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Bush y la reforma fiscal

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Llegó con pocas ideas, aunque bastante firmes. Había observado, en primera línea, cómo la traición de su padre al sistema fiscal que había heredado de Reagan, más las circunstancias económicas del momento, arruinaron una reelección que nadie hubiera puesto en duda. Él no iba a cometer el mismo error. Reduciría los impuestos, ayudaría a crear riqueza y se ganaría en gran parte su reelección.

La historia nunca se puede escribir de antemano, y el doloroso descubrimiento en septiembre de 2001 de que el primer problema del mundo procede del Islam cambió muchas cosas. No la decisión de George W. Bush de rebajar los impuestos, que como cabía esperar ha resultado en un notable éxito. Pero la ambición del presidente parecía ir más allá. No se conformaba con una rebaja de tipos y lo que quería era una auténtica reforma fiscal, como la que introdujo Ronald Reagan en 1986, que redujo el número de tramos de 14 a dos (del 15 y del 28 por ciento) y eliminó multitud de desgravaciones. Desde entonces se han hecho no menos de 15.000 cambios en el sistema fiscal, que gracias a la influencia de los lobbies en la Administración lo han vuelto a hacer extremadamente complejo, con dos sistemas alternativos (el segundo, de siglas ATM, ha de ser elegido si por el cálculo sale una mayor contribución), con deducciones, exenciones, y mil complicaciones añadidas. El sistema es tan complejo que los americanos dedican un 1 por ciento del PIB a cumplimentar sus impuestos.

Un tipo marginal único que ronde el 25 por ciento, que recaiga solo en el consumo y sin deducciones sería suficiente incluso para financiar el enorme gasto público que está gestionando la Administración Bush. Dejar de gravar el ahorro y la inversión elevaría el valor actual de los activos en un 9 por ciento, según una reciente investigación. Y simplemente dejar imponer las nuevas inversiones elevaría el PIB del 5 al 7 por ciento.

Para operar su reforma, George W. Bush ha creado un comité de expertos. Error descomunal. Los técnicos han dado lugar a dos reformas que dejan atrás las peores perspectivas. Una de ellas es notablemente peor que la de Reagan de 1986, con cuatro tramos y un tipo máximo del 33 por ciento, sólo dos puntos menos que el actual, del 35. Aunque las dos propuestas están bien encaminadas, ya que se acercan a una imposición del consumo y no en la del ingreso, y simplifican notablemente el sistema actual, lo que proponen es aún demasiado complejo.

El error consiste en que no necesita de un comité. Le bastaba con tomar la decisión política de adoptar un sistema de tipo marginal único como el que se está extendiendo por Europa y otras partes del mundo, que grave el consumo, evite la doble imposición y no actúe sobre el ahorro y la inversión. No lo ha hecho, y las dos propuestas del comité no se dirigen por esa vía. Ahora tendrá que renunciar a su intención de realizar una auténtica reforma, o despreciar vergonzantemente las recomendaciones del comité que él mismo ha creado. El sistema fiscal actual, tanto en los Estados Unidos como en los países desarrollados, no tiene ninguna relación con la lógica económica o incluso con la recaudatoria. Está elaborado desde los intereses de la Administración y los de grupos especiales fuertemente organizados, que tienen el poder de influir en los políticos y en la burocracia. Por ese motivo, todo lo que no sea una decisión personal del presidente de cambiar radicalmente el sistema está llamado a ser un fracaso o como mucho un éxito efímero.

Nueva Orleáns: Cómo provocar una catástrofe

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Análisis diario.

La reciente tragedia de Nueva Orleáns es un magnífico ejemplo de cómo el estado puede transformar un evento climático dañino pero manejable en una catástrofe a gran escala. La mayoría de la prensa, siempre fiel al estatus quo y a todo lo que suene políticamente correcto, ha echado al capitalismo la culpa de los daños humanos y materiales producidos, bien sea porque se le responsabiliza de un supuesto cambio climático peligroso –en esta vertiente ABC ha destacado en nuestro país por su propaganda demagógica y su constante tergiversación de los hechos-, bien porque limita el intervencionismo estatal y el propio tamaño del estado –de ésta El País ha sido, quizá, el principal abanderado. He tratado de mostrar lo equivocado de estos dos argumentos en otro lugar. Ahora me interesa analizar cómo se logró que un huracán que pasó causando menos daños de los esperados se convirtiera en una catástrofe de grandes proporciones.

La primera explicación de lo ocurrido la encontramos en el monopolio de la gestión de los diques que protegen la ciudad de Nueva Orleáns, el río Misisipi y el lago Ponchartrain. El origen de este monopolio público hay que buscarlo, como ocurre con tantos aspectos negativos de la sociedad estadounidense, en la guerra civil de aquel país. Como cuenta Mark Thornton en su artículo de 1999, The Government´s Great Flood, el cuerpo de ingenieros del ejército de Lincoln logró el control permanente de la gestión de los ríos a partir de la creación de la Comisión del Río Misisipi. Otro tanto pasaría más adelante con los diques del Golfo de México. Se trata de un ejemplo más de cómo las guerras han marcado la conversión del estado mínimo diseñado por los padres fundadores de la constitución americana en el leviatán que es hoy en día. Desde entonces y hasta hoy en día la responsabilidad del mantenimiento y mejora de los diques y otros dispositivos que pretenden proteger a los habitantes de la zona contra las inundaciones ha recaído en el ejército estadounidense.

El problema de que sea el ejército el responsable de los diques no es que sus miembros sean lerdos. Ni mucho menos. El problema es que no existe un propietario que se juegue sus cuartos con el buen funcionamiento de los diques y que, para colmo, no tiene competencia. El estado estadounidense no está sujeto a las pérdidas y las ganancias como lo estaría una sociedad mercantil. El contribuyente paga la factura tanto si los recursos son utilizados eficaz y eficientemente como si no. Como suele ocurrir en todos los casos de monopolio (público o privado) decretado por el estado, el servicio es pobre y el precio elevado. Los sistemas de protección contra las crecidas del Río han estado envueltos en la polémica (entre ingenieros civiles y militares) desde que se tomaran las primeras decisiones allá por el siglo XIX. El cuerpo de Ingenieros del Ejército decidió optar por una protección basada únicamente en la construcción de un gran dique y muchos ingenieros civiles contestaron que esta solución de corto plazo traería graves consecuencias futuras debido a la elevación que provocaría en el nivel del río. Nosotros no vamos a entrar en ese debate. Tan sólo recordar que no es posible saber cuál es el mejor sistema de defensa de la población frente a las crecidas del Mississippi ni frente a los tornados o los huracanes provenientes del Caribe mientras estos sistemas no sean poseídos por agentes privados sujetos al sistema de pérdidas y ganancias y abiertos a la potencial competencia de otras empresas. ¿Cuál es entonces el mejor sistema de defensa frente a estos eventos climáticos? La respuesta es sencilla y, para muchos, puede que decepcionante: no lo sabemos porque en este sector no hay un mercado libre. Sucede lo que le ocurría a Internet cuando era gestionado por el estado norteamericano. Lo que sí podemos aventurar es que si existiera mercado sería plausible que operasen distintas empresas en distintas zonas tratando de innovar y simultáneamente emular los logros técnicos de la competencia (si el estado no se lo impide con la concesión de patentes). En algunas zonas es posible que no compensara poner en marcha una infraestructura de protección y que las personas que decidieran vivir en esa zona lo hicieran por su cuenta y riesgo. Son especulaciones. Lo cierto es que, como era de esperar, el monopolio público no prestó un servicio ni tan siquiera mediocre para un evento que se esperaba desde hacía décadas y para cuya prevención y preparación se dedicaron miles de millones de dólares.

El movimiento ecologista también parece haber tenido parte de responsabilidad en la catástrofe. Y no sólo por llevar años diciendo que venía el lobo cuando lo que venían eran corderitos. Mucho más decisiva fue su oposición sistemática a blindar la costa del golfo y la ciudad de Nueva Orleáns frente a catástrofes de categoría 4 y 5. Los ingenieros del ejército sabían perfectamente lo que podía ocurrirle a esta ciudad fundada por canarios y a otras poblaciones costeras de la zona y, aún con los pocos incentivos que cuentan para mejorar la calidad del servicio que prestan, proyectaron construir una barrera móvil a lo largo de la I-10. Este proyecto fue paralizado por medio de una denuncia presentada por un nutrido grupo de organizaciones ecologistas alegando que el estudio de impacto ambiental no era lo suficientemente profundo y que el proyecto podía tener graves efectos sobre algunas especies. En diciembre de 1977 el juez encargado del caso dio la razón a los ecologistas y paralizó la construcción de las barreras aduciendo que los ecologistas habían demostrado las personas que viven en esta área se verían dañados irreparablemente en el supuesto de que el proyecto se llevase a cabo. El cuerpo de ingenieros olvidó la idea y se concentró en mejorar los diques de la ciudad de Nueva Orleáns de modo que pudieran aguantar huracanes más potentes. Pero de nuevo en 1996 un grupo de organizaciones ecologistas radicales, encabezadas por el Sierra Club, presentaron una denuncia alegando que el proyecto suponía un peligro para el oso negro y para diversas especies de aves. En 1997 el proyecto fue paralizado durante dos años a la espera de un nuevo estudio de impacto ambiental. La continua oposición ecologista a la construcción de barreras artificiales a la crecida de las aguas es lo que ha motivado que el representante por Luisiana Bob Livingston haya afirmado que uno de los principales responsables de la catástrofe son los ecologistas.

La alteración de los incentivos o desincentivos que valoran los individuos a la hora de actuar frente a las eventuales situaciones de riesgo también son determinantes en los daños de todo desastre. Por desgracia la historia del intervencionismo en el sector de los seguros de inundaciones, que forman parte del coste de oportunidad de vivir en zonas de riesgo, es extensa. La mayor parte de la asfixiante legislación puede retrotraerse al año 1927. En ese año tuvo lugar otra gran catástrofe debido a la inundación de las mismas zonas que este año se han encontrado bajo las aguas; según diversos ingenieros causado por el mencionado sistema de protección elegido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. Fuese por lo que fuese, la gran inundación de 1927 llevó a un tal Hoover a dirigir la Agencia Federal de Emergencias (FEMA). Ese puesto no sólo serviría a Hoover como trampolín a la fama primero y a la Casa Blanca después, sino como laboratorio en el que ensayar la mayoría de las políticas intervencionistas estilo “Estado del Bienestar” con las que estrangularía la economía americana en los siguientes años. Ayudas públicas, préstamos estatales, intervención en los seguros, regulación de precios y hasta desplazamiento de la población o la creación de verdaderos campos de concentración ya fueron puestas en práctica por Hoover.

Como en casi todas las ocasiones en las que el estado se entromete en el negocio asegurador, el motivo es que las empresas privadas no ofrecen un tipo determinado de seguro. En efecto, siguiendo los pasos marcados por Hoover, el estado se metió de lleno a regular y ofrecer seguros contra inundaciones en 1968 porque las aseguradoras no los ofrecían en determinadas áreas de altísimo riesgo. La inexistencia de seguros de este tipo sirve como desincentivo o advertencia a quienes quieren vivir en una zona cuya probabilidad de verse cubierta de agua es extrema. Sin embargo, los políticos, siempre prestos a mostrar a la población que ellos son capaces de llevar a cabo lo que el mercado libre no puede, decidieron establecer un sistema de seguros públicos. Así, quienes deseaban vivir en la preciosa y peligrosa costa de Luisiana no encontraban inconveniente alguno. “¿Quiere vivir en una zona de alto riesgo? ¿No encuentra asegurador? No pasa nada, papá estado le hace un seguro a su medida.” Si, como afirma un estudio de una agencia gubernamental anterior al desastre de Nueva Orleáns, la espectacular urbanización de las zonas costeras de alto riesgo en las últimas décadas constituye el principal factor de riesgo en los casos de huracanes de categorías elevadas, no cabe duda de que el intervencionismo estatal en materia de seguros fue un componente esencial para fraguar la catástrofe de Nueva Orleáns.

Para colmo, el sistema de ayudas para daños por inundaciones establece que éstas quedan reservadas para quienes no tengan seguro privados contra inundaciones. El resultado es obvio: se desincentiva la contratación de seguros privados en zonas en las que las empresas que operan en el mercado libre sí ofrecen estos seguros.

Por último, conviene no olvidar la desastrosa gestión de una catástrofe. Mucho dinero se ha enterrado en este aspecto de la seguridad. Pero aunque el FEMA tenga un presupuesto por habitante para catástrofes unas 50 veces superior al español, la calidad de un servicio no se mide por el dinero que se gasta en él sino por la correcta asignación de los recursos con los que se cuenta de cara a lograr un elevado nivel de satisfacción de la necesidad de la que se trate. Y, qué duda cabe, que las agencias estatales no están preparadas para responder a emergencias en las que hay que la logística tiene una gran importancia. Eso sólo lo puede hacer una empresa privada y hasta que la protección civil no sea un servicio contratado libremente y financiado voluntariamente difícilmente veremos grandes y exitosas operaciones en este campo.

Todos estos ingredientes fueron aderezados con la construcción de autopistas inseguras, disputas políticas que bloqueaban los recursos movilizados, campañas de “información” para casos de emergencias que no se correspondían con lo que la gente tenía que saber para ponerse a salvo en caso de necesidad y, sobre todo, con una fe tan ciega como falaz en las posibilidades del estado para proteger a los ciudadanos en caso de desastre. Así fue como el estatismo forjó la catástrofe de Nueva Orleáns. Esperemos que la negra experiencia sirva para que el estado se retire y permita el ejercicio de la libre empresarialidad en todos los sectores involucrados en la prevención y gestión de catástrofes y emergencias.

La aparición del derecho penal

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

La justicia es “dar a cada uno lo suyo”, según la clásica sentencia. En la Edad Media el Derecho estaba concebido sobre la idea de restitución. Cuando se cometía un robo, por ejemplo, el acto que coincidía con el ideal de justicia era la restitución de lo robado por el criminal a la víctima.

La restitución tiene varias virtudes. La principal es que reinstaura el orden natural de las cosas. La víctima no debió nunca sentirse desposeída de su propiedad. O jamás debió ser agredida. La restitución devuelve lo robado o estafado a quien no debió verse privado de ello, o en los delitos contra la persona le otorga alguna compensación lo más adecuada posible allí donde, por la naturaleza del acto, no cabe deshacer el daño.

La segunda virtud se refiere al criminal. Cuando comete el acto contra la propiedad o la persona, se convierte en un ser antisocial, porque atenta contra las normas básicas del funcionamiento de una sociedad justa y en armonía. Si se le fuerza a restaurar el daño inflingido, por un lado queda en paz con la víctima. Y por otro demuestra con los hechos que es capaz de mantener una convivencia productiva, lo que favorece la reinserción del delincuente en la sociedad. La sociedad está basada en la producción y la oferta de bienes, que intercambiados por los generados por otras personas, familias y empresas, ayuda a construir la compleja trama de relaciones que llamamos sociedad. El ladrón no aporta nada, e incluso destruye. Cuando se ve forzado a restituir a la víctima, ha de integrarse de nuevo en el entramado productivo, lo que le inserta en el camino de la participación social.

El final de la Edad Media está ligado al creciente protagonismo de los poderes reales, germen del Estado Moderno. Uno de los mojones de la creación del poder central es la destrucción de la restitución y la creación del derecho penal.

El cambio consistió en negarle a la víctima el derecho a la restitución, para quedárselo el Rey. De este modo no se restaura el orden natural, la víctima sigue siéndolo porque no ha recibido lo que le correspondería en justicia, y se impide la recuperación de la relación pacífica entre la víctima y el criminal. El Rey llegaba incluso a negar a la víctima la calidad de tal, ya que se pasaron a definir ciertos actos antisociales como “crímenes contra el Estado”, cuando el sujeto de los comportamientos injustos no es el mítico Estado, sino personas de carne y hueso. Este proceso cambió el cariz de las penas. Ya no consisten en devolver el derecho dañado a la víctima, sino en perseguir a quien ha actuado “contra el Estado”. Puesto que la pena deja de estar fijada de forma objetiva por el daño causado, y dado que ahora depende de las normas que emanan del propio Estado, éstas serán tan duras como el nuevo beneficiario desee. Su voracidad y su voluntad de condicionar el comportamiento de los súbditos no tiene más límites que la propia conveniencia del Estado. En consecuencia, las penas se hacen más duras.

La situación llegó a ser tal que, en el caso de Inglaterra “el Derecho real estableció normas coactivas, declarando criminal a la víctima que obtuviese restitución antes de llevar al delincuente ante la jurisdicción del Rey, para que así el monarca pudiera tener su parte”[1]. La aparición del derecho penal ha favorecido, además, que se creen delitos sin víctima, lo que en el derecho privado basado en la restitución es sencillamente inconcebible. Una sociedad libre habría de acabar con el derecho penal.


[1] Bruce L. Benson, “Justicia sin Estado”. Unión Editorial, Madrid, 2000.

¿Cómo preservamos la biodiversidad? (II): el modelo privado

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

La propiedad se ha configurado como el sistema más eficiente de protección aunque sólo sea por el hecho de que conlleva cierta responsabilidad sobre lo poseído y generalmente no tendemos dañar nuestros bienes. El mero interés personal puede ser una manera de preservación más que suficiente y nada dañina para el contribuyente. Como todas, tendrá sus fallos y sus virtudes pero se alejará de los dogmas utopistas y se acercará más a los intereses de los afectados.

La propiedad no es tan fácil de compaginar con la preservación de las especies. Se ha dicho que los búfalos americanos casi desaparecen por no ser propiedad de alguien mientras que los rebaños de vacas no han tenido ese problema pero este modelo únicamente solucionaría la preservación de determinados seres con ciertas características y de presumible explotación económica, tal sería el caso de los elefantes africanos, un verdadero problema de superpoblación en algunas reservas naturales. No imagino quién puede querer en propiedad los escorpiones negros o la cochinilla común, sin olvidar las dificultades que encontraríamos al intentar solucionar el choque de intereses entre los dueños de las gacelas y los de los leones. El comportamiento animal supondría un serio problema, así que la pregunta sería qué debemos poseer.

La cuestión podría tener su respuesta en el mismo concepto de ecosistema que es un todo en el que lo vivo y lo muerto interacciona a través de flujos de materia y energía. Si queremos preservar una parte, en este caso la biodiversidad, deberemos preservar o proteger el todo o en su caso un trozo de ese todo. De hecho, los modelos públicos de protección de especies amenazadas no dejan de ser un intento de recuperar el que se sabe o se cree que es su entorno ideal. La propiedad debe estar dirigida por tanto a la parcela.

Pero esa preservación supone un costo de la misma manera que nuestra casa o nuestras posesiones nos suponen un desembolso mensual. No se pude proteger algo sin recursos, es decir sin dinero y aquí radica la diferencia esencial con el modelo público, mientras que la defensa pública la hacen personas que no son los dueños de lo administrado y los recursos provienen del erario público, el modelo privado está dirigido por el propietario o aquellas personas que contrata para ello y el dinero sale de las propias actividades económicas del terreno que se protege o de otras que el propietario desarrolle. La prosperidad económica se convierte así en el verdadero sistema de preservación del ecosistema y por tanto de la biodiversidad.

Es evidente que este sistema conlleva cierto recelo de los conservacionista, ¿qué puede evitar que el dueño de un bosque no lo tale, venda la madera y construya cientos de miles de casas?. Pues en principio, nada. Todo propietario es muy libre de hacer lo que quiera con lo que posee. La cuestión es, ¿por qué va a talar el bosque y va a construir una ciudad?. El libre mercado tiene la solución a esa situación. Si bien la madera y las construcciones pueden ser un recurso perfectamente explotable, existen otros que desaparecerían si lo hace el ecosistema, desde el paisaje que desean ver los que allí compran una casa o los esporádicos visitantes, pasando por los caminos que surcarían los turistas de paso hasta los productos silvícolas, agropecuarios o geológicos que los arrendados o los dueños de la finca podrían explotar. La demanda y la oferta de estos servicios y productos, en definitiva, los deseos de los dueños y de los posibles beneficiados generarían suficiente riqueza para que la preservación fuera efectiva sin necesidad de cortar todos los árboles y saturar un mercado de una madera que generaría una deflación de precios, más perniciosa que positiva para el sector maderero, salvo que la Administración obligue a un precio mínimo.

Porque lo que buscamos en este caso no es la preservación perfecta, algo totalmente imposible, sino la más efectiva, la que a la larga favorecería que el ecosistema pudiera recuperara aquellas partes que por nuestra actividad hayan sido degradadas. Sin embargo, todo esto puede plantear una pregunta un tanto radical pero que deberíamos hacernos, ¿es necesaria la biodiversidad?. Esto es lo que pretendo proponer en el cuarto y último comentario que he dedicado a este tema.

Presupuesto social(ista)

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

La Consejera de Hacienda, por ejemplo, que no es precisamente la delegada provincial de Bandera Roja, anunciaba esta semana la feliz noticia de que el presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año próximo va a crecer un trece por ciento. Bien, traduzcamos: En 2006, la tajada que el gobierno autonómico va a expropiar de la riqueza total producida por los murcianos, va a ser un 13% más abultada que la incautada en el presente ejercicio.

Sólo un socialista es capaz de seguir pensando, a pesar de la abrumadora evidencia histórica en contra, que la elite burocrática conoce las necesidades de los contribuyentes mejor que ellos mismos. Es la fatal arrogancia de que hablaba Hayek, cuyo legado intelectual los políticos de la derecha ignoran perfectamente (así les va; así nos va),

El insulto definitivo ocurre cuando nuestros políticos detallan con entusiasmo la cantidad de cosas maravillosas que van a hacer con nuestra riqueza, sin que ninguno repare en las inversiones a que la iniciativa privada se ve obligada a renunciar en contrapartida. Los gobernantes toman dinero de A para entregarlo a B, pero en sus explicaciones sólo detallan los beneficios que a B le reportarán esos ingresos inesperados. Ninguno hará mención a las consecuencias que A habrá de soportar por el expolio de que es objeto.

Unos impuestos moderados son indispensables para que el Gobierno cumpla las funciones básicas que le son propias, sin que la economía y el bienestar ciudadano se vean amenazados. Sin embargo, cuando la fiscalidad crece para financiar estupideces prescindibles como los cientos de órganos consagrados a los distintos lobbys marxistoides (chúpate esa Pitilingrado) o para regar de subvenciones a los miles de asociaciones que hacen de la lactancia presupuestaria un modo de vida, la disuasión que se ejerce sobre la sociedad productiva puede llegar a ser letal.

Por otra parte, entre el vergonzante progresismo pepero y el socialismo fetén, igual los votantes acaban un día prefiriendo el original ¿Lo entenderá mejor así la alegre muchachada socialista de Valcárcel?

La gestapo llama a su puerta

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

La anunciada expropiación de viviendas desocupadas prevista por la futura Ley estatal del Suelo muestra a su vez, más allá del previsible desastre económico, los resortes psicológicos de las personas que diseñan estos procesos de demolición social.

Es cierto que la propia titular del ministerio impulsor de la fatal iniciativa, junto con el partido que le sostiene, declinó en sus intenciones; pero quizá ya se ha abierto una brecha en la seguridad jurídica inmobiliaria, además de que el proyecto legislativo deja en manos de las comunidades autónomas la voluntad de expropiar los pisos vacíos.

La información sobre urbanismo y vivienda casi siempre es preocupante para la libertad de los contribuyentes: el próximo aumento de viviendas de precio oficial que repercutirá negativamente en la adquisición de inmuebles no tasados, una sociedad pública de alquiler que se entromete en la contratación, injustas valoraciones del suelo… Entonces, ¿por qué se insiste en lanzar mensajes negativos contra la sociedad, mensajes que incluso perjudican los intereses electorales de los que mandan? ¿Por incompetencia manifiesta? ¿Por estulticia? ¿Por prejuicios ideológicos al estilo leninista de cuanto peor, mejor? ¿Por una composición de esos tres factores?

El gran psicólogo norteamericano Abraham Maslow escribió entre 1938-1941 un interesante artículo titulado “La personalidad comunista” que analizaba el carácter de los creyentes del marxismo. Maslow establecía una doble clasificación. De una parte, las personas comunistas que sienten fobia hacia los demás ya que padecieron amargas experiencias en la vida y son poco eficaces para el partido. De otro lado, las personas comunistas seguras de sí mismas, realmente simpáticas y brillantes, que se entremezclan en el mundo. Dice el autor de éstas: “Es típico el que puedan entender o intenten entender a los que se oponen y a menudo puedan inconscientemente simpatizar con ellos. Por ejemplo, su interpretación del marxismo tiende a adoptar la forma de que el capitalista no es una mala persona, sino que se ve forzado a comportarse mal a causa de las fuerzas externas que hacen de él un explotador. Así, es posible para este tipo de comunistas ser amigo de personas que no creen como ellas”.

Da igual que una persona de esas características, por motivo de su autoridad pública, corte la enésima cinta inaugural, sea agasajado por multitud de expertos o converse en amistosa negociación con sectores angustiados. Su clave íntima es contraria. El hontanar mental de sus decisiones se opone al medio para el que trabaja, al menos hasta que ese hombre o mujer satisfaga intereses sobrevenidos o le repugne el método empleado en su agenda política. Por eso les resulta indiferente el horror al vacío en el valor de las casas tras la amenaza expropiadora o la delación entre vecinos que propiciaría esa nueva gestapo de los hogares. Seguirán aporreando puertas porque les sale gratis y demasiada gente se ha acostumbrado desde hace mucho tiempo a la sordera.

El mandato exterminador

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

No entienden qué es la globalización, intentan evitar sus efectos beneficiosos sobre los millones de pobres del mundo y afirman que es compatible con sus políticas intervencionistas.

La globalización es el nombre que se le ha dado al avance de la división del trabajo y del conocimiento a escala planetaria. En su estado original, el hombre era un ser mísero que a duras penas conseguía satisfacer sus necesidades más apremiantes a base de mezclar su trabajo con los siempre escasos recursos económicos. La escasez de medios para alcanzar sus fines y ese estado de mera subsistencia fue mejorando a medida que cada individuo fue aumentando los intercambios pacíficos con otros seres humanos. Gracias al intercambio, los individuos dejaron de tener que proveerse mediante la producción propia de todo tipo de bienes y se especializaron en lo que relativamente mejor sabían hacer. Ese proceso no sólo aumentó la productividad permitiendo que los individuos alcanzaran más y mejores fines con los mismos medios, sino que provocó la multiplicación de las oportunidades de intercambio al reducir el valor que cada cual concede a su producto, e incrementar el que otorga a los productos del prójimo.

Ese maravilloso proceso que conocemos como división del trabajo y del conocimiento, ha permitido el enriquecimiento paulatino de quienes participaban en él y una progresiva acumulación de capital que, a su vez, elevaba la productividad del trabajo a cotas aún superiores. A medida que este proceso se desarrolla, la contribución de las personas menos capacitadas al proceso de satisfacción social de necesidades cobra una importancia exponencial. El coste de oportunidad, para quien se ha vuelto muy productivo, de llevar a cabo tareas relativamente sencillas y menos valoradas se vuelve enorme y por eso estará dispuesto a pagar crecientes cantidades, incluso a personas con poca cualificación, para que las realicen.

En eso consiste la maravillosa globalización y el problema no es su existencia sino su limitadísimo avance actual por culpa de las regulaciones y las barreras al comercio internacional y al libre movimiento de capitales y personas. La hipocresía del movimiento antiglobalización y de la inmensa mayoría de políticos que se nominan a campeones de la solidaridad internacional queda al descubierto en reuniones como la del Consejo Europeo en la que los políticos franceses han advertido –con el asentimiento del resto– que no están dispuestos a que los países pobres puedan vender libremente sus productos agrícolas en Europa. Esa aberración –bajo la formulación “garantizar la integridad de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) adoptada en 2003”– es parte del mandato de negociación que han otorgado a la Comisión Europea en su negociación en el marco de la Organización Mundial del Comercio.

El “estado social europeo”, ese residuo irreciclable del socialismo, es incompatible con la mejora sostenida de las condiciones de vida de los seres humanos; de los que viven en países pobres y de los que viven en la decadente Europa que cada día es menos competitiva y más consumidora del capital que generó cuando era relativamente libre. Ya sólo se sostiene, y sólo temporalmente, a base de mandatos que prohíben que los demás nos puedan ofrecer el mejor resultado de sus actividades. Sin duda, el mandato dado a la Comisión defiende el alargamiento de la agonía de ese “estado social europeo” pero, al mismo tiempo, somete a cientos de millones de seres humanos a la pobreza forzosa. Un mandato exterminador que avergüenza a cualquier persona honrada de su condición de europeo.

No sólo contra la COPE

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Para entender el calado de la ofensiva es preciso realizar unas consideraciones previas. Existe un consciente proyecto totalizador entre buena parte de la clase política occidental para expandir el alcance e intervencionismo del Estado. La revolución ha dado paso a la lenta evolución, a la transformación social: la propaganda diaria, el control de los medios de comunicación, el sibilino crecimiento del Gobierno y el desgaste de la propiedad privada.

Los políticos se han transformado en los mesías del proyecto colectivo, del bien común, del paraíso. Nuestra felicidad justifica la opresión política en forma de regulaciones o incremento de impuestos: han instituido un poder político mastodóntico y lo han denominado "Estado de Bienestar".

De esta manera, haciendo creer que existe un conflicto irresoluble entre la libertad individual y el bienestar de la sociedad, el Estado consigue medrar a costa de nuestros derechos. La obsesión del socialismo es enterrar los derechos individuales frente al Estado y sustituirlos por derechos del Estado. Se trata de no reconocer ninguna libertad contraria al proyecto colectivo; de limitar la titularidad de los derechos al ejecutor de ese proyecto colectivo: el Estado.

El preámbulo del proyecto de Estatuto de Cataluña, por ejemplo, recoge perfectamente esta idea totalitaria de subordinar los derechos individuales al arbitrio político:

"Estos derechos se ejercen conjuntamente con la responsabilidad individual y el deber cívico de implicarse en el proyecto colectivo, en la construcción compartida de la sociedad que se quiere alcanzar".

Así pues, quien no subyugue su existencia al "proyecto colectivo" no podrá ejercer los derechos frente al Estado. Pero, dado que ese proyecto colectivo se encarna en el Estado, lo que realmente se está pidiendo es una total entrega a la planificación pública; quien se oponga al Tripartit es un enemigo de los catalanes.

Gaspar Llamazares.Otro claro ejemplo de la cheka hacia la que nuestros políticos quieren arrastrarnos lo encontramos en la actitud de Llamazares frente al Consejero Delegado del SCH, Alfredo Sáenz. Hace poco más de un año Sáenz, muy cabalmente, se mostró partidario de desmantelar el Estado del Bienestar. La respuesta de Llamazares ilustra perfectamente el esquema que acabamos de trazar: a) el ataque al Estado implica un ataque al proyecto colectivo; b) quien ataca el proyecto colectivo pierde sus derechos individuales.

El líder comunista afirmó: "[Sáenz] acaba de declarar públicamente su beligerancia con el Estado del Bienestar [y por lo tanto] se sitúa no sólo en confrontación con buena parte de los ciudadanos que lo han construido, sino también con la Constitución Española” (punto a). En consecuencia, "al que te quiere destruir hay que responderle en legítima defensa; el SCH ha declarado la guerra, y, por tanto, los servicios públicos no pueden tener relación con quien quiere terminar con ellos" (punto b).

Toda propuesta de eliminar o reducir el peso del Estado supone una ofensa al bienestar de la sociedad, a la pacífica convivencia, al proyecto común. Quien se enfrenta al Estado es un enemigo del pueblo; puesto que, en definitiva, quien tiene derechos no son los individuos, sino el Estado (la legítima defensa de la que habla Llamazares).

El Estatuto del Periodista, por otra parte, también nos ofrece una adecuada ilustración de nuestro argumento. Así, en el preámbulo puede leerse lo siguiente:

"Cuando el derecho a informar que a todos se reconoce se ejerce de modo habitual y profesional queda cualificado con una función social: el derecho se convierte en deber de informar al servicio del derecho del público a ser informado".

Como vemos, la libertad de expresión está al servicio de la función social; el derecho individual se convierte en deber frente al "proyecto colectivo", frente al Estado. Es éste quien retiene el derecho a exigir a los periodistas una información "veraz", una información que no atente contra la verdad que encarna el Estado.

No en vano, el Estatuto del Periodista –inspirado en esta mentalidad totalitaria– supone un vaciamiento de los derechos individuales y un amordazamiento de las voces autónomas. Allí donde el Estado suplanta la justicia, la libertad se extingue.

Después de esta reflexión será mucho más fácil entender el calado de la ofensiva contra la COPE, en su doble implicación: ataque a la libertad de expresión y, sobre todo, a la propiedad privada.

Libertad de expresión

Ignacio Ramonet, uno de los referentes intelectuales de la izquierda, propuso hace dos años "purificar" los medios de comunicación a través de la creación de un Observatorio Internacional de Medios –algo muy similar al Consejo de Información que esboza el Estatuto del Periodista–. Para Ramonet, este observatorio tendría la misión de convertirse en "un arma" para combatir el capitalismo y conseguir el poder eterno de la izquierda:

"En los tiempos de Internet, nosotros decimos que éste será el siglo en que la comunicación pertenecerá a los pueblos y nos apoderaremos de la verdad. Con la verdad triunfaremos".

En ausencia de los instrumentos totalitarios del Estatuto del Periodista, el Tripartit decidió emplear el Consejo Audiovisual de Cataluña para expedientar y censurar a la COPE. El argumento empleado, a primera vista, no podía ser más contradictorio: se estudiaba si la COPE incumplía el artículo 20 de la Constitución, esto es, el derecho a la libertad de expresión.

Carmine Santaniello: WHY YOU CAN'T HEAR ME? (detalle).Sin embargo, retengamos la mutación jurídica que, según hemos descrito, la clase política quiere conseguir. El derecho a la libertad de expresión no es un derecho de los individuos, sino del Estado, destinado y subordinado a la consecución del proyecto común. Es evidente que la COPE no favorece el proyecto común del nacional-socialismo catalán y, por tanto, podría vulnerar la "libertad de expresión del Estado".

De hecho, es significativo cómo un medio de comunicación especialmente servil, El Periódico de Catalunya, sostuvo que la COPE "no ejerce la libertad de expresión: escupe". Fijémonos en la disyuntiva: arrodillarte ante el poder político es libertad de expresión, criticarlo supone escupir. Al fin y al cabo, el editorial de El Periódico llevaba por título ‘La COPE, esa inquisición’. Lo que molesta es que se critique y denigre al poder político, al socialismo y al totalitarismo. No preocupa la inquisición intelectual (no olvidemos que, en el propio artículo, Franco instaba a un inquisitorial desprecio activo hacia la Iglesia Católica), sino la inquisición disidente y libremente ejercida; la inquisición crítica contra los liberticidas y represores políticos.

 

Por ello, la campaña contra la COPE persigue eliminar la disidencia al catecismo público de sumisión al Estado. Sólo aquellos medios de comunicación, como El Periódico de Catalunya, que se integren en la estructura propagandística del régimen tendrán "derecho a expresarse" y quedarán amparados por el artículo 20 de la Constitución.

 

El socialismo se ha dado cuenta de que no es necesario nacionalizar la prensa para instituir una dictadura de facto. Leonard Peikoff resumió perfectamente las diferencias entre el control comunista y el control fascista:

 

"Contrarios al marxismo, los nazis no postulan el poder estatal de los medios de producción. Ellos exigen que el Gobierno supervise y controle la economía nacional. (…) Los individuos, por lo tanto, continúan siendo propietarios, siempre y cuando el Estado se reserve el absoluto derecho de regular la propiedad".

Propiedad privada

La frase de Peikoff sirve para enlazar las dos dimensiones del ataque contra la COPE. Como hemos visto, por un lado estamos ante un intento deliberado de eliminar las voces discrepantes, pero por otro se pretende abrir el camino hacia el completo dirigismo de la sociedad. Primero, porque la campaña política extermina las voces contrarias al estatalismo: sin diques de contención intelectuales, la propaganda estatalista extenderá el mensaje liberticida sin límites. Segundo, porque la agresión a la COPE no sólo supone un ataque a la libertad de expresión, también a la propiedad privada.

Esta última semana, Enric Sopena, el que fuera director de Informativos de TVE (y, por tanto, un sujeto que estuvo viviendo a costa del expolio de la propiedad privada de millones de españoles), reprochó a la Iglesia su "intromisión sectaria" en la "vida pública española". En su opinión, la política comunicativa de la Iglesia Católica debe reducirse al ejemplo de Radio María: encerrar el culto, la fe y los valores católicos en la esfera privada. Los mismos que pretenden censurar a la disidencia incómoda marcan las condiciones para permitir su ficticia subsistencia, a modo de escenificación y farsa pluralista (tal y como el Gran Hermano crea a su alter-ego Emmanuel Goldstein).

Benedicto XVI.Sopena es uno de tantos ejemplos de una izquierda que sólo consiente la existencia de una Iglesia alejada de su labor evangélica; una Iglesia relativista, timorata, encerrada en sí misma; una Iglesia, finalmente, anticatólica. Precisamente, Benedicto XVI denunció hace pocas semanas la "falsa tolerancia" que, "por decirlo así, admite a Dios como opinión privada, pero le niega el ámbito público, la realidad del mundo y de nuestra vida". Eso, dijo el Papa, "no es tolerancia sino hipocresía". Se trata, pues, de matar a Dios fingiendo un respeto hipócrita, una falsa tolerancia hacia la fe.

Sopena marca las condiciones bajo las cuales la Iglesia puede existir: su propiedad privada y su libertad no pueden rebasar ciertos límites. Volviendo a la explicación peikoffiana del régimen nazi, el socialismo español no pretende quemar los templos o ahorcar a los católicos, como hizo décadas atrás; se conforma con regular la Iglesia, engullirla y estatalizarla.

Como ya he indicado en otras ocasiones, este indisimulado ataque contra los lazos voluntarios y la organización interna de la Iglesia Católica –este intento de subordinación del poder espiritual y de la ética objetiva a los dictados positivistas del emperador– supone, en última instancia, la defenestración del Estado de Derecho, de la justicia y de la libertad. La completa reglamentación de los usos de nuestra propiedad, de los fines de nuestra libertad; la imposición del fascismo socialdemócrata.

El ataque a la COPE es un misil directo a la autonomía de la Iglesia, a su derecho a la organización interna; a expresar sus opiniones, a difundir su mensaje y a hacer uso de su propiedad como mejor crea conveniente.

Pero es también un misil directo a los derechos individuales. La propiedad privada queda subordinada a las finalidades de los dirigentes políticos. Son ellos quienes tienen derechos, no nosotros. El socialismo reclama para el Estado el fin de las cadenas éticas, de su sumisión al Derecho; reclama la libertad de expoliar y reprimir a los ciudadanos.

La COPE, junto con Libertad Digital, es uno de los pocos bastiones donde todavía se combate esta avalancha totalitaria, donde todavía se condena la coacción política y la limitación de las libertades. El ataque que está padeciendo es sólo un preludio de la degeneración liberticida más amplia que el estatalismo está preparando para el resto de los individuos. Sería un error considerarlo un berrinche anecdótico de la izquierda. No es eso, no es eso.

Capitalistas contra el capitalismo

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Asociar el liberalismo con las grandes empresas en un contexto en el que éstas a menudo proceden en connivencia con el Estado y se benefician de sus prebendas y privilegios resulta, cuando menos, grotesco. El Estado sirve a los grupos de presión y éstos con frecuencia los componen empresas y corporaciones, pues poseen la capacidad organizativa suficiente para pujar e influir en la gestión pública en pro de medidas políticas que les favorezcan directamente.

Un ejemplo reciente lo hallamos en la firma Wal-Mart, cuyo director general ha sorprendido a muchos reclamando al Congreso una subida del salario mínimo. Así, con este llamamiento progresista que contribuye a redimir su imagen de multinacional explotadora, Wal-Mart pugna en realidad por cercenar la competencia: Wal-Mart paga a sus empleados el doble del salario mínimo, con lo cual éste puede aumentar hasta un 100% sin que ello afecte a la compañía. Pero los competidores que, como Target Union, pagan salarios inferiores a los de Wal-Mart verían aumentados sus costes laborales y serían desplazados del mercado. El corolario, pues, de imponer cargas a las empresas es la expulsión del mercado de aquellas que no pueden asumirlas en beneficio de aquellas que ya las tienen asumidas, que ahora ya no deben competir con las anteriores.

Las empresas establecidas se benefician del régimen de licencias que, en innumerables sectores, veda el acceso a las competidores que no cumplen con los arbitrarios requisitos estipulados o que exceden el cupo dispuesto por la autoridad. Las subvenciones y los aranceles son igualmente una forma de proteccionismo que privilegia a unas empresas en detrimento de otras y a expensas de los consumidores. Del mismo modo el sistema de patentes y de copyrights confiere a determinadas empresas el monopolio legal sobre la explotación de ciertas ideas, garantizándoles así un flujo constante de rentas.

Mediante la expropiación forzosa las compañías pueden desarrollar proyectos sumamente ambiciosos sin que el rechazo de los propietarios de los terrenos suponga un impedimento. El Estado, en aras del “interés público”, expropia viviendas y negocios para que empresas privadas puedan construir en su lugar hoteles, centros comerciales, fábricas y oficinas. La subcontratación llevada a cabo por el Estado permite asimismo que múltiples empresas se lucren al margen del mercado. ¿Hasta qué punto pueden considerarse privadas aquellas corporaciones que, como algunas armamentísticas, obtienen sus ingresos del Estado y por tanto son financiadas con el dinero de los contribuyentes?

Los bancos, por otro lado, son los primeros beneficiarios de las políticas de expansión crediticia, pues pueden enriquecerse prestando un dinero que no tienen (dinero no respaldado por activos reales). Las empresas que antes reciben el nuevo dinero son las que se benefician en segunda instancia, pues disponen de un monto adicional para gastar previo a la subida de los precios.

Las corporaciones y las empresas no son inherentemente abusivas ni son producto de la intervención del Estado; se configuran espontáneamente en el mercado como organizaciones eficientes para gestionar recursos. Pero muchas de ellas, sin embargo, puede que no sean tanto víctimas como beneficiarios del estatismo. Quienes asocian el capitalismo con los intereses de la industria no saben distinguir entre la libre empresa, caracterizada por la ausencia de intervención pública, y el mercantilismo, la intervención estatal en defensa de ciertas empresas. Es preciso insistir, una y otra vez, en que el liberalismo no favorece los intereses de ningún colectivo particular, sino los derechos de todos y cada uno de los individuos.

El gobierno contra la gente

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

En mi artículo de la semana pasada comenté las consecuencias que podía tener la sumisión del gobierno ante los grupos de presión, concretamente, de los transportistas: “El problema es que si funciona a uno [el uso de la violencia para el propio bienestar], ¿qué impide que el resto de sectores que están agrupados en diferentes asociaciones no hagan lo mismo? Nada.” Después hemos sufrido las violentas huelgas de los pescadores y el gobierno se ha arrodillado ante ellos. Esta semana parece que serán los agricultores quienes se apunten a la movida pidiendo lo mismo que los otros dos sectores.

Los medios de estos grupos de presión para exigir su bienestar han sido, entre otros: violentas huelgas, la quema de camiones con gente dentro, han apuñalado a una persona, han bloqueado el transporte marítimo, han saqueado tiendas de ultramarinos… Aún hay mucha gente que cree que el gobierno está para protegernos, pero curiosamente, ha sido el gobierno quien ha incentivado todo este caos. Su musa ha sido la de siempre: el estado del bienestar, el igualitarismo y el socialismo, en resumen, la barbarie. Estos grupos de presión han estado a punto de asesinar a gente inocente y no les pasará nada. ¿Cuál será el próximo paso?, ¿el secuestro, el asesinato? Otros grupos han empezado a aplicar el experimento en España ya.

Si lo analizamos bien, veremos que la fuente del problema son los mandatos de los burócratas y políticos que regalan derechos, subvenciones… y se creen libres para esclavizar a todos los españoles con más impuestos y tributos para mantener su particular visión socialista. Como dijo en una ocasión Thomas Sowell, la política es el arte de conseguir que tus intereses egoístas parezcan “intereses nacionales” (en Europa gusta más decir “bien común”). Si los políticos suben impuestos por el bien común (más dinero para ellos) sólo conseguiremos menos dinero para nosotros y nuestras familias. Si el político crea más subvenciones en nombre del bien común (más votos para ellos y más dinero para sus amigos) sólo conseguiremos tener una economía ineficiente, atrasada e incapaz de competir con un mundo cada vez más globalizado. ¿Y las consecuencias sociales? Violencia legalizada por el estado contra el ciudadano.

No hay ningún interés por parte del gobierno en nuestro bienestar, sino en el suyo. Sus acciones les delatan. La solución, pero, no es prohibir nada ni regular más. No hemos de regalar derechos a nadie porque todos tenemos los mismos derechos; si los transportistas, pescadores, agricultores y los que puedan venir tienen el beneplácito de pagar menos ¿por qué nosotros no? ¿Es que somos menos humamos que ellos? ¿Es que acaso hemos de abandonar nuestra inocencia y empezar a quemar la propiedad privada de otros, cortar carreteras y agredir a gente para que nos hagan caso? ¡Cómo podemos dar a otros derechos que nosotros mismos no nos atrevemos a aplicar o pensar siquiera!

Si el gobierno se aparta del mundo económico por completo nadie podrá reclamarle nada y todos viviremos conforme a nuestra propia responsabilidad, esfuerzo y actos. El gran beneficiado será el consumidor y la gente sin necesidad de recurrir a la violencia como forma de vida. Nadie tiene más derechos que cada uno de nosotros, y el gobierno no tiene derecho alguno para satisfacer su egoísmo recurriendo a la falsa llamada del bien común. Los políticos pueden hacer todos los experimentos que quieran, pero sólo hay una solución, acabar con el estado del bienestar que engendra violencia y pobreza. El problema es que si dejamos a los políticos hacer más experimentos del bienestar, en una de estas ya no podamos levantar la cabeza nunca más. Apliquémoslo ya, acabemos con la tiranía del estado del bienestar y sustituyámoslo por el libre mercado y el laissez-faire.