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La convención socialdemócrata

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Análisis diario.

Aunque es suficientemente sabido, conviene recordar cada vez que la ocasión se preste a ello, que los partidos conservadores son, en la Europa actual, tan sólo el ala moderada de la socialdemocracia devenida régimen político. En el caso español, el Partido Popular es la alternativa al socialismo seudodemocrático (PSOE) o totalitario (IU), pero compartiendo gran parte del ideario socializante que conforma la mercancía electoral común entre las elites políticas. Los ciudadanos que creen en el libre mercado, en la no injerencia del poder político en la sociedad civil, en el carácter innegociable del derecho a la propiedad, en la libertad del individuo para organizar su existencia de según sus posibilidades y deseos, que se oponen a que con su dinero se subvencione a una clase cada vez numerosa de parásitos sociales o que comparten un cierto apego hacia los valores de nuestra tradición judeocristiana, sencillamente no tienen un partido político que les represente. Otra cosa es que a la hora de depositar el voto se decanten hacia el partido sedicentemente liberal-conservador, pero esto, hasta Arriola lo sabe, no es más que seguir la tendencia práctica del mal menor.

Viene todo esto a cuento de la convención que el PP celebrará el próximo mes de marzo, cuya “hoja de ruta” ejemplifica, a mi juicio perfectamente, el nivel de compromiso ideológico del partido de la derecha de España. De entre las muchas materias que se van a tratar en la convención (por cierto, siniestra denominación de reminiscencias más bien sangrientas), destaco solamente dos, respetando íntegramente el texto con que el PP acompaña cada propuesta.

La educación española ante el reto europeo. El PP quiere abrir el debate sobre la adaptación de los títulos a las exigencias de un mercado laboral propio de una economía competitiva.

La dependencia en el modelo europeo. El acento se pone en si es sostenible el modelo vigente (sic), cuáles son los servicios a los que deberían tener derecho las personas dependientes y sus familias, cómo debe ser la cooperación entre administraciones o cómo se puede garantizar la igualdad de los españoles que necesiten apoyo y ayudas, con independencia de dónde residan.

La educación española tiene desde el punto de vista de la libertad legítima de los padres a la elección, retos mucho más importantes que la homologación europea de las titulaciones. Por cierto, el término homologación, de indudable aroma colectivista, es la última etapa en la demolición de la libertad. Todos iguales, homologados por el estado.

En cuanto a la “dependencia”, vocablo impuesto en el medio ambiente cultural gracias a la nonata ley del gobierno socialista, el Partido Popular hace suyo el discurso, sin tener en cuenta la evidencia elemental de que a mayor dependencia estatal de los ciudadanos, menores cotas de responsabilidad, y por tanto, de libertad individual. Las apelaciones a este respecto de su encargada de asuntos sociales, ya comentadas en su día en otro lugar, hubieran sido incluidas con sumo gusto por el viejo Marx como anexo a su manifiesto comunista.

Con un régimen electoral que hace inviable la existencia de un partido liberal de carácter nacional, hay que perder las esperanzas (si es que alguien todavía las conserva) de que estas ideas se vean representadas algún día en el parlamento. La batalla se libra por tanto en otro terreno, mucho más agreste pero también más importante: el campo de las ideas. Cambiar el paradigma socialista dominante es el reto de aquellos que defendemos la libertad del individuo, no por satisfacción intelectual, sino con el convencimiento contrastado empíricamente de que es lo mejor para todos.

Sin privilegios para los fumadores

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El error de semejante forma de pensar es palmario. Si toda ley tiene que dirigirse conscientemente a elegir entre qué intereses conflictivos debe imponerse, el derecho se convierte en una herramienta de explotación. La cuestión por dilucidar, en última instancia, es qué fines particulares prevalecen, si los de un grupo social o los de otro.

En realidad, el liberalismo no aboga por defender los privilegios de nadie. Defiende los derechos naturales de todo ser humano; nadie está en mejor posición por una concesión exclusiva del poder político, sino porque ha aprovechado de un modo más acertado sus posibilidades de acción.

La libertad no provoca daño alguno, salvo a aquellos que se beneficiaban previamente con su cercenamiento. El capitalismo acaba con los privilegios y permite que las relaciones sociales adquieran un cariz voluntario y útil.

La Ley Antitabaco no es detestable porque suponga una redistribución de privilegios desde los fumadores hacia los no fumadores, sino porque crea unos intolerables privilegios donde antes no los había. El libre mercado no era un instrumento para que los intereses de los fumadores pudieran imponerse sobre el resto; simplemente no los convertía en parias sociales y les dejaba vivir.

Con la nueva legislación liberticida de ZP, el Estado pretende resolver unos problemas que no existían, pues las personas ya habían alcanzado soluciones pactadas y mutuamente beneficiosas. El libre mercado también imponía restricciones a los fumadores.

Bares y restaurantes

En ausencia de regulación específica, los fumadores sólo podían fumar en aquellos bares y restaurantes donde el propietario efectivamente lo permitiera. Viniendo de una situación donde prácticamente todos los bares lo permitían, la decisión dominical puede parecer irrelevante. Sin embargo, no deberíamos olvidar que el objetivo de la gran mayoría de empresarios en este sector es, claro está, ganar dinero, y para conseguirlo no les queda más remedio que ajustarse a las preferencias de los consumidores.

Si la molestia provocada por el humo sobre los no fumadores era tan grande como pretenden hacernos creer los políticos, entonces aquellos bares que permitieran fumar sufrirían una merma muy significativa de clientela en favor de los bares que no lo toleraran. De hecho, en un sector donde la mayoría de locales permitía fumar, abrir un bar donde se impidiera encender un cigarrillo debería haber sido un modo de crear una ventaja competitiva sobre el resto que atrajera a buena parte de la gente. O los empresarios eran tontos o los políticos se han pasado de listos.

El hecho de que casi ningún establecimiento optara por ello no deja de ser ilustrativo del grado de frivolidad de la Ley Antitabaco. Los no fumadores habían aceptado de buen grado que se pudiera fumar a su alrededor; el humo suponía un coste muy inferior al de dejar de acudir a su bar de toda la vida. No había ningún conflicto, salvo el que deliberadamente han creado los dirigentes neoinquisidores con su cruzada contra el fumador.

Lo cierto es que la ley no es especialmente restrictiva en el caso de los locales de menos de 100 metros cuadrados. Al margen de tratar a los clientes como estúpidos púberes incapaces de darse cuenta de si en un bar se fuma o no (de manera que todo propietario debe indicar claramente si se trata de un local de fumadores o de no fumadores), el poder de decisión sigue recayendo en el empresario.

De hecho, la libertad de elección ha provocado que más del 90% de los bares haya elegido seguir permitiendo fumar. Nueva prueba de que el conflicto es inexistente: los no fumadores ya disponen de locales donde claramente se indica que no está permitido fumar, y sin embargo siguen acudiendo a sus locales tradicionales.

Y no por casualidad la ministra de Sanidad ya ha amenazado a los propietarios de bares pequeños con arrebatarles cualquier libertad de decisión en caso de que no prohíban fumar en sus locales. Es obvio que a los políticos no les agrada la libertad ni la armonía de intereses que promueve el mercado: prefieren imponer su voluntad despótica sobre los individuos.

En caso de que la vuelta de tuerca fascistoide de la Ley Antitabaco llegue a completarse, a los fumadores se les expulsará de cualquier local de ocio. A pesar de que los no fumadores seguían teniendo opciones disponibles (acudir a los bares de no fumadores y presionar a la baja sobre los beneficios de los bares de fumadores), y de que no han hecho uso de ellas, los politicastros siguen con su obsesión de erradicar cualquier ápice de voluntariedad en las relaciones sociales.

El caso de los bares de más de 100 metros sí supone una clara violación de la propiedad privada. Quienes deseen permitir fumar en sus locales deberán habilitar una zona aparte, para segregar a los fumadores, que en ningún caso podrá superar el 30% de la superficie del local.

Imaginemos el caso de un bar de más de 100 metros cuya clientela es mayoritariamente fumadora. ¿Qué sentido tiene hacinar a todos los fumadores en un reducido 30% del recinto, mientras el resto de la superficie se encuentra inutilizada?

De nuevo, se crean problemas y conflictos donde no los había. Los consumidores ya podían elegir antes de la ley, sin necesidad de que los políticos cercenaran la libertad de los empresarios. Un local de más de 100 metros y sin ventilación hacía huir a todas aquellas personas que realmente sentían molestias por el humo. Menos mal que la caballería moralista de Salgado ha venido a salvarlos.

El trabajo

Al igual que en los bares y restaurantes, los fumadores tampoco contaban con privilegio alguno en su puesto de trabajo. Los empresarios eran conscientes de que éstos podían crear un ambiente hostil en el trabajo, en el caso de que su humo molestara a los demás. En consecuencia, o bien les aplicaban una rebaja en su sueldo o les reducían el espacio donde podían hacerlo.

Si el empresario juzgaba que el resto de los trabajadores no se verían impedidos en sus ocupaciones por el humo, o bien que la importancia del trabajador fumador era crucial para la empresa (siendo difícil su sustitución), no surgía problema alguno. Los no fumadores no tienen un particular derecho a un puesto de trabajo libre de humos. Lo mismo puede decirse de los fumadores. Cada cual es libre de elegir entre las opciones disponibles, atendiendo a las distintas ventajas e inconvenientes.

En cambio, la Ley Antitabaco prevé la completa prohibición de fumar en el puesto de trabajo. Las opciones quedan sensiblemente reducidas: en lugar de permitir al propietario conciliar las distintas pretensiones dentro de su empresa, se elimina su autonomía.

A partir de la regulación estatal, el empresario no contrata a fumadores o bien les aplica reducciones en el salario para compensar las disminuciones de productividad que suponen los parones para fumar.

No hay término medio, no hay conciliación posible. O los fumadores abandonan tan ruin hábito o padecen las calamidades que les han preparado sádicamente los políticos.

Conclusión

El libre mercado no supone un privilegio para los fumadores, tal y como afirman los partidarios de la Ley Antitabaco; sólo cabría hablar de privilegios en el caso de que, por ejemplo, el Estado obligara a los empresarios a pagar a los fumadores el mismo salario que a los no fumadores, o intentara imponer cuotas paritarias entre fumadores y no fumadores en los Consejos de Administración (cosa que sí pretende en el caso de las mujeres).

En realidad, sin embargo, los fumadores se siguen sometiendo a la propiedad privada en los mismos términos que los no fumadores. Si fumar supusiera una auténtica afrenta a la convivencia no les quedaría más remedio que soportar las restricciones que espontáneamente surgieran. Un pirómano nunca podrá encontrar ocupación en una gasolinera; un alcohólico tendrá vedada la entrada a la barra de un bar; los que no gusten de mantener una mínima higiene no podrán trabajar de relaciones públicas; aquellos que no hayan sido instruidos en la disciplina del protocolo tendrán el paso cerrado a las fiestas o galas de alto nivel.

El mercado crea sus propias restricciones, sin necesidad de que los políticos pisoteen las relaciones voluntarias. Como siempre, la única función de los políticos consiste en crear problemas y enfrentamientos allí donde no los hay. Y es que, de otro modo, ¿cómo justificarían ante la ciudadanía la imposición de monstruosos tributos para financiar las desbocadas burocracias occidentales si no tuvieran "problemas" que resolver?

Mahoma y la libertad de expresión

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Llevan décadas defendiendo a quien, como Andrés Serrano, se gana la vida ofendiendo los sentimientos de los cristianos (cubriendo la Virgen María de heces y pornografía o inundando un crucifijo en su orina), e identificando la dolida reacción de quien se siente ofendido con retrógrados intentos de limitar la libertad de expresión. Pero cuando se trata de quienes practican la ablación del clítoris, la sensibilidad progresista ante los sentimientos religiosos aparece no se sabe de dónde.

La clave es que el cristianismo, nos guste o no, es uno de los dos pilares de nuestra civilización, junto con la tradición clásica. Y como son los valores civilizados como la libertad, la propiedad y la responsabilidad individual (el liberalismo, en definitiva), el objeto de desprecio y crítica por la izquierda post-ruinas de Berlín, cualquier cosa vale contra el cristianismo. Incluso Andrés Serrano. Incluso el Islam. Aunque en un caso defiendan la libertad de expresión por encima del respeto a los sentimientos religiosos y en el otro el respeto a la religión por encima de la libertad de expresión.

En cualquier caso, ¿dónde están los límites de la libertad de expresión, y dónde queda el respeto a los valores ajenos? Ofender no es un acto unilateral, depende de cómo se sienta el otro y sobre ello no podemos tener un control total. Si prohibimos las manifestaciones que puedan ofender a terceros, dado que cualquiera puede sentirse legítimamente ofendido por cualquier cosa, les estaremos dando a todos el derecho de prohibir la libertad de expresión de cualquiera.

La libertad no es lo mismo que el uso para el bien de la misma. También se puede utilizar para lo inmoral, lo feo, lo desagradable. No tenemos más que encender la televisión para comprobarlo. O acudir a ARCO. Pero no podemos permitir la libertad a lo que consideremos bueno, porque acabaremos matándola. ¿Qué nos queda, entonces? Combatir las expresiones de ideas con más expresiones de ideas. Por ejemplo, declarando que tal viñeta u obra de arte nos parece fea o inmoral. Lo que no podemos hacer es ni prohibirla ni lanzar piedras contra embajadas extranjeras.

Una de dos, o logramos que esos valores que hemos hecho nuestros, pero que son universales, como la libertad de expresión, prevalezcan, o estamos perdidos. El triunfo del socialismo en Alemania, Rusia o China en el Siglo XX demuestra que ninguna de nuestras libertades están aseguradas, y que solo un firme apego a ellas nos puede salvar. Este cartel sostenido por una mujer con un Burka, que dice que "la libertad de expresión es el terrorismo occidental", tiene la virtud de expresar que la libertad es nuestra vía para hacer llegar nuestra civilización, y el terrorismo la del Islam de hacer llegar la suya. Pero esto último es innecesario. También tendrán que acostumbrarse a la expresión libre incluso de lo que consideren más incómodo.

Energía política

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Éstas, sabedoras de su condición privilegiada y su dependencia política, tratan de tener buenas relaciones con el poder. Total, que el mercado energético es el perfecto caldo de cultivo para las más variopintas corruptelas.

El caso de la OPA de Endesa por La Caixa-Gas Natural es la estrella de este abrevadero político en el que se mordisquea al mercado libre y a los consumidores. Créditos impagados, informes desechados, un ministro que muestra sus preferencias por las intenciones tácticas de los grupos de su tierra y de sus créditos, vuelos secretos en avión militar de todo un presidente de la Corrupción Europea para discutir sobre la operación con un presidente de gobierno, dictámenes que van a la basura y se sustituyen por conclusiones opuestas, llamadas a los opantes para informarles de lo que no se informa a los opados o la cena de un presidente de desgobierno con los coleguillas autorizados a ordeñar la energía del consumidor son sólo algunos ejemplos de lo que puede dar de sí el afán político de controlar la electricidad con que se mueve nuestra sociedad.

Pero la funesta OPA no es más que un ejemplo de lo que inevitablemente termina ocurriendo cuando aceptamos que el poder político ningunee a los individuos arrogándose todo tipo de poderes que van desde la concesión de licencias hasta el establecimiento de los precios o la no muy graciosa concesión de subvenciones a la producción de las tipos de electricidad que más les inspira. Fuera de nuestras fronteras ha habido casos megaváticos. En Estados Unidos ENRON se convirtió en la materia gris del tándem Clinton-Gore en todo lo que tocaba el campo de la energía y el medio ambiente y protagonizó escándalos casi tan sonados y no menos rocambolescos que los del sexofonista presidente demócrata. Entre otras, la reunión de sus representantes en agosto de 1997 con Al y Bill en el Despacho Oval para estudiar cómo tratar con dureza al CO2 y cómo hacer entrar al país en el juego de Kyoto para mejorar así la posición de ENRON, el mecenas político de turno. Por fortuna este fue uno de los trapicheos energético-políticos que trascendieron a la opinión pública y que no llegaron a fructificar porque el senado norteamericano rechazó por unanimidad la ratificación del Protocolo.

En estos momentos, y ya de vuelta en nuestro país, la bebida energética preferida de los políticos sigue siendo su conchabamiento con la élite energético-empresarial creada por ellos mismos. El último botón de muestra lo tenemos en Canarias, donde una alianza entre funcionarios, políticos, empresarios, autoridad portuaria y sólo Dios sabe que otros estamentos, parece haber estado amañando las licencias de nuevos campos eólicos. Poco tiene de extraño que esto ocurra, y menos en Canarias, cuando se trata de producción energética altamente regulada, con magníficas subvenciones a la inversión, venta asegurada gracias a la obligatoriedad de compra por parte de los distribuidores y precios artificialmente inflados por el poder político. Ahora sólo falta que aparezca Montilla y nos cuente que estas prácticas también son buenas para el consumidor y ayudan a liberalizar el mercado eléctrico. Mientras, el resto nos chupamos el dedo a la luz de las velas.

Los 44 millones de hijos de Salgado

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Al leerlo me ha recordado inmediatamente las palabras de Elena Ceaucescu, esposa del ex dictador comunista rumano, que cuando fue apresada dijo: "¡Cómo podéis hacerme esto a mi que os he tratado como una madre!". A las dos elenas les une una nociva vocación maternalista. Y es que, la verdad, con madres como éstas mejor ser huérfano. Muy probablemente la ministra Salgado quiera ser recordada como una persona bondadosa que se preocupaba por la gente. Inteligiblemente se ve autorizada a tomar cualquier acto de fuerza contra nuestra libertad para mejorar nuestro bienestar. Eso sería loable si lo aplicase a su familia, pues ella sabrá como gestionar su vida y la de los suyos, pero que como alta funcionaria intente "mejorar" la vida de más de cuarenta y cuatro millones de personas como si fuesen hijos suyos no la convierte en una persona bondadosa, sino en una atroz enemiga de la libertad individual, porque cuarenta y cuatro millones de personas no somos ni su propiedad ni su responsabilidad ni la del gobierno.

La mayoría de edad ha de verse reflejada en algo, y por el contrario, cada vez significa menos con el gobierno actual y la mentalidad de los políticos. Estudiamos y trabajamos para independizarnos de nuestros padres y cuando lo conseguimos nos damos cuenta que tenemos que seguir sometiéndonos a un sinfín de leyes y regulaciones aunque las despreciemos y las veamos como imposiciones propias de un tirano.

Estoy seguro, ministra, que en lugar de aniquilar la libertad de los demás puede hacer cosas más provechosas como irse de viaje, hacer reuniones con otros políticos, escribir en el algún medio afín y esas otras cosas que no hacen daño a ninguna empresa ni crispan la sociedad. En definitiva: relájese, que la vida son cuatro días, tres para los fumadores y dos para los que dibujan viñetas. Tanta tensión no puede ser buena para su salud y, ya sabe, de eso dice saber mucho. A igual que usted, yo sólo se lo comento por su bien aunque no tenga intención alguna de imponérselo con leyes, amenazas ni multas.

Los delincuentes son feos

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

Al final va a ser verdad eso de que la cara es el espejo del alma. Y mira que yo debería ser el primero en callarme, por razones que saltan a la vista, pero resulta que un estudio ha encontrado una correlación entre ser un joven atractivo y tener menos posibilidades de cometer delitos como robos o venta de drogas.

Es evidente cual ha de ser el próximo paso: un programa nacional de reducción de la delincuencia basado en la nacionalización de la cirugía estética y su extensión a toda la población menor de 26 años que no cumpla con los cánones de belleza exigidos para asegurarse de que no caiga en la espiral de la delincuencia. Miles de Jennifer López de Jesús y Brad Pritt del Sagrado Corazón recorrerán en breve nuestras calles, gracias al cuidado que nuestro gobernantes nos dedican desinteresadamente. O algo así. No se rían, que esa excusa se ha empleado para justificar grandes extensiones del estado providencia debido a la correlación hallada entre la pobreza y la delincuencia.

La correlación en sí no significa mucho; necesita de una teoría que la sustente. Cuando dos fenómenos están correlacionados estadísticamente, pueden suceder cuatro cosas: que el primero cause el segundo, que el segundo cause el primero, que sea casualidad o que ambos estén causados por un tercero. A primera vista, la diferencia entre una y otra teoría es que parece haber una causa que enlace pobreza y delincuencia que no está presente entre belleza y delincuencia. En resumen: el que no tiene lo roba para tenerlo. O, al menos, un porcentaje de los que no tienen, que tampoco es cuestión de llamar ladrones a todos los pobres, que ya tienen bastante con lo que tienen.

Sin embargo, no está tan claro; podríamos suponer igualmente que existe un conjunto de actitudes y patrones de comportamiento que llevan tanto a la pobreza como a la delincuencia. En Estados Unidos, la correlación entre vivir en barrios con casas de poca calidad, baratas y, por tanto, habitadas por pobres y la delincuencia llevó a los reformadores sociales a llevar a cabo ambiciosos programas públicos de construcción de viviendas sociales sólo para ver cómo estos nuevos barrios se degradaban rápidamente y se convertían casi en un calco de los primeros.

Del mismo modo, se podrían establecer causas para que la fealdad lleve a la delincuencia. Si tomamos las conclusiones del estudio, parece que siendo atractivo es más sencillo conseguir trabajo y, si tomáramos como cierto que la pobreza causa delincuencia, ya tendríamos esa relación que buscamos. Otra razón, aunque más exclusiva de los varones, es el hecho de que existen pocas cosas que estimulen más la violencia del sector más propenso a ella (los hombre jóvenes) que la falta de relaciones sexuales, y evidentemente siendo poco atractivo es más difícil tenerlas.

Así pues, creo que he dejado claro cuál será un futuro punto de los programas electorales de la izquierda. Sería además coherente. Si los socialistas siempre han pretendido que todos seamos iguales en ingresos, ¿por qué no en físico? Después de todo, el físico resulta muy importante para muchas facetas de la vida, y un mal cuerpo o rostro provoca a algunos más infelicidad que un sueldo escaso. ¡Cirugía plástica para todos, ya!

Inductores y provocadores

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Las reacciones de una parte del islamismo a las caricaturas de Mahoma publicadas el 30 de septiembre por un diario danés sugieren una cuestión de cierta importancia, y que se refiere a la responsabilidad de quien comete un acto violento y de quien le incita, recomienda o provoca a hacerlo. ¿Qué parte de responsabilidad tienen los caricaturistas en las piedras estampadas contra las oficinas danesas en Siria, por ejemplo? O, por poner otro ejemplo, el líder espiritual que le promete a un joven sin mayor esperanza en este mundo y sin más enseñanza que la del inmenso odio que es capaz de albergar y que ha aprendido desde niño que alcanzará la gloria eterna y aliviará la situación económica de su familia si cumple con su misión divina de matar al mayor número de infieles que sea capaz. ¿Qué responsabilidad tiene en el acto final hecho en nombre de Alá? Los posibles ejemplos son infinitos.

El problema es saber de qué estamos hablando. Hay que diferenciar entre el criterio ético de lo que es legítimo o no, del moral. El criterio para determinar si un acto es legítimo es (saltándonos todas las dificultades previas hasta llegar a este punto), si viola la vida o la propiedad ajena, por el uso o la amenaza del uso de la violencia física. En estos ejemplos, quien lanza la piedra contra un edificio o quien se hace estallar henchido de emoción porque su suicidio y asesinato múltiple le llevará al cielo, rodeado de bellas huríes. Pero, además de esta responsabilidad, ¿no se le pueden sumar las de sus provocadores o inductores? Uno podría plantearse si el inductor pone las circunstancias del actor de tal forma que no puede actuar de otro modo. ¿No sería entonces también él responsable?

Desde el punto de vista de la responsabilidad última, del criterio de la legitimidad o ilegitimidad de un acto, hay un hecho que no debemos dejar de tener en cuenta: Uno siempre, insisto siempre, tiene la opción de actuar moralmente. Siempre. En cualquier situación. Por muy compleja que sea. Los llamamientos ajenos, las recomendaciones, las
sugerencias, las provocaciones. Nada justifica una acción inmoral, porque al final siempre está uno solo ante la elección de un curso u otro de acción. El islamista que he descrito con el cuerpo rodeado de bombas puede cambiar de opinión en el último momento.

El argumento de criticar a quien “va provocando” puede servir para prohibir actos que son perfectamente legítimos. Los fascistas tienen todo el derecho a entonar cánticos
patrióticos con la bandera preconstitucional en Rentería. No se les puede prohibir porque haya quien se sienta ofendido. Y si alguien responde con violencia, no puede escudarse en que los fascistas "iban provocando". Por las mismas razones por las que un juez no puede exonerar a un violador porque la víctima lleva pantalones vaqueros o minifalda.

Este límite de la responsabilidad última en el actor es un corolario de una idea muy querida de quienes comparten la visión del actuar del hombre de la Escuela Austríaca. Y es que no hay una causa externa automática del comportamiento humano. Puesto que no la hay, nadie desde fuera puede modificar de tal modo las circunstancias del actor que le lleven como máquina sin voluntad a un resultado predefinido. Ese elemento de decisión última sitúa también la última responsabilidad en el actor, y no en sus provocadores o inductores.

¿Quiere ello decir que no hay provocaciones, que no existe el apremio o la inducción? No. Una cosa es que las respuestas a las circunstancias o a los comentarios o llamamientos de otros no sean automáticas y otra que éstas no tengan influencia. Pero la condena que puedan merecer no se sitúa ya en el ámbito del derecho, sino en el mero juicio moral. Al igual que las provocaciones o inducciones pertenecen al mundo de las ideas y no llegan al uso o la amenaza del uso de la violencia física, la condena que puedan merecer sólo puede ser la expresión de una idea.

Lo que podría ser FON

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Además, permite desmentir una de tantas tonterías que circulan por los círculos que desean regular más aún el mercado de las telecomunicaciones, fomentados generalmente por una visión de la economía estática, estrecha y que deja fuera de la vista la enorme capacidad de la innovación y creatividad empresarial.

FON, el proyecto de Martín Varsavsky, consiste primero en fomentar que los usuarios compartamos el excedente de nuestras conexiones WiFi con los demás "foneros", de modo que podamos enchufarnos a Internet a través de las redes inalámbricas de los demás cuando estemos con nuestro portátil por ahí. La idea es que más adelante haya microproveedores de acceso inalámbrico que cobren por él y usuarios que no compartan conexión alguna pero que paguen por acceder a través de FON. Es una idea que emplea "el poder de muchos" para permitir un acceso más barato y ubicuo a Internet.

Sin embargo, quizá la importancia de FON radica más en esos próximos pasos que piensa acometer. El mayor problema de la privatización y liberalización de las telecomunicaciones es la herencia de un monopolio que, si bien en las redes de alta capacidad que unen y conectan las centralitas hay mucho espacio para varios proveedores, en el bucle local –la línea que va de la centralita al hogar– resulta mucho más costoso y casi siempre inabordable plantear batalla. Economistas, activistas y pensadores de todo tipo como Roxanne Googin, Lawrence Lessig o Vinton Cerf, basándose en esa visión estática de la economía y la tecnología, han planteado este hecho como una situación inamovible que debería llevar a mayor regulación e incluso, a la nacionalización de las redes o parte de ellas.

George Gilder ya denunció en una comparecencia en el Senado que dicha visión significa trasladar toda la innovación en los bordes de las redes, estatificando cualquier desarrollo de las redes mismas, desarrollo que se produce todos los días. Regulaciones parecidas han llevado a Estados Unidos a estar muy por detrás de la calidad y velocidad de las redes de, por ejemplo, Corea del Sur. No digamos ya España. Una malla de puntos WiFi con un software que permita automáticamente descubrir nuevos nodos y conectarse con ellos es, como indica Eric S. Raymond, una solución al problema del bucle local innovadora, de abajo a arriba, barata para empresas y usuarios y, desde luego, perfectamente liberal y respetuosa con la propiedad.

Grandes en Internet como Google, eBay y Skype han crecido innovando en esos bordes de la red de telecomunicaciones. Es hora de que empiecen a revolucionar la red en sí.

Nuclear, así no, gracias

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

La situación mundial ha desencadenado en las últimas semanas un serie de declaraciones sobre los mercados energéticos que analizadas con superficialidad tienen mucho sentido. En el discurso sobre el estado de la Unión, el presidente norteamericano George W. Bush adquirió el compromiso de reducir en un 75% la dependencia americana del crudo árabe. No estamos ante una idea descabellada. Primero porque las necesidades energéticas americanas no pueden depender de una zona inestable como es  Oriente Próximo. Los caprichos de los dirigentes de la OPEP pueden hacer tambalear las economías de muchos países y a pesar que la crisis del 73 demostró que son las economías occidentales las que mejor soportan esta clase de chantaje, los países en vías de desarrollo y sobre todo el Tercer Mundo son muy sensibles ante estas arbitrariedades. Bush tendrá que apostar, bien por el petróleo de Alaska o la búsqueda de otros pozos, con lo que significa para los grupos ambientalistas, bien por el desarrollo de nuevas energías aún en fase de prueba como la del hidrógeno o realidades como los combustibles de origen vegetal o bien por la energía atómica que de nuevo tiene la oposición de los ecologistas.

Precisamente en Europa, la crisis entre Rusia y Ucrania ha despertado la inquietud en la superburocracia de Bruselas. Los problemas entre estas dos repúblicas ex comunistas y ahora fraternales enemigos provocó no pocos problemas de suministro de gas natural en varios países del centro de Europa. España que se libró de la carencia, ya que la mayoría del gas viene del norte de África, podría verse en una situación parecida si el Islam se pone a hacer de las suyas. La búsqueda de fuentes de energías alternativas es una necesidad y a pesar de que las energías renovables cuentan con el apoyo de las Administraciones, sólo han cubierto este año el 8% de la energía consumida. La razón no es otra que no poner todos los huevos en la misma cesta, simplemente si el Magreb se calienta y los compromisos y contratos de los países se incumplen, las penurias serán menores. De la misma manera, diferentes fuentes de energía darán más seguridad en caso de que una de ellas falle.

Joaquín Almunia, Comisario de Economía, ha decido romper el melón y ha puesto en la picota la energía nuclear. Uno de los parias energéticos, gracias a la labor de los grupos ecologistas, nace como una alternativa no sólo para suministrar una energía relativamente barata y continua sino para cumplir los compromisos del Protocolo de Kyoto, acuerdo que Europa y en especial España ha firmado pero no parece que vaya a cumplir. Todo un arranque de talante hipócrita. Evidentemente esto ha despertado la desconfianza de los ecologistas, una alegría inusitada en Francia cuya realidad energética es básicamente nuclear y las dudas de Alemania, que no sabe si cumplir su compromiso de desmantelar las centrales.

Pero todos estos planteamientos tienen un punto común que choca indefectiblemente con la libertad. Tanto George W. Bush, como Joaquín Almunia, como los príncipes árabes, como los gobiernos francés, alemán y español son Estado. Algunos Estados se han dado cuenta que la planificación energética que han llevado a cabo hasta ahora presenta problemas y serios. La apuesta por la energía nuclear no sería muy diferente de la actual apuesta por las energías renovables. Es cierto que a simple vista se ve que las decisiones son lógicas y razonables pero la incapacidad para prever el futuro nos hace dudar de que sean necesariamente las más adecuadas.

Lo más adecuado sería que las empresas energéticas se libraran del yugo que gobiernos y lobbies cercanos o subvencionados ejercen sobre ellas. Las energías renovables son opciones tan aceptables como las nucleares si hay gente que en el ejercicio de su libertad quiere pagar los costes que suponen. El desarrollo de nuevas tecnologías que se adapten a las necesidades y a los deseos de los clientes nada tienen que ver con los deseos de gobernantes, por muy presidente de los Estados Unidos que se sea. Las empresas tienen el derecho de invertir en zonas inestables tanto como hacerlo en zonas más estables para conseguir su materia prima. Es su responsabilidad y se deben atener a las consecuencias de la misma manera que sus clientes a la posibilidad de que se puedan quedar sin energía en un momento dado. La planificación energética, como cualquier otra planificación, es una utopía que puede terminar perjudicando a muchos. Me gusta la energía nuclear, creo que sus ventajas son más que evidentes y sus defectos, que los tiene, menos dañinos que lo que nos cuentan los grupos ecologistas. Pero no me gustaría que las nucleares se conviertan en un capricho del comisario de turno por más que sea una realidad inevitable. Nuclear, así no, gracias.

Ludwig von Mises y el Código del Buen Gobierno

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

El Código de Buen Gobierno auspiciado por la CNMV introduce la arbitrariedad gubernamental en las empresas que cotizan en Bolsa. Es posible que en muchos consejos de administración se cometan abusos contra los intereses de los accionistas, legítimos propietarios de ese tipo de sociedades; pero este Código, aunque voluntario, tiene un carácter intervencionista que puede incluso terminar neutralizando la propia función empresarial.

En el Código aparecen algunas medidas plausibles que quizá limiten la negra mano del riesgo moral, como son la divulgación de las retribuciones de los altos ejecutivos, la comunicación confidencial de irregularidades y la severidad en la responsabilidad civil de los administradores desleales. Otros aspectos son claramente inquietantes, a saber: la creación de un Foro Electrónico de Accionistas supervisado por el Estado, la recomendación de limitar la facultad de impugnar acuerdos por parte de los accionistas (art. 17 LSA), la muy delicada cuestión de la diversidad de género en los consejos y la ratificación por la Junta General –aunque no lo exija expresamente la ley– de la transformación de sociedades cotizadas en compañías "holding", probablemente con afán de entorpecer las facilidades fiscales que éstas llevan consigo.

En cualquier caso, la piedra de toque del Código es la cuestión de los denominados consejeros independientes, próxima carrera hacia el favoritismo estatal. Dice el Código que "los consejeros independientes será elegidos de entre personas de reconocido prestigio y acreditada independencia e integridad personal y profesional" y establece a continuación una serie de cautelas insuficientes que no soslayan el contenido gubernativo del proyecto. De hecho, salvo excepción, un pesado silencio, entre cómplice y resignado, domina en las sociedades del IBEX-35 acerca de este asunto. ¿Quién definirá los grados de independencia de los consejeros electos? Puesto que el Código deja a la responsabilidad de la sociedad cotizada seguir o no sus recomendaciones, pero le exige que, cuando no las cumpla, explique el motivo… ¿no pretenderán las empresas ganar la protección oficial pactando los consejeros independientes, con el fin de evitar la delación pública? ¿Será el propio Estado, junto a sus aledaños, el principal oferente en este nuevo mercado de candidatos idóneos?

Referente a la intervención administrativa en la elección del personal burocrático de las empresas privadas, Ludwig von Mises dice en Burocracy (1944) lo siguiente:

"Toda injerencia del Estado en la actividad de la empresa privada produce desastrosas consecuencias…Con la creciente intervención del Estado en los negocios se hizo necesario nombrar directivos cuya principal tarea consistía en remover las dificultades que podían poner los poderes públicos…ninguna compañía podía permitirse el lujo de tener al frente a un hombre mal visto por la administración, por los sindicatos obreros y por los grandes partidos políticos. Se consideraba a los antiguos funcionarios, directores generales y consejeros de los diversos ministerios como los más cualificados para desempeñar las funciones directivas dentro de la empresa.

Tales directivos no se cuidaban en manera alguna de la prosperidad de la compañía. Estaban habituados a la organización burocrática y modificaban en consecuencia la marcha de los negocios de la empresa.¿Para qué tomarse el trabajo de producir mejor y más barato, si se puede contar con el apoyo del Estado?”

En la citada obra, Mises explica que la diferencia esencial del Estado con respecto a las empresas es la inexistencia del cálculo económico en las actividades públicas. Por ese motivo, Mises incluso rechaza la aplicación de técnicas empresariales en la Administración, ya que no servirán para nada. Las razones del autor son clarividentes: no puede solicitarse al Estado aquello que por su naturaleza no puede dar. Los negocios vigilados por el Código se aproximarán a la motivación estatal. ¿Para qué seguir insistiendo en la perspicacia y el vigor en los negocios, si los consejeros fieles al canon pueden lograr la comprensión gubernamental, en detrimento de otras sociedades indóciles o no cotizadas? Es la hora mejor de los ventajistas. El Código del Buen Gobierno trae pocas cosas buenas. El profesor vienés lo anticipó. La empresarialidad comenzará a menguar.