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Espionaje por decreto

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Tanto el Gobierno británico como, más recientemente, el canadiense han orquestado una campaña de concienciación social para que el masivo rechazo de la ciudadanía a la impopularísima National Identification Card vaya reduciéndose. El asunto, para desgracia de los anglosajones, vuelve a estar sobre la mesa. Es el momento adecuado para denunciarlo.

Recordemos que la implantación de semejante medida da lugar a dos obligaciones inmediatas; la primera: todo individuo deberá comunicar al poder político una parte sustancial de su información personal; la segunda: todo ciudadano deberá llevar el DNI permanentemente consigo.

En España estas dos obligaciones están plasmadas en el artículo 2 del reciente Real Decreto 1553/2005, donde se nos dice que los mayores de 14 años tienen la obligación de obtener el DNI y de exhibirlo cuando la autoridad así lo requiera.

Tanto el Gobierno británico como el canadiense justifican esta restricción a las libertades individuales escudándose en la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal. También en España han sido éstos los pretextos de peso para justificar la continuidad del DNI. Así, por ejemplo, la Ley Orgánica 1/1992, cuya temática es "la protección de la seguridad ciudadana", incluye (en sus artículos 9 y 11) la necesidad de obtener y mostrar el DNI.

Nuestros políticos deberían estar menos obsesionados con sacrificar nuestra libertad en el dudoso altar de la seguridad estatal. Las crisis no deben servir como punto de apoyo para que las burocracias y los controles administrativos se expandan. La respuesta a cada problema, a cada adversidad, no puede consistir en un recorte de libertades auspiciado por la glotonería estatal. La libertad no es el obstáculo en la lucha contra el terrorismo, sino el valor que preservar.

Pero es que, además, tales atropellos acreditan una inutilidad que sólo suele ser la antesala de coacciones más intensas. La dependencia del poder político no nos ofrece mayor seguridad y protección, sino una menor autonomía y fortaleza. Como dice el congresista republicano Ron Paul: "Subyugar el ciudadano a la vigilancia política nos hará de hecho menos seguros, porque desviará recursos que podrían dedicarse a luchar contra los terroristas y los despilfarrará en perjuicio de americanos inocentes".

Eliminar la libertad de armas entre los individuos no afianza la paz, sino que desprotege a la ciudadanía frente a los delincuentes, que siempre podrán adquirir armas de contrabando. Del mismo modo, implantar un DNI no va a conseguir que los terroristas y los inmigrantes ilegales registren puntualmente sus datos, sólo va a servir para que el ciudadano respetuoso con las leyes sufra el peso de las sanciones ante cualquier olvido.

Repitámoslo una vez más: los terroristas no se someten al ordenamiento jurídico, ni cuando se les prohíbe matar ni cuando se les ordena un registro de sus datos. Si pretenden delinquir, es obvio que pondrán todos los medios a su alcance para que no sea posible identificarlos.

No deja de ser paradójico que el Gobierno inglés defienda el DNI como instrumento antiterrorista, cuando nuestro país ha tenido la desgracia de padecer el mayor atentado de la historia de Europa. ¿De qué sirvió entonces el DNI en España? ¿Acaso ha permitido combatir el terrorismo de algún modo? ¿En qué sentido le resultaba más fácil al IRA atentar sin DNI que a ETA con DNI?

Lo cierto es que el sadismo y el ingenio maligno de los terroristas no se verán refrenados por el lento papeleo de la burocracia pública; no es infrecuente encontrar, por ejemplo, a delincuentes con media docena de DNI falsificados, a los que, en cambio, nunca accederá una persona honrada. La mentira y el camuflaje son tácticas que los criminales necesariamente deberán poner en práctica, haya o no DNI. ¿Alguien confía en que podrán ocultar las bombas y las pistolas pero no sus rostros o su documentación?

Los problemas del DNI, con todo, no consisten solamente en su ineficacia antiterrorista manifiesta; la acumulación de datos personales en manos del poder político sienta las bases para dislates de mayor envergadura. No deberíamos limitarnos a valorar las reformas políticas únicamente por sus efectos esperados a corto plazo, también por las cajas de Pandora que podría llegar a abrir.

El problema de prohibir la tenencia de armas, por ejemplo, no es sólo la pequeña criminalidad que estimula, sino que permite degeneraciones estatales abocadas a grandes genocidios. La Segunda Enmienda de la Constitución americana, de hecho, tiene como principal objetivo permitir que la ciudadanía se defienda de gobiernos tiránicos.

Del mismo modo, la implantación del DNI proporciona a los Estados información personal que, de otro modo, sólo podrían haber conseguido a través del espionaje. Los gobiernos pasan a disponer de una base de datos centralizada que pueden emplear para cualquier propósito.

Conocido es el caso del judío Meyer Rubinstein, a quien en 1950 lo detuvo la policía por no haberse registrado nunca para obtener su DNI. No es de extrañar que Rubinstein recelara de los usos que el Estado inglés pudiera darle a tal información; la Shoá había ocurrido apenas diez años antes.

¿Qué frena a cualquier Estado para que, una vez recolectados los primeros datos, reclame más información? Es más, ¿qué impedirá que los gobiernos, dentro de poco tiempo, pasen a exigirnos también muestras de nuestro ADN? No sería la primera vez que se oyen propuestas de bases de datos policiales con la información genética de toda la población. ¿Alguien sigue pensando, después de la utilización espuria de los historiales clínicos, que los políticos son respetuosos con la información que coactivamente les proporcionamos?

Pero, por si fuera poco, las aplicaciones totalitarias del DNI van mucho más allá. Actualmente ya se emplea para restringir la venta de tabaco o de alcohol, y no es improbable que sus usos discriminadores vayan en aumento. Cuando no existe obligación de acreditar nuestra edad, nuestra residencia o nuestra ascendencia, difícilmente puede regularse el comercio y la producción en función de cualquiera de estos parámetros.

Sin embargo, una vez el individuo tiene que plasmar semejante información privada en un documento público, éste puede convertirse en requisito de cualquier acción jurídica. ¿Se imaginan una restricción de la circulación de automóviles en función de la fecha de nacimiento? (Una medida muy parecida se ha instaurado en diversos países europeos a partir del número de la matrícula) ¿O una prohibición de adquirir ciertas mercancías o de acceder a determinados lugares en función de la procedencia "no nacionalista" de los apellidos?

El DNI obliga a que cada persona renuncie a su privacidad a cambio de una dudosa seguridad. Los individuos deben ser libres para ocultar todos aquellos datos sobre su pasado o su presente que consideren peligrosos o desagradables. Nadie debe quedar marcado como si de una res de ganado se tratara; la violencia no puede iniciarse contra aquél que no quiera revelar cierta información.

Si la lucha contra la delincuencia y el terrorismo justifican la conculcación de nuestra libertad, entonces la presunción de inocencia queda enterrada, y con ella el Estado de Derecho. En España, en Canadá y en el Reino Unido.

Siempre Ganamos Algunos Euros

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Ya no existe; fue cerrada por su autor tras una demanda de la sociedad dirigida por Teddy Bautista, aunque las malas lenguas aseguran que tanto uso de los juzgados para callar bocas supone una prueba irrefutable de que se ha convertido en la sucursal española de la Iglesia de la Cienciología. No hace falta mucho esfuerzo para imaginarse a Pedro Farré como auditor del nivel OT-III.

El club de OT no es el único cuya intolerancia a la crítica procura que se cierren sitios. La jihad de las caricaturas no podía dejar de lado Internet. Los ataques no se han limitado a sitios web daneses; los blogs norteamericanos de Michelle Malkin o Zombietime también han sido asaltados. La diferencia entre unos y otros es evidente, clara como la diferencia entre quienes queman embajadas y quienes mandan cartas a los periódicos; unos son civilizados y emplean los tribunales y las protestas pacíficas mientras los otros permanecen aún en la Edad Media, accediendo a los beneficios de un mundo globalizado sólo para poder comprar banderas danesas.

Por eso es completamente inadmisible el proyecto de unos crackers de atacar la web de la SGAE durante un festival musical. La SGAE tiene perfecto derecho a expresar su opinión en Internet, por más que haga todo lo que pueda por intentar negarle ese mismo derecho a los demás. Porque aunque le pueda acoger el derecho de recurrir a los tribunales, al igual que sucede con AXPE, resulta una costumbre irritante y bastante perniciosa en términos de relaciones públicas. En Internet, la crítica se responde con críticas a la crítica, no con demandas; algo similar debiera hacerse fuera, en el reino del CAC. Pero claro, qué otra cosa va a hacer un ente que se dedica a extorsionar a los que montan obras con discapacitados y que llama pendejos a los internautas que lo critican.

Es comprensible que, viendo el éxito que tienen los sindicatos los días de huelga empleando la violencia, haya quien quiera imitarlos en Internet. Pero por la magra satisfacción de ver caído, suponiendo que tengan éxito, el sitio web de la SGAE, lograrán dar hechos con los que éstos puedan basar sus críticas al colectivo de los internautas. Tampoco es que los necesiten; nos insultan por costumbre y por decreto. Pero ahora tendremos que darles la razón con respecto a una parte de nosotros.

Sobre la escuela pública y el laicismo impuesto

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

La bandera del laicismo en la escuela pública ha sido enarbolada recientemente por varios liberales (1, 2, 3, 4) y es en este contexto que cabe reseñar la confusión en la incurren los que pretenden dar un "uso más liberal" a una propiedad pública.

Imponer una enseñanza laica no es más liberal que imponer una enseñanza religiosa. Es la no-imposición de una enseñanza determinada, sea cual sea ésta, lo único que puede considerarse acorde con los derechos individuales. En tanto exista la educación pública, arguyen algunos, desde el liberalismo debe exigirse que sea laica, como si hacerlo supusiera dar a la educación estatal un uso más liberal. Pero el debate en estos términos está mal planteado. No se trata de oponerse al avance gradual de la libertad convirtiendo lo mejor en enemigo de lo bueno. La cuestión es que la propiedad pública no tiene "usos liberales", porque un "uso liberal", un uso conforme con los principios liberales, es aquél que parte de la elección de su legítimo propietario y el Estado simplemente no es el legítimo propietario de la red de escuelas públicas.

En ocasiones hay quien dice: "bien, si la propiedad es privada es el propietario quien decide si se puede fumar o no, pero si es pública, ¿qué es más liberal, que se permita fumar o que se prohíba?" La respuesta es que ninguna de los dos opciones es más liberal que la otra, que cualquier decisión del Estado en este sentido carecerá de legitimidad y la pregunta está mal formulada. En el caso de las carreteras y las calles, por ejemplo, mientras continúen siendo públicas seguirá habiendo conflictos de intereses en relación con su uso e imposición arbitraria de normas. Unos querrán que se corte la avenida principal para poder manifestarse y otros querrán que permanezca abierta para poder circular por ella. Unos desean prostituirse en la calle y otros no desean ver a las prostitutas en las esquinas de sus barrios. Unos anhelan poder correr más en la carretera y otros prefieren que haya límites de velocidad. ¿Acaso alguna de estas reivindicaciones es más legítima que su contraria? Nótese que la pregunta no es si hay reivindicaciones más razonables que otras, sino más legítimas. ¿Es más liberal, por ejemplo, que haya un límite de velocidad en la autopista? Puede que en un hipotética sociedad libre algunas autopistas privadas no instituyeran límites de velocidad, ¿acaso sería antiliberal?

Que una propiedad pública no tenga usos más legítimos que otros desde un punto de vista liberal no significa que no pueda considerarse que un uso concreto sea más razonable o juicioso que otro. Por ejemplo, no es legítimo que el ministerio imponga una asignatura de inglés como tampoco es legítimo que imponga una asignatura de costura, pero podemos aventurar que en un escenario en el que la enseñanza estuviera liberalizada los padres demandarían clases de inglés y no clases de punto. Imaginemos que virtualmente todas las familias españolas fueran muy católicas y quisieran que sus hijos tuvieran una educación religiosa. No sería legítimo que la escuela pública fuera religiosa (por ser pública, no por ser religiosa), pero indudablemente se ajustaría más a las preferencias de la mayoría de los padres, que son los que en una sociedad libre escogerían el tipo de educación que fueran a recibir sus hijos. En este sentido las medidas encaminadas, por ejemplo, a dotar a los padres de un mayor margen para que elijan el tipo de enseñanza pública que tendrán sus hijos (religiosa, laica o lo que fuera) nos acercarían un poco, aun sin ser medidas estrictamente liberales, al resultado que se hubiera producido en el libre mercado, y puede que tengan por ello cierto mérito.

Debe quedar claro, no obstante, que como liberales no podemos decir que una enseñanza pública laica sea más legítima que una enseñanza pública religiosa o viceversa. La escuela pública es ilegítima per se y debe privatizarse, y en tanto exista todo lo que emane de ella constituye, por definición, una imposición del ministerio. Algunos liberales están de acuerdo en que la privatización de la enseñanza es el objetivo último pero en nombre del gradualismo y el pragmatismo dedican esfuerzos a reivindicar que la escuela pública se amolde a sus particulares preferencias. Los que defienden la libertad pero sostienen que en tanto no se alcance debe hacerse tal o cual cosa a menudo corren el peligro de acabar dedicando más energías a la causa de redireccionar la intervención pública que a la causa de extinguirla y alcanzar la libertad.

El Frankenstein de los políticos europeos

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Aún así, todavía les queda mucho por entender. El informe se limita a realizar una proyección de la población en edad de trabajar, la población activa y el número de jubilados para cada país de la Unión para poder calcular cuál será el gasto en pensiones de cada estado a medio plazo y extraer conclusiones. Mediante este sencillo ejercicio han visto que entre 2004 y 2050 la población en edad de trabajar se verá reducida en torno al 16 por ciento y que los jubilados aumentarán un 77 por ciento. En consecuencia el gasto en pensiones en el conjunto de la UE aumentará en un 4 por ciento del PIB. En nuestro país, ese incremento del gasto público necesario para mantener el sistema público de pensiones sería de 7,1 puntos del PIB en 2050. Estos datos les han hecho cuestionarse seriamente la sostenibilidad financiera de estos sistemas.

Sin embargo, los autores del informe no dan una cuando intentan identificar el origen del problema. El estudio se refiere en todo momento al “problema del envejecimiento” como el responsable último del desaguisado. Y esto, queridos políticos, es no haberse enterado de la misa la mitad. El problema no consiste en que la gente decida libremente tener menos hijos. Sin duda alguna, también considerarían un grave problema (medioambiental) que la gente decidiera tener más hijos. La causa del caos tampoco es que la esperanza de vida aumente. De hecho, la perversión del sistema estatal de pensiones queda reflejado en esta contradicción: la libre decisión del número de hijos o la mejora de la esperanza de vida suponen un problema mortal para un sistema supuestamente pensado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¡Qué vergüenza!

El problema es mucho más sencillo. El sistema de pensiones estatal es un fraude basado en un modelo de venta piramidal y coactivo prohibido en España por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Es en ese modelo dónde la libertad de los padres y el incremento de la esperanza de vida son un peligro. En un sistema privado de capitalización una mayor libertad y una vida mejor y más larga son una bendición. La mayoría de los individuos no parece darse cuenta del problema porque la educación pública ha logrado neutralizar tantas mentes que muchos piensan que, lo que es un fraude con múltiples complicaciones en las relaciones privadas, deja de serlo si es el estado quien lo organiza. Así que antes de privatizar las pensiones y pasar a un sano sistema de capitalización no estaría mal quitar la educación pública de las zarpas del estado. A lo mejor entonces hasta los políticos se dan cuenta cómo crearon este Frankenstein y cómo eliminarlo.

Cuando los niños trabajan

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La pobreza es la misma condición humana, es como llegamos al mundo. Solo unas pocas personas a lo largo de la historia, y una porción del mundo recientemente, desde la extensión del capitalismo, ha logrado escapar a la miseria. El trabajo infantil es solo un aspecto de la pobreza, y es que los más pequeños dependen en gran medida de su propio esfuerzo, sin que los padres puedan ofrecerles otra cosa. Esta situación cambia cuando los padres se pueden permitir mantener a sus hijos sin la necesidad de que ellos mismos aporten recursos a la familia. Es la riqueza la que alivia el trabajo infantil, como demuestra el hecho de que haya desaparecido de los países ricos (es decir, capitalistas), mientras continúe en los más pobres.

Eric V. Edmonds, quizás el mayor experto en este problema, demostró en un estudio que los países que más comercian, los que más se involucran en el capitalismo mundial, son los que más reducen el trabajo infantil. En concreto, por cada 1 por ciento de apertura al comercio, se reduce el trabajo infantil en 0,7 puntos.

Un caso claro es el de Vietnam, donde se realizó un estudio de grandes proporciones (3.000 familias) de 1993 a 1998. En esos 5 años, en que Vietnam se incorporaba al capitalismo global, el crecimiento medio fue del 9 por ciento y el trabajo infantil cayó un 30 por ciento. Cuando las necesidades básicas están cubiertas, ese aumento de la producción explica el 80 por ciento de la reducción en el empleo infantil. Edmonds concluye que "el trabajo infantil no parece variar con el gasto per capita hasta que las familias puedan cumplir con sus necesidades alimenticias; y entonces cae de forma dramática".

Pese a que es el capitalismo el que libera a los más pequeños de tener que trabajar, los grupos antiliberales dicen llegar a la conclusión contraria. Para eso tienen que identificar el trabajo de los niños con las grandes empresas capitalistas. Pero ha existido siempre, junto con la pobreza, y generalmente ha estado atado al campo como el común de la humanidad. Es también lo que ocurre en la actualidad. La inmensa mayoría de los niños que trabajan lo hacen para sus padres en el campo. Pero eso a los antiglobalización, no les importa. Solo les preocupan los que están empleados por grandes empresas, para utilizarlos como arma contra ellas. Y ello a pesar de que los sueldos que pagan son, de media, el doble del que pueden ofrecer las empresas locales.

¿Qué ocurre cuando estos antiglobalización tienen éxito? Nos lo cuenta Radley Balko: "A principios de los 90, el Congreso de Estados Unidos estudió la aprobación de una ley (Child Labor Deterrence Act) que habría castigado a las compañías que se beneficiaran del trabajo infantil. La ley nunca se aprobó, pero el debate que generó presionó enormemente a varias compañías multinacionales, entre ellas, a un fabricante textil alemán que despidió a 50.000 niños en Bangladesh. La asociación británica Oxfam realizó después un estudio que mostró como miles de esos niños despedidos terminaron en la prostitución, el crimen o en la muerte por hambre". La hipocresía tiene un precio. Pero lo pagan los de siempre.

La teoría monetaria puede hacer peligrar tu libertad

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Análisis diario.

Con frecuencia se escucha que el Padre Juan de Mariana sufrió un prolongado cautiverio debido a sus extremas ideas sobre el tiranicidio. Lo cierto es que el arresto y el juicio contra el jesuita de Talavera poco tuvieron que ver con la doctrina que defiende la legitimidad de matar al rey cuando este deviene en tirano. Mariana no inventó, ni mucho menos, la doctrina del tiranicidio y tampoco sería el último autor que la defendiera. Es posible que su defensa del tiranicidio se pueda contar entre las más extremas y consistentes y, sobre todo, en una de las únicas que se expone en un libro de encargo para la educación de un príncipe, Felipe III. Pero si bien esta posición radical le costó la quema pública de su obra De Rege en La Sorbona no fue la causa del juicio que se orquestó contra su persona.

El proceso contra Mariana fue motivado por su defensa de teorías mucho más peligrosas para el poder político que el derecho a matar a un tirano. De las trece acusaciones que el fiscal presentó contra Mariana el 27 de octubre de 1609, seis de ellas –las más importantes– están relacionadas con su idea sobre la inflación mientras que las otras siete se refieren a sus críticas de la mala gestión pública y sus denuncias de corrupción. De hecho, el tiranicidio sólo se nombra en la quinta acusación. En concreto se le imputa mantener que la inflación es un tributo y “fundado que S.M. no puede imponer tributos sin consentimiento del reino”, calificar al rey de tirano y considerarle excomulgado por lo dispuesto en la bula In Coena Domini. Es decir, que si bien el fiscal acepta que el jesuita tiene razón cuando dice que el rey no puede imponer nuevos tributos sin el consentimiento del reino, convirtiéndose en ese caso el rey en un tirano, mantiene que no es cierto que la inflación o los estancos puedan ser considerados como tributos.

En las otras doce acusaciones no hay más rastro del tiranicidio. Mariana, que diez años antes había hecho temblar a más de un rey con su famosa defensa del derecho de toda persona a matar al monarca que usurpa los derechos y libertades de los individuos, es perseguido por algo mucho más grave: Negar el derecho del rey a cambiar el valor de la moneda. De eso se le acusa en la primera de las inculpaciones cuando se dice que Mariana impugna en su obra el supuesto derecho real de “acuñar moneda y moderar y disponer el valor y ley de ella, así, atendiendo a lo que toca al bien público como a las necesidades instantes de la Corona”. Y conforme a esta primera acusación se estructura todo el proceso.

Mariana ataca el recurso a la inflación monetaria pocos años después de que el Duque que de Lerma convenciera a Felipe III, ya por aquel entonces rey, para financiar el gasto público mediante la rebaja paulatina del contenido de plata en la moneda de vellón. Su explicación de la esencia económica y jurídica de la inflación y su denuncia de las perversas consecuencias de este fenómeno monetario sobre toda la sociedad ponían en peligro los planes de expansión del gasto público. Como comentó Fernández de la Mora “ni que decir tiene que fueron el Duque de Lerma y el propio rey los instigadores del proceso contra el Padre Mariana”.

Así es como Juan de Mariana termina encerrado y enjuiciado a los 73 años por quince delitos entre los que se encontraba el de Lesa Majestatis. Pero aún en esta penosa y comprometida situación Mariana no se mordió la lengua en todo el proceso. Por un lado se reafirmó en que el rey no puede rebajar el valor de la moneda sin el consentimiento del reino y por otro afirmó que no tiene nada de malo recordárselo al rey dado que siempre hay gente dispuesta a engañarle en estos asuntos. De modo que “el que avisa antes les hace servicio”. Ni siquiera se desdijo de su calificación de tirano al rey que comete el “latrocinio” de mudar el valor de la moneda. Ante acciones como esta nada tiene de extraño que Jaime Balmes afirmase que el jesuita de Talavera no tenía consideraciones con los grandes, que no temblaba cuando se dirigía a los reyes y que su corazón latía vivamente al solo nombre de libertad.

En efecto, el caso de su juicio no sólo nos enseña que hablar de teoría monetaria puede hacer peligrar seriamente la libertad, sino también que su involuntario protagonista, Juan de Mariana, fue un hombre siempre receloso de poder político, de una extraordinaria firmeza en sus principios y de una enorme honradez intelectual al servicio de la libertad individual.

Justicia y amor en el hijo pródigo

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Una de las enseñanzas fundamentales de la primera encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est, es la pertinente separación entre la caridad (el amor auténtico: el ágape) y la justicia. Esta distinción se halla presente en toda la tradición cristiana; al fin y al cabo, la tradicional separación entre la Iglesia y el Estado, entre la religión y la política, incide en este mismo tema: el amor (Dios) no debe mezclarse con la justicia (leyes terrenales).

Lo mismo sucede con otra de las más célebres parábolas del Evangelio, la del hijo pródigo (Lucas 15, 11-32). Recordemos que en este pasaje, Jesús nos explica el caso de un hijo que abandona a su padre, reclamándole la parte de su herencia, y que tras despilfarrar el dinero y pasar calamidades, regresa a su casa arrepentido, momento en el que es recibido con los brazos abiertos por su padre.

La distinción entre justicia y amor está presente en todo el relato. Ya al principio se nos indica que el hijo exhorta al padre para que le dé "la parte de los bienes que le corresponde". Nos movemos, nuevamente, en la definición clásica de justicia suum cuique: dar a cada uno lo suyo. El amor del padre se ve rechazado por el hijo, quien decide actuar estrictamente en términos justos y no caritativos. El hijo rechaza el ágape con su padre y se aleja de él.

En cambio, después de dilapidar sus bienes, el hijo regresa arrepentido a casa y su padre lo recibe con besos y sollozos. No sólo eso, el gozo del padre es tan grande que no duda en desparramar su amor. La parábola nos indica que mandó entregar a su hijo el mejor vestido, un anillo y unos zapatos; así como organizar una fiesta en su honor matando al becerro más gordo. En otras palabras, el padre da a su hijo más de lo que por justa herencia le correspondía. Como ya expliqué en otra parte: "si la justicia significa dar a cada uno lo suyo, el amor va más allá y consiste en dar a cada cual incluso lo que no le corresponde".

No debe confundirse justicia con amor. La primera establece relaciones debidas, la segunda relaciones voluntarias. El amor no puede establecerse por decreto, su base es la voluntariedad y la libertad del ser humano. El padre no recibe al hijo pródigo porque sea su obligación, sino porque lo ama.

De hecho, es significativo como ese amor libre genera una satisfacción desigual entre el hijo pródigo y su hermano. La parábola continúa diciendo que el hermano fiel se enoja cuando ve la fiesta que ha organizado su padre en honor a un hijo que había renegado de él: "He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos". A lo que el padre le responde: "era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado".

De nuevo, aquí hallamos una poderosa enseñanza. El amor no puede ser injusto ni practicarse a través de la violencia. El padre no puede robar a sus vecinos para agasajar a su hijo: el amor a entregar debe ser siempre un amor propio.

Si bien el amor está constreñido por la justicia, no lo está por la igualdad; el padre puede tratar en distinta forma a sus hijos, pues el amor es un torrente de alegría que no puede contenerse en presupuestos igualitaristas. El padre ama a sus hijos, pero la resurrección de uno de ellos en el amor provoca un trato desigual. La igualdad no es una justicia que limite al amor, a las relaciones voluntarias y libres entre los seres humanos. La justicia social (la justicia como igualdad material) es un engaño, una falsa justicia cuya única pretensión es erradicar la sociedad y la libertad.

Las conclusiones de la parábola del hijo pródigo son claras: amor y justicia son conceptos distintos pero fuertemente ligados a la libertad. La justicia social ni es amor, ni es justicia, es sólo un pretexto envidioso de quienes pretenden arrebatar a los demás los frutos del amor.

El Estado, como organización autocrática basada en la justicia social, no debe dedicarse a repartir amor, porque no es capaz de amar al prójimo, sólo coarta la justicia (suum cuique) a través de la violencia. La caridad debe restaurarse como ejercicio privado del ágape, no como farsa estatista de una inexistente justicia basada en la igualdad.

¡Comed democracia! (avanzada)

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

La empresa Polaris World, gracias a la cual debemos gran parte del desarrollo económico experimentado por la región en los últimos dos años, tenía en proyecto realizar un magnífico proyecto urbanístico en Alhama de Murcia, con doce mil viviendas y todos los servicios necesarios, incluido el abastecimiento propio de agua a través de una desaladora sufragada por la propia empresa. Cuatro mil puestos de trabajo durante la construcción, más de tres mil fijos para atender los servicios de la urbanización y numerosas infraestructuras públicas para el municipio que también iban a ser financiadas en solitario por la empresa, constituían la mayor inversión jamás realizada en la localidad. En fin, un regalo por el que muchos pueblos de toda España se darían de bofetadas, que gracias a los dirigentes socialistas en Murcia ya no se realizará.

Junto al voto decisivo de una tránsfuga del PP, que tras el escándalo de unas oposiciones a conserje municipal a las que concurrió su marido (ella era Concejala de Personal) experimentó una repentina mutación doctrinal que la obligó a irse al grupo mixto, el PSOE e IU denegaron el martes pasado los permisos para llevar a cabo ese proyecto.

El responsable máximo de la tropelía no es otro que el secretario General del PSOE Murciano, D. Pedro Saura o Perico “el huevo”, como le conocen en su pueblo natal, pues los concejales de ese partido, aunque en privado mostraban su acuerdo, cuando no su entusiasmo con el proyecto (“Meroño, esto es cojonudo”, le decían al Presidente de Polaris World) han preferido seguir la disciplina partidista a la defensa de los intereses de los ciudadanos a quienes representan.

La noche del martes pasado, mientras se votaba en el pleno municipal (el cuarto dedicado a este asunto), a las puertas del ayuntamiento se concentraban varios cientos de trabajadores de la empresa, con pancartas alusivas a la defensa de sus puestos de trabajo, frente a una decena de defensores de la humanidad (con sus melenas tremolando al viento de la sierra y sus crestas de colores, que es la estética habitual de los que se dejan el lomo trabajando a diario) gritando consignas totalitarias como el absurdo “Alhama no se vende”.

No hay razones técnicas para denegar la autorización. El proyecto cuenta con todos los permisos necesarios y había pasado todos los trámites legales a falta de la aprobación final en el plenario municipal. Los que votaron en contra ni siquiera pudieron balbucear un argumento válido para justificar su acción. La pobre concejala Rodríguez tampoco. Se trataba de votar que no para contentar a un partido empeñado en destrozar a las provincias traidoras, aun al precio de no volver al poder regional en varias generaciones y de quemar a su casta de dirigentes actuales.

En los albores de la II República, los terratenientes espetaban a los obreros aquel infame "¡comed república!" mientras les negaban el trabajo. El PSOE nos hace lo mismo a los murcianos, pero ahora el menú es la “democracia avanzada”. Son tan ilusos que creen que así perjudican a los empresarios o al PP. Pobres diablos. El PP seguirá ganando elecciones en Murcia (más que por méritos propios por los deméritos de quien tienen enfrente) y la empresa Polaris World seguirá ganando dinero, aunque a partir de ahora lo hará en otras regiones o países, acaso en Croacia, donde el estado de derecho no es una entelequia como en la España de ZP. Los perjudicados somos todos los murcianos, incluidos los hasta ahora votantes del propio PSOE. Mas si a los socialistas les da igual que España se vaya por el desagüe, ¿cómo se van a preocupar de que una pequeña región, y encima desafecta, vuelva al subdesarrollo?

¡Comed democracia avanzada! Comeremos, comeremos, dos platos si hace falta. Pero hay un detalle que se te escapa, Perico: todas las comidas tienen su postre.

Cuba 1903

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero de entre todos los cuadros, el más sugestivo es uno de Julio Vila Prados realizado a comienzos del siglo pasado, justo después de que esta provincia (que no colonia) española se independizara. En esta "Vista del malecón habanero", que recrea una estampa típica de la vida en La Habana durante esa época, uno percibe el aroma de un tiempo que no conoció pero es capaz de intuir, acaso por la tenue vibración que ciertas imágenes provocan en los herederos de una determinada tradición espiritual, aunque hayan transcurrido varias generaciones.

Lo relevante de esta pintura es la constatación de que el nivel de vida en Cuba, era en la época tan elevado como en la metrópoli, cuando no superior. En 1903, por el malecón pasean parejas elegantes mientras al fondo los veleros de recreo surcan la bahía. En la actualidad, el mismo malecón es el territorio de las jineteras (y jineteros), y en lugar de veleros hay barcos repletos de europeos en busca de carne fresca.

Un año antes de la revolución castrista, La Habana era una ciudad refinada, cosmopolita, bella y felizmente desigual. Hoy, tras cincuenta años de continuos "éxitos" revolucionarios, los cubanos han alcanzado la igualdad, a costa de vivir todos con el mismo grado de miseria. Lo dijo un dirigente del Partido Comunista Chino unos minutos antes de estirar la pata: "Para evitar que un millón de chinos condujeran mercedes, condenamos a mil millones a ir toda su vida en bicicleta". La igualdad forzosa es la mayor negación de la libertad. O libres o iguales. Esa es la única elección.

Si usted fuese un malvado capitalista

Escrito por amascaro en . Publicado en Análisis diario.

La vehemencia con la que una persona critica la libertad de empresa suele ser inversamente proporcional a los esfuerzos que ha hecho por meterse en la piel de un empresario. Por eso, ante la pregunta “¿Qué haría usted si fuese un capitalista?” suelen quedarse desarmados y perplejos. Nunca se lo han planteado seriamente. Han soñado con ser voluntario, presidente, dictador o superhéroe para salvar al mundo de los taladores de árboles, de los especuladores urbanísticos y de los fumadores. Pero jamás se han planteado cual sería su comportamiento al mando de una empresa privada.

¿Dice que si dejamos el mercado inmobiliario totalmente liberalizado y desregulado, los especuladores impondrían precios prohibitivos? ¿Es lo que haría usted?

Bueno, tendría varias opciones:

Podría compincharse con todos los demás competidores para mantener los precios muy altos. Pero, ojo, aquí jugamos a lo grande, libre mercado mundial, la globalización, ya sabe. No habría forma de evitar que ni un solo competidor en todo el mundo viniese a su mercado a reventar precios. Podría usted quedarse un margen de beneficios, claro, pero cada intento por parte de usted de abusar del cliente sería una oferta en bandeja de plata para que viniese la competencia a reventarle los precios. Claro que, si fuese usted realmente malo, malo, lo que se dice malo, igual conseguiría redefinir las reglar, establecer cierta regulación del mercado, imponer unos mínimos de seguridad y estética, licencias, permisos, concesiones públicas, estándares y antes de que el incauto público se hubiese dado cuenta, ya podría usted hacer y deshacer en ese mercado nebulosamente regulado “por el bien del consumidor”.

Otra posibilidad sería el extremo contrario: podría ir a reventar precios desde el principio para acaparar mercado. Claro que correría el riesgo de quedarse sin fondos. Así que sólo lo hará si puede ahorrarse gastos. Si lo hace a costa de perder calidad es muy posible que no atraiga clientes ni mucho menos acapare el mercado, si lo hace bajando salarios puede quedarse sin trabajadores, si lo hace estrujando a los proveedores, tres cuartos de lo mismo. Podrá reducir costes y atraer clientes pero sin bajar del mínimo necesario para pagar los gastos. Por supuesto, como todo buen capitalista malvado que se precie siempre le queda el as en la manga de maquinar entre los bastidores del poder para ganarse alguna subvención. O que se graven con algún impuesto a la competencia.

Observe que lo más terrorífico para un malvado capitalista no es el tener a sus espaldas una miríada de agencias públicas que le vigilan. En absoluto, siempre puede comprarles algún favor. Lo peor es no tenerlas porque entonces sólo puede llegar a fin de mes satisfaciendo a clientes, trabajadores y proveedores. Aunque siempre le quedaría el recursos de invertir fondos en la creación de un bonito Estado del Bienestar que saque una bonita ley para proteger esto o aquello o prohibir lo otro o lo de más allá.