeño y aceptasen su custodia devendrían sus tutores. "Pero el niño tiene derecho a un tipo de familia en concreto…". Hablemos con propiedad: ¿quién debe decidir qué familia es "adecuada" para el menor? ¿El Estado u otra entidad externa que no guarda relación alguna con el menor, o sus progenitores, que son quienes le han dado la vida? ¿Debe decidirse democráticamente qué tipo de familias son adecuadas para el cuidado de un niño? ¿Debe decidirlo un comité de expertos? Además, ¿por qué el derecho del niño a una familia adecuada sólo afecta a los adoptantes y no a los padres biológicos? Si el Estado puede negar la licencia de paternidad a una pareja de homosexuales por considerar que priva al niño de la indispensable figura materna o paterna, ¿no debería poder retirarle la licencia a una madre soltera o a un padre viudo que ya cuidan de su hijo? De acuerdo con el argumento de que un niño tiene derecho a una familia "adecuada" que no menoscabe su normal desarrollo, ¿es coherente denegar la licencia a una pareja de homosexuales y no retirársela, por ejemplo, a unos padres biológicos que educan a sus hijos en valores comunistas o neonazis? Lo que se deja en manos del Estado no es sólo la facultad de imponer requisitos a los adoptantes, es la propia definición de lo que debe ser una familia y la potestad de emitir licencias de paternidad.

Algunos objetarán que esto de liberalizar las adopciones equivale a convertir a los niños en simples mercancías. Consignas emocionales aparte, lo que deberían preguntarse estos críticos es si vetando la liberalización benefician a los menores a quienes pretenden proteger. Varias razones sugieren lo contrario. En primer lugar, prohibir un libre mercado de adopciones supone incentivar el aborto: si una pareja o una mujer embarazada que no desea tener un hijo no puede ceder la tutela a un tercero una vez haya dado a luz (a cambio de una suma de dinero, por ejemplo), tiene menos incentivos para tenerlo y viceversa, tiene más incentivos para abortar. Al mismo tiempo, la liberalización desincentiva el abandono al pie de la escalinata, pues los padres biológicos tendrían la atractiva posibilidad de darlo directamente en adopción a cambio de dinero. Por otro lado, prohibir los intercambios entre familias que quieren dar en adopción a sus hijos y familias que quieren adoptarlos equivale condenar a estos niños a convivir con una familia que no los quiere en lugar de permitir que sean acogidos por una familia que sí quiere hacerse cargo de ellos. Luego prohibir la cesión (retribuida o no) de los derechos de tutela será todo lo políticamente correcto que se quiera, pero es dudoso que beneficie a los niños que serían objeto de adopción.

En el caso de las adopciones, como en tantos otros, no corresponde al Estado ni a ningún agente externo decidir, sino a quienes guardan relación con el niño: los padres biológicos, los orfanatos privados y aquellos que primero aceptasen la tutela del menor abandonado.