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Boicot estatal frente a boicot privado

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Cuando los argumentos terminan, los políticos deciden recurrir a la fuerza policial. Por mucho que Huguet se empeñe en distorsionar la realidad, el boicot no tiene nada que ver con la represión estatal, ni mucho menos el primero justifica la segunda. Conviene, pues, trazar una clara diferencia entre el boicot privado y los boicots estatales.

Boicot privado

El boicot privado a una empresa consiste en la decisión individual y voluntaria de no comprar un producto, por cualquier motivo. Para que el boicot sea exitoso suele ser preciso que un gran número de individuos lo siga de manera mancomunada. En estos casos el boicot puede ser liderado por algunas personas o asociaciones, pero siempre a través de la persuasión y nunca de la imposición.

La finalidad o la causa del boicot es del todo irrelevante. En ocasiones puede tener loables implicaciones políticas (como el realizado contra la petrolera Shell por su apoyo al régimen de apartheid que regía en Sudáfrica), en otras puede basarse en tópicos absurdos (por ejemplo, pretender boicotear a las empresas cuyos empleados lleven gafas). Pero en cualquier caso deben respetarse todos.

Como decía el gran pensador liberal Murray Rothbard: "Desde el punto de vista de la moral, el boicot puede perseguir objetivos absurdos, reprensibles, loables o neutrales. (…) En nuestra opinión, lo que importa, en este tema, es que sea voluntario, es decir, que se trate de una acción dirigida a intentar convencer (…) En principio, el boicot es legítimo per se".

El consumidor es soberano en el sistema capitalista. La empresarios se dirigen a servir sus intereses, que no tienen por qué estar relacionados exclusivamente con el producto ofrecido. Una empresa puede resultar penalizada por contaminar, proferir opiniones racistas, tratar de manera inadecuada a sus trabajadores o, simplemente, estar presidida por un señor poco simpático.

Y es que, en todo caso, la soberanía del consumidor consiste en la capacidad individual para boicotear a las empresas que no sirven a los individuos. La competencia de las empresas en un sistema capitalista es una competencia por satisfacer a los consumidores, esto es, por evitar su boicot: los individuos, al decidir comprar un producto, están boicoteando a los restantes, con la consecuente exhortación a que se adecuen a sus gustos, so pena de desaparecer del mercado.

Las empresas tienen que adaptarse o desaparecer si no satisfacen a los individuos. Ningún empresario tiene derecho a permanecer en el mercado en contra de la voluntad del consumidor. Cometeríamos un gran error si pensáramos que las empresas quiebran solamente por ser poco competitivas en lo relacionado con los precios; el descontento puede surgir, así mismo, de un continuado maltrato –en cualquier sentido– a los consumidores soberanos.

Boicot estatal

En sí mismo, el Estado es un boicot continuo a la sociedad, pues nos impide contratar con otras empresas los servicios que nos proporciona. Tenemos que pagar impuestos porque sí; y ese dinero que el Estado nos roba no podemos gastarlo en otras actividades. El Estado está empeñado en impedir la provisión de sus mismos servicios por otros cauces.

Otras formas de boicot las encontramos en la imposición de aranceles (el Estado pretende evitar que compremos productos extranjeros), en los precios máximos (el Estado impide que compremos a aquellos empresarios desaprensivos que venden por encima de un "precio digno") y mínimos (el Estado impide que nos "aprovechemos" de la situación de debilidad de ciertos productores). La intención es clara: en el caso de los aranceles, debemos comprar productos nacionales; en el de los precios máximos y mínimos, se nos obliga a pagar menos y más, respectivamente.

Los boicots estatales se caracterizan por implicar el uso de la violencia y la represión policial. No es el consumidor soberano quien elige, sino el político liberticida. El boicot privado es un instrumento acorde con la libertad; el estatal es un instrumento acorde con su restricción.

Es curioso cómo los políticos sólo protestan por los boicots que los ciudadanos libremente practican con sus empresas satélites. A ninguno de ellos se les ocurre levantar la voz contra su intervencionismo recalcitrante, contra sus boicots coactivos. No ya en los casos mencionados, también en el de los boicots subvencionados directa o indirectamente por el poder político. El caso de "Compreu/No Compreu" es paradigmático: los propios empresarios catalanes que no etiquetan en catalán están financiando coactivamente campañas de boicot contra sus propios productos. El colmo de las explotaciones.

Por supuesto, a pesar de esta incoherencia manifiesta (dar cobijo a boicots estatales de carácter violento y criticar los privados y libres), los políticos, en tanto personas, están legitimados para criticar los boicots privados, intentar disuadir a sus seguidores o, incluso, organizar contraboicots. Mientras no utilicen la fuerza para combatir un boicot privado, sus acciones no resultan problemáticas desde una perspectiva liberal.

Ahora bien, el reciente caso de Huguet no tiene absolutamente nada que ver con este procedimiento persuasivo. Huguet ha hecho un llamamiento a la intervención del Ministerio del Interior; esto es, a que la policía sancione a quienes induzcan a o practiquen el boicot.

De esta manera, nos trasladamos a un Estado policial y comunista, donde las autoridades asignan a cada individuo su porción concreta de productos. El consumidor deja de ser soberano y el empresario ya no produce para darle satisfacción; más bien al revés: el consumidor, forzado por el Estado, se ve obligado a proporcionar ingresos a un empresario que no lo hace feliz.

Además, Huguet ha anunciado subvenciones para las empresas afectadas por el boicot. Ya lo sabe: si vive en Cataluña, sólo tiene que denunciar que sus productos no se venden en el resto de España debido a la conspiración del boicot y el Gobierno le entregará un fardo de billetes. Nunca vivir a costa de los demás fue más sencillo.

Ahora bien, lo más gracioso del caso es que la represión del boicot privado y la subvención pública suponen, en realidad, un boicot estatal. Cuando el Gobierno nos obliga a comprar un producto nos impide gastar ese mismo dinero en otros y, por tanto, practica un boicot violento contra los mismos. El Estado pretende forzar a esos empresarios y trabajadores a que se dediquen a otros negocios, y para ello impide a los consumidores adquirirlos. Por ejemplo, si las autoridades obligan a los consumidores a comprar cava de Freixenet, se estará boicoteando el cava valenciano.

Del mismo modo, si se subvenciona a una determina empresa se impide que los consumidores adquieran otros productos con ese mismo dinero. La subvención modifica la estructura de gasto, así pues, supone un boicot estatal a ciertas empresas. La nacionalización de parte de nuestra renta tiene como propósito violentar a ciertas empresas para que cambien de actitud y produzcan otros bienes y servicios.

Los partidarios de la subvención y de la intervención policial contra los seguidores del boicot prefieren que el Estado imponga un boicot violento a que los consumidores practiquen libremente un boicot voluntario. En otras palabras, prefieren la violencia y la represión a la libre elección.

Las impagables palabras de Huguet para definir el mercado son una perfecta ilustración de la idea socialista de libertad: "Hay partes del territorio español que no se comportan como un mercado libre, porque en estas zonas no hay un comportamiento en función de la calidad-precio". Dicho de otra manera: el mercado no es libre cuando los consumidores actúan en libertad; el mercado libre se consigue cuando los consumidores actúan como quiere Huguet: forzados por la represión policial.

Parece que esta gente nunca entenderá que el libre mercado no se basa en un comportamiento robótico y reactivo entre los precios, sino en una elección individual y continua de aquellos comportamientos que más feliz hacen a cada persona.

El boicot a los productos de las empresas catalanas que apoyan el estatuto podrá parecernos adecuado o torpe, pero en todo caso es legítimo. Huguet, con su retórica fascistoide, sólo pretende domeñar a los consumidores para que se gasten el dinero en productos que no les gustan. Pretende, en definitiva, suplantar la soberanía del consumidor por la soberanía de los politicastros.

No es una novedad, pero queda suficientemente claro que el Tripartito catalán tiene poco apego a la libertad.

Intervencionismo a todo gas

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

La Sherman Act es, a pesar de la retórica intervencionista, una legislación pensada para impedir la libre competencia en Norteamérica. En claro contraste con esos orígenes, los estados miembros de la Unión Europea no contaron con una legislación antimonopolio hasta la década de 1950. La explicación a este hecho seguramente sea que por aquel entonces el deporte preferido de los gobiernos europeos consistía en vaciar la cartera de los ciudadanos a base de erigir todo tipo de empresas monopolísticas. Sin embargo, cuando se constituye la Comunidad Europea del Carbón y del Acero los estados miembros recelaron del uso que los demás gobiernos podían hacer de su legislación para imponer tributos encubiertos al resto de los ciudadanos de la Unión a través de la monopolización de ciertas actividades. Así las primeras medidas europeas antitrust nacieron para evitar el control político sobre la actividad económica.

No hay más que mirar el caso de la OPA de Gas Natural sobre Endesa para darse cuenta qué poco queda de aquellos bienintencionados comienzos. Pensemos, por ejemplo, en que Gas Natural disfruta de las rentas que le otorgan las barreras legales de entrada a su mercado establecidas por la administración española y que con esas rentas pretende comprar la mayor compañía eléctrica española. Desafortunadamente ese sometimiento político no representa un hecho que hoy en día merezca la atención de las autoridades europeas antitrust.

Como es bien sabido, el principal accionista de Gas Natural es La Caixa, una caja de ahorro que, como todas, está controlada por el poder político de su región de origen. Las cajas son instituciones financieras que se dedican a expandir la masa monetaria para satisfacer el hambre de control político de sus amos. Al desconocer la propiedad privada, no son opables por individuos o empresas capaces de darle una mejor utilización a sus recursos. Por increíble que parezca, tampoco este control político ha merecido la atención de la Comisión Europea.

Ni siquiera el impago de un suculento préstamo concedido por La Caixa al partido del ministro de industria, el regulador del ramo, tiene la más mínima importancia. Aquí ya no incumbe que el poder político trate de intervenir la libertad de mercado. Lo único que importan son las apariencias. Que las empresas no sean “demasiado grandes”. Da igual si se logra gracias a ofrecer fantásticos productos que los consumidores adquieren, a las rentas monopolísticas o al apoyo de una institución financiera que responde a designios políticos.

También es el volumen lo que determina el estudio de los casos por parte de la Comisión Europea. La regla es que sólo se estudian los casos de OPAs en los que alguna de las empresas en cuestión realiza un tercio de su negocio en el ámbito europeo. Curiosamente Endesa sobrepasaba este porcentaje según las nuevas normas de contabilidad exigidas por la propia UE., pero no hay regla que resista a una reunión política de alto nivel.

Por su propia naturaleza el poder político se traduce en la promoción del intervencionismo a todo gas. Así que si queremos promover la libre competencia tenemos que acabar de una vez por todas con las cajas de ahorro y con las instituciones políticas diseñadas para la defensa de la competencia perfecta por medio de la aniquilación del libre mercado.

Agencia Española del Canon por Nada

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Para Lozano, que las entidades crediticias ofrezcan cacerolas, baterías de cocina o lo que sea que gratifique al cliente por la contratación o aportación a los planes de pensiones es directamente aberrante “porque no encajan en la filosofía del producto”. Como solución quiere “estudiar qué tipo de promociones pueden encajar con estos productos y cuales no” según su criterio partidista. Sólo él, como planificador central en lugar de multitud de clientes y empresas, decidirá cómo han de ser los planes de pensiones. Efectivamente, el señor Lozano es otro dictador de la producción.

Pensemos en el coche de motor frente al de caballos, el estilo de escritura periodístico contra el de la prosa “erudita”, e incluso el ordenador contra la máquina de escribir. Algunos tildaban estas innovaciones de tonterías, otros de prostituir su digno origen, otros decían que sólo los usaban las personas incultas… La pregunta que nos hemos de hacer a esto es, ¿y? ¿Qué problema hay si uno escoge lo que quiere sin coacción? Es más, si lo paga, es por que quiere.

Lozano no es nadie para eliminar nuestra libertad de elección ni la libertad de las empresas diciéndoles qué ofrecer y qué no. Porque no todas ofrecen regalos, algunas usan la estrategia “anti regalos” para vender sus propios planes. Esa es la ventaja del libre mercado: diversidad; y es que a más libertad económica y financiera mayor innovación y pluralidad.

Uno de los argumentos del señor Lozano para aplicar su política de coerción es que los regalos encarecen el producto porque nada es gratis. Pero también lo encarecen el salario de los trabajadores, el inmovilizado, los impuestos que paga la empresa, las absurdas leyes a las que se ha de acoger ésta quiera o no… Y es que el único peligro para el futuro del cliente y empresa sólo son los costes coactivos que dictan el estado y órganos reguladores, no los costes nacidos de la libertad y voluntariedad, porque es gracias a estos últimos que se puede ofrecer el producto que demanda el cliente. ¿Cree que si la empresa paga más impuestos o estuviese más regulada haría mejores productos? La planificación central nunca ha dado sanos resultados.

El concepto de “gratuidad” me ha recordado el artículo 27.4 de la Constitución española: “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. ¿Es que miente la constitución? Sí. De hecho, según Magisterio Español, cada alumno cuesta 3.700 euros a los españoles. La diferencia entre la gratuidad del artículo constitucional y los regalos de los planes es el mismo que hay entre la coacción y la voluntariedad. A la educación pública contribuimos todos queramos o no a punta de pistola, porque si no pagamos, el estado tomará represalias contra nosotros ya sea usted soltero, pareja sin hijos, o lleve a sus descendentes a escuelas privadas (y es que privatizarla, sólo nos aportaría ventajas). Pero abrir o hacer aportaciones a un plan de pensiones es un acto voluntario y libre donde nadie se ve obligado a nada. La entidad que mejor se adapte al cliente, ya sea con cacerolas, sorteos o televisores es la que tendrá el mayor beneficio sin coaccionar a nadie.

Un técnico nos puede aconsejar, pero jamás ha de tener la capacidad de escoger por nosotros, porque sino, habremos creado una injusticia contra los trabajadores, directivos y accionistas de una empresa y contra los clientes de ésta. Y además, habremos mutilado la libertad y la tendencia del mercado; y el mercado es usted, porque es el cliente quien le dice a la empresa por donde ha de ir y por donde no, aquella empresa que no sabe escuchar a su cliente pierde el plebiscito de éste pagándolo con pérdidas.

Cuando alguien le diga de regular el mercado por razones técnicas o de bien común, no lo hace para su bienestar, sino para imponerle su moral frente a la suya, y a eso jamás se le puede llamar bienestar ni prosperidad, sino la tiranía de las buenas intenciones, que en resumen, no es más que tiranía.

Ricardo Lozano y la libertad de elegir

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Una de ellas estaría representada por Thomas Jefferson, que toma a la libertad individual, el gobierno mínimo, los derechos de los Estados frente al gobierno federal y el aislacionismo como claves de su visión de la política. La otra la encarnaría su oponente, Alexander Hamilton, y por otras grandes figuras como Henry Clay, Abraham Lincoln (primer presidente del partido Republicano) o Teodoro Roosevelt. Quieren crear lo que se llama “sistema americano”, con un poder central poderoso con el que hacer amplias reformas, transformar el modelo económico y favorecer desde el Gobierno la prosperidad general. Jefferson, decía Brooks, ha fracasado y este es el momento de aferrarse al legado de Hamilton.

Se puede decir que George W. Bush ha elegido en parte el segundo camino. Está aumentando el gasto a un ritmo solo superado por el derrochador Lyndon B. Jonson y está introduciendo un sistema socializante en la educación y en la sanidad. Pero su política tiene elementos de signo contrario, como su modesta propuesta de reforma del sistema de pensiones o su inconstante pero decidida política a favor de la expansión del comercio mundial, frente al proteccionismo del “sistema americano”. También se puede considerar que su rebaja de impuestos va en el sentido opuesto. Pero la rebaja de tipos lleva generalmente a un aumento de la actividad económica y a un aumento, no a una disminución de los ingresos públicos, como está pasando en los Estados Unidos.

No obstante, la política de Bush está llevando a los republicanos a abandonar los principios de gobierno limitado que le habían caracterizado, frente a un partido Demócrata que se ha convertido en el campeón del gasto público, la regulación y el Estado Providencia. Esto resulta casi paradójico, porque si uno observa con cuidado las elecciones presidenciales y legislativas desde la primera victoria de Ronald Reagan, las victorias del partido republicano coinciden con grandes promesas de aferrarse a los principios de poco gasto y bajos impuestos y más autonomía para los ciudadanos. Las últimas elecciones, Bush logró una victoria espectacular. Pero con un discurso liberal, aunque su política se estuviera ya dirigiendo hacia un creciente gasto federal. A estas alturas los estadounidenses no se llaman a engaño. Y quienes apuestan por más Estado prefieren a los Demócratas, mientras que una parte del votante tradicional republicano puede verse traicionado o mal representado. Esta es una de las causas detrás de la caída en la valoración del presidente Bush.

Pero en Estados Unidos, mucho más que en Europa, los partidos están constituidos por corrientes internas. Allí, los partidos son plataformas electorales que congregan a grupos distintos con unas pocas ideas en común. Y hay toda una corriente dentro de los republicanos que no está nada conforme con la dirección a que está llevando George W. Bush a su partido. Y esto es cierto especialmente entre los más jóvenes, más preocupados por luchar contra la mano muerta del Estado Providencia y de la socialización de los servicios. Es muy difícil que el partido Republicano, dirigido por el poderoso Bush, cambie radicalmente. Pero el resultado de las elecciones legislativas de 2006 servirá para saber qué dirección tendrá que tomar el GOP en 2008, la de Hamilton o la de Jefferson.

Bush, Hamilton, Jefferson

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La justificación que ofrece esa cabeza privilegiada que es Rodríguez-Salmones para prohibir definitivamente la copia privada es que eso equivale a "comprarse un coche y dejar todas las puertas abiertas para que te lo roben". El problema, y una de las justificaciones más habituales para quienes dudan de que la propiedad intelectual deba mantenerse, es que el coche que te roban dejas de tenerlo tú. Sin embargo, la copia de una canción o película no impide que el propietario de la misma deje de disponer de ella.

De hecho, si nuestra pepera predilecta puso un ejemplo tan poco preciso fue porque se lo copió al presidente de la Unión Videográfica Española que, sin embargo, puede seguir utilizándolo en sus conferencias y ruedas de prensa sin problemas. Esta respetable organización merece que se tomen sus opiniones en consideración aunque cualquier persona prudente lo hará con la distancia que merecen las de cualquier lobby, en este caso de distribución de vídeo. De hecho, dado que la copia privada se hace voluntariamente y sin ánimo de lucro, sería un ejemplo igualmente falso pero más ajustado a la realidad indicar que el gobierno quería limitar a tres los amigos a los que podíamos dejar nuestro coche y Rodríguez-Salmones quiere eliminar esa posibilidad.

Para nuestros legisladores, los derechos de autor son un bien de tal naturaleza que nadie se plantea si debe o no ser protegido por ley, sino más bien cómo debe ser protegido. La concesión graciosa del derecho de copia privada fue realizada porque no se podía evitar que la gente intercambiara música y películas. Ahora que el legislador considera que se puede evitar con medidas tecnológicas, se elimina ese derecho porque ejercerlo equivale a robar coches, nada más y nada menos. Quizá Rodríguez-Salmones considera que una gran mayoría de los españoles son ladrones pero yo tengo mejor concepto de mis vecinos y, para qué engañarnos, de mí mismo. Tan buen concepto tengo de ellos que sé que las medidas tecnológicas que se quieran implantar serán sistemática y cuidadosamente destruidas una por una, porque si se puede escuchar, se puede copiar.

Dado que, sin embargo, populares y socialistas tienen tanta fe en lo contrario, la modificación de la ley permite y apoya la adopción de medidas anticopia por parte de compañías como las discográficas y cinematográficas, cuyo escaso respeto hacia nosotros ha sido demostrado recientemente por el caso del “rootkit” de Sony. Esta empresa publicó discos con un sistema anticopia que instalaba software espía sin permiso y sin conocimiento del comprador cuando éste se disponía a escucharlo en su ordenador. Un software espía, instalado así en medio millón de computadoras, que facilitaba la creación de virus que lo utilizaran para infiltrarse en los aparatos infectados, hacía Windows más inestable y propenso a fallos y, encima, incumplía las leyes de derechos de autor al incluir sin permiso código que no era suya. Gracias, Sony. Pero qué majos que sois, caramba.

Sin embargo, quizá el más asombroso prodigio de ese partido que nos emocionaba el sábado con un hermoso discurso en el que hacía descansar la defensa de la nación en argumentos liberales, es la creación de una nueva burocracia estatal: la Agencia Española de Propiedad Intelectual. Los populares proponen que se cree un nuevo engendro que, entre otras cosas, albergará la sagrada Comisión de copia privada, en la que la mitad de su número par de miembros será nombrado por la SGAE y demás sacamantecas afines, mientras el resto se dividirá –divide y vencerás, oigo decir al fondo de la sala– entre fabricantes y usuarios. Esa comisión decidirá el montante del canon por copia privada impuesto sobre soportes como los CDs y DVDs vírgenes. Es curioso: se hace desaparecer el derecho a realizar una copia privada mientras se construye una burocracia dedicada a decidir cuanto pagaremos a cambio de poder ejercer ese derecho. ¿Ustedes lo entienden? Yo tampoco. Será cosa de cerebros privilegiados como los de Rodríguez-Salmones y la Camarada Carmen Calvo Poyatos.

Los escamots de ZP

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero que un asaltapiscinas y sus escamots enmascarados se dediquen a la performance totalitaria frente a un medio de comunicación, no es lo sustantivo. En última instancia, hablamos de los representantes de una fuerza necesariamente marginal, con un discurso político antisistema, cuya relevancia política, hoy desgraciadamente decisiva, proviene únicamente de los beneficios que le reporta la existencia de un endiablado régimen electoral.

Lo relevante en esta cuestión, es la respuesta que el estado de derecho opone a sus provocaciones, de ahí que las declaraciones al respecto del Presidente del Gobierno, adquieran un especial interés por su carácter liberticida.

En su entrevista televisiva, R.Z. saldó la cuestión afirmando que ni le gusta que se ataque a los medios de comunicación, ni el mensaje agresivo de alguno de ellos; como ven, se trata tan sólo de una cuestión de paladar. Pero en el primer caso hablamos de un delito y en el segundo, del ejercicio del derecho constitucional a la libertad de expresión. Poner ambas cuestiones en el mismo plano de legitimidad, acota perfectamente la forma en que el gobierno entiende el funcionamiento de la democracia. El acoso intimidatorio a la sede de un medio de comunicación mediante manifestaciones no autorizadas, constituye, en efecto, un delito. El deber de R.Z., más allá de sus gustos personales (bastante dudosos por otra parte, a tenor de sus lecturas y amistades) es, como político condenarlo y como Presidente del Gobierno impedirlo o, al menos, castigar severamente a los culpables. De lo contrario, está actuando como el juez que considera una atenuante del delito de violación, cuando no un eximente, el hecho de que la víctima vistiera minifalda. Con esa decisión, el magistrado pierde su legitimidad como árbitro del derecho, exactamente igual que R.Z. perdió la suya el pasado miércoles como garante de nuestra libertad.

Ahora bien, lo más productivo de la famosa entrevista fue la confirmación presidencial de que “habrá nuevo estatuto para Cataluña”. John Kerry, Angela Merkel y el referéndum francés sobre el tratado de la UE, son tres importantes muescas en el revólver profético de ZP, que no es que sea gafe, es que es letal. Por tanto, cuando proclama abiertamente su vaticinio de que “habrá nuevo estatuto”, podemos estar seguros de una cosa: No lo habrá. También pronosticó que el Barça ganará la Champions League y Ronaldinho no deja de llorar desde entonces, sin contar la gravísima lesión de Xavi, ocurrida esta misma mañana. ¡Con lo esperanzados que estábamos este año todos los culés!

El argumento moral del Estado

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

A quién no se le ha caído el alma a los pies cuando algún programa de noticias nos ha mostrado a desnutridos niños africanos repletos de moscas y sostenidos por sus madres, no menos desnutridas, en interminables campamentos entre miseria y desesperación. Quizá el abuso de este tipo de imagen nos ha insensibilizado ante tan dantesco paisaje pero con frecuencia las ONG’s nos recuerdan que el Primer Mundo es muy afortunado y el Tercer Mundo está sumergido hasta el cuello en la miseria. Este y otros paisajes no menos horrendos son razones más que suficientes para que las armas del Estado se pongan en marcha.

Las mencionadas ONG’s, cuyas principales fuentes de recursos son en no pocos casos los presupuestos de los Gobiernos, y los organismos gubernamentales que controlan el flujo de dinero público nunca han dudado en tergiversar la realidad para conducir al contribuyente o en su caso al donante, a una encrucijada moral: si él pasa hambre es porque yo tengo demasiado y por tanto soy el culpable. Debo dar algo de lo que poseo si quiero redimirme y estas organizaciones me ofrecen la oportunidad.

La causalidad razonada nunca ha sido el punto fuerte de estas campañas. Por lo general, la causa de la situación se ofrece antes de mostrar el síntoma, en este caso el hambre. La pobreza se plantea como una cuestión de reparto de riqueza, como si hubiera una mano sobrenatural que arbitrariamente la adjudicara entre los habitantes del planeta. Nunca se plantea como un problema de creación de riqueza, nunca se plantea como la eliminación de una serie de cortapisas que los empresarios encuentran, desde la corrupción más insoportable hasta la ausencia de un mercado donde poder vender sus productos.

Pero no sólo debemos buscar este argumento moral en las favelas brasileñas o en las sabanas africanas, con frecuencia se usa en nuestras acomodadas sociedades. Recientemente se ha celebrado el Día Internacional contra la Violencia de Género, rimbombante nombre con el que se nos refiere la despreciable violencia que se dirige en el ámbito doméstico y social contra la mujer por su condición femenina. Es tal la intensidad con la que los estamentos estatales hacen campaña que cualquier crítica a su forma o su fondo se convierten casi en un apoyo al machista maltratador. Así, son moralmente aceptables las leyes que promulgan la discriminación positiva de la mujer pero son inmorales las medidas que condenan con dureza al delincuente, porque de nuevo la moral oficial establece que el preso debe ser reinsertado en la sociedad aunque no esté claro su arrepentimiento y no que pague por su crimen. La consecuencia de esta moral oficial es que con más frecuencia de lo deseable, la mujer maltratada debe buscar hogares e instituciones donde pueda recluirse mientras que el “compañero sentimental” campa a sus anchas.

¡Cómo no vamos a ayudar a esos grupos, a esos políticos que abogan por un medio ambiente limpio de todo contaminante! ¡Cómo no vamos a permitir que se promulguen leyes que pongan impedimentos a esas empresas que en el súmmum de su egoísmo están maltratando la Naturaleza! Es inmoral defenderlas, como lo es justificar a tal o cual gobierno que aparentemente no se preocupa por disminuir las emisiones de CO2 y permanece “rehén” del poderío industrial.

Y así podríamos seguir con el comercio, del que sólo es válido y aceptable el calificado como justo y que aún no he llegado a comprender en su totalidad puesto que nos guste o no, sigue teniendo los demoníacos intermediarios.

La visión moral de cualquier problema es en el mejor de los casos, engañosa. En primer lugar, tiende a alejarnos de las causas eliminando la razón y la lógica en el estudio. En muchos casos, va acompañada de alguna ideología que suele ya tener establecido lo que es bueno o lo que es malo por lo que muchas veces sólo busca pruebas que confirmen sus dogmas, despreciando lo que los contradice. Existe la posibilidad de que lo que moralmente nos repugna, no sea así para otros. Gente conservadora puede ver en la homosexualidad un problema que para otros, ni se plantee. Aún así, en tanto estos planteamientos son personales e intransferibles, el daño de haberlo, es mínimo. Lo peor se plantea cuando desde la política, desde el Estado en último término, se establece una ética oficial. Es en ese momento cuando nuestra libertad está seriamente en peligro.

Ecomarxismo

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Las asociaciones ecologistas más combativas tienen un componente totalitario decisivo. De ahí que, en lugar de elegir para sus campañas eslóganes en clave positiva ("defendamos a la culebra parda", o "Ama la naturaleza, coño"), prefieran otros mensajes más contundentes, como el cachondo "Murcia no se vende", que patrocina cierto conglomerado ecomarxista regional.

Bien, en primer lugar es necesario desbrozar si la oración se ha de entender en sentido reflexivo o imperativo. Dado que Murcia no existe como sujeto jurídico, difícilmente puede venderse a sí misma, así que tendremos que entender el eslogan como una orden tajante a todos los propietarios de bienes raíces, para que eviten hacer uso de su derecho de propiedad sin el visto bueno de estos supremos vigías de la ortodoxia rojiverde.

El manifiesto que hicieron público el pasado domingo es, en sí, una pieza literaria, más interesante por lo que sugiere que por lo que expresa. Entre lo lacrimógeno y lo amenazante, el texto desgrana un completo memorial de agravios muy poco coherentes. Por ejemplo, nos advierten de que en los últimos diez años se han construido más viviendas en Murcia que "en toda la historia de esta región milenaria" (sic). Hombre, cualquier persona sensata encontraría en ese aserto un motivo de satisfacción, por lo que supone para el desarrollo y el bienestar de los murcianos. En cambio, para la cosmovisión ecomarxista, se trata del efecto nocivo de un modelo económico inaceptable, no por el daño medioambiental, dado que la mayoría de urbanizaciones sospechosas están en secarrales indómitos, sino porque hay gente que está haciendo mucho dinero y ese es el mayor pecado para una mentalidad socialista, que tiene su razón de ser en lo que Fernández de la Mora llamó "la envidia igualitaria".

Si se detecta algún caso de corrupción, al juzgado caiga quien caiga. Mientras tanto, dejen a los ciudadanos hacer uso de su propiedad libremente, como si estuviéramos en un Estado de Derecho.

Sociedades: el impuesto que no cesa

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

La rebaja en el tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades anunciada por el presidente del gobierno español fue posteriormente atenuada por su viceministro de Hacienda; más siendo noticia importante, no es esencial. Lo significativo es que la economía ya no será obstáculo para pagar los experimentos sociales que se aproximan.

El profesor Carlos Rodríguez Braun, en su conferencia Los nuevos totalitarismos para el Instituto Juan de Mariana, señalaba la nueva legitimidad que actualmente la izquierda procura ganar, defendiendo, entre otras legitimaciones, el prohibicionismo (véase consumo público de tabaco) frente al acuerdo privado sobre usos cotidianos.

Efectivamente, al socialismo le aburren cada vez más las regulaciones de empleo en la fábrica de turno y hoy se mueve mucho mejor patrocinando la intervención en las costumbres para atraer a la mayoría sociológica estatista. Para sufragar esas intromisiones y otras (la desintegración autonómica) se necesitará durante mucho tiempo que alguien siga encendiendo la luz de su negocio cada madrugada y generando ingresos para el fisco; verbigracia, los empresarios españoles, a los que les acaban de decir que les rebajarán del impuesto de sociedades cinco puntos en cinco años o así.

Quizá tiene cierta razón el viceministro cuando afirma que las empresas demasiado pendientes de las decisiones gubernamentales no deberían beneficiarse de la reducción del impuesto, ya que tales firmas no cejan en su empeño de hacer pasillo. Sin embargo, esa declaración no deja de ser un dardo envenenado que demuestra el riesgo moral de muchos empresarios. Habría que advertirles duramente a éstos: “¡No es sólo la economía, sino también la honradez lo que importa, estúpidos!” Y al propietario más abnegado: “¿De qué sirve que compriman el impuesto de sociedades punto arriba o abajo, cuando, por otro parte, no desmontarán la inflexibilidad laboral, rechazarán tus productos por su origen y tus vecinos sólo te seguirán apreciando por tu forzada labor recaudadora?”

Habría, además, que recordarles a ambas clases de emprendedores, que el impuesto de sociedades español es uno de los más elevados de Europa, desmotiva la inversión, deja a la intemperie a los modestos capitalistas si no pueden vincularse al mecenazgo y no permite amortizar el suelo –si lo declaran no urbanizable- donde se hace el negocio. El de sociedades es un impuesto muy contable, muy complejo; para saber Sociedades hay saber Contabilidad a base de bien. Cada párrafo de su extensa ley (144 artículos) tiene demasiada enjundia. Por múltiples razones debería dejar de ser el impuesto por excelencia de la empresa.

La actitud de algunos respecto de esta promesa impositiva es similar a la del animoso mastín al que le echan un hueso jugoso de roer, mientras le derriban la caseta donde vive. Demasiado voluntarismo y escasa profundidad para una noticia que ha tenido seguramente la intención de aliviar el eco mediático de la corrupción y el conflicto entre regiones. El problema del impuesto de sociedades no son los tipos sino su existencia como impuesto de la renta bis para las compañías.

La China (ex)comunista

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

A propósito de la visita oficial a España del presidente chino Hu Jintao algunos comentaristas han querido destacar la naturaleza totalitaria del régimen asiático, al que tildan de comunista (aquí y aquí). Pero la China de Hu, aun cuando siga enarbolando la misma bandera roja, es muy distinta a la China de Mao, y una valoración política de la China actual sería incompleta sin la debida referencia a la revolución capitalista que está acaeciendo en el país.

Es cierto que el régimen asiático sigue siendo en varios aspectos, sobre todo en materia de derechos civiles, francamente totalitario: miles de presos políticos, libertad de expresión restringida, adoctrinamiento socialista en las escuelas, control de la población con la política de un solo hijo por familia, persecución religiosa, expropiaciones masivas, ausencia de garantías procesales adecuadas, ejecuciones por delitos de corrupción o tráfico de drogas… Unas 150.000 empresas públicas emplean todavía a un ejército de más de 50 millones de funcionarios y algunos sectores económicos están aún severamente intervenidos. Pero, con todo, China ya no es por más tiempo un país comunista.

Con una tercera parte del sector público de Suecia o Francia, un mercado laboral notablemente desregulado y una iniciativa privada en auge, China ha experimentando en los últimos 25 años un histórico crecimiento de un 9% anual. 400 millones de personas se han elevado por encima del umbral de la pobreza que establece el Banco Mundial, cayendo de más del 50% a menos del 10% la población que vive con menos de un dólar al día. El Estado chino, que ayer mataba de hambre a su pueblo por decenas de millones, permite hoy que la mayoría de los precios se fijen en el mercado y que la gente pueda, simplemente, prosperar. La esperanza de vida es de 71 años, la tasa de mortalidad infantil ha descendido del 85 al 30 por 1000, el ingreso per cápita tanto de las familias urbanas como de las rurales se ha multiplicado por 15, China es ahora la quinta economía del mundo (la segunda en términos de PPP) y el skyline de Shanghai ya parece el de Hong Kong. Las enmiendas constitucionales que enfatizan la protección de la propiedad privada y la centralidad del sector privado reflejan la voluntad de ajustar el marco legal a una realidad económica que poco tiene que ver con la China maoísta del Gran Salto Adelante.

En ocasiones se pone el acento en la carencia de “libertades políticas”, obviando que la libertad no viene dada por el grado de participación democrática sino por la medida en que cada ciudadano puede perseguir sus fines sin interferencias. Y actualmente en China la mayoría de gente puede perseguir sus fines incluso con menos interferencias estatales que en algunas democracias occidentales. Los españoles trabajamos para el Estado el doble que los chinos y numerosos sectores están allí marcadamente más liberalizados que aquí. Si la China de Hu Jintao es comunista, ¿qué es la España de Zapatero?

China es un país con luces y sombras. Hacer una valoración política en base únicamente a las sombras es enjuiciar la realidad a medias. Porque si bien es muy cierto que las democracias occidentales podrían servir de ejemplo a China en varios aspectos, no es menos cierto que en otros las democracias occidentales harían bien en aprender del país asiático.