El monopolio estatal de la verdad
Dada la natural podredumbre de sus bases intelectuales y de su lógica argumental, la izquierda, animada por su gula estatólatra, no ha tenido más remedio que utilizar la propaganda para difundir su credo liberticida. Pero no ha podido evitar caer en contradicciones tan graves como las anteriores: utilizar la libertad de expresión para defender su entierro prematuro.
Una vez tomado el poder mediante arengas e indisimulados embustes a las masas, sus falacias, contradicciones y falsedades no han dejado de acentuarse. El caso más escandaloso es el de las revoluciones comunistas, que, tras haber prometido la abundancia sin límites, la eliminación del trabajo y la libertad irrestricta para el ser humano, sólo trajeron miseria, esclavitud y salvajes genocidios.
La socialdemocracia también cae en clamorosas manipulaciones. Su entramado burocrático y ultraintervencionista del Estado de Bienestar no deja de ser una reelaboración del Estado fascista y corporativista de Mussolini; una maraña de fracasos y de recortes progresivos de la libertad. Nos prometen bienestar, pero sólo nos han traído un mastodonte estatal que se nutre de nuestros impuestos y de nuestro trabajo.
La burocracia se ha extendido al son de unos grupos de presión que se alimentan de los ciudadanos desorganizados y apolíticos para seguir medrando sobre la plataforma del malestar redistribuido. El Estado social se convierte en el mecanismo para desocializar a las personas, para enfrentarlas unas con otras, para reclamar prebendas, privilegios, fueros y subvenciones. Todo el mundo, como ya dijera Bastiat, pretende vivir a costa de los demás; todo el mundo quiere utilizar el Estado para esclavizar a sus conciudadanos.
George Orwell entendió perfectamente este carácter zalamero del socialismo: apelar a unos valores para aniquilar su contenido y su virtualidad. El Ministerio de la Abundancia ofrecía pequeñas porciones de abundante hambruna, el del Amor insuflaba amoroso odio a diario, y el de la Paz servía para librar pacíficas guerras sin final. En cierta manera, el granero ideológico de la izquierda se nutría de estos tres ministerios. La izquierda es, por partes iguales, pobreza, odio y violencia. La pobreza es su destino, el odio su origen y la violencia su instrumento.
Pero la piedra angular del socialismo, el engranaje que permite que el odio se transforme en pobreza a través del ejercicio de la violencia, es la mentira. No en vano el cuarto ministerio de Orwell, el protagonista de 1984, es el de la Verdad.
La izquierda sólo puede sobrevivir con la mentira y en la mentira. Controlar el pensamiento resulta, pues, un punto esencial en su plan estatalizador. Por un lado, hay que atar a los nuevos pobladores que vienen al mundo. Todo españolito tiene que pasar por los centros de adoctrinamiento que el Estado, mediante el dinero confiscado a todos los españoles, ha esparcido por el territorio nacional. Por otro, el control del espacio radioeléctrico se convierte en una histérica prioridad para dar voz a los corifeos del régimen y silenciar a todo aquel que socave los pilares de "la convivencia"; de la convivencia política con el poder, el nepotismo, el dirigismo y la corrupción.
Toda dictadura –toda apoteosis del Estado– necesita controlar, cercar y encarcelar a la verdad. En consecuencia, necesita asentar su propio sistema educativo y tener firmes a los medios de comunicación.
El Gobierno autonómico de Cataluña ha ido asfaltando de manera incesante ese camino de servidumbre que todo Estado quiere hacer recorrer a los individuos. Y conviene recordar –tanto a los catalanes dormidos en los laureles como al resto de españoles, cegados por un extra de libertad cada vez más devaluado– que hablamos de Cataluña no porque su situación sea única con respecto al resto de España, sino porque sus rasgos despóticos están bastante más pronunciados.
La apelación a la lengua catalana ha servido como salvoconducto para que los ciudadanos aguantaran los desmanes colectivizadores de su Gobierno. La educación debía ser transferida a los dirigentes catalanes para que extirparan con urgencia el cáncer españolista. A ningún político catalán se le ocurrió sugerir que, si de verdad existía una demanda social para formar a la población en el espíritu catalanista, la solución más adecuada pasaba por privatizar la educación y dejar que los padres eligieran libremente.
En realidad, la lengua, la cultura y el resto del andamiaje ideológico del nacionalismo –en Cataluña– y del socialismo –en todas partes– han sido meros pretextos para asaltar las aulas y formar ciudadanos afectos al poder político.
Por supuesto, no podía faltar la otra pata de la propaganda política: el control de los medios de comunicación. Esta semana hemos asistido a la pasmosa pretensión de asignar a un organismo público la facultad para distinguir entre el Bien y el Mal (entre la Verdad y la Mentira), y sancionar en consecuencia.
La aprobación de la Ley Audiovisual de Cataluña supondría que el CAC –la consejería de la Verdad orwelliana– tendría capacidad para, teledirigido desde la Administración, forzar una completa homogeneidad ideológica. La censura redomada se integraría en los resortes del intervencionismo autonómico.
De hecho, la imposición de dos sanciones por haber "mentido" –según el particular criterio de los mayores mentirosos patrios: los políticos– acarrearía la retirada de las licencias de comunicación (art. 51.4 e).
Aparte del hecho deplorable de que los políticos se atribuyan la propiedad de las frecuencias radioeléctricas, el procedimiento para acabar con cualquier atisbo de crítica al poder estatal resulta palmario: todo aquel disidente será sancionado en dos ocasiones, y a partir de ese momento su voz se esfumará de las ondas catalanas.
El problema de todo esto no es, ni mucho menos, que el árbitro encargado de imponer las sanciones no sea imparcial. La cuestión es qué imparcialidad sirve para justificar la censura. Los mismos progres de pana que se han pasado décadas criticando al Santo Oficio por juzgar opiniones doctrinales de miembros que voluntariamente formaban parte de la Iglesia se erigen ahora como inquisidores de la verdad. Aquel que no comulgue con ideología oficial, con los buenos modos y costumbres, con el barniz talentoso de los represores, no tiene derecho a hablar.
La dictadura de los buenos modales con el poder ha llegado a convencernos de la falsa legitimidad que tiene el Estado para censurar a aquellos que mienten. Desde aquí quiero reivindicar el derecho a hablar y a mentir; porque el derecho a mentir es el derecho a equivocarse y la posibilidad de rectificar.
No necesito de censores que me sellen la boca y me afeen la conducta. No necesito de un estándar de veracidad. No necesito de censores que vigilen cada palabra que emito. No necesito de organismos que regulen, organicen y estructuren mis palabras. Cada ser humano tiene el derecho a expresarse de acuerdo con sus ideas y conciencia, por muy falsas o equivocadas que las podamos juzgar. Qué lejos quedan en España las palabras de John Milton en Areopagítica: "Dame, por encima de todas las libertades, la libertad de saber, de expresarme y de hablar libremente de acuerdo con mi conciencia".
Pero la izquierda, que nace y medra en la mentira, pretende esconder sus orígenes combatiendo en otros su propio componente genético. Precisamente porque el ser humano tiene el derecho a mentir, la izquierda tiene el derecho a existir.
El estatalismo, consciente de su condición y sus debilidades, pretende una vez más imponer por la fuerza sus ideas salvajes, antisociales y liberticidas. Nosotros, los liberales, también debemos ser conscientes de que la mentira, su mentira fundacional, es la gran debilidad del socialismo y del antiliberalismo en general.
En medio de los horrores del comunismo, el nazismo y el intervencismo, uno de los defensores más enérgicos del liberalismo en toda la historia, Ludwig von Mises, adoptó como lema propio una frase de Virgilio que se convirtió en el estímulo de su lucha diaria contra los enemigos de la libertad: Tu ne cede malis, sed contra audentior ito, esto es, "nunca cedas ante el mal, combátelo con mayor audacia".
Sin duda, son momentos para hacer nuestra la frase.
¡Los impuestos son impuestos!
Uno de los argumentos que se emplean para tratar de justificar los impuestos es el llamado contrato social. Los ciudadanos pagamos impuestos voluntariamente porque se ha establecido un contrato por el que, a cambio, el estado nos presta unos servicios. Con esta idea se intenta enjuagar la carencia de raíz que acompaña a esta agresión otorgándole un aire de voluntariedad y libre asociación. Pero, ¿cuándo se ha firmado tal contrato? ¿Lo hice yo?
Evidentemente no existe tal contrato. Más bien al contrario, ante lo que verdaderamente nos encontramos es ante una concepción holista del mundo dominado por el constructivismo cartesiano ejemplificado en la expresión del destacado teorizante de la Revolución francesa, el abate Sieyès, que exhortaba a la Asamblea revolucionaria a “actuar como hombres justos saliendo del estado de naturaleza y reuniéndose con el propósito de firmar un contrato social”.
¿Estaba yo allí?, se preguntarán algunos. ¿Tuve la oportunidad de firmar tal contrato, apartándome y superando los primitivos y atávicos sentimientos del estado de naturaleza?
Dejando aparte que la propia asamblea se proponía usar una institución, el contrato, nacida y perfeccionada precisamente en el seno de ese estado de naturaleza al que pretendían superar, la invocación del abate es la clara muestra de la voluntad de unos pocos para obligar a los demás a cumplir su patrón. El sometimiento.
Algunos podrían preguntarse: pero usted tiene la oportunidad de votar si quiere más o menos impuestos, es decir, existe voluntariedad refrendada por los votos. Pero aun así, resulta ofensivo tal argumentación pues no es más que la conocida pregunta del salteador de caminos: ¿la bolsa o la vida? ¿Realmente hay elección? ¿Existe elección a negarse a tomar tal elección? Puedo elegir el daño del delincuente, pero, lo que verdaderamente importa: ¿puedo elegir no ser atracado? Es ahí donde se encuentra la auténtica voluntariedad, y es esa voluntariedad la que jamás encontraremos en el contrato social, esto es, los impuestos y el estado.
Y cuando no se permite la opción de elegir, de ejercitar nuestra libertad, a uno se le convierte en esclavo. Con todas sus letras. Y sin embargo, aun así la mayoría objetará la radicalidad de la afirmación. ¿Cómo vamos a ser esclavos? Tenemos nuestro coche, nuestra casa, salimos a comprar, nos reunimos con nuestros allegados… Pero nos roban todos los años cierta cantidad de dinero, del fruto de nuestro trabajo, bajo amenaza de uso de la fuerza (y en algunos casos, cuando uno ha incumplido, lo prometido es deuda y se usa la fuerza y se enjaula al infractor).
Lejos, pues, de ser un contrato libremente articulado y perfeccionado, el estado impone un sistema de expropiación de la riqueza que las más grandes mafias de la historia de la humanidad habrían envidiado. Y ante un ladrón, nadie vería con malos ojos intentar engañarle y ocultarle nuestras riquezas y posesiones. Sería una actitud justa y moralmente lícita tratar de impedir que un criminal se apropiara de nuestra propiedad, conseguida pacíficamente y sin causar daño a terceros. De ahí que sea moralmente lícito no pagar impuestos ¡precisamente porque son impuestos!.
Ahora bien, no sería aconsejable esta opción y sí, más bien, la prudencia y el pragmatismo pues, como dijo Murray Rothbard: “los individuos deben tratar con el Estado como con un enemigo que es, por el momento, más poderoso”.
ZP no es el garante del mercado, sino el problema
ZP se cree el Dios de la moral y de la producción, pero como a todo potencial Dios terrenal siempre le ha faltado el artefacto represor que hiciese posible llevar a cabo su obra divina. Efectivamente, la maquinaria represora del Estado ha convertido a ZP en el redentor mesiánico que siempre ha ansiado.
Sin duda alguna, al auténtico Dios no le harían falta leyes, impuestos, ni crear deuda pública o manipular la oferta monetaria a su antojo para conseguir su fin porque Él sería capaz de hacer lo imposible: convertir los recursos escasos en ilimitados. Eso sería fantástico porque la economía ya no tendría sentido y todos disfrutaríamos de todo tipo de lujos sin hacer nada: comida, vivienda, automóviles, escuelas… Todo nos lo ofrecería la naturaleza. El problema es que ningún ser humano puede cambiar esta situación, y si lo intenta mediante el uso de la fuerza, tomando el poder del Estado, veremos las típicas señales de cualquier dictadura de la producción: pérdida de nuestro poder adquisitivo, de libertad y el asesinato del individualismo. En otras palabras, cuando un gobernante cree que él, como Dios terrenal, y sus ángeles (ministros) son los garantes del bienestar económico entonces nos convertiremos en los esclavos de los dirigentes políticos.
El Estado siempre es una molestia para la economía privada y desarrollo. Lo mejor que puede hacer es no meterse en los asuntos de los demás, porque cuando lo hace no es para nuestro bien, sino para su bien a nuestra costa. De hecho, ¿cuántos euros ha visto usted de los 130 mil millones (sin contar déficit ni deuda) que despilfarra el estado?
La rebaja, ni siquiera eliminación, de impuestos que ha prometido ZP puede parecer una contradicción a lo apuntado, pero no es más que otra promesa que carece de valor real. La única buena noticia, en lo que se refiere al impuesto de sociedades, sólo puede ser una: eliminarlo inmediatamente. Porque si el impuesto es perjudicial para la economía de aquí cinco años también lo es ahora, mantenerlo sólo obedece a motivos recaudatorios, electoralistas y partidistas.
Usted tal vez crea que eliminar la gran mayoría de los impuestos sea imposible, pero no es menos imposible que eliminar los accidentes automovilísticos, la violencia en las calles o el consumo de drogas. La única diferencia es que eliminar los impuestos sólo nos enriquecerá a todos, mientras que permitir que el Estado tome la responsabilidad de suprimir los males que “provoca” el perverso hombre–blanco–judeocristiano estimulará que los políticos nos roben más dinero, libertad con leyes y castigos y anulen nuestra voluntad individual. Además, aquellos males de los que el dictador moral nos responsabiliza seguirán existiendo habiendo nosotros traspasado nuestro dinero y libertad al estado para nada.
El único garante del (libre) mercado y solidaridad es el hombre libre, no el Estado ni burócratas que se enriquecen a nuestra costa ¡Hay algo más antisolidario que la usurpación violenta de su dinero! Un catalán no necesita a un político para comerciar con un aragonés o un madrileño, el interés personal de cada uno de ellos creará esa solidaridad interterritorial que ZP quiere para él. Cuando el político crispa el ambiente, la solidaridad y comercio desaparecen. Que se lo cuenten a Freixenet.
¿De verdad cree que un grupo de funcionarios como ZP o Montilla saben gestionar su vida y economía mejor que usted? Si los políticos le dejan sin dinero no serán ellos quienes lo paguen, sino usted.
PP, siervo de titiriteros
Un buen ejemplo lo tenemos en la batalla que Esperanza Aguirre está librando contra Montilla en la emisión en abierto del segundo canal público madrileño. Como liberal que es, Espe sabe bien que lo mejor que podría hacer para todos, tanto con ese canal como con Telemadrid, es cerrarlo y dejar de gastar el dinero de los contribuyentes en juguetes para políticos y sindicatos. Sin embargo, el ruido que está generando la polémica le vendrá bien electoralmente, puesto que el victimismo justificado frente al gobierno de Zapatero parece funcionar.
En otras ocasiones, en cambio, hay políticos pelín cazurros que apoyan medidas que ni sirven a sus intereses ni al bien común. Eso ha sucedido con la presentación, por parte del PP, de veinte enmiendas a esa ley de propiedad intelectual con la que el PSOE ha querido agradecer a los titiriteros los servicios del noalaguerra y el PP-facha. Esta ley, entre otras cosas, eliminaba la posibilidad de hacer copias privadas sin límite, para poner un máximo de tres. Una enmienda popular pretende eliminar incluso esa posibilidad. ¿Me quiere explicar entonces la insigne portavoz de Cultura del Partido Popular, Beatriz Rodríguez-Salmones, como pretende entonces “facilitar a los ciudadanos el acceso a la cultura”? ¿Acaso los populares están intentando competir a ver si logran tener una responsable cultural con menos cerebro aún que la ministra CCCP?
Los votantes del PP –como los del PSOE– somos principalmente consumidores de cultura, sea comprada o copiada. Esta ley, objetivamente, nos mete el dedo en el ojo a la mayoría de los españoles, incluyendo a sus votantes. En cambio, los fabricantes de productos culturales, que no han hecho más que intentar perjudicar al PP y favorecer a los partidos de izquierdas, reciben un regalo en forma de una ley que piensan que les permitirá mantener su obsoleto modelo de negocio unos añitos más. Los peperos son quizá tan idiotas que creen que así comprarán una tregua. Lamento desengañarlos; Ramoncín ciertamente brindará por esto con champán –perdón, quise decir cava catalán–. Pero luego irá a la tele más cercana a argumentar las razones por las que el PP es una camarilla de fascistas de tomo y lomo, con Almodóvar y Aranda de palmeros.
La base social de la derecha exige unos gobernantes que aparten a estos antifranquistas retrospectivos, autores de bodrios infumables y subvencionados, de la teta del estado. Con esta lamentable actuación, el PP permitirá al PSOE o bien aceptar la enmienda y quedar bien con todo el mundo porque habrá hecho un esfuerzo de consenso, o bien rechazarla para pasar por un defensor del consumidor pese a haber elaborado una ley a la medida de bautistas y cacosenantes. Además, nos hace temer que un futuro gobierno de Rajoy otorgue aún más dinero para rodar nuevos episodios de ese éxito clamoroso de crítica y público llamado “Hay motivo”. Y es que así es difícil sacar motivos para votar al PP. ¡Malditos maricomplejines!
Malas porque sí
Los socialistas han encontrado en las grandes empresas uno de los filones más rentables y facilones en sus ataques contra el capitalismo. Los empresarios de las grandes compañías se encuentran atados de pies y manos ante la inquisitorial inspección del izquierdismo internacional. Ninguna decisión que tome una gran empresa está bien vista, sea la que sea.
Tomemos el sencillo ejemplo de los precios. Todo empresario debe decidir en cada momento si sube, baja o mantiene los precios. Sin embargo, por extrañas tirrias antiliberales, cuando estas decisiones tiene que tomarlas una gran empresa siempre nos encontramos con conspiraciones monopolísticas.
Si una gran empresa sube el precio, estamos ante un evidente ejemplo de abuso de su posición de monopolio, con la clara pretensión de explotar a los desamparados consumidores. En este caso, resulta conveniente que el gobierno establezca precios máximos para evitar los daños sobre los ciudadanos.
Si, por el contrario, decide reducir el precio, sus intenciones pasan indudablemente por establecer precios predatorios que eliminen la competencia para, de esta manera, conseguir una posición plenamente monopolística. En estos casos, habrá que subvencionar a las restantes empresas para que puedan, a su vez, reducir sus precios o directamente sancionar a la empresa que los ha bajado en primer lugar por “competencia desleal”.
¿Y si decide mantener los precios sin cambio alguno? No cabe duda de que asistimos a un acuerdo oligopolístico secreto entre las grandes empresas del sector que tiene como objetivo evitar reducciones de precios que beneficien a los consumidores. El Tribunal de Defensa de la Competencia tiene que investigar si existe esta alianza colusoria y, en su caso, multar severamente a las empresas que restringen la competencia.
Como vemos, sea cual sea la decisión que adopte una gran empresa estará sometida a duras críticas por parte de la izquierda y a una continua inspección por parte del poder político. El Estado siempre encontrará una excusa para intervenir y regular el mercado; tiene miedo de una libertad empresarial que enseñe a los consumidores la posibilidad de desvincularse de las relaciones impuestas y obligatorias, de la servidumbre estatal.
El ejemplo de las grandes empresas ilustra perfectamente la ruina moral y científica de la mayoría de voceros anticapitalistas, cuya batería argumentativa pasa por criticar cualquier decisión que no pase por el Estado. No en vano, lo que molesta al socialismo no son las decisiones concretas, sino la libertad de elegir. Se debe criticar cualquier resultado de la acción libre, porque hay que demostrar que la acción libre es intrínsecamente malvada.
Claro que la izquierda, más bien, debería preguntarse si sus subproductos ideológicos, fruto de sus elecciones libres, no son, en realidad, la parte forzosamente malvada y corrupta de las sociedades capitalistas.
Vuelve el mystere
Los adolescentes intelectuales que frecuentan el actual Consejo de Ministros, le tiran más, en cambio, al helicóptero, en cumplimiento de las normas de "buen gobierno del gobierno" (ZP y la sintaxis viven una relación especial de rechazo mutuo), dictadas por el gabinete surgido del 11-M, que exigen una total austeridad en el ejercicio del poder.
En consecuencia, actualmente los aparatos de vuelo sólo se utilizan para tareas de alto riesgo, como llevar una ampolla de urbasón a la ministra Trujillo cuando le pica una abeja fascista, trasladar a la Ministra de Fomento a Estepona para impartir un curso de verano y de paso darse un garbeo por la feria, o depositar gracilmente al ministro Bono en el césped del Bernabeu, que era una ilusión que tenía desde pequeño y tampoco es cuestión de que se le reviente la hiel por una tontería.
Pero a Rodríguez, este festival heliotransportado le ha debido parecer una frivolidad, así que ha vuelto a la ortodoxia socialista en materia de vuelo, recurriendo de nuevo al tradicional mystere. ¿Que el Presidente de la Comisión Europea no tiene una buena combinación para pasarse por La Moncloa camino de Bruselas? No hay problema. Se le envía un avión del ejército ("un mystere mim-mo", que decía aquél), pues los asuntos de estado, y la OPA catalana lo es en grado sumo, no admiten demora. Además, un presidente ha de distinguirse en algo de la tropa ministerial, y el mystere, las cosas como son, viste un huevo.
Creo que la única ministra que no ha disfrutado aún de los placeres del vuelo en helicóptero es la de Cultura. A ver si celebra pronto su bautizo del aire y nos regala otra frase memorable, tal vez sobre la inepcia de los gobiernos de aznar en materia de aeronaves, que con el calor que hace en las cabinas vinieron a comprar los aparatos con el ventilador por fuera.
Un estatuto liberticida
Nos recordaba el profesor Jesús Huerta de Soto, hace unos días, que la librecambista Castilla se vio obligada a aceptar las medidas proteccionistas aprobadas merced a la presión de la burguesía catalana, que no quería competir con los de fuera. La historia parece repetirse con el estatuto aprobado en el parlamento catalán. Tanto lo del proteccionismo como lo de, por sorprendente que parezca, emplear Madrid para imponerlo a toda España.
El intervencionismo del estatuto se puede mostrar sin más que citar algunos fragmentos en los que se llega al extremo de decir que “corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de tiempo libre” (134.4), reconoce el “derecho a gozar de los recursos naturales y del paisaje en condiciones de igualdad” (27) mientras, al mismo tiempo, “los poderes públicos deben facilitar el acceso a la vivienda” (47), ardua tarea si alguien quiere disfrutar del paisaje que tenía antes de la construcción de más viviendas. Entre muchos otros ejemplos. Es difícil encontrar un artículo que no sea liberticida.
Sin embargo, como de todos es sabido, el exceso de presencia del estado provoca una clara y evidente pérdida de competitividad. La solución consiste en garantizarse que el resto de España tendrá que padecer una presencia similar. Por eso, el artículo 182 del estatuto otorga a la Generalidad la potestad de designar representantes en todos los organismos reguladores de algo cuyas decisiones pueda afectar al peinado de cualquier catalán del reino, es decir, todos. Banco de España, Comisión Nacional de la Energía, Comisión Nacional de Telecomunicaciones (claro), Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, etcétera.
La jugada es, por tanto, la misma que antaño. Se utiliza ese malvado centralismo que tanto critican para evitar que el resto de España pueda optar por reducir los impuestos o liberalizar mercados mientras se emplean las nuevas competencias para reducir aún más los pocos resquicios de libertad que hay en Cataluña. La única ventaja es que, en un mundo cada vez más globalizado, resulta más difícil que nunca esconderse debajo de un ala tan pequeña como es España y seguir prosperando. Francia también lo está intentando, cobijándose bajo una Unión Europea que quiere convertir en una réplica de su fracasado modelo político, intentando así alargar su agonía. Es una prioridad para mantener nuestra prosperidad que fracasen ambos en su intento.
Aprovechando que este estatuto está provocando tanta tensión sobre la constitución, el PP haría bien en plantear una reforma distinta: la eliminación de estatutos en todas las comunidades y su sustitución por un sistema en que las competencias fueran cedidas a todas las comunidades, sin excepción, recogiendo el gobierno central sus impuestos y las regiones los suyos. Lo malo no es que el régimen foral permita al gobierno vasco reducir su impuesto de sociedades para atraer inversiones espantadas por el terrorismo y la coacción institucional, sino que La Rioja no pueda hacer lo mismo, favoreciéndonos a todos de esa competencia entre gobiernos.
Pero eso jamás lo querrán los nacionalsocialistas que gobiernan en lugares como Cataluña o el País Vasco, pues lo que desean es tener más poder que sus vecinos e intentar imponerles sus opciones políticas y económicas. Porque, mal que le pese a don Jesús, eso del nacionalismo liberal no se lleva.
El ecologismo como religión
Decía Chesterton que, desgraciadamente, cuando la gente deja de creer en Dios cree en cualquier cosa. Andaba cargado de razón. Y el siglo XX se ha encargado de demostrárnoslo. Se escapa del alcance y la extensión de este comentario las razones por las cuales los seres humanos somos, amén de racionales, seres religiosos. El hecho es que las creencias religiosas forman parte de naturaleza humana y, por tanto, labor del humanista es hacerlo constar y procurar comprenderlo.
No es ningún secreto que el socialismo, en sus dos variedades comunista y fascista, constituyó la gran fe laica del siglo XX. Los socialistas trocaron la creencia en un mas allá paradisíaco por la de un más acá de justicia y abundancia. Hasta en el amor por los iconos –la hoz y el martillo, la esvástica, las banderas rojas, las masa enardecidas– era calcado al que los fieles tienen por los símbolos propios de la religión tales como los crucifijos, la imaginería o los ritos. El problema es que el socialismo, que traficaba con una mercancía que tenía que devengarse en este mundo, no respondió a las expectativas creadas. Su paraíso en la tierra resultó ser un tanto criminal, miserable y calamitoso por lo que, con los años, los devotos de Marx y sus epígonos fueron perdiendo la fe y engrosando las filas de los izquierdistas escépticos, que son, a día de hoy, los más numerosos.
La dialéctica marxista, sin embargo, ha servido para reelaborar discursos paralelos no menos efectivos que el original. El que más éxito ha cosechado ha sido el ecologismo. Posee todo lo que una buena religión precisa tener para cautivar a las almas cándidas necesitadas de respuestas. Parte de un paraíso original en el que el hombre vivía en armonía con la naturaleza, un verdadero jardín del Edén del que fuimos expulsados cuando empezamos a dominarla, es decir, cuando inventamos la agricultura. Fue nuestra manzana. Desde entonces no hemos hecho más que reincidir en el pecado, extendiendo el dominio humano por todo el globo, industrializando nuestra producción, contaminando el aire y el agua.
Siguiendo el guión del evangelio ecologista, en estos momentos nos encontramos a las puertas del Apocalipsis, que se reviste de calentamiento global, de glaciación o de lo que venga al caso. Como en toda religión que se precie, la posibilidad de salvación existe. Está al alcance de la mano si abrazamos el credo único y nos aplicamos a él con la fe del carbonero, sin cuestionar el dogma. El que lo pone en duda es declarado hereje y puesto en la pira de los “enemigos de la naturaleza”, divinidad, por otro lado, de esta religión de nuestros días. Lo que esperan sus sumos sacerdotes es que, sin desviarnos demasiado del dogma único, sigamos pecando para que su presencia esté más que justificada. Pecadillos veniales como no reciclar el papel, o como coger el coche en lugar de la bicicleta, son suficientes para hacernos sentir la culpabilidad del día a día.
La realidad, los hechos contantes y sonantes, no importan. En ninguna religión lo hacen. Da igual que el dogma sea puesto en tela de juicio, es artículo de fe en el que, o se cree ciegamente o no se cree. En cuanto a las previsiones apocalípticas, no es inconveniente alguno que no se cumplan. Se actualizan y asunto zanjado. Hay que creer en ellas, eso es lo único importante.
Visto de esta manera, tomando al ecologismo como lo que es, y no como lo que asegura ser, es lógico que, de un tiempo a esta parte, el común de la gente crea sin sombra de duda que la Tierra está enferma por culpa nuestra, y que el fin de los tiempos está a la vuelta de la esquina. Pregunte, pregunte a su alrededor y verá.
Por una educación privada y libre
La semana pasada comentamos los orígenes totalitarios de la educación pública. Desde un principio fue una enseñanza reglada por y para el Estado; el poder político esperaba –y espera– construir súbditos que le rindan pleitesía. El socialismo necesita alimentar la mentira, la farsa y la ignorancia para sobrevivir. La educación pública es una colosal lavadora de cerebros que insufla valores colectivistas, antirreligiosos y anticapitalistas.
Mucho se ha criticado –y con razón– el abuso adoctrinador que los partidos nacionalistas han hecho del sistema de educación público, especialmente en Cataluña y el País Vasco. Pero no deberíamos olvidar que el mismo proceso, si bien con mucho mayor disimulo, se está llevando a cabo en el resto de España. Los nacionalistas adoctrinan en la raza, y los socialistas de todos los partidos adoctrinan en el antiliberalismo.
El sistema público horada las bases de nuestra convivencia y de nuestra libertad. Semejante maquinaria de control social debería desaparecer de inmediato: tanto por el intolerable saqueo fiscal practicado por el Estado como por las mentiras e insidias que inyecta a los alumnos.
Una vez más, hay que exigir la completa separación de la escuela y el Estado, hay que defender la libertad de elegir de los padres. Pero ¿en qué consiste esa libertad de elegir? ¿Realmente existe alguna alternativa viable al sistema público de educación? En este artículo vamos a hablar de dos alternativas: la escuela privada y la educación en casa (homeschooling).
La escuela privada
La alternativa más obvia a la escuela pública es la privada. Por escuela privada entiendo aquella institución absolutamente separada del Estado, tanto en el aspecto financiero como programático. La concertada, aunque en muchos casos presenta un grado de apertura y libertad mayor que la pública, sigue en la práctica subordinada a la regulación pública, en tanto buena parte de sus fondos los obtiene del Estado.
La escuela privada es superior a la pública tanto en libertad como en calidad. Los padres pueden elegir los colegios privados que mejor representen y difundan los valores en que quieren educar a sus hijos. No hay necesidad de homogeneizar e igualar a todos los alumnos. Cada familia tiene la opción y la libertad de elegir la formación de sus hijos.
Así mismo, poca gente discute –ni siquiera los izquierdistas– que la calidad de la escuela privada es superior a la de la pública. Generalmente, la izquierda suele explicar esta diferencia por la mayor dotación de medios de las privadas: si la escuela pública dispusiera de la misma cantidad de fondos, sostienen, obtendría resultados equivalentes a los de la privada.
Olvidan, claro está, que el gasto en educación no ha dejado de incrementarse durante las últimas décadas, parejo al radical empeoramiento de la calidad en la escuela pública. En realidad, la diferencia fundamental entre la escuela pública y la privada no es la cuantía de los recursos, sino el origen de los mismos. Cuando un empresario quiere obtener dinero debe ofrecer un producto de calidad que sirva al consumidor. Cuando el Estado quiere obtener dinero, le basta con subir los impuestos.
Un empresario privado está siempre buscando mejores profesores, mejores materiales y mejores métodos docentes. Los profesores, a su vez, se ven compelidos a mejorar y a aprender continuamente. En este proceso competitivo, los padres van seleccionando aquellos colegios que, a su juicio, tienen mayor calidad. Los peores empresarios y profesores quiebran, liberando medios y recursos que serán aprovechados por los mejores empresarios y profesores. En el mercado opera un círculo virtuoso que va mejorando día a día la educación de los individuos.
Por el contrario, la educación pública se preocupa más por granjearse el apoyo de los políticos. Sus clientes no son los padres, sino los burócratas. Es más: lejos de perseguir la superación, las escuelas públicas tienen obvios incentivos para empeorar. Si un colegio público es eficiente, automáticamente verá recortados sus fondos, que irán a parar a otros centros "más necesitados". En el sistema público conviene emprender grandes e improductivas inversiones para recibir ingentes sumas de dinero. Los directores que reducen costes ven disminuida su financiación.
Los profesores, por su parte, son funcionarios que tienen asegurado el puesto de por vida. No necesitan realizar un buen trabajo, ni mejorar su formación continuamente. Al profesor funcionario le basta aparentar que enseña a los alumnos, no necesita hacerlo realmente. Tal y como decían en los obreros de la URSS: "Ellos hacen como que nos pagan y nosotros hacemos como que trabajamos".
La educación pública padece un círculo vicioso de degeneración: control político, despilfarro gestor y contratos vitalicios. Todos los componentes para minimizar el esfuerzo y maximizar la financiación. Cuanto menos se trabaja, más excusas hay para pedir fondos. La quiebra en el sistema público es imposible, por muy malo que sea un colegio y su administración.
A pesar de las indudables ventajas de la escuela privada sobre la pública, los izquierdistas suelen justificar a ésta aduciendo razones de equidad. Sin la escuela pública, aseguran, no hay igualdad de oportunidades. Los pobres sólo podrían optar, en todo caso, a escuelas privadas de muy baja calidad.
Por desgracia para su verborrea, el profesor James Tooley se ha encargado de derrumbar estos mitos, que no por muy divulgados son menos falsos. Tras varios años de investigación en el Tercer Mundo, Tooley ha concluido que incluso los habitantes más pobres de los países más pobres tienen acceso a una educación privada de calidad, al menos, tan alta como la de la pública.
En concreto, en estos países más de dos terceras partes de los alumnos acuden a escuelas privadas. El gasto de dichas escuelas para pobres oscila entre el 7 y el 12% de la renta familiar mensual. En la mayoría de los casos, además, la calidad de las escuelas es superior a la ofrecida por la educación pública.
Si en el Tercer Mundo incluso los más pobres tienen acceso a educación privada de calidad, ¿acaso alguien duda de que en España, una vez se nos hubieran devuelto los impuestos que dedicamos a financiar una educación pública manirrota, también los más desfavorecidos (que, en todo caso, son más ricos que los ricos de esos países) tendrían acceso a una educación privada de calidad? La respuesta es evidente para todo el mundo salvo para aquellos que están empeñados en utilizar el sistema público de educación para adoctrinar a los españoles.
Educación en casa
Si bien la escuela privada es una mejora muy sustanciosa con respecto a la pública, la alternativa real se encuentra en el homeschooling, o educación en casa. Las escuelas privadas siguen basándose en esquemas gregarios donde una pluralidad de alumnos atiende colectivamente a un mismo profesor. Este modelo puede ser válido para las clases "magistrales" y especializadas de las universidades, pero se muestra claramente ineficiente en los niveles primarios y medios.
El homeschooling es un movimiento en expansión en EEUU, donde ya hay más de un millón y medio de niños que están siendo educados en casa. De hecho, en España todos los padres se dedican, en cierta medida, al homeschooling hasta que endosan sus hijos a un jardín de infancia o la escuela primaria. Los niños aprenden con los padres a caminar, a hablar, a leer y, en buena medida, a escribir.
La educación en casa parte, pues, de la idea de que extender esa formación hasta edades más avanzadas es sumamente beneficioso para los niños. De hecho, en EEUU la formación, tanto cultural como moral, de los homeschooled es infinitamente superior a la de los alumnos de la escuela pública o privada. Como nos explica Pablo Molina en su excelente análisis del tema, "en una de las investigaciones más exhaustivas realizadas al respecto, los escolares educados a través del Homeschooling en el Estado de Pennsylvania acreditaron una media de percentil 86 en lectura y un percentil 73 en matemáticas, tomando como percentil 50 la media nacional del sistema estatal". En la práctica es bastante frecuente encontrar a homeschooled recibiendo galardones nacionales por su inteligencia, preparación y cultura.
Recientemente, Kelly Kuerstein ofreció en nuestro país una serie de charlas en las que animaba a los padres disconformes con el adoctrinamiento de la LOE a practicar el homeschooling. Kuerstein relató alguna de las hazañas de la enseñanza en casa: "En EEUU, universidades como Harvard, Yale, etcétera, buscan a sus alumnos para que ingresen (…) a edades más tempranas, entre 15 y 16 años (…) Uno [de sus hijos] tradujo La Eneida a los 12 años, mientras que otro, a los 15, estudia Biología a nivel universitario".
El homeschooling es, por otro lado, mucho más barato que las escuelas públicas o privadas. La mayoría de los materiales necesarios se encuentra disponible gratuitamente en la Red –los recursos son innumerables: basten tres ejemplos en inglés (I, II y III) y uno en español–, y los padres pueden combinar el trabajo con la educación de sus hijos. Es habitual que varias familias con unos mismos valores morales establezcan sistemas rotatorios para dar las clases.
La crítica más habitual que suele hacerse a este método de enseñanza es la falta de socialización de los hijos. ¿Dónde encontrarán amigos si no acuden en manada a la escuela? Sin embargo, la objeción carece de fundamento. Algunos estudios recientes, como el del National Home Education Research Institute, han descubierto que los homeschooled son más sociables, entusiastas y extravertidos que los alumnos de las escuelas convencionales.
La educación pública segrega a los niños por edad, y el abuso escolar es harto habitual. Los alumnos están obligados a acudir a unas aulas donde pueden ser maltratados e insultados por grupos de jóvenes excluyentes. Si de algo no puede presumir la educación pública es de ser un espacio de concordia, integración y amistad.
El homeschooling permite combinar una excelente formación académica con un entero desarrollo moral. Los niños no sólo aprenden más y mejor, sino que son educados a la luz de las convicciones morales de sus padres. Una sociedad libre requiere de individuos libres, y la libertad pasa por reforzar los vínculos voluntarios y naturales, como la familia, frente a las cadenas totalizadoras del Estado.
Tras la LOE, quedan incluso más patentes las pretensiones absolutistas de nuestros políticos. Ya sea a través de la escuela privada o, preferentemente, de la enseñanza en casa, hemos de evitar que el Estado, tal y como pretendía el partido comunista ruso, nacionalice a nuestros hijos.
Seguridad y social: origen y crisis
El 17 de noviembre de 1881, el canciller del Reich Otto von Bismarck, abría la sesión del Reichstag en nombre del emperador y entre otras cosas afirmaba “… En tal sentido, se presentará por el gobierno un proyecto de ley sobre aseguramiento de los trabajadores contra los accidentes de trabajo (…) y un proyecto de ley de creación de un sistema, con base paritaria, de cajas de enfermedad. También se considerará la situación de quienes pierdan la capacidad de trabajo por edad o invalidez, pues tienen frente a la comunidad una pretensión fundada de mayor asistencia pública de la que hasta ahora se les ha dado”.
Pero los principios inspiradores de toda esta legislación social seguían el patrón bismarkiano, que contaba con el gran factor de estabilización que suponía la existencia en el mundo de un patrón oro, que eliminaba en gran medida las tentaciones inflacionistas de los gobiernos. Aquel se basaba en la cuasi independencia de la Hacienda Pública, en la reducción de la condición de beneficiario tan sólo a los contribuyentes del sistema y la utilización de las técnicas actuariales típicas del seguro privado en las que se basa el modelo de capitalización.
Tras la II Guerra Mundial, se imponen las tesis keynesianas que modifican sustancialmente los principios rectores de la función previsora estatal, pasándose a un sistema financiado fuertemente por el Estado a través de los impuestos y basado en un régimen de reparto.
El modelo era insostenible per se a largo plazo, pero sus problemas se agravaron con la existencia de altos niveles de paro, fenómeno casi marginal hasta la crisis de los 70, que se unían a la rémora de varias décadas de inflación sostenida fruto del abandono del patrón oro, que consumieron gran parte de las reservas estatales. En España, en 1974, había según la EPA 398.000 parados (1,98%). En 1984 la cifra ascendía a 2.869.000 (21,69%), el doble de la media de los países de la entonces CEE. En este periodo, cada cotizante pasó a tener una persona beneficiaria más a su cargo.
El sistema sigue enviando señales de alarma desde hace décadas, pero a pesar de que gobiernos restrictivos del gasto público, como las dos legislaturas de Aznar, pueden aliviar la situación, se trata tan sólo de preterir la implosión inevitable del Estado del Bienestar, acuciado por el fenómeno de inversión de la pirámide poblacional. Se impone una reforma estructural de los usos de previsión social estatales y volver al modelo actuarial para el que se diseñó en su día como única forma de evitar el desastre.
El problema es que los políticos tienen una preferencia temporal inmediata, que en ningún caso suele ir más allá de los cuatro años que hay entre cada proceso electoral y muy pocos se atreven a asumir los riesgos de una medida altamente impopular entre la masa aborregada “Estado-dependiente”. Hasta que el invento no de más de sí… pero entonces, piensa el político, “que lo arregle quien esté en ese momento disfrutando del poder”.
