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Contra el coche y el ser humano

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Por otro lado, sin embargo, la izquierda ecologista insta al hombre a que abandone el uso de su razón. El ser humano debe vivir "en armonía" con la naturaleza, guiarse por sus instintos y, en consecuencia, no modificar el medio para adaptarlo a sus necesidades. Un canto al irracionalismo que, por ejemplo, fue denunciado en la Declaración de Hilderberg, donde se calificaba al ecologismo de "ideología irracional que se opone al progreso científico e industrial e impide el desarrollo económico y social".

Con todo, si nos fijamos, en ambos casos se exige al hombre que se pliegue ante fuerzas superiores contrarias a las decisiones que tomaría haciendo uso de su razón. En realidad, pues, tanto el hiperracionalismo planificador comunista como el ecologismo son dos especies del mismo género de irracionalismo. El abuso de la razón no tiene nada de racional; más bien al contrario, se trata de una pretensión por el conocimiento inexistente, de una completa ignorancia acerca de los límites de la propia razón.

Al fin y al cabo, tanto el comunismo como el ecologismo destruyen el progreso económico: el primero, porque elimina la propiedad privada y, con ello, el fundamento de la riqueza y del bienestar; el segundo, porque restringe los usos que puede darse a la propiedad privada y porque se opone al progreso científico.

Un buen ejemplo del irracionalismo ecologista lo encontramos en el famoso y fracasado "Día sin coches", esto es, en la ofensiva contra uno de los más claros símbolos del bienestar occidental y de la globalización.

Si nos detenemos a pensar en qué consiste la tan mentada globalización entenderemos que, en última instancia, significa que la acción humana se encuentra menos constreñida por las distancias físicas. El trabajo y las mercancías se trasladan de un lugar a otro con mayores facilidades. El empresario estadounidense ya no tiene que servir exclusivamente a sus conciudadanos, sino que puede vender en Europa o en China. El trabajador polaco no tiene por qué quedarse en su país, donde los sueldos son más reducidos que en Alemania.

Todo ello se debe, claro está, a unos sistemas de transporte y comunicación más eficientes, que permiten a los individuos abastecerse de aquello que necesitan en un tiempo mucho más corto. Los trenes, los caminos, los aviones, los barcos, las líneas telefónicas o internet permiten una inmediata comunicación y un veloz transporte.

Sin embargo, el coche emerge como una muestra palpable, visible y clara de los beneficios del capitalismo y de la globalización. El automóvil permite a cada individuo experimentar directamente y por sí mismo los sentimientos de libertad y de progreso. Un ciudadano puede no entender cuáles son los beneficios de unos trenes o camiones más veloces, en tanto que la provisión de mercancías en los supermercados parece algo automático. En cambio, es obvio que todo el mundo siente que el coche le permite desplazarse allí donde quiera y cuando quiera. No necesitamos perder ingentes horas de nuestra vida en acudir al pueblo de al lado; no tenemos por qué trabajar en el mismo vecindario; podemos acudir a las zonas festivas aun cuando se encuentren a kilómetros de nuestra vivienda.

Esta sencilla pero fundamental autonomía ha convertido el coche en objeto de culto y veneración para muchos individuos. Quieren coches más rápidos, más seguros y más bellos. Para el ciudadano occidental, el coche –junto con la comida, el vestido, la vivienda y, en cierto modo, la televisión y el teléfono– es uno de los elementos más importantes de su vida. Piensen, simplemente, en cuáles son los primeros bienes que casi todo el mundo intenta adquirir: sin duda, el coche está entre ellos.

No sólo eso, el automóvil es un producto de la ciencia y de la razón humana, usadas para mejorar la vida de los demás (a diferencia de lo que ocurre con el hiperracionalismo socialista, esto es, la razón empleada para destruir la existencia del hombre). Un producto en apariencia elitista pero que, gracias a los métodos de producción capitalistas, se ha conseguido extender a las masas.

En otras palabras, el coche es un producto de la razón y del capitalismo que amplía la capacidad de elección del ser humano y, por tanto, su felicidad.

Precisamente por todo ello, el milenarismo irracional ecologista ha situado siempre el automóvil en el centro de sus críticas. La ofensiva no proviene solamente del Día sin Coches, también de varios impuestos, dirigidos a aminorar su uso (matriculación, circulación o sobre hidrocarburos), encareciendo y alejando de las masas un bien que el capitalismo había generalizado. Las excusas son variadas –la contaminación y el calentamiento global, la histérica escasez del petróleo o su superior siniestralidad– y a la postre irrelevantes.

Los enemigos del automóvil –que a su vez son enemigos de todo lo que el automóvil representa: la ciencia, la razón, el capitalismo, la autonomía y el bienestar– insisten en que debemos cambiar nuestros hábitos y nuestra vida. El transporte público y las bicicletas han de situarse en la vanguardia.

No voy a ser yo quien diga, y mucho menos imponga, a los demás qué medio de transporte es el más adecuado para sus vidas. Mucha gente considera más sano desplazarse en bicicleta, incluso disfruta haciéndolo. Es algo totalmente comprensible y lícito: cada persona tiene unos fines, y para satisfacerlos selecciona los medios más adecuados.

El problema es que, por ese mismo razonamiento, tampoco tiene sentido imponer el uso de la bicicleta a todas aquellas personas que prefieren el coche. Repito: cada cual tiene libertad para seleccionar los fines que juzga más adecuados. Puede que una persona prefiera dormir media hora más cada día en lugar de pedalear hasta su trabajo, por muy saludable que sea este hábito. Es más, ¿se imaginan la bicicleta en un día lluvioso? ¿Se imaginan utilizar la bicicleta para cargar la compra semanal, llevar a los niños a la escuela o trasladar a un familiar al hospital?

Así mismo, es evidente que el desmedido clamor por el uso del transporte público tiene mucho de pulsión colectivista. Primero, decenas de personas se apilan como ganado en un mismo compartimiento. Segundo, el individuo pierde la capacidad de adaptar el medio de transporte a sus gustos (no podemos decorar el metro, ni poner la música que nos gusta por los altavoces). Tercero, la autonomía del automóvil no es comparable a la del medio de transporte de masas; por mucho que las rutas mejoren, es evidente que ni los trenes, ni los autobuses, ni los metros serán capaces de dejarnos "en la puerta" de nuestro destino. El transporte colectivo, por su propia naturaleza, se dirige hacia puntos comunes y de tránsito. Sólo a través del transporte individual (pies, bicicleta, ciclomotor o coche) somos capaces de trasladarnos desde esos puntos de encuentro hasta nuestros destinos particulares. Y cuarto, el transporte colectivo también reduce la privacidad e intimidad de la que podemos gozar en un automóvil: nos expone a la mirada de todos los acompañantes.

Desde luego, el transporte público puede ser muy útil (especialmente cuando la construcción de carreteras sigue siendo una tarea del Estado y, por tanto, los atascos son harto frecuentes), pero debe tratarse de una elección libre, no de una imposición moralizadora.

Afortunadamente, todos estos motivos han provocado que el Día sin Coches se convierta, año tras año, en un rotundo fracaso. Puede que una parte de la población, haciendo alarde de progresismo y "conciencia social", afirme estar de acuerdo con sus reivindicaciones últimas. Pero al final la retórica se consume entre las llamas de la necesidad. De la misma manera que nadie está dispuesto a renunciar a la lavadora o al frigorífico, el coche constituye un elemento indispensable para nuestra vida cotidiana. Eliminarlo supone un frontal ataque a nuestro bienestar y a nuestra autonomía; la mayoría de la población sigue negándose a suicidarse.

Quizá por ello, las Administraciones –como representantes de un interés colectivo que a nadie interesa– imponen su práctica cortando a la circulación los centros de la ciudad. Desde luego, esto sirve para ilustrar cómo la propiedad pública de las calles provoca comportamientos despóticos y caciquiles que, en algún momento, podrían empeorar (por ejemplo, todas aquellas leyes dirigidas a prohibir intermitentemente la circulación de los coches con matrícula par).

Vemos cómo los ecologistas no dudan en moralizar al mundo a golpe de pistola, es decir, utilizando la omnipotencia estatal para prohibir y restringir el uso del coche. No son equivocados predicadores que pretendan convencer a la sociedad de que tiene que cambiar de costumbres; lo suyo no es la persuasión, sino el uso de la fuerza.

Tengamos presente que, como hemos dicho al principio, esta ofensiva contra el automóvil es sólo un caso paradigmático de la hipocondría ecologista que recorre Occidente. Sus objetivos, en realidad, van más allá. Estamos ante una embestida contra la ciencia, la razón, la libertad y la idea misma de ser humano.

El ecologismo puja por reducir la ciencia a un catastrofismo milenarista al servicio del poder político, por impedir el uso de la razón para la satisfacción de las necesidades del individuo, por impedir la elección y el uso de los mejores medios para alcanzar nuestros fines y por subordinar al género humano a la naturaleza.

Practicando el irracionalismo más disparatado, los ecologistas pretenden que el hombre se coloque al servicio de las plantas, los insectos, las ranas o las bacterias. Como dijo Al Gore, no queda claro que la vida humana posea un valor superior al de los árboles. De hecho, muchos ecologistas ya han decidido que tiene un valor incluso inferior. El ataque contra el coche representa un ataque contra nuestro modo de vida y nuestra naturaleza humana. Un claro síntoma de la terrible enfermedad intelectual llamada "ecologismo".

El silencio de los consumidores

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

El culebrón económico del verano ha sido el bloqueo de los textiles chinos, almacenados en los puertos europeos sin poder llegar a su destino. Ropa que llenaría las tiendas del ramo de productos más baratos que los actuales, para gozo y disfrute de los consumidores de nuestro continente. Sin embargo, en las noticias que veíamos en la televisión contemplábamos las protestas de los productores locales de textil por la competencia china, pero jamás las protestas de los consumidores y sus asociaciones porque se les prohibiera consumir. Y es que jamás se ha visto ninguna protesta de las organizaciones de consumidores por los aranceles y las cuotas a los productos extranjeros, cuando son una de las principales causas de precios elevados de mucho de lo que consumimos.

Si vemos las notas de prensa de la OCU, la más conocida asociación de consumidores, veremos que durante el verano se ha mostrado tremendamente preocupada porque las compañías de móviles cobren por segundos en lugar de por fracción de minuto, y hasta por el elevado precio de las palomitas en los cines. Pero con respecto a las decisiones políticas que elevan artificialmente el precio de la ropa que llevamos no encontramos más que el silencio absoluto.

Las notas de prensa de la CECU hacen notar sus vacaciones de verano, puesto que parece que en agosto los consumidores no existan, además de la ausencia de menciones. Eso sí, como sucede con la FACUA, mucha preocupación por los transgénicos, pese a que no se tengan noticias de que hayan provocado nunca problema de salud alguno. Esta asociación parece ocuparse mucho más de los graves riesgos de… ¡Gmail! Tampoco CEACCU, ASGECO, HISPACOOP, UNAE o FUCI parecen preocupadas en lo más mínimo.

Y es que las organizaciones españolas se inquietan mucho por lo que puedan hacer las empresas y muy poco por lo que puedan hacer los gobiernos. Pertenecen a la escuela de Ralph Nader, el político americano de extrema izquierda que inició su carrera escribiendo el libro “Unsafe at any speed”, en el que un coche llamado Corvair provocaba sus ataques por su gran inseguridad. Nader logró que se prohibiera el coche, pese a que investigaciones posteriores del gobierno no mostraron que fuese un automóvil especialmente peligroso en comparación con sus coetáneos. Ese libro y la campaña que le siguió le convirtieron, sin embargo, en el más famoso “defensor de los consumidores”. Sin embargo, cuando publicó el libro las víctimas por accidente de coche estaban cayendo dramáticamente, sin que Nader ni las regulaciones posteriores inspiradas por él y los suyos marcaran demasiada diferencia.

La defensa de los consumidores, desde entonces, consiste en reducir las opciones de los mismos a las que ellos consideren apropiadas. El propio Nader llegó a escribir que “el consumidor debe ser protegido a veces de su propia indiscreción y vanidad”. Las organizaciones españolas parecen seguir ese modelo, y como para prohibir opciones a los usuarios necesitan del gobierno y la Unión Europea, no parece que las acciones de éstos en contra de los consumidores vayan a ser nunca blanco de sus ataques.

Katrina: ¿Falta de estado?

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Si a la primera teoría se han apuntado los ecologistas, el ministro de medio ambiente alemán y las personas de buena fe que creen ciegamente en la existencia de un peligroso cambio climático originado por la actividad humana, a esta segunda explicación se ha sumado la mayoría de los intelectuales que idolatran al estado y la mayoría de quienes han pasado por los centros de adoctrinamiento estatal. A menudo una y otra teoría se juntan en una misma persona, después de todo no son incompatibles y las dos culpan al mercado libre. Era de esperar. Lo que sí sorprende en la idea de la falta de estado como causa de la catástrofe es su escasa consonancia con la realidad de los hechos. Veamos.

Tan pronto el agua había entrado por las roturas de los diques de la calle 17 y de London Avenue dejaron de funcionar la inmensa mayoría de las 149 bombas de achique con las que cuenta la ciudad. Las razones son diversas: Falta de combustible, falta de suministro eléctrico, colapso del mecanismo por culpa del agua que entró en las estaciones de bombeo (sic) y el mal estado de mantenimiento de muchas de ellas. En cualquier caso, el principal responsable es la empresa propietaria. Pero resulta que los propietarios no son las malvadas empresas capitalistas sino agencias públicas locales y federales.

Los equipos de emergencia estatales no pudieron llegar pronto para auxiliar a los habitantes de la ciudad por dos malditas razones que poco tienen que ver con el exceso de libertad de mercado y mucho con los “efectos colaterales” de todo lo “público”. El sistema de autopistas interestatales (especialmente la I-10) que une la costa de Florida, Alabama, Misisipí y Luisiana se desvaneció al paso del huracán. He conducido en numerosas ocasiones por esa autopista y siempre me pareció increíble que aún habiendo sido construida por el estado –una agencia que gasta el dinero que ha quitado a la gente a la fuerza y que, por lo tanto, no tiene incentivos para cuidar el valor de los activos que controla- se invirtiese tantísimo dinero en una obra tan vulnerable. Por otro lado, otra circunstancia ajena al mercado, la descoordinación debido a las disputas políticas de líderes locales y nacionales, puso su roquita de arena para retrasar la ayuda a los desesperados habitantes que tanto confiaban en los planes de salvamento del ayuntamiento, del estado y del gobierno federal. En fin, un desastre. Pero un desastre gubernamental y estatal.

Si hubo una causa directa de la catástrofe esa fue la rotura de los diques que protegían la ciudad. La propiedad de esos diques que se desquebrajaron sin que el agua les hubiese superado -o, al menos eso es lo que afirman los ingenieros civiles del Centro de Huracanes- era (¿lo adivinan?) estatal. En esta ocasión no hay empresas privadas de servicios que cobren “exagerados” precios a cambio de un “mal” servicio a las que poder culpabilizar. No las hay porque el responsable en condición de monopolio del sistema de protección de la ciudad es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Tierra. Y puesto que, si bien la Constitución americana reconoce el importante y legítimo papel que las milicias privadas pueden desempeñar en la seguridad y defensa del país, hoy por hoy el ejército más grande del planeta es absolutamente estatal, poca responsabilidad puede tener el mercado libre en el defectuoso diseño del sistema y su estado de semiabandono que diversos expertos del Centro de Huracanes y de la Universidad de Luisiana señalan como causa principal del desastre.

¿Todavía quieren más estado? En el país del capitalismo, la agencia que cuida de la prevención, ayuda y mitigación de las pérdidas en casos de emergencias –con especial dedicación a las inundaciones- no es, curiosamente, una empresa privada. Estos servicios los gestiona otro monopolio público: La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA). Mucho se ha hablado de la reducción del presupuesto del gobierno federal para las partidas del cuerpo de ingenieros. Pero casi nada se ha dicho sobre el incremento del 34,2% en el presupuesto del presente ejercicio del FEMA que hace pequeña aquella reducción. Pues bien, los 7.374 millones de dólares que se asignaron para estas tareas en el año 2005 no sirvieron para que los 4.776 empleados de esta agencia pública estuvieran en Nueva Orleáns cuando miles de personas tenían literalmente el agua al cuello. ¿Alguien puede imaginar una empresa privada de esas dimensiones que esté en la luna de Valencia cuando en Nueva Orleáns tiene lugar el evento dramático para cuya prevención y atenuación ha sido diseñada? Difícilmente. El motivo es obvio: el futuro de esa empresa dependería de ayudar de la manera más efectiva y rápida posible a los damnificados mientras que la agencia estatal seguirá existiendo haga lo que haga.

Eso sí, a los amantes del estado siempre les queda decir que no había suficiente estado, que si bien es cierto que el presupuesto del FEMA se había aumentado en 1.881 millones de dólares, el del proyecto del Cuerpo de Ingenieros del Ejército recibió 13 millones menos de lo que pidió, o que los tanques y soldados de Irak tenían que haber estado en el lago Pontchartrain. Y podrían tener parte de razón. ¿Por qué no? Al fin y al cabo el mejor uso de los recursos no es algo objetivo. Los recursos son escasos y su mejor asignación de acuerdo con las necesidades subjetivas más urgentes de los individuos sólo se consigue mediante el mercado libre. Cualquier otra alternativa consiste en dar la espalda a lo que los individuos consideran lo más adecuado. Haga lo que haga una entidad coactiva siempre será tan arbitrario como ineficiente. Y siempre podremos objetar que lo que hacía falta era gastar más. Es decir, quitarle a la gente más recursos con los que podrían intentar solucionar –a su manera- sus necesidades particulares. Pero el trasfondo insustituible es que el típico despilfarro y la clásica ineficiencia estatal no desaparecen con los desastres. Se elevan hasta puntos mortalmente insoportables. Pero todo esto, de nuevo, no es un problema de exceso de mercado sino de estatismo.

¿Falta de estado? ¿Dónde? ¿En la propiedad de los diques? ¿En el mantenimiento del sistema de protección frente a las inundaciones? ¿En la gestión de la catástrofe? ¿En los elevados impuestos? ¿En la cuantía del gasto público? La falta de estado solo existió en la mente del estatista recalcitrante. Lo que vimos fue precisamente al estado más grande del planeta en acción. El traumático resultado es bien conocido: Más de mil muertos, más de 100.000 millones de dólares en daños materiales, cientos de miles de damnificados y miles de familias destrozadas. Irremplazables vidas y bienes anegados. Pero no a causa de las aguas sino de la marea de estatismo que todo lo inunda.

Desnacionalizar el mar

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Es una solución a medias, que asemeja el comportamiento del mercado, sin crear verdaderamente uno. Pero supone un enorme avance sobre la gestión puramente pública que ha arruinado muchas pesquerías en el mundo.

De forma poco advertida, pero consistente, está cambiando la forma en que creemos que se deben gestionar nuestros recursos. Es el caso de los que viven en el mar, de los que extraemos gran parte de las proteínas. El XX es el siglo del estatismo. No solo el de los socialismos más extremos, sino incluso en las democracias occidentales se ha ido sustituyendo la libre iniciativa por el ordeno y mando estatal. El caso de la pesca es uno más. La Escuela de Salamanca, en especial Francisco de Vitoria y Vázquez de Mella, asentaron el principio de la libertad de los mares, que ha sido parte del ideario liberal y del derecho internacional desde el XVI. Después de la II Guerra Mundial esa libertad cayó frente al expansionismo imperialista de los Estados. Según la “doctrina Truman”, de 1945, los Estados tenían el derecho de apropiarse de la extensión de mar frente a las propias costas, hasta un límite que luego se fijó en 200 millas. Esta política ha extendido la gestión pública a los recursos marinos. El resultado ha sido ineficacia, arbitrariedades y mala gestión.

Lo que ha ocurrido con el decreto de que las pesquerías son públicas es que se han encontrado con la tragedia de los bienes comunales, la constatación de que cuando un bien es de todos y no privado, se sobreexplota. Para evitar esta consecuencia no deseada, se han introducido reglamentaciones sobre las artes de pesca, paros biológicos y demás morralla legislativa. Todo ello hubiera sido innecesario con la privatización del mar.

Pero existe una solución intermedia, satisfactoria aunque no ideal, que es la de las ITQs. Se acerca a una propiedad privada sobre los recursos, y por tanto se acerca a la institución que permite una buena gestión de los recursos. En Islandia (país del que la mitad de las entradas de divisas depende del pescado) está funcionando desde 1979 con muy buenos resultados, tanto en la evolución de la producción, como en su sostenibilidad en el tiempo. También se ha desarrollado en Nueva Zelanda desde 1986, de nuevo con buenos resultados. Aunque fue recibido con desconfianza, el propio éxito ha borrado muchas críticas desinformadas, y hoy tiene un amplio apoyo. La experiencia australiana, más reciente, también está cosechando éxitos.

En los mismos Estados Unidos lleva tiempo funcionando, aunque de forma limitada. Allí, como en otros lugares en los que se han puesto en marcha ITQs, varias pesquerías que estaban agotadas se han recuperado. Quizás sea mucho pedir para una Unión Europea esclerotizada por la burocratitis, pero debería plantearse seguir el ejemplo de otros países que han llevado reformas pro-mercado a las pesquerías con mucho éxito. No solo se aseguraría la sostenibilidad de las pesquerías, sino que haría innecesarias varias regulaciones arbitrarias que más que solucionar problemas los han creado.

Porkbusters

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Un buen ejemplo reciente son los 223 millones de dólares logrados por el representante republicano de Alaska para construir un puente para que las 50 personas que viven en un pueblecito cerca de la “ciudad” de Ketchikan, de 8.000 habitantes, se ahorren los seis dólares del ferry para viajar a ésta.

Los políticos de Luisiana no son precisamente inocentes en esto. Pese a las quejas, tan generosa y acríticamente recogidas por nuestros medios de comunicación, de que Bush había recortado los fondos para las presas y por eso se había inundado Nueva Orleáns, lo cierto es que ese estado ha recibido durante el gobierno del republicano más fondos que nadie para infraestructuras; unos 1.900 millones de dólares, la mayoría de ellos para proyectos perfectamente calificables como pork.

En esto llegó Katrina, la devastación y la perspectiva de una costosísima reconstrucción. Bush aseguró que esto no implicaría un aumento de impuestos y que intentaría recortar gastos en otras áreas. Lo cierto es que su registro derrochador inspira poca confianza. Tan poca que la blogosfera se está organizando por su cuenta para presionar a los legisladores norteamericanos en un proyecto que han llamado Porkbusters liderados por Glenn Reynolds, el profesor liberal de derecho que posee la bitácora más influyente: Instapundit. La sociedad civil, aprovechándose de las facilidades de comunicación de la nueva era digital, está colaborando en la búsqueda del derroche en el presupuesto federal y la exigencia a sus representantes que renuncien a esos gastos en beneficio de los damnificados de Katrina.

El periodismo disperso tardará en Europa y España en tener el peso que tiene en la opinión estadounidense, si es que llega a tenerlo alguna vez, no por la diferencia de adopción de las nuevas tecnologías, sino por la diferencia entre una sociedad y otra. Aquí seguimos esperando que el Estado nos solucione la vida y quejándonos sin hacer nada. Allí trabajan tanto para labrarse su futuro como para ayudar a los demás. ¿Cómo no iba a ser más brillante y llena de iniciativas la blogosfera norteamericana?

Chanchullos políticos, pérdidas totales

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Primero pongámonos en situación. La política de Kirchner en Argentina se caracteriza por el intervencionismo feroz: impone tarifas e impuestos, precios máximos, leyes contra el comercio y la sociedad, multas, crea crisis energéticas, hace aumentar la incertidumbre financiera. Incluso consiente abiertamente la violencia callejera. Esta situación ha creado la continua retirada de grandes empresas del país. La última víctima ha sido Aguas de Argentina.

Después de largas negociaciones infructuosas y del uso de una política de desgaste por parte del gobierno, Kirchner ha logrado que los principales accionistas de Aguas de Argentina se retiren del país: la empresa francesa Suez y la española Aguas de Barcelona (Agbar). Suez (que es el primer proveedor de energía y servicios industriales de la Unión Europea, décimo productor de electricidad del mundo, sexto operador de gas europeo y segundo en agua y tratamiento de residuos) dice que el intervencionismo político es inaguantable; se va de Argentina. Agbar hará lo mismo que Suez (ya que Suez es el primer accionista, indirectamente, de Agbar). Ante la desastrosa política de Kirchner y su incumplimiento de contrato, Suez probablemente presentará una demanda contra el gobierno argentino por 100 millones de dólares. Sí, el intervencionismo provoca estos resultados.

¿Y qué tienen que ver aquí los impuestos de los españoles? Kirchner y Zapatero se encontraron en Nueva York a razón de la última Asamblea de Naciones Unidas. El presidente argentino aprovechó para pedir a Zapatero que interviniese en la disputa para que Agbar no abandonase Aguas de Argentina. Kirchner también quería hablar con Dominque Villepin, primer ministro francés, pero éste, con razón, no lo recibió. Según dijo Villepin, el conflicto empresarial entre Suez y el gobierno argentino no es incumbencia del estado de Francia.

Zapatero, que antepone su esnobismo y amistades personales al dinero de los españoles, podría adquirir una participación de Aguas de Argentina a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). ¿Y qué significa esto? Que el estado español se dedicaría a regalar el dinero al gobierno argentino para mantener un mercado politizado, rígido e ineficiente. El agua en Argentina es necesaria, sin duda, pero la peor manera de gestionarla es manteniendo intromisiones políticas que sólo llevan a la miseria de todos, de argentinos y posiblemente de españoles también.

Lo que tendrían que preguntarse políticos como alias “Factor K” y “ZP” es por qué Suez y Agbar quieren irse corriendo de Argentina, y también, por qué Agbar se va a retirar de casi toda América Latina (Uruguay, Colombia, Brasil, México y Cuba) debido a las fricciones con los gobiernos locales, es decir, debido al intervencionismo.

No hace falta ser un genio: el intervencionismo causa pobreza. Piensen por qué Agbar sólo quiere permanecer en un solo país de América Latina, Chile, curiosamente el país más liberal de toda la región. ¿Tal vez la libertad de mercado, aunque discreta, es la única que nos asegura el bienestar y riqueza? Las evidencias hablan por si solas.

La pobreza

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Todos los problemas sociales proceden de la escasez. Y el principal problema de una sociedad es la atención a aquella parte que sufre la escasez de forma más acuciante.

La sociedad está cimentada sobre la producción y la oferta. La riqueza de una familia viene de lo que pueda producir, bien para consumo propio bien para intercambiarlo en el mercado. El progreso económico, el social en consecuencia, proviene de la acumulación de capital que haga el empeño económico más productivo. Puesto que la producción (es decir, el proceso de acercar los bienes al consumidor) no es un fenómeno autónomo, sino que depende del correcto esfuerzo de cada uno, ésta dependerá precisamente de esos dos aspectos. De la corrección del esfuerzo, que esté efectivamente dirigido hacia las necesidades humanas del momento y lugar, y del esfuerzo. En ambos aspectos prima un hecho último, básico, que reside en la voluntad aunque no dependa de ella de forma automática.

La pobreza es la misma condición del hombre. Nuestra existencia primaria es miserable y frágil, y solo la producción y acumulación de los medios adecuados la ha elevado sobre la mera y brutal supervivencia.

A pesar de los seculares avances en este camino, incluso las sociedades más progresivas han contado con enormes bolsas de población elevándose ligeramente sobre la terrible marca de la inanición y la carencia de lo más básico. Por otro lado, está impresa a fuego sobre el alma humana la compasión; el deseo de aliviar las penurias del próximo. La caridad, en consecuencia, ha acompañado siempre a la historia del hombre, como lo han hecho la pobreza y el deseo de aliviar la propia y la ajena. El ejemplo más antiguo que yo pueda conocer es el del pueblo judío, que contaba con una red de atención a los más desfavorecidos.

En estos varios miles de años de historia de la compasión y la caridad hay un principio que se extrae con total claridad. El camino para aliviar la pobreza es la producción y la acumulación de capital. Y puesto que ambas dependen no de los bienes materiales sino de la actitud de cada uno, la caridad ha tendido siempre a reformar las personas más que a la atención de las necesidades por la mera cesión de bienes o rentas. Las organizaciones caritativas del XIX, por coger el ejemplo más perfecto, no solían dar dinero sino bienes poco líquidos pero que sirvieran a las necesidades reales de los pobres. Y en cualquier caso se tendía a que la caridad estuviera condicionada a un trabajo (cortar leña, por ejemplo), aunque no fuera suficiente para cubrir el pago de lo recibido. Se insistía también en la necesidad de llevar una vida ordenada, y alejarse de los compañeros habituales de la pobreza: la drogadicción, el alcohol, una vida desordenada y alejada de la familia.

La moral personal, el trabajo y el ahorro, la familia, la pertenencia a una comunidad de personas en una sociedad estructurada por usos comunes… Todo ello constituye el camino por el que han salido de la pobreza millones de personas, muchas de las cuales han sido literalmente salvadas por las organizaciones de caridad. No por la atención básica e inmediata en los momentos de mayor dificultad, sino porque les han reinsertado en una vida sustentada, como decía antes, en la producción y la oferta.

Esta idea básica ha sido muy mal comprendida por muchos, que han adoptado la posición contraria: de incidir en la oferta han pasado a hacerlo sobre las necesidades. Puesto que éstas son potencialmente insaciables, todo el entramado creado sobre ese principio (el Estado de Bienestar), tiene en su razón de ser el motivo de su ruina. Solo el haberse desarrollado sobre una sociedad libre y productiva le ha permitido sostenerse. Pero a costa, eso sí, de mantener en la pobreza a millones de personas.

Educación de masas en España

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar es la Educación Pública. Es difícil encontrar un político que se oponga a su liderazgo frente al de la Educación Privada. Es un suicidio político despotricar contra este sistema y ya sólo criticar su ineficacia conlleva no pocos disgustos, electoralmente hablando. El deseo, hasta cierto punto lógico, de que toda la población tenga una educación básica y que esta base sea lo más profunda posible es fuente de problemas ya no sólo por su financiación y por sus contenidos sino por su universalidad ya que hacer obligatoria la educación no es sólo sino echar más leña al fuego. Pero la educación de masas, lo mismo que las televisiones públicas, es una de las herramientas más importantes para mantener una sociedad civil encarrilada.

Sin embargo y pesar de la supuesta trascendencia, asistimos desde 1985, año en que se promulgó la Ley Orgánica del Derecho a la Educación y que derogaba la Ley General de Educación de 1970, a una ristra de leyes y normativas que pretenden mejorar o resolver los conflictos que la anterior habría generado. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (L.O.C.E.) fue el último intento, este del PP, de ‘mejorar’ el sistema pero la victoria electoral del PSOE en 2004 llevó al gobierno socialista a su derogación, al menos en algunos aspectos.

Este caos legislatorio debería transmitir al ciudadano la sensación de que la educación pública es un tema estrictamente político donde poco importan los contenidos y su eficiencia pero el problema siempre se traslada mediáticamente al aspecto presupuestario. Los mismos interesados, que somos todos en algún momento de nuestras vidas, ni nos molestamos en leer críticamente las leyes que van a servir para educar a nuestros hijos y los problemas de la educación se terminan convirtiendo en la manida falta de dinero y nunca en la idoneidad del sistema. Lo más curioso es que siempre suben las prestaciones, aumentan las becas, se contratan más profesores y personal docente o se amplían el número de puestos funcionarios y aulas pero nunca es suficiente.

La situación supone a los educadores que no sepan muy bien qué es lo que van a tener que enseñar cada nuevo curso, que algunos contenidos con lecturas políticas se adecuen a las características cada región o incluso cada sistema político, lo que suele conllevar carencias conceptuales además de buscar y mantener cierto perfil político en el personal docente. El concepto de igualdad, en el sentido de que nadie destaque demasiado por encima de los más torpes, ralentiza a los grupos, favorece al más torpe y castiga al más brillante. La ausencia de competitividad, la seguridad de que pasado cierto tiempo el alumno va a pasar de nivel independientemente de su rendimiento, favorece la vagancia. El esfuerzo y la superación personal quedan como reliquias del pasado. El Estado proveerá ya sea material escolar, libros de texto o ideas agradables. Un número nada desdeñable de padres abandonan voluntariamente la educación de sus hijos en este sistema sin tener muy claras las consecuencias quizá acostumbrados a la idea de que las responsabilidades, también las suyas, se diluyen entre todos.

El dominio del Estado en la educación es ante todo un peligro para la capacidad crítica de los individuos, para la pluralidad de las ideas y una garantía de que el pensamiento único y lo políticamente correcto reine durante al menos unas décadas. El enfrentamiento actual entre el Estado dirigido por el PSOE y la Iglesia Católica en torno a la asignatura de religión es el ejemplo de que el sentir mayoritario no tiene porque ser la brújula por la que se guía el poder político. En el socialismo, el de derechas y el de izquierdas, las ideas siempre han estado por encima de las necesidades y los deseos de las gentes. La educación de masas en España es una realidad más que evidente.

Corporativistas frente al mercado

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

Es opinión común que los profesionales llamados liberales engloban a la amplia red de particulares que ofrecen con riesgo bienes y servicios al mercado a cambio de una remuneración, prefiriendo en su inmensa mayoría que el Estado no se entrometa demasiado en sus asuntos sin esperar de éste ninguna clase de favor. Pero abogados, notarios y contables en España, de entre el conjunto de tales profesiones, siguen perseverando en la opacidad y el privilegio para sus actividades.

Desde comienzos de Septiembre, la Comisión Europea señala a nuestro país como uno de los miembros de la UE que menos ha avanzado en la supresión de obstáculos que favorezcan la competencia en beneficio de los consumidores. Hay que señalar la importancia de los profesionales: generan el 8% del Producto Interior Bruto de la Unión y el 6,4% del empleo.

Las objeciones que plantean los corporativistas españoles son triviales, por no decir paupérrimas. Señalan que aunque desean participar en la mejora de la competitividad española, entienden que deben buscarse otras soluciones más “creativas” además de que ellos trabajan sobre conceptos sensibles difícilmente entendibles por las leyes del mercado.

Para el caso de abogados y expertos contables parece que hay un mayor avance en la aceptación de reglas que multitud de profesionales por cuenta ajena interiorizan cada día de su devenir laboral. Los abogados se muestran diligentes hacia Bruselas y los contables aceptan la liberalización a cambio de asegurar ciertos estándares de calidad.

No obstante, llama la atención el rechazo frontal de unos notarios que pretenden “excluir las actividades notariales públicas del conjunto de las actividades económicas, y por tanto de la noción misma de empresa”. Esta opinión (aunque sea aguantada por el Tribunal de Justicia Europeo y la propia Comisión) es difícilmente razonable cuando cualquier notario anuncia sus valiosísimos servicios a través de un gran rótulo a pie de calle, contrata y despide técnicos cuando le conviene y admite que cualquier ciudadano acuda al notario que le apetezca, aunque no sea él mismo. Una cosa es la imprescindible función del fedatario público, con sus cautelas y excepciones, al servicio de la seguridad jurídica de todos (el sistema continental sigue siendo superior al anglosajón) y otra cosa es que una notaría no contenga elementos propios de empresa afecta a aspectos relevantes de la economía de mercado.

Los consumidores pueden comprender un monopolio pero no la exclusividad monopolística de todas sus funciones. Dice Mises en “La Acción Humana” acerca de la armonía y conflicto de intereses: “Es cierto que el precio del monopolio, no el monopolio por sí, hace contradictorio el interés del consumidor y el del monopolista. El factor monopolizado deja de aprovecharse tal y como los consumidores quisieran. El interés del monopolista prevalece sobre el de éstos; en este campo se desvanece la democracia del mercado. Ante la aparición del precio del monopolio desaparece la armonía de intereses y se contraponen los de los distintos miembros del mercado”.

Algunos de los denominados liberales en su oficio recuerdan por su actitud el lema que pregonan los sustentadores de la dictadura china: un país, dos sistemas. La nación está en su bolsillo y exprimen todas las posibilidades privadas y públicas.

Una Nueva Jerusalén

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Con este bagaje intelectual, nuestro presidente del Gobierno ofreció un discurso en las Naciones Unidas, expresión máxima del burocratismo estatalista, que en todo momento estuvo a la altura de los disparates precedentes.

A primera vista, el mensaje de Zapatero no pasa de un fasto demagógico, de la honda charlatanería a la que nos tiene habituados. Sin embargo, al leerlo con atención encontramos perversiones típicamente socialistas.

Uno tiene la impresión de que, entre tantos tiranos, déspotas, estatistas y antiliberales varios, ZP se sintió como en casa y sacó a relucir su rostro más sincero.

La solidaridad socialista

Zapatero empezó su alocución diciendo: "La sociedad española ha mostrado tradicionalmente unos arraigados sentimientos de solidaridad internacional, que se han fortalecido en los tiempos recientes. Atendiendo a este noble sentir generalizado, mi Gobierno ha hecho de la cooperación al desarrollo una seña de su identidad, uno de los valores preferentes para guiar su gestión política".

A la izquierda le encanta llenarse la boca con la palabra "solidaridad". De hecho, el pretexto último que el socialismo utiliza para expoliar, reprimir y coaccionar al individuo es la "solidaridad"; y así, el Estado de Bienestar es la expresión máxima de la solidaridad interindividual e interterritorial. Parece que cuanto más robe y despilfarre, más solidario es un político.

En ese sentido, cuando los liberales proponen acabar con la redistribución coactiva de la renta, de inmediato son tildados de insolidarios y egoístas. Parece, pues, que la solidaridad es un valor monopolizado por la izquierda.

De hecho, es curioso que Zapatero apunte que los sentimientos de solidaridad de los españoles "se han fortalecido en los tiempos recientes". ¿Es que acaso el talismán del Gobierno socialista ha incrementado nuestros sentimientos de bondad y empatía? ¿O acaso ZP está confundiendo solidaridad con el atraco a mano armada que su Gabinete está practicando con las subidas de impuestos?

La solidaridad debe asentarse en la voluntariedad; sólo así la acción del "dar" adquiere el valor moral de la solidaridad. Si yo doy lo que no es mío no estoy siendo solidario. Si otros dan lo que es mío tampoco lo estoy siendo. Los españoles no somos solidarios porque el magnánimo ZP entregue nuestro dinero a los tiranos del Tercer Mundo; en tanto no hayamos donado el dinero voluntariamente (y los impuestos tienen poco de voluntarios), la solidaridad está del todo ausente.

Sin embargo, en la mente de Zapatero el Gobierno es el principal impulsor de la solidaridad. Los individuos y la sociedad empequeñecen y son relegados a un segundo plano. La solidaridad, para el socialismo, es otro sector de la economía que debe ser nacionalizado y planificado. El ser humano no tiene iniciativa: los políticos la tienen por él.

En definitiva, el fin de la redistribución debe venirnos impuesto. Los proyectos y aspiraciones de cada persona no importan, quedan condicionados a ese fin colectivo ideado por los socialistas. Todo –nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad– queda supeditado al fin superior de la solidaridad socialista.

Políticos omnipotentes

La concepción de ZP de la solidaridad no sólo nos indica cuál es su idea sobre la naturaleza humana (el hombre sólo puede actuar a través de la dirección y represión de otros hombres más capaces), además sirve para ilustrar la imagen que tiene de sí mismo.

Como decimos, para ZP la sociedad es un lodazal de corrupción e ineptitud que debe ser comandado y organizado por la clase política. En otras palabras, la clase política, de la que Zapatero forma parte, está conformada por una suerte de semidioses omniscientes que conseguirán cambiar la naturaleza humana y solucionar todos los problemas de la humanidad.

El entramado intervencionista que ZP esbozó en su discurso va, precisamente, dirigido a conseguir terminar con el hambre en el planeta: "El pueblo español cree que es posible construir un mundo sin miseria; cree que lograrlo en una generación no es una utopía, que existen medios para conseguirlo".

Al margen de la torpeza e inutilidad de las propuestas de Zapatero, conviene que nos detengamos un momento en la fatal arrogancia que exhalan sus palabras. Nuestro presidente se cree capaz de terminar con la pobreza en el mundo. Su desbocada inteligencia, su portentoso talento, no tiene límites: en una generación será capaz de desterrar el hambre.

No debemos sorprendernos de tamaña fanfarronería. En Camino de servidumbre Hayek se preguntaba por qué los peores individuos de la sociedad siempre llegaban al poder. El pensador liberal llegó a la conclusión de que las personas justas tendrían escrúpulos suficientes como para no pretender planificar la vida de los demás a través del Estado, por lo cual sólo los arrogantes, ignorantes y amorales pretenderían copar tales responsabilidades: "Así como hay poco que pueda inducir a los hombres que son justos, según nuestros criterios, a pretender posiciones directivas en la máquina totalitaria, y mucho para apartarlos, habrá especiales oportunidades para los brutales y los faltos de escrúpulos".

En el caso de ZP, esta tesis queda plenamente confirmada: a través de su directa acción e intervención, el hambre en el mundo terminará. Sólo necesita una cosa: los "medios para conseguirlo". Tales medios, por su parte, sólo pueden proceder de la sociedad, y, por supuesto, para obtenerlos no recurrirá al "diálogo", al "talante" o a la "persuasión", sino a la brutal fuerza impositiva del Estado. ZP sólo necesita nuestro dinero para alcanzar los fines superiores de la humanidad; por ello no va a dudar en arrebatárnoslo. Necesita nuestro dinero para ser solidario; y tiene las armas para obtenerlo.

Un mundo por construir

Hemos visto cómo Zapatero piensa, por un lado, haber descubierto el fin último de la sociedad, al que quedan subordinadas todas las demás desviaciones individuales, y, por otro, cómo se cree capaz de ejecutar y realizar semejante fin.

Obviamente, la conclusión lógica de tanta arrogancia reunida sólo puede ser el incremento del poder político y la reducción de las libertades individuales. De nuevo, fue Hayek quien analizó este fenómeno, que denominó "constructivismo".

Los socialistas creen ser capaces de planificar las sociedades y las instituciones. Desprecian las relaciones voluntarias, el orden espontáneo y las asociaciones libres. Todo debe nacer de la mente del planificador central; el político "crea" la sociedad, nos asigna nuestros planes, nos otorga nuestros medios y da sentido, por tanto, a nuestras vidas.

En otras palabras, Hayek acusaba al socialismo de querer "construir" la sociedad, como si de un ingeniero ante una máquina se tratara. Cada una de las piezas de esa máquina eran elementos susceptibles de manipulación y control político.

Zapatero es digno depositario intelectual del constructivismo. Repitamos el párrafo con que cerró su discurso: "El pueblo español cree que es posible construir un mundo sin miseria; cree que lograrlo en una generación no es una utopía, que existen medios para conseguirlo; cree que la lucha contra el hambre y contra la pobreza es la guerra más noble que la Humanidad puede librar. Den por seguro que en ese combate el Gobierno y el pueblo español quieren batirse en primera línea".

No es casualidad que en estas frases destaquen tres palabras: "construir", "guerra" y "Gobierno". La construcción de las sociedades es una guerra permanente del Gobierno contra la sociedad. Aquellos individuos que, gritando "libertad", no se sometan a los planes gubernamentales deberán ser perseguidos y reducidos.

Éste es el ideal de Zapatero en particular y del socialismo en general. Un Gobierno que controle, planifique y construya toda la sociedad; un Gobierno en continua guerra contra los díscolos; un Gobierno omnipresente.

Por ello, las recientes subidas de impuestos responden a una clara estrategia: incrementar la presencia del Estado y reducir la de la sociedad. La maquinaria estatal, a través de los impuestos, crece a costa de los individuos. Cuanto mayor sea el poder político, más menguará la sociedad civil.

Zapatero ha reiterado en la ONU sus pretensiones constructivistas, intervencionistas y socializantes. Rodeado de dictadores, déspotas y tiranos, ha recordado que el fin último de todo Estado es expandirse sin límite. La redistribución planetaria es el objetivo prioritario; las subidas de impuestos, el medio adecuado; la construcción de una Nueva Jerusalén, el resultado final.

El socialismo pretende destruir las bases morales y económicas de nuestra civilización –que giran en torno al derecho de propiedad– para erigir un nuevo orden planetario fundamentado en la dirección centralizada del Estado. Fracasaron con el comunismo genocida; ahora se esconden tras la gran mascarada de la Tercera Vía, la socialdemocracia y el progresismo. Pero los objetivos finales son los mismos: construir un mundo de esclavos del Estado.