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¿Cómo preservamos la biodiversidad? (I): el modelo público

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Una consecuencia del bombardeo continuo de fundamentos ecologistas, ajenos en muchas ocasiones a los principios ecológicos, nos lleva a hacernos preguntas como la que ilustra este comentario para inmediatamente adoptar los sistemas propugnados por ellos mismos, siempre tan mediáticos y populares. En esencia no dejan de patrocinar una protección bajo la tutela del Estado a través de leyes, normativas y reglamentos cuyo cumplimiento depende de los presupuestos que la Administración correspondiente quiera adjudicar. Los resultados a la larga, una vez superada la euforia inicial, suelen ser bastantes insatisfactorios para todos, lejos de los resultados esperados. Aunque a efectos prácticos, los grupos ambientalistas consiguen no poca influencia y poder en las Administraciones.

Las Administraciones, o los que aspiran a ocuparlas, son muy dados a incumplir aquello que prometen en momentos como los periodos electorales en los que esas promesas son su futuro. Por ley, en España, todos los Parques Naturales, el nivel de protección más alto de un territorio por detrás de los Parques Nacionales, deben tener aprobado y en activo un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) que permite a los afectados tener una ligera idea de lo qué pueden o no pueden hacer, dónde y cuándo. A fecha de hoy, un número nada desdeñable de ellos carece del PORN correspondiente. En Madrid, la cumbre de Peñalara, protegida desde hace 75 años y Parque Natural desde el año 1990, ha visto aprobado su PORN en la Resolución 17/2003 de la Comunidad de Madrid, 13 años después.

Las Administraciones pecan en esta protección de lo mismos males que en otros ámbitos regulados. Las normativas no responden a los deseos y necesidades de la muchos implicados sino a los de unos pocos que creyéndose con la verdad, propician poco más que protestas e incluso actividades indeseables. Los presupuestos son escasos para los objetivos previsto pues los dineros son limitados por muy larga que tenga la mano papá Estado en el bolsillo del contribuyente. Muchos funcionarios, como los guardas forestales o la administración del parque, terminan desmotivados y superados por los acontecimientos. La corrupción y el amiguismo que imperan en las administraciones locales favorecen continuamente el fraude de ley hasta el punto de que se descuidan ciertas actividades esenciales, lo que propicia los desastres que vemos en los televisores. Los pelotazos urbanísticos, seamos serios, son una realidad con el Estado como principal culpable.

Los buenos motivos iniciales, que no dudo que los hubiera, terminan pervirtiéndose y, como no puede ser de otra manera, los implicados terminan pidiendo más dinero cuando lo que deben es optimizar lo que tienen, intentando añadir un poco de sentido común al problema, dándose cuenta que los recursos surgen del bolsillo de un contribuyente que poco puede hacer para luchar contra la ineficacia en la que se invierte lo que fue suyo. No pocos terrenos de titularidad pública aparecen degradados, con una presión elevada sobre las especies que allí viven. Tal es el caso de los cotos de caza públicos en cuyos terrenos los cazadores apenas si encuentran un conejo que disparar o una perdiz que levantar.

De nuevo, la propiedad se convierte en el sistema más eficiente para la preservación del medio y por tanto de la biodiversidad. Dejemos claro aquí que no hay un sistema perfecto que impida toda degradación. La naturaleza se verá presionada por la mano del hombre pero sin olvidar que, como el castor que construye presas o las termitas que levantan termiteros, nosotros formamos parte de esa biodiversidad, de la naturaleza, con nuestros vicios y virtudes. Pero también debemos dejar claro que la propia naturaleza ha desarrollado sistemas, tan viejos como las especies, que le permiten recuperarse en tiempos relativamente cortos. Estos dos aspectos son ignorados por los ecologistas que ven a ese primate que se hace llamar humano como un virus para el planeta.

Adios, sucesiones, adios

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, persevera en su afán de convertir a la autonomía que dirige en lugar privilegiado para el progreso económico de sus habitantes, en comparación con los oscuros presagios que anuncian cada día otras regiones españolas. Aguirre eliminará en breve –junto con la donación– otro injusto artilugio fiscal: el impuesto de sucesiones que gravaba por doble partida la prosperidad alcanzada entre generaciones de una familia durante años.

Anteriormente, para transmitir una empresa familiar y conseguir la reducción del 95% en la base imponible del impuesto de sucesiones era imprescindible, entre otras condiciones, que los herederos mantuvieran el valor de los bienes adquiridos durante los diez años siguientes al fallecimiento del titular del negocio, salvo que fallecieran antes de ese plazo.

Es decir, que lo importante nunca fue la continuidad empresarial sino quién era heredero y qué obtenía durante una década en la partición. Al impuesto de sucesiones le daba igual la suerte del emprendedor que sucedía en la firma así como el esfuerzo futuro de éste por establecer un círculo virtuoso entre empleados, clientes y proveedores. La envidia igualitaria, respecto de la herencia, no ha entendido de compromisos sino de simples posiciones de poder.

En “La Acción Humana” Mises distingue entre el impuesto neutro que sufraga los gastos de la burocracia estatal y no interfiere en el funcionamiento del mercado, y el impuesto total que grava íntegramente todo ingreso o patrimonio y desvanece la motivación individual. Mises considera los impuestos cien por cien sobre patrimonio y sucesiones como simples levas sobre el capital, incautaciones antagónicas a la idea del impuesto neutro. Los actuales impuestos hereditarios que aún subsisten no llegan a los niveles de confiscación señalados por el gran economista austriaco, pero sí han participado de la semejanza con el impuesto total en tres prejuicios de signo socialista: no proceden del trabajo personal, responden al equívoco principio de “capacidad de pago” y reverencian el principio de “justicia social”.

Es, por tanto, una buena noticia el final del impuesto de sucesiones para beneficiarios que, sin distinción, hereden una humilde cuenta corriente, un inmueble mediano o un establecimiento fabuloso. Cinco millones de personas que conviven en ese acelerado aunque secretamente admirado espacio de oportunidades que se llama Madrid despedirán con mucho gusto esa clase de arbitrario impuesto total.

El Estado, contra los trabajadores

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Pensemos solamente en el agua corriente, la luz eléctrica, el frigorífico, la lavadora, el automóvil, el teléfono o la televisión. Ninguno de estos "lujos" estaba a disposición de los grandes monarcas del pasado, mientras que hoy los asumimos como dados.

El capitalismo no sólo sentó las bases económicas e intelectuales para que tales invenciones tuvieran lugar, sino que, sobre todo, multiplicó su cantidad y las generalizó para las masas de consumidores, entre los que se cuentan los trabajadores.

Esta favorable evolución del bienestar de los trabajadores ya debería constituir una razón de peso para que dejara de relacionarse el sistema capitalista con la inmisericorde explotación del obrero. Pero además el círculo del disparate se completa si tenemos en cuenta que muchos siguen considerando el socialismo como la vanguardia proletaria, el motor del progreso de las clases trabajadoras.

Como evidenciaremos a continuación, las políticas intervencionistas del socialismo son del todo hostiles a los intereses del trabajador. En concreto, analizaremos dos de sus políticas estrella: el salario mínimo y los costes del despido.

Salario mínimo

El salario mínimo (SMI) condena a muchos individuos al mínimo bienestar. Hace unas semanas el Instituto de Estudios Económicos auguraba un incremento del desempleo en España si el SMI ascendía a 600 euros.

En principio, la opción de que el Gobierno vaya incrementando el SMI parece atractiva: las clases bajas (las perceptoras) cada vez obtendrán un mayor sueldo, lo cual mejorará su situación. En realidad, como ya vimos la semana pasada, el salario queda determinado entre dos márgenes: la productividad marginal del trabajador (es decir, el valor de lo que produce) y el salario marginal (el salario que percibe el último trabajador que permitiría sustituirlo).

Spencer Pryse: WORKLESS (tomado de www.nancysteinbockposters.com).Al incrementarse el salario por decreto, pues, pueden suceder tres cosas: que supere el límite superior, que se quede entre ambos o que esté por debajo del inferior.

En el primer caso los resultados son letales. El Gobierno impone al empresario que pague al trabajador más de lo que éste produce. Imaginen que tienen contratada a una persona y que estiman que su contratación les reporta unos ingresos de 1.000 euros. No obstante, el Estado les exige que le paguen 1.100 en concepto de salario. ¿Seguirían contratándolo? Al empresario le resulta más rentable despedir al trabajador que acumular pérdidas mensuales de 100 euros (o simplemente no lo contratará desde un principio). Por tanto, la primera posibilidad es que el salario mínimo arrastre al paro al trabajador.

En el segundo caso el trabajador puede salir beneficiado a corto plazo, pero a costa de perjudicar gravemente a otros obreros. Imaginemos que un trabajador reporta al empresario unos ingresos de 1.000 euros. Sin embargo, éste sabe que puede sustituir en cualquier momento a aquél por otro individuo que trabaja en la empresa vecina y que cobra 500. Por ello mismo, como ya explicamos, el empresario no pagará más de 500 euros al trabajador, aun cuando le reporte unos ingresos de 1.000.

Supongamos ahora que el Gobierno fija un salario mínimo de 700 euros. En ese caso, el trabajador de la empresa vecina será despedido (ya que el SMI superará su productividad marginal) y la remuneración de nuestro trabajador subirá hasta 700, ya que al empresario le sigue resultado rentable contratarlo (pues le proporciona unos ingresos de 1.000 euros). Aquí, pues, el salario mínimo se ceba con las clases más bajas y menos cualificadas. Algunos trabajadores ven incrementado su salario, pero otros quedan relegados al paro permanente.

Por último, en caso de que el salario mínimo se sitúe por debajo del límite inferior, sus efectos serán nulos. Si yo cobro 1.000 euros y establecen un salario mínimo de 200 no hay repercusión alguna.

Así pues, los efectos de un incremento del salario mínimo podrán ser dos: o inutilidad o nocividad. O es irrelevante (imaginemos que en España se establece un SMI de un euro al mes) o es nocivo (beneficiará a los trabajadores más productivos a costa de destruir miles de puestos de trabajo).

Tanto el PP como el PSOE acometieron ingentes subidas del SMI. En su opinión, los trabajadores obtenían un beneficio neto gracias a sus políticas. Es curioso, sin embargo, que ninguno de ellos propusiera elevarlo a, por ejemplo, 1.500 euros. ¿Es que el mismo razonamiento que se aplica a los 600 euros no sirve para los 1.500? ¿Es que acaso nos ocultaban que los incrementos del SMI acarrean siempre consecuencias indeseables?

Es necesario recordar que quienes más sufren este incremento son los individuos con menor experiencia y cualificación, esto es, jóvenes e inmigrantes. Como siempre, la izquierda al lado de los más débiles.

Costes al despido

El despido debería ser libre. Tanto el empresario como el trabajador deberían tener el derecho a rescindir el contrato sin penalización alguna. En caso contrario pasamos a un régimen de semiesclavitud: o bien el empresario podría obligar al obrero a trabajar para él o bien el trabajador podría obligar al empresario a pagarle un salario.

El demócrata Ted Kennedy, dando un mitin en favor del aumento del salario mínimo.Los partidarios de dificultar el despido afirman que, en caso contrario, la mitad de los trabajadores del país terminaría en la calle. Es curioso cómo esta misma gente compatibiliza esta opinión con la de que el empresario explota al trabajador. ¿Cómo puede explotarse a quien acabas de despedir? Si el empresario se lucra robando al trabajador parte de su producción, ¿qué sentido tiene el despido masivo de trabajadores? ¿A quiénes explotarían entonces los empresarios?

Lo cierto es que los costes sobre el despido suponen una minoración del salario del trabajador, dado que añaden un elemento de incertidumbre al cálculo empresarial. El empresario, sin duda, contempla la eventualidad de que el trabajador no rinda tanto como espera (o de que se produzca un cambio en la demanda de los consumidores que haga que esa ocupación deje de ser rentable) y, por tanto, que tenga que prescindir de sus servicios.

En tanto el Gobierno penaliza ese error con los costes al despido, el empresario reducirá el salario del trabajador para financiar el "coste extraordinario" que le supondrá despedirlo. Esto será tanto más cierto cuando la fiabilidad del trabajador sea escasa: los casos de falta de experiencia o de baja cualificación. Nuevamente, jóvenes e inmigrantes sufren un mayor descuento en su salario (dado que la incertidumbre con ellos es mayor).

Ahora combinemos ambos efectos: supongamos que el descuento sobre el salario que provocan los costes al despido es tan grande que el sueldo que debería percibir un trabajador se sitúa por debajo del SMI. ¿Qué sucederá en ese caso? Obviamente, que el empresario no contratará al trabajador. Más paro; especialmente, más paro entre los eslabones más débiles de la sociedad.

Conclusión

Si en el primer artículo demostramos cómo el capitalismo enriquece a los trabajadores, en éste hemos analizado la miseria de dos políticas típicamente socialistas. En el corto plazo, el salario mínimo y los costes al despido suponen un incremento del paro. Si esas políticas continúan perpetuándose (de manera que los incrementos en la productividad empresarial lleven aparejados incrementos del salario mínimo y de los costes al despido), el paro también lo hará.

A largo plazo, además, estas políticas suponen una reducción en la inversión empresarial y, por tanto, una menor capitalización, que se traduce en unos salarios más bajos.

La política laboral del intervencionismo, pues, provoca dos consecuencias nefastas para los trabajadores: más paro y menores salarios.

En este sentido, resulta inexplicable que una ideología tan contraria a los intereses de los trabajadores haya merecido el calificativo de "obrerista". La política laboral del Partido Socialista Obrero Español no puede ser más antiobrera. Poco menos puede decirse del PP (autor en su momento de frecuentes incrementos del SMI), salvo que, al menos, no comete la desfachatez de considerarse obrero.

Eso sí, por muy nefastas que resulten las políticas izquierdistas para toda la sociedad, seguirán aplicándose con mano de hierro a través de la coacción estatal. La gloria de los políticos es la ruina de la sociedad. También de los trabajadores.

La ilusión del Dios burocrático

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

El Estado no está gobernado por ángeles sino por hombres espoleados por los mismos incentivos que el resto de los mortales. A las supuestas insuficiencias del mercado no cabe oponer, pues, un modelo idealizado de Estado que sólo responde a nuestros deseos y nada tiene que ver con la realidad. Es preciso atender a la estructura de incentivos que actúa sobre legisladores, burócratas y votantes para saber cómo procede el Estado en el mundo real y por qué carece de sentido pensar que pueda hacerlo de otro modo.

A menudo se habla de “bienes públicos” para referirse a uno de los presuntos fallos del mercado. Un bien público sería aquél que por el hecho de generar externalidades positivas (tener efectos beneficiosos sobre terceros sin que éstos paguen un precio) tiende a subproducirse en el mercado y debe ser proveído por el Estado en la cantidad “óptima”. Más allá de las inconsistencias de este concepto, advertimos que la gestión estatal sería un caso paradigmático de bien público: las leyes que salvaguardan el orden de mercado y generan grandes externalidades positivas a la población en general son subproducidas frente aquéllas que favorecen a los grupos de interés y perjudican al resto de la sociedad, porque en el primer caso tiene lugar un efecto “free-riding” (“ya se implicarán los demás”) mientras que en el segundo los “lobbys” presionan activamente porque retienen para sí los frutos de esas medidas.

Siguiendo a la escuela de la Elección Pública, el ciudadano se abstiene de informarse y participar en el proceso político pugnando por medidas que benefician a todos porque éstas no le afectan de un modo particular y su capacidad de influir en la gestión estatal es muy pequeña. Cuando compramos un televisor nuestra elección es decisiva: si no nos pronunciamos no tenemos televisor y si no nos informamos podemos comprar uno que no nos satisfaga. Pero en el contexto de la gestión pública la repercusión de un voto bien informado es casi nula, motivo por el cual muchos individuos ni se informan ni votan. Por otro lado, tampoco se votan políticas concretas, sino políticas en bloque de los distintos partidos. Los grupos de presión, en cambio, sí tienen capacidad de influir en la gestión pública, y las medidas que demandan no favorecen a todos sino a ellos exclusivamente, a expensas de los demás. De este modo el Estado sirve sistemáticamente a los grupos de presión en detrimento del resto de la ciudadanía.

Otro rasgo característico del Estado democrático es su visión cortoplacista. Las generaciones futuras no votan y en todo caso las funestas consecuencias (y quizás también las culpas) de las políticas intervencionistas, que a veces a corto plazo parecen positivas, recaerán sobre los gobiernos venideros.

Los burócratas tampoco tienen incentivos para economizar, antes al contrario. Una reducción del presupuesto público beneficia a la sociedad, pero no a los funcionarios, que se ven privados de poder, protagonismo social, posibilidades de escalar administrativamente, remuneraciones… El sentido de la responsabilidad se diluye en un contexto en el que los burócratas no registran pérdidas cuando yerran en su gestión ni obtienen recompensa cuando aciertan. De hecho en numerosos ámbitos acertar significa devenir prescindible. Si resolver un problema conlleva un recorte de presupuesto o la cesación de un cargo o de un departamento, la tendencia será más bien no resolverlo o incluso crear de nuevos. La existencia de problemas es la coartada de los burócratas, luego tienen incentivos para generarlos subrepticiamente.

Un Estado que promueva el interés de toda la sociedad y no el interés de algunos grupos y el suyo propio es un Estado que no se corresponde con la realidad. Que haya quien pretenda comparar el funcionamiento real del proceso de mercado con esta ilusión es un ejemplo más de los artificios a que se recurre para justificar el estatismo.

Desempleo máximo

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Empeorarlo todo para que a aquellos que están empezando les sea más difícil aún encontrar trabajo. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá el próximo año en torno a un 5% (de 513 a 540 euros), tres puntos por encima de la inflación prevista según el gobierno.

Cuando una persona empieza a trabajar, tiene poca experiencia en una tarea determinada en la que quiere desarrollarse, o está poco capacitado para ella (o lo que es lo mismo, muchos otros saben hacerla mejor que el) sólo tiene un recurso para entrar en el mundo laboral, para mejorar y llegar a percibir una mayor renta en el futuro: cobrar poco y aprender mucho. Las razones son evidentes, ninguna empresa quiere a alguien que tenga unos altos costes operativos, sea torpe o simplemente haga las cosas mal como nos ha podido pasar a todos en nuestros inicios. En el libre mercado el menos preparado puede conseguir trabajo, y la forma es eliminando totalmente el SMI.

Imagínese que a algún iluminado del gobierno se le ocurre establecer por ley un SMI de 60.000 euros. ¿Sería esa medida una ayuda a la gente? ¿Abundaría el trabajo para todos nosotros? ¿Encontrarían los menos favorecidos más empleos? Más bien no, lo que pasaría es que sólo tendrían trabajo los grandes directivos, la economía sumergida se dispararía y muchísimos nos quedaríamos en la calle sin ninguna posibilidad de encontrar otro trabajo.

Si para la demanda el SMI es perjudicial, también lo es para la oferta, especialmente para las pequeñas empresas. Imagínese que usted tiene un pequeño quiosco y le ayudan dos chicos. Imagínese que el gobierno de turno impone un SMI que usted no se puede permitir. Evidentemente tendrá que despedir a uno de los dos chicos, a los dos o mantenerlos en la economía sumergida con el riesgo que esto supone para usted. Si usted despide a uno, o a los dos chicos, tendrá que asumir sus tareas sin tener tiempo para hacer otras labores que le podrían beneficiar más en el medio-largo plazo. La calidad de su pequeño negocio bajará y sus ingresos por lo tanto también. Hay un chiste en Estados Unidos (no muy bueno, pero ilustrativo) sobre el SMI, un pequeño empresario (PE) y un joven trabajador (JT):

– PE: Tengo dos noticias para ti, una buena y otra mala. La buena es que han salido los Demócratas y han impuesto un SMI de 600 dólares.

– JT: Vaya, fantástico. Y cual es la mala…

– PE: Que estás despedido porque no me lo puedo permitir.

El SMI es uno de los muchos errores de los políticos. Lo han usado como arma recurriendo a los sentimientos de las personas bienintencionadas durante décadas para conseguir votos sin importarles el bienestar humano. Los políticos no trabajan para el bien común, sino que se ríen de él con mandatos liberticidas como muestran continuamente sus actos. No son las palabras las que nos dicen cómo es una persona o un gobierno, sino sus actos, y cuando el estado no elimina el SMI, su deseo es claro, quiere acabar con el económicamente “débil” para arruinar el futuro económico de la comunidad.

Información, libertad y responsabilidad

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

El Estado es, por naturaleza, muy desconfiado de los ciudadanos. En cualquier momento les puede dar por darse cuenta de cuáles son sus derechos, o lo que es peor, reclamarlos. Quizás sea esa la razón por la que muchas veces desde el Estado se fomenta una actitud reivindicativa, pero siempre de derechos supuestos y no reales que, llevados a la práctica, acaban curiosamente en un mayor poder del gobierno. Mientras tanto, el gobierno nos separa de derechos fundamentales con la esperanza, en ocasiones acertada, de que el desuso de su ejercicio acabe en olvido y dejadez, en abandono de los mismos.

¿Por qué digo esto? Porque los ejemplos son numerosos. Antiguamente la sociedad era más desconfiada del Estado. Cuando se quiso implantar por primera vez un catastro en Inglaterra, muchos ciudadanos de ese país pensaron que sería la antesala de una dictadura militar. Hoy llevan a cabo políticas más invasivas de nuestra intimidad y la sociedad apenas reacciona. Es más, es el Estado el que desconfía de los ciudadanos, como he dicho.

Un caso que me llama la atención es el que comentó en este mismo lugar Gabriel Calzada. Resulta que una directiva europea prohíbe a las empresas farmacéuticas dar información directa sobre sus productos a los consumidores. No es el único caso. Tampoco permite la publicidad del tabaco, que recientemente ha sido de nuevo restringida. En España no puede anunciarse un bufete de abogados. ¿Porqué ese ataque a la libertad de expresión? ¿Porqué impedir a los consumidores que recaben información directa de las empresas para que ellos, responsablemente, tomen las decisiones que consideren mejores?

A lo mejor la UE recela de que los ciudadanos tomen decisiones informadas y responsables. Precisamente eso es lo que nos sirve a nosotros, como consumidores, para salir adelante. Si se nos niega la información que puedan darnos otros, se nos está quitando injustamente medios para que podamos recurrir, en este caso, a los fármacos más eficaces. Nuestra salud, cuando está comprometida, puede verse privada por nuestra forzada ignorancia de los medicamentos más nuevos y eficaces. Y todo porque los burócratas de la UE prefieren que las empresas no den a los consumidores información sobre sus propios productos.

Y este sinsentido, ¿Porqué? ¿Cuál podría ser el objetivo de nuestros amantísimos funcionarios en Bruselas? Resulta que si los consumidores pudieran seguir el ritmo de innovación y mejora de la industria, si libre y responsablemente optaran por nuevos medicamentos más eficaces, el coste farmacéutico del sistema de la Seguridad Social se dispararía aún más. Y en lugar de reconocer ante los ciudadanos que la Seguridad Social es un timo perpetrado con el dinero de todos, en lugar de acabar con él y devolver a la sociedad la capacidad de libre iniciativa que tan bien funciona cuando se permite, prefiere crear un agujero negro en la información. Que los consumidores no sepan que tienen mejores soluciones que las existentes gracias a la innovación tecnológica, porque el coste podría ser tan alto que nuestro timo podría estallar por los aires.

La prueba de que esto es así es el pasaje de la directiva en cuestión, que reza: “Los Estados miembros podrán prohibir en su territorio la publicidad al público general sobre productos médicos, cuyo coste pueda ser reembolsado”, es decir, cuyo coste recaiga en última instancia en el Estado. Por si queda alguna duda del objetivo de esta cláusula, resulta que su nombre es La cláusula presupuestaria. ¿Dónde está aquí la libertad de expresión? ¿Dónde está la salud de los europeos, objetivo que la UE cita tanto y tan falsamente? Vergonzosamente ocultos. Lo que importa es que el tinglado no salte por los aires.

Creo que es hora de que hagamos nuestra la desconfianza y comencemos a reclamar nuestros derechos, como el de ser libremente informados y poder tomar decisiones responsables.

El Don Quijote de los cielos

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

En primer lugar, Don Quijote acabará con el largo dominio en solitario de la entidad pública empresarial Aena. El mero hecho de que Aena se encuentre con un competidor vale su precio en oro de cara a los tan cacareados intereses de los consumidores. La entidad estatal no sólo se encontrará con un aeropuerto a 45 minutos de Madrid con tasas y tiempos de rotación sensiblemente inferiores a las suyas sino también con una enorme presión social para dinamizar sus servicios y bajar sus elevados precios. De hecho, parece que esto ya está ocurriendo. En vista de las ventajas que este tipo de aeropuertos tiene para la economía de las regiones donde se construyen y para el turismo en particular, algunos grupos de empresarios empiezan a plantearle a Aena que si no baja sensiblemente sus precios, construirán nuevos aeropuertos privados internacionales. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Gran Canaria, por iniciativa de un nutrido grupo de empresarios del sector turístico.

Pero además, compañías como Ryanair ya han mostrado su interés en utilizar el aeropuerto privado de Ciudad Real con todo lo que esto supone de cara al precio de los billetes de avión y las tasas aeroportuarias. Iberia y el resto de compañías tradicionales tendrán que diferenciar su producto de acuerdo con los gustos del consumidor y/o bajar sus precios. Pero esto no ocurrirá efectivamente hasta que el “Arrivederci Alitalia” pintado en el lomo de un 737 de la compañía irlandesa, que tanto revuelo causó el pasado año, se convierta ahora en un “Hasta la vista, Iberia”.

Por otro lado, en un contexto de deslocalización y desindustrialización como el que vive Europa, la creación de aeropuertos privados en España puede ser decisiva para que nuestro país salga exitoso de este trance convirtiéndose en la Florida europea, ese destino preferido de todo un continente para pasar sus vacaciones. Por eso, si las denuncias contra Don Quijote por el supuesto daño que el aeródromo causaría a las avutardas y a otras aves realizadas por Seo-Birdlife y el grupo radical Ecologistas en Acción -la organización que mintió al anunciar el hallazgo científico de un pez mutante en las cercanías de la central nuclear de Garoña- en combinación con los informes y el colosal proteccionismo medioambiental de la Comisión Europea no paralizan el proyecto, este primer aeropuerto privado español podría convertirse en ejemplo y pieza clave para la mejora del sector turístico y de toda la economía española.

Pero hay algo en este proyecto que es todavía más importante. Y es que ya es hora de que haya aeropuertos internacionales en este país cuya misión no esté “enmarcada en la política general de transportes del gobierno”, como fija el artículo 1 del Estatuto de Aena, sino en la política de empresarios que se juegan sus cuartos en satisfacer los deseos generales de transporte de los consumidores. Ya es hora, en definitiva, de que a este importante sector llegue de una vez la soberanía del consumidor que trae consigo el capitalismo.

Periodistas a la catalana

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

De este modo, la izquierda aprueba un texto fascista con el que pretende convertir a la prensa española en el mismo remanso de paz y falta de crítica al gobierno en que vive la catalana. Un estatuto que ABC califica de “proyecto con ribetes estalinistas” y El Mundo de “retorno a la visión franquista de la profesión periodística”. Ambas críticas son ciertas, pues cierto es que las dictaduras nunca han tenido especial aprecio a la información libre, sean de la ideología que sean. Tampoco Zapatero, por lo que se ve.

Los defensores del engendro intervencionista y liberticida podrán argumentar que el texto no impide el ejercicio de la profesión a quien no tenga permiso, pero lo cierto es que explicita que, al frente de publicaciones, programas audiovisuales y sitios en la red tendrá que haber un director con carné que podrá vetar cualquier contenido de los mismos. Javier Rubio, Federico Jiménez Losantos y César Vidal, por ejemplo, tendrán que ser aprobados por un consejo, en el que los miembros serán escogidos por el Congreso y el Senado, para que Libertad Digital, La Mañana y La Linterna no incumplan la ley. O nombrar director a quien el poder considere suficientemente domesticado, para que les censure.

Por supuesto, un servidor de ustedes y cualquiera que posea una bitácora o sitio periodístico también tendrá que disponer de carné, ya que es el director de “un sitio en la red de carácter periodístico”. Cientos de blogs serían ilegales al día siguiente de aprobarse este texto fascista que promueve la izquierda. Sin embargo, no sé por qué no debo pensar que esta situación de incumplimiento masivo de la legalidad conduciría a la arbitrariedad absoluta; sólo se promoverían acciones contra las bitácoras desafectas, al más puro estilo Conde Pumpido. Aunque deben ustedes saber que el que reprimía la libertad de expresión era, por supuesto, Aznar.

El problema no acaba aquí. Todo medio con más de ocho periodistas en nómina tendrá un consejo de redacción en que los trabajadores podrán ejercer de chivatos de supuesta mala conducta profesional e influir en la línea editorial del periódico. Es decir, ningún propietario de un medio de comunicación podrá decidir la línea editorial de su propio medio sin contar con los periodistas, profesión marcadamente izquierdista en España y casi todo el mundo occidental. De este modo se pretende garantizar que no se diga nada que no sea previamente aprobado por el Politburó.

Es más, por si aún queda algún medio que, pese a todo, persista en hacer información libre y crítica con el poder, el consejo cuya mayoría es nombrada por políticos y sindicatos podrá expropiar parte de los beneficios de aquellas empresas que incumplan el “código deontológico”. Un código que, claro está, deja sitio más que suficiente para una ambigüedad que permita interpretarlo de forma benévola con los buenos y estricta con los malos. Por ejemplo, las informaciones sobre el 11-M de El Mundo y Libertad Digital no serían consideradas "informaciones fundamentadas y contrastadas", pero no les quepa duda de que los terroristas suicidas de la SER lo serían.

No es extraño que IU redacte un estatuto basado en las prácticas soviéticas de los dictadores cubano y venezolano. Lo raro es que lo apoye el PSOE. Claro que, después de este salmantino fin de semana de apoyo incondicional a la violación de los derechos humanos, después de que el dictador bananero Chávez reconozca que es imposible tener “mayor acuerdo moral, ético y político” con Zapatero, habrá que dejar el asombro sólo para los ingenuos voluntarios que queden en España. Pide CCOO el mayor consenso posible para este estatuto. Conmigo que no cuenten, ni para este ni para ningún otro. La mejor ley de prensa es la que no existe.

Dividendos en Alaska

Escrito por amascaro en . Publicado en Análisis diario.

Hace treinta años, la explotación pública de los yacimientos petrolíferos de la Bahía de Prudhoe empezó a reportar enormes ingresos al Estado de Alaska. Automáticamente, el gasto público en ese remoto Estado se disparó. A principios de los ochenta, el Estado de Alaska gastaba por cada uno de sus ciudadanos el triple de lo que gastaba el gobierno federal por cada americano. Ante el desenfreno de legisladores, burócratas, compinches y grupos de presión, el gobernador, Jay Hammond, se empeñó en acabar con esta espiral del gasto.

Hammond temía que los ciudadanos del Estado conocido como La Última Frontera abandonaran su espíritu decidido y aventurero y se adormecieran bajo la protección de un inmenso Papá Estado. Sería terrible, pensaba, lo que les sucedería a multitud de ciudadanos dependientes del Estado el día que éste se quedara sin la gallina de los huevos de petróleo.

Así que a finales de los setenta surgió la idea de que parte de los ingresos que el Estado obtenía de los yacimientos petrolíferos fuesen entregados en forma de dividendos a cada ciudadano de Alaska. En vez de dejarlos en manos de los burócratas para derrocharlos día a día, mejor invertirlos en un fondo permanente para que cada ciudadano pudiese administrar su parte correspondiente según su propio criterio. O sea, una especie de impuesto al Estado: si recauda tanto, no por su eficiencia, sino porque se ha reservado la propiedad de tierras ricas en petróleo pero después no sabe gestionar estos ingresos, mejor que pague algo a los ciudadanos. De paso, argumentaba Hammond, los ciudadanos se sentirían más comprometidos con la gestión del petróleo a la vez que serían más reacios a subidas de impuestos.

En 1976, los votantes de Alaska apoyaron 2 a 1 la creación del Alaska Permanent Fund. En verano de 2005, este fondo rondaba ya los treinta mil millones de dólares. Obtuvo apoyos desde el principio entre los más izquierdistas porque aseguraba una distribución igualitaria de los beneficios. Igualmente agradó a muchos ecologistas pues su enfoque a largo plazo impedía el derroche de los recursos naturales. Otros observaron que el fondo se asemejaba al ideal izquierdista de una renta básica universal con la mejora de que no lo costeaba ningún ciudadano con sus impuestos. Además, puesto que sigue tratándose de un lugar remoto y por lo tanto, poco visitado, Hammond se aseguró de que los dividendos que cada ciudadano recibía fuesen aumentando a medida que uno acumulaba años de residencia en Alaska. A día de hoy, casi todos los ciudadanos de la fría región norteamericana reciben un dividendo anual de mil dólares. O más, si llevan más de un año como residentes. Y, encima, no tienen impuesto estatal sobre la renta.

El caso opuesto sería el de Nigeria. El Banco mundial estima que, con el boom del petróleo, su hacienda ingresó unos trescientos mil millones de dólares que después derrochó con creces. El resultado total fue nefasto para los nigerianos. Con este contraste en mente, ya ha habido quien ha propuesto la implantación de un fondo permanente en Irak.

Sin embargo, con todo ello el dinero que se ha conseguido apartar de las manos de los burócratas apenas representa un 5% del gasto público. Insignificante en comparación con lo que siguen manoseando, pero sería difícil encontrar regiones en todo el globo que pudiesen presumir de un porcentaje mayor. Pero es un primer paso. Una forma más contundente y seria de poner los beneficios del petróleo en manos de los ciudadanos habría sido la privatización de las tierras públicas en las que se halla el petróleo. Privatizando y desregulando el sector se habría incentivado la competencia todavía más. Y ese 5% habría crecido quién sabe cuanto.

El camino queda abierto a nuevas ideas para recuperar esa inmensa riqueza que día a día malgastan los burócratas y sus compinches.

La propiedad del agua

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

El agua es esencial para los seres humanos (bebida, limpieza, agricultura, usos industriales). Aunque el agua salada es abundante en mares y océanos, el agua dulce potable es un bien escaso sujeto a leyes económicas inexorables. Los problemas causados por las sequías se ven agravados por la falta de derechos de propiedad privada sobre el agua y la coacción del intervencionismo político.

Los colectivistas de todos los partidos repiten una y otra vez las mismas necedades presuntamente indudables: que el agua es un bien público indispensable y que por lo tanto la disponibilidad de agua es un derecho humano fundamental, de modo que el agua es de todos y para todos; sólo se puede debatir cómo se gestiona como recurso compartido, patrimonio común de todos los ciudadanos.

Algunos pretenden ingenuamente que el problema del agua es simplemente técnico, que basta con encargar a los expertos una solución eficiente y definitiva, un plan hidrológico nacional con la combinación racional y estratégica de elementos como tecnología, embalses, trasvases, desaladoras, depuradoras… Otros mencionan la necesidad de consenso entre todos los afectados. Se recurre a menudo a los principios de justicia y de solidaridad interterritorial para legitimar trasvasar el agua que aparentemente sobra en unas regiones a otras presuntamente necesitadas.

El problema del agua es ético y económico. El consenso universal sobre el uso de los bienes escasos es imposible: las distintas personas tienen preferencias que suelen ser mutuamente incompatibles; el derecho de propiedad sirve para evitar o minimizar los conflictos sociales. Como no existe el derecho de propiedad privada sobre el agua, abundan los conflictos (enfrentamientos entre individuos, colectivos y regiones) y todos los planes estatales de ingeniería social están condenados al fracaso porque no es posible realizar cálculos económicos sin precios de intercambio que muestren las preferencias y las capacidades de las personas. Estos precios sirven además como incentivos para economizar los recursos, produciéndolos y distribuyéndolos donde son más valorados y ahorrando cuando se considere oportuno, y no por penosas campañas de concienciación pública que son parches a corto plazo que evitan conocer la auténtica naturaleza del problema. Cada persona tiene derecho a toda el agua que quiera y pueda pagar (o conseguir por sí mismo).

Cuando alguien dice que el agua es de todos en realidad está reclamando su parte, que le quiten a otro para dárselo a él. Los bienes económicos son distribuidos en un mercado libre si los compradores pagan por ellos; en el caso del agua muchos se hacen las víctimas, pretenden que se la den gratis o a precios fuertemente subvencionados, acusan a los demás de insolidarios y luego se sorprenden de que el agua escasee o de que otros no estén de acuerdo con sus reclamaciones. Los que quieren recibir agua afirman que la sequía afecta por igual a todos los miembros de la comunidad como ente cohesionado, pretenden que los demás sufran por un problema que en realidad sólo tienen ellos. Algunos representantes de los agricultores incluso afirman con total desvergüenza que tienen derecho a agua a precios competitivos porque si no su actividad sería económicamente inviable: los demás sectores económicos pueden fracasar, a ellos se les debe garantizar la supervivencia a costa del resto porque han hecho muchos avances tecnológicos y contribuyen a la riqueza del país.

El abastecimiento de agua seguirá siendo un grave problema mientras se pretenda garantizar su suministro con ese arcaico y violento sistema tribal que es la política, y se resolverá fácilmente cuando se apliquen normas éticas de derecho de propiedad y se recurra al mercado libre y a la perspicacia empresarial: así se descubrirá qué es más eficiente, si esperar a que llueva, o reducir el consumo, o trasvasar, o reciclar y reutilizar aguas residuales, o desalar agua del mar o alguna otra idea que aún no se le ha ocurrido a nadie.