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Sed buenos

Escrito por Antonio Gimeno en . Publicado en Análisis diario.

Decía Theodore Dalrymple que es un error suponer que todos los hombres quieran ser libres. Añadía que incluso aquellos que celebran su libertad con entusiasmo, lo demuestran mucho menos cuando toca responsabilizarse de las consecuencias de sus actos (libres, añado). Tan acostumbrados estamos a que el Estado tutele nuestra existencia que cedemos crecientes parcelas de intimidad sin darle prácticamente importancia. Más aún, esta cesión nos parece una consecuencia natural de nuestra pertenencia a un conglomerado ciudadano, conjunto de individuos prensados y mezclados en la épica de la justicia social, pleonasmo que Hayek señalo como remedo de la justicia distributiva aristotélica.

Consentir que el estado penetra en nuestras vidas, particularmente en las relaciones familiares, es incompatible con la libertad, toda vez que supone un menoscabo de la responsabilidad que le da sentido. Un ejemplo especialmente doloso es la obligatoriedad de la educación, que se traduce en su presunta gratuidad a cambio de la conversión del desarrollo moral e intelectual de nuestros hijos en un desarrollo curricular pleno en transversalidades ideológicas y vacío en contenidos. No deseo que se eduque a mis hijos en valores, cuando esos valores los deciden pedagogos a sueldo del Estado.

No es admisible que la educación de nuestros hijos esté inspirada en agendas políticas cocinadas en una supuesta neutralidad ideológica. Neutralidad que, en el caso español de la Educación para la Ciudadanía, hay que entender como una opción más ya que en la práctica supone que nuestros hijos deberán aprender a sentir y a relacionarse con los demás de acuerdo a la receta psicopedagógica impuesta por los políticos, cocineros que, tratándose de la educación, suelen ser de izquierdas. Una opción más y por lo tanto no autónoma sino inspirada en la muy heterónoma moral de sus redactores.

El filosofo José Antonio Marina ha defendido recientemente la necesidad de la Educación para la Ciudadanía, la necesidad de aprender a ser un buen ciudadano, concepto que califica como expansivo, práctico y creador. No es de extrañar el interés del filósofo en  dar al término “ciudadano” un empujón para apartarlo de las connotaciones estatistas que lo acechan sin remedio. Así, nos explica que si bien la persona es el centro de la ética, el fundamento de los derechos fundamentales (sic), “el acceso real a esos derechos se consigue en la ciudad, en la ciudad justa, por supuesto”. Será esta ciudad justa la que permita al ciudadano la posibilidad de disfrutar de sus derechos. Posiblemente Hayek estaría de acuerdo con Marina, al menos parcialmente, ya que el austriaco concedía al estado los mínimos necesarios para que facilitase la instrucción indispensable que permitiera que todos los ciudadanos compartiesen un “fondo cultural común”, en palabras de Paloma de la Nuez. En lo que Hayek no estaría de acuerdo, y no digo que Marina lo esté, lo malicio, es que, entre las propuestas a añadir a ese fondo, figurase la encaminada a conseguir buenos contribuyentes, que no son aquellos que no defraudan sino los que colaboran voluntaria y ciegamente en el endeudamiento del estado.

Marina se apoya en un ejemplo de atractivo innegable para los padres: la responsabilidad, esto es,  “que nuestros jóvenes sean responsables, es decir que sepan tomar las decisiones correctas, para que no tengamos que someterlos a una vigilancia agotadora que acaba produciendo efectos nefastos.”  Un ejemplo poco afortunado, a mi modo de ver, por dos motivos: en primer lugar porque acepto el papel tutelar que como padre me he comprometido a desarrollar (en otro momento comentaré por qué yo no creo en la familia anarcocap) y porque al constatar el lamentable estado en que ha quedado la “responsabilidad” durante estos años de LOGSE, se denuncia implícitamente la incapacidad de el Estado para afrontar un ámbito, la educación en valores de la persona, sobre el que se ha proyectado una y otra vez con animosidad política y con “efectos nefastos”.

Sin embargo, el mejor ejemplo, que es el peor espejo en el que reflejarse, nos lo ofrecen los políticos que cada día nos sorprenden menos con sus privilegios, corruptelas y violación del ámbito ciudadano, esa ciudad justa, que se comprometieron a defender.

Espera Marina que con la Educación para la Ciudadanía “los ciudadanos razonen bien en temas morales, tengan buenos sentimientos y se comporten justamente”.

Es curioso, mi hijo de tres años demuestra el despuntar de estas capacidades, eso sí, cuando no le perturba el sueño o el hambre o la varicela, al fin y al cabo es un niño. Espero que la educación obligatoria no haga buena la hipótesis del determinismo cultural y termine como tantos buenos ciudadanos dando por buena la libertad regalada por el estado.

 

Calidad para el aire, no para los ciudadanos

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

A finales de mayo, el Ministerio de Medio Ambiente remitió a las Comunidades Autónomas el borrador de la futura Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera para que hicieran las oportunas aportaciones y alegaciones. Solamente ha sido necesario una lectura superficial para comprobar que estamos ante otra regulación intervencionista, una ley que con la excusa de una atmósfera limpia, permitirá subir un escalón más hacia la sociedad limitada, hacia la sociedad controlada.

Resultaría tedioso contar las veces en las que el medio ambiente ha servido, sirve, a los políticos como pretexto para limitar la libertad. La emotividad del ciudadano ante un tema tan mediático junto a una información sesgada y el escaso conocimiento que sobre la mayoría de estos asuntos tiene buena parte de la sociedad, propicia el miedo y la desconfianza hacia determinados círculos sociales, hacia ciertos sectores industriales, desconfianza que se traduce en este tipo de normativas.

El prólogo de la ley lleva ya una carga de catastrofismo que ayuda a aceptar el trago que se nos avecina:

“La contaminación atmosférica continúa siendo motivo de seria preocupación en España” […] Aún existen niveles de contaminación con efectos significativos para la salud humana y el medio ambiente, particularmente en las aglomeraciones humanas”.

Con semejantes afirmaciones, quién no se va a sentir acongojado y va a aceptar, sino exigir, las medidas que prevé la futura Ley.

La Ley de Calidad del Aire se presenta como una ley global que afectará a una parte importante de las actividades humanas de forma directa o indirecta. De entrada se dividirá el mapa nacional en zonas contaminadas de forma que éstas deberán tenerse en cuenta en la elaboración y aprobación de planes urbanísticos y de ordenación de territorio. Si ya eran pocas las limitaciones que desde las Administraciones Públicas se imponen al urbanismo en España, la contaminación se añade a la lista. Los efectos son fáciles de prever, ya no sólo un más que posible conflicto entre las administraciones locales y autonómicas, que son las que desarrollan los planes urbanísticos, con el Gobierno central, no ya un encarecimiento de las viviendas al añadir otros factores que repercutirán sobre los costes, sino otro factor que impedirá el simple uso y disfrute de la propiedad privada como desee su dueño.

Pero la situación va más allá que el mero control urbanístico, las Comunidades y Municipios deberán articular medidas que controlen o supriman aquellas actividades que sean “significativas en la situación de riesgo, incluido el tráfico automovilístico”. Qué decir tiene que esto abre las puertas a la limitación del tráfico en los grandes núcleos urbanos o en cualquier sitio que la arbitrariedad del funcionario decida, incluso la supresión si las administraciones correspondientes son suficientemente extremistas. Entre estas medidas, se especifican algunas de carácter económico en forma de ayudas, subvenciones o beneficios fiscales que “favorezcan la prevención y reducción de la contaminación atmosférica” y que mejoren los precios de las opciones tecnológicas menos contaminantes. Tampoco debemos descartar aquí que surjan esas alianzas Empresa-Estado que tanto daño han hecho a sectores como la energía, el periodismo o las telecomunicaciones.

Ante semejante nivel de control, el Ministerio no ha podido quedar al margen. De forma periódica las administraciones autonómicas y municipales mandarán datos sobre los niveles de contaminación que nutran un nuevo organismo, un sistema nacional de información y vigilancia de la contaminación. Pero es que además Medio Ambiente creará un sistema de comercio de derechos de emisión, similar al que se ha creado con el CO2 como consecuencia del Protocolo de Kyoto, de cualquiera de los 14 contaminantes controlados, un nuevo coste al que tendrá que hacer frente la ya poco competitiva industria española.

Quizá una de las novedades más interesante a la vez que liberticida que presenta esta ley se trata de que en este asunto de la contaminación no se libra nadie, aunque no tenga coche:

“Los particulares se esforzarán en el ejercicio de sus actividades cotidianas en contribuir a la reducción de las sustancias contaminantes en la atmósfera”.

Esta imprecisión a la hora de enunciar los deberes de la gente abre las puertas en multitud de aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos, desde cuándo, cómo y dónde puede ir un particular a cómo y cuánto puede consumir.

El miedo es libre, dice el refrán, y los ecologistas y aquellos que siguen sus preceptos lo saben. Se asegura que 12 millones de españoles respiran un aire con niveles de contaminación superiores a lo permitido, pero lo cierto es que la gente vive cada vez más y en general con una mayor calidad de vida a pesar de los achaques, más propios de nuestra longevidad que de un medio ambiente agresivo. Cierto es que queremos calidad en el aire que respiramos, pero no por ello debemos renunciar a algo tan necesario como este preciado gas, nuestra libertad. Uno de los mensajes más exitoso de los liberticidas es que ambos conceptos, calidad y libertad, son incompatibles, y este es nuestro lastre.

Corbatas anticapitalistas

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

En ocasiones es usual encontrar a numerosas personas  que se ganan la vida amparando los resultados y valores de la economía de mercado, pero que íntimamente -y a veces de forma explícita- reniegan de los mismos con ferocidad. No se trata de intelectuales de peaje ni agentes al servicio de una causa extremista. Son, por un lado, directivos de alto nivel y mandos intermedios en las empresas; por otra parte, son consultores que prestan de modo temporal sus servicios en las firmas. Gente que entiende una cuenta de pérdidas y ganancias, aunque detesta todo lo que ello significa.

La pasada semana descubrí, tras una larga conversación, las motivaciones profundas de un presunto experto en empresa familiar. Supongo que cuando se alcanza cierto grado de prepotencia, algunos, de modo involuntario, se destapan sin dilación. Ya me sorprendió desfavorablemente que, en una futura conferencia dirigida a jóvenes emprendedores, me comentara su intención de ponerles a caldo sin motivo alguno. Cuando encuentran el momento o la confianza, todos estos anticapitalistas en penumbra sueltan la cantinela característica de las causas de la pobreza en el mundo, se atragantan con el liberalismo, así como vapulean el significado profundo del dinero. Eso sí, estos white-collar workers gozan de múltiples prebendas por causa de su oficio que nunca reparten con nadie, y es evidente su directo desprecio por aquellos que no han logrado alcanzar su estatus de (aborrecible) excelencia.

En La mentalidad anticapitalista, Ludwig von Mises considera que los motores que propulsan tales comportamientos adversos a la libertad entre esta clase de impostores son el resentimiento  y la envidia:

El trabajador de corbata, además de la común animadversión contra el capitalismo, padece de dos espejismos peculiares a su categoría laboral. Tras una mesa de trabajo, escribiendo y anotando cifras, tiende, por un lado, a sobrevalorar la propia trascendencia… El capitalismo, evidentemente no reconoce el “verdadero” valor del trabajo “cerebral”, sobreestimando, en cambio, la faena meramente muscular de seres “ineducados”. Por otro lado, al igual que a los titulados, también mortifica a nuestro administrativo la visión de quienes, dentro de su mismo grupo, sobresalieron. 

El argumento es veraz y guarda relación con ejemplos cosidos a la realidad. Hace escasos días, tuve ocasión de preguntar a un grupo de jefes de obra de una importante constructora una serie de preguntas en torno al liderazgo, el clima laboral y la retribución por objetivos. Sus respuestas fueron clarividentes: muchos ejecutivos de pacotilla  no hubieran estado nunca a la misma altura en sus argumentos. Respecto del cobro de incentivos por obra terminada con anticipación, algunos lo entendían como estímulo esencial en su trabajo, y otros preferían acabar- por seguridad psicológica- en la fecha fijada; más todo el mundo con franqueza  estaba de acuerdo en la  pervivencia del incentivo voluntario, sin plantear ninguna clase de aversión o enmienda como determinados colectivos profesionales lo hubieran hecho con elevada probabilidad.

Lo que quiero indicar es que en nuestra vida cotidiana pueden aparecer sólidos aliados ajenos a  la demagogia e impregnados de sencillez, a favor de una libertad pura, fundacional, irrestricta: tengámoslos en cuenta. Los mensajes del liberalismo no pueden rebotar una y mil veces frente a profesiones sugerentes pero de mentalidad prácticamente irrecuperable.

Inversiones morales

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Como ya hemos dicho, el homo economicus se limita a maximizar sus beneficios a partir de unas restricciones vitales que le están dadas. Carece de escapatorias y de alternativas: su decisión está tomada incluso antes de que él mismo lo sepa. El homo economicus no puede renunciar a un mayor beneficio a cambio de otras consideraciones como la moral, la caridad o la empatía; se trata de un usurero egoísta despreocupado por su entorno que tan sólo pretende acrecer su patrimonio.

Por supuesto, el ser humano no está sometido al dinero, sino más bien al contrario. El dinero es un instrumento del individuo para satisfacer sus fines, de modo que si sus fines entran en contradicción con la rentabilidad puede perfectamente renunciar a ésta.

El ser humano real puede tener objetivos distintos al mero enriquecimiento. La moral, el amor, la amistad o las actividades no monetarias son elementos que forman parte del individuo y que pueden, en su caso, alejarlo del dinero. El individuo puede compartir con su prójimo, puede rechazar proyectos rentables por inmorales, puede olvidarse de sí mismo y dedicar su vida a ayudar a los demás.

En puridad, el homo economicus es una superchería insostenible que embrutece el buen nombre de la ciencia económica. La Escuela Austriaca, a diferencia de la disciplina aberrante que controla nuestras universidades, ha sabido rechazar desde un comienzo este supuesto irreal e inconsistente reconociendo en todo momento la diversidad de los fines del individuo.

Para economistas de la talla de Ludwig von Mises, Friedrich Hayek o Murray Rothbard, el ser humano se caracteriza no por la búsqueda del beneficio crematístico, sino por la acción deliberada que se dirige hacia la consecución de los fines personales. Entre éstos tiene cabida tanto la sed por el dinero como la caridad más intensa. Lo que caracteriza al individuo es que actúa, no la maximización del beneficio.

La universidad española, sin embargo, arrincona a la Escuela Austriaca, ya sea por mala fe o por profunda ignorancia. Todo ello, a pesar de que su cosmovisión es mucho más rica y realista que la predominante en el circuito académico.

Por ejemplo, durante estas últimas semanas asistimos a la creación de un fondo de inversión que se comprometía a respetar en sus operaciones financieras los principios y valores católicos. De este modo, se ofrece a los ahorradores la posibilidad de obtener una rentabilidad a través de empresas que observen el código moral católico; se rechazan de esta manera las compañías armamentísticas o las productoras de instrumentos abortivos.

El paradigma del homo economicus es incapaz de explicar la creación de un fondo que conscientemente renuncie a un mayor beneficio a cambio de un recto comportamiento moral. Esto a buen seguro es cierto en el caso de ciertos hipócritas socialistas como Noam Chomsky, que no dudan en invertir en compañías petrolíferas o militares aun cuando diariamente aborrezcan de ellas.

Sin embargo, es evidente que muchas personas sí están dispuestas a renunciar a una mayor rentabilidad por mantenerse firmes en sus convicciones morales. Algo que la ciencia económica predominante es incapaz de interiorizar y comprender porque se niega a rechazar y denunciar sus paradigmas fundacionales.

Con todo, a pesar de esta estrechez académica, podemos comprobar nuevamente cómo la grandeza del capitalismo y de la libertad de empresa permite ofrecer a los consumidores y pequeños ahorradores –en este caso católicos– innovadores productos que incrementan su bienestar sin necesidad de coaccionar al prójimo.

El católico no tiene por qué defender la prohibición de tales compañías, ya que puede decidir libremente no invertir en ellas y hacer proselitismo para que el resto de la gente lo imite; otros sujetos, no obstante, a riesgo de comportarse de forma inmoral, pueden tomar una decisión distinta. Cada cual es libre de perseguir sus fines sin necesidad de reprimir al prójimo.

Los católicos tienen la puerta abierta para introducirse en el mundo de la inversión sin problemas de conciencia. Apostando por estos fondos, pueden combinar una rentabilidad económica con la tranquilidad de dirigir su dinero a actividades moralmente correctas.

Y es importante que los católicos entiendan la importancia de la inversión y la creación de riqueza. La caridad es un acto de entrega al prójimo que en muchos casos requiere de la asistencia de medios materiales para su éxito efectivo, tal y como nos recuerda Benedicto XVI en la Deus Caritas Est: "Los hambrientos han de ser saciados, los desnudos vestidos, los enfermos atendidos para que se recuperen, los prisioneros visitados, etcétera".

Según las circunstancias, la caridad puede requerir de comida, ropa o medicinas para ser eficaz. Por ello, el católico no puede despreocuparse de la riqueza: tiene que promoverla y multiplicarla para que la comida, la ropa o las medicinas sean cada vez más abundantes. Si el católico ha de dar al prójimo, primero deberá poseer; y antes de poseer deberá producir. Sólo se puede dar aquello que se tiene, y sólo se puede tener aquello que existe.

A través de la inversión, el ahorrador se enriquece a sí mismo y a la sociedad. Las empresas pueden acometer un mayor número de proyectos con los que servir a los consumidores incrementando la producción y el inversor católico puede obtener una cierta rentabilidad que le permitirá en el futuro multiplicar sus actividades caritativas.

El católico no debe rehuir los mercados financieros, tiene que participar en ellos de manera activa pero siempre de acuerdo con sus valores morales; de ahí que estos novedosos fondos de inversión supongan una importante oportunidad para familiarizar a una gran masa de ahorradores con el capitalismo. Mayor producción y mayor riqueza significan unas mayores oportunidades para practicar la caridad.

Los fondos de inversión morales sirven para recordarnos una vez más que la ciencia económica universitaria está podrida por la base y que los católicos tienen ante sí un maravilloso instrumento para participar de lleno en los beneficios del capitalismo.

Gastando lo indefendible

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

¿Somos conscientes del increíble montante que llega a gastar el Estado cada año a expensas de los ciudadanos y de la economía productiva?¿Hasta qué punto los progresistas son conscientes de que el gasto público excede con creces la cuantía necesaria para garantizar los servicios básicos a toda la población?¿Se dan cuenta de que muchas políticas de gasto no tienen absolutamente nada que ver con la asistencia a los más desfavorecidos y la igualdad de oportunidades?¿Saben que los efectos redistributivos del gasto público son prácticamente nulos y que este intervencionismo galopante inhibe la creación de riqueza y en buena medida se ceba en los más pobres? 

El presupuesto del Estado central español para 2006, incluyendo las cotizaciones sociales, las transferencias a otras administraciones y la deuda pública, asciende a 301.488.420.680 euros. En total el sector público español gestiona el 40% de la riqueza nacional, además de regular el conjunto de la economía. Sanidad, educación, vivienda e infraestructuras ni siquiera representan un 7% del gasto público. Aun añadiendo las partidas de defensa, seguridad ciudadana y justicia, no alcanzamos el 12% del presupuesto del Estado. Si sumamos las pensiones, el mayor capítulo de todos, llegamos al 39,9%. Todavía nos falta un 60%… El Gobierno de Estados Unidos, que algunos ingenuamente asocian al liberalismo, destina a las categorías de justicia, seguridad, defensa nacional, educación, carreteras, protección ambiental y Reserva Federal cerca de un 40% del gasto público. También nos falta un 60%… ¿Cómo puede justificarse, incluso desde posiciones rawlsianas o de tercera vía, semejante cuadro de expolio y despilfarro?¿Qué tiene que ver la cultura y el deporte con la justicia social y la ayuda a los necesitados?¿O la agricultura y el turismo?¿O las subvenciones al transporte y la regulación de la industria y la energía? Sólo desde el desconocimiento o el estatismo más acérrimo puede defenderse un Estado como el que padecemos en la actualidad, no digamos uno de mayores proporciones. Los ciudadanos no siente la necesidad de rebelarse porque sólo tiene en cuenta lo que palpan y lo que ven: la ingente riqueza que esa fracción libre del mercado consigue producir. Las cosas no van tan mal vistas desde esta miope perspectiva, pero es como si el prisionero se complaciera con la comida que le traen cada día sin reparar en lo bien que comería si le dejaran salir de la mazmorra. No se trata de considerar únicamente la prosperidad de que gozamos, también hay que sopesar la prosperidad sacrificada en el altar del Estado del Bienestar. Es una prosperidad no materializada, en cierto sentido invisible, pero su pérdida no por ello es menos real.

Los que defienden este volumen de gasto público apelando a la redistribución de la renta entre ricos y pobres aluden a un Estado idealizado que responde a sus deseos, no a la estructura de incentivos a la que están sometidos legisladores, burócratas y votantes en el mundo real. El Estado de sus sueños redistribuye la riqueza y ayuda a los más pobres, pero al Estado real los más pobres le importan muy poco, y la riqueza la redistribuye horizontalmente para satisfacer a unos grupos en detrimento de otros. En Francia el 30% más pobre recibe el 35% de las prestaciones sociales, el 30% más rico el 25%, y el 40% del medio recibe el 40% de las prestaciones. En Alemania el 30% más pobre recibe el 32% de las prestaciones, el 30% más rico recibe el 31% de las prestaciones, y el 40% del medio recibe el 37%. El caso de Italia es aún más ilustrativo: el 30% más pobre recibe el 20% de las prestaciones, mientras que el 30% más rico recibe el 35%; el restante 45% es para el 40% del medio. Es decir, no sólo los pobres no reciben más que los que no son tan pobres, sino que a veces incluso reciben menos que los ricos. Si a esto añadimos que numerosas Haciendas Públicas casi recaudan lo mismo en concepto de imposición indirecta (regresiva, acostumbra a penalizar a las rentas más bajas) que en concepto de imposición directa (progresiva, penaliza a las rentas más altas), ¿de qué redistribución estamos hablando?

David Friedman caricaturiza el proceso de redistribución estatal de una forma muy gráfica: cien personas se sientan en círculo, cada uno con los bolsillos repletos de dólares. Un político recorre el círculo tomando a su paso un dólar de cada uno. A nadie le importa, ¿a quién le importa un simple dólar? Cuando ha dado la vuelta completa deposita 50 dólares en la mano de uno de los presentes, que se regocija de felicidad ante ese inesperado regalo. Luego el político vuelve a repetir el proceso dejando cada vez 50 dólares en las manos de un individuo distinto. Al final, después de 100 vueltas, todos son 100 dólares más pobres, 50 dólares más ricos, y felices.

El coste de una prestación, como viene a decir la analogía de Friedman, se reparte entre todos los contribuyentes, mientras que los beneficios los disfruta en exclusividad el receptor de dicha prestación. Así, los individuos tienden a despreciar los costes de que otros reclamen ayudas y prestaciones (pues se reparten entre todos los contribuyentes) y al mismo tiempo tienden a codiciar las prebendas estatales (cuyos beneficios recoge en exclusividad el agraciado). El resultado: todos se lanzan a pedir prestaciones y el gasto público se dispara. Al final los subsidios se generalizan hasta tal extremo que mucha de la gente que creía beneficiarse acaba pagando más de lo que obtiene. En este contexto, en palabras de Arnold Kling: “se supone que el Estado del Bienestar redistribuye los ingresos y reduce la pobreza. De hecho, pienso que lo que hace el Estado del Bienestar es redistribuir la pobreza y reducir los ingresos. Como dijo Karl Kraus refiriéndose al psicoanálisis, el Estado del Bienestar es la enfermedad que éste pretende curar.”

El gasto público ha alcanzado cotas delirantes, y la redistribución horizontal de la renta deja, si cabe, aún más en evidencia a los apologistas del statu quo. Es posible que la situación no degenere pasado cierto punto: si bien todo Estado alberga en su seno un Estado absoluto y tiende a expandirse, tampoco beneficiaría a la casta burocrática matar a la gallina de los huevos de oro. En cualquier caso, aunque llegue a prevalecer un equilibrio entre opresión y libertad como el que padecemos en la actualidad, no hay motivo para congratularse y tolerar la intervención masiva del Estado. No tenemos por qué soportar el expolio y la mengua de oportunidades como precio por una parcela de libertad.

La singularidad

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

La razón es sencilla; en su obra argumenta que, si dejamos libres al ingenio humano y la empresarialidad y no la agobiamos con regulaciones ecóbobas y prohibiciones basadas en el principio de precaución y otros estúpidos ataques gubernamentales al progreso, la segunda mitad del siglo XXI verá una revolución tecnológica sin precedentes desde que el hombre empezó a tallar huesos y hacer herramientas.

La historia humana ya ha padecido una singularidad, nuestra aparición sobre la faz de la tierra. Hasta ese momento, el progreso transcurría a la lenta velocidad de la mutación genética. Sin embargo, desde que empezamos a discurrir y a crear herramientas, es evidente que esa velocidad se ha incrementado en varios órdenes de magnitud. Mirándolo desde un punto de vista más amplio, hay más singularidades detectables, como la aparición de vida o el momento en que la evolución llegó a desarrollar los primeros cerebros. No obstante, la nueva singularidad a la que se refiere Kurzweil podría, según él, llegar mientras algunos de nosotros aún estamos con vida. Sería el momento en que las máquinas que estamos creando empiecen a ser capaces de diseñar versiones más avanzadas de sí mismas, un momento que sitúa alrededor de la mitad del siglo XXI. Para entonces ya habrán tomado la voz cantante del desarrollo tecnológico, pero a partir de ese momento el crecimiento y el ritmo de novedades tecnológicas sería tan rápido que los seres humanos sin “mejoras artificiales” serán incapaces de seguirle la pista.

Es evidente que la capacidad en velocidad de proceso y almacenamiento del cerebro humano (el hardware) será sobrepasada mucho antes. El problema, que como experto en inteligencia artificial que también es Kurzweil obviamente identifica, es el software, la capacidad de aprender del ser humano y de obtener patrones a través de la información que llega a los sentidos. Ese problema se solucionaría a través de la ingeniería inversa del cerebro humano, el conocimiento cada vez más exacto de cómo funciona el sustrato biológico en el que se alberga nuestra inteligencia. Eso implicaría una consecuencia adicional: al conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro, permitirá la posibilidad de incorporar esa extraordinaria capacidad de las máquinas al mismo, aumentando nuestras capacidades cognitivas. Sólo así, concluye Kurzweil, el ser humano podrá adaptarse al acelerón de progreso que supondrá la singularidad.

La mayor crítica que se le puede hacer a Kurzweil, desde el punto de vista científico, es lo poco que hemos avanzado, dentro del campo de la inteligencia artificial, en la creación de “agentes” en relación con el rápido avance que tienen las herramientas. Estas últimas son los aparatos tecnológicos y las aplicaciones informáticas que conocemos bien: a partir de órdenes precisas y claras de los seres humanos, dan respuestas fácilmente predecibles y reproducibles una y otra vez. Si yo escribo una “o” en el teclado, sé que mi procesador de textos pondrá una “o” en pantalla. Los agentes, en cambio, son los dispositivos capaces de adaptarse a nuevos estímulos y reaccionar ante ellos, aprender de los mismos, interpretar las reacciones de los seres humanos en lugar de obedecerles literalmente. Un sistema de reconocimiento de voz que nos entienda cuando tartamudeamos o hablamos bien lejos de ese nivel de claridad que exigen aún, pese a todos sus avances, es un agente. Ese es el salto para el que necesitamos un mayor conocimiento sobre nuestro propio cerebro, y no está nada claro que se vaya a conseguir con la rapidez que predice. Las predicciones más arriesgadas que hizo en su anterior libro, de 1999, fallan precisamente ahí, cuando se necesitan agentes y no herramientas.

No obstante, el principal riesgo para los avances exponenciales que describe Kurzweil no tienen su raíz en la tecnología ni en la ciencia, sino en la política. El uso del principio de precaución, contradictorio consigo mismo como ha explicado Gabriel Calzada en numerosos artículos, puede llevar a la prohibición de investigaciones y aplicaciones prácticas de las mismas que dificulten o imposibiliten el progreso tecnológico. La tecnología y el capitalismo prometen resolver problemas para los que hasta ahora muchos consideran al gobierno como el único alivio posible. ¿De qué servirá, por ejemplo, la Ley de Dependencia cuando las minusvalías sean solventables mediante ingenios mecánicos y electrónicos? La única ventaja con que contamos es que los legisladores suelen ir muy por detrás de la tecnología con sus regulaciones. El riesgo, que la alcancen demasiado pronto.

Juan de Mariana y la defensa privada

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los aspectos menos conocido del pensamiento del Padre Juan de Mariana es su idea de cómo debe organizarse y financiarse la defensa de la sociedad -y la guerra en general- estrechamente ligada a al estricto respeto de la propiedad privada. Esta posición surge de su comprensión del origen de la sociedad, los incentivos que se dan en las relaciones sociales según sean éstas libres o no, y sus sólidos principios éticos.

Para Mariana, los individuos habrían creado la sociedad debido a la escasez de los recursos y a la inseguridad provocada por los continuos ataques de fieras y de algunas personas contra la vida y propiedad de las otras personas. Ese fue el motivo del surgimiento de las primeras sociedades urbanas y de la potestad real. Dada su concepción del origen de la sociedad, Mariana cree que no por haber adquirido el rey la potestad real pierden los individuos el derecho a defenderse. Todo lo contrario. El derecho a la defensa sigue recayendo en el individuo y es por lo tanto un derecho a la defensa privada. Para él, el rey que tratase de impedir que su pueblo se defienda por sí mismo o esté provisto de armas no es rey, sino tirano. El rey, dice Mariana, “no desarma a los ciudadanos, ni les confisca los caballos, ni consiente que se debiliten en el ocio y la molicie, como hacen los tiranos”.  Por el contrario, el tirano “teme necesariamente a los que le temen, a los que trata como esclavos, y para evitar que éstos preparen su muerte, suprime todas sus posibles garantías y defensas, les priva de las armas, no les permite ejercer las artes liberales dignas de los hombres libres para que no robustezcan su cuerpo con ejercicios militares y desmoronar la confianza en sí mismos."

Por otro lado, Mariana cree que el rey, como principal garante de la seguridad y defensa de la sociedad, no debe esperar a que una guerra haya comenzado para prepararla. Antes bien,“debe aprovisionar, mientras esté tranquilo el reino, de armas y municiones y caballos. Y cuando goce de paz, no dejará de pensar en la guerra si quiere vivir seguro.” Sin embargo llama poderosamente la atención que para el jesuita las ventajas de este aprovisionamiento por adelantado no sólo redunda en la mayor discrecionalidad del rey a la hora de comenzar una guerra, sino que además sirve para evitar la costumbre de ordenar nuevos impuestos, siempre perjudiciales e ilegítimos si no cuentan con el consentimiento de los súbditos. Pero si los impuestos son perjudiciales -e incluso inmorales según Mariana-, ¿de dónde debe el rey obtener los recursos que constituyan ese fondo de recursos materiales y humanos para la guerra? Mariana sugiere que el rey debe sufragarlo a partir de sus rentas privadas ordinarias y de las aportaciones voluntarias de los ciudadanos. Llega a decirle al príncipe que la gente le dará recursos de forma voluntaria si el monarca les demuestra ser un buen rey, y usar los recursos para guerras necesarias y razonables. Así pues, el jesuita trató de resolver el problema de cómo organizar la defensa de una manera eficiente y, al mismo tiempo, radicalmente respetuosa con la propiedad privada. Merece la pena reproducir lo que decía el propio Juan de Mariana:

"Un buen rey no necesitará imponer a los pueblos grandes y extraordinarios tributos para atender a contratiempos o guerras inesperadas, sino que obtiene los recursos necesarios con el consentimiento de los propios ciudadanos sin necesidad de fraudes ni amenazas (y ¿qué consentimiento habría si así lo hiciera?). Si es necesario, el rey explicará a su pueblo los peligros que amenazan, los apuros del erario o las circunstancias de la guerra. Un príncipe no debe creerse nunca dueño del Estado ni de sus súbditos por más que los aduladores se lo susurren al oído, sino un gobernante al que los ciudadanos han asignado unos recursos, cuya cuantía no debe nunca aumentar sino por el consentimiento de los mismos pueblos. Y sin embargo así acumulará tesoros y enriquecerá el erario público sin un solo gemido de los súbditos"

El jesuita lleva tan lejos este principio que declara que, ni siquiera para financiar una guerra, puede el rey adulterar la moneda sin el consentimiento de sus vasallos. A fin de cuentas, la inflación –Mariana no usa este término pero describe el concepto- no es más que una forma sutil de quitarle al pueblo lo que es suyo. Y para Juan de Mariana ni el robo ni ninguna otra forma de quebranto del derecho a la propiedad privada pueden ser guías para la financiación de un servicio. Ni siquiera si ese servicio tiene la importancia que tiene la defensa del reino.

Talante leninista

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Ese tienen es un claro ejemplo del totalitarismo democrático que inspira la filosofía de esta pandilla instalada en el Palacio de la Moncloa y sus aledaños. Lo que hay que hacer ha de venir determinado por lo que diga el que haya recibido el mayor número de votos. No cabe plantearse siquiera disentir. La discrepancia es vista por este gobierno como un irreverente insulto al poder legitimador de la mayoría. Lo que se puede y lo que se debe hacer pasan a ser una misma cosa: lo que decide hacer el gobierno, el depositario del mayor número de votos. No hay derechos anteriores ni superiores a los que confiere la elección democrática que deban ser respetados por quien detenta el poder político. Es, como dijera Gustave de Molinari a mediados del siglo XIX, la versión más refinada del comunismo.

De ahí ese perverso uso del  todos. La mayoría y quien se pliega a ella sin fisuras forma parte del todo mientras que quien osa diferir queda condenado a la inexistencia, el vacío y la nada más inmensa. El todos indica por lo tanto la penitencia a la que se expone quien tome en vano la decisión quien gobierne el aparato estatal.

Ese millón de personas que se manifestó en Madrid no están dispuestos a ceder sus derechos (especialmente los de las víctimas) para que socialistas y estalinistas se monten su chiringuito político. No están dispuestos a que alguien pague con la vida y el sufrimiento de las víctimas ni con la pérdida de libertad de quienes han sobrevivido al imperio del terror el cese de los asesinatos del nacionalsocialismo etarra. Todos deseamos la paz, pero no todos estamos dispuestos a que el terrorismo del socialismo marxista-leninista se salga con la suya y presente a las víctimas reales y potenciales como moneda de cambio para acercarse a su utopía totalitaria en la que, por cierto, no cabe ni un solo individuo libre.

El poder de las grandes empresas

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

Una de las principales críticas al libre mercado y a los liberales que lo consideramos como la mejor forma de cooperación social, es que nos concentramos en los ataques a la libertad que supone tanto el Estado como los demás individuos (actuando violentamente para coaccionar al prójimo), pero nos olvidamos de una tercera pata: las grandes empresas. Según esta visión del mundo, las grandes empresas, merced a su “poder económico” cometen grandes atentados contra la libertad y los derechos humanos, y el liberalismo simplemente les dejaría las manos más libres para cometerlos con mayor frecuencia.

< p>El problema de esta teoría se empieza a ver claro cuando echamos un vistazo a cuáles son esos atentados y abusos de las grandes empresas, que podrían dividirse en dos grandes grupos. El primero es el de los “crímenes por llegar a acuerdos libres”. En este conjunto de malvadas acciones se encontrarían, por ejemplo, montar fábricas en el tercer mundo con estándares laborales –de sueldo, horarios, etc.– muy inferiores a los nuestros; es decir, la “explotación”. Sin embargo, quienes así argumentan olvidan que si esos estándares están tan por debajo de los nuestros es debido a que en esos países la gente es más pobre y no se los puede permitir si quiere sobrevivir. Las empresas multinacionales, de hecho, suelen ofrecer mejores condiciones que los patrones locales, ayudando así a mejorar el nivel de vida del lugar donde se instalan. Por eso encuentran empleados con facilidad.

 

< p>Otro ejemplo dentro de esta categoría sería el de la deslocalización. Por culpa de la misma, de la avaricia de intentar ganar más dinero o producir bienes más baratos trasladando fábricas u oficinas, cientos de familias se quedan sin empleo. Se olvida así que fueron esas mismas causas las que permitieron a esos trabajadores encontrar una ocupación pagada por esas empresas. ¿Por qué habríamos de hablar mal de las empresas porque se van y no hablar bien porque estuvieron un tiempo? Tan absurda es una cosa como la otra; la empresa espera sacar un beneficio de su estancia en un determinado lugar y los trabajadores también.

 

< p>El segundo grupo de crímenes contra la humanidad de las empresas serían los atropellos de las empresas contra las personas de a pie. Sin embargo, buena parte de éstos no son un ejemplo de “poder económico” sino del poder estatal. Cuando una gran empresa consigue subsidios o regulaciones que hacen más difícil la entrada de nuevos competidores en su mercado, no es la empresa quien impone nada sino el Estado. Si una empresa consigue que las leyes prohíban o dificulten, por ejemplo, la existencia de sindicatos, eso es un ejemplo del poder del Estado para prohibir la asociación de hombres libres, no de ningún poder empresarial.

 

< p>Las empresas dependen del beneplácito de los consumidores para poder seguir existiendo. Y la única manera en que pueden escapar de este juicio último a su labor es manipulando el poder del Estado en su favor. El problema no es que las empresas tengan un gran “poder económico” que los gobiernos deben domeñar ampliando su capacidad para imponerle sus reglas, sino precisamente que el exceso de poder que tienen los gobiernos hace atractivo a las empresas intentar influir por todos los medios en que ese poder se ejercite en su favor. Y la única manera de evitarlo es reduciendo el poder del Estado, no aumentándolo.

 

Los derechos de Joan Saura

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

El conseller se escandaliza y no entiende que alguien pueda estar en contra de los derechos que él quiere instaurar, razón por la que siempre carga contra la derecha, el mal de todos los males. ¿Pero qué significa "derechos" en el idioma de Saura? Para este hombre de izquierdas, los derechos no son un don natural inalienable que posee el individuo y que pueda ejercer a su voluntad, sino que son una concesión del burócrata al hombre. En su visión, el jerarca supremo, él y los políticos, deciden quién ha de tener libertad y quién puede vivir a costa del resto de la sociedad. Libertad para el conseller es poder dirigir una sociedad de dueños y esclavos.

Les pondré un ejemplo. Saura se sorprende que alguien pueda estar en contra de una "renta básica" para los más pobres (artículo 24 del estatut), y así lo va proclamando por todas partes. Las conocimientos de la palabra libertad y economía no son lo suyo. Desde el punto de vista de la libertad, la redistribución estatal económica es un robo. Significa arrebatar por la fuerza el trabajo de una persona para dárselo a otra. La redistribución estatal puede estar muy bien vista, puede ser todo lo guay y socialista que queramos, pero es el antónimo a la palabra libertad. Si el señor Saura redistribuye el dinero de otros con la amenaza de la obligación gubernamental, entre quien sea, significa que el catalán que con su esfuerzo y trabajo se ha ganado su dinero no podrá disfrutarlo porque el conseller se lo habrá usurpado para transferirlo a otra persona o para engrosar las arcas del gobierno catalán. En otras palabras, Saura defiende expropiar la producción de una persona para que trabaje gratis para otra. A esta acción no se le puede llamar altruismo, sino esclavitud y tiranía. Altruista sería que nuestro conseller destinara una parte de su abultado sueldo a la beneficencia, redujera drásticamente su salario para que quedase en manos del pagar de impuestos catalán o incluso bajase los impuestos. La solidaridad es un acto voluntario, no una imposición que tenga que nacer de las leyes y ser acatada por el miedo.

El estatut de Cataluña es un peligro para la economía de los catalanes y para su auténtica libertad individual. Transfiere la responsabilidad del hombre libre al burócrata para que éste la gestione con total impunidad. Cuando oigamos a un político hablar de derechos y libertad, no nos tenemos que alegrar, sino asustar y coger bien fuerte nuestra cartera. El léxico de los políticos no tiene nada que ver con nuestra realidad. El estatut es un peligro, y quien mejor lo ha demostrado es el señor Saura.