Ir al contenido principal

Globalización y fiscalidad

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

Cuanto más plana es la tierra más se empeñan los estatistas en reducirla a poblados herméticos. El enésimo coletazo del proteccionismo, el fiscal, resurge con nuevas medidas legislativas en pro del mantenimiento de los contribuyentes dentro del corral gubernamental y las organizaciones estatalistas (OCDE, UE… etc.) comandan las últimas ofensivas para configurar estas medidas.

El surgimiento de los llamados paraísos fiscales –centros financieros internacionales offshore (CFIO), que mueven el 60% del dinero en el mundo– respondieron a la necesidad de proteger los patrimonios ante posibles expropiaciones y elevados impuestos y han entablado una fuerte competencia por atraer inversores extranjeros. Además, las empresas (e incluso los gobiernos) han aprovechado esa actividad financiera carente de cargas fiscales que los bancos allí establecidos realizan para conseguir fondos y capital a reducidos costes. De este modo, se empezó a hacer frente a la fiscalidad o, como felizmente la definiera Jean Babtiste Colbert, a "el arte consistente en desplumar a la gallina de forma que se obtenga el mayor número de plumas con el menor cacareo posible".

Ante estos cacareos cada vez más potentes, los estados han tenido que modificar sus legislaciones para hacer más difícil el aprovechamiento de estos refugios. Así, el derecho positivo interno de los países atacó la huida hacia los paraísos eliminando las deducciones, exenciones, créditos fiscales y otros beneficios a entidades que operan en estos lugares. Paralelamente, las administraciones de los Estados han venido incrementando sus relaciones estableciendo los llamados Convenios de Doble Imposición para repartirse sus soberanías fiscales e intercambiar información de cara a evitar el fraude fiscal.

Tal ha sido el rearme administrativo que, en determinados aspectos, interesa a la propia Administración que las sociedades operen en los paraísos fiscales, porque de ese modo aprovechan las clausulas anti-abuso añadidas en sus legislaciones y les hacen tributar por lo que lo habrían hecho en el infierno fiscal al que pertenezcan.

Pero para ello les es de vital importancia contar con la herramienta imprescindible para todo buen tirano que se precie (y que es clave en fiscalidad): la información. De ahí que en 2001, los antaño "paraísos fiscales" pasaron a llamarse "jurisdicciones colaboradoras o no colaboradoras" según compartían con las administraciones más agresivas información fiscal. Y es que ya sabemos que para el poder, la información entendida como espionaje es vital para su supervivencia.

Por todo ello, es de resaltar que las medidas administrativas sean la respuesta a lo que emerge (así lo ilustra el subtítulo "An Emerging Global Issue" de un importante trabajo de la OCDE contra la competencia fiscal). La actuación gubernamental siempre es respuesta, va a la zaga, va en contra, de lo que surge del actuar de aquellos que comercian y se relacionan bajo el principio de la autonomía de la voluntad, contratos y soberanía individual. E igualmente curioso que el problema surja gracias a cambios tecnológicos y comerciales como Internet y los transportes, elementos que han hecho tanto bien a la humanidad y que tanto posibilitarán en el futuro. Sin embargo, no deja de ser normal si tenemos en cuenta que los que llevan adelante estas iniciativas todavía siguen los esquemas expoliadores de mayores ingresos públicos para sufragar mayores gastos públicos negando la conducta diaria de los que en busca del bienestar material siguen emigrando o trasladando su capital a jurisdicciones de menor extorsión.

Una excusa o falacia bastante utilizada y que pretende tocar la fibra sensible de los ciudadanos es que con mayores trasferencias de información entre administraciones podría combatirse en mayor medida la lacra del terrorismo. No obstante, mucho más fácil sería detectar estas actividades en un mundo en el que no le fuera preciso a la gente decente huir y ocultarse de los gobiernos como si fueran criminales.

Y es que, realmente, para aquellos que usan este tipo de países o, en un plano más abstracto y general, aquellos que compiten fiscalmente con los mastodontes occidentales ofreciendo menor tributación, verdaderamente significa un intento de escapar a sus garras. Una escapatoria que también se analiza con estudios empíricos que intentan justificar las políticas emprendidas y alertar de los efectos negativos de la competencia en impuestos pecando todos ellos, sin embargo, de un análisis estático y de conclusiones encerradas en sus escuetas teorías alejadas de la acción humana y muy próximas a la política.

Nos encontramos, en resumen, ante una colosal batalla entre la globalización y la fiscalidad. O cómo la creciente intensidad de las relaciones pacíficas intentan defenderse de las ansias confiscatorias de los estados.

El derecho a ignorar al Estado

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

En la segunda de sus obras, Social Statics, Herbert Spencer incluyó un brillante apartado, titulado El derecho a ignorar el Estado, como el primero de su tercera parte, dedicada a los derechos políticos. Sencillo, y brillante. Su camino parte del principio, que ha asentado en páginas anteriores, de que "todas las instituciones han de subordinarse a la ley de igual libertad", lo que establece el derecho a la ilegalidad voluntaria, ya que "si todo hombre es libre tiene el derecho de ejercer su voluntad, siempre que no infrinja la igual libertad de otro hombre, entonces es libre de abandonar su conexión con el Estado, de renunciar a su protección, y rechazar el pago para su sustento".

Es más, el Estado es inmoral, ya que "emplea la violencia para mantenerlo; y toda la violencia implica criminalidad". Una institución que, por su origen y por su conducta es tan imperfecta, no puede ser instrumento de la ley perfecta de la justicia. El Estado recurre a medios inmorales para cumplir sus fines, para ejercer el poder. Pero éste, entendido como el derecho a actuar dentro de la Ley Natural, procede de las personas, del pueblo. Spencer no discute aquí este principio, que da por sentado, pero, sigue diciendo que "lo que es cierto para la colectividad es igualmente cierto para cada cual separadamente". Lo que es falso, la falacia de la composición, solo que al revés. Spencer debería haber partido del individuo desde el comienzo, como ha hecho en razonamientos anteriores. Pero sigue: "Del mismo modo que el Gobierno puede actuar rectamente por el pueblo solo cuando le concede el poder, del mismo modo puede actuar rectamente para el individuo, solo cuando éste le concede el poder" de hacerlo.

Vuelve al análisis individual para decir que "si A, B y C debaten si emplear a un agente para que realice para ellos cierto servicio, y si los deseos de A y B coinciden en hacerlo, pero C disiente, C no puede ser hecho parte en el acuerdo a pesar de sí mismo. Y esto mismo ha de ser igualmente cierto para treinta como para tres: Y si por treinta, ¿porqué no tres cientos, o tres mil o tres millones?". Por otro lado, Spencer demuele la regla de la mayoría, que puede llegar a aprobar leyes manifiestamente contrarias a los derechos individuales, a la Ley Natural.

Parémonos por un instante. Hasta el momento, Spencer parte del principio de igual libertad para todos que, puesto que es valor negativo solo se asegurará la igualdad cuando su contrario, la coacción sea cero. Es más, el Estado solo puede mantenerse por medio de la violencia, de la coacción. Es su esencia y su historia. Y también ha asentado que el poder reside en origen en los individuos; que son los titulares de sus propios derechos, y en consecuencia a ellos pertenece la capacidad de gestionarlos.

Vayamos un poco más lejos. Uno: las "cuentas" de cada ciudadano con el Estado son puramente individuales, no dependen de terceros. Dos: en la cuenta privada con el Estado, uno solo llegará a un acuerdo si le compensa, es decir, como cualquier otro agente del mercado, de la sociedad libre. Tres: si el Estado actúa por medio de la violencia, de la coacción, será violando todo lo antedicho (el ser), pero si se mantienen los derechos de los individuos, su derecho a la igual libertad de todos (el deber ser), el Estado como tal desaparece y se diluye en una agencia más, en una empresa que solo sobrevivirá ganándose a pulso el favor de los ciudadanos, en competencia con cualquier otra. Esto último no lo dice Spencer, que en ocasiones pasa del ser al deber ser sin solución de continuidad.

Sigamos, porque lo que viene a continuación es de gran interés. Spencer considera que "la tendencia a repudiar al Gobierno se incrementará solo en la misma medida en que los Gobiernos se hacen menos necesarios". Es más, "es un error asumir que el Gobierno necesariamente durará por siempre (…) no es esencial, es incidental". Era 1851, claro. Otros tiempos. Y no contó con muchas consideraciones importantes que explican que los liberales debemos ser más bien pesimistas. Pero Spencer fijó en la última parte de este apartado de Social Statics una idea feraz.

El asfalto nos sale caro

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en El asfalto nos sale caro

Madrid es una de las regiones con la economía más dinámica y productiva de toda España. Generadora de empleo y riqueza, no es de extrañar que en las elecciones municipales y autonómicas sea la joya que desean todos los partidos, aunque sólo sea por el prestigio que supone. Sin embargo, Madrid tiene una desgracia, que tanto en la Comunidad Autónoma como en el Ayuntamiento de la capital gobierna el Partido Popular. Y esto no es una desgracia por sí mismo sino porque, a la vez, en el Gobierno de España lo hace el Partido Socialista Obrero Español, lo que genera no pocos conflictos de intereses en los que las carreteras y autovías son protagonistas indiscutibles.

A fecha de hoy existen cuatro infraestructuras donde la polémica está a la orden del día. La M-30, autovía de circunvalación de la capital cuyas obras de mejora acomete el Ayuntamiento de Madrid y que choca directamente con los intereses del Ministerio de Medio Ambiente que exige un Estudio de Impacto Medioambiental. El desdoblamiento de la M-501, también conocida como la "Carretera de los Pantanos", que conecta el este de la región con el centro y donde el mencionado Ministerio también pone sus trabas ante la posible existencia del lince ibérico. La R-1, autopista de peaje que pretende ser una alternativa a la N-1 en su entrada por el norte de Madrid. Y por último, el cierre de la M-50, otra de las carreteras de circunvalación de la capital. En estos dos casos existe un conflicto entre quién debe acometer las obras, si la Comunidad de Madrid que gestiona las carreteras que empiezan y terminan en su territorio y que pretende ejecutarlas lo más rápidamente posible o el Ministerio de Fomento que asegura que son de su competencia al ser de interés general y que no termina de darle prioridad.

Las razones de unos y otros tienen su lógica aunque no la compartamos. El argumento medioambiental es la más polémico y el favorito de los medios de comunicación. Las obras de la M-30, además de las molestias que suponen para el sufrido conductor, generan no pocos problemas de contaminación, ruidos, vertidos y todo tipo de esperpentos medioambientales. No es extraño que oposición, ecologistas, vecinos afectados y por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente hayan llevado el tema a Bruselas. El exceso presupuestario del alcalde más socialista de la derecha española no atraviesa los mejores momentos por mucho que mejore la circulación de la ciudad.

La aparición de excrementos de lince ibérico a unos centenares de metros de la M-501 generó una polémica inusitada en torno al desdoblamiento de la Carretera de los Pantanos. El excesivo número de accidentes en una carretera desbordada por el crecimiento de la Comunidad, la petición expresa de los alcaldes de la zona y de buena parte de los vecinos y las medidas medioambientales correctoras que se adoptarán en las obras no han sido suficientes para el Ministerio de Medio Ambiente que está más preocupado por la protección de una especie en peligro de extinción y una zona con un ecosistema especialmente atractivo.

El ciudadano tiende a tomar partido en virtud de sus simpatías políticas, como si de un equipo de fútbol estuviésemos hablando, sin entrar en el meollo del asunto, que toda esta polémica no nos sale barata. No me estoy refiriendo a los lógicos y seguramente disparatados presupuestos de todas estas obras más o menos faraónicas, más o menos necesarias; me estoy refiriendo a que el simple enfrentamiento entre administraciones gobernadas por diferentes partidos o el mismo pero con diferentes intereses, conlleva un gasto que sale del mismo sitio, del bolsillo del contribuyente. El trabajo de funcionarios, de peritos, de técnicos, las horas de trabajo, hasta el material de oficina usado para parar la iniciativa de una de las partes tiene su simétrico en la otra y ambas incrementan el coste de algo que ni siquiera sabemos si se va a construir. Todo ello, sin tener en cuenta lo que podríamos denominar como daños colaterales estatales.

La eficiencia no es precisamente una de las virtudes de las Administraciones Públicas, tienden a duplicarse, a triplicarse, a pisarse competencias y a luchar entre sí por el "bien" del administrado y con todo, son incapaces de ponerse de acuerdo en cuáles son sus competencias. Si ya tenemos bastante con aguantar una Administración, tres es un exceso inaceptable. Las luchas por el poder les salen gratis pues se hacen con dinero público, dinero que obtienen a golpe de decreto o de normativa fiscal. Eso sí, todo muy democrático que para eso hemos votado.

Liderazgo y toma de decisiones en Juan de Mariana (y 2)

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

El arte de dirigir en De rege et regis institutione es un modelo de recomendaciones perspicaces en torno a la selección de personal, la división del trabajo, la delegación, la creatividad y la naturaleza de la función directiva. Gobernar un equipo parece en múltiples ocasiones una tarea casi titánica, pero los consejos de Mariana quedan cerca de nuestro alcance.

El autor de la Escuela de Salamanca solicita máxima atención en la búsqueda de candidatos idóneos a un puesto de mando. No es cuestión baladí el reclutamiento de personas. Todo influye: rasgos físicos, biografía y proyección de valores íntimos hacia el futuro. Juan de Mariana adelanta lo que más tarde serán las comisiones seleccionadoras para cargos públicos al modo angloamericano:

Es preciso examinar la vida y costumbres de los que van propuestos como empleados antes que se les admita para compañía y servicio del príncipe… Está envuelto el carácter de cada cual debajo de muchos pliegues y como encubierto por un velo; la frente, los ojos, el semblante y más que todas las palabras se prestan mucho a la ficción y la mentira… Los que deben estar en compañía del príncipe son los que pueden llegar a ser esclarecidos capitanes e incorruptibles magistrados…

Yo no confiaría ningún cargo de gobierno a nadie que no fuese antes proclamado al pueblo, para que cada cual tuviese derecho de revelar sus faltas, como hacía en Roma Alejandro Severo.

La experiencia que la edad confiere es útil para los empleos graves; en otros puestos, ser neófito no es motivo de desdoro. Dicen algunos que son ineptos para los negocios hombres que, como los monjes, salen de improviso de las tinieblas a la luz del día –asegura- ¿Hay acaso algo en lo humano que esté completamente exento de vicio? No es partidario en sentido maximalista ni de la tecnocracia ni del amateurismo. Aparte de las cualidades intrínsecas de la división del trabajo, Mariana defiende un argumento sutil a favor de la misma: el reparto de tareas limita la disidencia; la acumulación es el anticipo de la rebelión:

Pues distribuyéndolos entre muchos, son también muchos los que aman al príncipe, obligados por los beneficios recibidos, y siendo muchos los que entiendan en las cosas públicas, ha de ser menor el deseo de innovarlo y reformarlo todo.

Somos lo que hacemos, no lo que dicen (o decimos) que somos o hacemos. Importa finalmente la obra bien hecha. Lo demás, moral aparte, son añadidos de breve virtud. El Padre Mariana ofrece en todas las ocasiones una magna lección de praxeología:

¿Nos metemos acaso en si son o no buenos ciudadanos los que nos calzan, los que nos construyen la casa donde vivimos, los que nos forjan las armas o los instrumentos de labranza? ¿No nos basta acaso saber que entienden bien de su oficio?

Resalta el jesuita cuestiones de mucho juicio acerca de la delegación. Delegar no es abdicar. Se delega el quehacer pero nunca la responsabilidad. Ante la delegación, que fomenta el desarrollo individual, los colaboradores honrados y atentos merecen una oportunidad. Quien delega tiene la obligación de enseñar al que ignora. El ejemplo episcopal es de inexcusable cumplimiento; el manager debe ser un experto al que los suyos puedan acudir:

La silla del obispo no lleva el nombre del trono ni de tribunal, sino de cátedra, y esto es, a no dudarlo, para que se acuerde de que su más principal deber es la enseñanza, y no ostentar el aparato del príncipe ni hacer las veces de juez, debiendo estar siempre convencido de que sería más útil para la república y aún para sí mismo que si algo hubiese de delegar a varones prudentes, fuesen todas las funciones anejas al cargo, menos las de enseñar e instruir a su rebaño…

La libertad de opinión propicia la creatividad, recurso imprescindible para el progreso en las organizaciones. Pocos han explicado como Mariana el verdadero significado profundo de la técnica de la tormenta de ideas o brainstorming:

¿No puede además el príncipe elegir sus consultores?…si se me da a elegir, prefiero un príncipe torpe que oiga, a otro agudo y perspicaz que no admita mas que sus propias convicciones…

Si cuando pide el príncipe consejo, olvidándose alguno de su posición y de la majestad que ante sí tiene, manifestase con demasiada libertad su parecer, creo que debe el príncipe dispensárselo, pues nadie debe ser castigado por su libertad en hablar, por más que haya emitido una opinión necia y ridícula. ¿Cómo no ha de faltar quien trate de persuadir si hay en querer persuadir peligro?

¡Que delicia leer a nuestro gran autor con ese estilo suyo tan visual, tan cinematográfico por momentos! Parece que estamos viendo in situ los pasos del príncipe inteligente que evita el tramposo dominio, tan omnipresente, de la presunta excelencia profesional que sirve de coartada para ejercitar la perversión en el trato a los demás. Del rey y de la institución real desenmascara a los culpables:

Las palabras "aborrézcanme, pero teman" son solo propias de un tirano. Raras veces puede un príncipe sobrellevar el odio de su pueblo; preséntese siempre humilde, así en el traje como en el continente, haga bien a todos, y si no a muchos, de a cuantos pidan, o cuando menos no les quite la esperanza de alcanzarlo; manifieste su buen deseo en concedérselo, haláguele con palabras blandas, procure que nadie se aparte de su vista triste y abatido, recuerde siempre que se hace pesadísimo ver unida a la supremacía del poder la dureza en el trato y la aspereza en las palabras.

Juan de Mariana conocía sobradamente las razones del alma humana. Quizá sus previsibles labores de confesor le ayudaron en gran medida a descubrirlas. Aquí aparece un gran retablo de la gloria y el error entre los hombres. El líder more aristotélico templa, compadece y vigila. No se vislumbran soluciones al contado ni sofistería banal sino manantiales de sabiduría para las horas de la vida.

Un experimento periodístico en Internet

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Al contrario de lo que sucede en los medios tradicionales, donde las noticias se estudian y corrigen antes de publicarse, en la blogosfera se publica primero y luego se corrige, si hace falta, gracias a los comentarios que hacen los lectores o las críticas que se realizan desde otras bitácoras, a menudo completamente opuestas ideológicamente. Es por esa razón por la que muchos consideran a la blogosfera como un medio de comunicación más fiable que los tradicionales, por su capacidad de corregirse a sí misma y exponer sus vergüenzas al respetable para que éste pueda evaluar en todo momento la credibilidad de cada bitácora. A este fenómeno se le ha denominado periodismo disperso.

Dentro de este nuevo género, tenemos en estas páginas un fenómeno del que admito no conocer de ningún caso idéntico. Lo más parecido ha sucedido en momentos puntuales en la blogosfera anglosajona: hace pocas semanas les hablaba del esfuerzo colectivo en la traducción de los documentos del Irak de Sadam por parte de un nutrido grupo de bloggers. Siguen averiguando cosas: hace bien poco han publicado una traducción que habla del traslado de "munición especial" de Najaf a Bagdad justo antes de comenzar la invasión del país; otros documentos indican que era el modo de designar a la cargada con agentes químicos. También recuerda levemente a la campaña Porkbusters, que como les conté hace meses ha llevado a muchos bloggers a buscar los derroches más absurdos en el presupuesto federal para exigir después a los representantes que los eliminen. Un conocido senador republicano, al que ya obligó la blogosfera a renunciar a su puesto como líder de la mayoría de su partido en la Cámara, ya ha protestado de los "problemas" que causa el grupo. Problemas para seguir tirando el dinero de los contribuyentes, claro.

Sin embargo, el de Luis del Pino es el único caso en el que la práctica totalidad de la conversación se ha limitado casi por completo a un solo blog y sus comentarios. Eso sí, miles y miles de comentarios. Dudo que exista en España otro ejemplo de participación tan entusiasta. Tampoco son los comentarios típicos de un blog, en el que se discuten las opiniones del autor, aunque algo (poco) hay también de eso. Principalmente, los lectores están aportando sus ideas y su conocimiento a esclarecer la investigación. Ayer mismo, por ejemplo, uno de los participantes exponía sus conclusiones técnicas sobre la imposibilidad de emplear sólo un móvil para activar el detonador encontrado en la celebérrima bolsa de Vallecas; aunque puede que sí exista la manera de hacerlo, es sin duda un apunte interesante que merece la pena investigarse. Aunque quizá no tan elaboradas, aportaciones de esta índole hay bastantes. También hay apasionantes intentos de establecer cómo se pudieron realizar los atentados, ofreciendo versiones disparatadas y otras que se ajustan mejor a lo que sabemos que la versión oficial, aún sin dejar de ser meras elucubraciones.

Este fenómeno ha decidido pasar desapercibido para los grandes gurús españoles de la blogosfera, quizá porque permanezcan muchos de ellos en esa mentalidad que considera de mal gusto intentar averiguar qué sucedió realmente el 11-M. O que, simplemente, considera que está feo eso de pensar.

Armonizando la servidumbre

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El Estado es un monopolio jurisdiccional: todas las personas que caen dentro de las fronteras de su territorio deben someterse obligatoriamente a su imperium. No se permite una desvinculación voluntaria del Estado y la contratación de otra agencia de protección y justicia; la única relación que conciben los políticos y burócratas es el acatamiento de la plebe.

A diferencia de las empresas, por tanto, el Estado puede seguir engordando aun cuando su comportamiento sea totalmente ineficiente y represor. Mientras que el empresario tiene que pugnar día a día por los beneficios que le permitan permanecer en el mercado (gracias al favor del consumidor), el político sólo tiene que incrementar los impuestos para continuar expandiendo su poder y su influencia.

Sin embargo, los individuos sí tienen una gravosa salida para escapar de la legislación liberticida estatal: emigrar. Dado que el monopolio territorial es inamovible, el exilio se convierte en el último resorte con que cuentan los ciudadanos, para refugiarse en otros estados menos ineficientes y represivos.

Así, gran parte de los habitantes de los países comunistas trataron de escapar de sus estados-prisión, a pesar de los controles fronterizos y de las enormes penas que se impusieron al respecto. La emigración es la consecuencia lógica de una coacción estatal tan lacerante que ni siquiera el desarraigo contiene.

Ahora bien, no todos los tipos de emigración resultan igual de complicados y costosos. Generalmente asociamos los movimientos migratorios con los movimientos de personas físicas, pero no deberíamos olvidar que también es posible la migración de personas jurídicas, esto es, de capitales (lo cual viene a coincidir en el léxico socialista con la temida "deslocalización").

Los traslados de empresas son mucho menos problemáticos que los de personas. Un empresario español puede vender su compañía a cambio de euros, cambiar esos euros por yuanes y abrir otra nueva empresa en China. Todo ello sin necesidad de cambiar de país, comunidad o vecindario.

Ya vimos cómo, si la Unión Europea no modifica su querencia intervencionista, los países miembros colapsarán sobre su propia miseria socialista. Si la legislación fiscal, laboral y medioambiental de Europa es mucho más estricta que la de otros países, las empresas carecerán de cualquier motivo para permanecer aquí. Más que en EEUU, deberemos empezar a fijarnos en África.

Obviamente, la Unión Europea es consciente de este problema, pero en lugar de solucionarlo a través del libre mercado prefiere recurrir a mayores cotas de coacción. El razonamiento de nuestros políticos es el siguiente: "Si el problema está en que otros países son menos represores que nosotros, hagamos que esos países sean tan represores como nosotros". En otras palabras, lo que pretende la clase política europea es conseguir que la legislación de los países extracomunitarios sea igual de represiva que la nuestra para que las empresas tengan que quedarse en Europa, por imposibilidad de huir a otra parte.

Esta estrategia uniformizadora es la que subyace en la mayor parte de los tratados internacionales, en la persecución de los "paraísos" fiscales y en la armonización jurídica que se está implantando intra muros. En concreto, la UE está batallando desde hace años por lograr la armonización de las bases del impuesto de sociedades, para así evitar cualquier vestigio de competencia fiscal en su seno. Si un país reduce su impuesto de sociedades tenderá a atraer a las empresas de los países vecinos y a concentrar la mayor parte de la inversión extranjera, como ilustra el caso de Irlanda.

Ya hace casi diez años que la UE aprobó un Código de Conducta para tratar de evitar la "dañina" competencia fiscal entre los países miembros; en él podían leerse párrafos tan reconfortantes y liberales como el siguiente:

"Las medidas fiscales que den lugar a un nivel impositivo sustancialmente menor –incluyendo los tipos impositivos cero– a los que generalmente se aplican en ese país serán consideradas como potencialmente dañinos".

El interés de la Unión Europea, claro está, es evitar que los estados alivien el expolio de que son víctimas sus ciudadanos.

De ahí que en 2004 finalmente se creara un grupo de trabajo dedicado a redactar un documento que permita a la Comisión Europea armonizar las bases del impuesto de sociedades en 2008. Afortundamente, el Lithuanian Free Market Institute, con el respaldo del Instituto Juan de Mariana y la Asociación Madrileña de Consumidores y Contribuyentes, suscribió la semana pasada un manifiesto contra la armonización del impuesto de sociedades.

Las consecuencias de esta medida serían desastrosas para la libertad en la UE:

– En primer lugar, supondría un incremento de la exacción fiscal en toda empresa cuyo tipo efectivo de gravamen fuera inferior al resultante de eliminar los beneficios fiscales y las deducciones. Un impuesto armonizado significa un incremento del robo estatal, al desterrar toda posible competencia fiscal entre países.

– Segundo: la armonización de las bases abre la puerta a una completa armonización del impuesto en el futuro. Dado que la definición de base imponible deja de ser competencia de los países miembros, la competencia fiscal se trasladará a los tipos impositivos, donde será más evidente y "dañina", en los términos de la Comisión. Por ello, necesariamente nos encontramos ante un primer paso para la total armonización del impuesto por parte de la burocracia bruselense.

– Tercero: buena parte de las empresas perjudicadas por el incremento de los tipos efectivos de gravamen buscará cobijo en otros países extracomunitarios, lo cual acelerará el proceso deslocalizador que padece Europa.

– Cuarto: las empresas que decidan soportar estoicamente el incremento de impuestos verán reducida su eficiencia y, por tanto, su riqueza. Unas empresas más empobrecidas necesariamente dan lugar a una sociedad con menos recursos: menores salarios, mayores precios, menores rentas.

– Y quinto: la armonización de los impuestos supone, a su vez, una fase adicional en la construcción de un Gobierno centralizado europeo. Pensemos que, si se armonizan los ingresos de los países miembros, necesariamente tendrá que armonizarse el gasto; es decir, necesariamente habrá que instaurar un único Gobierno en toda la UE que unifique y distribuya las partidas de gasto.

En definitiva, la armonización del impuesto de sociedades es un instrumento en manos del Leviatán europeo destinado a impedir que los individuos se refugien en aquellos países con menores impuestos de sociedades. Nuestra libertad no se ve expandida, sino constreñida, con unidades políticas mayores que doten a políticos y burócratas con armas más numerosas y poderosas contra los individuos. Los impuestos son un sangrante robo, también cuando se armonizan.

Fronteras abiertas

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

En una sociedad no intervenida los bienes, el capital y las personas gozarían de una irrestricta libertad de movimientos fundada en la voluntariedad y el respeto a la propiedad. No habría fronteras más allá de los límites que los individuos quisieran establecer en sus dominios particulares. La inmigración no sería subsidiada ni penalizada, cada cual podría desplazarse a escala internacional del mismo modo que nos desplazamos hoy a escala nacional. Ningún Estado se arrogaría la potestad de emplear la fuerza contra individuos cuyo único delito ha sido cruzar una línea imaginaria trazada en un mapa en un intento de buscar una vida mejor.

Algunos autores liberales, no obstante, sostienen que en tanto exista el Estado del Bienestar debe abogarse por una política migratoria severamente restrictiva. Hoppe, por ejemplo, señala que el Estado debe actuar como un "gatekeeper" o vigilante que impida la entrada en el territorio a aquellos inmigrantes que no han sido expresamente invitados. La población prefiere residir en entornos culturalmente homogéneos, prosigue el argumento, y en un contexto en el que el Estado ha usurpado el poder decisorio a los individuos con respecto al acceso al territorio, abrir las fronteras equivale a permitir la invasión foránea y la integración forzosa. Hoppe ha llegado a defender en este sentido una política migratoria notoriamente más restrictiva que la que hoy se practica en Estados Unidos o Suiza. Una postura tal, sin embargo, implica que el Estado puede usar la fuerza contra individuos que no han agredido a nadie, individuos que han penetrado en una región sin atacar ninguna propiedad privada. ¿Cabe suscribir una conclusión de este tipo desde postulados liberales? En realidad, como apunta Reisman, todo lo que se requiere para que la presencia de un inmigrante sea legítima es que posea una propiedad en el territorio o que un nativo esté dispuesto a tenerlo como empleado, cliente o inquilino. El Estado no tiene aquí ninguna función a desempeñar, puesto que el inmigrante está siendo en efecto "invitado".

Kinsella ha expuesto el argumento de Hoppe de un modo más sofisticado, pero tampoco convence. Dice Kinsella que la propiedad pública (puertos, estaciones, aeropuertos, carreteras) pertenece en justicia a los contribuyentes en general, por lo que en tanto sea pública el Estado debe proceder como si fuera un administrador de la propiedad de los contribuyentes, fijando normas de uso de acuerdo con las preferencias de estos. Como la mayoría de los contribuyentes se oponen a la inmigración irrestricta, Kinsella sostiene que el Estado puede limitar el acceso de inmigrantes a las propiedades públicas, restringiendo así de facto la inmigración en el territorio. Pero hay varios problemas con esta tesis. Para empezar, la propiedad pública no pertenece a todos los contribuyentes sino sólo a los que han sido expropiados y a los contribuyentes netos (los que reciben del Estado menos de lo que aportan), luego en todo caso son sus preferencias las que deberían tenerse en cuenta. Por otro lado, ¿legitima una estimación de las preferencias de estos propietarios el uso de la fuerza? En segundo lugar, el uso que pudieran darle los contribuyentes como votantes no tiene por qué asemejarse al que le darían como propietarios de hecho. El propio Hoppe ha señalado que si los puertos, las estaciones, los aeropuertos y las carreteras fueran privados permitirían el acceso a cualquiera que pagara el precio, puesto que su negocio es precisamente el tráfico interregional, no la exclusión de inmigrantes. En tercer lugar, ¿por qué unas mismas normas uniformes para todas las propiedades públicas si sus propietarios tienen preferencias dispares con respecto a la inmigración? ¿Por qué no considerar qué parte de los recursos del país son propiedad de los contribuyentes pro-inmigración y que otra parte son propiedad de los contribuyentes anti-inmigración, y aplicar reglas de acceso distintas que permitan, de facto, la inmigración en el país? En cualquier caso, la tesis de Kinsella sólo autorizaría a restringir el acceso de inmigrantes a la propiedad pública, pero no el arresto y la deportación de inmigrantes que de algún modo han entrado en el territorio y se encuentran en propiedades que no son públicas sin agredir a nadie.

Hay quienes arguyen que abrir las fronteras mientras existan leyes anti-discriminatorias y masivas prestaciones sociales equivale a impulsar la integración forzosa y a desangrar a los contribuyentes, pero eso no es una razón para limitar la inmigración, sino para suprimir las prestaciones sociales y las leyes anti-discriminatorias. Una opción, defendida por autores como Huerta de Soto, es reivindicar la apertura de fronteras y al mismo tiempo la abolición de las prestaciones sociales para los inmigrantes, de un lado, y la denegación del "derecho a voto" hasta al cabo de unos años, de otro. De este modo la inmigración no se estaría incentivando artificialmente ni supondría un coste para los contribuyentes, y los recién llegados no serían utilizados con fines electorales ni podrían promover políticas de redistribución de la renta. ¿Es injusto este trato desigual? Sin duda lo ideal sería que las prestaciones sociales se abolieran para todos y que las decisiones las tomaran las personas y no los parlamentos, pero es más justa y deseable esta propuesta parcial que las barreras migratorias que tenemos hoy en día.

Sea como fuere no hay visos de que vaya a implementarse una política de este tipo. En Estados Unidos el senado se plantea reforzar la seguridad fronteriza, deportar a una parte de los inmigrantes ilegales y penalizar a aquellos que les asistan. Cientos de miles de inmigrantes han salido a la calle para reivindicar su permanencia en el país y un estatus legal. Muchos estadounidenses se quejan de que los inmigrantes dañan la economía porque reducen los sueldos de los nacionales, pero lo cierto es que los inmigrantes contribuyen a una mayor división del trabajo y eso repercute también en beneficio de los propios nacionales. Como indica Boudreaux, más individuos significa más creatividad, más capacidad para resolver problemas, más conocimiento, y a la postre, más prosperidad para toda la sociedad. Por otro lado, aunque la inmigración rebaje los sueldos de algunos nacionales por efecto de la competencia, ¿por qué tendría que privilegiarse a esos nacionales frente a los inmigrantes de países menos desarrollados?

Aparte de que eliminar el proteccionismo beneficiaría a los países pobres y eso desincentivaría la inmigración, un último punto a tener en cuenta es que restringir la libertad de movimientos supone dificultar el voto con los pies que hace que los países compitan entre sí para atraer inversiones y trabajadores, reduciendo así sus niveles de intervención. En la medida en que se apliquen políticas restrictivas menos individuos podrán emigrar de Estados relativamente más opresivos a Estados relativamente menos opresivos, y menos competencia entre estos Estados se experimentará.

Un individuo tiene derecho a decidir quién puede vivir, trabajar o comprar en su propiedad, pero no tiene derecho alguno a decidir quién puede vivir, trabajar o comprar en su país. Las barreras migratorias coartan la interacción voluntaria entre personas. Debe reclamarse su supresión junto con la de las prestaciones sociales y la denegación temporal del voto político, y en todo caso demandar que el Estado no inicie la fuerza contra los inmigrantes que han conseguido sortear sus alambres de espino e intentan prosperar entre nosotros.

Pon a salvo tu Visa

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Todo el mundo pudo escuchar como amenazaba a Microsoft, cual matón de barrio, en caso de que el sistema operativo Windows Vista no fuese como a ella se le antojaba. Pues bien, ahora le ha dado por molestar a quienes ofrecen sistemas de pago por tarjeta.

A Neelie y sus compañeros de comisión parece que lo único que les gusta de las tarjetas de crédito es usarlas. Le pasa lo que a mí, que me gusta hacer la compra en el mercado pero me cabrea que el tendero quiera que le pague. La mayoría de nosotros nos aguantamos y pagamos porque aceptamos la propiedad privada y el mercado. En mi caso el dueño de los tomates y las lechugas siempre me pide algo a cambio y a mi me suele convenir el intercambio. Si no me conviene me voy a otro tendero o planto tomates en mi terraza.

Sin embargo, Neelie y sus amigos ven las cosas de otra manera. A ellos les gusta el servicio que ofrecen las empresas de tarjetas de crédito pero no están de acuerdo con el éxito de Visa y Mastercard y no les gusta el precio que acuerdan en el mercado por el servicio que ofrecen. Y como las competencias que les han otorgado a estos comisarios son desmedidas, piensan que tienen derecho a multar, sancionar y exigir bajadas de precio como si se tratara de la poda de unos arbustos de su huerto.

El colmo de la desfachatez es que nos digan que acosan a Visa y a Mastercard porque las tarifas que pagamos por el servicio de usar esas tarjetas de crédito son en la práctica un impuesto sobre el consumo que encarece las compras una media del 2,5% en la Unión Europea. Equiparar el precio pactado libremente por el servicio de las tarjetas de crédito con las expropiaciones forzosas que llevan a cabo los gobiernos es una comparación obscena. Para colmo, eso nos lo cuenta la jefa de un grupo de privilegiados que cobran cada mes un sueldo estratosférico con cargo a las rentas arrebatadas a los ciudadanos europeos mediante todo tipo de impuestos confiscatorios.

Si tanto les preocupan los impuestos que afectan al consumo deberían trabajar gratis por la abolición de todas las tributaciones, porque lo cierto es que siempre los pagamos con cargo al consumo; unos consumiendo menos hoy y otros restringiendo el consumo de mañana. La incompetencia y arrogancia de quienes gobiernan el viejo continente no podría ser más palmaria.

Estado policial en las carreteras

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

El año pasado, sobre el total de los desplazamientos de Semana Santa, se produjo aproximadamente un 0,0006% de muertos, es decir, de 155.000 personas que cogieron el coche para ir a alguna parte, una murió. Le diré algo que dejará sorprendido a los aprendices de dictador de la DGT: ¡los accidentes pasan! ¡Y ocurren sin que nadie quiera que sucedan! Por eso son accidentes.

Sólo hay dos soluciones para que las muertes en la carretera dejen de producirse. Una es prohibir los vehículos motorizados y la otra prohibir las carreteras. Pero aún así los accidentes seguirán produciéndose en otras partes, por ejemplo, en la ciudad o el hogar. Después, ¿hemos de prohibir las ciudades o las casas que es donde se producen la mayoría de sucesos trágicos? ¿Hemos de instaurar estados policiales con recortes a la libertad individual y severas multas en nuestra ciudad y en nuestra casa con policías y jueces diciéndonos cómo organizar nuestra vida? El gobierno no es nuestro tutor ni amo, no somos de su propiedad; eso significaría que somos sus sirvientes y "teóricamente" es al revés.

Los burócratas nos recortan la libertad pero nosotros pagamos, en todos los sentidos, las consecuencias. ¿Es que ellos sólo no tienen responsabilidades, sólo derecho a imponerse sobre nosotros? Fíjese como enfocan el problema de los accidentes de tráfico, nosotros siempre somos los culpables: que morimos porque no llevamos el cinturón, porque conectamos la radio, que somos unos inconscientes, mienten al decir que sí se puede fumar en nuestro coche y luego nos multan… Pero hay carreteras en mal estado, mal señalizadas, escasos sistemas de seguridad pasivos, incluso coches abandonados que nadie retira por disputas entre ayuntamientos. Hay accidentes que se producen por estas negligencias y ni la DGT, ni la administración, responden por ellos. ¿Por qué pagamos impuestos de circulación pues?

Entonces, ¿hemos de obligarles a que se responsabilicen de sus negligencias? Nunca lo harán de forma real. Como nos demuestra el sentido común y la historia, si esperamos que el gobierno se preocupe de lo que teóricamente es garante las soluciones aún serán peores, los costes se elevarán y el desplazamiento rápido se hará imposible. La economía privada nos dio los coches y el gobierno atascos y carreteras inseguras.

Tomemos otro punto de vista más original y beneficioso para todos: la privatización. El profesor Walter Block, que en breve publicará un libro sobre este tema, y otros autores (Thomas DiLorenzo, Eric Peters, Gene Callahan…) han escrito en diversas ocasiones sobre la seguridad en las carreteras y las razones para privatizarlas, y lo han comparado con ejemplos históricos. Privatización, ahí está la alternativa. Sólo así haremos que el propietario privado de la carretera se haga responsable de lo que ocurre en su negocio. Sólo así lograremos crear a alguien que se preocupe de la seguridad por miedo a las pérdidas económicas y litigios. Sólo así crearemos un tipo de seguridad real y no de boquilla sin pisotear nuestra libertad. El gobierno no es responsable de nada, por eso nunca consigue sus objetivos.

¿Le resulta difícil creer que podamos privatizar las carretas? Las propuestas ya existen. Lo que es imposible es reducir a cero los accidentes de tráfico aun restringiendo la libertad y dinero de todos.

Para aprender liberalismo

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La economía en una lección, de Henry Hazlitt, acerca al lector de forma sencilla al razonamiento económico, con aplicaciones a situaciones concretas. Un libro más sistemático, pero del que el lector sacará mucho provecho son los viejos Principios de Economía, de Carl Menger. Ya, quien quiera profundizar y adquirir un conocimiento profundo de cómo "funciona" una sociedad, que se acerque con tiempo a las páginas de La Acción Humana, de Ludwig von Mises.

Pero la economía no es sino la interacción humana en un entorno institucional. De modo que es muy necesario entender cómo funcionan las instituciones, como el derecho, la propiedad, el dinero… La Libertad y la Ley, de Bruno Leoni, es una de esas joyas que le hacen a uno crecer en menos de trescientas páginas. Henri Lepage escribió un libro excelente, ¿Por qué la propiedad?, que lleva al lector a aprender lo más importante sobre esta institución fundamental. En español puede acudir a Propiedad y libertad, de Richard Pipes, y si habla inglés, no deje de leer The Noblest Triumph, de Tom Bethell. Si hablamos de instituciones y liberalismo, Friedrich Hayek es el nombre de referencia, y para acercarnos a su pensamiento sin tener que desentrañar sus obras más difíciles, lo mejor es leer La fatal arrogancia.

Para entender bien las sociedades libres es necesario captar la esencia de su opuesto, el socialismo. Acudamos de nuevo a Hayek para leer Camino de servidumbre, y también a Pipes, en su breve pero útil Comunismo. Si se desea profundizar, la crítica teórica del socialismo está en el libro del mismo nombre de Ludwig von Mises, y la histórica en El libro negro del comunismo, así como en el breve pero excelente El Holocausto, de César Vidal.

Es necesario saber cómo hemos llegado hasta aquí, quizás la mejor guía sea La riqueza y la pobreza de las naciones, de D. Landes. La mejor historia del siglo XX, sigue siendo Tiempos modernos, de Paul Jonson y para saber en qué situación estamos, la Defensa del capitalismo global, de Johan Norberg. Y si lo que le interesa al lector son las cuestiones de política económica, que no deje de leer Libertad de elegir de Milton Friedman. Fuera de catálogo, Riqueza y pobreza, de George Gilder.

Y como no todo está en los libros y estamos en la era de Internet, además de la página en la que ya está el lector, puede buscar buenos artículos en liberalismo.org, los comentarios del Instituto Juan de Mariana, e incluso Webinversor para aprehender lo esencial de la filosofía de la inversión. Que por falta de opciones no sea. En eso consisten las sociedades libres.