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¡Traición!

El New York Times ha dado a conocer parte de los planes del Gobierno de los Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo islámico. La Administración federal seguía los pasos del dinero, la savia que junto con el odio sin límites a lo occidental alimenta las organizaciones terroristas y sus actividades criminales. Tenemos que acabar con ellos, ¿no? Y tiene que hacerlo el Gobierno, ¿no? Y si para hacerlo tiene que tener control sobre las claves internacionales de nuestras cuentas, si tiene que intervenir los teléfonos de los periodistas y otros ciudadanos, pues qué le vamos a hacer. Su objetivo es protegernos.

¿No?

Mientras nos entretenemos en pensar si el Estado va a renunciar a cualquier objetivo que pueda obtener con todos los medios que se arroga con la excusa de perseguir al terrorismo, centrémonos en la actitud del New York Times y en la de sus críticos. Los más conservadores han pronunciado en un tono más elevado que otras, la palabra traición. La información del Times desbarata los planes del Gobiernos por invalidar los planes de los terroristas, en su permanente lucha por hacer de este un mundo más seguro. Pero no es la única crítica. Resulta que el Times pretendía haber desvelado un secreto que, pásmense, estaba en boca de todos. Algo así como si dijera en sus páginas que ha desvelado los secretos planes de Bush de hacer permanentes sus rebajas de impuestos. ¿En qué quedamos? ¿Ha desbaratado un preciado secreto oficial o engaña a sus lectores habiendo pretendido hacerlo, ya que se hablaba de ello hasta en las hojas parroquiales?

La reacción conservadora a la información del Times es el típico caso en el que un macrovalor colectivo nubla el pensamiento hasta dejarlo absolutamente inservible, algo que ellos mismos denuncian una y mil veces en la izquierda, y con razón. Ese valor colectivo es la fidelidad al Gobierno por lo que se refiere a nuestra seguridad. Todo lo que se oponga a sus designios, a sus manejos, a sus planes, es traición.

Pero contar la verdad, ¿es traición? Y si lo es, ¿a qué se traiciona? La respuesta no puede ser otra: a algo que no casa con la verdad, que sufre con la convivencia de una sociedad informada y que puede tomar sus decisiones responsablemente y por el contrario se crece con el ocultamiento, la propaganda y la mentira, disfrazada de verdad por profesionales. La acusación de traición a un medio de comunicación por contar lo que ocurre es el reconocimiento de una debilidad, la alianza con vacío informativo y moral.

Cuando se antepone un valor colectivo (en este caso la seguridad nacional y la fidelidad debida al Gobierno en esta materia) a los derechos individuales, como el de obtener información veraz y transmitirla, lo más valioso se pone en peligro. Puesto que estos valores supraindividuales son imposibles de asir, no se refieren ni pueden referirse a situaciones concretas, su ámbito es potencialmente ilimitado y por tanto su capacidad para arrinconar a los derechos de las personas es total.

Pero, entonces, ¿cualquier traición es inocua? ¿Toda fidelidad es innecesaria o incluso mala? Ni mucho menos. La sociedad es un entramado de afectos, dice Arcadi Espada, con profunda verdad. Esos afectos se asientan en unas relaciones de solidaridad, de acuerdos mutuos y convenciones aceptadas que permiten ese milagro de que millones de personas puedan seguir sus propias vidas en relación con el resto. Estas solidaridades interpersonales necesitan de un compromiso personal, y su violación sí es una traición moralmente reprobable. Pero no es el caso del Estado. La relación que mantenemos con él es de obediencia y subordinación. Ninguna exige un compromiso moral.

El asesinato del coche eléctrico

Si hay una industria floreciente, esta es la de las teorías de la conspiración. La pretensión de descubrir insondables maquinaciones detrás de eventos que están a la luz de todos produce en nuestras mentes una satisfacción irracional (asimilable a otras a las que no me referiré) que se explota convenientemente. Es el caso de la película Who Killed the electric car?, ("¿Quién mató al coche eléctrico?"), que conocen desde este lunes los lectores de La Gaceta de los Negocios.

Se trata de un documental que cuenta la peripecia del EV1, un vehículo eléctrico puesto en marcha por General Motors en 1996. Como no hay conspiración sin oscuros muñidores, los malos de esta película los protagonizan al alimón la industria automovilística y las petroleras. Y Dick Cheney, claro, el aderezo de toda buena conspiración. Ellos nos quieren robar un coche limpio, silencioso, ecológico, y todo por proteger sus enormes y contaminantes beneficios. "¡Malditos!", es lo que se supone que debemos mascullar al ver la cinta.

El camino para escapar a estas teorías es lo que los escolásticos llamaban "la recta razón" y que consistiría en atenernos a los hechos y en utilizar nuestra mente para encontrar explicaciones lo más razonables posibles. Para empezar, ¿por qué querría gastarse GM 1.000 millones en un proyecto para luego intentar que fracase? Además, resulta que hay coches eléctricos desde el siglo XIX, y que los intentos de la industria por mover una tonelada de acero y plástico sobre cuatro ruedas impulsada por electricidad se cuentan por decenas. Ninguno ha conquistado a las masas como los de combustión.

Y no lo han conseguido porque no responden a sus necesidades. Les separan de ellas unos cuantos kilómetros, los que le otorgarían la autonomía entre cargas de sus baterías que necesitamos. Andan 70, 100 kilómetros; en condiciones ideales y con conductores expertos (nada que ver con la vida diaria), pueden superar los 200. Y la carga dura varias horas, no los segundos que nos cuesta llenar el depósito. Pueden alcanzar grandes velocidades, pero a cambio de que el viaje nos lleve todavía más cerca. Llegaremos lejos, siempre que no tengamos prisa, la carretera no se empine y nos llevemos como única compañía el buen tiempo.

Esta fue la experiencia de los 800 conductores del EV1. Fueron los malos resultados, pese al entusiasmo inicial, los que mataron la gran iniciativa de General Motors. No necesitamos que alguien nos diga que el asesino es el mayordomo. Nos basta saber que el coche eléctrico depende de una revolución pendiente, la de las baterías. Lo que sí demuestra el caso del EV1 es que las empresas insisten en desarrollar miles de proyectos fracasados, sólo por la promesa de un éxito nos cambiará la vida.

Culpable de vender demasiado

¿Y por qué le ha caído la última multa? Presuntamente por no regalar a su competencia la información necesaria para que sus programas sean compatibles con el sistema operativo de Windows. Y digo presuntamente porque Microsoft lo desmiente hasta el punto de recurrir la multa ante los tribunales. También, la Association for Competitive Technology ha denunciado que la “multa no tiene sentido ya que Microsoft ha entregado toda la documentación posible y ha facilitado a los competidores el acceso al código fuente de Windows así como soporte técnico ilimitado". Además, ha apuntado que si los equipos de Red Hat e IBM no lo han aplicado, es porque no han querido. Y por si fuera poco, la empresa tiene 300 personas dedicadas a tiempo completo para proveer de toda la información necesaria a su competencia. Está claro, la CE necesita dinero.

Dejando aparte la absurdidad y abuso que suponen las leyes antimonopolio, esto nos ha de suscitar varias cuestiones:

1. Uno de los principales motores del progreso empresarial es la innovación. ¿Qué tipo de innovación puede tener una empresa cuando son los burócratas quienes deciden cómo ha de ser un producto que no les pertenece? La mayoría de políticos no tienen, como muestran sus medidas, idea alguna del más elemental funcionamiento de la economía de mercado, y muchos jamás han trabajado en empresas privadas.

2. Que Microsoft no incluya en su Windows el reproductor Media Player o un visualizador de documentos PDF, ¿en qué le beneficia a usted como consumidor?

3. ¿Quién cree que va a pagar esos 777 millones de euros, más todos los costes adicionales que le está causando la CE a la empresa? Primero Microsoft, después usted al comprar un nuevo ordenador o un Windows.

4. ¿Realmente cree que este acoso a Microsoft va a incidir en lo más mínimo a que la competencia lo supere? Lo único que puede acabar con Microsoft es que sus adversarios hagan un producto más atractivo para el consumidor tecnológico, algo que hasta el momento han sido incapaces de hacer. Que casi el 95% de los ordenadores del mundo lleven como sistema operativo Windows no se debe a una casualidad, a un complot del Capitalismo, de los masones o a un truco de magia de David Copperfield. Guste o no, los usuarios quieren Microsoft, y así lo expresan comprando sus productos y no otros.

5. ¿En qué beneficia a una empresa tener 300 personas todo el día atendiendo las quejas y exigencias de rivales y burócratas? Si la empresa trabaja para la burocracia no puede trabajar para el consumidor por más Microsoft que sea. Si toda la competencia depende —según la CE— de Microsoft en lugar de su propio esfuerzo e ingenio, ¿no dejará esto al sector más desfasado que si la CE no hubiese intervenido?

En el mundo de los medios políticos la realidad no importa lo más mínimo. A los burócratas les molesta que las empresas ganen dinero sirviendo al consumidor, y más si son americanas. También, necesitan dinero para inflar sus sueldos y llevar a cabo sus absurdas políticas populistas y antimercado. La cruzada de la CE contra Microsoft no sólo nos muestra hasta dónde puede llegar la envidia y odio de los políticos por la iniciativa privada, sino que también es la evidencia de que quieren dirigir nuestros gustos tecnológicos y por extensión, nuestras vidas.

El transgénico malo

La propaganda tiene efectos maravillosos. Puede dotar a una palabra de un contenido que nadie era capaz de concebir cuando fue creada, lo que la convierte en una herramienta revolucionaria que los grupos ecologistas han sabido adaptar a sus fines. La simple y machacona repetición de un mensaje, por muy falso, tendencioso o dudoso que sea, es suficiente para que las empresas y los gobiernos, a través de una legislación restrictiva, frenen cualquier tecnología novedosa. Los transgénicos son en la actualidad uno de los productos más perseguidos y rechazados pese a que muchos desconocen qué son o para qué se usan. El ecologismo militante ha marcado su demonio particular y los gobernantes preparan la hoguera.

Un organismo transgénico es aquel al que se ha modificado genéticamente con el objetivo de dotarle algún tipo de ventaja frente al organismo original. La agricultura y la ganadería ha venido realizando este proceso a lo largo de siglos mediante cruces entre diferentes variedades y razas de la misma especie, o incluso entre diferentes especies, de forma que el resultado de dichos experimentos permitían organismos mejor adaptados a ciertas necesidades productivas o a determinadas condiciones medioambientales, más frío, más calor, más o menos acidez, salinidad, mayor resistencia a la sequía, etc.

El desarrollo de la ingeniería genética ha permitido no sólo que este proceso se acorte –ya no será necesario cruzar varias generaciones de una especie genéticamente pura durante un periodo que dura varios años– sino que al actuar en el ADN se pueden cambiar otras propiedades que difícilmente podrían haber sido alterados mediante el cruce. Así, añadiendo determinados genes de otras especies o retirando alguno, se les dota de propiedades como la resistencias a enfermedades, a condiciones extremas como las sequías o la salinidad o a tratamientos sanitarios que se aplicarán sobre otras especies parasitarias o invasoras. También se le pueden añadir valores nutritivos adicionales o incluso sustancias que se pueden aplicar como medicinas o para investigación como los marcadores fluorescentes que tanto llaman la atención de los medios de comunicación.

Precisamente es el uso de este tipo de tecnología la que denostan los grupos ecologistas ya que, en palabras de Greenpeace, "permiten franquear las barreras entre especies para crear seres vivos que no existían en la naturaleza. Se trata de un experimento a gran escala basado en un modelo científico que está en entredicho".

Este mensaje forma parte de otro más general que viene a asegurar que sólo lo natural es moralmente aceptable y que cualquiera de las actividades realizadas por el hombre es susceptible de alterar el medio ambiente en niveles no conocidos por lo que hasta que no se sepan realmente los efectos, no deben ser producidos. Entramos por tanto en un bucle, si no producimos transgénicos (o cualquier otro productos consecuencia de una tecnología que entre en conflicto con la utopía verde), no tendremos una base experimental para saber sus verdaderos efectos sobre la naturaleza y el hombre, más allá de la teoría o de resultados de experimentos restringidos que a todas luces estarán lejos de la realidad, por lo que nunca podremos desarrollar y cultivar transgénicos.

Afortunadamente, las empresas productoras de transgénicos tienen aún suficiente maniobrabilidad para lanzar al mercado este tipo de productos pese a la oposición verde, a los que últimamente acompañan los partidarios de la agricultura y la ganadería ecológica, y a la de los reguladores estatales. Paradójicamente, este oposición ha llevado aparejada una fuerte y numerosa regulación, incluida la aprobación de los productos para consumo humano, lo que ha favorecido que, junto a los medicamentos, los organismos transgénicos estén entre los productos más seguros en los ámbitos sanitario y alimenticio, sin olvidar la obligación de etiquetar los alimentos que los tienen en su composición.

Asistimos a una batalla enconada entre los que pretenden imponer una visión restrictiva a través de las herramientas que les da el Estado, uno de los mejores amigos del ecologista, y la libertad de empresa y la búsqueda de mejores y mas eficientes productos. Es evidente que surgen muchas dudas, algunas justificadas y otras no, pero todas tienen una solución en el ámbito privado ya que éste ofrece suficientes herramientas de control, desde los implementados dentro de la propia empresa a las auditorías externas y por supuesto, siempre esta la posibilidad de la denuncia en caso de flagrante delito.

Fernando Pessoa, anarcocapitalista

Es probablemente poco conocido que Fernando Pessoa, el célebre autor del Libro del desasosiego, fue durante su vida administrador de empresas y erudito en asuntos gerenciales. El poeta portugués escribió además un relato muy recomendable que defiende la libertad de acción individual: El banquero anarquista (1922). Se trata de un escritor admirado por la izquierda que, no obstante, ha dejado para la posteridad un valiente y sincero elogio de la rebelión contra todas las tiranías.

Pessoa, hermético, de aspecto anodino y gris, bullía en su mente imágenes e inventos. Pasó desapercibido para todo mientras paseó su mínima figura por su Lisboa natal; fue emprendedor sin suerte, pero la publicación de su extensa obra póstuma le hizo un sitio en la narrativa universal. El profesor Manuel Santos Redondo ha analizado en España las ideas económicas de Pessoa y extrae algunas conclusiones muy interesantes. Este comentario es deudor, en cierta medida, de la sugerente aportación de Santos Redondo.

En El banquero anarquista dos amigos se reúnen para cenar. Uno de ellos, banquero y gran comerciante, le explica al otro los fundamentos de su riqueza sobrevenida. Confiesa su origen modesto y los motivos que le impulsaron a abrazar la causa anarquista: el afán de derribar las ficciones sociales. El banquero, en su etapa demagógica, descubre el sectarismo del grupo anarco y prefiere alcanzar por libre su objetivo libertador. "Trabajando separados –afirma– no podemos, en modo alguno, crear nueva tiranía, porque ninguno de nosotros tiene influencia sobre los demás, y así, no puede dominando a nadie, regatearle su libertad ni, ayudándole, menospreciarlo."

De este modo el futuro banquero dirige su actividad anarquista hacia la acción, hacia el esfuerzo aplicado a la práctica de la vida. Dilucida que el dinero es la primera de las ficciones y ese particular combate contra el dinero acelerará su fortuna:

"¿Cómo subyugar al dinero combatiéndolo? ¿Cómo hurtarme a su influencia y tiranía sin evitarlo? Solo de un modo –adquiriéndolo en cantidad suficiente como para no sufrir su influencia; y cuanto mayor fuera la cantidad en que lo adquiriese, mas libre estaría de su influencia.

…No es natural trabajar por algo, sea lo que fuere, sin una compensación natural, es decir egoísta; y no es natural esforzarse por un fin específico sin la compensación de saber ese fin realizable. El fin último es la consecución de libertad: yo, siendo superior a la fuerza del dinero, es decir, liberándome de ella, consigo libertad."  

El banquero recuerda sin odio la cicatriz que dejan los reveses; considera que el estraperlo –del que se benefició en gran medida– es otra ficción más, producto de la estulticia, y no guarda ningún asomo de culpabilidad por su pasado contrabandista. El financiero de Pessoa, finalmente, es optimista acerca del convencimiento entre los hombres de las ventajas del capitalismo, ya que esta certidumbre concuerda con la propia naturaleza humana y el instinto religioso. Fernando Pessoa, poliédrico, reflejado en heterónimos (Ricardo Reis y Alberto Caeiro, entre otros), nos propone un ágil mensaje frente al igualitarismo, un testimonio válido para convencidos de la libertad y para aquellos que no lo son tanto.

Esclavos de la droga

Hay quienes intentan, desde supuestos postulados liberales, justificar la prohibición de las drogas apelando a un concepto de libertad que nada tiene que ver con el liberalismo. Arguyen que los adictos no son "libres" porque su dependencia física con respeto a la droga les impide elegir a voluntad. El drogodependiente es esclavo de la droga porque ésta le obliga a seguir consumiéndola. No puede decidir "libremente", pues la influencia de la droga es demasiado irresistible.

Pero esto es jugar con la polisemia de la palabra libertad para legitimar el uso de la fuerza contra personas que no han agredido a nadie. ¿A quién agrede el consumidor de estupefacientes? ¿A quién agrede el que se los proporciona? En vano alegan los prohibicionistas que la droga "esclaviza": si son incapaces de señalar una víctima no hay crimen alguno que reprimir. El liberalismo, en tanto filosofía política, se ocupa de prescribir derechos, y en este sentido propugna que los individuos tienen derecho a hacer uso de su cuerpo y sus posesiones sin interferencias violentas (no-consentidas) por parte de terceras personas. El empleo de la fuerza sólo es legítimo como respuesta a una agresión previa (para defenderse o para exigir restitución/castigo), y puesto que emplear la fuerza para prohibir la compra-venta y el consumo de drogas no responde a ninguna agresión previa se trata de una agresión en sí misma. Esconderse tras el parapeto del "drogodependiente esclavizado" de nada sirve a la hora de dirimir la cuestión anterior.

No hay nada de extraño en ello, pues como se ha dicho el concepto de libertad auspiciado por estos prohibicionistas no se corresponde en absoluto con el concepto de libertad negativa propio del liberalismo. De acuerdo con este último una persona es libre cuando puede hacer uso de su cuerpo y sus posesiones sin que haya coacción por parte de terceras personas. De acuerdo con la definición manejada por los prohibicionistas, sin embargo, una persona es libre cuando puede conseguir los fines que se propone en cada momento con independencia de las circunstancias que le rodean, de modo que deja de serlo si hay "algo" que limita de alguna forma sus opciones. El drogodependiente no es "libre" porque no puede desengancharse a voluntad; la adicción se lo impide, limita sus opciones. Pero siguiendo este razonamiento, el explorador perdido en el desierto tampoco es "libre" si quiere saciar su sed y su cantimplora está vacía; el desierto se lo impide, limita sus opciones. Por tanto, si el drogodependiente es esclavo de la droga entonces el explorador es esclavo del desierto y el resto de mortales somos esclavos de la ley de la gravedad. ¿Pero qué tiene que ver esto con el liberalismo? ¿Acaso cabe alegar que el desierto agrede al explorador o que la gravedad atenta contra la libertad de los seres humanos? Si, haciendo uso de su cuerpo y sus posesiones, un individuo no puede alcanzar determinados fines que se propone a causa de las circunstancias que le rodean no por eso deja de ser libre y pasa a ser víctima de una agresión. Que el entorno restrinja nuestras opciones no significa que violente nuestra libertad. El entorno no coacciona ni agrede, sólo las personas lo hacen. Por ello debemos preguntarnos, ¿quién (no qué) está coaccionando al consumidor de drogas? ¿Quién (no qué) impide al drogadicto dejar de drogarse? El consumidor de drogas, como el explorador del desierto, es perfectamente libre, pues ningún otro individuo le está coaccionando.

Algunos, persistiendo en el mismo error, reconocen que uno es libre cuando elige drogarse por primera vez, si bien deja de serlo cuando la adicción se vuelve imbatible. Pero el individuo es igualmente libre en ambos casos, pues en ninguno de los dos se ve coaccionado por un tercer individuo. En el segundo escenario simplemente se enfrenta a restricciones distintas a las del primero, no está siendo violentado por nadie. Sostener que un individuo no tiene derecho a cambiar su situación (drogándose, por ejemplo) si eso reduce sus opciones disponibles equivale a afirmar que no tenemos derecho a quitarnos la vida o a donar nuestra fortuna porque eso limitaría nuestras opciones en el futuro. "Si eligen drogarse luego no podrán elegir dejar de drogarse", argumentan, ¿pero desde cuándo esto, de ser así, supone una razón para emplear la coacción en primer lugar? Si elegimos gastar nuestro dinero en un equipo de música luego no podremos elegir gastar ese dinero en una lavadora, si elegimos vivir en la montaña no podremos elegir bañarnos en la playa y si elegimos no estudiar otro idioma luego no podremos elegir hablarlo. Tomar partido por un curso de acción significa también renunciar a sus alternativas y soportar las consecuencias de nuestros actos. ¿Acaso ello es un motivo para impedirnos actuar?

Con todo, esta argumentación prohibicionista que apela a los efectos "esclavizantes" de la droga se halla viciada de origen. Arguyen que las drogas deben prohibirse porque "esclavizan", pero de un lado está claro que muchos consumen droga esporádicamente y están lejos de estar enganchados, y de otro lado la adicción no es insuperable, es posible desengancharse aun cuando requiera ingentes sacrificios. ¿Cómo puede secundarse la prohibición para todos con semejantes argumentos si sólo algunos se convierten en drogodependientes y éstos, además, pueden llegar a rehabilitarse?

Como señalaba Capella, el liberalismo asume que no somos individuos omnipotentes y en absoluto aspira a eliminar las restricciones de nuestro entorno, sólo se propone como meta desterrar la violencia y la coacción de las relaciones humanas. De este modo, aunque en un sentido metafórico pueda ser lícito decir que un adicto es esclavo de la droga, no debemos olvidar que el liberalismo no se ocupa de restricciones ambientales e imposiciones metafóricas sino de agresiones reales, agresiones llevadas a cabo por individuos.

El cielo está que arde

En España la huelga de pilotos de Iberia ha puesto los pies en el suelo a más de uno que ya soñaba con un plácido vuelo hacia su destino vacacional. Parece ser que a los pilotos del Sepla no les basta con pilotar y creen tener derecho a dirigir la aerolínea. No les gusta la idea de que Iberia esté montando una compañía de vuelos de bajo coste y han decidido presionar escudándose en nuestra nefasta ley de huelga y tomando como rehenes a los pasajeros que les dan de comer cada mes.

A nivel europeo las cosas no andan mejor. Airbus está pasando por uno de sus peores momentos en los últimos años. Primero fue el anuncio del retraso en la entrega del A380, el buque insignia de la compañía. Las acciones de la empresa cayeron en picado después de que sus directivos lo admitieran públicamente el pasado 3 de junio. Y no es para menos: las demoras y cancelaciones previstas producirán unas pérdidas estimadas en 2.500 millones de euros.

Hasta aquí todo consiste en un serio revés económico. Sin embargo, la noticia de que uno de los dos presidentes de EADS (el consorcio europeo propietario de Airbus), el francés Forgeard, vendió sus derechos sobre acciones de la compañía antes de que la noticia de los retrasos fuera pública ha desatado un verdadero escándalo aerospacial. Es más, tres de sus hijos también vendieron acciones. El problema de fondo es que EADS está fuertemente participada por el estado francés, el cual impone siempre un comisario político. El de este turno era Forgeard, anterior consejero de Jacques Chirac y colaborador cercano de Dominique de Villepin, y ha hecho lo que cabe esperar de un político metido a gestionar empresas de altos vuelos. Al final, los dos presidentes de EADS han dimitido pero Francia volverá a poner un comisario que gestione la compañía como si de un campeón nacional se tratara. Los pequeños accionistas y los usuarios y los clientes son los que sin duda salen perdiendo de estas relaciones político-empresariales pero nos lo tenemos merecido por dejar que los políticos sigan metiendo mano en las empresas.

Por desgracias ahí no se acaba el calamitoso estado del espacio aéreo. El parlamento europeo ha decidido elevar el alcance de su populismo ecologista y ha votado a favor de establecer medidas que contrarresten el supuesto impacto de la aviación sobre el cambio climático. La idea es racionar la emisión de gases CO2 que puede emitir esta industria y convertirla en un juego de suma cero o en un sector en reconversión industrial forzada. En fin, parece que después de observar el fracaso de la aplicación de Kyoto en la tierra los parlamentarios quieren extenderla al cielo. Para colmo, los políticos europeos han decidido que, ya puestos a entorpecer la ya de por sí turbulenta industria aerospacial, van a ponerle impuestos al queroseno. El cielo está que arde y los políticos parecen dispuestos a prenderle fuego.

De Lincoln a Guantánamo

Se lo advirtió el Juez Jefe del Tribunal Supremo, Roger B. Taney, en su opinión Ex Parte Merryman, que ha sido elogiada por los juristas estadounidenses desde su misma redacción. Lincoln sólo tuvo una reacción al recibir la carta de Taney: dar la orden de su detención y encierro en una cárcel federal, orden que por fortuna no llegó a cumplirse. Pero no le hizo caso y no revocó su decisión de suspender el Habeas Corpus.

Eran otras circunstancias, ya que comenzaba la guerra más cruel de la historia hasta ese momento. Pero el precedente de Lincoln es muy peligroso, porque sugiere la idea de que, en época de guerra, el Gobierno puede decidir lo que considere necesario, aunque para ello tenga que pasar por encima de la Constitución y de los derechos más fundamentales. Recientemente, la misma Corte Suprema ha decidido que los tribunales militares especiales creados para juzgar a los terroristas extranjeros aprisionados en Guantánamo van contra la Convención de Ginebra (creada precisamente en coincidencia con la Guerra Civil americana) y contra el Derecho de los Estados Unidos.

Tenemos que felicitarnos de la decisión del Supremo, porque recuerda que contra el terrorismo no vale todo, y que siempre ha de prevalecer el Imperio de la Ley. No es la opinión de todos los miembros de esta magistratura, ya que el veterano Clarence Thomas ha dicho que la decisión contradice "nuestro bien establecido deber de respetar el juicio del Ejecutivo en lo que se refiere a las operaciones militares y los asuntos exteriores". Es decir, que Thomas recupera el precedente de Lincoln y viene a decir que donde entra la Guerra, el Estado de Derecho no tiene nada que decir.

La Administración Bush va a "mejorar" el sistema actual, quién sabe si para ajustarla a Derecho. Pero más importante que eso es que nos demos cuenta de lo que nos estamos jugando en la lucha contra el terrorismo. Quiere destruir lo mejor de nuestras sociedades, que es su carácter abierto y liberal, libre y cambiante, y que se fundamenta en el reconocimiento y la defensa de nuestros derechos más básicos, que son anteriores a cualquier Estado. Si los ponemos permanentemente por detrás de las "exigencias" de la lucha contra el terrorismo islamista, les habremos ofrecido la victoria antes incluso de dar la primera batalla. No nos lo podemos permitir, porque además no es necesario.

La lucha contra el terrorismo es la guerra perpetua, es decir, la excusa perpetua para darle más poder al gobierno central para decidir sobre nuestras vidas. Las guerras se han convertido en la excusa para multitud de poderes que en teoría se concedían al Gobierno temporalmente, pero que, una vez acabado el conflicto, no han desaparecido: la conscripción, el impuesto sobre la renta, ciertas nacionalizaciones… Hoy vemos todo ello como algo normal, aceptable, cuando no son más que usurpaciones de nuestros derechos, que se originaron en época de guerra y se mantienen cuando llega la paz. Quién sabe hasta dónde podemos llegar con un terrorismo como amenaza permanente.

Destruyendo los seguros médicos

La nueva ley de igualdad contiene innumerables agresiones contra la propiedad privada y contra la libertad individual. Una de las más inquietantes y, sin embargo menos comentada, es la destructiva injerencia en el mundo de los seguros.
Bajo el comercial título de "igualdad de trato en el acceso de bienes y servicios y su suministro" se esconde una bomba de relojería contra este sector económico de vital importancia para toda la sociedad. El anteproyecto de ley establece, entre otros disparates, que "los costes relacionados con el embarazo y el parto, no justificarán diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, sin que puedan autorizarse diferencias al respecto". Es decir, la ley prohíbe a las compañías de seguros realizar su trabajo, que no es otro que el de agrupar casos con un riesgo homogéneo y pedir una prima igual a cada miembro del grupo por quedar asegurado contra el riesgo en cuestión. Dicho en román paladino, la norma impide la discriminación actuarial, que es la esencia de este negocio.
Si el riesgo asociado a una persona no es el mismo que el de otra, la compañía tiene que clasificarlos en distintos colectivos a los que pedirá primas diferentes. En el caso de que la compañía se vea impedida de realizar esa discriminación actuarial, como ocurre en el caso del anteproyecto socialista, reunirá personas con riesgos distintos a los que pedirá la misma cantidad de dinero por quedar aseguradas. Esta intervención gubernamental da lugar al conocido problema de la selección adversa. La norma obligará a las compañías de seguros a elevar la prima de quienes antes pagaban menos y reducir la de aquellas personas que, de acuerdo con su elevado riesgo, pagaban más. Quienes son conscientes de representar un riesgo menor se marchan dejando de asegurarse. A su vez, las personas que se quedan representan ahora un riesgo medio superior y eso obligará a elevar la prima a todo el colectivo, lo que, de nuevo, espantará a los clientes con menor riesgo.
Al final de este perverso proceso provocado por la imposición de los deseos del gobernante, son pocas las personas a las que les conviene seguir contratando el seguro y muchos los que han quedado marginados y discriminados. Los gobiernos que adolecen de miopía intervencionista crónica ceden en este punto a la tentación de solucionar el desaguisado que han creado con la obligatoriedad del seguro. De hecho, así es como han surgido muchos de los problemas del estado del malestar que padecemos en las sociedades europeas. Lo triste es que con el cuento de la imposición de una concepción colectivista de la igualdad destruyan los más básicos principios de la discriminación actuarial voluntaria sobre los que descansa la lucha contra el riesgo y la incertidumbre.

¿Y a los criminales de verdad?

Veamos un ejemplo de cómo está el panorama judicial. Recientemente fue desarticulada una banda que se caracterizaba por realizar atracos con una violencia excepcional. El jefe de la banda era un suizo apodado "el gorila". Recordarán de los shows televisivos —que aún se empeñan en llamar telediarios— las imágenes del "gorila" golpeando brutalmente a la empleada de una joyería aún cuando ésta yacía en el suelo inconsciente. Pues bien, el criminal en cuestión había sido detenido veinte veces. ¿Qué hacia ese hombre en la calle después de veinte detenciones?

Eso nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Por qué no instaurar un Carné Penal por Puntos? En Estados Unidos tienen algo similar, a la tercera detención, por cualquier delito, la pena se endurece drásticamente. ¿Por qué no puntuar los tipos de delitos? ¿Por qué no cuando lleguen a un tope endurecer fuertemente la pena? Y lo que aún es más de sentido común, si han perdido su libertad como delincuentes, ¿por qué no trabajan y así con el dinero que ganen indemnizan a sus víctimas? Ese ha de ser el objetivo de la justicia: indemnizar a la víctima siempre. Alguien que roba más de tres veces es que vive del crimen, encerrarlo un par de meses con sus amigos no arreglará nada. Pero para los políticos, el chico malo siempre es el ciudadano honrado.

El carné por puntos nos convierte en criminales por un descuido, pero a los que viven del asesinato y robo la justicia los mima con prisiones que parecen hoteles, dinero, programas gubernamentales de reinserción… Encima, nos dicen que la culpa de que exista gente como "el gorila" es debido a "la sociedad". Es decir, usted, potencial víctima, ¡es el culpable!

La razón por la que el gobierno se ensaña sistemáticamente contra padres de familia, jóvenes, empresarios, autónomos y gente honrada se debe a una pura intención recaudatoria. Los criminales de verdad son minoría, no tienen dinero y están protegidos por los lobbies izquierdistas. Demasiados problemas. Es más fácil atracar y someter con leyes al ciudadano libre que nunca se queja.

Algunos se han creído que el estado es el bien común, por lo tanto, cuando éste necesita recursos lo único que ha de hacer es crear una psicosis: culparnos del calentamiento global, del aumento de la delincuencia, de los accidentes de tráfico, etc., y al igual que la Inquisición (que era quien recaudaba los impuestos), nos criminaliza y a cobrar. No sólo quiere que nos sintamos culpables, sino desplumarnos. Somos su gallina de los huevos de oro. Y por supuesto, cuando el gobierno vende armas a asesinos en masa, como a Chávez, también lo hace "en beneficio de los pueblos". La clave es el bien común, nacional o similar; y con esta excusa cualquier acción le es permitida sin posibilidad a queja.

Si algo similar al carné por puntos se hubiese aplicado a los criminales de verdad (asesinos, ladrones), todas las organizaciones de "derechos de humanos" lo habrían calificado de trato inhumano, pero al aplicarse al hombre común, bestia negra de los izquierdistas, la medida les ha parecido fabulosa.

¿Y por qué nunca aplicarán un carné por puntos a los delincuentes de verdad? Porque nos gobiernan una panda de sociópatas que sólo ansían nuestro dinero. Los hechos hablan por si mismos.