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Promesas, propiedad y contrato

En la tesitura de enumerar las acciones contrarias a la libertad que debiera proscribir un código legal justo citamos, además del asesinato, la violación, el secuestro, el robo, el fraude o el allanamiento, el incumplimiento de contrato. Pero en ocasiones uno tiene la impresión de que se ha desvirtuado el auténtico contenido de este último punto por influjo del actual ordenamiento jurídico y que, con acierto desigual, algunos lo esgrimen de forma mecánica ignorando la relación que guarda con la libertad.

El inicio de la fuerza contra una persona o sus bienes constituye una agresión. La fuerza sólo puede emplearse legítimamente como respuesta a una agresión. De este modo, si se arguye que es legítimo obligar al cumplimiento de los contratos o exigir restitución por infringirlos debe poder demostrarse que al violar un contrato estamos iniciando la fuerza contra una persona o sus propiedades. De lo contrario la fuerza empleada para hacerlo cumplir o para obtener una compensación sería en sí misma agresiva, pues no respondería a ninguna agresión previa. Imaginemos que un individuo firma un contrato con una empresa por el cual se compromete a trabajar para ésta durante cuatro años. Transcurrido el primer año el individuo decide abandonar la empresa y marcharse a otra, rescindiendo unilateralmente su acuerdo.¿La empresa tiene derecho a obligarle a trabajar para ella durante los tres años restantes o a exigirle una compensación económica? ¿En qué sentido puede decirse que este individuo ha cometido una agresión contra alguien? Sería circular responder que la agresión es la violación del contrato, pues precisamente la pregunta es por qué la violación del contrato en este caso supone una agresión. ¿Ha empleado la fuerza contra alguna persona?¿Está en posesión ilegítima de alguna propiedad? Imaginemos el caso de dos personas casadas que se han prometido fidelidad mutua. ¿Sería punible el adulterio? Si uno de los dos fuera a acostarse con un tercero, ¿podría impedírsele por la fuerza? ¿Podría exigírsele restitución si hubiera cometido la infidelidad?

Existen dos teorías de contrato distintas y sólo una de ellas es coherente con los principios de una sociedad libre. La legislación actual toma elementos de ambas, y ese es el motivo por el cual no todas las transgresiones de lo que hoy se considera un contrato vinculante son censurables desde un punto de vista liberal. De acuerdo con el modelo de las expectativas un contrato es una convención que sirve para garantizar que uno obtiene aquello que espera de otro por haberlo éste prometido. ¿Pero de dónde se sigue el derecho a que otros satisfagan las expectativas que nos hemos formado a partir de sus promesas? Continuamente actuamos esperando que los demás procedan también de una determinada manera, planificamos nuestras vidas a largo plazo e incurrimos en gastos esperando que las circunstancias nos sean favorables. Así mismo a veces nos abstenemos de actuar de un modo concreto por precaución frente a la incertidumbre o rechazamos los consejos de alguien en quien no confiamos. ¿Por qué entonces las expectativas que se desprenden de los contratos deben ser forzosamente satisfechas? Podría responderse que por tratarse de un contrato las expectativas generadas son más razonables y que por eso debe ser vinculante, pero, como apunta Stephan Kinsella, es el hecho de que estos contratos sean vinculantes lo que hace que la gente tenga mayores expectativas. Lo cierto es, con todo, que el afán por forjarse una buena reputación ya es normalmente un incentivo suficiente para cumplir las promesas, al margen de toda actuación judicial. Pero lo fundamental es entender que la violación de contrato, para considerarla contraria a la libertad, debe atentar contra una persona o sus bienes, no contra sus expectativas.

El segundo modelo, defendido por Evers, Rothbard o Kinsella, es el de los títulos de propiedad transferibles. Bajo este modelo los contratos no son instrumentos para satisfacer expectativas, sino para traspasar derechos de propiedad sobre bienes alienables. Se trata de una fórmula a través de la cual el propietario transfiere los títulos, en general, manifestando su voluntad al respecto. Una vez el propietario ha expresado su voluntad de que el título se transfiera el título pasa a ser, de facto, propiedad de otro. La transferencia puede ser condicional, como sería el caso de un empresario que se compromete a pagarnos un salario a condición de que realicemos una labor concreta (si el empresario, una vez realizada la tarea, se negara a pagarnos, estaría reteniendo un montante que nos pertenece). Los condicionantes pueden ser numerosos, y no siempre son explícitos. También pueden ser bilaterales para que haya garantías de que nadie va a retirarse del acuerdo sin entregar una compensación (el organizador de un concierto, por ejemplo, puede pactar con el cantante la condición de que si no se presenta deberá transferirle una compensación por todos los gastos en los que ha incurrido). Vemos, por tanto, que la violación de un contrato en el que se transfieren títulos sí constituye una agresión, pues el infractor retiene la posesión de algo cuya propiedad ya está transferida.

La distinción entre los dos modelos es fundamental. Una mala comprensión de la institución del contrato podría dar pie a que desde el liberalismo se condenaran actos legítimos como el adulterio o la deserción.

La gripe de la desinformación

El domingo se llegó a confirmar existencia de dos niños y un adulto afectados por la temida variante H5N1 del virus en la capital lo que significa que ha escapado de las cinco provincias turcas que se encontraban en cuarentena. Además, a los tres casos de Ankara podría sumársele una larga lista de afectados. Al menos 23 personas han ingresado en el Hospital Universitario de Van, la región dónde vive la familia Kocygit, y 3 de ellas se encuentran en estado grave.

Ante la desinformación general y el temor a una pandemia, se cuentan por centenares los ciudadanos que acuden a los hospitales aquejándose de los síntomas de la gripe aviar. En medio del pavor reinante el poder político, con el primer ministro turco, Recep Tayep Erdogan, a la cabeza, pide calma y que no cunda el pánico. Se habla, como de costumbre, de una alarma exagerada. Los políticos no suelen caracterizarse por su originalidad. En nuestro país la ministra de sanidad, Elena Salgado, también criticó a finales de octubre la alarma existente entre los españoles –a su juicio injustificada– que había producido la llegada a Europa de la gripe aviar. Aparte de criticar a los ciudadanos por comprar vacunas contra la gripe común y agotarlas en varias comunidades, la ministra criticó lo que denominó como "carrera competitiva" por el aprovisionamiento de antivirales para afrontar una eventual pandemia de gripe al tiempo que expresó su deseo de que no hubiese competición en este campo y de que todas las autonomías compraran la cantidad de antivirales que cubriera a la misma proporción de su población. Vamos, que lo importante no era la cantidad de medicinas sino que la escasez sea la misma en cada región de España.

Es curioso, el poder político, aquí, en Turquía y en la Conchinchina, acusa a la población de alarmarse en exceso y de no estar bien informados al tiempo que censuran una de las informaciones más valiosas que puede haber en este campo: la de las empresas que se dedican a investigar el virus y a buscar una solución. Es de locos pero la realidad es que la directiva europea 2002/83/EC prohíbe la información y la publicidad por parte de las farmacéuticas sobre sus productos, sus características y sus límites. Si la información más fiable está proscrita, ¿cómo esperan que estemos bien informados? Primero cercenan nuestro derecho a la información y luego nos acusan de no estar informados.

Y mientras tanto, la información que no nos está prohibida, la que producen nuestros políticos, es cada día más oscura y contradictoria. Mientras que, por poner un ejemplo, el ministerio de Salgado dice “tener preparados los dispositivos precisos para responder ante el muy improbable caso de que la enfermedad pudiera afectar a alguna persona”, la Organización Mundial de la Salud dice que “cabe prever que la mayoría de los gobiernos sólo empezarán a aplicar medidas de emergencia cuando la amenaza de pandemia sea incontrovertible e inmediata.” Se critica el acopio de antivirales pero la OMS destaca la importancia de aumentar la producción y el suministro de vacunas así como garantizar un acceso equitativo del mismo producto que, de acuerdo con nuestra ministra, no importa cuanto tengamos porque la OMS no ha dado una cifra concreta.

En fin, ellos se lo comen y ellos se lo guisan. Nosotros asistimos atónitos a un espectáculo de cinismo sanitario. Tenemos que estar bien informados pero sólo nos pueden informar quienes menos incentivos tienen a ser honestos. A quienes más saben y, además, se juegan tanto su prestigio como su patrimonio en caso de dar información falsa o inexacta se les prohíbe que nos informen. Alguien debería decirle a nuestros gobernantes que no son nuestros padres y que el timo de desinformarnos por nuestro propio bien no cuela.

Sustituyamos las regulaciones por el libre mercado

La Comisión Nacional de la Energía así como el Tribunal de Defensa de la Competencia no son más que órganos burocráticos que harán lo que sus jefes y amigos políticos les digan. Este “capitalismo de amigotes” es demasiado parecido al “estado corporativista” que concebía la economía del fascismo donde órganos relativos al estado lo dirigían todo: precios, producción, relaciones…

La economía del fascismo actuaba contra las posibles decisiones opuestas a la “unidad e interés nacional”, que evidentemente, eran las que el estado designaba. Como la expresión suena muy fuerte hoy día, y parece políticamente correcto estar a favor de la “libre competencia”, los mismos órganos han cambiado el nombre pero han manteniendo iguales fines: el poder hegemónico del Estado sobre el mercado y la gente, porque gente y mercado son lo mismo. Es francamente absurdo que unas organizaciones nacidas para el beneficio político sepan qué es mejor para nosotros cuando, en realidad, la sociedad civil siempre tiene intereses totalmente opuestos al de los políticos. Si algo no necesita la competencia es un “tribunal” inquisidor ni ninguna “comisión nacional”. Y si algo no necesita la gente es a políticos ansiosos de poder que nos digan qué es bueno para nosotros cuando las consecuencias de sus errores las pagamos nosotros, no ellos.

Recordemos que los precios de la electricidad están dirigidos por el gobierno. En todo caso, la tarea de los órganos que velan por la competencia tendría que ser la desregulación inmediata de los precios, la eliminación de cualquier estorbo burocrático, impedir la intervención del gobierno (y eso significa también eliminar todos los impuestos al sector y al consumidor de energía) y después disolverse inmediatamente. Es el intervencionismo el que reprime las opciones del cliente y que los precios no se adecuen a la disponibilidad real de la demanda. Al tener una economía intervenida sólo hay escasez permanente y pérdidas totales netas para toda la comunidad; los apagones de luz y restricciones de agua son un buen ejemplo, los dos se deben a la regulación del estado. El otro día un pequeño empresario de electricidad catalán se quejaba que el creciente intervencionismo sólo estaba dejando lugar para los monopolios de las grandes empresas, y que de seguir así, su cierre sería inmediato. ¿Usted cree que eso va a pesar en la conciencia de algún político? ¿Cómo va a innovar el mercado con monopolios de ley y un mercado organizado por burócratas? ¿Por qué un político ha de imponernos subidas de precios? Que dejen existir a cientos, miles de empresas de energía ya sean extranjeras, nacionales, provinciales, locales… y éstas ya se adaptarán a su cliente con diferentes precios, paquetes, servicios y gustos. Ninguna ley les dirá cuánto producir, cómo, ni a qué precio; lo elegirá el cliente con la opción de cambiarse de compañía siempre que quiera.

¿Y de la OPA de Gas Natural sobre Endesa? qué decir. Que la realice. Ese no es el gran problema de fondo, sino el intervencionismo que asfixia al mercado y necesidades de la gente donde, como no, el peor mal siempre será el estado que es capaz de usar cualquier consigna, ¡el “bien común”!, para sacar el máximo provecho y llenar incesantemente su bolsillo a costa de favores, libertad de las empresas y del dinero y opciones del consumidor y pagador de impuestos.

La educación de los más pobres, privada

Habrá quien se sorprenda, pero la iniciativa privada es capaz de ofrecer educación a los más pobres entre los pobres, y aún ganar dinero. Y con una calidad que supera con creces la pública. James Tooley lleva décadas investigando cómo estudian los ciudadanos en los países subdesarrollados, y ha hecho un resumen de sus hallazgos en Los fracasos de la educación pública en los países en desarrollo y la respuesta popular. Tooley nos trae el poblado del barrio marginal de Makoko, en Lagos donde habitan unos 50.000 nigerianos. Él explica que “en Makoko (como en otras comunidades pobres de todo el mundo en desarrollo) los padres abandonan en masa la educación pública, molestos por su baja calidad, y los emprendedores educativos establecen escuelas privadas para satisfacer esta demanda. En definitiva, estas escuelas privadas, a pesar de lo que sugieran sus apariencias, son de mejor calidad que la alternativa pública, y logran estándares más elevados a una fracción del costo de la educación pública”.

Los padres que han llevado a sus hijos a las escuelas públicas y a las privadas de ese barrio nigeriano saben bien la diferencia: Una mujer le dijo a Tooley: "Vemos que en la escuela pública, los libros de los niños no se tocan nunca". Otro padre dijo: "Pasamos muchas veces cerca de la escuela pública y vemos a los niños afuera, todo el tiempo, sin hacer nada. Pero en las escuelas privadas, vemos todos los días que trabajan mucho. En la escuela pública, los niños están abandonados". Pese a que la educación pública es gratuita, los padres, con ingresos que rondan los 50 dólares al mes, les pagan a sus hijos una educación en centros privados, no menos de 30 en el barrio de Makoko.

Tooley ha investigado en todos los rincones del mundo a los que no ha llegado el capitalismo, a los que no ha llegado la riqueza que nosotros disfrutamos. En algunas áreas del mundo, como China o India, las escuelas públicas cuestan una cantidad de dinero que no es alta, pero es muy superior a la que piden las escuelas privadas, a cambio de ofrecer una educación mejor. Los padres tienen un mejor control de la educación que reciben sus hijos, y los resultados se ven. En un artículo anterior, Tooley explicó que en India la puntuación media de los colegios privados es de 19,0 puntos en lengua y 17,9 en matemáticas y, mientras que en los colegios públicos es respectivamente de 17,4 y 16,3. El absentismo de los profesores y la masificación, que son dos características habituales de las escuelas públicas, no se dan en las privadas.

Si hay empresarios que ofrecen buena educación a los más pobres del mundo, y éstos se la pueden permitir, ¿habrá todavía quien diga que en un país como España no es adecuada la educación privada porque dejaría atrás a los pobres?

Los derechos humanos gozan de buena salud

Amnistía Internacional perdió parte de su crédito como organización seria cuando se dedicó a equiparar Guantánamo con el gulag, ese archipiélago de campos de concentración en el que murieron millones de personas. Por supuesto, ese prestigio decayó en países con cierta cultura política e histórica, donde la gente es capaz de razonar aún cuando haya de por medio críticas a Estados Unidos. Por tanto, en España aún reciben oídos cuando se dedican a mostrar sus carencias intelectuales y morales, como cuando esta semana han vuelto a denunciar que los videojuegos violan los derechos humanos. ¿De quién, cabría preguntarse, de unos cuantos conjuntos de píxels que se iluminan en el monitor?

Como bien ha resaltado Antonio, la violencia de esos juegos no está disponible a los niños, sino sólo a los niños cuyos padres lo permiten. Lo que pide Amnesia es que el gobierno viole los derechos humanos a la libertad de expresión y a intercambiar voluntaria y libremente bienes y servicios, a cambio de proteger unos supuestos derechos de la infancia que incluyen que Esteban Beltrán y los suyos hagan con los niños lo que quieran, robando a sus padres la libertad de educarlos.

En una obsesión de los socialistas de todos los partidos el imponer a todos los demás sus propias ideas morales. Su método preferido consiste en quitar la decisión a quienes más información, interés y elementos de juicio tienen para decidir para otorgarla a instancias en las que pueden meter mano. Sin necesidad de salirnos del tema y meternos en leyes como la educativa o la antitabaco, un reciente estudio realizado por asociaciones de protección a la infancia, tras unas encuestas a menores sobre el uso de videojuegos, propone en sus conclusiones que la clasificación por edades la haga un organismo independiente en la que ellas mismas estén representadas. Encima, ni siquiera es una medida que se pueda inferir de dicho estudio, que no evalúa de ninguna manera si la industria está haciendo bien o mal ese trabajo.

Una de las grandes omisiones en todas estas denuncias interesadas es la prueba de que exista relación alguna entre la violencia en los videojuegos y posibles daños a niños. El informe de Amnesia, por ejemplo, no dedica una sola línea a intentar justificar esa relación, como si fuera evidente por sí misma. Sin embargo, al igual que los niños romanos seguramente jugarían con espadas de madera a matar a sus compañeros de juegos, que asumirían a regañadientes el papel de cartagineses, los juegos violentos forman parte de la vida de todos los niños en todas las épocas, mal que le pese a esa progresía que se cree que regalando muñecas a los niños y balones a las niñas se eliminan las diferencias entre unos y otras. Pero tanto los juegos de entonces como los de ahora son eso, juegos; si hay niños incapaces de apreciar la diferencia, de poca ayuda va a resultar que existan leyes que “los protejan”.

Existe hoy una Santa Inquisición Progre que persiste en querer obligarnos a todos a someternos a sus tesis morales, por más absurdas y cambiantes con el tiempo que sean. Se definen en el “Imagine” de John Lennon, cuya letra viene a decir que el mundo sería pacífico y feliz si todos fuéramos, no como Lennon, sino como la imagen beatífica que Lennon tenía de sí mismo. Pero eso no tiene nada que ver con los derechos humanos que, visto a lo que se dedican las organizaciones del ramo en España, deben gozar en nuestro país de una extraordinaria salud.

Muerto el perro, muerta la rabia

Friedrich August von Hayek situó al Liberalismo en el vértice superior de un triángulo donde en las esquinas inferiores figuraban las otras dos ideologías actuales: el Socialismo y el Conservadurismo. Para Hayek era coherente que una persona se pasara ideológicamente del Socialismo al Conservadurismo, y al revés, ya que éstos tienen muchos puntos en común, a saber, las referentes a la represión gubernamental ya sea contra la libertad social (Conservadurismo) o la libertad económica (Socialismo). Los movimientos ideológicos, en este triángulo pues, suelen ser laterales. Es difícil que un socialista o un conservador se conviertan en liberales.

Efectivamente la diferencia sustancial del Liberalismo con los sistemas mencionados es que jamás pretende recurrir al estado para castigar, prohibir o atenuar un determinado comportamiento moral (los referentes al “vicio no criminal”).

Así, el Conservadurismo y el Socialismo se basan en posiciones de fe viscerales donde un grupo intenta someter al “grupo contrario” por medio de la ley y el miedo. El gran error de los dos es creer que tanto en el plano social como económico el hecho de prohibir o restringir algo conduce a la erradicación del “problema” manteniendo además un statu quo en el resto de los acontecimientos humanos (sociales y económicos). Otro gran error es pensar que el estado al realizar un determinado acto autoritario lo crea por el bien común, cuando en realidad, lo aplica para tener más poder y/o dinero.

El dicho, elevado a ley según parece en nuestros días por conservadores y socialistas: “muerto el perro, muerta la rabia”, o según su actualización, “tolerancia cero” contra todo, no puede tener consecuencias más nefastas cuando lo llevamos a la práctica. En primer lugar, con la restricción el dirigente puede disminuir un comportamiento determinado, aunque a un precio muy alto, pero jamás eliminarlo. Lo que hará el político será modificar la estructura productiva del bien empobreciéndolo y, con él, todos los otros escenarios productivos que lo preceden, o llevándolo hacia un mercado puramente libre pero perseguido y rebajando su división del trabajo, esto es, la economía sumergida. Y es que, las restricciones llevadas al extremo, como las prohibiciones, también generarán un aumento de la inestabilidad social. Así ocurrió con la prohibición de las drogas o la famosa ley seca de los años veinte en Estados Unidos; lo único que engendraron fue crimen.

No es el producto (y servicio) considerado como vicio el que lleva al crimen, sino su prohibición. Por más que se prohíba por ley no se pueden cambiar los gustos ni tendencias de las personas. Cuando el estado aprenda esto no dirá “me he equivocado, tomad libertad”, sino que intentará lobotomizar más a las personas como ya ocurre actualmente con los programas educativos doctrinarios que aplica, publicidad partidista que paga con el dinero robado a la comunidad, o comprando con dinero ajeno más votos (votantes cautivos) con pensiones, subvenciones, ayudas…, la actual ley de dependencia es una buena muestra de lo último. Y cuando aun así no lo consiga, entonces el estado intentará prohibir a los rebeldes (ZP ya toma nota con el CAC), o directamente encerrarlos y matarlos, los enemigos de la ocupación en Irak lo están viviendo ahora mismo.

El estado omnipotente sólo lleva a la pobreza y a la represión social. Es una espiral de decadencia y odio imposible de parar. La prosperidad sólo se puede conseguir con libertad de mercado y social: que cada uno haga lo que quiera, donde quiera, cuando quiera y como quiera. ¿Y el crimen? No se podrá erradicar jamás, pero sí que el libre mercado y derecho natural lo dejarán en mínimos, e incluso, lo expulsarán a esos países donde las leyes del legislador benefician la delincuencia (actualmente España). Neo–puritanismo y estado es una mala combinación porque perpetúa la esclavitud y hace al estado, la mayor organización criminal que hay, imparable. En cambio, neo–puritanismo sin estado no es más que una molestia, pero en una sociedad libre jamás nos hará esclavos. No es la condición humana el mal del mundo sino las imposiciones de los medios políticos.

El nuevo Ché Guevara

El discurso que nos ha colocado el presidente boliviano, es la tradicional colección de tópicos con la que el eje marxista sudamericano enardece a la piafante izquierda europea. La soberbia de estos revolucionarios de la ignorancia, les hace cometer gravísimos disparates que hipotecarán a sus países durante varias generaciones. Sus continuas apelaciones a grandes principios abstractos (justicia social, redistribución, revolución, anticapitalismo…) sólo sirven para anestesiar a quienes han de sufrirles, dejándoles inermes frente a la maquinaria de coacción estatal puesta en marcha. Pero lo que los iluminados de izquierda no entienden es que la economía no es una cuestión de buenas intenciones, sino de conocimiento. La sociedad interacciona de una manera natural bajo los principios de propiedad privada, seguridad jurídica y libre comercio. La tendencia humana a seguir esa suerte de piloto automático es tan fuerte, que los experimentos de ingeniería social que han buscado su aniquilación no sólo han fracasado, sino que lo han hecho anegados en sangre. La cosa es bien sencilla: Hay un sistema que proporciona bienestar y riqueza y otro que sólo produce opresión, miseria y corrupción. La elección de uno u otro camino es voluntaria; los efectos de la decisión, en cambio, son ineludibles.

La entrevista entre Evo Morales, que lo ignora todo en materia económica, y ZP, que aprendió la ciencia en un par de tardes, ha debido ser antológica. Es una lástima que la discreción de estos encuentros nos prive de conocer las grandes ideas que, sin duda, han surgido a borbotones durante ese apasionante duelo intelectual. Habrá que conformarse entonces con ver sus efectos. De momento se anuncia la condonación de la deuda del país andino con España (¿Será por talante?), pero con el compromiso boliviano de transformarla en gasto educativo. Otra ración de talante, esta vez para Él y sus negocios editoriales de ultramar.

Acaba de visitarnos la reencarnación indigenista de Ernesto Guevara, a quien el presidente boliviano rinde constantes muestras de admiración. Un Che Guevara, eso sí, con el jersey de Freddy Krugger. No es fácil saber qué da más miedo.

En torno a los impuestos

Los impuestos son un mal necesario e imprescindible para que el Estado pueda cumplir ciertas funciones. En eso casi todo el mundo está de acuerdo. El problema viene al fijar la cantidad de los mismos, es decir, cuánto se ha de detraer a los ciudadanos y empresas, y las funciones que éstos tienen que atender. He aquí la madre del cordero.

El paradigma keynesiano, el que dio lugar en lo político a la socialdemocracia, se inclina por impuestos altos y un gran abanico de competencias estatales. De este modo, una parte de la población trabaja, esencialmente, para satisfacer tributos, mientras otra vive de ellos por obra y gracia de las transferencias estatales. El sistema, que, aparentemente, parece equilibrado y funciona como un reloj, está sin embargo condenado al colapso. Y no es un artificio teórico, sino una doliente realidad, ocasión hemos tenido de padecerlo en nuestras carnes en los últimos 50 años.

Los impuestos altos desincentivan la producción. Cuando una empresa destina una parte siempre creciente de lo ganado al fisco, no está haciendo una labor caritativa desprendiéndose de algo que le sobra, sino descapitalizándose de un modo innecesario. Es habitual que las empresas tengan ejercicios buenos y otros malos conforme a la coyuntura del mercado y a las decisiones empresariales que sus dueños hayan tomado que, como es obvio, no tienen por que ser necesariamente sabias.

Si el emprendedor ha de entregar al Estado un alto porcentaje de los beneficios obtenidos en los años buenos, tendrá que afrontar los malos con una merma considerable de capital. Esto disuade de iniciar nuevas inversiones o, sencillamente, las hace imposibles. Como resultado final, las empresas se esclerotizan y sucumben o, las más avisadas, buscan refugio en otros mercados con una fiscalidad más benigna o en los célebres “paraísos fiscales”, que son en realidad lugares donde el Estado incordia lo mínimo. El hecho es que la riqueza que podría haberse creado sale por la ventana. Es el coste oportunidad de los voraces aparatos fiscales a los que son tan dados los socialistas. Es algo que no se ve, de ahí que sea difícil cuantificar.

Si no existe capital para impulsar la inversión privada, la única que merece tal nombre –la pública es, por lo general, simple dilapidación-, la actividad económica se resiente con su corolario de desempleo, dependencia de los subsidios y un nuevo giro de tuerca en la presión fiscal. Un círculo vicioso que conduce irremisiblemente a la miseria.

En los individuos el efecto de los impuestos es aún más explícito. Si la renta personal se grava de un modo confiscatorio, los mejores, los más productivos se largan y el resto busca la manera de pagar lo menos posible o de no pagar, esto es, de defraudar a Hacienda. La consecuencia más habitual es que, a pesar de que las retenciones suban, los ingresos estatales van a menos, la famosa curva de Laffer, de la que muchos políticos parecen no haberse enterado. Y es que, aunque nos hayamos acostumbrado a ello, es difícil de entender la razón por la cual hemos de trabajar 5, 6 ó 7 meses para el Estado.

Si, en lugar de insistir en mantener los impuestos por las nubes y rebañar hasta el último céntimo de los ciudadanos, el Estado fuese más razonable, la actividad económica se dispararía. Tan reactiva es la sociedad que, cuando un Gobierno decide rebajar ligeramente los impuestos, los efectos beneficiosos se dejan ver en muy poco tiempo. Eso, claro, sería pedir demasiado a los que siguen pensando que, Hacienda, somos todos.

TDT

Si le hubieran dado todas las licencias a Él, igual les cambiaba un poco la cara, pero es lo que tienen las regiones traidoras, que se apartan del diktat progre y se quedan tan anchas. "¿Es que no hay nadie que le diga a los jueces lo que tienen que hacer?" Se preguntaba en voz alta Felipe González en su día. Ni a los jueces ni a Valcárcel, mire usted; aquí ya hace todo el mundo lo que le da la gana.

Cuando los progres de nómina se cogen una rabieta de campeonato, es señal inequívoca de que la derecha está haciendo algo bien. No falla. Con las nuevas televisiones, un gran sector de la audiencia, actualmente huérfana de representación mediática, tendrá la oportunidad de ver programas en los que no se ofenda a sus creencias ni se insulte a su inteligencia, en los que no se haga mofa de los políticos señalados por la secta ni se hurgue en las braguetas del petardeo oligofrénico.

La verdadera pluralidad informativa, es la que permite la existencia de medios de comunicación de todas las tendencias culturales y políticas. El socialismo la entiende en su forma pervertida: Pocos medios, todos defendiendo el sesgo informativo diseñado por el clan de los ungidos y con algún invitado ocasional ajeno al cotarro para cubrir cuota y dar sensación de ecuanimidad.

Libertad Digital TV, que es el caso que más parece tocar las narices al vocero socialmurciano de mirada felina, tiene ahora su oportunidad legítima para llegar a convertirse en lo que el canal Fox News ha sido para los EEUU, la cadena informativa de tendencia liberal-conservadora que, salida prácticamente de la nada, está batiendo marcas de audiencia. La misma oportunidad tienen también ahora el resto de operadoras, cada una defendiendo su apuesta informativa. Y los espectadores a decidir libremente… mientras la alegre muchachada rojelia nos lo permita.

Mejor que la democracia

Tal vez la democracia no sea un sistema perfecto, pero es lo mejor que se ha inventado hasta el momento en lo que se refiere a decisiones sociales, dicen. Prácticamente nadie lo pone en duda. O todos tenemos voz y voto en lo que nos concierne o alguien decide por nosotros, o sea, o democracia o dictadura. Es más, los puntos débiles del sistema parecen razonablemente asegurados una vez que se establece el sufragio universal y se salvaguardan los derechos de las minorías.

Sin embargo, hay áreas de nuestra vida que consideramos demasiado “íntimas” para dejarlas al arbitrio democrático por mucho que afecten directamente a los demás. La sexualidad, la amistad, la familia, la donación de órganos, etc.

De hecho, las decisiones que usted tome sobre esos temas íntimos afectarán por activa o por pasiva a innumerables personas. Y, a su vez, usted mismo debe su propia existencia a las decisiones que otros (entre ellos todos y cada uno de sus antepasados) tomaron sobre estos temas.

Se haría difícil encontrar asuntos más críticos para la supervivencia y prosperidad de una sociedad que esas decisiones íntimas de cada uno de sus ciudadanos. Precisamente porque lo valoramos tanto, no podemos aceptar que un tercero o un millón de terceros tenga derecho de veto sobre estas decisiones nuestras. Una sociedad que intente regular por vía democrática la amistad, la sexualidad o la familia se verá abocada a un infierno social.

Seguramente, usted lleva años practicando este método antidemocrático en lo que atañe a los asuntos que más le conciernen. Muy probablemente, usted podría satisfacer las necesidades de terceros en esas áreas pero ni se le había ocurrido ponerse a disposición de la decisión mayoritaria de aquellos. Prefiere reservarse el derecho a tomar esas decisiones. Y las toma considerando que es lo que le ofrecen y ofrece un valor a cambio de recibir otro valor. Pero imagine que, protegidos por el anonimato de una votación democrática, sus conciudadanos pudiesen elegir por usted. Imagine cómo sería su vida. Imagine cuánto tendría que dar. Imagine a cuánto tendría que renunciar.

Y ahora, plantéese lo contrario. ¿Por qué acepta la decisión democrática en los otros asuntos? Acepta, por ejemplo, que la hacienda pública le cobre más de un tercio de su riqueza. Acepta, igualmente, un sinfín de regulaciones.

Es interesante, exactamente las mismas personas, cuando nos relacionamos con ellas aceptando el principio democrático, nos quitan un tercio de nuestra riqueza y nos lo regulan casi todo, en cambio, cuando usamos el otro método algunas nos dejan en paz y otras colaboran con nosotros, pero no nos imponen nada.

Eso que algunos han llamado Estado ultraliberal o anarcocapitalismo o, incluso, pizzacracia es, de hecho, de lo menos utópico que uno pueda imaginarse. Se trata, simplemente, de comprender el criterio que usamos para las cosas más importantes y aplicarlo a las no tan importantes, como el dinero, por ejemplo.

En definitiva, si un código moral o sistema político no es suficientemente bueno para metérselo dentro de la ropa interior, ¿porqué dejar que penetre en el bolsillo, en el cerebro o en el corazón? ¿Va a dejar que hagan con los frutos de su trabajo lo que no permite que hagan con su cuerpo? ¿Acaso su propiedad es menos suya que su cuerpo? Usted ya conoce y practica algo que es mucho mejor que la democracia, ¡encuéntrele nuevas aplicaciones!