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“Delta” y las deficiencias eléctricas en las Islas Canarias

2005 será recordado en las Islas Canarias como el año en que la tormenta tropical Delta puso patas arriba las infraestructuras del archipiélago y generó una minicrisis política en torno su mercado energético. El sistema eléctrico español es básicamente un oligopolio donde las empresas de distribución se reparten zonas en régimen casi monopolístico de forma que la posibilidad de que un cliente pueda cambiar de distribuidor es escasa e incluso dificultosa. La intervención estatal, tanto de las administraciones locales, como de las autonómicas o de la estatal, no ha desaparecido bajo ningún gobierno, ni de derechas ni de izquierdas, limitándose en el mejor de los casos a “privatizar” las empresas pero manteniendo una fuerte regulación sobre aspectos tan fundamentales como son los precios, la aprobación de nuevas centrales, el incentivo a determinadas energías frente a otras o el permiso para construir nuevas líneas de transporte, tanto de alto como de medio y bajo voltaje, por poner algunos ejemplos.

Este último asunto es importante para entender lo ocurrido en Tenerife y en otras Islas tras el paso de Delta. En las Islas Canarias impera Unelco, marca que adopta Endesa en la isla y que se corresponde a la empresa que dio servicio a Canarias antes que fuera adquirida por el gigante eléctrico. Recientemente, también se ha introducido en el mercado canario Red Eléctrica Española (REE) tras la venta de la red de alta tensión de Endesa, si bien no comercializa electricidad, sólo se limita al transporte.

Uno de los problemas más duros a los que se ha enfrentado Unelco y ahora REE en las Canarias es al proyecto y construcción de nuevas líneas de distribución eléctrica ya que las necesidades eléctricas han experimentado un constante y fuerte crecimiento en las últimas décadas. El turismo, industria cada vez más importante para las Islas, así como el lógico incremento de la demanda energética de sus habitantes, han disparado el consumo hasta niveles que suelen batir el récord todos los años. Este crecimiento tendría que haber venido acompañado de una mejora y una ampliación de las redes de distribución, pero esto no ha sido así.

Es difícil echar la culpa a un sólo elemento, pero quiero pararme en una combinación especialmente peligrosa que con frecuencia choca con cualquier actividad empresarial que considere perjudicial. Los grupos ecologistas, desde sus posiciones fundamentalistas en lo referente a la generación y distribución de energía, han mantenido una presión constante sobre los ayuntamientos para que se evitara la construcción de estas líneas de distribución. Sus razones, reales o ficticias, son ya conocidas por todos, desde la destrucción del ecosistema, pasando por la contaminación paisajística hasta la salud de las personas. Este fundamentalismo ha sido aprovechado por algunos alcaldes para hacerse un ejercicio de márketing político y salir reforzados. Tal es el caso del ex alcalde de Vilaflor, cuya posición política en contra de la línea, dio nombre al espíritu de Vilaflor y que tanto revuelo causó hace unos años e incluso ahora con el puerto de Granadilla. Los movimientos populares, las manifestaciones contra los trazados se hicieron frecuentes y claro, nuestros políticos, en los que cae la última decisión, se asustaron.

El resultado es que la Línea Sur de Tenerife, a pesar de las necesidades de los tinerfeños, sigue sin construirse. Pero las consecuencias han sido mayores. Unelco, y ahora REE, han frenado la ampliación temerosos de las posibles dificultades que se puedan presentar, destinando el dinero a reforzar o arreglar líneas que en algunos casos están sobresaturadas o son antiguas. Y en esto llega Delta.

Los cortes de luz provocados por la tormenta tropical se extendieron durante varios días, más incluso de los que se podía considerar prudente, dadas las anormales circunstancias. Esta combinación letal que es la regulación estatal, la presión del lobby medioambiental, la demagogia de algunos políticos oportunistas y la presión social en forma de manifestaciones en las que pocos de los manifestados tenían conocimientos profundos del problema, evitó que se construyeran nuevas líneas de distribución, evitó que se crearan circuitos redundantes, preparados para este tipo de emergencias y favoreció, se favorece aún, que empresas como Unelco o incluso REE, gasten muchos de sus ingresos en actividades que poco o nada tienen que ver con dar un servicio de calidad al cliente. No pretendo, ni mucho menos, quitar responsabilidad a la empresa de esta tardanza en dar servicio a los canarios afectados, pero sí llamar la atención de que no es la única causa, que todas las administraciones y los propios vecinos y abonados son, en último lugar, responsables del altercado; que los grupos medioambientales no han sabido ser pragmáticos y han hecho prevalecer su visión utópica y que la muchedumbre, cuando actúa como masa, no siempre acierta al ceder su voluntad y su capacidad de razonar, su deber de razonar, a terceras personas.

Juan de Mariana para ejecutivos

El Discurso de las cosas de la compañía de Juan de Mariana, publicado tras su fallecimiento en 1623, debería convertirse en manual urgente de sabiduría para ejecutivos y propietarios de negocios. En este interesante y poco conocido libro, el padre Mariana  denunciaba la decadencia de la orden religiosa a la que pertenecía, la enérgica Compañía de Jesús en el Siglo de Oro, y proponía soluciones asentadas en un conocimiento profundo y sincero de la acción humana. Los ejemplos del Discurso son los problemas frecuentes en las organizaciones contemporáneas.

El Padre Mariana anticipa humildemente, en el comienzo de la obra, su desconocimiento de la realidad sobrevenida; una realidad ajena al paradigma, presuntamente infalible, de la planificación:

Cosa averiguada es que los hombres no conocemos las cosas por sí mismas de ordinario, antes por los efectos que de ellas proceden; gobernámonos por los sentidos, y por lo que ellos es manifiesto pasamos al conocimiento de las causas.

El autor achacaba el origen de las dolencias entre los jesuitas a la fatal complacencia de sus administradores, siempre solícitos a premiar el conformismo y penalizar la opinión leal pero critica:

El general está lejos, el provincial o rector no se atreven a disgustar la gente por medio de alborotos y disgustos, con que todo se relaja sin remedio y el que mejor gobierna es el que mejor sabe condescender con la gente, con que todo se va a despeñar.

…Mírese si por ventura es falta de justicia por no repartirse los cargos a los mejores, sino a los más confidentes, aunque tengan mil alifafes o muy pocas partes o ningunas.

Hay dos capítulos del Discurso, el VII y el VIII, en los que magistralmente Mariana se muestra como adelantado de la externalización. Consideraba que despreciar la subcontratación de recursos puede ser el camino hacia la corrupción. Los párrafos que siguen, escritos en ese delicioso español de la época, no tienen desperdicio:

La tercera causa (del desorden) es los muchos oficios de que los superiores cargan; quieren tener carpinteros, albañiles, sastres, zapateros, lavanderos, panaderos; otros añaden granjerías de ganados, labor, sementeras, so color que por este camino se ahorra mucho. Como sale del montón el sustento y el vestido, no se echa tanto de ver como el dinero que saca cada día o cada semana para la paga de los oficiales de afuera. Más yo he tocado con las manos que, bien mirado todo, sale más barato lo que se puede hacer por oficios seglares.

…Un prior de Santo Domingo me aseguró que en tiempo que su convento criaban ganado les salía la carne al doble que en el rastro.

…Las cuentas no se toman bien ni hay claridad en todo que sería razón; y aunque se tomen con cuidado, si el rector o procurador andan de mala, pueden echar de clavo grandes cantidades.

El padre Mariana era contrario a la envidia igualitaria, carcoma visible en las corporaciones, ya que “el aceite no puede estar por debajo del agua” y ofrece una admirable definición de la igualdad:

Es verdad que conviene haya igualdad en la comunidad, pero no aritmética, sino geométrica; que no sería buen orden calzar a todos con una misma horma, sino que el calzado ha de ser conforme al pie, que esta es la verdadera igualdad.

Mariana rechazaba, por su efecto perverso, las “sindicaciones” o informes secretos sobre faltas en los integrantes de la orden de San Ignacio. Denunció la multiplicidad de leyes especulativas, la escasez de premios para los virtuosos así como la proximidad de la Compañía respecto del poderoso de turno, origen de malentendidos de toda clase. Desconfiaba del poder centralizado (“la Monarquía” lo llamaba él) más también de la dirección en forma asamblearia puesto que “en las comunidades los imperfectos son más en número”. Prefería el consejo de los expertos sin afectación, espejo para todos los demás (“los padres antiguos y graves y honrallos”).

Siempre pendientes del enésimo estratega oriental y resulta que tenemos en casa el luminoso testimonio de Juan de Mariana en torno a las corporaciones. Una lección de honestidad personal; un manifiesto de sereno desvelo por las cosas que verdaderamente importan. Merece la pena leerlo y tenerlo en cuenta. Volver a nuestros clásicos liberales es aire fresco que nos permite mejor vivir para después rechazar de modo adecuado la montaña de necedades que pretenden vendernos cada día.

Marcas, reputación y fraude

La propiedad sobre bienes intangibles está en conflicto con la propiedad sobre bienes tangibles. Detentar un derecho de propiedad sobre una idea (propiedad intelectual) supone tener derecho a impedir por la fuerza que otros puedan reproducir esa misma idea en un bien tangible de su propiedad, de modo que se está limitando el uso que los individuos pueden hacer de los bienes tangibles legítimamente suyos. El autor que posee un copyright sobre una canción puede impedir por la fuerza que alguien que la haya escuchado por la radio la reproduzca luego en su local sirviéndose de su voz y de sus instrumentos. El copyright limita así el uso que este individuo puede hacer de sus propiedades tangibles, su local, sus instrumentos y su propia voz.

Si consideramos, de este modo, que las ideas no son susceptibles de apropiación por contravenir el derecho de propiedad tradicional sobre objetos materiales, ¿qué sucede con las marcas comerciales? ¿En una sociedad libre sería legítimo que una empresa copiara la marca de otra para aprovecharse de su reputación? ¿Los autores desconocidos podrían firmar sus obras con nombres de autores famosos? Si el hecho de que me llame “Albert” no priva a otros de llamarse igualmente “Albert”, ¿por qué la compañía Coca-cola tiene que ostentar un monopolio legal sobre su propia marca?

Un escritor anónimo no puede firmar con el nombre de Michael Crichton su novela porque ello constituiría un fraude, no porque Michael Crichton tenga un derecho de propiedad sobre su propio nombre. El consumidor, cuando compra dicha novela, traspasa la propiedad de una determinada cantidad de dinero a condición de que esa novela esté escrita por Michael Crichton. Pero en tanto la novela no haya sido escrita por Michael Crichton la condición para la transferencia del título de propiedad no se cumple y el vendedor está en posesión ilegítima de ese pago. Lo mismo sucede con las marcas comerciales. Imaginemos que una recién creada empresa de yogures se hace llamar Danone y utiliza su mismo logo arguyendo que la Danone original no tiene ningún derecho de propiedad sobre ese nombre. De esta manera se lucraría aprovechándose de la reputación que Danone ha acumulado durante décadas. Pero el consumidor que compra un yogur de la nueva Danone cree estar comprando yogures de la Danone original, luego está siendo víctima de un fraude. El consumidor traspasa su dinero a condición de obtener un yogur de la empresa Danone original, y puesto que la condición no se cumple los consumidores no han consentido en transferir su dinero.

En un contrato los condicionantes implícitos juegan un papel fundamental. Cuando compramos un yogur no explicitamos todos los condicionantes de la transferencia, algunos simplemente están asumidos por las partes. Cuando compramos un coche no hace falta explicitar que lo queremos con motor, las partes obviamente entienden que el motor va incluido cuando se demanda un coche. Si pedimos una manzana y nos dan una manzana podrida el vendedor no puede decir “pero oiga, usted me ha pedido una manzana, no ha especificado que no tenga que estar podrida”. Asimismo, cuando compramos el yogur de la marca Danone no estamos pidiendo sólo un yogur que lleve impreso las letras Danone, sino un yogur que no sea venenoso, que no esté caducado etc… y un yogur que sea de la marca Danone original, a la cual asociamos determinadas cualidades. La gente compra el yogur de la nueva Danone por lo que asocia a la Danone original, es decir, asumiendo que es la Danone original con todo lo que esa marca conlleva. Por tanto, de la misma manera que alegaremos fraude si nos venden un coche sin motor o una manzana podrida, alegaremos fraude si una empresa copiara una marca para vendernos productos aparentando ser la empresa original.

¿Y si una empresa copia una marca sin hacerse pasar por la empresa original? ¿Es ilegítimo vender relojes Rolex falsos a precios irrisorios si se explicita que son falsos? Si el consumidor sabe que la empresa con una marca copiada no es la original, si el consumidor sabe que el Rolex falso es, en efecto, falso, no tiene lugar fraude alguno. Nadie se está aprovechando de la reputación de la empresa Rolex para engañar a los consumidores vendiendo Rolex falsos por cuatro centavos, porque los consumidores ya saben que son falsos. Nadie que quiera un Rolex original está comprando un Rolex falso, luego nadie está siendo aquí defraudado.

Copiar marcas para engañar a los consumidores es ilegítimo no porque las empresas tengan un derecho exclusivo sobre su marca particular, sino porque supone un fraude al consumidor.

Evo Morales, el camino a la miseria

Seguramente Morales estudió la vía pacífica al socialismo de Salvador Allende, que en sólo tres años logró destruir la creación de riqueza y llevar al país al borde de una guerra civil. Allende expulsó a los técnicos de las multinacionales que explotaban el cobre y otros recursos naturales, y los sustituyó por comisarios políticos. La producción sencillamente se detuvo. Evo Morales no busca eso, de modo que lo que propone, dice, consiste en tener a las multinacionales como “socios tecnológicos”. Dice el nuevo presidente que “si quisiéramos emprender un tema de exploración o prospección necesitamos la tecnología. Se pagará por los servicios de esas trasnacionales, pero fundamentalmente nuestro gobierno estará enfocado en cómo industrializar sus recursos naturales”.

Pero se equivoca de medio a medio. El error del nuevo narcopresidente de Bolivia, muy común, es el de pensar que los problemas económicos son cuestiones técnicas o tecnológicas. La tecnología busca soluciones adecuadas para fines concretos y determinados, como la extracción de gas de un pozo. La economía, sin embargo, estudia los procesos sociales que se enfrentan al problema de la escasez, para satisfacer de la forma más cumplida las múltiples y cambiantes necesidades de los ciudadanos. La economía estudia un proceso abierto e incierto de millones de acciones individuales que buscan satisfacer una pluralidad de necesidades de forma coordinada, mientras que la tecnología se centra en cada uno de estos fines. El uso de los recursos naturales es una cuestión económica. Son recursos escasos y hay que buscar la institución que permita un uso más productivo de ellos. Esa institución, ahora lo sabemos, es la propiedad privada. De nada le servirá a Evo Morales contratar a los técnicos de las multinacionales u otros si lo que va a hacer decidir sobre el uso de los hidrocarburos desde el Estado. El fracaso está asegurado.

Morales, además, no se va a detener ahí. Ya ha anunciado que después de estos, seguirá “los recursos minerales o forestales”. A medida que vaya fracasando y se encuentre en dificultades huirá hacia delante ampliando la cantidad de recursos nacionalsocializados. Como además los empleará en su agresiva política exterior (se hará salida al mar a costa de Chile y extenderá la robolución en América junto con Castro y Chávez), la pobreza y el hambre en Bolivia saltarán a las portadas de los periódicos (de fuera de su país) en pocos años.

Este no tenía porqué haber sido el futuro de Bolivia. El periodista de aquél país Albino Mario Fantini ha recogido en un artículo los datos de un estudio del Banco Mundial, que revelan que las reformas liberalizadoras de principios de los años noventa dieron buenos resultados: “un crecimiento promedio de 4,5 por ciento durante 1994-98”. La inversión pasó del 3 por ciento del PIB en 1995 al 12 por ciento cuatro años más tarde, el desempleo cayó del 10 al 4 por ciento y la pobreza comenzó a remitir, aunque tímidamente, del 52 por ciento de la población al 46 por ciento. Desde 1999 el país ha caído en una crisis institucional que ha sumido al país en una inseguridad jurídica y política en la que es muy difícil prosperar; la inversión busca seguridad y en Bolivia se ha desplomado desde entonces. El nivel de pobreza ha vuelto a crecer hasta el 65 por ciento. El estudio del Banco Mundial estimaba que si ese país hubiera optado por las reformas liberalizadoras que le permitieron comenzar a escapar de la miseria podría haber reducido el porcentaje de bolivianos en la pobreza a menos de un tercio en 20 años. Pero Bolivia ha elegido el camino opuesto.

La Navidad, la Familia y el estado

Estos días hemos recibido la noticia de un terrible caso de maltrato de padres a hijos en la ciudad de Sheffield. Cinco niños con edades comprendidas entre uno y siete años fueron abandonados por sus padres en una habitación. Mientras los niños se ayudaban para sobrevivir entre sus propios excrementos sus padres bebían alcohol y jugaban con la Play Station. Este estado de cosas se convirtió en un depravado ritual que empeoraba día tras día. Afortunadamente la hija mayor logró convencer a la madre para que llamase a una ambulancia cuando su hermano de poco más de un año dejó de moverse. Gracias a esa noble acción y a la rapidez de los servicios de emergencia el bebé salvó su vida.

Ya hay quienes han alertado acerca de la necesidad de incrementar las dotaciones de unos servicios sociales que, a pesar de visitar con frecuencia a la familia, no fueron capaces de percatarse del trágico maltrato. Se equivocan. Es precisamente la maraña de ayudas sociales la que destruye los lazos familiares capaces de poner freno a este tipo de sucesos y los sustituye por unos incentivos perversos que son el caldo de cultivo de desgraciados casos como este. Me explico. En el Reino Unido, como en otros países de la “Europa del Malestar”, cuando una adolescente se queda embarazada recibe una ayuda mensual del estado. Algo así como un premio a la conducta ejemplar y un incentivo a tener hijos lo antes posible. No importa si la familia trataba de convencerle de que esperase algún tiempo, papá estado corre con los gastos. ¡Sigan jugando! Hay premios seguros todavía más espectaculares. En efecto, quedarse embarazada siendo menor de edad también da derecho al gran premio de una vivienda de protección oficial. Al precio que están los pisos en Inglaterra no es de extrañar que más de una adolescente que tenga una bronca con sus padres o simplemente quiera independizarse, decida tener hijos.

En este marco, la madre de estos niños tuvo a los cinco críos entre los 16 y los 24 años. Vivió en una vivienda de protección oficial hasta que se trasladaron a una celda, también estatal. Más de cincuenta trabajadores sociales les visitaron en aquella casa de los horrores de Sheffield y ahora serán psicólogos a sueldo del estado quienes visiten a los niños en sus respectivas casas de adopción y a los padres en los centros penitenciarios. Aquellos no eran capaces de ver los problemas angustiosos de la familia porque el propio concepto de familia les es extraño. Sólo ven ciudadanos más o menos cercanos a estereotipo estatal de buena conducta. Y el resto de la familia no me inmiscuiría porque el intervencionismo estatal en materia social se ha encargado de diluir las relaciones y los compromisos entre miembros.

Son todas esas ayudas junto con las diversas trabas a formar una familia las que hay que eliminar. Hay que procurar que la familia vuelva a ser una institución que evolucione libremente lejos de la corrupción que suponen los favores y los impedimentos estatales. En ningún caso hay que potenciar los causantes del mal, que no es otro que el estatismo en el ámbito familiar. Resulta curioso examinar que si Jesús naciera en la Europa de principios del siglo XXI, tendría muchos puntos para ser apartado de María por un leal trabajador social del estado. Eso sí, María y José accedería a una vivienda de protección estatal y Jesús viviría en una familia de adopción con buenos contactos políticos como la de Herodes.

Los malos humos de la represión estatal

Aparte de las manipulaciones estadísticas, posible exageración sobre los efectos del tabaco, y el poder hegemónico del gobierno sobre las personas, podemos hacer un análisis de qué significará la ley para nuestra estructura productiva.

Recordemos que en España se producen más de 42.000 toneladas de tabaco al año y unas 20.000 familias viven de la industria generando unos ingresos cercanos a los 150 millones de euros. Que la industria tabaquera sea tan grande, a pesar del estado (altos impuestos, regulación de la publicidad…), significa que su existencia es la respuesta a una necesidad real. Esto es, una gran masa de la comunidad quiere consumir tabaco tal y como demuestran los resultados del sector, cualquier otra lectura sería sujetiva y partidista.

Restringir o abolir un sector productivo por razones morales o neo–puritanas significa la pérdida de libertad individual (impuesta por el dictador moral) y la destrucción de la libre estructura productiva por la que ha apostado voluntariamente la comunidad (anulada por el dictador de la producción). Violar la libertad siempre traerá pérdidas netas totales donde la empresa restringe su capacidad creadora y social (beneficios, dividendos, empleos…), y el individuo ve disminuir sus opciones.

En este proceso además aumentarán los trámites burocráticos, costes de vigilancia estatal, funcionarios… a los que se tendrán que someter empresas y particulares. La represión no sólo niega la libertad de unos a expensas de otros, sino que además, es cara de mantener generando corrupción administrativa.

Pero el error va más allá incluso. La ley antitabaco provocará las quejas de los empresarios afectados (bares, discotecas…). Recuperar su estatus anterior radicará en la movilización pacífica y/o violenta que les ha enseñado el estado del bienestar. Si arman suficiente escándalo o destruyen la propiedad ajena como ya ha ocurrido en otras ocasiones, el gobierno les creará compensaciones económicas, no reduciendo los impuestos que pagan ya que eso sería un acto de sentido común, sino creando ayudas y subvenciones que pagaremos todos (fumadores, no fumadores, inmigrantes, estudiantes…). Esto significa un total o combinación de: más impuestos a empresas ajenas al sector y consecuente pérdida de competitividad, más impuestos a los particulares, reducción presupuestaria en otras partidas estales (sanidad, obras públicas… no, tranquilos que de RTVE no recortarán ni un solo euro), aumento de la deuda (que significa más impuestos en el futuro)… para después transferirlo a los empresarios y trabajadores que han sido víctimas del estado. De hecho, el sector del tabaco ya recibe fuertes subvenciones de la PAC. ¿No le parece un sinsentido? La nueva ley será la excusa perfecta para hacer crecer la vorágine estatal.

¿Qué es lo que han creado los políticos? Otro monstruo, la historia del estado del bienestar resumida en otra ley liberticida. Han convertido un sector que era próspero, generaba numerosos lugares de empleos directos e indirectos, cuantiosos beneficios y respetaba la libertad individual en un arma de control irresponsable donde, claro, el estado es el mayor beneficiario: 7.500 millones de euros por parte del gobierno español en impuestos y 63.000 millones para la Unión Europea.

La libertad nos beneficia a todos, el intervencionismo nos esclaviza social y económicamente. Pero aún y así, si nos “molesta el humo”, la solución no es prohibirlo, sino desregular la economía para que el mercado cree más lugares como Starbucks, donde no se puede fumar.

Estamos en el S. XXI, pero desgraciadamente el fin de la Segunda Guerra Mundial no significó el desmoronamiento del fascismo, ni la caída del muro de Berlín la desaparición del socialismo. El totalitarismo estatal aún está entre nosotros, y eso se paga.

Estampas navideñas

Unos estudiantes preservan sus pescuezos de los rigores invernales con la famosa pañoleta arafatiana, haciendo simpática apología del terrorismo antisionista, otros forcejean desde el suelo con los agentes que intentan esposarlos, con sus pantalones de marca caídos de la cintura y mostrando la ropa interior, finalmente algunos más exhiben la estética típica del borroka, con la capucha del chandal subida. Es difícil saber cual de estas imágenes resulta más repulsiva. En todo caso, si algo representan con sus poses y conducta, es la claudicación moral a la que ha sido inducida una generación entera de españoles por parte de unos ungidos, convertidos en líderes de opinión, que un día se autoconcedieron la facultad de dirigir los destinos de la sociedad. Por supuesto que se trata de una minoría de adolescentes, pero hablamos de los vástagos de la clase media ilustrada de la capital de España, practicando actividades extraescolares que necesitan intervención policial. Todo un indicio del estado actual de nuestra educación.

Cuando en virtud del vitriolo pedagógico esparcido por la izquierda, dejó de considerarse a los niños monstruos en potencia a los que es necesario educar, para encaminarles por la senda del nihilismo, de la astenia moral y del rechazo de todo lo que tradicionalmente se ha considerado un sano esfuerzo de superación personal, el resultado es una generación desnortada de jóvenes, incapaz de tratar con su propia existencia. Los modelos de conducta en los que se mira la generación actual, diseñados a través de consignas, tópicos y prejuicios fuertemente politizados, son una mezcla de depravación y cinismo a partes iguales, fruto de varias décadas de continuo desistimiento de las voces públicas, a las que se había encomendado el papel tradicional de robustecer los principios en los que se asienta la civilización. Cuando las elites desertan de su deber, la catástrofe está asegurada.

Uno de los síntomas más evidentes de esta degradación colectiva es el pavor cerval a la independencia que muestran los adolescentes actuales. Incapaces de formarse un criterio válido para interpretar su papel en el mundo, pues sus mayores declinaron la responsabilidad de proporcionarles las herramientas lógicas necesarias para ello, buscan desesperadamente adherirse al grupo de moda para que sea la tribu la que les diga cómo deben vivir.

Con un ambiente cultural que disfraza el fenómeno terrorista con una aureola de misticismo romántico, que presenta las algaradas violentas de los revolucionarios antisistema como la máxima expresión del utopismo filantrópico y que sacrifica continuamente la esencia individual en el altar de lo colectivo, lo realmente milagroso es que no haya miles de jóvenes quemando restaurantes de comida rápida o cajeros automáticos a tiempo completo.

No deben seguir preocupándose los ideólogos de la LOE por el futuro de esa magna asignatura que nos anuncian. Estos chicos están ya educados para la ciudadanía. Ciudadanía socialista, que es de lo que se trata.

¿Puede el Derecho sobrevivir al Estado?

Uno de los rasgos más característicos de nuestra época es la muy difundida idea de que el derecho es un conjunto de normas que el poderoso impone al débil. No importa tanto su contenido como el acto de fuerza por el que prevalece; su rasgo característico es la coacción, no la utilidad de las normas. Lo más curioso del argumento es que, al momento que ponen el acento en la irrelevancia de su contenido y en la necesidad de imponerlo por la fuerza, aseguran que el derecho es la precondición de una sociedad libre: sin normas no hay mercado.

En otras palabras, estos teóricos socialistas del Derecho consideran que la sociedad nace de las relaciones coercitivas implantadas por un jerarca supremo. Sin una mente consciente, respaldada por un ejército, no hay normas y sin normas no hay relaciones.

La realidad es bien distinta; la acción humana libre y su propiedad deben marcar el comienzo de todo análisis teórico e histórico. Las relaciones anteceden necesariamente a las normas, de hecho, las normas son fruto de las relaciones. Una norma no es más que una expectativa a que otro individuo actúe de una forma determinada, expectativa que puede surgir de las promesas (ius –derecho en latín- proviene etimológicamente de iurare, jurar) o de las costumbres, esto es, de comportamientos idénticos pasados.

Si la tesis socialista fuera cierta, es decir, si la propiedad privada naciera de un ordenamiento previo estatal, no queda claro cómo ese Estado podría haber llegado a nacer. ¿De dónde hubiera obtenido los ingresos para pagar a los soldados, a los funcionarios y a los jueces, si no existían propiedades que gravar?

En verdad, los socialistas sólo pretenden justificar que la propiedad privada es un privilegio concedido por el Estado a los individuos, gracias a su legislación y a su protección policial y, por tanto, un privilegio que está subordinado a todas las eventualidades y cambios que su garante quiera infligirle.

Pero, como hemos visto, la propiedad privada y la acción humana son necesariamente anteriores al Estado y, cabe decir con certeza, que son la base de todo ordenamiento jurídico. Las normas no crean la sociedad, sino que la sociedad da paso a unas normas en continua evolución. Como dice Paolo Grossi: “La praxis construye día a día su Derecho, lo plasma y lo modifica según las exigencias de los lugares y los tiempos”.

Quienes quieren establecer una tajante distinción entre sociedad y derecho, creando una fuente autónoma de sabiduría normativa, olvidan que impedir a los individuos crear derecho a partir de sus hechos resulta equivalente a impedirles actuar. Un derecho de origen socialista sólo puede terminar en una sociedad completamente reglamentada y esclavizada.

El derecho no es un conjunto de mandatos revelados, sino de prácticas previsibles útiles para alcanzar los fines individuales a través de la cooperación humana. El Estado a través de sus mandatos coactivos sólo desplazada esos lazos voluntarios y cooperativos, destruyendo en la práctica la institución jurídica. De la misma manera que la planificación económica erradica el mercado, la planificación jurídica presente extermina el derecho.

El Estado de Derecho no requiere de un Estado para garantizar un estado (una situación) de derecho. Más bien, podemos asegurar que sólo sin Estado podremos empresarialmente descubrir el mejor derecho.

Y es que, si como hemos visto, la propiedad privada y la libertad son el origen del derecho, resulta iluso creer que un organismo que se asienta sobre la permanente violación de la propiedad privada y de la libertad pueda crear otra cosa que un derecho violentado y corrupto.

Leyes anti tabaco

Los adultos españoles somos muy poca cosa. Nuestros cuidadores han decidido que no somos capaces ni tan siquiera de mantener una conversación civilizada para decidir si se fuma o no en una habitación. Han decidido que aquello de “¿le molesta que fume?” nos viene grande; que no llegamos a tanto. Son unos buenazos –¿qué haríamos sin ellos?– y graciosamente han decidido solucionar el tema a la tremenda: aquí no se fuma porque lo digo yo. El truco ya estaba inventado, lo inventaron precisamente los incívicos que hace años (¿siglos, milenios?) no eran capaces de mantener simples conversaciones civilizadas como la que acabo de comentar. Pero ninguno de esos incívicos llegó a esto de “aquí no se fuma en todo el país porque lo digo yo”. Es más, si alguno hubiese llegado a tal extremo, dudo que hubiese tenido el mal gusto de rematarlo con el broche hipócrita que tanto caracteriza a los planificadores sociales: “es bueno para ti”.

Que traten a los fumadores de imbéciles inhumanamente desprovistos del poder de voluntad necesario para dejar el hábito ya es grave. Que nos traten a los “fumadores pasivos” de víctimas incapaces de mantener conversaciones civilizadas para zanjar el asunto como adultos es incluso peor. Después irán los mismos legisladores y sus compinches, gastándose el dinero de los contribuyentes en campañas para promover el civismo por ahí. Pero, ¿qué civismo? Si se empeñan en prohibirnos solucionar los típicos y mundanos problemillas de convivencia como el del humo (o el del idioma), ¿cómo pueden pretender que la gente siga cuidándose de mantener en forma sus hábitos cívicos? Los actos de los legisladores hablan más claro que sus bochornosos cantos de sirena: no te esfuerces en hablarlo con nadie, hablando no se entiende la gente; tranquilo, ya viene el legislador con la solución mágica: prohibición indiscriminada.

Los mandones profesionales nos gobiernan según el principio de que aquellos de nosotros que fuman son incapaces de dejarlo por las buenas. Que, además, esos fumadores son un peligro para sí mismos, o sea, unos irresponsables, y un peligro para los demás, o sea, unos indeseables. Y que los demás estamos indefensos ante el tabaquismo sin la más mínima capacidad negociadora.

Los economistas liberales suelen recordar que cuando un gobierne establece un programa redistributivo quitando a Pedro lo que da a Juan, no es esa la única ni aún la más importante transferencia. La transferencia crucial es que la capacidad de decisión pasa de los ciudadanos a sus gobernantes. Y, desde luego, los muy listos no la redistribuyen. Quien parte y reparte…

Sucede lo mismo con las prohibiciones bienpensantes, como la desastrosa prohibición del alcohol de los años veinte en Norteamérica o la patética lucha contra las drogas de hoy en día. Lo más importante en la vida de una persona es su capacidad para dirigirse a sí mismo. Hay que aprender a elegir un rumbo, a orientarse, a sobreponerse y seguir adelante hasta la meta. La fuente de la felicidad, que no se encuentra en el placer ni en la ausencia de peligros, sino en la plenitud, en el triunfo, resulta inalcanzable cuando las victorias nos vienen dadas. Pretender poner a un tercero al timón de la vida de un adulto es una ofensa al concepto mismo de humanidad. Es posible que con ello se aletargue la existencia del conducido pero la rebelión a bordo es una simple cuestión de tiempo. La libertad más importante es la de errar, sin ella el crecimiento personal no cabe. ¿Es lo que andaban buscando?

Pérdidas invisibles

El gran logro social de la ONCE, la supuesta integración social de los ciegos y otros colectivos de discapacitados, no pasa de ser un espejismo que se difumina a poco que se analice de la manera más superficial. Y es que si bien un elevado porcentaje de los ciegos españoles encuentra hoy trabajo, la inmensa mayoría (más de un 90 por ciento) lo hace estrechamente ligado a la venta del cupón, lo que difícilmente puede considerarse como una integración en la sociedad.

Por otro lado, esas actividades de integración se llevan a cabo gracias al disfrute de un privilegio gubernamental con forma de monopolio que consiste en la tenencia de una licencia para participar en un mercado, el de los juegos de azar, que se traduce en penas de cárcel para quien lo hace sin el raro beneplácito del estado.

Pero el disfrute de un privilegio no siempre es garantía de éxito. Y si no, que se lo digan a la ONCE. La pasada semana la organización española de ciegos anunció el incremento sustancial de sus números rojos que pasan de los 12,2 millones de euros del año pasado a los 75 millones a lo largo de este ejercicio. Y eso que las barreras de entrada al mercado de las apuestas posibilita que la ONCE lleve a cabo sus actividades en un entorno de privilegios proteccionistas. Pero ni las más duras barreras de entrada pueden evitar que el consumidor deje de comprar el producto favorecido si no considera que su coste sea inferior al beneficio que otorga adquirir “la ilusión de todos los días”.

Sin embargo, las buenas relaciones del la ONCE con el poder político le permitirá despreciar al veredicto del consumidor con aires de gran dictador. Y es que, tal y como acordó con el gobierno del Partido Popular en febrero de 2004, la ONCE puede recibir subvenciones que cubran la pérdida de apoyo del consumidor. Así, la ONCE se ha convertido en una parte más del aparato estatal. Y los ciegos, en el instrumento perfecto para obtener rentas ajenas.