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Microsoft y la globalización

Para los economistas de la Escuela Austriaca los monopolios se alzan cuando el consumidor así lo quiere comprando sus productos y no otros; y acaban muriendo cuando la pequeña competencia que les rodea aprovecha los momentos bajos del "monopolio" para tomar la confianza del consumidor y desbancarlo con mejores productos. Así pues, toda empresa constituida siempre tiene tres ciclos: nacimiento, maduración y muerte. Los "monopolios" no son una excepción.

Aunque no domina el 100% del mercado, se ha acusado a Microsoft de monopolio, y directamente todos pensamos que esto es "malo". Pero en los últimos años Microsoft, tal y como se puede ver por su cotización, no da una. La última ha sido, una vez más, el aplazamiento de su nuevo sistema operativo Windows Vista.

Con todo, la competencia tradicional a los programas del gigante de Redmond no parece ser una amenaza real. Pero una de las características del libre mercado es la increíble explosión de innovación y bajos costes que crea. Esta semana supimos que una empresa china va a fabricar y comercializar ordenadores equivalentes a un Pentium III por unos 100 dólares. Su objetivo es desbancar a los principales fabricantes de hardware, Intel y AMD. Un reto nada fácil. Evidentemente si la empresa tiene éxito los burócratas de Europa y Estados Unidos le impondrán altos impuestos de entrada no vaya a ser que los consumidores nos ahorremos dinero y ellos no puedan inflar sus abultados sueldos, pero eso sí, será para nuestro "bien común".

Lo que inevitablemente nos sugiere este ejemplo es, ¿y por qué no puede otra empresa china fabricar productos ofimáticos a sesenta, cincuenta o cuarenta euros? En el terreno del hardware, China hace algún tiempo que está avanzando, y en el software empieza a introducirse ahora. En el estudio del libre mercado hay miles de ejemplos sorprendentes y positivos como este. El capitalismo está aflorando con mucha fuerza en algunos países de Asia y además tiene capacidad para fuertes mercados autónomos donde la creatividad occidental puede encontrar un refugio al estatismo europeo y americano. Pero, ¿cuál es la respuesta de Europa a esta "amenaza" de innovación, bajos costes, fuga de genios empresariales y capital? Los políticos, en lugar de abrir la mente (tal vez sea demasiado pedir), las fronteras, retirar impuestos… sólo discuten, restringen y regulan nuestra libertad haciéndonos perder dinero, oportunidades y un tiempo precioso.

No podemos hablar aún de la muerte de Microsoft, ni de Intel, ni del gran triunfo de China, pero sí podemos atisbar algo seguro. Si no abrimos nuestras puertas a la desregulación, a la liberalización sistemática de todos los sectores y sí, al capitalismo más "salvaje", Europa quedará en pocos años como África. Y es que las conclusiones del Dr. DiLorenzo no sólo son aplicables al monopolio natural, sino también a los países: predomina el mejor hasta que otro se adapta más a los cambios y gustos del consumidor, nada dura para siempre, y menos aún obstruyendo el libre comercio.

Energía y economía

La energía es la capacidad de realizar trabajo, que es como se llama en física al producto de la fuerza y la distancia durante la que actúa. Puesto que los elementos básicos de la economía son el hombre (y la relación entre los hombres) y el mundo, las cualidades esenciales de éste, que estarán entre los elementos de actuación de los hombres, tienen relevancia. La energía tiene relevancia para el hombre, porque le permite transformar el elemento natural y el que ya ha sido transformado por el hombre, para modelar porciones del mundo y ponerlos a su servicio. La energía permite desarrollar trabajo y el trabajo nos permite cambiar el mundo a nuestro deseo; ponerlo al servicio de nuestros anhelos.

Si observamos la historia humana de la energía, veremos que la principal fuente es siempre el sol, aunque el uso que hemos hecho de él ha cambiado con el tiempo. Aprovechamos la energía que captan las plantas, bien ingiriéndolas directamente, bien por medio de los animales que la ingieren. O incorporándolos a nuestra dieta o aprovechando su capacidad semoviente. Luego, el desarrollo de la agricultura es, en el fondo, una racionalización del uso de la energía solar. El músculo del hombre, inmediato pero pobre, fue su primera fuente de energía, a la que seguirá el fuego, la domesticación de los animales, y la agricultura.

Todavía le quedaban al hombre muchas fuentes por explotar. La madera es uno de ellos. No solo ganaba espacio al bosque para cultivar nuevas tierras, sino que explotaba el propio bosque, para transformar la madera en calor. Los siguientes pasos fueron el aprovechamiento de las corrientes de viento y agua. La invención de la máquina de vapor, en el XVIII, supuso un cambio cualitativo. Si "los romanos que vivían en época de Cristo hubieran entendido fácilmente la ciencia del siglo XVI", la invención de Watt lo hubiera hecho más complicado. El carbón multiplicó la capacidad del hombre de transformar la tierra y de comunicar personas y bienes para acercar aún más deseos y realizaciones. El petróleo y el gas, las otras dos fuentes importantes de hidrocarburos. El átomo es la última fuente puesta al servicio del hombre.

Por lo que se refiere a su producción, hay una tendencia notable, y es que la fuente tiene cada vez menos peso, y resulta crecientemente importante el elemento del capital o de red, para su producción y distribución. Por lo que se refiere al uso, hay que tener en cuenta dos ideas. Por un lado, cada vez necesitamos una energía más "refinada", más moldeable para la realización de propósitos concretos cuando la necesitamos y en el momento en que surge esa necesidad. El mero calor pierde importancia relativa ante las microondas, la electricidad o el láser. Y por otro, a medida que el esfuerzo físico del hombre es cada vez menos importante, su cualidad más preciada, la creatividad, el pensamiento y el conocimiento, gana en valor. Y esto es así, porque los deseos del hombre, como los concibe, son cada vez más posibles gracias a la acumulación de capital, al avance de la tecnología, y a contar con más y "mejor" energía.

¿Privatizar el Amazonas?

Hace unas semanas saltó a los medios de comunicación una de esas bombas que levantan la pasión de unos o la indignación de otros. Lula da Silva, una de las figuras clave del progresismo, el que desde las procelosas aguas de la lucha sindical llegó a la presidencia del país más poderoso de América del Sur, anunció sin que le temblara el pulso que tenía previsto privatizar el Amazonas para asegurar su conservación. No sólo eso, el principal grupo ecologista del mundo, el terror de los transgénicos y el amigo del lince ibérico y del desmán de los Pirineos, Greenpeace, estaba de acuerdo. Tal noticia, como no puede ser de otra manera, tiene truco. Realmente no estamos hablando de una privatización; es de nuevo una intervención estatal, pura y dura y nada novedosa.

La intención de Lula da Silva y de su gobierno es gestionar de manera sostenible el bosque distinguiendo el territorio en tres tipos de terrenos, las áreas de conservación, los destinados al uso comunitario por indígenas y pobladores tradicionales y los que se concede en forma de parcelas para la explotación forestal limitada a empresas privadas. ¿Privatización, dónde? El Estado brasileño hace algo similar a lo que suele hacer cualquier otro Estado, que por arte de la confiscación se apodera de todo aquello que pueda tener algún tipo de utilidad. Además, pervierte el término privatización quizá para atraer a cierto sector privado que puede sentirse molesto con el ecologismo más radical y que con esta medida podría tranquilizarse.

Que las empresas encuentran en lo estatal una fuente de dinero del que poder sacar algún pellizco es más que evidente si nos fijamos en cualquier sector público y no hay que irse al Amazonas ni al Congo para buscar ejemplos. Bastaría con echar un vistazo al sector de la construcción español. Decenas de empresas constructoras funcionan como oligopolios locales en torno a determinados concejales de todo signo y color, de izquierdas y derechas, que participan en esta corrupción generalizada. La posesión del suelo por parte del poder público, sea central, autonómica o estatal, y las políticas de vivienda protegida de las tres administraciones, es la razón de su existencia. La continua necesidad de construir vivienda pública para "intervenir en el mercado" termina tomando el dinero de los contribuyentes y alimentando a estos privilegiados que ven en los "concursos públicos" verdaderos cuernos de la abundancia.

El Gobierno brasileño ha trazado una política similar a la española. Primero, se apodera del suelo por decreto, nada menos que cinco millones de kilómetros cuadrados. Segundo, establece una política de protección sobre cada uno de los terrenos. Tercero, establece quienes serán los privilegiados, incluyendo en el lote a los indígenas o pobladores tradicionales, quizá con la idea de calmar al boyante movimiento indigenista que con el apoyo ideológico cubano y el petróleo venezolano ya ha conseguido importantes éxitos en Bolivia y pretende lograrlos en Perú y Ecuador. En cuarto lugar, organiza lo que podíamos llamar concurso público, en el que con seguridad y con la excusa de evitar que piratas y "falsas" ONG’s (otro de los sectores más cercanos a los dineros de los contribuyentes) exploten el bosque y hagan contrabando de madera o de cualquier otro producto selvícola, solamente determinadas empresas y no otras accederán en exclusividad a la tala de la madera tropical. La corrupción existente en Brasil –el presidente Lula Da Silva se ha visto muy afectado por lo ocurrido en su partido–, la inmensidad de la selva y la incapacidad de poseer recursos para vigilar todo lo protegido apunta a un inevitable fracaso de este plan.

Resulta fastidioso ver como una tras otra, cualquier medida proteccionista y estatalista termina en fracaso y su sustituta, no menos proteccionistas y estatalista, sigue el mismo camino del fracaso. La presencia de Greenpeace no deja de ser una espada de Damocles en el cabeza del gobierno brasileño. Recordando además que muchas otras organizaciones ambientalistas están en contra de la medida, el apoyo de la primera será relativo en tanto se cumplan sus expectativas. Cualquier desviación del plan original o de que los resultados no se acomoden a sus previsiones supondrá su retirada y por supuesto, una campaña denunciando todos los males del capitalismo, del libre mercado que ha pervertido al Estado brasileño y ha "privatizado" el Amazonas.

Homeschooling: ¿Elitismo o necesidad?

Niños que estudian en casa, atendidos por los padres o por educadores contratados para la ocasión, representan un nuevo escenario de aprendizaje en libertad, un espacio ajeno a la enseñanza oficial, que es despreciado por los mandarines culturales obsesionados con la integración social y la uniformidad educativa para todos.

Más allá de la denuncia positiva del intervencionismo que impregna por completo a la escuela, la enseñanza en casa es muy importante porque alecciona desde los primeros años de la vida de una persona para el futuro autoaprendizaje en el trabajo. El niño que aprende en el hogar, él solo o junto a pocos compañeros más, un día se hará adulto y deberá seguir conociendo, pulsando por su cuenta las propias experiencias si quiere alcanzar el perfeccionamiento personal. Así va el juego de existir: un juego a veces estimulante, en ocasiones desalentador, complejo, nunca cerrado, con etapas alegres y horas mediocres. El diploma gubernamental colgado en la pared no certifica también en la maestría de salir adelante.

Numerosas carreras universitarias apenas valen, según los casos, después de comenzar un empleo. La exigencia ahoga la sabiduría estandarizada. A su vez, las especializaciones –en instituciones públicas o no– adolecen, salvo honrosas excepciones, de los mismos vicios que el pergamino generalista: masificación, visión mostrenca de la realidad, apatía ante los obstáculos. Con un flamante título en propiedad, lo único que el candidato a un empleo le está indicando al empleador es que ha tenido suficiente fuerza de voluntad para esperar durante cinco años la obtención de una habilitación administrativa y que esa perseverancia del pasado presagia la tendencia laboral del futuro. En cierta medida, todos somos autodidactas porque desde determinada fecha nuestro título era una rémora. Cada uno elige su menú preferido de conocimientos porque reconoce lo que necesita descubrir en cada momento.

Después vienen, por supuesto, las consecuencias económicas positivas que el homeschooling lleva a las familias: ahorro en burocratismos, transporte, tiempo y material formativo. La lista de costes de oportunidad podría seguir. En su ensayo Migajas políticas, elescritor Hans Magnus Enzenberger, partidario ferviente de la autoformación, animaba incluso al Estado a deshacerse de los plúmbeos edificios educativos transformándolos en asilos, centros de salud u hogar para los sin techo.

El homeschooling es trascendental porque es la vida misma. Instruirse, superar baches codo a codo, conversar cada día con el maestro, abordar las dificultades que verdaderamente importan. Con el homeschooling el niño se entrena para el porvenir. Si corresponden los vándalos del barrio como compañeros de pupitre en el próximo curso, mejor dejamos la socialización para otro siglo. El homeschooling no es cuestión exclusiva de los pequeños: los mayores deberíamos aplicarnos las cualidades socráticas de este creciente fenómeno. No es la antiescuela. No es elitismo de institutriz. Es el arte de vivir porque saber en profundidad fue siempre asunto de uno solo.

Liberales árabes anónimos

Un chií, en el sur de Irak, ha puesto en marcha la web en árabe "Lámpara de libertad", desde la que difunde el pensamiento liberal en un idioma que, hasta ahora, no parece haber conocido esa palabra.

H. Ali Kamil ha traducido ya "La Ley", de Frederic Bastiat, y trabaja para publicar "Liberalismo" de Ludwig von Mises y "En defensa del capitalismo global" del sueco Johan Norberg, recién publicado en España. Su sitio web, inaugurado en enero, y que cuenta con la ayuda del Cato Institute, ya incluye 40 textos. No es el único que intenta llevar más liberalismo a Oriente Medio. Desde París, Pierre Akel mantiene el sitio web Middle East Transparent, en el que da voz a árabes de muchos países

Pero el libanés Akel no tiene los problemas de Ali Kamil. Y es que en Francia aún se pueden hacer estas cosas de cara y utilizando tu nombre. Pero Irak es un lugar más peligroso, de modo que Ali Kamil no es más que un pseudónimo. No le gusta claro, porque está orgulloso de lo que hace. "Este es uno de los trabajos –refiriéndose a la traducción de "La Ley"– en los que me duele que mi nombre no se destaque en la primera página", asegura. Recibe la ayuda del norteamericano Cato Institute, cuya idea original era fundar en Irak un think tank similar a él mismo, pero que tuvo que abandonarla cuando el candidato a dirigirlo se echó atrás a petición de su mujer, que temía por su vida. Por lo menos, Ali Kamil no padece los problemas de los iraníes, los chinos o los cubanos, cuyos gobiernos procuran prohibirles y limitarles el acceso a una Internet libre.

No es en Irak el único lugar donde hay que esconderse tras el anonimato. Las razones para escribir sin firmar con tu nombre pueden ser muchas. Desde elBatzoki.com ofrecen una que entendemos todos muy bien: "La falta de libertad en el País Vasco no tiene parangón en el mundo civilizado. No queremos ser como la mitad no naZionalista del Parlamento Vasco que se ve obligada a llevar protección". No siempre suceden cosas tan dramáticas. El blogger y colaborador de Libertad Digital Borja Prieto "salía del armario" –es decir, desvelaba su nombre real– hace unos meses y explicaba que en el momento de empezar a escribir en Internet sobre política "estaba en proceso de reincorporarme a la Administración, y la Administración en proceso de nombrar a personas afines al nuevo gobierno".

Meses atrás, el creador de una red de blogs de obediencia partidista al PSOE comenzó una campaña de diatribas en contra de quienes escriben amparados en el anonimato. O, para ser exactos, contra quienes escriben en contra del pensamiento de la secta. Parece que algunos echan de menos los tiempos en que todo lo que se publicaba podía ser objeto de represalia por parte del poder. Una cosa es que cada autor sea responsable de lo que escribe, lo que se consigue empleando siempre un mismo pseudónimo que permita identificar al autor con sus escritos, y otra que firme con su nombre y apellidos para poder ser represaliado cómodamente. Que es lo que se persigue, claro, aquí y en Irak.

Cuando la publicidad salva vidas

Buena parte de la respuesta ya la adelantamos la semana pasada. Según legisla la directiva 2001/83/CE, la publicidad de medicamentos está prohibida en la UE para aquellos que se expenden con receta, así como para los fármacos que los estados reembolsan total o parcialmente. El argumento que esgrime el poder político para mantener tal prohibición es el de proteger al paciente de la publicidad engañosa en que pudieran incurrir las compañías farmacéuticas.

No es de extrañar que los ciudadanos traguen con la prohibición de la publicidad de los medicamentos, pese a sus devastadores efectos: por ejemplo, que las personas no lleguen nunca a conocer la utilidad de un fármaco y, por tanto, no lo empleen para su propio bien, o que se queden en el camino numerosas innovaciones tecnológicas, o que los pacientes deban soportar precios más altos y menos competencia en el mercado, todo lo cual acaba costando múltiples vidas. A fin de cuentas, lo de la publicidad engañosa, cuyos conflictos ya se ocupa de dirimir la justicia, es casi lo único que llega a sus oídos, y presumen que las medidas políticas de nuestros representantes están tomadas con la mejor de las intenciones. Pero, cierto es, hay amores que matan.

La publicidad, definida como el establecimiento de "una comunicación impersonal y orientada al público sobre un producto u organización", es en realidad sólo una de las partes que integran toda la política de comunicación que desarrolla una compañía para proporcionar información valiosa a sus clientes, empleados o accionistas.

Ahora bien, imaginémonos un mundo sin publicidad, sin medios de comunicación, sin manera de informar sobre las cualidades que atesora un bien o una idea. La calidad de vida de los ciudadanos se vería menoscabada: sin transportes, sin internet, sin los ordenadores, sin agua corriente, sin luz, sin tantas cosas. Desconoceríamos la existencia de bienes útiles, a la par que dejarían de producirse bienes innovadores, al no compensar la inversión en algo que no llega a casi nadie.

Aparte de a la acción de los políticos, buena parte de la mala prensa de la publicidad es atribuible a un buen número de intelectuales, cuyas reflexiones se ofrecen con unos niveles de toxicidad extremadamente peligrosos para los humanos. No deja de ser irónico que ellos, que emplean como herramienta de trabajo el teclado, la palabra, echen pestes contra la publicidad.

¿Quién, si no ellos, debería defender la libertad de información? Ellos mismos se venden continuamente, en televisión, radio, prensa, saraos, exposiciones, presentaciones… Ellos, como marca y producto a la vez, ¿no son conscientes de que, si la gente no supiera quién escribe los libros, y de qué tratan, no venderían un solo libro? Quizá saben muy bien qué es la publicidad engañosa. Piensa el ladrón que todos son de su condición…

La opinión del economista neokeynesiano John Kenneth Galbraith sobre la publicidad es ampliamente conocida por publicitada. Paradójicamente, le revuelve las entrañas. Así, afirma en un reciente libro que "la creencia en una economía de mercado en la que el consumidor es soberano es uno de los mayores fraudes de nuestra época". "La verdad es que nadie [ni siquiera él, añadimos nosotros] intenta vender nada sin procurar también dirigir y controlar su respuesta".

Yendo un poco más allá de sus palabras, sacaríamos la conclusión de que el concepto que tiene de sus congéneres es muy bajo; les atribuye un nivel intelectual insignificante frente al suyo propio, que, como bien se sabe, es abracadabrante. La gente es tonta, ilusa e incapaz de elegir bien; "elegir bien" consiste en elegir lo que diga John Kenneth Galbraith.

Ludwig von Mises, quizás el autor más conocido de la Escuela Austríaca de Economía junto con Friedrich A. Hayek, desarrollaría un planteamiento totalmente opuesto. Así, rescataría el término, acuñado por W. H. Hutt, "soberanía del consumidor" para mostrar cómo se toman las decisiones de producción en una sociedad con recursos escasos. Mientras los autores socialistas consideran que la burguesía domina y dirige las decisiones de los demás individuos, Mises afirma:

"Los capitalistas o empresarios llevan el timón del barco, pero son los consumidores los que les dan las órdenes, los que capitanean el navío. Ellos son los verdaderos jefes. A través de su poder de compra o su abstención, deciden hacia dónde se dirige el capital. Determinan qué debería ser producido, y en qué cantidad y calidad. Ellos convierten a hombres pobres en ricos y a hombres ricos en pobres. No son jefes fáciles, son impredecibles, llenos de caprichos. No les importan los méritos pasados. En cuanto algo en el mercado les gusta más o es más económico, abandonan a sus anteriores proveedores".

Los críticos de la publicidad muestran, además, una enorme estrechez de miras al presumir que la única finalidad de aquélla es promocionar un bien a un público objetivo para que éste lo compre. Las implicaciones de la publicidad van mucho más allá. Afectan de lleno a todo el proceso industrial, desde el lanzamiento de innovaciones a la rentabilidad de una línea de producción.

La industria farmacéutica vuelve a ofrecernos ejemplos muy clarificadores de los efectos demoledores de las trabas a la publicidad. El precio final de un medicamento depende del periodo que se necesita para recuperar la inversión realizada en todo el ciclo de vida del producto: la fase de investigación y autorización, el lanzamiento del producto y lo que éste perdure en el mercado.

La propia naturaleza del sector farmacéutico provoca que, necesariamente, estos procesos tiendan a extenderse. Si a la larga fase de investigación y desarrollo y a la fuerte burocracia que implica su aprobación se une el hecho de que se está impidiendo dar a conocer al público un producto en el momento de su salida al mercado, los consumidores estarán ciegos a su existencia y finalidad y las remesas del mismo acumularán polvo en los estantes de las farmacias.

Cada año, cada mes, cada día que pasa engordan los costes financieros (los intereses) que soporta la compañía. Se hace necesario elevar los precios para atender estas cargas. Como no todos los fármacos son igualmente vendibles cuando se eleva su precio, aquellos que no alcancen una cuota de mercado suficiente simplemente no llegarán a desarrollarse. Los recursos que podrían utilizarse para paliar males o salvar nuevas vidas se acaban empleando en cualquier otra actividad menos intervenida y en la que ni la publicidad ni la rentabilidad sean miradas con recelo.

Es precisamente donde no existe publicidad donde decrece la competencia y aumentan los precios. Sin publicidad, la guía de consumo de los individuos reside en la experiencia propia o en la de los más allegados. Este escenario refuerza la posición dominante de las empresas ya establecidas frente a nuevos proyectos. Las primeras tienen mayor asentamiento y notoriedad en el mercado y disponen de un colchón financiero mayor para realizar nuevos proyectos de inversión y, en su caso, aguantar con los beneficios de otros productos ya maduros en el mercado. En cambio, las empresas nacientes, sin valerse de la publicidad, se verán abocadas al fracaso, entre otras razones, por la eternización de los plazos de retorno de la inversión o porque habrán de fijar precios menos competitivos.

Así, la prohibición de la información y la publicidad de los medicamentos no sólo tiene graves consecuencias sobre la salud pública en el presente, sino que causa un perjuicio irreparable sobre la calidad de los medicamentos con que podremos contar en el futuro.

Contra el despido libre y la creación de empleo

A primera vista debería parecernos obvio que cuanto menos se obstaculice el despido más atractivo resultará contratar trabajadores, y viceversa, cuanto más se dificulte el despido más arriesgado y costoso se tornará contratarlos. Ante la disyuntiva de dar empleo a un trabajador adicional el empresario se planteará la eventualidad de que éste no rinda lo esperado o de que sus servicios devengan prescindibles. Si el despido es libre, el empresario nada pierde por contratar al trabajador, pues puede despedirlo tan pronto como deje de considerar valiosa su contribución. Pero si no puede despedirlo libremente el individuo puede convertirse en una pesada carga y es posible que el empresario no quiera correr el riesgo de que eso ocurra y prefiera no contratarle. En otras palabras, la prohibición del despido libre hace menos atractiva la contratación, luego genera desempleo.

Los miles de jóvenes franceses que han tomados las calles y las universidades estos días en protesta por las reformas que quiere introducir el Gobierno no comprenden que la prohibición del despido libre no impide que sean despedidos, sino que sean contratados. El nuevo plan de empleo propuesto por el Gobierno de Chirac permitirá el despido libre de los jóvenes de menos de 26 años durante los 24 primeros meses de contrato. Aunque se trata de una medida tímida y parcial, cualquier paso en la dirección de una mayor flexibilización del mercado laboral (eufemismo de libertad de contrato) debe enjuiciarse positivamente. La tasa de desempleo en Francia es del 9,6%, entre los jóvenes alcanza el 23% y entre los jóvenes sin titulación sobrepasa el 40%. El despido libre permitirá que a los empresarios les salga a cuenta contratar a jóvenes poco cualificados o sin experiencia laboral que de otro modo no hubieran sido contratados.

Es preciso entender que la prohibición del despido libre, como la limitación de la jornada laboral, las cotizaciones sociales, las vacaciones pagadas o cualquier otra regulación que afecta a los trabajadores supone un coste que se carga a los trabajadores. Son costes que el empresario traslada a los empleados rebajando su salario, y en caso de que no tenga margen para rebajar más su sueldo (por la existencia de un salario mínimo o porque la contribución del trabajador se considera poco valiosa) no le resulta rentable contratarlo. Pensemos, por ejemplo, en las vacaciones pagadas que en teoría corren a cuenta del empresario. El trabajador no percibe en total más de lo que hubiera percibido si no fuera obligatorio el pago de las vacaciones. Es decir, si el empresario le estaba pagando un salario de 100 no pasa a pagarle 100 más unas vacaciones de 10, sino 90 más unas vacaciones de 10. Esto es así porque el empresario no pagará al trabajador más de lo que éste aporta con su trabajo (de lo contrario no le sería rentable), y si tiene que pagarle unas vacaciones por un lado reducirá su salario por el otro. La prohibición del despido libre comporta igualmente una reducción de la remuneración del trabajador, porque si el empresario debe asumir el riesgo de tener que indemnizarle por despido (o quedárselo sin que le sea útil) le reducirá su salario como compensación. El coste de no poder despedir libremente a un trabajador en combinación con los costes de las demás regulaciones condenará al desempleo a los individuos con una productividad menor, por ejemplo a los jóvenes no cualificados o sin experiencia laboral. Explicado de una forma más gráfica: las regulaciones como la prohibición del despido libre encarecen la contratación. ¿Y qué sucede cuándo algo se encarece? Que se compra en menos cantidad. El precio de la fuerza de trabajo sube, los empresarios compran menos fuerza de trabajo y el desempleo aumenta.

Hay que tener en cuenta también que, del mismo modo los salarios se elevan en el mercado sin necesidad de que haya salarios mínimos (la mayoría de salarios están muy por encima del salario mínimo), las condiciones laborales se ajustan paulatinamente a las preferencias de los trabajadores sin necesidad de intrusiones legislativas. Los empresarios compiten entre sí para captar trabajadores, y en la medida en que estos prefieran una jornada laboral más corta, un horario más flexible, una baja por maternidad o una indemnización por despido en lugar de una remuneración más alta los empresarios tenderán a ofrecérselo para atraerlos.

Así como los trabajadores pueden "despedir" a los empresarios cuando quieren, rescindiendo el contrato para aceptar una oferta más ventajosa, los empresarios deberían poder despedir libremente a los trabajadores cuando juzguen que les cuesta más de lo que aportan. Los manifestantes franceses creen que la prohibición del despido y en general las regulaciones laborales benefician a los trabajadores cuando lo único que hacen en realidad es recortar su libertad de elección y reprimir la creación de empleo.

La podredumbre antiliberal aflora en Francia

En concreto, el Gobierno de Villepin está intentando permitir que empresarios y trabajadores menores de 26 años puedan acogerse a un contrato donde no se penalice el despido durante los primeros 24 meses de trabajo. Sindicalistas y estudiantes aborregados han salido a la calle para exigir la retirada de este "contrato de primer empleo": la medida favorece la precariedad y el despido.

La aspiración de estos grupúsculos de intereses creados no es otra que estatalizar la empresa privada para así convertirse en una nueva casta funcionarial; quieren trabajar toda la vida en la misma empresa, y para ello defienden que se siga penalizando el despido. No se dan cuenta de que la economía no se somete a parámetros tan simples como la mente constructivista de los políticos, ni de que su oposición a tan tímida pero necesaria reforma sólo consolidará la situación de un paro juvenil que ya es más de dos veces superior a la tasa de desempleo general. Es más, como rápidamente veremos, el propio mercado se encarga de sancionar aquellos despidos arbitrarios y no fundamentados en la satisfacción del consumidor.

El punto de partida es que en el mercado –tampoco en el mercado secuestrado por el Estado francés– no pueden asegurarse puestos de trabajo permanentes; los empresarios intentan satisfacer las necesidades de los consumidores, y éstas van cambiando. No existe ni puede existir estabilidad en la economía; no existe ni puede existir un puesto de trabajo asegurado al margen de las valoraciones de consumidores y empresarios.

El despido y el cambio de puesto de trabajo sólo expresa una modificación en las necesidades de los consumidores. Y es que aun si aceptamos, a efectos dialécticos, la maldad insuperable del empresario, en un despido podemos encontrarnos sólo con dos situaciones: 1) el trabajador sigue siendo necesario en esa ocupación, pero un luciferino empresario está obsesionado con despedirlo para arruinar a su familia; 2) ese puesto ha dejado de ser necesario para satisfacer a los consumidores.

En el primer caso, el empresario ya es penalizado por el propio mercado, por lo que no es necesario que el Estado imponga sanciones adicionales. Si un empleador despide a los trabajadores que son rentables estará dejando de ganar dinero, de manera que, muy posiblemente, otros empresarios contraten a esos mismos trabajadores, consiguiendo una creciente cuota de mercado a costa de aquél. La razón es sencilla: un puesto de trabajo rentable significa que satisface a los consumidores; el empresario que despide a la gente rentable no está sirviendo a los clientes, sino a sus fobias y objetivos particulares (en este caso, arruinar al trabajador).

El capitalismo no es clemente con los malos empresarios: no hay favoritismos ni privilegiados. Sólo aquellos que satisfacen a los consumidores pueden prosperar en el mercado.

En el segundo caso, carece de sentido penalizar el despido de unos trabajadores que han dejado de ser necesarios en una empresa y que se precisan con urgencia en otra. Este tipo de políticas sólo sirven para consolidar líneas de producción que los consumidores han dejado de valorar en perjuicio de otras que sí valoran pero que no llegarán a surgir por falta de factores productivos.

En última instancia, una ocupación no rentable significa precisamente esto: que el coste de oportunidad de un trabajador (el valor de aquello que hubiera podido producir) es superior al valor de lo que actualmente produce. Su salario le permite consumir bienes y servicios más valorados que los que él mismo ha producido, por tanto deberá aceptar reducciones en su salario o buscar trabajos más valorados por los consumidores.

En otras palabras, no es necesario penalizar el despido: al hacerlo, sólo estamos privilegiando a los trabajadores que tienen un empleo en la actualidad en perjuicio de los consumidores, los empresarios y los trabajadores que todavía no han encontrado un puesto de trabajo. De ahí que el sindicalismo –que recoge en buena medida los intereses corporativos de los trabajadores ya empleados– se oponga tan furiosamente al "despido gratuito".

Lo incomprensible es que los estudiantes franceses –salvo los que viven del erario público y la coacción estatal– sigan con este disparatado juego. Tan grande es su ignorancia que no se dan cuenta de que están atrancando su contratación, y en particular su contratación indefinida.

Despidos más gravosos significan una economía más renqueante, más atrofiada y con menores posibilidades de adaptación; ni se permite reducir las líneas productivas sobrantes ni crear las necesarias. En otras palabras, más paro, menores salarios, más precariedad y, sobre todo, una deslocalización más intensa.

El Estado no puede lograr un mundo sin despidos, ya que la sociedad se caracteriza por el cambio dinámico; y, en todo caso, ese mundo de empleo inmutable no puede alcanzarse a través de la penalización del despido. La sociedad francesa no levantará cabeza hasta que comprenda que no es posible doblegar la economía a través de la Ley: por muy laico y deicida que sea el Estado francés, no puede ocupar el lugar de Dios.

Y es que, como decía Mises, podemos ignorar la ciencia económica, pero no conseguiremos suprimirla; apelando a la coacción como solución a todos los problemas sólo se logrará "destruir la sociedad y aniquilar el género humano".

Los franceses –y los europeos en general– deben despojarse del velo de ignorancia con que los han recubierto el Estado y sus ingenieros sociales. En caso contrario, la devastación de la sociedad, el cercenamiento de la libertad y el soterramiento del bienestar devendrán inevitables. Los estudiantes están construyendo el panteón de su propia miseria.

El negocio fotovoltaico

La Trujillo, que ha apadrinado ideas como los minipisos o regalar zapatillas kelifinder para fomentar el alquiler entre los jóvenes, ha parido otro plan genial para los españoles. Se trata de un nuevo código de edificación, un nuevo árbol de regulaciones que van a condicionar hasta el más pequeño aspecto de la promoción y construcción de viviendas.

Entre otras cosas, obligará a la implantación de placas solares, cuyo aporte tendrá que representar entre el 30 y el 70 por ciento de la energía, en función en función del volumen diario de agua caliente previsto, con un porcentaje mínimo de la electricidad. Colocar placas en los techos de los edificios es un lujo muy caro. Uno se pregunta cuál puede ser su utilidad bajo los plomizos cielos de Oviedo o Santiago de Compostela, pero la ley de Trujillo no entiende de matices o diferencias regionales o individuales. Placas para todos, sean o no rentables, que para eso están los ministerios. Para decidir lo que nos conviene en vez de que ejerzamos nosotros ese derecho.

La ley nos saldrá muy cara. Según constructores y promotores, entre un 3 y un 5 por ciento de la construcción de nuevas viviendas. Pero no todo son pérdidas, claro está. Esta ley, que según la vicepresidenta modernizará el sector inmobiliario, va a renovar y modernizar los bolsillos de los productores e instaladores de placas fotovoltaicas. Los beneficios serán enormes, y todo por satisfacer una necesidad falsa, creada artificialmente por una ley que obliga a todos, pobres y ricos, quienes le sacarán algún provecho y quienes no lo verán, a instalar placas. Esto de obligar incluso a los más pobres a que se gasten el dinero en lujos que alimentan las ensoñaciones energéticas de nuestros dirigentes socialistas debe de ser muy de izquierdas.

Además, es inútil. Necesitaremos más y mejor energía en el futuro, y las llamadas renovables no podrán ni de lejos ponerlo en marcha, más que en una parte muy pequeña. No son una solución; esa es la razón por la que socialistas de todas las bandas nos la quieren imponer. Les atemoriza el desarrollo de sociedades libres y prósperas, y por ellos volveríamos a la época de las velas y los candiles antes que aceptar el veredicto creador de la producción de energía por y para el mercado. Esto es, por y para la gente.

Majaderías sobre la deslocalización

Los miembros del CES tienen que tener muy poquita idea de los procesos sociales para soltar semejante majadería. La deslocalización no es más que un aspecto del avance el maravilloso proceso de división del trabajo y del conocimiento a escala internacional. En esencia no es más que el fenómeno que podemos observar cuando un dentista decide contratar a un asistente para la limpieza de su instrumental médico a pesar de que es consciente de realizar mejor ambas labores, la médica y la del mantenimiento del material. El dentista deslocaliza o "despersonaliza" la activad de la limpieza porque, a pesar de hacerla él mejor, producirá más riqueza si se especializa en la tarea que relativamente mejor sabe hacer y deja a otro realizar la que puede llevar a cabo con menos ventaja productiva. Los dos salen beneficiados del proceso.

De hecho todos los miembros que cooperan en una sociedad salen ganando gracias a este proceso que guía la especialización y la división del trabajo. Es importante entender que el hecho de que una persona (o un país) sepa hacer todo mejor que otra persona (o país) no representa un obstáculo para que le interese renunciar a la realización de algunas actividades e intercambiar los frutos de la actividad en la que se especializan con otras personas (o países).

Si el proceso de división internacional del trabajo que resulta en nuevas localizaciones de ciertas fases de la producción se produce de forma natural, es decir, sin imposiciones políticas, resultará en un gran beneficio para todos. Aunque una actividad deje de estar situada en nuestro país, como en el caso del dentista y su asistente, nos beneficiaremos del avance de la especialización. Intercambiaremos con quienes ahora lo producen con una mayor ventaja comparativa y nos podremos dedicar más a actividades en las que destacamos por nuestra productividad. Compraremos los productos deslocalizados a mejor precio y venderemos los productos en los que obtenemos una mayor ganancia. Se extinguirán algunos empleos pero se crearán muchos más.

El problema viene dado porque gran parte de las deslocalizaciones son provocadas por los políticos, por los sindicatos o por empresarios que gozan de privilegios. En esos casos muchas empresas cierran porque las regulaciones hacen ventajoso un traslado artificial a otro lugar dando lugar a una pérdida de productividad, empleo y nivel de vida.

Por eso, el consejo que nos da el Consejo es una gran equivocación. Son los propietarios de la actividad quienes tienen que valorar si sigue siendo beneficioso mantener la actividad en un lugar o si, por el contrario, es mejor deslocalizar. La gestión conjunta que plantean, así como la intensificación del apoyo de los poderes públicos, sólo puede traer pérdida de productividad, de trabajos y de bienestar. Y no creo que sea eso lo que el Consejo quiere para España.