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¿Quién es Ben Bernanke?

El sistema financiero mundial está pendiente de lo que haga la Reserva Federal y ésta depende de la combinación de ideas y humor de una persona. Si errar es humano, confiar tanto poder e influencia a un solo ser humano es peor que un error; es una locura.

Pero no es necesaria. El hombre tropezó con una institución que se impuso sobre otras posibles por sus propias virtudes: el patrón oro. El Patrón oro fija el valor de los billetes por una cantidad fija de metal, que se puede rescatar sin más que presentarlos ante el banco. Los bancos, en consecuencia, tenían un freno natural a la emisión de billetes, porque si ésta supera las reservas de oro, si los clientes reclaman el metal pueden quebrar el banco y acabar con su negocio, lo que supone un freno a la inflación. Es un sistema automático, fuera del doloso control por los políticos. Y el oro se convirtió en un dinero universal, que unió a los ciudadanos del mundo libre en un mercado único que rompía todas las barreras. Si observamos las economías más libres bajo el apogeo del patrón oro (1875/1914), veremos sociedades prósperas, con altos niveles de crecimiento y precios en constante descenso.

El oro no solo abrió el mercado global e hizo por primera vez que el mundo fuera uno. También contribuyó de forma clara a la paz. Los gobiernos no podían recurrir a la inflación para financiar sus guerras, tan queridas y buscadas desde el Estado, por la dura disciplina del patrón oro. Tenían que recurrir a los impuestos, y la sociedad se suele resistir a que la roben, especialmente si es para iniciar una guerra. Por eso la Europa finisecular fue tan pacífica, y por eso cuando Europa se despertó en pleno siglo XX, el de los totalitarismos, renunció al patrón oro para poder pagar la Guerra del 14. El siglo XX terminó el 9 de noviembre de 1989 y desde esa misma década de los 80 las economías volvían a abrirse, acercando como nunca todos los rincones de la Tierra en lo que llamamos globalización. Es ya el momento de volver al oro.

Pero mientras no lo hagamos no tendremos más remedio que preguntarnos quién es este tal Bernanke. Se puede considerar un nombramiento continuista, en la medida en que ello es posible. Pero hay algo en su pensamiento que puede resultar peligroso. No cree que haya una conexión necesaria entre una política monetaria laxa y la creación de burbujas especulativas sostenidas sobre crédito sin respaldo real. Su criterio para una política monetaria se fija más en la observar que los precios de consumo no suban demasiado. Esto podría causar problemas. Una economía cada vez más abierta al mundo y con un mejor sistema fiscal sería enormemente productiva. En estas condiciones, los precios de los bienes normalmente tendrían que descender, pero si Bernanke no se fija tanto en el ritmo de la creación de crédito sin respaldo como en que los precios no varíen demasiado, su política acomodaticia puede resultar demasiado laxa con tal de evitar que caigan los precios. Y el resultado nunca puede ser bueno.

Por desgracia no contamos con el Patrón oro, que nos habría evitado tener que hacer cábalas sobre las ideas del tal Bernanke.

El lenguaje tributario

“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, reza el artículo 31.1 de la Constitución española, que recoge los principios y reglas materiales de nuestro sistema tributario. Se dice que en él se condensan los principios básicos que le confieren un carácter justo y de acuerdo con los valores constitucionales. Pero lo cierto es que no hay ni una sola palabra de este precepto constitucional que no sea chirriante con la libertad ni contradictoria con su propio significado.

Con el “todos contribuirán” encontramos la primera de las incoherencias de este importante artículo. Con este precepto los redactores de la Carta Magna pretendieron extender a la generalidad del pueblo la obligación de contribuir. Sin embargo, no se percataron de la fuerte oposición de ambos términos; pues “contribuir” es un acto totalmente libre y voluntario -cuando uno realiza una contribución está llevando a cabo un acto meditado por propia iniciativa. Mientras que el mandato a “todos” elimina cualquier posibilidad de elección, y por tanto, toda posibilidad de que uno pudiera decidir, sin interferencias, contribuir a algo (con su dinero). En términos orwellianos podría decirse que “lo obligatorio es voluntario”.

Con “de acuerdo con su capacidad económica” se supone que el sistema da cabida a la Justicia. Los mal llamados contribuyentes pagarían obligatoriamente según su capacidad económica, porque no es lo mismo cuando lo hace uno que tiene más dinero que cuando lo hace otro que tiene menos. No obstante, resulta igualmente injusto que ambos paguen, independientemente de la cuantía. Pero además, si tenemos en cuenta la cuantía, nos encontramos con que la Justicia deja de estar ciega, entrando en flagrante contradicción con la idea de la igualdad ante la ley, consagrada, por cierto, en otro artículo de la Constitución, el 14, que afirma rotundamente que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Lo que en términos orwellianos vendría a ser como: no toda desigualdad de trato de la ley infringe la igualdad ante la ley.

Estrechamente unido a lo anterior encontraríamos la progresividad. Así, una vez aceptado tácitamente que lo que se hace es algo voluntario (contribuir), que lo realizamos todos y cada uno de nosotros (generalidad), basado todo ello en la capacidad económica (igualdad), el sistema deviene perfectamente comprensible y asumible, y no resulta nada extraño para el ciudadano. Lo que ocurre, empero, es que gravar conforme a la renta obtenida no deja de ser un plus de discriminación y de injusticia, además de atentar contra el fruto de la empresarialidad de cada uno, su esfuerzo y su creatividad, y sobre todo, contra su propiedad y libertad.

“Un sistema tributario justo… que… en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Se dice que el principio de no confiscatoriedad supondría un límite a la progresividad y al sistema tributario en general. Supondría la salvaguarda de la propiedad privada y, en general, de la libre empresa. No obstante, uno podría preguntarse muy extrañado cómo los pagos, pero impuestos, que todos realizamos al fisco de manera voluntaria, pero por ley, e igualitariamente, pero según nuestra capacidad de pago, ¡podrían llegar a ser confiscatorios! Y es que por confiscatoriedad no se entendería la usurpación o desposesión de la propiedad ajena, cualquiera que sea su cuantía, por medios coactivos; sino simplemente aquella expropiación que sobrepasara unos ciertos límites. Lo que tal vez Orwell podría resumir con: lo confiscado, en realidad, es regalado.

 

Un artículo, un precepto, un sistema, producto de las ideas y lenguaje intervencionista que pervierte las palabras para subyugarlas a sus fines y que hay que combatir con astucia y con un buen asesor fiscal.

Ayudar al prójimo

En la parábola del Buen Samaritano (Lc 10, 25-38), un Maestro de la Ley le pregunta a Jesús qué debe hacer para alcanzar la vida eterna. Jesús le responde que dos cosas: “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo”. El Maestro de la Ley, que todavía no había visto satisfecha su curiosidad, inquiere a Cristo sobre quién es el prójimo. Para ello, Jesús le explica una parábola: “Un hombre fue asaltado y abatido por unos bandidos en el camino de Jerusalén a Jericó. Mientras estaba tendido en el suelo, pasaron por su lado un sacerdote y un levita que ni se dignaron a ayudarlo. Finalmente, llegó un samaritano, que lo montó en su caballo, lo llevo a la posada y pagó el hospedaje hasta su recuperación”. Según Jesucristo, este buen samaritano había obrado como el prójimo, por lo que instó al Maestro de la Ley a hacer lo mismo.

Durante mucho se ha considerado que este mensaje salvador sólo podía desembocar en un Estado socialista y paternalista. La obligación moral de ayudar al prójimo, de amarlo como a uno mismo -incluso de pagarle la posada- evidenciaban que Jesús era un socialista que quería redistribuir la propiedad de los ricos hacia los más necesitados. Sin embargo, esta interpretación de las Sagradas Escrituras es del todo incorrecta.

La clave para entender este pasaje se encuentra en la palabra prójimo. Prójimo viene de proximus, esto es, próximo, “que está cerca”. En otras palabras, Jesús nos insta a amar, respetar y ayudar a los que tenemos cerca, a las personas que caen dentro de nuestro radio de información. Este matiz es importante para disociar el mensaje bíblico de la “justicia cósmica” y del Estado providencia.

En otras palabras, el mensaje cristiano es contrario al constructivismo racionalista porque, como explicó Hayek: nadie puede llegar a conocer más que una minúscula porción de la sociedad y por lo tanto todo lo que puede ser incluido en sus motivaciones son los efectos inmediatos de sus actos en el ámbito que le es conocido (…) las necesidades humanas por las que él “puede” efectivamente preocuparse son una cantidad insignificante de las necesidades de todos los miembros de la sociedad.

De hecho, el entero pasaje bíblico es una reivindicación clarísima del capitalismo y la caridad privada frente a la torpeza y ceguera de los planificadores. Ya desde el comienzo, el Maestro de la Ley (el experto en derecho) es incapaz de reconocer a la figura del prójimo. En otras palabras, la ley no puede controlar las relaciones sociales, ya que la respuesta sobre a quién ayudar no puede hallarse en la ley, sino en el corazón y la experiencia de cada uno. Así mismo, al final del pasaje Jesús no exhorta al Maestro de la Ley a que difunda entre los judíos que están obligados por ley a ayudar al prójimo, sino que él mismo, de manera individual, lo haga.

En la parábola, además, quienes abandonan al hombre malherido son el sacerdote y el levita, personal del Templo. Y, en cambio, quien lo ayuda es un proscrito de la fe, el samaritano. La ley pues, no sólo no es necesaria, sino que incluso dificulta la ayuda al prójimo.

El samaritano monta a la víctima en su caballo y al llegar a la posada le paga al posadero con su dinero. Esta parte me parece esencial para la entera comprensión del pasaje. Si, en realidad, Jesucristo hubiera querido que cada persona se hiciera parte de todo el mundo restante, en ese momento el posadero debería haber rechazado las monedas que le ofrecía el buen samaritano, por tener la obligación de ayudar al prójimo.

Pero quien se encontró al hombre malherido fue el samaritano, no el posadero, por tanto el posadero bien podía cobrar y lucrarse por el mantenimiento de aquél. De hecho, Jesús afea sus conductas al sacerdote y al levita, pero no al posadero. Lo cual, dicho sea de paso, ilustra que podemos pagar a otros (caridad privada) para que se ocupen de los necesitados. El samaritano, cuando paga, se desentiende de su cuidado.

Así pues, Jesucristo no pudo amparar la redistribución forzosa de todos los recursos, pues era consciente de la imposibilidad de planificar desde arriba las necesidades de la sociedad. Así mismo, aseguró que el amor al prójimo es un requisito para la vida eterna, no para la terrenal. De manera que debía ejercitarse como una decisión libre y moral.

Precisamente, el Estado de Bienestar es todo lo contrario: una casta política de legisladores, confisca el dinero a los ciudadanos, para redistribuirlo ciegamente hacia personas que ni conocen. Difícilmente podemos calificarlo como una ayuda al “prójimo”.

Cuando lo real se oculta

Muy poca gente sabe que hace sólo medio siglo Cuba era más rica que Italia, o que Paraguay doblaba en ingreso per cápita a Corea del Sur, país este que, por aquel entonces, igualaba en riqueza a Zambia. Y si la gente no lo sabe es porque nadie se ha ocupado en decírselo. Lo que deberíamos hacerlo solemos pasarlo por alto porque lo damos por hecho. Tan convencidos estamos del poder creador del libre mercado que, por lo general, olvidamos que un buen ejemplo vale más que la mejor teoría. Pero no toda la culpa es nuestra. Un velo de silencio ha caído sobre las naciones no occidentales que han prosperado en los últimos cincuenta años.

Decir que un buen puñado de países, muchos de ellos superpoblados y hasta ayer pobres de solemnidad, se ha incorporado al primer mundo y hoy disfruta de rentas anuales más abultadas que las de la explotadora Europa no es, digamos, “económicamente correcto”. La letanía de los neosocialistas, es decir, de los del “Otro mundo es posible” consiste esencialmente en pintar un panorama catastrófico en el que los pobres serán cada vez más pobres por culpa de los ricos que quieren ser cada vez más ricos y poderosos a costa, naturalmente, de las penurias de los primeros.

Es el marxismo de siempre, la división del mundo en una dialéctica perversa que no conoce más que opresores y oprimidos. Así, el papel de las depauperadas masas proletarias lo interpretan ahora los no menos depauperados países del Tercer Mundo. El clásico ejercicio por el cual la riqueza en una sencilla operación de suma cero. Si yo tengo algo es porque te lo he quitado a la fuerza. Una injustísima relación provocada por “términos de intercambio” que sólo benefician a una parte y que exigen reparación inmediata. La nueva vanguardia revolucionaria son los movimientos indigenistas –los pueblos– guiados sabiamente por líderes justicieros en la línea de Chávez, Castro, Evo Morales o Mugabe. No importa demasiado que Venezuela, Cuba o Zimbabwe sean una ruina política, económica y moral. Los detalles no importan demasiado, sólo cabe remarcar el meritorio hecho de que estos valientes han roto con el nudo gordiano de la dominación capitalista invirtiendo los dichosos “términos de intercambio”.

La realidad, sin embargo, es terca y se niega a plegarse a los dictados de los apóstoles del caos. Extremo oriente es el mejor ejemplo pero no el único. Hong Kong, por ejemplo, es ahora más rico que su antigua metrópoli. Y esto es necesario recordarlo porque, con el manual en la mano, los hongkoneses estarían condenados a la perpetua explotación de sus antiguos dominadores. ¿Cómo es posible que sean ahora más ricos que ellos? Tailandia avanza con paso firme hacia el primer mundo mientras que su vecino, Birmania, uno de los de esos edenes socialistas que viven al margen del mundo, no llega a fin de mes y padece una cruel dictadura desde hace décadas.

En África, madre patria de todas las miserias, el patrón se repite. Los que han abrazado, aunque sea ligeramente, las recetas liberales disfrutan de un mejor pasar que los que perseveran en los controles de precios y las expropiaciones. Bostwana, sin ir más lejos, que, desde el principio, promovió el libre comercio y respetó la propiedad privada, crece resueltamente y hoy se encuentra a la cabeza del continente en renta per cápita.

En concreto, los bosquimanos gozan de unos privilegiados ingresos de 9.200 dólares por barba, es decir, justo la mitad de los portugueses. ¿Cuánta gente sabe esto? Sus vecinos, dilectos alumnos de la escuela del tercermundismo, se encuentran a años luz en términos de renta per cápita. Zambia no llega a los 1.000 dólares, Angola pasa con apuros de los 2.000 y Zimbabwe estaba el año pasado en 1.900 dólares y bajando, porque la desdichada nación africana decrece a un ritmo del 8% anual. Los tres países se encuentran, además, exportando emigrantes a Bostswana desde hace años, y esto no requiere demasiada explicación. ¿Le sorprende que nadie antes se haya ocupado en hacer una comparación tan simple? Normal, casi nadie la hace, y no porque salte a la vista sino porque no interesa. La causa de los “pobres de la tierra” no sólo se defiende con propaganda sino con toneladas de desinformación. Cuando es imposible negar lo real la única vía es ocultarlo.

Calles arias

En realidad, a los socialistas no les irritaba el hecho de que la calle fuera el cortijo particular de un político, sino que no fuera su cortijo. De la misma manera, uno puede recordar la avalancha de críticas, procedentes de la izquierda, que recibió Aznar cuando prometió "limpiar las calles" de pequeña delincuencia. Por lo visto, el socialismo siente una filia irresistible por el robo, los atracos y la intimidación. No es de extrañar, pues, que padeciera una acentuada urticaria cada vez que algún político prometía –aun para no conseguirlo– acabar con la criminalidad.

Combinando las dos filias de la izquierda (la propiedad pública de las calles y su pasión por la criminalidad) inferimos cuál será su obsesión con respecto a las calles: dominarlas para erradicar todo atisbo de libertad.

No debe extrañarnos, por tanto, que el insigne alcalde de Barcelona haya propuesto una nueva "Ordenanza para garantizar la convivencia" que articula el típico sistema represivo y neoinquisidor que tanto agradada a la izquierda.

Solamente el nombre de la ordenanza ya ilustra perfectamente la mentalidad socialista: pretende ordenar la vida de las personas a través de la dirección y del poder político. Como ya dijimos, para la izquierda sólo puede existir la sociedad como fruto de la consciente planificación del político. Los barceloneses necesitan de los mandatos coactivos de su ayuntamiento para poder convivir. O Clos o el caos; a pesar de que con la ordenanza vayan a sufrir a Clos y el caos.

El contenido del anteproyecto es francamente escalofriante y opresor. Clos quiere construir una ciudad de autómatas, de hombres grises sin personalidad ni vida propia. La izquierda odia las desigualdades, no puede tolerar la visión de ciudadanos con distintos modos de vida, con diferentes formas de comportarse. Fuera de casa, en la calle, en los espacios públicos, los ciudadanos deben mantener las formas, deben actuar conforme al estándar de "ciudadano catalán idealizado". Ninguna desviación resulta aceptable.

Por ello, ciertos grupúsculos de indeseables deben ser eliminados, al estilo de la antigua URSS. Y es que el único lenguaje que entiende la izquierda es el de la violencia, la coacción y la represión.

Mendigos y otros maleantes

La ordenanza castiga la mendicidad reincidente con multas de hasta 3.000 euros. Los socialistas no pueden consentir que en su burgo, en su Nueva Jerusalén, exista la pobreza. Al fin y al cabo, ¿no era misión de la izquierda erradicar las desigualdades y el hambre en el mundo? ¿Cómo puede ser que en la propia Barcelona, ciudad progresista por excelencia, haya gente menesterosa? Mejor será esconderla.

Así, las multas irán acompañadas de una reclusión en los centros sociales públicos con el objetivo de "reeducar". Quizá Clos piense que los mendigos barceloneses no han entendido los principios del socialismo militante; en lugar de pedir en la calle, deberían reclamar la subvención pública. Los cineastas españoles saben bastante de esto.

En realidad, con la reclusión estamos ante un intento deliberado por erradicar a los individuos "incómodos", de apartar a los mendigos de la sociedad. Los barceloneses deben ser pulcros y elegantes: no puede consentirse semejante afrenta a la buena imagen internacional de la ciudad.

Vagos y maleantes deben desaparecer del paisaje urbano e institucionalizarse, convertirse en parásitos del ayuntamiento, en una especie de nuevos esclavos; de nuevos juguetes con los que justificar el incremento del gasto social y de la intervención pública.

En lugar de expandir su libertad, de eliminar las restricciones legales que condenan a miles de personas a la pobreza –como es el caso del salario mínimo–, la izquierda sólo tiene en mente continuar con su dirigismo y planificación. No da para más.

La persecución del inmigrante

Ya explicamos en su momento por qué la retórica proinmigración de la izquierda está hueca. Los socialistas quieren hundir en la miseria a los inmigrantes para utilizarlos como ariete político. No les interesa que toda esta gente se asiente, se integre y se enriquezca: en ese caso, en lugar de demandar más intervencionismo, pasarían a clamar por una mayor libertad, de la que es enemiga la izquierda.

En este caso volvemos a comprobarlo. Muchos inmigrantes se ganan la vida dignamente vendiendo CD y DVD, satisfaciendo y amenizando la vida de muchos ciudadanos. Es un proceso típicamente capitalista: ambas partes salen beneficiadas de la transacción.

De manera similar, el PSOE irrumpe en esta transacción con un proceso típicamente estatalista: impedir las relaciones libres entre dos individuos. Tanto el cliente como el vendedor de los "top manta", por obra y gracia del alcalde de Barcelona, podrán ser sancionados con una cuantía de hasta 500 euros. Ya sabe: la próxima vez que le ofrezcan un CD asegúrese de que la policía del pensamiento y las buenas costumbres no esté cerca.

Los antiguos amigos del sexo libre

La actitud neoinquisitorial de la izquierda se demuestra, una vez más, en el caso de la prostitución. Al margen de la calificación moral que nos merezca tal dedicación, lo cierto es que los socialistas nos vendieron durante mucho tiempo una imagen abierta, "progre" y defensora del derecho de un individuo a trabajar en la prostitución. Sólo la derecha cavernaria, afirmaban, podía oponerse a la "libertad de la mujer" para utilizar su cuerpo como mejor creyera conveniente.

Lo cierto es que, en última instancia, la derecha liberal se ha mostrado mucho más respetuosa con las prostitutas –aun cuando considere inmoral su forma de ganar dinero– que la izquierda propagandística. Los liberales son conscientes de que cada persona es libre de hacer cuanto quiera mientras no dañe a los demás.

El PSOE, como es habitual en su tradición, parece no adherirse al valor de la libertad individual; prefiere la coacción colectiva. La ordenanza es clara: tanto la prostituta como el cliente podrán ser sancionados con 500 euros. Nuevamente, la izquierda vuelve a meterse en la cama de los ciudadanos. Cuando aún no hemos conseguido sacarla de nuestros bolsillos –de hecho, cada vez está más adentro–, sus ínfulas intervencionistas se dirigen a erradicar la intimidad y privacidad de los seres humanos. No es de extrañar, por tanto, que un colectivo de prostitutas de Barcelona haya tachado la ordenanza de "dictatorial". Dictatorial y totalitaria, con todas las letras.

¿Y las pancartas?

Las proclamas del "No a la Guerra" pasarán a la historia; al menos, eso parece deducirse de la prohibición de la "contaminación visual" que contiene la ordenanza. Carteles, pancartas y panfletos quedan prohibidos. Es evidente que la izquierda desprecia la libertad de expresión. Siempre lo ha hecho. La restricción del espacio radioeléctrico o el Estatuto del Periodista son dos pruebas más que evidentes.

Con esta ordenanza, además, se propone evitar la difusión de cualquier idea en las ciudades. Si un barcelonés quiere protestar contra su "excelente" ayuntamiento podrá ser sancionado con una multa de hasta 3.000 euros. De esta manera, el poder político pretende conseguir el silencio total y absoluto de la disidencia.

Por poner un ejemplo, los vecinos del Carmel no sólo serán ignorados, a pesar de la agresión política que sufrió su propiedad privada; tras esta ordenanza ni siquiera se les permitirá criticar que el Consistorio socialista los margine.

Se acabaron las buenas épocas liberales de los panfletos y los libelos. La izquierda, ante su analfabetismo ideológico, teme que la gente le lleve la contraria. Por eso pretende acallarla.

Conclusión

Los neoinquisidores utilizan una táctica enormemente eficaz: reprimir al ciudadano y recordarle que tanta coacción no tiene otra finalidad que conseguir su propio bienestar.

En realidad, nos encontramos ante otro intento deliberado por controlar todos los resortes sociales, eliminar la libertad de los individuos y subordinarlos al poder político. El socialismo es un movimiento neoinquisitorial que busca ajustar a todos los individuos en sus retorcidos moldes de comportamiento. Odia la desigualdad y, por tanto, la persigue.

Clos busca unas calles limpias de maleantes, desviados, degenerados subversores, gandules y pobretones. Unas calles arias, en definitiva. La ideología de la pureza racial trasladada a nuestras "obligaciones cívicas" en la vía pública. Nuestra mejor convivencia requiere que nos convirtamos en esclavos del Estado.

Ahora bien, no creamos que el antiliberalismo redomado de Joan Clos es la excepción entre nuestra clase política. Otros, en este caso del PP, no tan tardado nada en atribuirse la paternidad del engendro regulador. De hecho, quienes más han aplaudido el texto izquierdista en el ayuntamiento de Barcelona han sido los concejales del PP y los nacionalistas de CiU. Pocas esperanzas podemos tener en que los políticos protejan nuestra libertad, cuando son sus principales conculcadores.

Al fin y al cabo, como decía Hayek, socialistas los hay en todos los partidos; y me temo que, en España, defensores de la libertad no lo hay en ninguno.

¿Qué nos mueve?

Hace seis meses me llevé la sorpresa de encontrar un informe “secreto” en Internet en el que el protagonista era yo. El documento aseguraba en su título que había sido desvelada la relación entre mi persona y la empresa Exxon. En el texto no podía encontrarse ni rastro de una misteriosa conexión que, por desgracia, no existe. Quienes lo escribían posiblemente intuían la inexistencia de dicha relación y por ese motivo me elevaron de investigador asociado y representante del CNE a, nada más y nada menos que, presidente.

Un par de meses después, en el transcurso de un debate celebrado en Canal Sur sobre Catástrofes Naturales, tuvo lugar otro hecho curioso. El banco de los ecologistas radicales, compuesto por Juan López Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España, Juan Clavero, miembro de Ecologistas en Acción, María Antonia Iglesias y José María Mendiluce, me dedicó toda una retahíla de insultos al tiempo que ignoraban mis preguntas y me acusaban de estar a sueldo de grandes multinacionales o de estar defendiendo oscuros intereses. El presidente de Greenpeace llegó a comentarme en privado que lo que no podía negarme es que me había aprendido muy bien la lección dictada desde arriba. En ese mismo debate María Antonia Iglesias insistió una y otra vez en una cuestión dirigida, claro está, a los que nos sentábamos en el otro banco: ¿Qué les mueve? No le importó ni un comino que le contestásemos una y otra vez que nos mueve el esfuerzo por conocer la verdad en este campo. Ella concluyó que mentíamos y que son las petroleras las que dictan nuestra actividad.

Hace pocos días el diario en Internet El Plural dio a entender que el Instituto Juan de Mariana y yo hacemos nuestra labor en defensa del medio ambiente, la libertad individual y en contra del principio de precaución, el protocolo de Kyoto y el ecologismo radical porque existe alguna oscura conexión entre las petroleras y supuestos lobbies a su servicio y nuestras actividades. Vamos, que somos algo así como los delegados del Belcebú en España.

Con motivo de un reciente artículo en Libertad Digital sobre la ONCE un enfurecido lector escribió: “No entiendo, salvo que trabajes al dictado de alguien, que pongas en tu punto de mira una entidad de la que viven 100.000 familias en este país.”

Todas estas críticas tienen algo en común. En ninguna de ellas su autor se toma la molestia de rebatir los argumentos que le habían sido expuestos. En cambio, tratan de que el público o incluso personas del entorno del Instituto Juan de Mariana duden de la motivación que pueda haber detrás de nuestro esfuerzo. Apuntan a oscuros intereses para no mojarse en el barro del debate racional. Como parece que esta táctica de los intervencionistas y grupos en defensa de todo tipo de privilegios va a ser una constante a la que nos vamos a tener que enfrentar, merece la pena hacer algunas reflexiones al respecto.

Puesto que trabajamos en aquellos asuntos en los que creemos y no estamos dispuestos a defender ningún tema que no suponga una defensa de la libertad individual de todas las personas, no tendría nada de malo recibir fondos de las pequeñas, medianas o grandes empresas que sepan cuales son los valores que defiende el Instituto. Y aprovecho la ocasión para solicitar a esas malvadas empresas que dicen defender el libre mercado para que nos ayuden a desempeñar nuestra labor con una lluvia de generosas donaciones.

No sólo no sería malo aceptar ayudas por parte de empresas que tengan intereses coincidentes con el Instituto sino que esa debe ser precisamente parte de nuestra sólida estrategia de futuro. Como es bien sabido, el IJM no acepta ningún tipo de ayudas o subvenciones públicas. La combinación de esa renuncia y la clara exposición de nuestros principios constituyen nuestra garantía de independencia. Por el contrario, nuestros rivales han demostrado una y otra vez que están dispuestos a comprometer y variar sus erróneas ideas por una tajada de los impuestos públicos, un coche oficial o la defensa de un político. Es su financiación y sus motivaciones lo que con frecuencia apestan.

Si bien su táctica de desprestigio puede influir en algunas personas, la gente racional e inteligente juzgará en función de los argumentos que expongamos ambos bandos. Y es entonces, al calor de la argumentación racional, cuando sus mentes amasadas con pasta pública se derriten. No contestan al argumento de que Kyoto distorsionará la economía empobreciendo a millones de personas mientras que sólo reducirá 0,02 grados centígrados; no responden a los datos sobre incidencia de huracanes; no alegan nada a los datos sobre el desigual deshielo; no rebaten que la inmensa mayoría de los ciegos trabaja para vender participaciones en un juego que es un monopolio otorgado por el estado; y así hasta el infinito. Ladran que hay algo oscuro en nuestras intenciones. Eso es todo.

Lo cierto es que sus argumentos, aquellos con los que raras veces nos contestan pero que sí exponen a sus fanatizados seguidores, son tremendamente limitados y contradictorios. Tenemos que ser conscientes de esa gran debilidad de nuestros rivales y explotarla con paciencia, perseverancia y perspicacia. Responderán manifestándose ante nuestros actos, robando en nuestra basura y quién sabe si con actos incluso más agresivos. También en esos momentos tendremos que mantener la cabeza fría. Una cámara de video siempre a mano nos puede ayudar a dar muestra de su talante, dejar informes falsos en la basura puede mantenerles entretenidos con “escándalos” fácilmente desmentibles y airear sus constantes insultos y mentiras pueden cambiar la percepción que tiene el ciudadano de estos contaminadores del debate público.

Resulta evidente que nuestros argumentos les duelen. De lo contrario no tratarían de desprestigiarnos de formas tan ridículas y groseras. No hay nada más doloroso para un fanático que escuchar un razonamiento contra su propio credo y no ser capaz de rebatirlo. Vamos por el buen camino, no me cabe la menor duda. Ahora sólo falta que las empresas nos inunden con sus aportaciones dinerarias. Que podamos contestar a nuestros detractores que “sí”, que “estamos orgullosos de merecer la confianza de cientos de personas y algunas empresas”. En mi carta a los Reyes Magos he pedido una lluvia de dinero proveniente de empresas privadas. Como nos hemos portado bastante bien confío en que, al menos, no nos traigan carbón (en todo caso un poquito de petróleo, por favor).

El cambio del modelo sueco

Suecia ha sido considerada durante años como el paraíso socialdemócrata al que debía aspirar cualquier sociedad civilizada. Sin embargo, sin que generalmente se informara en nuestro país sobre ellos, el país nórdico ha ido derribando algunos de los símbolos inamovibles para nuestra progresía local. Así, por ejemplo, adoptó ya en 1992 el cheque escolar para facilitar la elección de los padres de la mejor enseñanza para sus hijos, aún cuando éstos tuvieran la ocurrencia de preferir escuelas privadas. En un país en el que los sindicatos de estudiantes de treinta años se manifiestan porque el gobierno se resiste a dar latigazos a todo aquel que ose pretender ser una alternativa a la sacrosanta educación pública, una noticia así debería ser un shock. Quizá por eso es un hecho desconocido.

Mauricio Rojas, inmigrante chileno y diputado por el Partido Liberal en el Parlamento Sueco, ha publicado un libro que supone un redescubrimiento de la realidad sueca. El país nórdico no ha dejado de ser una socialdemocracia, pero ha cambiado de paradigma para ofrecer un sistema de “bienestar social” en el que las decisiones de cada ciudadano, y no el Estado, tenga cada vez más peso. Según las palabras del antiguo director de Timbro, Suecia ha pasado de tener un Estado benefactor a tener un Estado posibilitador, que redistribuye ingresos pero impone soluciones cada vez menos estatistas a los problemas de asistencia social, educación, sanidad o pensiones.

P.J. O’Rourke, en su apasionante y divertidísimo libro “Eat the rich”, escrito para averiguar “por qué algunos países prosperan y medran mientras otros simplemente apestan”, fue a Suecia a finales de la década pasada y preguntó cómo era posible que las cosas les fueran aparentemente tan bien si los indicadores económicos eran tan malos. “No tenemos ingresos, pero sí riquezas. Si vives en una casa grande y hermosa, tus vecinos pensarán que eres rico y, en cierto sentido, tendrán razón. Pero no te verán ir al banco a solicitar una segunda hipoteca”, le respondieron. El elefantiásico estado del bienestar sueco se construyó sobre la base de una prosperidad construida a base de libertad de empresa y de comercio y de la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Primero fueron ricos y luego se gastaron todo repartiéndose el dinero y gastándolo por medio de la burocracia.

En los años 90 vino el desastre. El desempleo pasó del 2,6% en 1989 al 12,6% en 1994, mientras el gasto público se disparaba del 56,2 al 72,8% del ingreso nacional. Desde entonces, en Suecia no sólo se dispone de cheque escolar sino que una parte de las pensiones es gestionada por los trabajadores de forma privada, convirtiendo Suecia en un país de inversores en acciones y acercándolo a una sociedad de propietarios. Otros servicios como la sanidad o el cuidado de niños o ancianos, está siguiendo progresivamente el mismo camino que la educación, a través de sistemas como los cheques o del pago directo del gobierno a proveedores privados, aunque de forma desigual al ser iniciativa de los gobiernos locales. Muchos monopolios estatales, como los de las telecomunicaciones, transportes urbanos o producción de energía, han sido desmantelados.

Suecia se ha transformado de lo más parecido a una sociedad socialista democrática que haya existido jamás a una nación donde los ciudadanos tienen cada vez más libertad de elección y responsabilidad personal, hasta un grado que, en muchos campos, resulta desconocido en nuestro país. Nuestros gobernantes harían mejor en fijarse en la Suecia real y actual que no en esa que sólo existe en sus sueños, si de verdad les importa el bienestar de sus ciudadanos.

Las amenazas al gobierno funcionan

El sector de los transportistas ha conseguido la mayoría de sus exigencias a costa de amenazas, paros y violencia. La conclusión que hemos de sacar es clara: organízate, quéjate por todo, chantajea al gobierno y usa la violencia de los piquetes contra los que no están de tu parte para conseguir tus fines. Es muy duro que una sociedad se tenga que fundamentar en estos valores. El problema es que si funciona a uno, ¿qué impide que el resto de sectores que están agrupados en diferentes asociaciones no hagan lo mismo? Nada. El poder omnipotente, partidista y despótico del gobierno genera siempre el caos y la miseria colectiva.

La pregunta que nos hemos de hacer, como actos económicos individuales, es: ¿qué gano con este tipo de sociedad planificada y partidista? Nada tampoco. Fíjese que en la sociedad actual basada en la barbarie socialista sólo ganan los que se organizan en grupos que usan los métodos antes mencionados a expensas de los que no están organizados. Usted como consumidor pierde porque el estado le roba sin recibir nada a cambio, y usted como asalariado, empresario de otro sector… también pierde. Al final somos la mayoría de la sociedad que tras ir perdiendo poder adquisitivo continuo mediante los impuestos e inflación que genera el estado (inflación crediticia aumentando la oferta monetaria) alimentamos a una minoría gritona e histérica que cree que cualquier medio justifica su fin. Les es más fácil amenazar a la sociedad y al estado que recurrir al pacífico libre mercado.

El remedio a esta situación de caos y barbarie es muy simple: más libertad económica, o lo que es lo mismo, más Capitalismo. El gobierno no ha de entrometerse en los asuntos privados de las personas ni en sus negocios, y no sólo porque hace ganar a unos a expensas de los otros, sino porque el estado no es nadie para gestionar nuestros ingresos, ahorros e inversiones como le plazca.

En un estado de laissez-faire absoluto estas cosas no pasan. En una sociedad que convive bajo el pacífico paraguas del laissez-faire cada uno es responsable de sus acciones, ya sean buenas, malas o fortuitas. No se castiga, como sucede actualmente, al menos indefenso para dárselo al quejica y al violento. Y es esta garantía también la que hace que las cosas funcionen y nosotros, como actores económicos en conjunto, ganemos más.

En una sociedad libre (laissez-faire) cuando un sector empieza a morir o se debilita sus recursos se reubican en otros escenarios de la producción donde son más necesarios, es decir, se destinan los factores productivos (trabajo, capital…) a las cosas que el consumidor desea. No se mantienen sectores muertos o sobre explotados. Este flujo continuo es lo que permite además la innovación y creación de riqueza. Los impuestos, leyes que pretenden regularlo todo y grupos de presión dinamitan esta armonía creando el caos económico y social.

Evidentemente, las quejas de los transportistas son lógicas, y es que el auténtico culpable de la situación es el gobierno económicamente asfixiante que no piensa en más que recaudar. Pero la solución no es hacer leyes especiales a un sector porque pueda quejarse más, sino eliminar la injusticia que genera el estado, y esto sólo puede ser reducir drásticamente las leyes, impuestos y el propio estado.

Química letal

En esta ocasión la idea consiste en regular un sistema de registros, evaluación y aprobación de las 30.000 sustancias químicas que se producen, se utilizan o comercian en el viejo continente. Un costosísimo sistema que las empresas estarán obligadas a costear y que, por lo tanto, el consumidor tendrá que pagar.

Ya me he referido con anterioridad a varios problemas fundamentales que el “principio de precaución” trae consigo. En general supone la prohibición o el encarecimiento injustificado de una actividad para eliminar un supuesto riesgo asociado. Sin embargo, toda acción humana conlleva incertidumbres y riesgos. De modo que si llevarla a cabo tiene un riesgo asociado, su prohibición también lo tiene. Así, nuestros gobernantes nos impiden asumir ciertos riesgos bajo responsabilidad de quien desarrolla la actividad y nos impone otros que con frecuencia son mucho mayores. El DDT, su prohibición para uso agrícola y los millones de muertos a causa de la malaria a los que esa prohibición contribuye es un caso clásico.

Los engendros políticos que surgen del “principio de precaución” también debilitan las formas naturales de combatir el riesgo a través de métodos que surgen de la cooperación social como la innovación, el ahorro y la fortaleza de instituciones como los seguros. Existen miles de productos químicos que diariamente nos facilitan o nos salvan la vida y hay muchísimos más que están por descubrir. El REACH conlleva el mayor coste o la prohibición de utilizar de manera responsable algunos de los productos que conocemos y dificultar, retrasar o incluso llegar a impedir el descubrimiento de los que aún no tenemos debido al lastre que este sistema regulador supone para la innovación y el verdadero progreso social.

Pero el REACH no sólo tiene todos los efectos nefastos de la expropiación de la gestión individualizada del riesgo y su sustitución por una estatal y centralizada. Implica además un elevadísimo coste que tendrá un fuerte impacto sobre las industrias pequeñas y medianas en las que el volumen de producción no justifica los nuevos gastos que representa el REACH. Este hecho podría explicar por qué muchas grandes empresas químicas apoyan la nueva regulación.

Por último, esta idea nos devuelve a las políticas económicas que durante la segunda guerra mundial aplicó el Tercer Reich de Adolf Hitler. Y es que la propuesta de la Comisión establece que a la hora de autorizar un producto químico se tenga en cuenta si existe alguna alternativa que ya haya sido analizada en el mercado. Es la vuelta de la nefasta Ersatzproduktion. Pero esta vez no llega de la mano del prejuicio contra el libre comercio o de la imposibilidad para acceder a un mercado por parte del totalitarismo nacional-socialista, sino de la química letal que resulta de la unión del intervencionismo Bruselita con el ecologismo radical.

El liberalismo, lo pequeño y lo grandioso

En una ocasión un amigo mío me lanzó su enésima crítica al liberalismo. De haber triunfado desde el comienzo de la humanidad, me decía, no contaríamos con muchas de las grandes obras que conocemos y admiramos. Que han sido motivo de inspiración de poetas y literatos, que están asociadas a momentos de la historia que los cronistas de nuestro pasado reproducen con fruición y asocian a palabras como grandeza, esplendor o belleza. Se erigen en símbolos del poder del hombre, de sus conquistas sobre la naturaleza. Son victorias excelsas; y son victorias del Estado.

Por supuesto, mi amigo tenía razón. Si las sociedades humanas hubieran sabido mantener su libertad desde antiguo seguramente no existirían las pirámides de Egipto, ni las de Méjico. Ni el Taj Mahal, ni palacios como el de Versalles. Los ejemplos son innumerables, pueden llenar miles de páginas, porque las han llenado, y solo ilustran esta verdad esencial sobre el liberalismo.

Claro, que si miramos de cerca cada una de esas maravillas, si no nos cegamos con el brillo de su esplendor, lo que emerge es la brutal coacción a la sociedad por parte del Estado al servicio de sus más celebrados criminales. Las pirámides de Egipto las construyeron ejércitos de esclavos, forzados a dedicar sus esfuerzos a muros proyectados para cerrar el cadáver de sus amos. Cuando la sociedad se hizo más compleja, el esclavismo directo se fue sustituyendo por el más indirecto, que no fuerza a dedicar el esfuerzo personal a los deseos del Estado, pero sí los frutos del mismo, por medio de los impuestos.

¿Qué se hubiera producido si los antiguos, y después de estos quienes les seguimos, hubieran mantenido su libertad? Una familia habría podido comer carne una segunda vez al mes, otra podría haber reparado la casa, una tercera hubiera acumulado el ahorro necesario para una tierra y unos aperos que hubieran asegurado el futuro de la siguiente generación o un carro más que habría llevado los productos del lugar a otro más lejano, donde habrían sido bien recibidos a cambio de dinero. Miles de historias pequeñas que no merecerían la mirada de los poetas, el juicio elogioso de los arbitristas o el asombro de historiadores y artistas. Simples historias personales, que cambian la vida real de las familias y contribuyen a su progreso y el de sus hijos y no a los caprichos o a las necesidades “de Estado” de los dirigentes.

 

Todo ello no quiere decir que las sociedades libres, en creciente complejidad, no hubieran dado lugar a creaciones grandiosas. Pero en lugar de estar al servicio de reyes, cortes y políticos, estarían al servicio de los ciudadanos de a pie y de quienes han creado la suficiente riqueza como para elevarse sobre las necesidades más inmediatas y comunes.