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Gulag, ojos que no quieren ver…

Escrito por amascaro en . Publicado en Análisis diario.

No interesa. No es que lo nieguen, como intentaron al principio, achacándolo a la propaganda capitalista. Ni que traten de excusarlo, como hicieron después, basándose en las exigencias de la lucha de clases. Es que, simple y llanamente, la esclavitud planificada en masa perpetrada durante tres cuartos de siglo en el Paraíso del Proletariado no interesa.

Justo después de la Revolución de Octubre, Lenin ya abrió los primeros campos del GULAG, Glavnoe upravlenie lagerei, la Dirección General de Campos. En 1950 el sistema de campos ya contaba con dos millones y medio de reclusos. Con Gorbachov, en los ochenta, algunos campos seguían a pleno rendimiento. Pero a nadie le ha parecido que semejante hito de vejaciones masivas merezca una Lista de Schindler, una Gran evasión o un La vida es bella. En 2001, se abrió en Moscú una muestra sobre el GULAG, el primer día no recibieron ni una sola visita. Obviamente, en otras muchas capitales mundiales jamás se ha abierto una exposición sobre tal asunto.

Por descontado, tampoco ha tenido unos juicios de Nuremberg. Ni una campaña como las de Pinochet o Milosevich para que se lleve a Tribunal Penal Internacional alguno.

Varias causas convergen para explicar este desinterés.

A diferencia de Hitler, Stalin no sólo no fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, sino que salió de ella fortalecido y arropado por los acuerdos con los dirigentes occidentales. ¿Quién iba a criticar a un aliado? ¡Al bueno del Tío Joe, como le llamaron algunos! Si el buenazo de Roosevelt y el intransigente de Churchill podían fotografiarse sonrientes con él, no podía ser tan malo.

Otra diferencia capital radica en el apoyo descarado que la intelectualidad occidental, de forma casi unánime, dio a la ideología marxista durante (¡y después de!) la era del terror estalinista. Es más, cuando en la propia URSS postestalinista empezaron un timidísimo proceso de autocrítica y regeneración, las élites intelectuales de Occidente lo acogieron con una frialdad poco menos que siberiana. Los pocos activistas que se atrevían a recopilar y divulgar información mediante las Samizdat, tuvieron pocos apoyos a este lado del Telón de Acero.

Esta falta de aliento liberal es la que volvió a ponerse de manifiesto hace quince años cuando el espejismo socialista soviético se desvaneció. Los esfuerzos occidentales por animar a Rusia hacia las libertades civiles y económicas se limitaron al lamentable Consenso de Washington, que, según el opositor bielorruso Jaroslav Romanchuk, “ha creado Estados oligarquías, proteccionismo y pobreza. En Rusia o Bielorrusia casi el 40% de la población vive en la pobreza. ¿Ello es así por el capitalismo o porque se ha pretendido aprovechar el Estado para redistribuir la riqueza desde la población a la Nomenclatura? Obviamente se trata de ésta última posibilidad; nosotros no hemos tenido una revolución capitalista. Cuando Corea del Sur, Japón, Hong Kong o Singapur iniciaron sus reformas capitalistas, el gasto público en estos países estaba por debajo del 15%. ¡15%! Ahora en Europa del Este estamos por encima del 50%. Por tanto, es imposible que se produzcan resultados sociales positivos, por no hablar de los resultados económicos.”

Comprensiblemente, el interés de la Nomenclatura por recordar los campos de concentración comunistas ha sido todavía menor, si cabe, que el que mostraron las cabezas bienpensantes en Occidente.

La Transición rusa ha dejado tanto que desear que los rusos tienen hoy, o eso parecen creer, problemas más acuciantes que el incómodo recuerdo de ese terror.

Pero hay un detalle, especialmente macabro, que tal vez aclare mejor que todos los demás esta insensibilidad. Acaso la vida en la URSS era tan miserable que las condiciones de los campos de trabajo forzado no llamaban especialmente la atención. En palabras de veterana de los Samizdat, Liudmilla Alekseeva, “si la mayoría de tus amigos se marchan de vacaciones a Paris, no es tan sorprendente que te marches de vacaciones a Paris. Si la mayoría de tus amigos está en la cárcel, no es tan sorprendente que acabes en la cárcel.”

Si bien Lenin inauguró el GULAG para aislar y deshumanizar a los contrarrevolucionarios, Stalin lo “perfeccionó” para contribuir a sus ambiciosos planes quinquenales. Así, el sistema de campos de concentración conocido como GULAG fue una gigantesca red de centros de producción con mano de obra esclava. Prácticamente todas las ciudades importantes tenían uno, o varios, de estos centros. Allí se producía de todo: electricidad, armas, incluso juguetes.

Según la máxima marxista, se les exigía según sus posibilidades, o sea, trabajaban hasta morir, casi siempre en el sentido literal. Según la misma máxima, se les recompensaba según sus necesidades, o sea, unas raciones de alimento del todo insuficientes. Es más, gran parte de los que han sobrevivido a día de hoy no pueden regresar a sus casas porque no pueden costearse el viaje.

Pero a The New York Times no le extraña que nadie en Occidente lo recuerde, “al fin y al cabo, la matanza fue muy, muy aburrida y ostensiblemente carente de dramatismo”.

Sellos y pensiones

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El modelo de negocio de Afinsa y Forum se sustentaba parcialmente en un sistema piramidal que tarde o temprano tenía que hacer aguas. La revalorización de los sellos sólo suponía una parte de los suculentos intereses prometidos por la inversión, así que la diferencia se cubría gracias a la entrada de nuevos clientes que, con sus aportaciones en mano, se incorporaban a la base de la pirámide. De este modo, parte de las nuevas inversiones eran redistribuidas en lugar de ser capitalizadas. Un negocio como este depende de reproducir ad infinitum esa práctica, considerada fraudulenta por la imposibilidad material de cumplir con los compromisos que se adquieren con todos los clientes.

Así, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista prohíbe tajantemente "la venta realizada por el procedimiento llamado «en cadena o piramidal» y cualquier otro análogo, [así como] proponer la obtención de adhesiones o inscripciones con la esperanza de obtener un beneficio económico relacionado con la progresión geométrica del número de personas reclutadas o inscritas".

Lo extraño del caso es que cuando es el estado el que lleva a cabo este timo, la misma gente que se enfurece con la pirámide de Afinsa y Forum, se congratula de los parabienes del sistema fraudulento. De hecho, el gobierno y los agentes sociales acaban de pactar la ampliación del colosal fraude piramidal del sistema de pensiones español y buena parte de la sociedad lo celebra con vítores y cava. Las aportaciones que los trabajadores de nuestro país realizan a la seguridad social no son capitalizadas sino gastadas en las prestaciones de otras personas.

El sistema es inviable a largo plazo y la esperanza de recibir una pensión en el futuro para quien cotiza hoy consiste en que la quiebra llegue después de haber cobrado. Como nadie quiere reconocer públicamente el problema, los políticos, conocedores del fraude que llevan décadas orquestando, tratan de poner parches y retrasar el derrumbe de la pirámide unos años más con ampliaciones del periodo de cotización, retrasos en la edad de jubilación, entradas masivas de inmigrantes y reducciones en la prestación. La diferencia con Afinsa y Forum es que mientras aquellas presuntamente complementaban la revalorización de los sellos con prácticas propias de un sistema piramidal, las pensiones públicas son un fraude piramidal 100% en el que participamos obligados.

Transexuales, seguridad social y libertad

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Análisis diario.

"La Comunidad Autónoma de Madrid, financiará antes del final de legislatura las operaciones de cambio de sexo de los transexuales". La noticia no debe extrañar, ni siquiera por el hecho de que se trate de una medida adoptada por una comunidad autónoma gobernada por el partido conservador de la oposición, con una de las figuras más señeras de su sector liberal al frente. Quizás llame la atención el toque de exotismo que inevitablemente tiene el sector al que va dirigida esta "política de progreso" o "nueva implementación de un derecho de ciudadanía", por usar la jerga al uso, pero en la lucha por captar nuevas clientelas electorales, el político juega sus cartas sin que el color de las siglas que representa tenga mayor relevancia.

La política en ejercicio y el liberalismo son realidades antitéticas. Un oxímoron, como afirmar la existencia de un hierro de madera o un socialista inteligente. Y no se trata de una perversión, sino de una simple cuestión de prioridades. Lo importante para un político es conservar el poder, y en un sistema democrático el poder lo dan los votos de las mayorías, no el nivel de racionalidad de las decisiones adoptadas. Para captar mayores capas de votantes, el político necesita ampliar su campo de acción con mayores recursos financieros, pues no hay forma más efectiva de ganar el favor popular que distribuir abundantes subvenciones entre toda clase de kolectivos, lo que exige inevitablemente acotar de forma proporcional la libertad de los individuos y su propiedad privada. A más poder estatal, menor libertad. La ecuación no falla.

Desde que la noticia saltó a las páginas de los periódicos, las reacciones de quienes defendemos algunos principios vinculados a la tradición liberal pecan de excesivo reduccionismo. No se trata de dilucidar si los transexuales, los zoófilos o los informáticos zurdos adictos a los videojuegos tienen derecho a que el estado les transfiera parte de la renta que incauta al resto de ciudadanos, sino de quitar a los políticos el poder de decidir la entrega de nuestro dinero en función de sus cálculos partidistas.

En esta cuestión concreta, lo único sensato desde el punto de vista liberal, es exigir libertad para que cada uno decida si quiere o no seguir vinculado al régimen público de seguridad social; no entrar en debates sobre si este o aquél kolectivo tienen más derecho que otros a fagocitar nuestros bolsillos.

La nota de prensa de la Comunidad de Madrid en este caso concreto lo expresa muy claramente: "Se trata de dar una respuesta a las necesidades de este colectivo". Bien, que den la respuesta que estimen oportuna, pero siempre y cuando nos den la posibilidad de decidir, a nuestra vez, si queremos o no participar voluntariamente en este permanente festival redistributivo. De esta forma, siendo todos y cada uno responsables de nuestra salud, nadie se quejaría de sentirse menospreciado a la hora del reparto de la tarta estatal. Entre otras cosas porque esa "tarta", hoy de dimensiones gigantescas, probablemente quedaría reducida a un bizcochito.

Invierno nuclear

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Hasta ciertos ecólogos, como el fundador de Greenpeace, Patrick Moore, miran a la energía del Uranio con otros ojos. Es barata, su combustible es abundante, no se concentra en países políticamente inestables y no emite gases; ni contaminantes ni con efecto invernadero. No hay motivos racionales para frenar el desarrollo de la energía robada a los átomos. ¿Qué hay, entonces?

El ecologismo no es la ecología, es una doctrina que toma la Naturaleza como excusa para dar rienda suelta a los instintos opuestos a las sociedades libres. La energía hace funcionar la maquinaria capitalista, y la nuclear sólo depende de factores que el capitalismo ofrece en abundancia: riqueza y conocimiento. Los ecologistas la temen y han sido eficaces impregnando la sociedad con su mensaje apocalíptico de la tecnología, de la razón, del progreso. Pero gran parte de nuestro bienestar, y con él de nuestra independencia está en resistirnos a éste.

Download this song

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Odio estas cosas, lo admito. Pero esta vez es diferente, porque el mensaje es distinto: "Oiga, señor de las discográficas, su sistema no puede competir; este es el nuevo modelo de artista: ¡descarga de fichero completada!". MC Lars, el autor de esta canción, titulada "Download this song", tiene edad para haberse criado musicalmente en la época iniciada por Napster. Me extrañaría que esa canción de Iggy Pop que emplea no la hubiera escuchado por primera vez en un MP3 descargado "ilegalmente" en un PC o en un Mac; el vídeo en sí no deja de ser un homenaje a la revolución iPod. La canción no sólo incide en los males de un sistema de distribución obsoleto, sino en las virtudes de las nuevas y baratas formas de producción musical. "Sólo queríamos un campo de juego nivelado", argumenta. "La tierra es plana", concluiría Thomas Friedman.

El cambio que ilumina esta canción resulta notable. No es ya que los niños de ahora no vayan a saber qué es eso de un disco o un CD; es que las nuevas hornadas de músicos estarán plagadas de personas que aborrezcan la resistencia que las discográficas a la nueva tecnología de distribución y que no estén dispuestos a someterse a los contratos que éstas ofrecen para sacarlos al mercado. Y aunque siempre encontrarán chenoas dispuestas a someterse, un porcentaje creciente de la mejor música moderna será creada por esos músicos adaptados al mundo y la tecnología actual, y recelosos de esas grandes empresas discográficas.

Adam Smith ya previno contra los hombres de negocios, que no podían divertirse cinco minutos sin que terminaran pactando un monopolio. En el consenso socialdemócrata en el que se mueve Occidente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los mayores éxitos de empresarios obsoletos los han obtenido presionando al Estado para que tuerza las leyes en su beneficio. Pero como argumentó Robert Heinlein en su primer relato, "ni los individuos ni las corporaciones tienen el menor derecho de acudir a los tribunales y exigir que el reloj de la historia sea detenido, o retrasado, en beneficio particular suyo". La lástima es que una buena parte de la ley se ha consagrado en hacer ese trabajo, como la nueva Ley de Propiedad Intelectual que beneficiará a los que viven de la SGAE a costa del público. Una ley apoyada por el PP; ni siquiera el ejemplo de Miguel Bosé les ha hecho reflexionar ni un poco sobre lo cornudos y apaleados que son. Panda de idiotas.

No es éste evidentemente un problema que se reduzca a las compañías discográficas. Hace bien poco, paseando por la Feria del Libro con inmejorable compañía, decidí comprar una novela de ciencia ficción en la caseta de una librería especializada en el género, como todos los años. Mientras lo hacíamos conversábamos sobre el descuento oficial de la feria y la librera que nos atendió dio por supuesto que debía hacer proselitismo sobre el precio único de los libros como "la única manera de que las pequeñas librerías sobrevivan". Lo cierto es que no quise discutir; seguramente no habría sino arruinado la imagen que tengo de dicha librería y deshecho una relación, comercial, de muchos años, en el momento en que hubiera dicho que "así se ayuda a la cultura". Y es que en el fondo soy un sentimental. Pero eso no quita que me parezca absurdo aprobar una Ley del Libro construida en torno al concepto de precio único, olvidando que la reducción de precios de cualquier bien amplía la demanda y que, si deseamos que se lea más, reducir los precios de los libros es el mejor modo. ¿Imaginan un amazon.es con descuentos del 40% sobre el precio "oficial", tal y como sucede en Estados Unidos? ¿Soy el único en pensar que eso ayudaría a la cultura mil veces más que todas las pequeñas librerías que sobreviven de la venta de bestsellers y libros de texto en septiembre juntas?

¿Cuántos transexuales necesita Madrid?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

En realidad, los socialistas están diciendo que hay que utilizar la fuerza (Estado) para proveer aquellos bienes que los individuos no desean cuando se les permite elegir (mercado). Sin embargo, hay que reconocer que el argumento tiene una cierta lógica aparente, incluso para ciertos liberales: dado que los individuos tienen ciertas necesidades que el mercado, por alguna extraña razón, no puede satisfacer, que sea el Estado quien lo haga.

La semana pasada nos enterábamos de que la Comunidad de Madrid rebasaba por la izquierda al Gobierno de ZP anunciando su intención de pagar las operaciones de cambio de sexo para los transexuales con el dinero incautado a los madrileños.

Atendiendo a esta justificación inicial e ingenua del Estado, las operaciones de cambio de sexo serían un bien colectivo imprescindible que el mercado no podría proveer por sí solo y que, por tanto, deberíamos costearlas entre todos.

Siendo ello así, habría que preguntarse qué cantidad de transexuales tiene que proporcionar el Gobierno regional para que la sociedad madrileña pueda funcionar de manera adecuada. ¿Cuál es la producción óptima a la que sólo puede conducirnos el sabio directorio estatal y no el errático mercado? ¿Qué número de transexuales necesitan los madrileños no transexuales para seguir viviendo? El hecho de que estas preguntas nos parezcan absurdas ilustra que la propuesta del Gobierno madrileño lo es en igual medida.

Hemos pasado de un estatismo formalmente timorato a un estatismo abiertamente desinhibido; un estatismo que ha sustituido (o complementado) su subsidiariedad retórica por su preeminencia práctica. Es el Estado quien define cómo y en qué hemos de emplear nuestro dinero, nuestro esfuerzo y nuestra libertad. Ya no se trata de que el Estado haga lo que nosotros queramos que haga, sino de que hagamos lo que el Estado quiere que hagamos.

En otras palabras, el Estado se muestra sin más medias tintas como un arma por la cual una minoría de la población explota a la mayoría o, como diría el liberal francés Frédéric Bastiat, una gran ficción a través de la cual todo el mundo intenta vivir a costa de los demás.

Esto lo podemos ver con claridad en la justificación ofrecida por la Consejería de Sanidad acerca de su renovado arrebato intervencionista con los transexuales: "Se trata de dar una respuesta a las necesidades de este colectivo".

Esta frase mete la pata en dos cuestiones esenciales. Primero, hablar de "colectivo transexual" supone caer en una de las típicas generalizaciones colectivistas que tanto agradan a nuestros políticos. Ni todos los transexuales han tenido que recurrir al dinero ajeno para operarse, ni todos los presentes o futuros transexuales han ejercido la presión sobre los burócratas para que se les concedan semejantes prebendas. En realidad, este uso ligero y simplón del lenguaje responde a un calculado objetivo de vender a la población madrileña el amañado humo de una militancia cerrada y sin fisuras entre los beneficiados por la gracia estatal.

El colectivo no existe salvo en la mente de los políticos que lo han diseñado. El transexual no integra una categoría distinta a la del común de los mortales; el hecho de que haya o quiera cambiar de sexo no es motivo suficiente para segregarlo en un colectivo apartado del resto de la humanidad. Son los políticos quienes dan auténtica carta de naturaleza a esas discriminaciones, marcando por ley a las personas en función de su arbitrario criterio caciquil.

La propuesta del Gobierno madrileño también explota a muchos transexuales que no integrarán esa categoría artificial pergeñada por la Administración. Pensemos simplemente en un transexual que ya se ha cambiado de sexo con su propio dinero; a partir de ahora, financiará la operación, coaccionado, a otros transexuales. El robo no lo perpetran los transexuales a los no transexuales, sino ciertos individuos concretos al resto de la población madrileña, entre la que también hay transexuales. ¿De qué agraciado colectivo hablamos?

Pero si el cliché gregario ya es sintomático, la concepción de un Estado que deba existir para servir intereses particulares lo es en mayor medida. La Consejería está reconociendo que el "colectivo" transexual se sirve del Estado para arrebatar dinero al resto de los madrileños, con el cual satisfacer sus fines privativos. Y dado que, como hemos visto, no existe ningún colectivo, sino sólo una suma de rapaces individuos, deberemos concluir que para la Consejería los intereses, los objetivos, los fines o los sueños de algunos madrileños son más importantes que los de otros; en otras palabras, para la Consejería, ciertos madrileños deberán vivir al servicio de otros madrileños.

Como decíamos, la coacción estatal se convierte en el instrumento por el que imponer a los demás mi escala de objetivos; a través de ella puedo utilizar a los seres humanos como medios inanimados de mis proyectos: les arrebato la riqueza que han generado y la utilizo para mi propio disfrute.

Nadie está negando el derecho de los transexuales a realizarse cuantas operaciones consideren convenientes y necesarias, muy al contrario. A lo que no tienen derecho es a realizarse esas operaciones a costa del dinero ajeno; a quedarse con la riqueza ajena e imponer sus fines particulares.

Por desgracia, en todo este asunto está muy presente el politiqueo, las burocracias y el clientelismo partidista, pero muy poco la libertad. Los transexuales tienen vía expedita para cambiarse de sexo del mismo modo que el resto de los mortales satisface sus fines cuando no parasitan al Estado: trabajando, ahorrando y pagando. El mercado sí puede proporcionar las operaciones que la gente necesita y está dispuesta a pagar: no existe ningún "fallo de mercado" que deba remedir el Estado. Lo que sobra son políticos, y lo que falta es esfuerzo personal.

Si los beneficios del cambio de sexo son puramente individuales, ¿por qué el coste de ese cambio debe provenir del trabajo y el ahorro ajenos? ¿Alguien ha preguntado a cada contribuyente por todos los fines que han dejado y siguen dejando de realizar como consecuencia del atraco fiscal? ¿Qué sentido tiene afirmar que la necesidad de cambiar de sexo resulta prioritaria sobre cualquier otra, hasta el punto de promoverla y obstaculizar las demás? ¿También se trata de un asunto urgente y fundamental para aquellos que no quieren cambiarse de sexo y que sin embargo están obligados a pagar?

Si los políticos quieren ser misericordiosos con ciertas personas, nadie les impide serlo; pero que lo paguen de sus bolsillos. Ser generoso con el dinero ajeno resulta tremendamente sencillo e hipócrita. Estamos ante un cochambroso pasteleo electoralista entre una parte del Estado y ciertos chupasangres bien colocados. Como siempre, el contribuyente paga la factura de esta desenfrenada orgía de votos y privilegios.

Caldera, ministro anti-trabajo

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Parece como si el ministro de Trabajo hiciera todo lo que está en su mano por contener el magnífico ritmo de creación de empleo de nuestra economía.

La última y lamentable prueba de su desprecio hacia los trabajadores que quieren ser productivos es su posición en el debate de la nueva directiva europea sobre tiempo de trabajo. Usted pensará que qué es eso de que los políticos nos digan cuanto tiempo podemos trabajar, pero es que en la construcción de una Unión de Repúblicas Socialistas Europeas, ni las horas de ir al servicio pueden quedar al libre albedrío de los individuos.

La actual directiva de 1993 establece el máximo tiempo de trabajo semanal en 48 horas pero deja abierta la puerta a que el trabajador opte por ampliar el límite en una cláusula conocida como opting-out. Así que, en la práctica, en aquellos lugares de la UE donde los sindicatos no se dedican a hostigar a los trabajadores independientes o allí donde no son omnipotentes, los trabajadores gozan de libertad a la hora de decidir cuántas horas dedicar al trabajo y cuántas al ocio. Caldera, enemigo donde los haya de los acuerdos libres, ha lanzado toda su dialéctica socialista contra los políticos que entienden que debe ser el trabajador el que decida cuántas horas trabajar "argumentando" que "hay que poner fin a una excepción contraria a la salud y la seguridad en el trabajo y al modelo europeo".

Por fortuna, el ministro el gobierno socialista se ha topado con un grupo de políticos –encabezados por el ministro laborista del Reino Unido y seguido por los nuevos miembros de la Europa Central y del Este– que están dispuestos a defender la libertad de los trabajadores en este campo. Rechazan frontalmente la supresión de la cláusula que permite al asalariado superar el límite general de 48 horas. Esta situación puede llegar a poner a cada uno en su sitio; la cerrazón de Caldera ha hecho que Alemania apunte una solución en la que sólo los asalariados que trabajen en los países que se oponen a eliminar la cláusula puedan seguir disfrutando de la libertad de horarios de trabajo.

Es posible que Caldera esté extrapolando su realidad particular al del resto de los españoles. Y es que no me cabe duda de que mientras más limitada sea la jornada laboral del ministro de Trabajo, mejor estarían los trabajadores españoles. Sin embargo, eso no ocurre con la mayoría de los españoles. Las personas que sí realizan trabajos productivos pueden querer hacer un bien al resto de la sociedad trabajando unas horas más y ganándose una renta extra que puede servirle para acceder a bienes o servicios que de otro modo le hubiese sido imposible alcanzar. Pero eso va en contra del modelo autoritario de sociedad que Caldera y sus secuaces intervencionistas tienen reservado para los europeos.

El reto de Uribe

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La marea negra de populismos antiliberales, que tras la victoria de Evo Morales parecía imparable, se ha roto ante la firme voluntad de los colombianos de continuar por el camino marcado por Uribe: decidida lucha moral y policial contra el terrorismo, integración en la economía mundial y libertad económica.

Uribe ha sido el mejor presidente al sur de Río Grande en las últimas décadas. Ha luchado eficazmente contra la guerrilla y ha aumentado la seguridad. Ha disminuido los secuestros y ha reducido el problema de la violencia política, lo cual le hace objeto de odio sin medida de nuestra izquierda. Hace dos años el Banco Mundial señaló a Colombia como el segundo país del mundo que más había reformado su economía, lo que sumado a la mejora de la seguridad ha permitido que la inversión foránea se multiplique. En la actualidad su país crece a un 5,8 por ciento y las perspectivas son buenas. Desde 1993 tiene un sistema privado de pensiones, al que está suscrita la mitad de la población, y que con el paso del tiempo va ganando terreno al sistema público. En 1991 puso en marcha un sistema de cheque escolar que comenzó a producir una progresiva mejora del sistema educativo básico de ese país, hasta que se suspendió. Debería continuar su reformismo económico, acaso fijándose en los ejemplos de Irlanda y Estonia, con sistemas fiscales más racionales y moderados y una decidida apertura a la economía mundial, algo esto último en lo que Uribe ha mostrado una gran decisión.

Los fracasos socialistas, por una razón que, reconozco, se me escapa, no suelen servir para escarmentar en piel ajena. Pero los países que sí han cosechado éxito suelen servir de ejemplo a los vecinos. Dos casos conspicuos son la reforma de las pensiones en Chile, que se está llevando a otros países iberoamericanos, o el tipo marginal único, que está produciendo una auténtica revolución fiscal. Colombia, si se mantiene en el camino de las reformas, cosechará éxitos que inspirarán a países vecinos, como lo ha hecho también Chile.

Pero Álvaro Uribe no puede quedarse en eso. Ha de convertir el éxito de sus políticas y el apoyo de su pueblo en la oportunidad para asentar unas instituciones que frenen, al menos durante algún tiempo, los perversos efectos que un nuevo Evo Morales colombiano. Uribe ha de seguir profundizando en las reformas económicas, en la lucha sin descanso y sin resquicio para el más mínimo gesto de debilidad moral, política o policial contra el crimen, contra la guerrilla. Pero su mayor tarea es institucional. Ha de dotar a su país de los instrumentos que permitan a la sociedad colombiana reaccionar si llega al poder un salvapatrias como los que le gustan al presidente Rodríguez. No debe fagocitar al partido liberal con su enorme figura, sino utilizarla para darle un ideario, unos ideales que le mantengan vivo después de su partida. La tentación personalista puede que sea irresistible cuando las instituciones son débiles, pero debe transformar su poder en una fuerza reformista al servicio de la libertad futura de los colombianos. Hoy es él quien controla la presidencia y el 80 por ciento del Congreso. Nada asegura que en el futuro la enfermedad política del populismo contagie al pueblo colombiano, y es entonces cuando se pondrán a prueba las instituciones democráticas.

Educación pública y adoctrinamiento

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

La decisión sobre la educación que ha de recibir un niño no la puede tomar él. Será de sus padres o de terceros, lo que principalmente tendrá lugar con el Estado como medio. El derecho, o la imposición, no hay tercera alternativa. Argumentos para sustituir los deseos de los padres por otros instrumentalizados por el Estado ha habido muchos. La necesidad de imponer una moral, por ejemplo, o la de borrar los orígenes de los inmigrantes para que no corrompan las costumbres locales o para que se integren. O restarle los derechos al padre, fideicomisario de la sociedad para la tutoría de los niños, para dársela nominalmente a éstos como excusa para otorgársela finalmente al Estado. Esta posición es quizá la más importante en la justificación de la educación pública en la actualidad. Disfraza el atropello de imposición en defensa del más débil, el niño, frente a sus padres.

Pero la verdadera clave está en el desnudo estatismo, en la adoración del propio Estado y en hacer del servilismo y de la postración ante el poder una virtud. John Dewey decía "la gente independiente y que actúa por sí misma son un anacronismo para la sociedad colectivista del futuro". Entre los intelectuales serviles que hicieron campaña por la educación pública revelando sus verdaderos objetivos está Archibald D. Murphey (1777-1832), quien concebía un sistema público de escuelas: "todos los niños habrán de ser educados en ellas. En estas escuelas se inculcarán los preceptos de la moral y de la religión, y los hábitos de subordinación y obediencia. El Estado, el la calidez de sus buenos deseos por el bienestar, ha de hacerse cargo de esos niños y emplazarles en escuelas sean ilustradas y sus corazones instruidos en la virtud".

Benjamin Rush (1745-1813), era muy crítico con ese "prejuicio" de que "es impropio llenar las mentes de los jóvenes con prejuicios religiosos de cualquier tipo y que deberían elegir sus propios principios". De eso nada. "Es necesario imponerles las doctrinas y la disciplina de una religión determinada. El hombre es un animal naturalmente ingobernable". Y él tiene para ello un remedio: "un sistema de educación general y uniforme dará lugar a una masa más homogénea, y en consecuencia que encajará más fácilmente en un gobierno uniforme y pacífico". ¿Y qué valores se deben inculcar? También tiene respuesta para ello: "ha de enseñársele cómo amasar riquezas, pero sólo para incrementar su poder de contribuir a los deseos y las demandas del Estado. Estoy satisfecho con que los ciudadanos más útiles han sido aquellos jóvenes que nunca conocieron o sintieron sus propios deseos hasta cumplir los 21; y siempre he pensado que la sociedad debe gran parte de su orden y felicidad a las deficiencias de la gestión de los padres, que es suplida con esos hábitos de obediencia y subordinación que se contraen en nuestras escuelas".

Robert Owen (1801-1877) y Frances Wright (1795-1852) fundaron una revista en la que hacían propaganda de su plan para un sistema público de educación. Querían "una educación nacional, racional; gratis para todos a expensas de todos; conducida bajo la salvaguardia del Estado y en honor, para la felicidad, para la salvación del Estado". Calvin Stowe (1802-1886) quería trasladar el sistema prusiano de educación, el primero basado en la compulsión del Estado, propio de aquella sociedad militarizada, a los Estados Unidos. Stowe era muy claro: "Un hombre no tiene más derecho de poner en peligro el Estado volcando sobre él una familia de niños viciosos e ignorantes que la que tiene de admitir a los espías de un ejército invasor".

Samuel Knox (1815-1905), Demócrata de Indiana, era un hombre de progreso. Un totalitario en el campo de la educación. Lo que deseaba era que en todos los colegios se estudiaran "tales libros de texto y otras publicaciones literarias que deberían ser recomendadas o dirigidas por una oficina de Educación". Esta serie de libros no prohibidos debe incluir "un catecismo moral conciso, bien digerible".

Ese ideal de educación pública, imposición de valores, forja de súbditos, inculcación de determinados esquemas morales es exactamente lo que tenemos en España. La plasmación más perfecta de ello es la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Un documento del Ministerio en el que se basa el programa de la asignatura dice, en ese lenguaje colectivista y totalitario que "la sociedad democrática no puede eludir la tarea de socializar a los niños y jóvenes, proporcionándoles a través del sistema educativo las enseñanzas y la reflexión necesarias para que puedan convertirse en personas libres y honestas y en ciudadanos activos". Esos conocimientos son muy determinados. Y las conclusiones a las que "libremente" han de llegar, también: hay que "proporcionar a los alumnos un conocimiento suficiente acerca de los fundamentos y los modos de organización del Estado democrático", lo que "requiere ayudarles a desarrollar actitudes favorables a dichos valores y a ser críticos con aquellas situaciones en que se nota su ausencia".

El propio Estado es el que define qué se debe asimilar y qué criticar. En el bachillerato se les inculca "una conciencia cívica responsable" que fomente "la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa". Por supuesto, "sería imprescindible que la formación del profesorado recogiera este planteamiento sobre la ciudadanía, y cómo enseñarla".

En busca de los billetes perdidos

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

En todos los medios de comunicación nos dicen que la guerra contra los billetes es para combatir el terrorismo y actividades criminales. Es el truco que nunca falla, el gobierno instaura el miedo para poder beneficiarse a expensas de la sociedad civil. Los terroristas internacionales y grandes criminales pueden encontrar un sinfín de fórmulas para blanquear su dinero en la sociedad globalizada de hoy día. Tal vez esta fórmula del gobierno pudiera haber servido en la época de Al Capone, pero ahora resulta altamente ineficiente. Para luchar contra el crimen, existen medidas mucho más efectivas. Esto nos sugiere que la Hacienda Pública tiene en realidad otro objetivo.

La gran afluencia de billetes de 500 euros hacia España no se debe al terrorismo sino a la economía sumergida más común e inocua. En nuestro país, más del 20% del PIB es ajeno al control estatal moviéndose el capital entre autónomos, comerciantes, empresarios y gente trabajadora que no quiere ver expropiado su trabajo por el falso eslogan del bien común.

La lucha del gobierno contra el blanqueo de capitales es una faceta más de la eterna lucha del poder político contra la gente. En esta campaña de acoso, el gobierno socialista también ha involucrado a la banca privada obligándoles a que trabajen para ellos. La última misiva del Sepblac (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales) ha advertido a las entidades crediticias la obligación de fiscalizar a sus clientes, especialmente a los que están en lo que denominan "zonas calientes", es decir, el sur y la costa de España. Pero estas regiones no se caracterizan por la afluencia de terroristas, sino de turistas y residentes (muchos jubilados) de alto nivel adquisitivo. La propia nota del Sepblac se delata. El único interés del gobierno es la recaudación y su falsa excusa la seguridad y el bien común.

Como ya apuntó el economista Ludwig von Mises, cuando a una empresa se la somete a controles, reglas y leyes para que obedezcan al estado lo único que conseguiremos es que ésta pierda su visión comercial para dedicar sus recursos a la burocracia en lugar de destinarlos a la satisfacción del consumidor. Con este tipo de estado policial financiero lo único que conseguiremos es expulsar la riqueza de nuestro país entorpeciendo además la labor comercial de las empresas privadas.

Los billetes de 500 euros no son la causa del malestar económico, sino sólo un síntoma. La solución no pasa por endurecer y vigilar más a cada ciudadano, sino en otorgar mayor libertad económica para sacar a flote ese 20% del PIB español que vive escondido por el miedo a la expoliación.