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Tribunales de Defensa de la Incompetencia

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Su informe contrario a la OPA de Gas Natural sobre Endesa ha provocado que muchos liberales contrarios a la absorción hayan caído en una especie de veneración por el TDC. Sin embargo deberíamos separar los dos asuntos. Una cosa es que los liberales debamos oponernos a la OPA, por suponer una nacionalización encubierta de una empresa privada –de manera que cualquier obstáculo que se encuentre en su camino sea bienvenido–, y otra, muy distinta, que el Tribunal y la legislación antimonopolio en general merezcan nuestro apoyo.

El concepto de monopolio

La contraposición entre competencia perfecta y monopolio es una de las primeras lecciones que aprende todo estudiante de economía. En el planeta de la competencia perfecta cada bien es ofertado y demandado por miles de vendedores y compradores, que disponen de una información perfecta sobre las circunstancias del mercado. De esta manera, los precios coinciden con los costes y el consumidor no es explotado por el empresario. Al haber miles de vendedores, si uno de ellos incrementa el precio en lo más mínimo todos los consumidores adquirirán los productos de otro vendedor. En cambio, en los mercados monopolísticos, al existir un solo vendedor, éste puede imponer cualquier precio por encima de los costes a los consumidores.

La conclusión es evidente: el mercado es una institución positiva, pero sólo cuando adopta la forma de la competencia perfecta. El monopolio debe ser rehuido a cualquier precio, al tener un coste de eficiencia que perjudica al conjunto de la sociedad.

El problema es que las características de la competencia perfecta son tan sumamente restrictivas que de inmediato a los estudiantes se les anticipa la segunda conclusión: la competencia perfecta no existe, salvo en algunos casos residuales, como los mercados agrarios.

Si el mercado sólo es bueno cuando se articula de acuerdo con la competencia perfecta pero ésta ni existe ni, previsiblemente, puede llegar a existir, el inevitable corolario es que el mercado "realmente existente" es malo (o al menos no lo suficientemente bueno como para no estar intervenido). El mercado no es perfecto, tiene fallos.

El principal error de la doctrina de los fallos del mercado es suponer que el capitalismo sólo es positivo o sólo funciona cuando se adecua a sus ditirámbicos modelos teóricos. En realidad, en los modelos llamados de "competencia perfecta", si algo está ausente es la competencia: todos los vendedores ofrecen exactamente el mismo producto, y ninguno puede reducir unilateralmente el precio. Si todas las empresas son idénticas, ¿quién está compitiendo? ¿Quién está innovando, creando nuevos productos o recortando los precios para satisfacer de un mejor (y por tanto distinto) modo al consumidor? La respuesta es "nadie"; es más, se considera nocivo que alguien compita realmente con el resto.

A pesar de ello, la teoría de los (inexistentes) fallos del mercado aboga por que el Estado corrija los errores y reestructure la economía. Así, como ya hemos dicho, uno de los fallos del mercado más característicos es el del monopolio: en lugar de miles de vendedores sólo existe uno.

El concepto, no obstante, no puede ser más erróneo. Lo que caracteriza, en realidad, al monopolio no es la contingencia de que, en un momento determinado, sólo exista una empresa que venda un determinado producto, sino que ésta impida coactivamente al resto de individuos que puedan ofrecer lo mismo.

Coca Cola, por ejemplo, no es un monopolio por el hecho de ser la única empresa que embotelle refrescos con el envoltorio "Coca Cola". Aun cuando el producto no sea idéntico, es evidente que Pepsi también compite con Coca Cola. No sólo eso: cualquier tipo de refresco o de producto en general compite con Coca Cola por el favor del consumidor.

Una empresa puede quebrar no sólo porque otra similar le haya ganado el terreno, sino porque el consumidor prefiera gastar su dinero en productos totalmente distintos. Las empresas tienen que revalidar diariamente el favor de los consumidores: éstos siguen siendo soberanos aun cuando sólo exista una empresa.

De hecho, si una empresa no puede liquidar la competencia por la fuerza, aunque sea la única del mercado, si incrementa desorbitadamente sus precios, en poco tiempo los empresarios ávidos de beneficios entrarán en ese sector. En otras palabras: cada empresa compite, incluso, con las potenciales nuevas empresas.

Pero además hemos de tener presente que, en caso de que no medie coacción, cuando una empresa ocupa una posición preeminente en un sector se debe a que ha sido y sigue siendo la más eficiente. Cuando una empresa sirve a los consumidores mucho mejor que el resto acapara la mayor parte de consumidores.

Por consiguiente, sólo cabe hablar de monopolio cuando una empresa utiliza la fuerza para eliminar a la competencia. Por ejemplo, cuando el Estado concede una patente o una licencia, o cuando se constituye un monopolio público exclusivo. En todos estos casos, aun cuando se descubran oportunidades de beneficio, el Estado impide que sean aprovechadas.

La defensa de la incompetencia

Sin duda, los liberales deben oponerse a los monopolios, pero a los auténticos. La competencia no significa que todos los productos deban necesariamente ser provistos por dos empresas, sino que nuevas compañías tengan la libertad de entrar en un mercado.

Cuando el Estado crea los llamados "Tribunales de Defensa de la Competencia" en realidad sólo pretende aniquilar a las empresas exitosas y fijar las estructuras de mercado.

Imagine que crea una compañía y que, a través de la mejora del producto y del abaratamiento de su precio, consigue que casi todos los consumidores acudan a ella. La lógica socialista antimonopolio concluirá que su empresa debe ser desmembrada o reducida, para que las demás, torpes e ineficientes, puedan competir con usted en "igualdad de condiciones". Su compañía, por tanto, se ve forzada a no reducir los precios, a no mejorar el producto, a contratar menos trabajadores, a impedir que una parte de los consumidores adquiera su producto o, en última instancia, a desaparecer bajo la bota estatal.

La legislación antimonopolio sólo tiene como objetivo explotar a los consumidores para favorecer a los grupos de empresas incompetentes; los tribunales estatales que instituye nunca han pretendido salvaguardar o defender la competencia, sino la incompetencia y la ineptitud.

Puede que estas conclusiones parezcan exageradas. Sin embargo, echando una ojeada a la historia sólo podemos concluir que nos hemos quedado cortos.

La legislación antimonopolio empieza en EEUU con la denominada Sherman Act (1890), con la excusa oficial de combatir los crecientes monopolios y cárteles que se estaban formando en la economía.

Es importante retener la fecha, porque alude a un período histórico en el que EEUU experimentaba una continuada reducción de precios, lo cual ya indica una cierta discrepancia con la idea subyacente en el monopolio. Recordemos que el monopolio se caracteriza por incrementar los precios (o reducir la cantidad de productos ofrecida) para explotar a los consumidores. Y, paradójicamente, esta época de insoportables concentraciones empresariales –que llegaron a justificar incluso el comienzo de la legislación antimonopolio– se caracterizaba por las reducciones generalizadas de precios.

Pero si además nos adentramos en los datos concretos comprobamos las innumerables tropelías que, en nombre de la falsificada competencia, llegó a cometer el Estado. El historiador Thomas DiLorenzo acudió a los archivos del Congreso para analizar los datos en función de los cuales la Sherman Act trituró y desmembró decenas de empresas, acusadas de monopolio.

Los resultados son sorprendentes. En el período 1880-1890 la economía estadounidense había crecido un 24%. Todas las empresas que fueron acusadas de monopolio habían incrementado su producción por encima de ese 24%; como media, un 175%. Si hacemos la comparativa desde el lado de los precios, vemos que el índice general cayó durante esos diez años en un 7%, mientras que las empresas disueltas redujeron sus precios un 53% de media.

En otras palabras, los políticos atacaron y destruyeron a las empresas más eficientes del mercado con la excusa de que eran monopolios, aun cuando ninguna incrementara los precios ni redujera la cantidad producida.

La legislación antimonopolio fue y sigue siendo un fraude esperpéntico. Los Tribunales de Defensa de la Competencia deben desaparecer para que el consumidor vuelva a ser soberano. Las únicas leyes antimonopolio que necesitamos son las que prohíban que el Estado o cualquier individuo ejerzan la fuerza para eliminar a los competidores.

El Estado no tiene ningún interés en luchar contra los monopolios. De hecho, el propio Estado es un monopolio jurisdiccional que nunca ha pretendido abrirse a la competencia; por eso nuestra libertad mengua ante la intervención catastrófica de políticos incompetentes.

Capitalismo bélico

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario.

Si los Estados Unidos no hubiesen dispuesto a tiempo de la bomba atómica, ¿habrían ganado la guerra? Indudablemente. Les hubiese llevado algo más de tiempo y miles de vidas, pero la victoria era incuestionable. En 1945 la superioridad de los norteamericanos era absoluta en todos los terrenos; en el militar, en el tecnológico y en el económico. Lo primero parece obvio, lo segundo no tanto.

En torno a la guerra mundial existe un mito muy arraigado y que se perpetúa con cada historiador que acomete el estudio de la contienda: el del triunfo de la industria socializada de la guerra. Stalin, años después de acabada la guerra, aseguró ufano que los nazis habían perdido porque Hitler no entendió que las guerras modernas se ganaban en las fábricas de armamento.

En parte tenía razón, y en parte no. La industria bélica nazi no estuvo a pleno rendimiento hasta 1943, año en que la suerte cambió para los alemanes. De hecho, en enero de ese año la derrota del VI Ejército en Stalingrado sentenció el curso de la guerra. Demasiados soldados, demasiada dependencia en la guerra relámpago y ninguna preparación para sostener las líneas. Esa fue la causa del derrumbe del frente oriental.

Mientras 13 millones de personas estaban destinadas a las Fuerzas Armadas (el mayor ejército en combate de la Historia) las fábricas no alcanzaban los mínimos de producción necesarios para sostener el esfuerzo bélico. Los planes trazados en Berlín por Goering no dieron nunca los resultados apetecidos. Al otro lado, en la Unión Soviética, sucedió algo parecido pero aliviado por la acuciante necesidad de la autodefensa.

En el apogeo de la campaña del este, las fábricas rusas llegaron a producir 14.000 tanques al año, pero necesitaban del aporte continuo de tecnología y componentes fabricados en el Reino Unido y EEUU. Sin ellos, la URSS nunca hubiera podido repeler la ofensiva nazi del modo que lo hizo.

La clave de la victoria aliada estuvo en el dinamismo de la industria bélica norteamericana, gestionada bajo principios capitalistas. En 1943, la producción de armamento equivalía a la de Alemania, Italia y Japón juntas, al año siguiente la doblaba. Las contratas privadas del Ejército trabajaban sin descanso produciendo más armas, a menor coste y mucho más rápido que sus oponentes. Se llegaron a armar fragatas completas en sólo 27 días, cuando lo normal eran 196. La Fuerza Aérea pudo contar con muchos más aviones de lo que nunca hubiese soñado. Durante los años centrales de la guerra, las fábricas aeronáuticas entregaban al Estado 133 aviones al día, y los astilleros un barco cada 10 horas. Lo que llegó a faltar en muchos casos fue personal entrenado para pilotar las aeronaves y tripulaciones para los buques de la Armada. Justo al contrario de lo que sucedía a orillas del Volga, donde el comunismo bélico no era capaz ni de suministrar un fusil a cada combatiente. Lo suplieron con heroísmo sí, y con mucha e innecesaria sangre.

Durante todo este tiempo, los salarios reales de la industria bélica aumentaron y las condiciones laborales de sus trabajadores eran las mismas que las del resto de sus compatriotas. Nada que ver con los destajos estajonovistas de la industria soviética. Hasta en eso el capitalismo se demostró superior.

Esta, y no la bomba atómica como se ha repetido hasta la saciedad en los últimos 60 años, fue la verdadera ventaja de los Estados Unidos en la guerra. Cuatro décadas después, en plena guerra fría, el capitalismo bélico volvió a imponerse cuando los jerarcas soviéticos reconocieron que no podían seguir el ritmo que les marcaban los americanos. Y no porque fuesen tontos sino porque habían elegido el sistema erróneo para competir con su adversario. Sería el principio del fin para la tiranía soviética. Sin disparar un solo tiro.

Hacia el pleno empleo

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Esta semana el fantasma de los despidos ha vuelto a aparecer. Ford prescindirá de un máximo de 30.000 empleados; Daimler-Chrysler reducirá su plantilla administrativa en un 20%; y en España más de seiscientos empleados de Seat resultarán afectados por el expediente de regulación de empleo. El sector del automóvil, en Occidente al menos, no parece estar muy bien; y tal vez sea la hora de dejar que otros países (o mejor, que personas de otros países) hagan este tipo de trabajo para que nosotros nos dediquemos a explotar otras necesidades.

Algo así parece de sentido común: nuestro sector deja de ser rentable y en consecuencia nos vamos a otros más lucrativos. Eso no significa que Occidente deje de fabricar coches, pero sí que empiece con algo nuevo. Pero parece tan lógico como difícil de conseguir. No es difícil porque los empresarios y trabajadores occidentales estén menos capacitados que los orientales, sino por las leyes del gobierno que trabajan contra la economía y prosperidad privada. En el estado del bienestar cuando a alguien se le despide lo tiene negro para encontrar otro trabajo, y eso no se debe a que la producción sea mayor al consumo agregado, sino que se debe al freno estatal a la innovación y libre mercado: subsidios por desempleo, restricciones de precios y producción, leyes laborales, intereses patronales y sindicales, acuerdos políticos, impuestos… Sólo los “peces gordos”, que son los que están organizados políticamente, son los únicos beneficiados manteniendo una economía corporativista y sistemas productivos obsoletos en decremento de nuestro bienestar material.

Cuando un sector empieza a ir mal, ya se haga patente por despidos o deslocalizaciones, no es una debilidad, sino una señal del mercado y una oportunidad para la economía y comunidad. Si nos enfrentamos políticamente a esta tendencia con subvenciones estatales o ayudas no privadas lo único que crearemos será un zombi que restará trabajo a otros destinos productivos que sí son necesarios. El trabajo por el trabajo no nos da riqueza, pero el trabajo por la producción real sí.

La producción real, por bien o por desgracia, sólo se puede conseguir mediante una vía, la libertad y jamás mediante la planificación central dirigida políticamente. Esta última es la que nos ha traído el desempleo continuo, precariedad y dependencia.

En la economía del laissez-faire siempre que el consumidor tenga una necesidad real, un empresario saldrá para ofrecérselo, y luego otro, y otro hasta llegar a un beneficio general casi homogéneo. Consumidores, empresarios, trabajadores, capitalistas… todos salen ganando.

El pleno empleo del laissez-faire se crea gracias a una movilidad permanente de factores productivos (y el trabajo sólo es uno de ellos) entre toda la estructura de producción económica donde los déficit de un sector desaparecen para ir a buscar los mayores rendimientos en otros, y esto es precisamente lo que las leyes laborales y agentes sociales impiden apelando siempre al bien común y al sentimentalismo socialista que hoy dominan la política izquierdista y conservadora. Sólo así nace la innovación. Amazon, Carrefour, Vueling Airlines y tantos otros no nacieron de la planificación central del estado.

Eso no significa que alguien no se pueda quedar toda la vida en una empresa, porque en el laissez-faire siempre nace la diversidad de opciones. En una economía libre, nadie está obligado a hacer ocho horas al día si no lo elige antes, tampoco nadie se ha de sentir atrapado en una empresa como ocurre hoy día, ni las barreras de entradas para los menos capacitados laboralmente son un inconveniente insuperable sino sólo temporal.

Para la prosperidad, el estado y grupos con fines políticos son parásitos. La diferencia entre el pleno empleo y la precariedad y dependencia es la diferencia entre si usted quiere ser el propietario de su destino y fortuna o permite que lo sean una panda aprovechados que viven de sus ilusiones y esfuerzo. El laissez-faire surgió precisamente de las clases pobres, no de las ricas; y surgió para acabar con un sistema similar al actual donde las elites políticas vivían a expensas de las masas. Revivamos la historia y lancemos un mensaje claro a esas lacras del gobierno: ¡largaros de aquí y dejadnos elegir nuestro futuro!

Buenas noticias para los fumadores

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El 20 de enero, el Consejo de Ministros aprobó una fuerte subida de los impuestos sobre el tabaco en un intento de asfixiar a los fumadores con una nube impositiva. En respuesta a la Ley Antitabaco y al decreto sobre la fiscalidad del tabaco, la tabaquera hispano-francesa Altadis anunció la elevación del precio de sus principales marcas. Sin embargo, en un movimiento empresarial inesperado, Philip Morris informó que bajará el precio de clásicos como Marlboro o Chesterfield. Por primera vez en la historia, Fortuna pasaba a ser más cara que Marlboro. De repente, y como por arte de magia, el consumidor ha visto aparecer un rayo de competencia en uno de los mercados históricamente más intervenidos. Es triste que haya ocurrido en respuesta a sucesivas intervenciones que han dañado gravemente a la industria pero lo cierto es que, una vez agredidos los consumidores y la industria, mejor que aparezca una empresa como Philip Morris aplicando una estrategia de subsistencia a base de competir.

Los estanqueros han reaccionado con la insolencia y el desprecio hacia sus clientes que en una sociedad abierta sólo se puede permitir un grupo privilegiado. Reclaman, cómo no, que el gobierno imponga un precio mínimo de dos euros a todas las cajetillas de tabaco. El martes 31 de enero se reunirán para decidir cómo presionar en defensa de sus propuestas coactivas. Para llevarse el gato al agua a costa del consumidor no descartan negarse a vender las marcas baratas o incluso cerrar sus establecimientos. Esta actitud es realmente intolerable pues, como ya explicara en 1609 Juan de Mariana, “lo mismo es decir poner estanques que pechos (impuestos) pues todo sale a una cuenta, y por un camino y por el otro toma el príncipe la hacienda de sus vasallos”. En este caso son los estanqueros los que toman la propiedad de los consumidores en su condición de privilegiados delegados del príncipe, es decir, del Estado. Es la típica desvergüenza de quienes se creen que su robo, por ser legal, es legítimo.

Que los grupos privilegiados ataquen al consumidor puede entenderse –aunque no aceptarse– pero lo alucinante del caso es que la OCU haya decidido aplaudir la subida de impuestos del gobierno y de Altadis pidiéndole además a la administración que los vuelva a subir. Más que de consumidores la OCU parece ser una organización de palmeros del intervencionismo estatal; la peor de todas las políticas contrarias a los intereses de los consumidores. Estos farsantes han llegado a declarar estos días a través de un portavoz que “la asignatura pendiente de la Administración es subir todavía más los impuestos sobre el tabaco para que la gente deje de comprar”. Sin duda, a los de la OCU se les está cayendo la careta.

En medio de este alucinante ataque a los consumidores de tabaco por parte del estado, del gobierno y de los privilegiados estanqueros, ha surgido una fantástica noticia. La Asociación Madrileña de Consumidores y Contribuyentes, después de dar la bienvenida a la rebaja del precio realizada por Philip Morris, ha calificado la actitud de los estanqueros como de “amenaza mafiosa” por negarse a vender mientras ostentan la exclusiva de la distribución del tabaco pretendiendo utilizar a los consumidores como “rehenes en una extorsión a la tabaquera americana.” Por si su postura en defensa del consumidor y de la libertad individual no hubiera quedado clara, la AMCC ha declarado por boca de su presidente, Javier Alonso, que “todo esto no es más que la demostración palpable del daño incalculable que ocasionan sobre los consumidores las regulaciones y restricciones al libre comercio, en este caso del tabaco”. La aparición de esta organización es una gran noticia para los fumadores pero también lo es para el conjunto de los consumidores.

Irlanda como ejemplo

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La sangría emigrante, que redujo los más de ocho millones de irlandeses que vivían en su tierra en el XIX a solo tres, se ha detenido e incluso ha cambiado de signo, y el crecimiento económico desde 1996 ha rondado el 9 por ciento. En 2004 se le consideró el país con mayor calidad de vida del mundo. Y todo gracias principalmente a una reforma fiscal que nada tiene que ver con la del Gobierno socialista.

En Irlanda, el mejor consejero resultó ser el desastre. La deuda superaba con creces lo que producía el país, la tasa de desempleo llegó al 17 por ciento y el crecimiento apenas se notaba. Cuando la economía alcanzó una situación desesperada, cuando el Gobierno era consciente que se había probado casi todo y todo había fallado, se optó por hacer caso, por una vez, a los mejores consejos económicos. Redujeron de forma significativa el gasto público (en más de un 20 por ciento), y comenzaron a rebajar los impuestos y los aranceles. El tipo del Impuesto de Sociedades se rebajó del 40 por ciento en 1996 al 24 por ciento en 2000, y se ha seguido rebajando hasta el 12,5 actual. Estas condiciones han sido una llamada a la inversión extranjera, que ha acudido decidida.

La transformación que ha experimentado la economía irlandesa ha ido forzando a los responsables a tomar otras medidas, como la desregulación del mercado de telecomunicaciones y otros sectores, que han contribuido también a hacer del país un lugar muy adecuado para la inversión y el trabajo. Irlanda ha ido ganando posiciones en los dos índices de libertad económica, hasta alcanzar la tercera posición en el de la Heritage y el WSJ y el noveno en el de los institutos Fraser y Cato.

En España seguimos el ejemplo contrario. Se rebaja el tipo del Impuesto de Sociedades en un atrevido plan de un punto al año durante cinco años, y eso que no sabemos qué quedará de España en 2011. Pero a cambio elimina las deducciones, que permitían que el tipo efectivo quedara bastante por debajo del 35 por ciento para numerosas empresas. Si los inversores extranjeros ya comienzan a desconfiar de España, si la competitividad española está claramente a la baja, esta contrarreforma fiscal no va a ser de ninguna ayuda. Hubiéramos debido fijarnos en el ejemplo irlandés. No lo hará el Gobierno de Zapatero.

Ideas básicas sobre la libertad de armas

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Las armas no son más que un medio, un instrumento en manos del hombre. Como cualquier otra herramienta, no tiene la capacidad de imponerse al hombre, que es quien la ha creado y quien la utiliza. Las armas por sí solas son completamente inútiles e inocuas. Solo cobran vida cuando están bajo el control de las personas. En consecuencia, lo primero que hay que tener en cuenta cuando uno se acerca al problema de las armas es que lo que estudia es el comportamiento humano.

Y al respecto hay que resaltar dos ideas antes que ninguna otra. La primera, que las armas, como cualquier otro instrumento, se pueden utilizar para el bien y para el mal. En ello no se distinguen de cualquier otro medio. Y la segunda es que, por lo general, las personas buscan fines legítimos y positivos para sus vidas, que son compatibles con los de otros ciudadanos. Son menos los usos negativos o perniciosos que hacemos de las cosas, y no tenemos más que fijarnos en nuestra vida cotidiana para darnos cuenta. Un cálculo conservador del uso defensivo de las armas en los Estados Unidos reveló que su número ronda los dos millones y medio, mientras que los usos criminales rondan el medio millón.

El uso de armas por los ciudadanos disuade a los criminales, que de hecho temen más a una víctima potencial armada que a la policía. Hay criminales que desisten de llevar a cabo ciertos delitos, otros que incluso abandonan la actividad delictuosa. Los que siguen actuando contra la vida y el patrimonio de los demás intentan evitar el contacto con las víctimas. Quienes asaltan las casas para robarlas invierten más tiempo y esfuerzo en estudiar el comportamiento de los moradores para no encontrarse con ellos. Aumenta el robo de coches, porque en principio no se encontrará al hacerlo con el dueño.

Luego está la cuestión del fracaso de las intervenciones públicas, probado una y otra vez en distintos ámbitos, y que se ha puesto de manifiesto de nuevo en el control de armas. Los datos lo muestran claramente, pero aquí nos quedaremos con la razón de porqué es así. Cuando se prohíbe el uso privado de armas, ¿quién hará caso de la ley? Los ciudadanos que por lo general cumplen las leyes, aunque como ésta sean manifiestamente injustas. Y los usos que harán estos ciudadanos será, aparte del decorativo y recreativo, el de defenderse frente a los peligros de la naturaleza y a los criminales. ¿Y qué harán estos? Ya se comportan fuera de la ley, por lo que seguir armándose ilegalmente no les supone ningún problema. Es más, incluso cuando el uso privado de armas es legal, los criminales acuden al mercado negro para conseguir armas. Los costes de más que pueda suponerles una medida de control de armas no son nada con los beneficios asociados a la tenencia de las mismas, cuando de hecho son una herramienta necesaria para su actividad criminal.

El resultado es que los ciudadanos, que harán usos defensivos de las armas, quedan indefensos frente a los criminales. El crimen aumenta. Pero, ¿y los accidentes? ¿No será que éstos también crecen y que el número de ellos compensa sobradamente lo que ganan los ciudadanos en libertad y seguridad? En absoluto. El avance de la tecnología hace que el uso de las armas sea cada vez más seguro. Y hay un elemento que no se debe dejar de lado. El uso, la experimentación en libertad hace que se adquiera y transmita el conocimiento necesario para aprender a utilizar bien los instrumentos, también las armas. Éstas serán más peligrosas cuando estén prohibidas que cuando se pueda aprender su uso y manejo desde la juventud, en un entorno en el que los usos sociales y el conocimiento compartido, adquiridos en libertad. Valga como ilustración que en Estados Unidos, en 1988, el número de muertes causadas por accidentes fue de 200; 22 en estados con leyes que permiten llevar armas ocultas y 178 en el resto.

Estado y competencia fiscal

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

El mercado es un orden espontáneo, es decir, no deliberado o creado por nadie en concreto, sino por todos los seres humanos que conformamos la sociedad y aquellos que lo han hecho en su día. El derecho surge de esa libertad de relacionarse del individuo y ha venido descubriéndose evolutivamente. Frente a esta visión nos encontramos con lo que Hayek denominara legislación, es decir, el derecho positivo o conjunto de normas aprobadas por los que nos gobiernan. Un fruto vil de dicha legislación es nuestro sistema tributario. Y es el más importante desde varios puntos de vista.

Desde el estatal, ya que algo artificial e involuntario debe subsistir de algún modo. Mientras que en el mercado libre lo haría por sus propios méritos, el estado debe obligar a que se le transfiera propiedad involuntariamente para continuar existiendo (impuestos e inflación). Su naturaleza no es de mercado (no es voluntaria, no es una empresa) y para existir, debe imponerse por la fuerza: si fuera voluntario dejaría de ser estado y se convertiría en una empresa productora de bienes y servicios sujeta a la presión competitiva por mejorar constantemente su oferta al son de los consumidores.

Pero el sistema tributario también es importante desde el punto de vista de los ciudadanos. Y en concreto, para aquellos que nos proveen de bienes y servicios que queremos tener: las empresas. Para estas es de vital importancia la tributación porque ahorrar costes supone sobrevivir y lograr mantenerse en el servicio al consumidor frente a sus rivales. Y es que,  las empresas que tengan que soportar los impuestos verán aumentados sus costes y tenderán, bien a reducir su producción o bien a huir, la famosa deslocalización. La intensidad del segundo caso dependerá de la estructura productiva de la economía, es decir, de la incidencia del impuesto sobre el empleo de capital fijo (bienes menos líquidos), difíciles de liberar y por tanto más costosa su movilidad; o por el contrario, sobre el capital circulante (más líquidos) más rápidos de convertir en dinero y, por tanto, más fácil liquidar y trasladarse. Y sobre todo, esto también explicaría como el estado prefiere gravar las rentas del trabajo que las del capital, dado que los primeros encuentran más incomodidades a la emigración que las propias empresas (suponiendo solo aquellas que tienen capacidad para su traslado, no las más pequeñas que directamente cierran).

Así, en un mundo en donde el comercio es cada vez más imparable, las empresas deben aprovechar cuantas oportunidades tengan para reducir costes y vender a precios más bajos y productos de mayor calidad. Es por ello que se ven impelidas a abandonar sus sedes y trasladarse hacia aquellos lugares más pacíficos con los derechos de propiedad. La deslocalización es un producto más de las incomodidades que las legislaciones provocan y no son más que un alivio forzado para los consumidores. De ahí que la idea de una competencia en impuestos resulte positiva, como un parche a medio camino entre el estado y la libertad.

La competencia en impuestos parcelaría los territorios burocráticos modificando a la baja la fiscalidad ya que las administraciones rebajarían sus gravámenes como modo de atraer empresas, albergar el nacimiento de nuevas  y permitir mayor prosperidad a sus súbditos. Sería un continuum de rebajas de uno y otro lado, más sensible al grado de paciencia de los contribuyentes que el que ahora padecemos. En este punto no cabría argumentación en contra del estilo oligopolístico o colusivo. Siempre habría disparidad de opiniones y objetivos de atraer inversiones de otra zona burocrática por parte de alguna de ellas.

Además, se facilitaría el surgimiento de nuevas voces administrativas que clamarían por disponer de capacidad normativa en materia fiscal en vista de los beneficios políticos que al final se evidenciarían si con menor tributación se permite mayor empleo y prosperidad. Y así, se sentarían las bases para un proceso de secesión del individuo, la sociedad, del estado,  ya que mayores cotas de libertad serían alcanzadas y sería más fácil ver las consecuencias de la planificación acelerando así el desprendimiento del estado.

Pero aun sin llegar a ser tan optimistas, se combatiría el hambre gubernamental que viene de Bruselas y que no suena a otra cosa que a armonización fiscal –al alza, siempre al alza–; ejemplo de ello es la armonización fiscal del IVA. Con lo que con lugares como nuestros Territorios Forales vascos y Navarra como ejemplos, se iniciaría un camino en el que se atomizaría el sistema fiscal. Las empresas emigrarían allí donde mejor pueden servir a los consumidores. Y tendríamos como resultado, una constante armonización a la baja del sistema fiscal.

Empresa y política

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Como la posición de este periódico respecto al ataque "retranqueado" contra un famoso empresario murciano ya ha quedado suficiente y, he decirlo, brillantemente fijada por su Director junto al más destacado de nuestros columnistas (tranquilo Abarca, tus amigos prometemos ir a visitarte a la cheka), no es cuestión de echar albarda sobre albarda, por lo que sólo añadiré que aunque el socialismo es la principal expresión política del defecto de la envidia, lo cierto es que los sociatas murcianos a veces exageran.

Solo bajo un sistema de coacción estatal generalizado, como ocurre en las socialdemocracias europeas, los empresarios están permanentemente bajo sospecha. Los creadores de riqueza, los espíritus emprendedores capaces de ver una oportunidad de negocio que para los demás pasa inadvertida, con talento y decisión para llevarla a cabo jugándose su patrimonio, son los que hacen prosperar a las sociedades, no quienes las explotan; para eso ya está la clase política.

El empresario de éxito debería cultivar, en palabras de Ayn Rand, "la sana virtud del egoismo". Ni tiene que perdón a la sociedad por ser rico, ni dedicar parte del dinero honradamente ganado a la filantropía o la solidaridad para devolverle una parte, porque nada le debe. Al contrario, es tanto el desprecio que se proyecta hacia su figura desde los centros de enseñanza, las tribunas académicas, los foros políticos o los medios de comunicación, que lo justo es que nos pagara con la misma moneda. La escolástica progre, tan enraizada en el mundo del pensamiento y en el ambiente cultural, sigue señalando al empresario como un vulgar explotador, pero esa acusación pertenece al ámbito de la teología marxista, no al de las relaciones económicas en un sistema de libre mercado.

Si alguien incumple una ley, ahí están los jueces para que lo sancionen en su caso. Mientras tanto a callar y a ver si entre todos aprendemos algo de los paisanos que triunfan. Igual así empieza a mejorar esta puñetera región.

La regulación de la telefonía móvil: los precios

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

De todos aquellos parámetros económicos que el Estado puede regular, los precios son quizá los más populares. A la mayoría de las víctimas del Estado del Bienestar, y desde luego a sus partidarios, les gusta pensar que les defienden de los efectos diabólicos del mercado marcando un precio idóneo para esos servicios esenciales que por el arte de la dialéctica progresista se convierten en derechos inalienables. Sin embargo, la coherencia no es necesariamente una virtud en la forma de actuar de nuestros gobernantes y así coexisten los precios máximos, como los de la luz o el gas, con los precios mínimos para colectivos “desfavorecidos” como los agricultores que ven como a través de estos precios y de los subsidios agrarios, algunos de sus productos son incluso “competitivos”. Es posible que la alimentación no sea un derecho inalienable. Otra forma de controlar los precios son las simples presiones sobre las empresas, sobre todo si su existencia depende de una concesión estatal.

Las empresas de telefonía móvil se encuentran situadas entre el primer y el tercer caso. Así, los precios que las operadoras ponen a sus abonados no responden a un precio máximo pero los precios de interconexión entre redes, es decir los precios que se pagan las operadoras entre sí por interconectar sus redes para que dos abonados de diferentes empresas puedan hablar, sí tienen una regulación específica. A principios del otoño de 2005, la CMT rebajo los precios a las tres operadoras españolas con la intención de que este descenso en el precio fuera repercutido en el usuario final. Tal rebaja desde luego no llegó al usuario ya que una parte nada desdeñable de los ingresos de estas empresas venían precisamente de este servicio.

Otro de los sistemas que no gustan a los burócratas ministeriales es la existencia de determinadas tarifas, o mejor dicho de modos de tarificación. Así, a principios de verano Telefónica Móviles decidió tarifar en tramos de medio minuto en vez de por segundos, sistema que ya usaban sus competidores. El revuelo que se generó fue tal que las operadoras tuvieron que dar marcha atrás. FACUA, OCU y otras organizaciones de consumidores denunciaron el redondeo, las Comunidades Autónomas denunciaron el redondeo y el Gobierno terminó por legislar para impedir el redondeo. La libertad quedó en entredicho y lo más curioso de todo este asunto es que las nuevas tarifas que se crearon fueron menos demandadas frente a las existentes por tramos de 30 segundos, según denunciaba el diario económico Expansión en un editorial del 23 de diciembre. Es paradójico que el Estado impida usar este tipo de tarificación cuando él mismo suele usarlo en el transporte público, por poner un ejemplo que afecta a todos. Los precios de los viajes en autobús o en metro no son proporcionales al número de kilómetros recorridos sino que tienen un precio fijo independientemente de si te bajas en la primera o en la última parada.

Por otra parte, el supuesto abuso de las operadoras sobre los ciudadanos no es un asunto menor. A principios de diciembre de 2005 el gobierno francés impuso una multa a las operadoras francesas por pactar precios. El Consejo de la Competencia francés elevó a 534 millones de euros la cuantía de la sanción, lo que la convirtió en la mayor impuesta en Europa. En nuestro país de momento no se ha dado una multa tan elevada pero no nos sorprendería ya que las medidas intervencionistas de nuestro vecino galo suelen ser un espejo en el que se suelen mirar nuestros no menos intervencionistas gobernantes socialistas.

A mediados de este mes de enero de 2006, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) acusó a las operadoras de móvil de no repercutir en los precios el ahorro de costes y es que según el organismo regulador se ha detectado que la rebaja de precios no llega a la mitad del ahorro en costes y que no se ha trasladado a los clientes la productividad lograda por el crecimiento del tráfico. Esta rocambolesca excusa, que pocos ciudadanos sabrán entender es la justificación de otra medida no menos intervencionista. La supuesta ausencia de competencia se verá solucionada una vez más por la sabiduría estatal que, para atajar la situación, aprueba los llamados Operadores Móviles Virtuales (OMV), operadoras que sin antenas emisoras alquilan las infraestructuras necesarias a las que la tienen y se dedican a competir con aquellas que les alquilan los medios. La gracia está en que es bastante posible que las operadoras tradicionales se vean obligadas por ley a alquilar sus antenas. Vuelve a ser paradójico que en un pseudomercado que existe por concesión estatal, el propio Estado hable de ausencia de competencia.

Y con esto llegamos a un tercer punto no menos controvertido y que no es otro que el de las antenas, base y alma de la telefonía móvil. Pero éste es tema para un tercer y último comentario.

Tomás de Mercado y los comerciantes

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

La Summa de Tratos y Contratos publicada por Tomás de Mercado en 1569 ofrece una amplia variedad de consejos valiosos para los actuales profesionales del comercio. Este tratado mercantil del dominico español es otro ejemplo más de la ciencia económica aquilatada por la Escuela de Salamanca durante el siglo XVI.

Aparte de las discutibles opiniones del autor sobre la teoría cuantitativa del dinero, los precios tasados y determinados prejuicios de carácter religioso, la Summa define con claridad en qué consiste vender, alaba la función social del comercio y brinda magníficas lecciones para los emprendedores. En su Sevilla natal y gracias a la familia, Tomás de Mercado conoció desde joven el ambiente de los mercaderes. Era la época en que la aventura americana de España estaba en plena ebullición. Mercado se aprestó a razonar las motivaciones de aquel intenso periodo por medio de este tratado cuyas conclusiones siguen siendo válidas.

Para el dominico un comerciante es aquel que aguanta un bien previamente adquirido, sin transformarlo, esperando más adelante transar con él. Ese es el valor y la incógnita en la venta: la expectativa de lo que puede o no llegar. Asuntos de menor mérito son los casos del labriego o el escudero que venden su trigo o sus corceles respectivamente sin dilación:

El mercader no busca ni aguarda se mude la substancia o cualidad de su ropa, sino el tiempo y, con el tiempo, el precio, o el lugar… Mercar cualquier género de ropa o bastimento y, sin que en él haya mudanza, tornar a venderlo, porque le aumenta el valor o muda lugar, esto es mercadear y negociar.

Mercado recomienda modestia y discreción en los comerciantes, siempre vigilados por la envidia igualitaria de sus contemporáneos. Hoy, algunos emprendedores hispanos de alto nivel siguen a pies juntillas este consejo:

Así que en vivir modesto excusa costa, ahorra dineros y hácese bienquisto y acreditado. Ítem deben ser en su hablar reportados y de pocas palabras, atento que si hablan mucho, como siempre hablan en derecho de su dedo, pensarse ha de ellos que en todo engañan.

El autor reprende la costumbre de apurar el precio final en detrimento de la otra parte durante el acuerdo; anima a la autoformación (“aficionados a buenos libros”) ante las tribulaciones y prefiere los consultores que comprendan la praxis de los negocios a los eruditos en demasía. Tomás de Mercado ampara la pluralidad de sociedades mercantiles para que los fines del comercio lleguen a buen puerto:

En estas compañías, unas veces ponen todos dineros y trabajo; otras, se reparte el puesto, que unos ponen dineros, otros lo negocian y tratan. En la ganancia, unas veces ganan por iguales partes; otras, por desiguales -el uno dos tercios, el otro uno-; y de otros mil modos se varía y diferencia el concierto, tanto que no cae debajo de número ni ciencia, ni es menester que caiga.

Mercado defiende el valor subjetivo en los bienes y relata la sorprendente historia, digna de película de género, de un navío que, cargado de oro y plata, encalló en 1556 frente a las costas de la Florida, cuyo cargamento de oro y plata era cordialmente rechazado por los indios que habitaban aquellos parajes ( Libro II, capitulo VI ):

Esta es prueba evidente de esta verdad que tratábamos: que no valen las cosas entre los hombres lo que vale su natural, sino, según dijo el Filósofo, lo que es nuestra voluntad y necesidad, como la que les da estima y valor.

Por último, (dejando aspectos para otro comentario) Tomás de Mercado alaba la dignidad social que el comercio trae consigo. Es la última cita, quizá extensa, pero es inmejorable y los globofóbicos, que siempre minan los deseos de la gente humilde en salir de la miseria, deberían enmarcarla si algún día les alcanza razón:

Hesíodo, autor antiquísimo, y Plutarco afirman que en aquellos tiempos ningún género de vida que el hombre siguiese, ni ejercicio ninguno en que se ocupase, ni trato ni oficio en que se ejercitase, era tan estimado y tenido entre las gentes como la mercancía, por la gran comodidad y provecho que causa, así en los tratantes como en todo el cuerpo de la república. Lo primero, esta arte provee las ciudades y reinos de infinita variedad de cosas que ellos en sí no tienen, trayéndolas de fuera, tales que no sirven sólo de regalo, sino muchas veces necesarias para la misma conservación de la vida. Lo segundo, hay gran abundancia de toda suerte de ropa, así de la propia de la tierra como de la extranjera, que es gran bien.