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La nacionalización es un robo y Evo un criminal

Si hiciese tal acción me merecería, sin duda, el apelativo de criminal. Uso la extorsión, esto es, la amenaza de la violencia física contra usted para arrebatarle su propiedad y libertad. También, de dudosa reputación sería aquel que me apoyase.

Esto mismo es lo que está haciendo el presidente boliviano Evo Morales. Es un tanto sorprendente la frialdad de los analistas ante el tema de las nacionalizaciones. Leemos y oímos que nacionalizar puede ser bueno o malo, que puede crear inseguridad para el tejido económico de Bolivia. Yo tampoco estoy libre de culpa. Pero pocos parecen ver la propia naturaleza de la nacionalización, esto es, el uso de la fuerza absoluta contra personas y entidades pacíficas. El estado, que es quien ha de asegurar el respeto a la vida, a la propiedad privada y a la libertad, se ha convertido en Bolivia en la principal amenaza de todas ellas. La mayor organización criminal que hay ahora mismo en el país andino no es la mafia, sino el gobierno de Morales. ¿Cree que Morales envía a un ejército armado hasta los dientes a las instalaciones de empresas privadas simbólicamente? Esos soldados no dudarán en asesinar a todo aquel que pretenda defenderse de tal agresión. Eso sí, por el bien común, y con esta excusa, los izquierdistas tendrán la conciencia tranquila.

Si Morales es un criminal, no lo es mucho menos aquel que le da soporte. Puede ser relativamente aceptable que el presidente español Rodríguez Zapatero considere la disputa entre el gobierno boliviano y las empresas españolas como un problema entre ellos y no un problema de estado, pero de aquí a continuar y ampliar la financiación del criminal con nuestro dinero hay un largo trecho.

Es un hecho inaceptable. ¿Realmente quiere que su dinero vaya a manos de un tirano en lugar de que no salga nunca de su bolsillo? Seguro que usted sabría darle mejores fines a su dinero.

Hacia el totalitarismo democrático

La Fiesta de la Democracia, ésta es la periodística descripción con la que muchos medios de comunicación describen los días en los que se celebran elecciones en España. Los ciudadanos se visten de domingo, porque generalmente suele ser domingo y antes del aperitivo o después de misa, si son creyentes y practicantes, se acercan a su colegio electoral para depositar en las urnas los votos preceptivos. Después, vuelven a sus quehaceres, en muchos casos con la satisfacción del deber cumplido. Semejante comportamiento es ante todo un asesinato de la libertad y no porque este protocolo, esta liturgia electoral sea dañina, al menos no mucho, sino porque muchos de ellos creen que la Democracia consiste únicamente en esto. Y no debemos culparles, al menos no del todo, porque políticos, instituciones y periodistas así nos lo venden y de esta manera, la Fiesta de la Democracia se convierte en un día grande, sobre todo para el liberticida.

La libertad conlleva responsabilidades. Puede que a los partidarios del Estado de Bienestar les suene extraño puesto que piensan que el Estado, dentro de su infinita sabiduría, conoce nuestras necesidades y cómo satisfacerlas y que no debemos preocuparnos porque ya proveerá. El Estado, sus funcionarios, debe tener manga ancha, debe tener cierta libertad de acción, cierta capacidad de maniobra y generalmente esta suele chocar con los intereses de la gente así que taimadamente, sin apenas notarlo, incluso con justificaciones morales aceptadas por todos, va reduciendo la participación ciudadana al elemental ejercicio de introducir un papel en una urna y al liberador pero inútil desahogo de gritarle al televisor o a la radio cuando lo que vemos u oímos nos indigna. La libertad queda cercenada aun con el traje del domingo.

España es ante todo una partitocracia, un régimen donde las leyes y las normas nacen, cuando no se escriben, en las sedes de los partidos que ostentan en ese momento el poder, son ratificados en unas Cortes Generales donde la disciplina de partido es un tabú difícil de romper y donde una docena de congresistas y senadores ostentan la dirección de cientos de compañeros a los que todos pagamos por no tener ninguna iniciativa propia, ni un pensamiento que se aparte de la visión oficial del partido. Y este modelo se repite en las administraciones autonómicas y locales, de forma que todo viso de individualismo, de iniciativa particular se pierde en un grupo donde la disidencia queda severamente castigada. Las listas cerradas, que es el sistema usado en España frente al más responsable sistema de la elección directa, es una manera más de favorecer a esta superburocracia que se llama partido político y que dice representar al ciudadano.

Así, las Instituciones, cuyos representantes son elegidos en la mayoría de los casos por el poder legislativo o ejecutivo así elegidos, terminan convirtiéndose en meras herramientas para los intereses partidistas. Si, como en España, el Estado tiene fuertes raíces en la sociedad y en la economía, estas mutan en verdaderos enemigos de los que dicen proteger. De esta manera y en los últimos meses, las reguladoras económicas "independientes" han favorecido operaciones como la OPA de Gas Natural sobre Endesa o la de Sacyr sobre BBVA porque los presidentes de tales empresas fueron "colocados" por el PP, ahora en la oposición, y no se pliegan a los intereses políticos del poder. Hasta instituciones tan cercanas a los ciudadanos como las asociaciones de vecinos terminan siendo una mera comparsa, una herramienta entre patética y útil para los grupos en la oposición en su acoso y derribo al poder, compañía que rápidamente dejan detrás cuando la alternancia se hace efectiva.

La separación de poderes, otro de los mecanismos que se articulan para que el poder del administrador quede limitado, es otra entelequia, una teoría que no termina de traspasar las tapas de los libros. El Poder Judicial responde también a los intereses de los partidos políticos, desde los cuales se dan nombres y se censuran otros para elegir los cargos que gobernarán la judicatura. Este situación permite que muchas situaciones legalmente sospechosas, puedan llevarse a cabo y, aunque con el tiempo se demuestre su naturaleza ilícita, sea imposible deshacer el entuerto como en el famoso caso Rumasa.

El régimen en el que vivimos amenaza con convertirse en una especie de totalitarismo democrático, un sistema donde tenemos la sensación de controlar nuestras vidas con un papelito lleno de nombres a los que no podemos asignar ni una cara ni un discurso. Una democracia que cada vez se parece más a los regímenes populistas que tanto daño han hecho, tanto daño hacen por todo el globo terráqueo. Se plantean muchas cuestiones, pero todas se resumen en una, cómo debemos articular el traspaso del poder de estos "representantes de la ciudadanía" a los ciudadanos, cómo podemos recuperar aquellas responsabilidades que hemos cedido o nos han sido arrebatadas por la fuerza de la "democracia", en definitiva como recuperamos la libertad de decidir, de equivocarnos.

Enseñanza media contra el mercado

Recuerdo aquellas clases como si fueran ahora mismo. A finales de los años 70 y comienzo de los 80, en el colegio donde estudié –cuyo ideario no era progre pero tampoco reaccionario– predominaba sin embargo un grupo de profesores del área social que vendían frecuentemente a sus alumnos dos embustes básicos. El primero de ellos consistía en que la solución a los presuntos males de España era nada menos que copiar ¡el modelo autogestionario de la Yugoslavia de Tito! Esto nos lo contaban sin asomo de crítica alguna, sin pestañear, en plena era de la guerra fría, comprobados los míseros resultados de los satélites de Moscú. La misma cantinela se repite de nuevo con los próximos estatutos: exclusión, autarquía y control de los ciudadanos. La segunda patraña de los dómines afirmaba que la economía occidental tenía también insondables agujeros negros al igual que el bloque soviético. Si los comunistas asumían en Albania un ejemplo de penuria insoslayable, el libre mercado fallaba en Portugal, el sempiterno enfermo de Europa. Comparaban la miseria decretada contra los albaneses por el tirano Enver Hoxha, con las tribulaciones políticas y financieras de la gran nación hermana. La intención era quizá introducir la duda más cercana en la mente de aquellos chavales. No obstante, surgieron momentos para la rebelión. Al cura que nos endilgó una soflama a favor de Gramsci, Althusser y demás príncipes del marxismo, unos compañeros le cambiaron el vino por vinagre antes de la misa, y el regocijo durante la celebración fue de los que causaron época.

El sesgo de la enseñanza media contra la libertad, el mercado y la globalización, desafortunadamente, continúa. Desconozco si los adolescentes de hoy están dispuestos a realizar alguna gamberrada para librarse de tales pestiños. En cualquier caso, la monografía de Manuel Jesús González, premio Libre Empresa 2004, publicada por el Círculo de Empresarios, vuelve a recordarnos que todavía queda mucho por hacer. En su trabajo, el profesor González señala que sólo el 29 por ciento de los manuales de enseñanza analizados exhiben cierta neutralidad respecto de la función empresarial, mientras que otro 31,4 por ciento la ignoran y cerca de un 40 por ciento la combaten abiertamente.

Es significativo que uno de esos textos propone la siguiente dinámica de grupo: parte de los alumnos representarán para el resto de la clase una reunión de sindicalistas de la Primera Internacional en la que se discute la preparación de una huelga en una empresa textil de Barcelona; de los participantes en la dinámica, unos aceptarían la subida salarial propuesta por el patrón y otros optarían por la vía revolucionaria. Cuando el profesor lo considere oportuno, dará por zanjado el debate. Lo más destacado de esta actividad se reflejará en un periódico mural expuesto en el aula. Así va el juego denominado Revisionismo o Revolución. ¿Lamentable, no?

Enseñar en España ha valido tradicionalmente muy poco. Educar en la piel de toro es llorar. Se sigue considerando a la formación en determinadas habilidades como una práctica blanda, casi irreal. A los formadores o se les menosprecia o se pretende de ellos cualidades taumatúrgicas, cuando probablemente no merecen ni una cosa ni otra. Al mismo tiempo los programadores gubernamentales, junto a los editores que les secundan, quieren hacer del estudiante, futuro trabajador, un revolucionario en potencia, para después mofarse de él. El ambiente no es propicio pero hay que ponerse las pilas en la pedagogía del liberalismo. El Instituto Juan de Mariana está en ello, para llegar más alto, más lejos y más fuerte en la defensa de lo que verdaderamente importa.

Lo que enseñan en mi clase de economía

A lo largo de una carrera se permite a los estudiantes escoger un cupo de asignaturas de otras titulaciones. Así, este trimestre curso "Economía Política I", de la licenciatura de Economía. Se trata de una asignatura de introducción a la economía, de modo que en principio no exige conocimientos previos y está encaminada a sentar los fundamentos de la teoría económica que luego será desarrollada en sucesivas asignaturas. El problema es que sin una idea cabal previa de cómo funciona el mercado o una actitud crítica que cuestione sistemáticamente todo lo que el profesor explica, los alumnos se exponen a un verdadero lavado de cerebro. Asisten a clase receptivos, confiados, con el propósito de aprender, y justo es cuando debieran tener las defensas más altas. Nadie les ha dicho que lo que van a enseñarles está viciado de base, que hay corrientes que emplean otra metodología y llegan a conclusiones radicalmente distintas, que la finalidad no declarada de la asignatura es justificar el statu quo intervencionista y modelar una generación de economistas prestos a secundar el sistema y a servirlo, en todo caso, como ingenieros sociales.

La asignatura incluye el temario neoclásico habitual: el equilibrio competitivo, el óptimo de Pareto y el principio de compensación, funciones de utilidad y curvas de indiferencia, la caja de Edgeworth, los fallos del mercado, equidad y medidas de desigualdad etc. Libro de cabecera: "Principios de Economía" de Mankiw. Durante las primeras semanas la profesora se ha dedicado a llenar la pizarra de números y a dibujar curvas de demanda, de oferta, de indiferencia, de contrato y de posibilidades de utilidad y de producción. La guinda la ha puesto el profesor de prácticas haciendo derivadas. No es extraño, claro está, que después haya quien crea que una cosa es la teoría y otra muy distinta la realidad.

Los protagonistas de la realidad económica, como dijera Huerta de Soto, no son funciones o sistemas de ecuaciones, sino personas de carne y hueso que actúan, que constantemente conciben fines y descubren medios para satisfacerlos. La profesora, sin embargo, habla de individuos con funciones de utilidad, asigna números cardinales a sus preferencias, compara la utilidad de unos y otros. "Ahora quito de aquí para mejorar esta situación de ahí, ¿las ganancias sociales superan las pérdidas sociales?". Pero vamos a ver, señora profesora, ¿puede decirnos cuál es su función de utilidad? Estamos esperando… ¿En cuántas unidades de utilidad valora usted un trozo de pizza exactamente? ¿Cómo puede sumar, restar y comparar utilidades de distintos individuos tan alegremente? ¿Qué rigor científico tiene esto? Ninguno. Las valoraciones subjetivas de los individuos son de carácter ordinal, la utilidad no se puede medir. Pero si la profesora admitiera este punto ya no podría seguir jugando a ser Dios con sus gráficos, redistribuyendo renta e interviniendo en el mercado para aumentar los "beneficios sociales".

En clase se nos explica que cada vez que la realidad se separa del modelo teórico de competencia perfecta nos hallamos ante una ineficiencia del mercado, un fallo del mercado. ¿Y no puede ser que lo que falle sea el modelo? La realidad es dinámica, el modelo neoclásico es estático; el proceso real de mercado es básicamente un proceso de creación de nueva información, el modelo de competencia perfecta presupone información plena. En suma, el modelo es irreal, pero paradójicamente se utiliza para ilustrar cómo debería ser la realidad.

En la economía que nos enseñan el ser humano no actúa, reacciona. Toda la información sobre fines y medios está dada, de manera que la gente sólo tiene que reaccionar mecánicamente ante esta información, sólo tiene que maximizar una función determinada. Partiendo de esta premisa, ¿por qué no iba el Estado a intervenir? La información está dada, ¿no sería mejor que fuera manejada por tecnócratas especialistas? La cuestión es que la economía presentada de este modo elude el problema económico fundamental: la creación de esa información. En el mundo real la información sobre fines y medios no está dada en absoluto, tiene que crearse. Y sólo puede crearse en el marco de una economía libre. El modelo neoclásico parte en este sentido de la consecuencia del proceso competitivo (de la estructura de precios a que da lugar continuamente la acción humana), luego no puede pretender explicar el proceso competitivo mismo. En otras palabras, el modelo presupone que el problema principal a resolver ya está resuelto, y de esta forma puede justificarse la intervención del Estado por doquier.

El edificio teórico de la asignatura se alza sobre cimientos de fango, pero acaso lo más destacable sea que la profesora no haya citado siquiera a un solo crítico de la concepción económica neoclásica. Todos los teóricos, palabras suyas, parten de estas mismas premisas, aun cuando a veces diverjan en sus conclusiones. Seguramente este comentario no es achacable a un afán manipulador, sino al simple desconocimiento de que esos críticos existen. Es probable que no haya leído nada de Mises, Hayek o Kirzner, no digamos ya Rothbard, y que de la escuela austriaca de economía apenas le suene el nombre. No hace mucho el propio Greg Mankiw, autor del libro de referencia de la asignatura, reconocía que no había leído a ningún autor austriaco, con excepción de Hayek y su "Camino de Servidumbre", la más elemental de sus obras.

Partiendo de la metodología y las premisas irreales que enseñan en clase es sumamente fácil llegar a conclusiones intervencionistas. Los alumnos asisten a un curso de legitimación del Estado del Bienestar más que de ciencia económica, y mucho me temo que esta realidad es extrapolable al resto de las universidades del país, y allende nuestras fronteras.

Tras las petroleras, los indígenas

Tras la máscara de hombre solidario que tanto gusta a Zapatero y a los intervencionistas españoles se esconde un tipo autoritario dispuesto a acabar con la propiedad privada y las libertades individuales de propios y extraños.

La nacionalización de los hidrocarburos que afecta de lleno a la petrolera española Repsol no es sino una de las aplicaciones prácticas de su programa basado en el desprecio por la propiedad privada. Evo ha empezado por el petróleo y el gas porque es la única riqueza que puedes expropiar sin que al día siguiente la riqueza se evapore. Aún así necesitará aliados estratégicos que le ayuden a encontrar nuevas reservas y a mantener la industria del petróleo al día en las innovaciones técnicas que se vayan produciendo en el mundo.

Morales, el indigenista, ha dañado a unas cuantas empresas petroleras –quizá eso le ayude a sentirse a gusto– pero mucho mayor ha sido el perjuicio que ha infligido a su pueblo. La credibilidad de Bolivia como emplazamiento para nuevas inversiones internacionales se ha hundido y eso ya no hay quien lo reflote hasta que no le hagan abandonar el poder. Sin duda podrá encontrar la ayuda de algunos artistas, de algún empresario crecido a la sobra de subvenciones y privilegios, o de algún político rojo. Zapatero podría volverle a echar una mano y buscarle empresas colaboracionistas. ¿Por qué no? Si ya has traicionado tu deber de defender con uñas y dientes la propiedad de las empresas españolas ¿qué te impide ahora seguir colaborando con el déspota? Pero lo cierto es que las grandes empresas huyen como la peste de los expropiadores y eso no lo arregla ni ZP.

Morales, el de los jerseys de colorines, está imponiendo un futuro bien oscuro a su pueblo y los indígenas serán quienes más lo sufran. Las comunidades indígenas de Bolivia llevan miles de años siguiendo unas tradiciones sociales respetuosas con la propiedad privada. Muchas de sus prácticas son comunales y tienen sistemas de mutuas que permiten dar asistencia a quienes puedan encontrarse en situaciones de emergencia. Mantienen una complicada estructura privada de la propiedad ligada al mérito social y tienen un sistema judicial distinto del estatal. Todo indígena es libre de salir de estos "clubes" ancestrales y probar suerte como campesino privado. Sin embargo, Morales está empeñado en que el estado se inmiscuya en unas instituciones que llevan muchos siglos evolucionando en libertad. Quiere que el estado emita títulos de propiedad de sus tierras, que las normas de las comunidades queden reguladas, que los participantes queden registrados y que el sistema judicial sea armonizado con el del estado. En definitiva, quiere lo mismo que para las empresas petroleras: que el estado se meta hasta la cocina de estas comunidades libres y las gobierne. Queda por saber si los grupos indigenistas occidentales alabarán estas agresiones o si se emborracharán de socialismo estatalizante.

El timo de la estampilla

Exactamente esto es lo que ha ocurrido en el caso Afinsa-Fórum. Hasta cierto punto es explicable: la gente tiende a hacer caso a los fanfarrones, y el Estado es el mayor de todos ellos; "aquí estoy yo para solucionarlo todo", dice, y todos le miran. Y asienten. Es poderoso, qué duda cabe, y acostumbra a decidir sobre nuestras vidas. Pero la fuerza no es lo mismo que la capacidad y a lo que nos tiene acostumbrados es a fracasar de forma sistemática, una y otra vez, en sus pretendidos propósitos. Por eso las exigencias de más regulación tienen también algo de paradójico. ¿Evitó la regulación el caso Banesto? ¿Evitó el caso Enron? ¿Por qué seguimos pidiéndole al fanfarrón que nos proteja?

Si alguna función tiene el Estado, es la de la definición y protección de nuestros derechos. Para ello basta un Código Civil, otro Penal, un sistema judicial y una Policía. En el escándalo que ha arrastrado a 350.000 ahorradores, la Fiscalía ha acusado a Fórum Filatélico y Afinsa de operar con un "negocio piramidal, carente de lógica económica y abocado al fracaso". ¡Qué razón tiene la Fiscalía! ¡Una lástima que no se sienta excitada en su celo contra la Seguridad Social, que actúa con el mismo "negocio piramidal, carente de lógica económica y abocado al fracaso"! Se ve que el Estado a tanto no llega en nuestra protección, ya que en lugar de luchar contra este fraude, nos lo impone.

Se dirá que si se ha llegado a esta situación es porque algo ha fallado; y es verdad. Ha fallado la cultura financiera, que de estar extendida hubiera limitado el desarrollo de estas sociedades. Han fallado los medios de comunicación que, emponzoñados de política (por culpa del veneno, no del enfermo), no dedican la atención que merecerían otros procesos sociales también importantes. Pero una cosa son las carencias de una sociedad, y otra las responsabilidades, y éstas no alcanzan los demás, que en nada han participado en este asunto. Por eso, la propuesta del PP de crear un "fondo de garantías" ad hoc es una pieza más del arte moderno de la política: demagogia y populismo en propio beneficio, pero pagado con el dinero de los demás. Una propuesta antisocial, que remunera los comportamientos arriesgados y financieramente poco sanos, y envía el mensaje de que nada importa: siempre está el gobierno recaudando el dinero de los demás para pagar los platos rotos y erigirse en salvador. Que los paguen quienes se hayan enriquecido, violando a la vez los principios del Derecho y los de la economía.

El fraude piramidal

Es viable, mientras la llegada de nuevos inversores permite seguir pagando los intereses, pero en algún punto las sospechas de insolvencia retraen a los nuevos inversores, el dinero deja de llegar, y se produce la quiebra. El lector quizá se piense muy lejos de caer en tales engaños, pero quizá sin saberlo es parte de uno del mismo tipo, y a gran escala. Y es que la Seguridad Social funciona por principio y en la práctica exactamente del mismo modo. Su destino a largo plazo no será mejor que el de otros sistemas piramidales; los pagos actuales no se hacen con las rentas generadas por un capital acumulado durante años, sino con las aportaciones actuales de los nuevos contribuyentes. Se puede mantener durante décadas porque es obligatorio, pero cambio demográfico está haciendo que se tambalee, y desvelando la maldad ínsita de cualquier sistema piramidal.

No a la energía solar fotovoltaica

El desconocimiento de la población sobre los costes y repercusiones de cada tecnología de generación de energía, favorece que los políticos de turno se cuelguen una falsa “medalla” ecologista subvencionando utopías medioambientales como la electricidad generada con paneles fotovoltaicos.

Para aquellos profanos en el mercado energético, el Sol puede parecer muy atrayente como fuente inagotable de energía ya que permite producir electricidad y agua caliente. 

La energía fotovoltaica aprovecha la radiación solar para generar electricidad mediante paneles fabricados con materiales semiconductores que captan los fotones transmitidos en la luz solar para producir una corriente continua de electrones, es decir, electricidad. Hasta aquí, todo muy bonito. Pero cuando estudiamos el rendimiento energético de los paneles solares fotovoltaicos comprobamos que, de toda la energía que nos llega del Sol, sólo se aprovecha entre un 9% y un 16%.

El Real Decreto 436/2004, de 12 marzo, regula la electricidad en régimen especial. Dejando a un lado otras distorsiones que introduce, subvenciona tan exageradamente la tecnología solar fotovoltaica que, desde entonces, los consumidores están demandando preferentemente esta tecnología de generación eléctrica totalmente ineficiente, en detrimento de inversiones en otras mucho más eficientes.

Gracias a ese decreto, todos y cada uno de los contribuyentes españoles subvencionamos la instalación de paneles solares fotovoltaicos, pagando de nuestros impuestos la electricidad que éstos exporten a la red principal hasta 5’75 veces (0’44 €/kWh durante el año 2006) sobre el precio de la tarifa eléctrica media durante los primeros 25 años de funcionamiento del panel y, a partir de entonces hasta 4’6 veces (0’35 €/kWh en el año 2006). Esto supone, en la práctica, que muchas empresas y ciudadanos particulares están prefiriendo realizar una inversión financiera –convenientemente subvencionada por los contribuyentes– instalando en su tejado paneles fotovoltaicos, en vez de realizar una inversión tecnológica en ahorro energético.

Para colmo de males, fabricar un panel fotovoltaico es un proceso muy contaminante, que además requiere casi tanta energía –para fundir sílice y purificarlo– como la que generará el panel solar fotovoltaico en toda su vida operativa.

Debido a su coste inicial y a su muy bajo rendimiento, la energía solar fotovoltaica, incluso contando con la enorme subvención gubernamental, hoy en día tiene un retorno de inversión de 10 años en España.  No obstante, al inversor financiero este hecho no le importa, ya que gracias al paternalismo del estado todos los contribuyentes de España subvencionan la operación financiera durante más de 25 años. Al final del proceso (35 a 40 años), el inversor habrá obtenido una rentabilidad anual del 8% al 10%, que es mucho más que lo que proporcionan habitualmente muchos planes de pensiones.

Es decir, los españoles estamos financiando “jubilaciones” a ciudadanos de España y del extranjero que tienen la módica cifra de 600.000 Euros para invertir sus ahorros –con una pequeña participación de 60.000 euros– en un proyecto de “huerta solar” de 100 kW.

Algún ecologista de renombre tendría que explicarnos por qué es práctico generar electricidad en los paneles fotovoltaicos de una “huerta solar”, cuando su rendimiento es del 9% al 16%, para su posterior exportación a la red eléctrica y su envío por cables eléctricos a varios kilómetros de distancia donde se encuentra el consumidor final; con unas pérdidas acumuladas en el transporte –en calentamiento de cables y transformadores– de entre el 8% y el 15%, dependiendo de la distancia a cubrir. Pero parece que les importe más la demagogia que la realidad.

La búsqueda de la felicidad

Libertad, igualdad y fraternidad fueron los retos que se marcaron hace unos doscientos años los revolucionarios franceses. En ese tiempo se ha podido contemplar lo difícil que resulta establecer igualdades y fraternidades desde el gobierno. Pues se da por descontado que esos tres retos consistían en órdenes que el pueblo daba a sus dirigentes para que hicieran algo que cambiase su situación.

Sin embargo, poco antes, al otro lado del Atlántico, otra revolución había acuñado tres conceptos diferentes: Vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. O, como decía uno de sus símbolos: ¡No Me Pisotees!

Agobiados ambos pueblos por gobiernos tiránicos, llegaron a conclusiones algo divergentes. En Francia, estaban hartos de ver como una pandilla de aristócratas aprovechados se pegaba la gran vida mientras el pueblo malvivía, por eso pusieron el énfasis en acabar con las desigualdades. En las Trece Colonias, en cambio, lo que les fastidiaba era que las intrigas en una corte al otro lado del Mar Océano les estaban impidiendo vivir a su manera, así que pusieron el énfasis en eso del déjame en paz.

En el país vecino, trataron de conseguir un gobierno lo suficientemente ilustrado y grande como para dirigir la sociedad hacia esa igualdad y fraternidad, respetando, en la medida de lo posible, las libertades.

En los Estados Unidos, en cambio, querían un gobierno suficientemente fuerte como para impedir que el vecino se metiera con la vida de uno pero no tan fuerte como para que el mismísimo gobierno hiciese lo propio.

Con el paso del tiempo, estos ideales han ido mezclándose con otros y con las necesidades del momento para determinar el rumbo de estas dos naciones. Pero la diferencia sigue ahí y sigue atrayendo a gentes con diferentes visiones de la vida.

¿Se lo ha planteado alguna vez? Imagínese que es usted más bien pobre y tiene la posibilidad de elegir entre estas dos alternativas. Puede vivir en un país donde los demás son tan pobres como usted y donde tratarán de asegurarse de que la prosperidad de usted vaya aparejada a la de los demás. La otra posibilidad consistiría en vivir en un país donde habrá con seguridad mucha gente mucho más rica que usted y donde la prosperidad de usted esté en sus propias manos.

En principio, si usted no está muy convencido de poder alcanzar un nivel de bienestar por sus propios medios o si le resulta insufrible ver como otros le adelantan, elegirá el primer país. Si, en cambio, prefiere usted ganarse el pan con su propio esfuerzo aunque eso signifique contemplar como otros se ponen las botas, elegirá el segundo.

El segundo país, mientras se mantenga fiel a estos ideales, dejará sus puertas abiertas de par en par, sabedor de que solamente atrae a aquellos que están deseosos de esforzarse porque sólo así prosperarán. Poco les importará a los autóctonos que la piel de los recién llegados sea de un color exótico o que sean un atajo de hambrientos harapientos. No harán el más mínimo esfuerzo por obligarles a adoptar el idioma o la religión local. No se meterán con ellos, simplemente les dejarán el camino expedito para prosperar. Y aquellos verán que, para conseguirlo, la mejor forma será mediante las relaciones mutuamente beneficiosas.

Pero en un país donde se adopten los ideales igualitarios, la inmigración será un peligro constante pues no habrá forma de saber quien entra impelido por el único deseo de aprovecharse de la beneficencia igualitarista. Es más, no por mucho tiempo permanecerán en ese país los creativos y los emprendedores al ver que o no puede llevar a cabo proyectos innovadores o que estos les son arrebatados para lanzarlos cual limosna al público en general. Tampoco fructificarán allí las iniciativas humanitarias pues la caridad será ya obligatoria y monopolizada. Después se hablará de fuga de cerebros, de deslocalización, de egoísmo, de perversos intereses económicos y de peligros extranjeros al tiempo que se pedirá protección para los que se quedan dentro.

El precio de defender la libertad en Venezuela

La última muestra ha sido la imputación a un grupo liberal llamado Rumbo Propio de los cargos de separatismo, traición a la patria y atentado contra la integridad del país y seguridad nacional. La pena puede oscilar entre 25 y 30 años de prisión. Hay cinco imputados: Néstor Suárez Bohórquez, Rafael Romero Barrios, Natalia Suárez Fernández, Gustavo Pineda Reina y el gran divulgador Alberto Mansueti, fundador del Partido Liberal del Perú, académico adjunto de Instituto de Libre Empresa y autor de diversos libros, ensayos y artículos en defensa del libre mercado y los valores cristianos.

Usted se preguntará qué delitos han cometido. Bien, ninguno de ellos es un terrorista, ni un ladrón, ni han realizado acto criminal alguno. Su delito es defender la libertad civil en un país gobernado por un personaje que ansía convertirse en un déspota socialista; y evidentemente, las acusaciones formales son falsas. Los acusados no son independentistas y menos aún un peligro para la seguridad nacional. Únicamente son un peligro para la política dictatorial de Hugo Chávez, y por esta razón y ninguna otra, les ha atacado la "justicia".

Lo que quieren pedir estos "disidentes" es un estado autónomo en Zulia (región situada al nordeste de Venezuela) regido por un estatuto especial de contenido liberal donde el gobierno sólo controle la seguridad, la justicia y las obras públicas. ¡Qué diferencia con los estatutos de moda en España, caracterizados por la supremacía burocrática sobre la sociedad civil!

Lo que está pasando ahora en Venezuela puede ser un adelanto de lo que nos espera en Europa y, muy especialmente, en España. El gobierno de Rodríguez Zapatero no sólo ha apoyado la figura de Chávez, sino que incluso ha cooperado activamente con el tirano vendiéndole armas. Ya sabe lo que dice el refrán: "dime con quien andas y te diré quién eres". Aquel que idolatra a los tiranos es porque quiere comportarse como ellos. La censura del CAC (Consejo del Audiovisual de Cataluña), el nuevo adoctrinamiento de la LOE, el estatuto del periodista… ¿Cree que el caso de Venezuela no pasará en España? En realidad la caza de brujas de Zapatero ya ha empezado. Una muestra reciente es la detención ilegal de los militantes del PP por el simple hecho de ser de derechas.