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Bye bye, Europa

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Después de calificar el proceso como "deslocalización", los estatistas han reclamado la inmisericorde actuación represiva del Estado para frenar la antisocial desbandada capitalista. En su opinión, la deslocalización sólo tiene como objetivo explotar los bajos salarios del Tercer Mundo, arruinando colateralmente a Occidente; el Estado tiene que impedir que las empresas huyan impunemente de nuestros territorios.

Para la izquierda, en definitiva, los obstáculos arancelarios que impiden a la gente entrar en nuestros países han quedado desfasados; necesitamos de nuevas barreras que, cual Muro de Berlín, impidan a los ciudadanos salir de la Europa socialista.

Sin embargo, las causas y las consecuencias de la "deslocalización" son muy distintas a las que el pensamiento único socialista nos transmite todos los días a través de los medios de comunicación. Conviene, por consiguiente, poner algunos puntos sobre las íes para despejar gran parte de las cortinas de humo económicas; sólo así podremos señalar a los auténticos responsables de los auténticos problemas que sufrimos los auténticos europeos.

Especialización y división del trabajo

La deslocalización no es un fenómeno reciente: ha existido desde el siglo XIX, y sólo se vio interrumpida en el XX por los totalitarismos y las guerras mundiales. No obstante, el nombre de la deslocalización sí es nuevo: hasta fechas recientes se la conocía, simplemente, como "movimientos internacionales de capital".

A la izquierda, claro está, le interesa confundir los términos y tildar de deslocalización (que suena a dislocación) un proceso empresarial beneficioso para todas las partes. Ya vimos en otra ocasión que el capital es uno de los instrumentos con los cuales el ser humano se enriquece.

Cuando los empresarios buscan la mayor rentabilidad para su capital están dirigiendo los recursos productivos a aquellas actividades que mejor sirven al bienestar de los consumidores. Un proyecto es muy rentable cuando los frutos esperados son muy elevados, los frutos son muy elevados cuando la gente los quiere comprar, y la gente los quiere comprar cuando satisfacen sus necesidades.

A menores costes productivos, mayor será la cantidad de bienes y servicios que una empresa podrá producir y, por tanto, mayor el número de consumidores que podrán adquirirlos. Por tanto, los empresarios tenderán a dirigir sus inversiones allí donde los salarios sean más bajos. De esta manera, no sólo incrementarán los salarios de esas zonas, además aumentarán la cantidad de bienes y servicios ofrecidos en el mercado, reduciendo así su precio.

En otras palabras, cuando las empresas europeas se deslocalizan hacia el Tercer Mundo, por sus bajos salarios, no sólo provocan un enriquecimiento de esas zonas, sino que los consumidores occidentales podemos adquirir los mismos productos que antes a un menor precio.

Occidente, por tanto, se beneficia a través de dos vías de la "deslocalización": por un lado, los accionistas occidentales de esas empresas ven incrementadas su riqueza y su propiedad; por otro, los consumidores europeos experimentan un aumento de sus rentas reales y, en definitiva, de su ahorro. La mayor renta de unos y otros permite incrementar la acumulación de capital y, en definitiva, nuestra riqueza. Así mismo, los trabajadores del Tercer Mundo perciben mayores salarios que antes, lo que, a su vez, les permite ahorrar, acumular capital y enriquecerse.

Los movimientos internacionales de capital, guiados por la perspicacia y el empuje empresarial, conforman una división internacional de trabajo que mejora el bienestar de todas las partes. Los ricos se vuelven más ricos y los pobres –a pesar de la izquierda– también se vuelven mucho más ricos.

Los europeos no deben temer, en principio, a la mal llamada "deslocalización"; precisamente, es su mayor aliada. En lugar de producir textil nos especializamos en actividades con un valor mayor, lo que nos permite seguir comprando textil en el extranjero y a menores precios.

Ahora bien, como suele ser habitual, en un mundo donde el socialismo sigue imponiendo sus doctrinas a través del intervencionismo estatal, no todo resulta tan alentador.

Huyendo de Moscú

Hasta ahora hemos afirmado que los movimientos de capital tienen como objetivo rentabilizar las inversiones para satisfacer a los consumidores. Sin embargo, la "deslocalización" también tiene otras causas menos positivas. El capital es una forma de acumular riqueza por parte de los individuos. Por ello, en muchas ocasiones el capital, simplemente, se traslada fuera de determinados países para rehuir el desgaste expoliatorio al que se ve sometido por el Estado.

No se trata tanto de que en otras zonas la inversión sea más rentable, sino que el intervencionismo gubernamental ha eliminado cualquier tipo de rentabilidad en el interior de un país. Los casos más extremos de estos fenómenos son las hiperinflaciones o las nacionalizaciones; en esos momentos, los propietarios tratan de escapar en masa del Estado, refugiándose en otras partes del mundo. El fenómeno se ha venido a conocer como "dinero caliente": la gente no busca negocios más rentables, sino la supervivencia.

Un caso particular, mucho más lento y menos repentino, de este "dinero caliente" lo estamos padeciendo también en Europa. No existe una urgencia irrefrenable de huir de unas legislaciones cada vez más opresivas, pero conforme los activos de capital inmovilizado van depreciándose –y conforme otras partes del mundo van adquiriendo mayor estabilidad institucional– los empresarios dejan de invertir en Europa y se concentran en otros países. Sin prisa pero sin pausa.

La razón de este goteo de desinversiones la tenemos en las sangrantes legislaciones fiscales, laborales y medioambientales, que no dejan de incrementarse, en Europa. Cada vez es más complicado conseguir la más mínima rentabilidad, cuando gran parte de los costes son impuestos arbitrariamente por el Estado. A los empresarios sólo les queda ubicarse en otras regiones del globo con ordenamientos jurídicos más laxos.

De hecho, los gobiernos occidentales se han dado cuenta de este silencioso desprendimiento y se han afanado por concluir tratados internacionales que "armonicen" en todo el mundo las distintas legislaciones, para, según ellos, evitar el "dumping social".

No obstante, esto sólo incrementa la magnitud de la opresión y, por tanto, acelera la necesidad de fuga. Cuantas más cortapisas establezcan nuestros gobiernos –en forma de barreras de salida– menor será el atractivo para los empresarios de reinvertir en Europa.

Ejemplos de chantajismo político como el que ha practicado el ministro de Industria en la propia sede de Volkswagen ilustran el tremendo grado de corporativización y control en que está degenerando la Unión Europea, y sólo sirven para alertar a los empresarios de que conviene buscar, cuanto antes, otros destinos menos dirigistas.

Conclusión

Si durante mucho tiempo Europa constituyó un atractivo destino para los empresarios que pretendían invertir en sociedades ricas y prósperas, hoy toda su pujanza se ha marchitado en un aquelarre de intervencionismo, burocratismo y proteccionismo.

Europa va camino de una profunda descapitalización, similar a la que sufren las familias más acaudaladas cuando despilfarran las riquezas que cuidadosa y diligentemente habían acumulado sus ancestros. La credibilidad de nuestras bases liberales se va agotando y los empresarios cada vez confían más en otras zonas del mundo, como Europa del Este o, sobre todo, Asia.

Los políticos han clausurado nuestras sociedades abiertas, dando paso al ocaso europeo. Los empresarios cierran para no volver, mientras que la mayoría de los trabajadores se quedan sentados esperando un subsidio público que compense la pérdida de sus puestos de trabajo. El problema es que cada vez van quedando menos empresas a las que chupar la sangre. ¿Quién pagará entonces los subsidios? ¿Quién financiará un mastodóntico Estado de Bienestar? ¿Quién seguirá dispuesto a cumplir unas regulaciones que imposibilitan cualquier tipo de negocio?

Los gobiernos europeos han desplumado la gallina de los huevos de oro. Si el intervencionismo imperante no retrocede, sólo nos queda observar cómo acaba de hundirse en sus propias miserias socialistas. Cuba, Venezuela y Bolivia se han convertido, por desgracia, en el referente de Europa.

A más regulación, más caos y corrupción

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Ante el escándalo, algunos han atacado a los directivos, consejeros, asesores y demás de la compañía para acusarles de hacer filtraciones aun a pesar de que estos siempre han sabido los resultados con anterioridad y nunca antes había pasado nada. Evidentemente la CNMV no encontrará a ningún funcionario corrupto o, tal vez, cogerá al más despistado y como mucho lo echará compensándolo sobradamente, o como ya ha ocurrido con otros casos, será readmitido con el tiempo.

Este hecho nos muestra una vez más que el control de la fuerza, el de “si no haces lo que te digo te castigo” al que antes se llamaba extorsión y ahora “solidaridad”, no sólo no sirve para nada sino que perjudica a los actores económicos en beneficio de los que están capacitados por ley a aplicar la fuerza. ¿Pero donde está la extorsión de la CNMV si las comunicaciones al regulador sobre la marcha de la empresa son voluntarias (las circulares de la CNMV están enmarcadas dentro de las “soft law” que jamás “pueden agravar deberes ni tipificar infracciones ni sanciones”)? Podría ser que el Síndrome de Estocolmo haya contagiado a Gamesa y ésta hubiese anticipado sus resultados a la CNMV para quedar bien, pero teniendo en cuenta la actitud de los reguladores podemos hacer una hipótesis más probable y ver cómo funcionan las “recomendaciones” de estos organismos.

Todos los órganos reguladores, eufemismo que significa “planificador central”, siguen un férreo control de las empresas a las que fiscalizan. Los actuales planificadores centrales (CNMV, Banco de España…) se dedican a enviar misivas (circulares, e–mails…) a diestro y siniestro a las empresas que controlan como “recomendaciones”, pero a diferencia de una recomendación normal, que su aceptación siempre es voluntaria y se suele hacer con buena intención, la de los planificadores centrales es una orden con duras consecuencias de no ser acatadas. Lea la carta de la CNMV y decida usted mismo, una recomendación con pelos y señales, donde la segunda parte de la carta (las “Recomendaciones”), parece más una ley de comportamiento que una bienintencionada recomendación, todos los verbos están formulados en imperativo y no en condicional.

En el momento que las empresas (generalmente pequeñas) no cumplen la “recomendación” entonces el planificador lanza toda su fuerza contra ellas pidiendo informes, datos… haciendo aumentar el nerviosismo dentro de la empresa privada, costes operativos y el tiempo de los empleados al no poder canalizar el trabajo de éstos al consumidor final. La empresa no trabaja para el cliente, sino para la burocracia.

Ahora algunos analistas abogarán por más control, dirán que España es un país de opereta, y en fin, lo de siempre. De lo que no se dan cuenta es que la corrupción, por el propio carácter de la acción humana siempre existirá, y ésta afecta a cualquiera, ya sea empresario, funcionario, ama de casa… Aquel que crea que traspasar la libertad de las empresas a los órganos coercitivos afines a los medios políticos es arreglar el problema, sólo conseguirá los efectos contrarios a los deseados.

La razón es evidente, si damos poder hegemónico a una elite de burócratas que se rigen por el mismo principio que el resto de las personas sólo usarán su poder total para su beneficio. Las empresas privadas harán lo contrario, no porque sean mejores, sino porque sus “malas artes” sólo repercutirían en pérdidas para ellas: fuga de accionistas, consumidores insatisfechos, daños en su imagen corporativa (y recuperar la buena imagen es muy caro), etc. La única garantía para la transparencia privada (la estatal nunca ha existido ni existirá) es la libertad económica, porque además, la libertad también nos garantiza que las empresas trabajen en exclusiva para el cliente y así logren mayores beneficios para los accionistas, retribuciones para los empleados y amplíen su capital humano.

Si analizamos a los órganos reguladores por sus efectos, y no por lo que dicen, su misión es clara: aumentar los costes empresariales, disminuir la competencia, crear monopolios y transferir la libertad y beneficios de la economía privada al estado y amigos. No hay tercera vía ni políticas pragmáticas para arreglar el caos que ha generado el control hegemónico de la política. La única solución a este desorden y evidente corrupción es el laissez-faire, y eso significa acabar con todos aquellos órganos que dificultan la prosperidad económica y financiera.

¿Quién nos está robando poder adquisitivo?

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Alrededor de ocho millones de empleados, que no cuentan con cláusulas de revisión de sueldos, han perdido una buena parte de su poder adquisitivo en 2005. Pero también lo han perdido muchos de los que tienen cláusulas y muchos españoles que no son empleados. Autónomos, jubilados, gente que vive de rentas fijas han sido expoliados una vez más. Está claro que el común de los españoles somos víctimas de este proceso pero, ¿cuál es la causa?

En un momento en el que la mayoría de la población española ha decidido reducir el ahorro y aumentar el consumo, la clase política (nacional y europea) ha mantenido artificialmente bajos los tipos de interés permitiendo una expansión astronómica del crédito. La bajada artificial de los tipos de interés hace que parezca como si la gente estuviese liberando recursos, es decir, aumentando el ahorro, para que sean transformados en bienes futuros por parte de los empresarios. Así, las empresas han interpretado que era el momento de invertir recursos para momentos futuros mientras que los consumidores están consumiendo más que nunca. Y lo que consumen no es otra cosa que esos recursos con los que las empresas creen contar. Esa descoordinación intertemporal, esa lucha por los recursos escasos motivada por el aumento artificial del crédito hace que los precios aumenten al paso que el dinero pierde poder adquisitivo.

Se trata de un cóctel molotov económico cuyos ingredientes principales son, como digo, una elevada expansión crediticia en un momento de baja tasa de ahorro. En efecto, el ahorro privado ha caído en nuestro país en más de 5 puntos porcentuales del PIB desde 1995 situándose por debajo del 20 por ciento del producto interior bruto. En cambio, el crédito al sector privado, que en la Unión Europea ha crecido en torno al 9 por ciento, creció en España algo más del 20 por ciento durante el último año. Si además tenemos en cuenta que esta expansión del crédito está estrechamente vinculada en nuestro país al sector inmobiliario (compuesto por el crédito a hogares para la adquisición de una vivienda, el crédito a constructores y el crédito a promotores inmobiliarios que, sumados, representan el 65,8 por ciento del crédito de las cajas de ahorro y el 52,2 por ciento del de los bancos), un sector en el que los bienes que se adquieren suelen servir de garantía y en el que más de uno pensamos que los precios están sobrevalorados, el cóctel no puede tener más ingredientes que garanticen un desenlace lleno de suspense en el que la víctima somos los ciudadanos.

La baja tasa de ahorro privado en España tan sólo debería de traducirse, en condiciones de libertad económica, en un lento crecimiento económico. Sin embargo, debido a la expansión crediticia inducida nos encontramos ante una abultada pérdida de poder adquisitivo del dinero que se traduce en ese IPC del 3,7 con un punto y medio de diferencia con el conjunto de la Unión Europea. Sin embargo, lo peor está por venir. Y llegará el día que se verifique que debido a este intervencionismo monetario absurdo los recursos están siendo asignados a proyectos empresariales de largo plazo que no son deseados por la mayoría de los españoles que, por el contrario, han decidido consumirlos. Los que injustamente salimos perdiendo, que somos casi todos, deberíamos pedir responsabilidades. Y no precisamente al pollo ni al aceite de oliva.

Defensa propia

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Cada vez hay más bandas organizadas que prefieren esta forma de crimen, efectiva y segura para el delincuente. Están generalmente formadas por la extranjeros, aquellos que prefieren vivir del delito que hacerlo del trabajo honrado. Un reportaje publicado el pasado año recogía una observación de un miembro de la policía: “los delincuentes se han dado cuenta de que en las casas no suele haber ya mucho dinero y pueden obtener más beneficios, y de una manera mucho más fácil y eficaz, con los dueños de la casa dentro”. Actúan con una violencia terrorífica, no muestran respeto por la vida o la integridad de los asaltados y se imponen por la fuerza.

Recientemente se produjo en Canals uno los miles de casos que se dan todas las semanas. Entraron ocho asaltantes. Uno de ellos les dijo al matrimonio “os vamos a matar aunque consigamos el botín”. Les amenazaban con armas cargadas y les repetían constantemente que les matarían. En un descuido de éstos, el empresario valenciano Francisco Ramírez cogió un arma, hizo un disparo de aviso y luego volvió a utilizar el arma para defenderse de los asaltantes, con el fatal resultado de la muerte de dos de ellos. A la espera de que se aclare por completo el caso, parece un claro caso de legítima defensa.

Lo recordaba recientemente Juan Carlos Girauta, “la primera obligación del Estado es proteger la vida y hacienda de los individuos libres que lo sostienen con sus impuestos”. Pero el Estado es torpe, prácticamente incapaz de responder incluso de sus funciones más básicas. Desconozco el dato para España, pero en los Estados Unidos más del 99 por ciento de las intervenciones de la policía se producen cuando el crimen se ha cometido ya. No creo que sea aquí muy diferente. ¿Qué puede hacer el ciudadano? Defenderse en la medida de sus posibilidades, y hasta el punto en que resulte juicioso, de acuerdo con las circunstancias. No es ya que delinquir resulte barato, o que la ley en España proteja al delincuente frente a las víctimas y no al revés. Es que en el momento de producirse el crimen las víctimas están indefensas. Francisco Ramírez y su familia tuvieron la suerte de que él pudo acceder a un arma, y de que sabía utilizarla.

Si los delincuentes que asaltan las casas buscan el encuentro con las víctimas es porque saben que están indefensas. En vez de rehuirlas, de intentar no encontrarse con una víctima que pueda defenderse de algún modo, el criminal sabe en España que él impone su ley y que será dueño de la situación. La solución a este contrasentido quizás esté en favorecer la seguridad privada. Además de los medios que pueda proveerse cada uno, las empresas privadas de seguridad pueden ser un buen camino para evitar estas situaciones. Y de hecho es una industria en crecimiento en España. Sin duda una de las mejores medidas que pueda tomar el Gobierno por nuestra seguridad sea favorecer las soluciones privadas, también en este aspecto de la vida ciudadana.

Escuelas a la carta

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

La educación de los jóvenes estadounidenses se adquiere en su práctica totalidad en escuelas públicas, que son más del 90% de los colegios del país. El sistema escolar, que había sido tomado crecientemente por el Estado hasta ocuparlo casi por completo, ha estado degradando la formación de sucesivas generaciones de ciudadanos de ese país. En estas condiciones, la calidad de la enseñanza se ha ido convirtiendo en un problema creciente, hasta motivar un informe oficial titulado, significativamente, Una Nación en Peligro (abril de 1983). Hacía falta una reforma, y una de las muchas que se propusieron fue la impulsada por Albert Shanker, presidente de la Federación Americana de Profesores y Ray Budde, profesor retirado.

La visión que defendieron es un buen ejemplo de la practicidad propia de los americanos y su arraigado reformismo tomó la forma de los Charter Schools, escuelas que se sustraían del entramado regulador estatal para seguir otras que los directores de los colegios consideraban más adecuadas. Ambos autores volvieron a expresar sus ideas en sendas publicaciones a finales de los 80, y en 1990 se aprobó la ley federal que concedía a los estados la capacidad de permitir las Charter Schools. El primero en hacerlo, al año siguiente, fue Minnesota, seguida de California en 1992. Desde entonces se han sumado Estado tras Estado hasta alcanzar 42 en 2004. En la actualidad funcionan más de 3.400 escuelas a la carta, según datos de 2005.

Esa concesión tiene sin embargo una condición: la obtención de mejores resultados. Las licencias se suelen otorgar por períodos de tres a cinco años y si no mejoran las escuelas comparables de la zona, la autoridad local retira la carta y cierra el colegio. El simple hecho de que en solo década y media el fenómeno de las Charter Schools se haya multiplicado es prueba de que sus resultados superan los de las escuelas públicas (más del 90 por ciento de los colegios estadounidenses). Este movimiento podría representar toda una reconversión de la educación básica pública, que ha fracasado por completo, en la medida en que sus objetivos sean la educación de los jóvenes.

Un estudio que compara los resultados en lectura y matemáticas de las Charter Schools y de las escuelas públicas revela que las primeras obtienen mejores resultados y, lo que es más significativo, que esta diferencia se amplía con el tiempo. Así, las Charter Schools que llevan funcionando de uno a cuatro años superan en lectura a los públicos en un 2,5% (no hay datos para matemáticas). De cinco a ocho años la ventaja sobre las escuelas públicas es respectivamente del 5,2% y del 4,0%. Y los que llevan de 9 a 11 años (el informe es de diciembre de 2004), aventajan a los gestionados públicamente en un 10,1% y un 10,8 %, respectivamente. Y eso que, por lo general, las Charter Schools tienen un profesorado con menos credenciales y menos experiencia. Generalmente las escuelas a la carta de carácter público cuestan menos que las que funcionan bajo la regulación prevalente.

La principal ventaja de las escuelas a la carta es que permite la libre iniciativa empresarial, la búsqueda de nuevos métodos didácticos, o simplemente de métodos distintos a los impuestos por la regulación pública. Curiosamente se observa en muchas ocasiones una vuelta a las enseñanzas básicas, a lo que se considera los fundamentos de la educación, a las famosas cuatro reglas, con una renovada importancia por la lengua, la historia y las matemáticas frente a las nuevas asignaturas. Esta vuelta a lo tradicional en los contenidos se combina con un uso más intensivo de nuevas tecnologías, como Internet, o de material audiovisual.

Otra ventaja que no se debe dejar de lado y que explica en gran parte el éxito de esta fórmula es que, más allá de los resultados académicos, los padres valoran tener alguna influencia en el tipo de educación que reciben sus hijos. Y las Charter Schools están recuperando la implicación de los padres en la gestión de los colegios. Además, este desprendimiento de la educación estatal erosiona el aspecto de adoctrinamiento que es consustancial a la educación pública.

Las Charter Schools no son un ideal, pero son una grieta en la educación pública estadounidense que cada vez se está haciendo más y más grande.

El Estado contra los narcolépticos

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

La narcolepsia es, después del insomnio, la principal dolencia de alteración del sueño. Quienes lo padecen tienen sueño todo el día y pueden caer dormidos sin poder evitarlo en cualquier momento, lo que es comprensible que les dificulte llevar una vida normal. Existen varios medicamentos que alivian los síntomas de esta afección, pero no existe cura definitiva ni hay ninguno que sirva para todos los pacientes.

La asociación de consumidores de Ralph Nader ha logrado que la FDA prohíba la comercialización de uno de esos medicamentos, la pemolina, que ya estaba prohibida en, por ejemplo, Canadá y Gran Bretaña debido a que puede provocar daños al hígado. Pese a ser empleada cada vez menos, es el único fármaco que funcionaba en algunos casos de narcolepsia. Uno de ellos, en concreto, ha recibido cierto eco en la blogosfera estadounidense, por pertenecer la afectada a un matrimonio de bloggers que además edita libros de ciencia ficción, algo que suele provocar la simpatía de los frikis que escribimos y leemos blogs. Su médico le recetó pemolina tras probar sin éxito otras alternativas, informándola de los riesgos para su hígado y vigilando los posibles daños. En definitiva, una decisión informada, libre y responsable, que el Estado ahora ha prohibido.

Algunos han tratado con cierta ironía, puesto que el matrimonio es de ideas políticas más bien izquierdistas, típicamente neoyorquino. Sus comentaristas tienden a ser de la misma cuerda. Ahora hablan de asesinar a Ralph Nader de formas tremendamente desagradables, de los jodidos entrometidos de la FDA, etcétera. Sin embargo, lo cierto es que no ha habido ningún fallo. La FDA, como las demás agencias estatales encargadas de aprobar o retirar medicamentos del mercado, existen para poner la seguridad pública por encima de la elección del individuo. No lo han hecho con mala intención: lo han hecho porque es su trabajo y han considerado que los riesgos del medicamento excedían sus beneficios.

El problema de las agencias de medicamentos es el lugar donde se toma la decisión final y el esquema de incentivos al que están sometidas. Los medicamentos, en sí, no tienen riesgos y beneficios en general sino riesgos y beneficios concretos para cada paciente. Sólo él puede decidir si le merecen la pena los primeros, pero el Estado le hurta la decisión a quien más interés tiene por decidir correctamente y la coloca en un grupo de burócratas que además tienen todos los incentivos posibles para prohibir su comercialización en cuanto existe el menor riesgo. Cuando alguien muere por los efectos secundarios de una medicina aprobada por el Estado, los medios harán sus reportajes con esa persona y clamarán venganza contra los funcionarios que permitieron que semejante veneno pudiera venderse. Sin embargo, si muchas otras personas no pueden encontrar alivio debido a que una medicina ha sido prohibida por sus efectos secundarios, difícilmente saldrá su caso en los periódicos y nadie considerará que su sufrimiento podría haber sido evitado.

"Pero, si papá Estado no mira por nuestra seguridad, ¿quién lo hará? ¡Yo no sé distinguir si un medicamento es o no peligroso!", dirán algunos. Bueno, yo tampoco. Pero los médicos sí. En Estados Unidos, por ejemplo, aunque no se pueda usar un fármaco no aprobado por la FDA, sí que puede emplearse para otros usos que no son el estudiado por la organización. Y se hace a base de distintos estándares privados de calidad, realizados por instituciones y asociaciones médicas, lo que es básicamente el mismo sistema que se seguía hace décadas. Los estudios sugieren que este mecanismo ofrece suficiente seguridad con muchos menos costes para los pacientes que padecen por las prohibiciones de la agencia del medicamento. Quizá sea la hora de volver a estudiar la necesidad de disponer de ellas.

La ministra Salgado

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero como para ser totalitario no se necesitan muchas luces, nuestros sociatas no han reparado en el fastuoso abanico de posibilidades que la ley antitabaco les ofrece. Por ejemplo, acabar con el paro. Los dos millones de parados que aún quedan, deberían convertirse inmediatamente en funcionarios y dedicarse a perseguir el delito del fumeteo. «La brigada del sifón», podrían llamarse estos escuadrones neopuritanos; Y, oiga, a recorrer los bares apagando cigarrillos a base de chorrazos de agua carbonatada. Los varones, además, podrían llevar una salida auxiliar en la zona de la bragueta, para atajar los casos más graves o los reincidentes, sumando al carácter punitivo de la acción, el escarnio evidente de su puesta en escena. El Ministro Caldera, cuyo cadáver parece que finalmente no va a alfombrar la requisa de documentos de cierto archivo nacional, seguramente sería capaz de dejarse crecer los rizos de nuevo, con tal de ser el primero en anunciar el fin del paro en España, gracias a esta «política activa de progreso» que aquí le brindamos de forma desinteresada.

50.000 muertes al año por causa del tabaco, dice la publicidad del gobierno para justificar su coacción. Bien, el aborto provoca 85.000 y en cambio no es ya que no se prohiba, es que casi se aconseja. Vean ustedes: Cuando un médico abortista extrae parcialmente a un bebé, le clava una cánula en la nuca y lo asesina, los progres, simplemente proclamam que un derecho fundamental ha sido felizmente ejercitado. ¿Y estos son los que nos van a decir lo que hacer con nuestros pulmones? ¡Que les den por el CAC, hombre!

La regulación en la telefonía móvil: las licencias

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Al menos en Occidente y parece que de momento, la época de las nacionalizaciones de ciertos sectores económicos ha concluido. De hecho, un buen puñado de empresas de capital público acometen procesos de privatización, aunque estos sean en no pocos casos oscuras operaciones donde más de un amigo del poder público se ve beneficiado. Sin embargo, esta circunstancia no es problema para que el Estado idee ingeniosas formas de controlarlos. Precisamente el epíteto clave o estratégico suele ir acompañado de numerosas regulaciones no exentas de declaraciones asegurando defender al consumidor. Resulta entrañable ver como nuestros gobernantes se preocupan tanto por nosotros.

Uno de esos sectores estratégicos es el de la telefonía móvil hasta el punto de que en unos pocos años es cada vez más demandada por los españoles en detrimento de la fija. Lo que empezó como un servicio para ricos y snobs se ha convertido en una herramienta primordial, esencial para el 82,45% de los españoles. Los que empezaron siendo departamentos dentro de las grandes operadoras han terminado transformándose en filiales y en algunos casos, empresas dedicadas única y exclusivamente a este tipo de servicio. La facturación se dobla año a año y tal poder de crecimiento no podía pasar desapercibido a nuestros legisladores.

Tres son las empresas que actualmente prestan servicios en España, Telefónica Móviles, Vodafone y Amena que hace unos meses fue adquirida por France Telecom. y podría cambiar su nombre por Orange, la marca de la francesa. Xfera es la cuarta operadora y sólo puede ofrecer telefonía UMTS o de tercera generación. Lleva ya varios años desde que la concedieron su licencia pero sin dar ningún tipo de servicio pues el mercado de los servicios 3G no se ha desarrollado realmente hasta 2005. A la espera de que algún socio tecnológico se quiera introducir en su accionariado, el Gobierno presiona para que empiece a prestar sus servicios en primavera, incluso amenazando con la retirada de la licencia.

Esta es sin duda la primera clave de la regulación, que cualquier empresa que quiera dar servicios de telefonía móvil se le debe conceder una licencia. Al considerarse que el espacio radioeléctrico es un bien común, el Estado lo toma en propiedad y establece cuántas licencias se pueden dar de forma que nosotros, ciudadanos y consumidores, estamos sujetos a la arbitrariedad de unos políticos. La razón de tal comportamiento se me antoja poco contundente ya que se aduce que si el Estado no regulara este espacio, una empresa podría apropiarse de él y acaparar así todas las comunicaciones. Curiosamente esto es lo que han hecho los poderes estatales con la excusa de representar a todos y con esa misma excusa, han montado subastas multimillonarias por un puñado de licencias que han generado jugosos ingresos en las arcas públicas y no pocos apuros financieros e incluso quiebras en operadoras cuyos desembolsos han sido totalmente exagerados.

Dichas licencias suelen conllevar condiciones que incluyen inversiones y coberturas nacionales a realizar en un determinado tiempo. El problema es que muchas de esas empresas empiezan de cero o no son capaces de prever los costes que terminan suponiendo o incluso la tecnología de sus servicios no ha sido comercialmente desarrollada (tal es el caso de Xfera hasta hace unos meses) y luego los ingresos no se corresponden a los previstos por lo que les cuesta entrar en beneficios a la vez que cumplen las condiciones. La misma Telefónica Móviles ha tenido un problema en Italia cuando su licencia UMTS no ha terminado de arrancar y todavía no está muy claro cómo va a deshacerse de ella pues la venta requiere, como no, permiso estatal.

En un mercado libre esto no hubiera ocurrido. Primero porque el número de operadoras hubiera sido determinado a larga por los clientes, de hecho ese número sería variable y dependería de la calidad del servicio, su cobertura y sus precios. En segundo lugar su cobertura, alcance y desembolso inicial formarían parte de una estrategia a largo plazo y salvo una gestión empresarial lamentable desde un principio, estarían acordes con sus posibilidades financieras, lo mismo que su crecimiento. Tercero, porque las diferentes tecnologías supondrían ventajas competitivas entre ellas pero voluntarias y no una obligación administrativa. Por otra parte, buena parte de esa situación financiera viene determinada por los ingresos de sus servicios; ésta es la segunda regulación que quiero analizar, pero eso será en otro comentario.

Horarios de trabajo por decreto

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

Después de la ley antitabaco, el prohibicionismo de Estado se dirige ahora contra la libertad de horarios en el trabajo. La Comisión Nacional de Horarios plantea modificaciones imperativas de la jornada laboral en las empresas. Según la citada comisión, es imprescindible adaptarse por salud pública a los usos europeos a través del adelanto o la reducción del calendario profesional en España. De momento, la Administración Pública estudia la puesta en práctica de cambios en el reloj de sus trabajadores.

Es verosímil que el propósito de esta intromisión en la vida de los negocios y en la de la de las personas que participan en los mismos, sea que las grandes firmas colaboren en la unificación horaria apremiadas por la iniciativa gubernamental. Más tarde, serán obligadas el resto de medianas y pequeñas empresas. Los promotores de la medida pretenden mágicamente solventar tensiones familiares, incrementar la natalidad e impedir abusos de poder en los despachos. Estos autodenominados agentes sociales encuentran en la restricción horaria una nueva fuente de ingresos para su activismo subvencionado.

La gestión del tiempo siempre es tarea compleja para empleados y empleadores. Las actitudes personales y la cultura organizativa influyen poderosamente en la administración eficaz o no del período trabajado. La distinción entre urgente e importante y la delegación de responsabilidades en el equipo suelen ser acertados criterios para paliar problemas en los horarios; los terceros ajenos a la peculiar realidad de cada oficio por mucho Libro Blanco que encomienden, deberían abstenerse.

Quien haya vivido la realidad empresarial conoce múltiples abusos respecto al tiempo. El esfuerzo adicional no recompensado, los jefes que retienen a sus colaboradores hasta bien entrada la noche tras una jornada exhaustiva, el perfeccionismo desmedido, el caos en el organigrama o la presión de los compañeros sumisos son escenarios usuales que convierten al centro de trabajo en una hoguera de conflictos. No obstante, si alguien, realizando cabalmente su labor, le preocupa la opinión corporativa sobre él y esta opinión entorpece con severidad su vida íntima, no debería aguantar un minuto más en ese empleo. Siempre, sin duda, será la mejor opción. Recibirá la mayor recompensa posible: la autoafirmación ante circunstancias inaceptables. La creciente jurisprudencia sobre mobbing puede ayudar en situaciones extremas. Los ministerios de Educación, Trabajo y Sanidad, la CEOE, los sindicatos, las comunidades autónomas y el Consejo Económico y Social nada saben de intuiciones y riesgos, pero sí mucho de artificiales cohetes burocráticos que estorban los plazos de la gente.

La presunta racionalización horaria desprecia el ritmo individual en el trabajo. Hay quien adelanta con la madrugada y quien progresa en la faena según madura el día. Las buenas organizaciones respetan esa diversidad y se amoldan a las preferencias de sus empleados. Si las autoridades aseguran una pronta vuelta a casa, ¿adelantarán el horario de entrada o preferirán reducirlo? ¿O ambas cosas a la vez? ¿Se limitarán los salarios si mengua la jornada? En caso contrario, ¿quién pagará la diferencia? No olvidemos los complementos salariales que retribuyen determinados turnos y períodos de trabajo: ¿se mantendrán o se disolverán en el éter administrativo?

Además el argumento de la aproximación a Europa, desde una posición igualitaria, tampoco se sostiene en pie. Incluso un ensayista tan grato a la izquierda como Hans Magnus Enzenberger se atreve con el mito de la eficiencia germana y achaca el declive europeo a la desgana por trabajar entre sus ciudadanos. Pero ese quizá sea motivo de otro comentario. En definitiva, no se trata de quitarle las manecillas al reloj pero tampoco de pegarle un fatal martillazo tal como preludian estos comisionados al minuto.

Confesiones liberticidas de un diputat

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

No es que quepa esperar mucho de los políticos, salvo acaso alguna puñalada trapera por la espalda. Su modus vivendi es la coacción y la represión; a diferencia de los empresarios, no se mueven en un contexto de cooperación social y voluntariedad. Su mundo es la utilización de los mecanismos policiales del Estado para dar rienda suelta a sus fantasías totalizadoras.

Aun así, la discusión sirvió para que, de modo educado, ambas partes fijáramos nuestra postura. Al menos no podemos negar la desgarradora sinceridad de algunos socialistas. Luego no podremos decir que no nos han avisado.

El Estado, custodio de la palabra

El Estado lleva siglos esquilmando y moralizando a la población. Lejos de permitirle un desarrollo apacible y pacífico, los estatistas se han afanado por imponer a los individuos su modelo de convivencia. Nos han expropiado nuestras casas, nuestras tierras y nuestras rentas; nos han prohibido tomar ciertos productos, a los que han tachado de nocivos; han impuesto y reglamentado los términos de los contratos privados; han nacionalizado los sistemas de transportes, planificando nuestros desplazamientos; han bloqueado nuestras compras al extranjero; han provocado guerras, genocidios y matanzas varias; han limitado la oferta de suelo, encareciendo el precio de la vivienda, y han creado sistemas de educación pública y obligatorios para adoctrinar y arrebatarnos a nuestros hijos.

En definitiva, el estatismo ha llegado a planificar hasta el último detalle de nuestra existencia, alcanzando unos niveles de asfixia que sólo los más serviles están prestos a aceptar.

ncluso en medio de tanta desolación liberticida, uno se creía capaz de gritar, como Blas de Otero, que nos queda la palabra. En realidad, también los socialistas se habían apropiado de la palabra, al nacionalizar el espacio radioeléctrico, pero en cierto modo todos nos consolábamos creyendo que, por muchos garrotazos que nos propinara el Estado, podríamos sollozar y protestar.

Pues no. Los estatalistas han llegado a la conclusión de que el Estado debe velar por la veracidad de las opiniones. Como dice Donaire: "La libertad de información es un derecho atribuible a los informadores, pero sobre todo a los ‘consumidores’ de la información (…) [que] tienen derecho a la información y a que la información sea veraz".

La palabra no pertenece al emisor, sino al receptor. Todo oyente tiene derecho a exigir al comunicador que no le mienta, que no se equivoque, que no ofrezca una información que perjudique al poder político. Se acabó el hablar de manera espontánea; los políticos nos marcan la pauta exacta de nuestras palabras para proteger a "los consumidores de información" de la falta de veracidad: "No podemos ‘vender’ opiniones como si fueran informaciones. Las informaciones deben ser veraces y las opiniones, por su propia definición, no".

¿Pero qué significa "veraz"? No, no se equivoquen; ni siquiera estamos hablando de que la información sea cierta, sino de que el comunicador se haya comportado de manera diligente en el momento de obtener la información.

Si el monopolio de la verdad ya resulta espantoso, el monopolio estatal de la veracidad pone los pelos de punta. Las burocracias políticas tienen poder para acallar a los medios de comunicación siempre que, según su particular opinión, no se hayan comportado de manera diligente. Los medios afines que mientan pueden no ser sancionados por haber obrado diligentemente, y los medios disidentes que digan la verdad sí podrán serlo, si los burócratas juzgan que no se han portado "bien". ¿Imaginan una mayor arbitrariedad?

De esta manera, el Estado se cubre las espaldas; a través de los Consejos Audiovisuales, los políticos pueden silenciar a todo aquel que les resulte molesto: "Se puede pensar que en determinados casos extremos en los que de forma reiterada se vulneran los principios que avalaron una determinada licencia, un organismo pueda emitir un juicio al respecto". Las licencias las han dado para que se canten sus alabanzas, para que se aplauda sin rechistar; la reiterada oposición debe ser acallada.

No nos queda ni la palabra, pues ésta resulta supervisada por un tribunal inquisitorial repleto de politicastros cuyo objetivo es expandir el Estado lactante, del que maman y engordan.

Los derechos de los consumidores de información son una patraña por la que nunca se han preocupado. El consumidor tiene derecho a escuchar lo que le plazca y a formarse una opinión a partir de la variopinta información que recibe. Lo cierto es que los políticos pretenden mascarle la información, mascársela hasta tal punto que su juicio quede anulado por los Consejos Audiovisuales.

Como también dice Donaire: "Sin ciudadanos informados no hay ciudadanos responsables". Y es que si los ciudadanos se informaran podrían acabar pidiendo más libertad y responsabilidad. Para eso se han instituido los Consejos Audiovisuales, para controlar la información que recibe el ciudadano y, así, su propia mente.

El pretexto del mal universal

Con todo, los políticos son conscientes de que los ciudadanos no aceptarán de buenas a primeras un recorte tan flagrante de libertades. Es necesario allanar el terreno para dar el gran golpe.

Cuando se quiere regular los precios de los alquileres, empezamos a oír hablar de los especuladores sin escrúpulos. Cuando se quiere aumentar los aranceles, sacan a colación la "invasión" de productos chinos. Cuando quieren incrementar los impuestos, terminan hablando de la ayuda a los más pobres.

En este caso, el diputat Donaire ha justificado así el control informativo del CAC: "Los organismos que supervisan los medios audiovisuales no son una rara avis, sino lo más normal del mundo".

La táctica consiste en convencer a la ciudadanía de que el Consejo Audiovisual es necesario porque el resto de países ya lo tienen. Si todos lo tienen, nos dicen, por algo será. El problema es que los defensores de la censura no suelen explicar en qué consiste ese "algo", o lo hacen en términos muy vagos, como ya hemos visto.

No es necesario ahondar en la evidente falacia de este argumento: si todos los países instituyeran el asesinato sumario de los disidentes, no por ello deberíamos abrazar tal medida.

Es más, lejos de extrañarnos, la creación internacional de Consejos Audiovisuales es una práctica del todo coherente con la estructura maligna del Estado. Al poder político le interesa, según hemos analizado, controlar la disidencia política. Su objetivo no expreso es que nadie proteste ante sus abusos de poder, que cuando nos apaleen asintamos gustosos.

Para ello es necesario recurrir a ciertas mordazas. La libertad de expresión es tolerada dentro de sus justos límites; no conviene que la gente se dé cuenta de cuán inútiles, innecesarios y dañinos son los políticos. En Cataluña, en España y en todo el mundo, los estatistas necesitan reprimir a aquellas personas que los incomodan.

Los políticos de uno y otro país, de uno y otro partido, cometen sus tropelías en común para justificarse mutuamente. No hay de que extrañarse: los delincuentes y las mafias también se coaligan para que sus crímenes sean más eficaces. Entre bomberos no se pisan la manguera; entre Estados absolutistas no se tiran los cetros a la cabeza.

Cuanto peor, mejor

Uno de los momentos más desesperantes del debate fue cuando Donaire fundamentó los Consejos Audiovisuales en el artículo 20 de la Constitución. El problema no es tanto si este artículo da pie o no a que se creen organismos censores, sino si debería darlo. Donaire opina que sí, y no parecía muy preocupado por ello.

Es más, según su punto de vista, el hecho de que la Constitución conculcara muchas otras libertades justificaba que también sirviera para agredir a la libertad de expresión:

"De hecho, nuestra constitución (sí, ya sé que replicarás que el PSC no cree en la constitución y bla, bla, bla) limita un montón de libertades en el capítulo de derechos y libertades: 21.2, 22.2., 22.4, 22.5, 28.2, 30.2, 33.3, 37.2… ¿Tenemos que cambiarlos todos?".

Como vemos, para los sirvientes del Estado la opresión es un argumento a favor de seguir oprimiendo, y no de relajar las cadenas. Dado que tenemos tan pocas libertades, ¿por qué escandalizarse ante la censura? Una represión más, una represión menos, ¿qué importa?

Lo sorprendente del caso es que este diputado se estaba regodeando de las múltiples restricciones a la libertad que están presentes en el articulado de nuestra Carta Magna, sin defender, ni un momento, la necesidad de reformar esos preceptos. Ya sabemos que la Constitución tiene que modificarse imperativamente para hacer referencia a la Unión Europea o para que reine la infanta Leonor; ahora bien, toda urgencia de reforma desaparece cuando de lo que se trata es de expandir nuestras libertades.

Cuanto peor sea el estado de nuestra libertad, mejor se encontrarán los políticos. Cuanto menor sea nuestra autonomía, mayor será el poder del Gobierno para dirigir nuestras vidas. Los Consejos Audiovisuales, con su declarado objetivo de controlar las palabras de todos los individuos, son un decidido paso hacia delante en la totalización del Estado.

Como dice Donaire: "Un laisez faire [sic] condescendiente, me lleva plantearme [sic] los límites de la opinión y la información". Los políticos no pueden tolerar la libertad: el laissez-faire, el dejar hacer, debe estar constreñido y limitado por sus subalternos. Una información descontrolada es una información peligrosa para el poder.

Una vez las voces críticas hayan sido amordazadas, so pretexto de no ser veraces, la única alternativa que nos quedará a los individuos será regresar a la caverna de la incomunicación y arrodillarnos ante el refundido Nodo. Y es que la única expresión que quieren oír los políticos con la mayor de las veracidades es: "Sí, bwana".


* Concretamente, en estas dos anotaciones.